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El Blog de Gary Gutiérrez

Observador, documentador, fotógrafo callejero, bloguero y comunicador social. Tamibén fondero, abusador de cafeína e iconoclasta aspirante a ácrata

Categoría

Criminología

Sobre violencia, prohibiciones, desviación y criminalidad.

Gobernador será responsable por cualquier tragedia en Peñuelas


Advierten al Gobernador que será responsable de cualquier tragedia que ocurra por represión policial en Peñuelas.

Para escuchar el reportaje

Sobre libro Exclusión y Violencia por el estudiante del RUM, Michael G. Carmona Soto


Curso SOCI 4101 Criminología
Recinto Universitario de Mayagüez

Profesor: Dr. Michael González-Cruz

Introducción

EL libro “Exclusión y Violencia” es escrito por un profesor criminólogo llamado Gary Gutiérrez. Citando el libro, el mismo reúne en tres secciones la propuesta del autor para mirar la violencia y la criminalidad presente en Puerto Rico a partir de la segunda década del siglo veintiuno desde la mirada alternativa que posibilita la ‘nueva criminología’, entiéndase la criminología critica, que pretende cuestionar a la criminología tradicional desde la manera de ver al delincuente, hasta los mecanismos de control social (Gutiérrez-Renta, 2014). Como parte del curso de criminología SOCI 4101 el lector de este ensayo podrá apreciar algunos puntos importantes que Gary Gutiérrez presenta en su libro. El ensayo se estará estructurando por unas preguntas que los estudiantes, al igual que el profesor escogieron para llevar a cabo el ensayo. Las preguntas de referencia que se escogieron para este ensayo son las siguientes:

  • ¿Qué premisas se tomaron en consideración para elaborar la sociología del conflicto? P. 32
    ¿Cuáles son los propósitos principales de la ley según Kropotkin? Explica. P. 23
  • Según Máximo Pavarini, ¿en que día empiezan las angustias serias para el criminólogo?
  • ¿Cuál era el pensamiento o la visión de los conservadores y de qué manera consideraban la solución al acto criminal? Explique de qué manera los mismo veían a los humanos.

 

Ensayo

Gary Gutiérrez nos muestra un libro fascinante que nos permite entender desde un punto de vista social cómo es la criminología. Cada detalle del libro nos hace reflexionar acerca de la criminalidad, y en momento nos brinda la oportunidad de tener en mente una solución hacia este comportamiento. Por tanto, me gustaría empezar con una frase de Gary escrita en el libro; “Al fin y al cabo, se debe asumir que, como en la naturaleza, en la sociedad todo lo que se mantiene es porque para alguien le funcion”. Esta frase se repetía varias veces en mi mente cada vez que pasaba las páginas del libro, porque me hizo ver lo injusto y el abuso que tiene el gobierno con nosotros, manipulándonos mediante la criminalización. Por tanto, es increíble que el estado que tiene un poder incalculable puede utilizar este comportamiento como una ventaja para obtener más poder. Poder que se convierte en un conflicto social que parten de tres premisas que apuntan a que; la sociedad no es estática y siempre está en cambio y que en toda sociedad habrá sectores que promuevan ese cambio, la segunda premisa; que el conflicto, la falta de consenso, es intrínseco a todos los sistemas sociales, (no hay sociedades, o relaciones personales que no experimenten conflictos). Finalmente, y probablemente lo más importante para efectos de este trabajo, la coerción resultante de que unos individuos tengan más poder social que otros es un elemento siempre presente.

Tomando como referencia la última premisa, en donde el poder social tiene la oportunidad de obtener más que otros individuos, me refiero a la clase pobre. Ayuda a entender por qué la criminalidad verdaderamente funciona. Cuando tuve la oportunidad de ir a la conferencia de Gary en el RUM, acerca del libro “Exclusión y Violencia” aclaré esta gran pregunta escuchándolo con una mente abierta. Una de las partes de la conferencia él menciona y abunda más sobre los que son los propósitos principales de Kropotkin, lo mencionó de una manera diferente. El primer propósito es proteger la propiedad privada, y hago un alto este primer propósito porque Gary nos menciona que es el propósito más importante y el que empezó la implementación de un proceso de seguridad. Hace mucho tiempo atrás los policías no eran parte de un gobierno, los famosos policías solamente protegían los bienes de los ricos. Al ver el estado esto tan importante ellos optan por hacerlo parte de un plan gubernamental. Aquí es donde llega el segundo propósito de Kropotkin, proteger el estado y al rico. “Las leyes del estado lo que protegen son las estructuras que legitimen -no criminalizado- las acciones de quienes se benefician del trabajo y la producción de otros”. Pero como había mencionado anteriormente el estado no solo tiene una protección, sino que también crea una manipulación. El estado muestra el tercer propósito como modelo de voto, y es “proteger a la persona”, hacerla sentirse segura porque andamos con miedo de que la criminalidad nos arrope.

Abarcando más sobre los oficiales de seguridad (policías) me impresiono mucho como Gary los describe con una Visión Conservadora Cristiana en donde el individuo es un ser pasional que “no tiene control por herencia del pecado original”. La alternativa ante el crimen es la vigilancia, la mano dura, y el castigo severo y humillante para que se controle. Esta visión se basa en el respeto a los valores, la autoridad y la religión. (Jimenez, 2015) Después de Gary describirme a los oficiales de esta manera pude entender porque algunos policías tratan a las personas marginadas con arrogancia y comportamiento agresivo.

Durante todo este estudio de la criminología con el estado, los criminólogos entendieron que la sociedad no es producto de consensos o procesos democráticos. Aquí fue el día en que el criminólogo tuvo que rendirse a la evidencia de que las definiciones legales de criminalidad y de desviación no coinciden con la opinión mayoritaria de los que debe ser justo y de lo que debe entenderse injusto. (Pavarini, 2003) Es de aquí que Pavarini entiende que la criminología comienza a cuestionarse en su rol en la sociedad burguesa productora de la modernidad, así como la forma en la legitima el estatus quo. Este proceso llevo a estos criminólogos a un dilema.

Gary mostró tener un conocimiento invaluable que habla desde un punto de vista bien estudiado socialmente. Leer su libro es una manera de entender el mundo represivo en que vivimos hoy en día. Puerto Rico más que todo debería tener este tipo de lectura a la mano para así entender muchas cosas que a veces somos ciegos y no nos damos cuenta. “Exclusión y Violencia”, abrió mis ojos vendados de cosas que uno pensaría como correctas o normales.

