Publicado en Claridad: Criminalidad, estadísticas y realidades


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Para escuchar conversación radial con Norma Colón Daleccio sobre artículo publicado en la Claridad Puerto Rico; Sobre Criminalidad, estadísitcas y realidades.

Criminalidad, estadísticas y realidades

Por Gary Gutiérrez

Publicado: martes, 13 de enero de 2015

El comienzo de cada nuevo año surge como una oportunidad para evaluar el pasado ciclo solar, reconocer logros y evaluar los errores. Por supuesto, ese proceso no excluye la criminalidad.

Por tanto, se pudiera presumir que ese espíritu de aparente introspección inspirada en el ritual de nuevo año fue la razón por la que uno de los periódicos de la capital publicó hace unos días una evaluación sobre la criminalidad y la violencia social que se vive en el País.

Así, y en momento en que los medios en línea reportaban la muerte violenta de tres adolescentes en menos de 12 horas, el titular en la portada en papel de este rotativo leía: “Baja en asesinatos; La Policía en Guerra contra la impunidad. [E]l jefe policiaco y los expertos atribuyen el histórico descenso en las muertes violentas al aumento en el esclarecimiento de casos”.

Así, el titular y no necesariamente el contenido de la nota en el interior del periódico, surge como una apología a la gestión de la administración colonial de turno sentenciando que la “dramática baja” en las muertes violentas reportadas en Puerto Rico “responde a que muchos de los asesinos ya no andan impunes en las calles”.

Los enunciados del escrito tienen de base las expresiones del actual superintendente de la Uniformada, José Caldero, quien explicó al rotativo que durante los pasado 12 meses se reportaron 202 muertes violentas menos que durante el 2013. El jefe policiaco destacó además que durante el mismo periodo se resolvió el 59 por ciento de los casos.

Con este desfile de cifras, el funcionario trata de crear una realidad en la que los planes que fallaron por décadas para controlar la criminalidad y la violencia ahora, por alguna razón, están funcionando.

De esa manera este discurso simplista reafirma y convierte en la “realidad mediática” la conservadora visón que define la criminalidad y la violencia social como problemas de eficiencia administrativa y no como el resultado esperado del “bulímico” orden social que impera en el País, así como del fascismo social que sostiene ese orden.

Se define como orden social “bulímico” una estructura que incluye a todos los sectores en las necesidades creadas por la economía y promovida por los medios, mientras excluye a la inmensa mayoría de la población de los procesos legítimos de producción y de generación de ingresos económicos para poder pagar esas necesidades creadas.

A su vez, “fascismo social” destaca la forma en que se usan sofisticadas formas de represión ideológica para trivializar las democracias y sus garantías en favor del poder que tienen el capital y sus instituciones.

El simplismo tanto de las declaraciones del Superintendente de la Policía, como de la visión que limita la criminalidad a un problema de eficiencia gubernamental, comienza a trascender cuando en el propio artículo, los observadores como José Raúl Cepeda y Víctor García Toro aclaran que la realidad social es una muy compleja, que requiere explicaciones más profundas y soluciones sociales que van más allá que aumentos en la cantidad policías, incrementos en el número de arrestos o en ensanchamientos en la cantidad de dinero gastado en tecnología. Políticas que, de paso, son las mismas que se llevan implementando sin éxitos por décadas.

Como parte de sus explicaciones, los estudiosos expusieron el hecho de que la violencia en Puerto Rico tiene ciclos sociales históricos por lo que un alza o una subida no se pueden estudiar fuera de contexto.

Igualmente dejaron claro que al analizar los patrones de violencia actual y la criminalidad se tiene que tomar en cuentas las alternativas no gubernamentales de diálogo entre los sectores y las comunidades donde ellos operan y desarrollan sus actividades ilícitas.

Además, estos estudiosos expusieron que antes de decir que las costosas y trilladas políticas represivas y punitivas funcionan, el gobierno debiera hablar de lo que aparenta ser una política gubernamental para el manejo de los puntos de drogas.