Citas

Gutierrez-Renta, G. (2014). Exclusión y Violencia. Ponce, PR: Marian Editores

Jimenez, R. E. (2015, Enero 31). Presentacion del libro Exclusión y Violencia. Retrieved from Scrib: https://www.scribd.com/document/254356443/Presentacion-del-Libro-Exclusion-y-Violencia

Pavarini, M. (2003). Control y Dominación: Teorias criminológicas bruguesas y el proyecto hegemónico. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Sobre víctimas y medios de comunicación


Por Gary Gutiérrez

De entrada, admito que hablar sobre víctimas me causa terror. Es un tema que no domino, que nunca estudié, y con el cual no tengo conexión alguna.

Sin embargo,  y convocado por la profesora Stella Irizarry, mujer que admiro desde que la conocí en su contestaria juventud, me paro ante ustedes para conversar sobre “víctimas y medios de comunicación”.

Como ya dejé claro que no domino la victimología, asi que aun cuando por experiencia y estudios se pudiera decir que se algo de medios de comunicación, prefiero usar la llamada “criminología cultural” para adentrarme al tema. La criminología cultural mira lo criminal desde la cultura de los actores, es decir los que viven el proceso delictivo. Ese acercamiento al mundo de los desviados, la criminología cultural lo hace desde la etnografía o el estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos y la gente. 

Para mí, este acercamiento implica el entrarse al mundo de lo estudiado sin juzgar, sin ideas, valores o moralidades preconcebidas. Tratando así de entender la forma en que el, o los sujetos de estudios, construyen o definen las realidades en que habitan.

Así las cosas, y para compensar por la falta de conocimiento y entrenamiento criminológico estipuladas al comienzo, hoy les hablaré desde mi experiencia como reportero y foto-periodista policiaco. Es decir, convertir esta reflexión en una auto-etnografía para que sean ustedes quienes lleguen a sus propias conclusiones. De paso, eso suena a una buena asignación

Para decir la verdad, las víctimas son un tema que he invisibilizado. No sé si fue que, como forma de preservación mental, cuando trabajé como foto-periodista y reportero radial aprendí a no mirar como humanos a las víctimas de esa violencia callejera que diariamente ocupaba mi oficio. Peor aún, ahora me pregunto si ese proceso de protección mental me llevó a deshumanizar o cosificar aquellos cuerpos inertes y los dolientes que les lloraban. Así, no eran José, Juan, María, fulano o perencejo. Eran solo, “el muertito del día”, o el tecato para quién morir en la calle era parte de la cotidianidad, o el narcotraficante que cuando entró al negocio sabía que la muerte es parte de su quehacer.

De igual manera, los gritos y los llantos desesperados de las madres, padres, novias, amantes, hijos o compañeros eran solo una buena oportunidad para aumentar el dramatismo e impulsar la ya cotidiana noticia a una mejor ubicación en el periódico o el noticiero. Después de todo, con el pretexto de “humanizar” el noticiero, “if it bleed; it lead”, si sangra, encabeza.

Por supuesto, hay que dejar claro que, en mis tiempos de foto-periodista independiente, cuando el salario de un obrero era de cinco dólares, yo recibía setenta cinco dólares por cada “muertito” publicado, cien si era portada. Afortunadamente para mí, y para la desgracia del resto, hubo semanas de sobre quinientos dólares en tragedias.

En fin, eso que ustedes llaman víctima, para mi eran muchas cosas, pero no eran humanos. Eran solo elementos visuales que, por alguna morbosa habilidad, y citando a una editora que prefiero no nombrar, yo “transformaba en trágica belleza”.

Así las cosas, la invitación de la profesora Irizarry me abrió los ojos a la realidad de que nunca había mirado las víctimas y mucho menos a sus derechos o necesidades.

Claro al leer los documentos que la propia profesora me envió, también me doy cuenta de que, ni la institucionalidad gubernamental y jurídica, ni tampoco la prensa en general parecen darle mucha importancia a las necesidades y derechos de eso que llaman víctimas. Para comenzar no parece que esté realmente claro, y les recuerdo que no soy abogado, que significa y a quién le aplica ese concepto de “víctima”.

Para comenzar la ley 77 del 1986 define víctima como, cualquier persona natural contra quien se haya cometido o se haya intentado cometer cualquier delito contemplado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o bajo las leyes de los Estados Unidos de América. Suena legalmente razonable.

Pero al mirar la definición que nos provee la profesora Irizarry la cosa comienza a nublarse. Para los y las criminólogas como ella, y asumo que, para muchos activistas en favor de las víctimas, “[s]e conoce como víctima aquella persona que por consecuencia de un acto ilegal sufrió de daños físicos, psicológicos y económicos.”

Tómese un asesinato cualquiera. ¿Quién es o quiénes serían las víctimas? Al parecer, por la definición legal, para el estado la víctima es el occiso, la persona muerta. Sin embargo, para los o las criminólogas como Irizarry, los padres, los conyugues, los hijos y hasta los amigos, también deben considerarse víctimas del delito de asesinato.

Aquí es donde, desde mi cinismo producto de varias décadas de trabajo periodístico, se me complica la invitación a reflexionar sobre la relación víctima y prensa. Esto pues parto de la premisa de que, aun cuando el trabajo periodístico termina educando o mal educando a la sociedad, la realidad es que el rol de la prensa comercial en el siglo veintiuno no es educar, es informar y sobre todo entretener. Claro, y repito, el resultado es que, en la transferencia de información intencionadamente o no se termina educando o mal educando, como usted prefiera definirlo.

Igualmente se debe decir que, aun cuando sea un ideal, el trabajo de la prensa no es preservar o velar por los derechos de nadie. Ese se supone sea el trabajo del estado y sobre todo del tribunal. Que en el ejercicio consiente del periodismo se pudieran denunciar abusos y asegurar garantías para todos y todas, pudiera ser el resultado, pero para mí regularmente, es un resultado no intencionado.

Entonces cuando leo un artículo como: “Reclaman víctimas del crimen más sensibilidad por parte de la prensa” de Alex Figueroa Cancel de Primera Hora, mi cinismo me lleva a varias preguntas.

Por ejemplo, en la nota periodística se cita la maestra y amiga Lina Torres diciendo:

“Una pregunta inapropiada que se le haga al familiar de una víctima de asesinato o una cobertura de prensa imprecisa pueden causar un daño mayor a quien sufre las heridas de la violencia. Por eso, es la sensibilidad al tratar estos temas el principal el reclamo que hacen los sobrevivientes de delitos a los medios de comunicación”

Igualmente se detalla un reclamo para que “se divulgue más la Carta de Derechos de las Víctimas por parte de las autoridades”. Es decir que se eduque sobre los derechos a las víctimas garantizados por la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos del Crimen o Ley 22 de 1988.

Pero les recuerdo que los derechos de los ciudadanos son frente al estado y es esa institución quien tiene que respetarlos y hacerlos respetar. Esta ley estipula que:

“A tenor con este principio se aprobó la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986 la cual declaró que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos en los procesos judiciales que se ventilen en los tribunales, así como durante las investigaciones que se realicen para promover su cooperación y participación plena y libre de intimidación en esos procesos.

Bien, la pregunta entonces parecería ser si estas leyes, la 77 del 86 y la 22 del 88, obligan o aplican a la prensa y sus representantes los periodistas.

Pues en el artículo primero de la constitución de Estados Unidos dice:

“El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios.”

Perece entonces que el gobierno no puede hacer una ley obligando a los medios a tratar de una u otra forma a las víctimas de delitos o a cualquier otra persona para esos efectos. Lo que si puede hacer el gobierno es autoimponerse unos parámetros de acción que pudieran servir de estándares al tribunal en caso de que una persona que se considere “víctima” reclame jurídicamente por un alegado abuso de un medio de comunicación. Tanto es así que el titular de la nota de prensa es: “Reclaman víctimas del crimen más sensibilidad por parte de la prensa” y no Exigen legalmente “víctimas del crimen más sensibilidad por parte de la prensa”.

Después de todo el derecho a difundir información es garantizado por la constitución mientras que el derecho a las llamadas víctimas emana de una ley colonial. Digo llamadas víctimas pues el estatuto parece dejar fuera de ese término a gran parte de las personas que los y las criminólogas, así como los activistas, llaman víctima.

Pero como dije anteriormente, no soy abogado así que los dejo los supuestos antes detallado para que le pregunten a su letrado favorito.

Ahora bien, es muy fácil utilizar como chivo expiatorio a la prensa y pedirle “sensibilidad al tratar estos temas”. Pero en realidad, “los sobrevivientes de delitos” no están obligados a hablar con la prensa, mucho menos a recibirles en sus casas o en el funeral de su ser querido. Claro, antes de que me lo señalen aclaro que con esto no estoy culpando a las víctimas por someterse a la prensa.

En el modernidad tardía o posmodernidad en que se vive, parecería que muy pocas personas están conscientes de que no tienen ninguna obligación de recibir o hablar con los medios. Incluso, y me perdonan el cinismo, algunos pueden ver la presencia de los medios en su desgracia como una especie de morbosa inclusión o reconocimiento. Después de todo en esta época ser celebridad es una aspiración de muchos, y para algunos solo la desgracia le da esa oportunidad. Eso se debiera estudiar

Pero para ilustrar mejor mi punto permítanme compartir algo que me ocurrió varias veces durante mi carrera como foto-periodista. Si había una asignación que yo detestara era el cubrir enterramientos. Especialmente cuando la única notoriedad de la víctima fue morir en circunstancias poco usuales o morbosamente interesantes para el gran público como decía Luis Trelles. Como odiaba ese tipo de asignación que catalogaba como masturbación del morbo, lo primero que hacía al llegar a la funeraria era buscar al representante o portavoz de la familia y presentarme. Acto seguido le explicaba para que estaba allí, pero que ellos tenían derecho a la intimidad de su ritual y que si ellos lo pedían yo me marchaba, cosa que era mi intención realmente. En veinte años de oficio, solo una vez me pidieron que abandonara la funeraria.

En resumen, la cosa es complicada. Ya que la relación de la prensa y las víctimas se puede ver como una batalla de gigantes que lucha por su espacio. Por supuesto, una batalla desigual donde los medios de comunicación llevan todas las de ganar, mientras las víctimas ni siquiera cuentan con las garantías que se supone se les reconozca por ley. Digo se supone pues la propia ley ni siquiera parece incluir como víctimas a gran parte de los que así se consideran.

Igualmente es complicado pues la opción no puede ser que el gobierno imponga parámetros de cómo la prensa debe tratar las víctimas. Eso sería abrir la puerta para que la institucionalidad gubernamental decida como la prensa puede o no tratar a una población cualquiera. Por lo menos eso para mí, en una verdadera democracia, es inaceptable.

Así las cosas, me parece que lo único verdaderamente aceptable para limitar la prensa en la democracia es la educación. Por un lado, educar a las víctimas para que entiendan que no tienen que recibir, aceptar o responder a las preguntas de los medios de comunicación. Igualmente se debe educar a las audiencias a no respaldar a los medios que ellos entiendan no respetan a las víctimas.

Por supuesto, esta educación no parece que la harán los medios y mucho menos el estado. Eso, creo, le toca a los activistas y a usted como criminólogo o criminóloga…

Para terminar, les recuerdo que si bien los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, también tienen los medios de comunicación que toleran o permiten. Pues es realmente sencillo, yo no auspicio los medios que le dan importancia a cosas que no me interesan o que consideró irresponsables. No necesito que pasen una ley, solo necesito apagar la tele o no visitar sus páginas cibernéticas.

¿Sabe qué? Todos podemos hacer lo mismo.

 

¿Militar o agente de paz?


Por: Gary Gutiérrez / 7 dic 2016

“¿A que seguir amontonando ejemplos para dejar demostrada cosa tan sabida? Y si esto es así, ¿no cometemos una tremenda inconsecuencia al quejarnos de uno de la policía porque machacó en San Juan la cabeza de un caballero, siendo así que hemos sido nosotros los que hemos puesto al guardia la macana en la mano, haciéndole por fuerza contraer el feo hábito de triturar cabezas.