Una mirada a los medios de comunicación deja claro que atrás quedó la época donde semanalmente se realizaban arrestos masivos, operativos o redadas antidrogas en algún lugar del País. Como ejemplo, según el archivo personal de un veterano reportero policial, hace más de tres décadas, en 1983 por ejemplo cerró con unas 52 redadas, para un total de 9686 arrestos diligenciados por la Policía de Puerto Rico.

Si se miran, a la luz de estos datos, la cantidad de operativos antidrogas realizados en Puerto Rico durante el 2014, es muy válido preguntar si en realidad, aun cuando se mantiene como pantalla de política de mano dura y cero tolerancia, la política de la actual administración es la de no desestabilizar los puntos de drogas, cosa que evita la violencia callejera.

De paso, aunque lo anterior puede sonar descabellado para muchos, sobre todo los conservadores, estos planes de tolerancia al mercado callejero de sustancias como alternativa para controlar la violencia, se vienen implementando exitosamente hace décadas en decenas de jurisdicciones estadounidenses bajo la supervisión y el financiamiento del Departamento de Justicia Federal.

Sin embargo, en vez de analizar el fenómeno criminal y de violencia desde estas perspectivas, o desde los cambios demográficos, económicos y sociales en la sociedad, la administración de turno prefiere sacar de contexto los datos para congraciarse con el conservador electorado del País que le encanta hablar de meter gente presa y botar la llave.

Por esta razón, el Superintendente habla de esclarecimientos y no de casos radicados o convicciones. Para la uniformada, esclarecer un caso es tomar conocimiento de quién fue el autor, cosa que no significa que se tenga la prueba para radicar el caso ante un tribunal.

De igual manera, el dirigente policiaco compara acríticamente la cantidad de muertes y la cantidad de casos esclarecidos durante un periodo de 12 meses, pero no explica que los casos sometidos este año pueden haberse cometido hace varios años. Por lo tanto, es un error estadístico hablar de que el número de “esclarecimientos” es un por ciento de los incidentes durante el mismo periodo.

Finalmente, al mirar los números presentados por las autoridades, es importante preguntarse, qué casos son los que se están resolviendo.

Si se mira la prensa de los pasados meses, es notable el aumento en la cantidad de asesinatos y muertes violentas productos de problemas familiares o por conflictos entre vecinos.

Crímenes que prácticamente se resuelven solos y sin necesidad de mucha investigación. Incluso, crímenes donde el arresto se logra porque una de las víctimas identifica a su atacante o donde el victimario termina quitándose la vida.

Por lo tanto, es válido preguntarse si éstos son los casos que aumentan el por ciento de “esclarecimiento” de la Uniformada. Igualmente válido es preguntar si no son precisamente este tipo de muertes por conflictos cotidianos los que están en alzas a pesar de que los niveles de esclarecimiento.

En resumen que, lejos de ser un análisis serio de la criminalidad y la violencia que experimenta el País, el análisis del Superintendente parece corresponder más a la necesidad de logros y buenas noticias que tiene la actual administración y no a una evaluación seria de planes de trabajo.

Por supuesto, la realidad es que para la madre de cualquiera de esos adolescentes que ahora forman parte de las estadísticas, toda esta discusión no tiene ninguna importancia.

Y de eso es de lo realmente se trata cuando se habla de criminalidad y violencia.

 

* El autor es profesor universitario de Justicia Criminal y observador social. garygutierrezpr@aol.com

 

Citado por El Nuevo Día en: Disciplina fiscal a la seguridad municipal


3 de enero de 2015
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Disciplina fiscal a la seguridad municipal

El derroche o el uso desproporcionado de fondos públicos en muchos municipios que operan con déficit contribuye en buena medida a la crisis fiscal del País pero, además, hace que muchos alcaldes den un mal ejemplo a los ciudadanos en cuanto a la fijación de las prioridades gubernamentales.

Se trata, mayormente, de municipios que dependen de préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para operar, lo que, a su vez, ha tenido consecuencias nefastas para el BGF, que ha visto amenazada seriamente su liquidez y que ha tenido que negarse a seguir prestándoles.