 

Se me dirá que le hemos dado la macana, no para atropellar a nadie, sino para que la use discretamente, cuando sea absolutamente necesario para conservar el orden; pero ¿quién puede negar que del uso nace el abuso, y que quien tiene por oficio romper cráneos acaba fatalmente, aunque sea un santo por familiarizarse poco a poco con la vil tarea hasta llegar a romperlos al menor pretexto? queda, pues, la cuestión reducida a un dilema bien claro: o se hunden las macanas para que se salven las cabezas, o se hunden las cabezas para que se salven las macanas.”

Nemesio Canales,  1913

 

pr-policia2El nombramiento por parte del gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares de  Michelle Hernández Fraley a la dirección de la Policía de Puerto Rico marca hitos importantes en la historia de dicho cuerpo.

Con este nombramiento 64 años después de que se les permitiera a las mujeres trabajar como policías en la Isla, a sus 52 años de edad Michelle Hernández Fraley se convirtió en la primera fémina en ocupar el puesto de Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

Hernández Fraley es también  la segunda persona militar en dirigir el cuerpo policiaco puertorriqueño desde la creación del puesto de Superintendente de la Policía en la década del 1950.  El primero, de corta duración y triste recordación, fue Emilio Díaz Colón, militar que dirigió la Guardia Nacional de Puerto Rico antes de que el gobernador Luis Fortuño lo nombrara Superintendente.

Según el periódico El Nuevo Día “En la milicia “Hernández de Fraley, llegó a estar a cargo de seis comandos, recorrió el mundo en misiones y por dos años formó parte del equipo que estuvo encargado de la informática y las telecomunicaciones en la Casa Blanca. Además, fue la primera militar puertorriqueña graduada de la academia para oficiales del Ejército en West Point, Nueva York.”

La experiencia castrense es solo parte de su impresionante resumé que incluye un doctorado en Liderato Organizacional, una maestría en Relación y Asuntos Internacionales y un bachillerato en Lenguas Extranjeras

Los estudios y su experiencia laboral colocan a Michelle Hernández Fraley como la persona mejor preparada que ocupa la dirección de la Policía de Puerto Rico.

Hernández de Fraley llegó a la Policía de Puerto Rico en 2014, cuando el entonces superintendente James Tuller Cintrón, quién tuvo que abandonar el cargo en medio de cuestionamientos por su labor como jefe de la  división de vivienda pública de la Policía de Nueva York, la trajo para manejar la organización estratégica de la agencia. Más Tarde Hernández pasó a dirigir la Academia de la Policía.

No obstantes las cualificaciones antes detalladas, el nombramiento de una militar a dirigir la principal fuerza represiva del Estado, tiene que levantar serias preocupaciones. Después de todo en una sociedad capitalista como la que se vive en Puerto Rico, el rol de la policía siempre ha sido el control social y el manejo de las poblaciones excedentes que componen el necesario ejercito de desempleados que ayuda a mantener bajos los salarios de quienes tienen la suerte de estar empleados.

Hay que recordar que la Policía de Puerto Rico fue creada al comienzo del siglo XX por Estados Unidos para mantener control de los nativos tras invadir y tomar posesión de la isla como botín de la Guerra Hispanoamericana.

La creación de la policía  local en Puerto Rico siguió así el mismo patrón que durante el siglo XIX se desarrolló para que los pueblos originarios se vigilaran ellos mismos tras la invasión e usurpación de sus tierras por parte de descendientes de los blancos europeos que colonizaron sus territorios.

Por otro lado y regresando al nombramiento de Hernández de Fraley, se debe entender que esta llega a la superintendencia en medio de una política de militarización de las uniformadas por parte del gobierno estadounidense que comenzó durante la presidencia de Ronald Reagan y que se masificó bajo la del presidente Bill Clinton.

La inquietud en torno al asentamiento de la visión marcial en las policías llega al punto de que para algunos juristas estadounidenses, la militarización de las policías termina violando el espíritu de la tercera enmienda de la constitución estadounidense que prohíbe la presencia de ejércitos armados dentro del territorio doméstico en tiempos de paz. Es decir algunos ven los departamentos de policías armados y equipados con armamento militar como un ejército que termina respondiendo al Departamento de Justicia y por ende a la presidencia de Estados Unidos.

Esa militarización preocupa a pensadores y académicos como Noam Chomsky, Cornell West, Michelle Alexander, Kristian Williams, Radley Balko y otros que apuntan a esta política como parte de las causas de los excesos y del alto grado de violencia y violaciones a los derechos humanos y civiles de las minorías raciales y de los pobres que a diario se reportan en los Estados Unidos y Puerto Rico.

No se debe olvidar entonces que esos mismo excesos son la causa de que la Policía de Puerto Rico este en una sindicatura de facto, supervisada por un monitor nombrado por la Corte de Estados Unidos en San Juan.

Ante las preocupaciones que válidamente se pueden levantar por el nombramiento de una oficial militar para dirigir un cuerpo que está señalados por su mentalidad castrense, Hernández de Fraley apuesta a la disciplina y al establecimiento de estrictos protocolos para convertir a la uniformada en un cuerpo que sirva a la sociedad y respete los derechos civiles y humanos.

Partiendo del historial de servicio de la nombrada Superintendente, no debe caber duda sobre sus intenciones y su capacidad para producir dichos protocolos.

No obstante partiendo tanto de ese mismo “curriculum vitae”, como de sus declaraciones en torno a la disciplina necesaria,  se pudiera pensar que Hernández encarna lo que algunos criminólogos y criminólogas críticas llaman la mentalidad de “Ley y Orden”.

Es decir una forma de  ver “lo criminal” que apunta a que el crimen es un acto individual y que es mediante la vigilancia, la represión y el castigo que se logra controlar a los individuos que tienen tendencias criminales. Igualmente esa visión genera la visión de que el policía está en la calle como primer contingente de protección contra “esos” que no quieren comportarse como se debo. Es decir el policía surge así como regente, administrador o rector del espacio público, por lo que tiene autoridad para imponer la misma disciplina que le exigen a él sobre los ciudadanos que ocupan el espacio público.

¿Qué hay de malo con eso?

Simple, es desde esa mentalidad de regente del espacio público que surgen los excesos y los abusos de poder que según la página “killedbypolice” durante el 2015 dejó en Estados Unidos un saldo de 1210 ejecuciones extrajudiciales, es decir 3 muertes a manos de agentes del Estado cada 24 horas. La misma fuente asegura que al 6 de diciembre del 2016 los oficiales de “ley y orden” en esa nación han ejecutado extrajudicialmente a  1074 personas.

Esta debe ser la preocupación.

En momentos en que el país se mueve a un doloroso proceso de “reconstrucción económica” dirigido por tecnócratas que entienden que es el pueblo quien debe llevar la carga y pagar los excesos que la clase política cometió al servicio del capital, es lógico pensar que se suscitarán encontronazos sociales en las que la Policía será llamada como defensora de estamento y de la “ley y Orden”.

Orden que al fin y al cabo es el creado por los políticos para defender los intereses de los poderosos y la ley que legitima la imposición del mencionado orden.

¿Es deseado que los efectivos policiacos que intervengan en esos conflictos sean disciplinados regentes que se crean con la autoridad para decidir cómo el pueblo puede o no expresarse, o dónde se pueda o no ejercer el derecho “de reunión pacífica”  para “solicitar una compensación por agravios gubernamentales?

¿O la aspiración de una sociedad realmente democrática debiera ser que los efectivos policiacos, en vez de verse como agentes de “ley y orden”, se definan como “agentes de paz social”  y que lejos de otorgar controversias en la calle se limiten a respetar el derecho a disentir y mantengan la paz entre los sectores en conflictos?

La bola está en la cancha de la nueva superintendente Michelle Hernández Fraley.

A ella le toca escoger si pasará a la historia como una ciudadana que logró, o por lo menos trató, dominar la cultura hipermasculina y violenta que caracteriza la policía,  para poner ese aparato al servicio de la paz social y el respeto a los derechos civiles y humanos. O  si será recordada como aquella primera mujer superintendente que a fuerza de golpe y fuego mantuvo la ley y el orden a costa de arrestos, golpes y tragedias.

Ya el tiempo dirá, pues si en una dirrección apunta el “curriculum vitae” de Hernández Fraley es que tiene la capacidad para implementar cualquiera de las visones anteriores.

Pero por supuesto, igualmente la historia deja claro que pretender que las Policías no caigan en excesos represivos y abusos es pretender que la cebra no tenga rayas.

Marihuana medicinal, ¿solución o reproducción del problema?


Por Gary Gutiérrez

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Foto toma de http://cosecharoja.org/

Si bien muchos países comienzan a retirarse de la visión prohibicionista en torno al cannabis o marihuana, no es menos cierto que las nuevas legislaciones parecen ir en contra de los usuarios y de los pequeños productores independientes afirman activistas y académicos.

Las reformas en países como Jamaica, Uruguay, México y el propio Estados Unidos, donde el 47% de la población admite haber experimentado con la marihuana y donde más de veinte estados ya cuentan con leyes de tolerancia, demuestran que la regulación del mercado de esta planta no significa la destrucción de la sociedad como alegan sus detractores.

Al contrario afirma el grupo de activistas puertorriqueños conocido como Descriminalización.org, organización que impulsa la liberación del consumo y la producción del cannabis, así como la de los productos derivados de esta en Puerto Rico.

En las jurisdicciones donde se tolera, reglamentando el mercado o permitiendo el consumo del cannabis para uso medicinal o recreativo, no solo dan muestra que “no habido un aumento en el uso de la marihuana y otras drogas, sino que también ha bajado la criminalidad y los arrestos por delitos menos graves.”

Según los números de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo 147 millones de personas consumen cannabis. Números que no registran grandes aumentos tras la incorporación de medidas de tolerancias.

En Puerto Rico estadísticas de la Administración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) apuntan a que más de medio millón de personas consumieron marihuana por lo  menos una vez en su vida.

Paralelamente, la lucha por acabar con el consumo del cannabis, que de paso, fracasaron en reducir su consumo, genera en Estados Unidos un arresto cada 42 segundos, según datos del Uniform Crime Reporting (UCR) del Buró federal de Investigaciones (FBI), policía nacional de ese país.

Es desde este cuadro de fracaso del prohibicionismo que muchos países buscan alternativas para tolerar, descriminalizar, legalizar, regular el mercado o liberalizar el uso, consumo y disfrute de la planta llamada cannabis y conocida como marihuana.

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Jorge Hernández Tinajero, activista en favor de la liberación del cannabis

Proceso de reforma que según Jorge Hernández Tinajero, activista mejicano en favor de la liberación del cannabis y participante de la VI Latinoamericana sobre Políticas de Drogas , no solo está sucediendo, el mismo “tendrá resultado”.

Este entusiasmo con las reformas sobre el cannabis es compartido por muchas otras voces públicas.

Entre estas la del comediante y comentarista político estadounidense Bill Maher, quien en varias ocasiones ha vaticinado que en los próximos años, el uso recreativo de la hierba será legalizada de una forma u otra en su país.

Sin embargo el proceso  y lucha por la “normalización” del cannabis no está exento de controversias internas u ataques externos.

Para comenzar apunta Hernández Tinajero, todavía hay poderosos sectores en Latinoamérica que se mantienen atrincherados en “visiones muy conservadoras” que dificultan las discusiones necesarias sobre nuevas políticas, no solo en torno al uso medicinal o recreativo de esta planta, sino sobre el uso de otros productos derivados del cáñamo.

El activista mexicano fue más lejos al explicar que incluso entre los que impulsan los necesarios cambios en la política pública sobre la marihuana, hay demasiadas voces y visiones.

Las controversias no se limitan al uso y regulación del uso de la planta, pues incluye también la forma en que se define a los consumidores, quienes lo mismo son vistos como enfermos necesitados de ayudas, delincuentes a quienes se debe reprimir o egoísta que solo buscan su placer personal.

Estas múltiples miradas también inciden en las alternativas de reglamentación o regulación propuestas por cada sector.

Por un lado, están los que proponen despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de la hierba, denominándola “para uso personal” mientras proponen mantener ilegalizado el acceso a esas pequeñas cantidades.

Regularmente esta alternativa es empujadas por políticos quienes, entendiendo lo absurdo de las leyes de prohibición del cannabis, buscan abrir brecha entre las conservadoras estructuras políticas que no están dispuestas a arriesgar su capital político empujando las hasta ahora controvertibles medidas de liberación.

Mientras tanto ante el inevitable avance de los procesos de liberación de la hierba, algunos sectores conservadores se amurallan detrás del discurso que aboga porque solo se permitan los usos médicos del cannabis.