Así, resulta altamente reprochable que algunos municipios gasten en sus policías locales cantidades desproporcionadas de fondos que no guardan relación con el estado de su seguridad ni el número de delitos que se registran.

Según lo presentó recientemente El Nuevo Día, municipios como Yauco, que ha confrontado serios problemas fiscales al punto de poner en riesgo los salarios de sus empleados, gasta casi $2.7 millones en su policía. Con una población de alrededor de 42,000 personas y un registro de 272 delitos Tipo I en el 2013, el gasto por delito asciende a la astronómica cifra de $9,905.

En contraposición, Aguada, con una población similar, gastó el año pasado poco menos de $500,000 en su policía municipal y registró un total de 318 delitos Tipo I, para un gasto promedio por delito de $1,563, un 84% menos que el de Yauco.

Expertos señalan que el beneficio mayor de estos grandes presupuestos para seguridad que tienen algunos municipios es el de mejorar la imagen del alcalde y no necesariamente disminuir la criminalidad.

Resulta convincente el argumento del criminólogo Gary Gutiérrez, quien sostiene que el gasto excesivo en policías municipales grandes y costosas en los municipios solo busca “vender la apariencia de seguridad”, ya que no existe evidencia de que contribuya a reducir la incidencia de delitos.

Guaynabo es un ejemplo de ello, según las estadísticas recopiladas por El Nuevo Día. Con un presupuesto de cerca de $14 millones, la policía municipal de Guaynabo tiene 3.81 agentes por cada mil habitantes, gasta un promedio de $10,034 por delito Tipo I pero, según Gutiérrez, no hay una relación entre presupuesto y la cantidad de delitos.

El municipio de Lajas, mientras tanto, parece demostrar la teoría de que no se necesita gastar tanto para operar una policía municipal eficiente. Con un presupuesto de cerca de $525,000 para atender una población municipal de 25,753 habitantes, Lajas reportó el año pasado 198 delitos graves, para un gasto por delito de $2,651.

Pero, la desproporción no tiene que ver solamente con el gasto versus el número de delitos, sino que, según destaca la demógrafa Judith Rodríguez, en muchos casos son los municipios que operan con déficit los que más presupuesto asignan a sus policías municipales. Lo cierto es que, a juzgar por las diferencias sustanciales en los números de unos y otros municipios, no existe relación proporcional entre población, presupuesto de policía municipal, número de delitos graves y gasto por delito. Una variable seguramente tiene que ver con el salario de un policía municipal, que no es uniforme, sino que lo determina cada legislatura municipal.

Mayagüez, por ejemplo, tiene una policía municipal de 158 miembros a la que asigna poco más de $3 millones al año, mientras que Bayamón, con 141 policías municipales, gasta $10.7 millones anuales. La tasa de delitos del municipio del oeste es de dos por cada 100 habitantes, mientras que la de Bayamón asciende a 2.75 por 100 habitantes.

Es obvio que, con una crisis fiscal como la que enfrentan, los alcaldes deberían buscar fórmulas uniformes para manejar sus policías municipales a un costo razonable, poniendo el énfasis en disminuir la incidencia criminal.

Nada mejor que la eficiencia para dar una buena imagen y provocar cambios con el ejemplo.

Sobre la violencia social, conversación con el colectivo FRECUENCIA SOCIALISTA


Conversación radial con el colectivo radial Frecuencia socialista sobre violencia social y pena de muerte:

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Citado pro El Nuevo Día en Buscan erradicar la impunidad


https://pbs.twimg.com/profile_images/458741991832973312/_exEjcTX.jpegBuscan erradicar la impunidad

Necesario reestructurar el sistema de justicia criminal

Por Keila López y Osman Pérez / puertoricohoy@elnuevodia.com

El secretario de Justicia designado, César Miranda, dijo que todos los componentes del sistema de justicia deben trabajar con sentido de urgencia. (GIUSTI/CARLOS.GIUSTI@GFRMEDIA.COM)

En los archivos policíacos del país abundan los crímenes sin resolver, esos casos donde nunca se encontró quién fue el delincuente o aquellos donde el dedo acusador de la Policía o de la opinión pública no fueron suficientes para lograr una convicción.