Alternativa que no solo permitirá a unos pocos controlar el acceso a los productos de cannabis, convierte estos bienes en una magnífica alternativa de ingresos para las compañías farmacéuticas que por virtud de costosas licencias monopolizarán la producción, distribución y venta del cannabis y sus derivados.

Esta alternativa del “uso medicinal” es aceptada e impulsada por algunos activistas como una forma de ir normalizado la relación de la sociedad con el cannabis y como “cabeza de playa” desde donde continuar las luchas para la liberación total de la planta.

Así, para el activista puertorriqueño Pedro Colón Almenas de Descriminalizacion.org, el discurso de “uso medicinal” es una alternativa para privatizar la ganancia del cannabis, mientras se sigue arrestando a los pobres que no tienen acceso a médicos que les recomienden el uso “terapéutico” del cannabis.

Algo parecido sucedió cuando Estados Unidos prohibió la venta y consumo de alcohol a nivel federal. La absurda prohibición permitía el uso medicinal de los embriagantes, permitiendo que aquellos que podían pagar una receta médica -los ricos- pudiera consumir el alcohol legalmente mientras los pobres iban a la cárcel o morían en las calles por el control del mercado negro.

“Sabemos que la regulación del ‘cannabis medicinal’ se convertirá en un ‘negociazo’ para dos o tres, donde se van a querer importar regulaciones y negocios, antes de desarrollar un plan y un reglamento a favor de nuestros pacientes. Mientras el gobierno continuará castigando a unos por consumir y sembrar lo que puede crecer en el patio de nuestras casas, otros están empeñados en “picar a’lante”, montar su kiosco, brindar seminarios y cursos de siembra sin saber que terminará aprobando el gobierno de Puerto Rico, incluso sin tener los permisos.” dijo Colón Almenas.

Por otra parte, otros impulsan ese mismo modelo de monopolio para la reglamentación del acceso al uso recreativo o “no medicinal del cannabis”. Estos monopolios lo mismo pueden ser estatales como el caso del Uruguay, o mediante licencias otorgadas a empresas privadas como en el caso de Colorado y otras jurisdicciones estadounidenses.

Esta alternativa de reglamentación mediante monopolios, no queda fuera de controversia ya que para mucho es la forma de privatizar en unos pocos la ganancia económica generada, como pasó con la industria licorera tras su legalización mediante monopolios en Estados Unidos..

En el caso de Colorado, ya se escuchan quejas de cómo la reglamentación legal del cannabis terminó con el flujo de dinero -ilegal pero igualmente utilitario- que el tráfico ilegalizado movía dentro de las comunidades marginadas. Esto a pesar de que los negocios licenciados se ubicaron en esas mismas comunidades, para no afectar el valor de las propiedades en las zonas más aventajadas económicamente.

https://stoptheharm.org/cdn/res.cloudinary.com/engagement-lab/image/upload/v1444696975/stop-the-harm/logos/vpjhvq8ltbtpyekba03r.jpgAnte este complejo panorama político y social en que se desenvuelve la discusión en torno a la Marihuana, el grupo Descriminalizacion.org se unen a los que proponen que “las reformas a las leyes de marihuana no se deben limitar a un maquillaje a las leyes prohibicionistas; por el contrario, deben ser dirigidas a la búsqueda de modelos de una legalización o regulación de un mercado, donde se garantice el autocultivo y la educación hacia un consumo responsable”.

Entendiendo por autocultivo, el que se permita que los usuarios, de forma individual o de forma colectiva, en cooperativa de usuarios por ejemplo, siembren unas cantidades establecidas de matas por persona.

Así el producto de esta actividad solo puede ser para uso personal de quién la cultive o distribuido entre los participantes de la cooperativa. El excedente puede ser vendido solo a otras cooperativas, los dispensarios o cafés licenciados. De esta manera se controla o reduce la capacidad de general ganancia económica con la planta.

Si bien al momento, por lo menos 15 Estados permiten esta alternativa en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde el proceso de legalización del uso medicinal del cannabis parece estar controlado por grandes intereses económicos, no se contempla esta alternativa a pesar del apoyo de diversos grupos de activistas.

“Los pacientes quieren autocultivo. Puerto Rico no está preparado todavía para bregar con autocultivo. Necesitamos mucho más educación… Este no es el momento apropiado para estar hablando esto. En un futuro, uno nunca sabe, pero este no es el momento”,  dijo la asesora legal del Departamento de Salud (DS), Mayra Maldonado al periódico Primera Hora.

Los modelos de regulación del Uruguay o en las regulaciones médicas y recreativas norteamericanas han establecido un marco jurídico con parámetros adecuados para garantizar el manejo del cultivo. Cuyos objetivos principales es impedir el acceso a menores de edad y limitar la producción para uso personal. El estado quiere estar ‘seguro’ que no se convierta en una producción comercial no regulada.” explica en su página web Descriminalizacion.org al abogar por la alternativa antes detallada.

En resumen que para cualquiera que observe los procesos socioeconómicos y políticos que se están desarrollando en torno a las drogas, y en específico en torno a la marihuana puede notar cuan complejo es y cuantos intereses luchan por controlar esos procesos.

Sin embargo, algo debe tenerse claro, legalizar, regular o liberar cualquier sustancia no puede ser un mero espejismo de quitarle las ganancias a los ilegalizados carteles para hace más millonarios a nuevos carteles legales.

Cualquier reforma en políticas de drogas que aspire a ser verdaderamente democrática tiene que partir de proteger los intereses  y los derechos humanos de las más vulnerables, “los usuarios”.

Cualquier reforma que termine reafirmando la violación del derecho de cada quién a decidir sobre que hacer con su cuerpo, o cuyo norte sea garantizar visiones moralistas de unos o las ganancias de otros, no será otra cosa que la reproducción de las mismas condiciones que termina derramando la sangre de nuestros jóvenes en las calles de la isla.

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Árbitros y no regentes: Policía y el espacio público


El pueblo que es refranero
canta con su propio rezo
aunque un rosario de penas
lleve guindando en su pecho.
Y hay que afinar el tiro
es decir la puntería
que aunque diga groserías
el pueblo tiene derecho.
Y no se me ponga arrecho
pero es la pura verdad
Alí Primera

 

Por Gary Gutiérrez

Como era de esperar, el nombramiento de una “Junta de Control Fiscal” junto a los conflictos de clase y la exclusión que caracterizan la sociedad puertorriqueña, ya comienzan a generar encontronazos en el espacio público.

Aparte de la violencia que usualmente sirven en la isla como válvula de escape, es decir la llamada violencia criminal y la social, lo que parece experimentar un alza es la confrontación entre el estado  y unos sectores del pueblo puertorriqueño quienes retan sus decisiones y sus políticas por entender que el primero no les representa.

En medio de este conflicto se encuentra la Policía de Puerto Rico. Cuerpo que en la Isla es de naturaleza civil, encarna el monopolio de la violencia que en su inmensa mayoría –por no decir totalidad- y que se compone por personas proveniente de los mismos sectores pobres y marginados de donde vienen aquellos etiquetados como revoltosos o criminales.

Partiendo del párrafo anterior, es importante entender entender que, al igual que con la violencia social y criminal, los protagonistas que derraman su sangre en medio de estos conflictos “políticos”, son los pobres.

Ese conflicto económico y político se da enmarcado en el llamado derecho constitucional que por virtud de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos rige en la isla caribeña. Esto a pesar de que Puerto Rico tiene una ley que llaman constitución, pero que lejos de ser el principal estatuto que rige la vida de los puertorriqueños, las más recientes decisiones de los tribunales estadounidenses la desenmascaran como una simulación productos de necesidades políticas de otras décadas.

Así pues, tanto las acciones de los que protestan, como las de quienes exigen su derecho a reunirse en un espacio -privado o público-, en Puerto Rico están protegidas por la primera enmienda de la constitución estadounidense que lee, “[e]l Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.” 

Cuando ese derecho a reunión y la libertad de expresión de quienes usan el espacio público para protestar, choca con el derecho de otros que pretenden acceder a una instalación para reunirse o consumir, es el trabajo de la Policía intervenir para mantener la paz social y evitar la violencia.

Es decir, el rol de los ciudadanos uniformados que ejercen la autoridad que el estado se abrogó para monopolizar la violencia, no es de ser jueces para otorgar la controversia, es de ser árbitros que aseguren que el conflicto no se salga de proporción y evitar así las agresiones físicas.

Igualmente, la presencia de la uniformada debe incluir que no se viole ninguna ley. Por supuesto, se puede discutir la legitimidad o legalidad de eso que llaman “ley”, pero eso requiere una discusión aparte.

Ante el conflicto de dos sectores sociales encontrados en la calle, como vimos cuando  grupos opuestos a la política socioeconómica del estado que ocuparon el espacio público para dramatizar sus pedidos, chocaron con los sectores que respondieron a la convocatoria de la Cámara de Comercio para discutir como manejar la llegada de la llamada Junta de Control Fiscal, el trabajo de la Policía de Puerto Rico no es decidir qué derecho debe imperar y mucho menos usar la fuerza para ayudar a prevalecer a uno de los dos sectores encontrados 

Al contrario, al igual que cuando hay una situación especial como un funeral, un desfile o una caravana política, la función de la uniformada debe ser buscar otras alternativas de acceso, pero siempre evitando que se desate la violencia entre los actores sociales que ejercen su derecho al uso del espacio público.

El armarse de escudos y batones, emulando las legiones romanas en formación de “testudo” o “tortuga”, con el propósito de arremeter contra ciudadanos que ejercen su derecho a exigirle cuentas al estado, no solo es agresión, es una clara violación al derecho constitucional que los policías juraron defender.

En caso de que en ese ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a reunión se viole  alguna ley o estatuto, la única acción legítima sería, salvaguardado el debido proceso establecido en la ley, el arresto o citación de esa persona o personas.

Permitir el uso de los efectivos policíacos como avanzada para abrirle paso por la fuerza a uno de los grupo en conflictos, es faltar el respeto de ese cuerpo, reduciéndolos al gansteril rol de  guapetones de barrio al servicio de los poderosos.

Los derecho son garantías que tienen los ciudadanos frente al estado.

Por lo que se puede preguntar a  juristas o a sociólogos del derecho, si existe tal cosa como derecho a pasar por un espacio público ya ocupado legítimamente por otro. Igualmente cabe preguntarles si el estado tiene autoridad legítima de remover del espacio público a una persona que lo ocupa para protestar, solo porque ese ejercicio de expresión le causa contratiempos a otros.

Finalmente, y tal vez más importante, se pudiera preguntar si una sociedad que aspira a ser democrática debe permitir que sean sus aparatos represivos en la calle quiénes determinen, qué derecho tiene más valor y cuál debe prevalecer cuando surja el conflicto.

 

Citado por WRTU en Abusiva la Policía de Puerto Rico, según experto….afirma no existe verdadera reforma en la Uniformada


img_7977“La pasada semana el gobernador Alejandro García Padilla defendía las bondades de la reforma policial y afirmaba que la ciudadanía confía hoy más en la Uniformada que hace unos años. Simultáneamente, se radicaba un pleito federal por violaciones a los derechos civiles en contra de la Policía de Puerto Rico, y en Estados Unidos el departamento de Justicia señalaba a la Policía de Baltimore como un cuerpo discriminatorio y abusivo. Para el criminólogo y profesor de Justicia Criminal Gary Gutiérrez, ninguno de estos eventos son independientes, ya que responden a una misma realidad: un esquema de militarización del orden público, orquestado a nivel federal y que culmina, en demasiadas ocasiones, con violaciones a los derechos humanos. Informa Javier Villa.”

Para escuchar

 

Ilusorio el universo de “la reforma policial”


Por Gary Gutiérrez

Los imprecisos comentarios de Alejandro García Padilla sobre la “reforma policial” ante la Corte estadounidense en San Juan, demuestra que no tiene idea, o que es cómplice de la falta de propósito de enmienda en la Policía de Puerto Rico.

Es insultantemente simplista decir, como la prensa le atribuye al gobernador haber dicho ante las preguntas de la Corte, que el mayor logro del “simulado” proceso de reforma en la Policía es que las personas han comenzado a confiar nuevamente en la Policía.

¿Qué base tienen estas expresiones? ¿Quiénes constituye ese grupo que el administrador colonial “empaqueta” en el genérico término de “las personas”?

Porque basado en mi experiencia en clase, los jóvenes universitarios no parecen ser “las personas”. Semestre tras semestres mis estudiantes discuten cómo para las comunidades marginadas donde viven la mayoría, la Policía es una fuerza foránea que, armada y en actitud militar ocupa el espacio público como si fueran regentes plenipotenciarios.