Con sus aciertos y desaciertos, el sistema de justicia del país ha experimentado en las últimas décadas una falta de confianza de parte de un gran sector de la ciudadanía, que considera que ese concepto de justicia tan valioso en una democracia no está al alcance de todos los ciudadanos, señaló el expresidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.

Delincuentes que no son arrestados por la Policía, pruebas especializadas que no son realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses o acusados que salen a la calle porque no se les celebra un juicio en el término establecido por la Constitución son algunos de los aspectos criticados una y otra vez en las conversaciones de pasillos, redes sociales y programas de análisis. Y eso sin tocar los otros tantos casos donde el criminal termina sin pisar una cárcel por los llamados “tecnicismos judiciales” que la mayoría del pueblo no entiende. Las fallas cometidas por los miembros del sistema, unido al desconocimiento de la población en torno a su funcionamiento y los derechos que los cobijan agravan la desconfianza, sostuvo el profesor de justicia criminal Gary Gutiérrez.

“El sistema de justicia de Puerto Rico se ha ido erosionando poco a poco debido a la falta de atención, entre otros factores, del Estado y de las agencias concernidas en términos de recursos y capacitación que le han sido reducidos a través de los años, en lugar de aumentar y fortalecer el sistema de aplicación de justicia”, señaló Toledo.

Para reconstruir la confianza del pueblo en su sistema judicial y erradicar el sentido de impunidad que permea en la sociedad es necesario impulsar una reestructuración de todos los componentes que se enfoque, principalmente, en la preparación y el adiestramiento de sus recursos humanos, coincidieron Toledo y Gutiérrez.

“Esto requiere una reforma a nivel social”, manifestó el criminólogo.

La falta de un trabajo coordinado entre las agencias encargadas de impartir la justicia es uno de los principales puntos que tienen en común muchos de los crímenes que se mantienen en los archivos de casos sin resolver, apuntó Toledo. Es por esto que es crucial que las mejoras al sistema inicien en los cursos que se ofrecen en el Colegio Universitario de Justicia Criminal, mejor conocido como la Academia de la Policía, y en los adiestramientos que se les ofrecen a policías y fiscales sobre técnicas de investigación.

“La base fundamental del engranaje de la maquinaria de la aplicación de la justicia, una vez cometido el delito, es la investigación e intervención de la Policía, luego el Departamento de Justicia y, por último, los tribunales. Si esos tres mecanismos no trabajan en equipo, el sistema no funcionará”, expresó el expresidente del Colegio de Abogados.

Al salir la noche del miércoles de la sala del juez José Ramírez Lluch en el Tribunal de Bayamón, el fiscal Sergio Rubio, uno de los representantes del Ministerio Público en el caso contra Pablo Casellas Toro, manifestó que esperaba que el resultado del proceso judicial le devolviera a un sector de la población la confianza en el sistema de justicia, y afirmó que el veredicto demostró que el sistema funciona.

“Se tiene que dejar de criminalizar la pobreza. Es injusto que se meta preso a un muchacho que está vendiendo drogas porque el sistema no le ha dado otra alternativa cuando lo que necesita son oportunidades. Hay que evaluar todas las leyes que tenemos, porque muchas necesitan ser actualizadas”, argumentó Gutiérrez.

“Verdad que huye”

Aunque hubo quienes vislumbraron que el veredicto de culpabilidad contra el hombre acusado de matar a su esposa, Carmen Paredes, restituiría la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, el secretario de Justicia designado, César Miranda, reconoció ayer que aún queda una larga lista de crímenes por resolver, y afirmó que se atenderán sin descanso y con “sentido de urgencia” para su pronto esclarecimiento.

En tono pausado, pero resuelto, Miranda afirmó que aspira a poder poner en práctica toda su experiencia para que los componentes del sistema de justicia y seguridad pública funcionen lo mejor posible y de esa forma la impunidad se reduzca al máximo.

En una entrevista con este diario al terminar una reunión de trabajo sobre temas de seguridad con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, el designado secretario de Justicia se mostró determinado a que se completen los trabajos en los casos que quedan pendientes de llevarse ante las cortes.

Miranda, quien ha tenido antes otras responsabilidades de peso en varios gobiernos, usó como referencia el caso de Casellas y dijo que quería que se viera como el inicio de una nueva etapa.

“A mí me gustaría pensar que con el caso de ayer comenzó una nueva etapa en Puerto Rico, y que el mismo equipo, o la misma calidad de trabajo que se utilizó para resolver y procesar el caso de ayer, nos debe servir para terminar de investigar y procesar otros casos. Y los casos que tenemos pendientes, todos tienen trabajo hecho, y a todos les falta trabajo por hacer. Ya yo miré cada caso, ya sé lo que les falta, y dónde está lo que falta. Es cuestión ahora de dedicarnos a completar eso y ver cuál es resultado final del camino. Yo lo que no voy es a elevar campanas al vuelo sin haber culminado ese ejercicio de rigor de trabajo”, reaccionó Miranda, quien aclaró que, aunque hacía énfasis en los casos de alto perfil, al hablar de la resolución de casos no se limitaba a ellos.

“Cada caso es importante independientemente del origen económico o social de las personas involucradas. A cada familia le pesa la muerte de un familiar suyo, independientemente de su condición económica. Así que cada caso va a ser para esta administración del Departamento de Justicia igualmente importante. Hay una serie de casos, y entiendo la preocupación pública, nosotros ya tenemos esos casos identificados, y estamos comenzando a trabajar, con dos de ellos ya yo estoy involucrado directamente”, insistió Miranda.

“Y la clave está en sentido de urgencia. Aquí usted no puede trabajar hoy y descansar mañana. Aquí usted tiene que trabajar hoy y doble mañana y triple pasado (mañana) si en verdad quiere resolver un caso”, afirmó. “Los investigadores dicen que tiempo que pasa, verdad que huye. Pues esa es la normativa que nosotros queremos imponerle a cada una de las investigaciones que vamos a llevar a cabo”.

Aunque optimista, Miranda no habló de metas irreales.

“Sería yo un irresponsable si les digo que voy a tener un 100 por ciento de efectividad. Yo quisiera lograrlo. Lo que sí le puedo decir es que voy a aspirar a un 100 por ciento de efectividad. Y ya veremos lo que pasa. Y hablarle de frente a la gente. Lo que usted no puede hacer, usted lo dice de frente. No lo puedo hacer, esto no funcionó. Pues no funcionó, lo voy a cambiar, lo hago de otra manera. Pero lo importante es no quedarse cruzado de brazos ni dejar que el reto lo venza con el mero reto. Sino que hay que meterle mano a las cosas y trabajar duro, día a día.

Sobre los retos principales que enfrenta en el Departamento de Justicia, Miranda afirmó que “el esfuerzo tiene que ser en el ejercicio investigativo, en nuestra área de fiscalía, policía y el Instituto de Ciencias Forense. Ahí es que vamos a concentrarnos”.

El designado titular de Justicia insistió en que los agentes, policías, fiscales y demás involucrados en el sistema de justicia, tienen “que entrenar. No hay nada que sustituya el trabajo intenso, no hay nada que sustituya el estudio. Mi teoría siempre es que el abogado, el fiscal, el juez que se mantiene estudiando termina siendo un mejor profesional, termina alargando su carrera profesional, y termina siendo respetado por todos sus pares. Y yo creo que ese es el mejor incentivo para que la gente trabaje y estudie con mucha intensidad”.

Admitió que ante las dificultades económicas que atraviesa el país, no muchos recursos disponibles, pero apeló a la experiencia de quienes han trabajado por mucho tiempo en los diferentes componentes del sistema de administración de justicia.

“La premisa es correcta. No hay todos los recursos que uno quisiera tener para que las cosas se puedan hacer con la mayor facilidad. Pero si nos ponemos a esperar a que haya el más mínimo centavo para hacerlo, pues entonces no lo haremos nunca. Así que hay que meterle mano con lo que usted tiene. Como dicen en el campo, hay que arar con los bueyes que usted tiene. Entonces, aquí hay que ser creativos. En vez de dar adiestramientos trayendo a unas personas que cuestan muchísimo dinero, diseñamos unos adiestramientos prácticos, donde usted coge al fiscal más experimentado, o aquel que se retiró y tenga una gran experiencia, y lo trae a que sea el individuo que adiestre y prepare al nuevo fiscal. Donde el oficial de Policía de mucha experiencia que ha sido exitoso puede ser un tutor para aquel que comienza las tareas investigativas”, dijo Miranda.

Como caso excepcional, destacó al Instituto de Ciencias Forenses, que aseguró sí necesita “una inversión porque los procesos científicos e investigativos son costosos. Pero es una inversión que se paga sola a la larga, porque en la medida en que evitemos la erogación de fondos para estar, por ejemplo, vigilando un lugar para que no se cometa tal o mas cual cosa, lo invertimos en el otro sitio. Es cuestión de ser prudentes, y saber donde uno pone uno sus recursos para tener los mejores resultados”.

Miranda también hizo referencia a la reunión sostenida con Perelló, quien impulsa un plan integrado para mejorar la seguridad del país, y alabó la iniciativa, destacando el hecho que busca poner el profesionalismo por delante del protagonismo político.

“La propuesta que trae el presidente de la Cámara (el plan de seguridad 360 grados) es una muy amplia y muy abarcadora, que contempla diversos recursos de la investigación y el procesamiento criminal. Definitivamente no tiene nada que ver con una u otra preferencia política, tiene que ver con la profesionalización de esa actividad. Un fiscal no es bueno o es malo porque piense de una manera política o de otra. Es bueno o es malo si hace su trabajo bien, si ejecuta bien, si presenta un caso, si investiga correctamente. Un policía no es bueno ni es malo dependiendo de su filosofía política, sino por el tipo de trabajo que hace, por la vinculación con la comunidad, por la dedicación que le imprime a su trabajo. Y asimismo en Ciencias Forenses nadie puede ser bueno ni malo, porque el análisis científico da el resultado como sea. No da un resultado azul, o un resultado rojo, o un resultado verde, da el resultado científico que un análisis real tiene que dar. Si todos esos componentes se unen, usted debe tener un mejor rendimiento. Si todos esos componentes se unen y luego hay un procesamiento criminal adecuado donde hay una judicatura que responde también con premura la llamado ciudadano, usted debe tener un resultado positivo para el país”, comentó Miranda.

El designado secretario de Justicia añadió que la propuesta coincide con sus ideas de “una alianza de todas las fuerzas” en busca de “una mayor seguridad y una mayor tranquilidad y una paz social, que es lo que todos queremos lograr para el país”.

“Me parece muy genuino lo que se está proponiendo y creo que tenemos los recursos, y lo que hay es la necesidad de integrarlos y hacerlos eficientes. De eso es de lo que se trata, y me parece que es un buen primer paso. Que obviamente hay que seguir afinando sobre la marcha hasta ver a dónde nos lleva, pero que a mí me hace sentir muy optimista”, finalizó Miranda.

Rebecca Banuchi colaboró en esta nota.

Publicado en La Perla del Sur: Escuela inmortaliza a maestro juanadino


Escuela inmortaliza a maestro juanadino

Participación en Es Con Usted La Cuestión del 2 de enero 2015


Finca Zayas cepe2Conversación sobre múltiples temas: con los profesores José Raúl Cepeda y Juan Ricart durante el programa “Es Con Usted la Cuestión” del  2 de enero 2015 por WPAB 550am, Ponce

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Sobre Crimen Organizado en La Gente Está Hablando por PAB550.com


foto_prof__jose_raul_cepeda_borrero_jdNCDConversación sobre Crimen Organizado: con José Raúl Cepeda y Norma Colón Daleccio durante el programa La Gente Está Hablando de WPAB 550am, Ponce

 

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