Al parecer “las personas” a las que el gobernador se refiere tampoco incluyen los ciudadanos que en Peñuelas defiende el derecho a la salud y a determinar qué se hace en sus comunidades. En las pasadas semanas la prensa reseñó como la Policía, en claro menosprecio de la vida de quienes protestan,  sirvió de alcahuete abriendo paso  y escoltando los camiones que, en violación de la ley municipal de Peñuelas, depositan cenizas venenosas en un vertedero de ese municipio.

Por lo visto, los que compones los sectores más pobres de comunidades,  como la  LGBTT o  la Dominicana tampoco componen el indefinido término “las personas”.

Lo más terrible es que, mientras el Gobernador expresa su desenfocada y desafortunada visón ante la Corte estadounidense, omite el verdadero problema que enfrenta el País con su Policía, la prepotencia.

La percepción que tienen los uniformados de que el policía es un regente plenipotenciario del espacio público. La visión de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que responder y dar explicaciones sin cuestionar la autoridad del uniformado. El que el efectivo policíaco tiene derecho ante la ciudadanía, cuando como representante del Estado, lo que tiene es una autoridad limitada por la legitimidad de sus acciones. Que la agencia y el Estado se sientan que no tienen que rendir cuentas claras y rápidas por las acciones de sus cuerpos represivos.

Las premisas anteriores son solo ejemplos de las cosas que verdaderamente se tienen que examinar en la Policía de Puerto Rico.  Pero si ni siquiera están dispuesto a discutir abiertamente ante el pueblo su mal llamado proceso de reforma, qué se puede esperar.

Para que se de un verdadero proceso de “reforma policial”, la agencia  primero tiene que  reconocer las faltas o errores, tener que tener arrepentimiento, aceptar la responsabilidad de eso actos, y finalmente asumir un verdadero propósito de no volver a comerlos.

Hasta ahora, de la Policía solo hemos visto, excusas y justificaciones, simulación burocrática, secretos e intento de controlar el proceso y la información.

Así no puede haber redención…..

Citado en: “El efecto del miedo”; de manifiesto la proliferación de equipo y tácticas militares en la Policía


sábado, 30 de julio de 2016 – 12:26 PM

Por Cynthia López Cabán

 

img_9066En Dallas, la Policía utilizó un robot con explosivos –a inicios de julio – para abatir a un hombre negro que se atrincheró en un garaje del centro de la ciudad tras supuestamente matar a cinco policías en repudio a la muerte de dos hombres afroamericanos a manos de agentes del orden público.

A 2,130 millas de distancia, un Humvee de la Policía Municipal de Ponce –que se usó en la guerra de Irak– escoltaba una brigada de reclusos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que el último jueves de este mes realizaba trabajos de ornato en las carreteras de la Ciudad Señorial.

Quizás la estampa del vehículo militar transitando  por calles de la Isla pase inadvertida debido a la normalización de la iconografía militar en el diario vivir y porque nuestra imagen más clara del militarismo se remonta a la década de los 90, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló  desplegó la Guardia Nacional en los residenciales públicos como medida para combatir el crimen.

Sin embargo, la utilización del robot como táctica para acabar el violento episodio en Texas evidenció  la proliferación de equipo y tácticas militares en los  cuerpos llamados a velar por la seguridad pública.

El proceso de militarización de la Policía comenzó hace décadas y responde a intereses económicos, explicaron a El Nuevo Día los criminalistas José Raúl Cepeda Borrero y Gary Gutiérrez Renta.

“Ese proceso quizás empezó con (Ronald) Reagan, pero cogió fuerza a partir de la era de (Bill) Clinton”, apuntó Cepeda Borrero.

Como gobernador de California, Reagan empezó a blindar a los policías con armas y les ofreció entrenamiento militar. La Policía de Los Ángeles también estableció el primer equipo de SWAT, una unidad especializada en armas y tácticas, en medio de revueltas universitarias y tras los disturbios en la comunidad de Watts en Los Ángeles, en el 1965, provocados por la detención de un joven negro por una infracción de tránsito.

Esa visión de militarizar la policía acompañó a Reagan durante sus dos términos como presidente. Luego Clinton aprobó legislación que permitió que el excedente de armas de la milicia pasara a las fuerzas policíacas.

“Algunos dicen que estuvo influenciada por el aparato industrial militar que luego de la guerra de Vietnam había perdido espacio para vender sus armas”, indicó Gutiérrez Renta.

Bajo estas circunstancias y la asignación de mayores fondos para comprar equipo nuevo y librar la llamada guerra contra las drogas, surgió el policía “guerrero”. La militarización de la policía volvió a resurgir cuando Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo tras los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y destinó millones de dólares para dotar las policías municipales y estatales.

Una investigación de The New York Times descubrió que, entre el 2006 y el 2014, las policías estatales y municipales adquirieron 93,763 rifles de asalto, 435 vehículos armados, 44,900 binoculares de visión nocturna y 533 helicópteros, entre otras herramientas bélicas.

Golpe a las minorías

img_9067Cepeda Borrero y Gutiérrez Renta advirtieron que las comunidades no son zonas de guerra y que la militarización de las fuerzas del orden afecta desproporcionadamente a las minorías raciales y atenta contra las libertades ciudadanas.

“Preocupa, desde la perspectiva de los derechos humanos, el uso de ‘drones’ (aviones sin pilotos) o robots para ‘neutralizar’ supuestos francotiradores. Cuando ‘neutralizas’ a un ciudadano, eso es una ejecución extrajudicial, que quiere decir que es una ejecución donde no medió el debido proceso de ley”, afirmó Cepeda Borrero.

Siguiendo esta línea, planteó que imponer una lógica bélica en escenarios de delincuencia diaria era problemático porque la tecnología no era infalible y porque los prejuicios atravesaban esas decisiones.

“El derecho a portar armas se ha convertido en el derecho a portar armas del varón blanco. Si eres un varón negro eres sospechoso”, precisó.

En Dallas, la policía erróneamente identificó como sospechoso a un hombre negro que portaba un rifle y vestía una camiseta de tela de camuflaje en la protesta que acabó con el tiroteo a los policías.

El día antes, en Minnesota, un policía mató a Philando Castile durante una intervención de tránsito y luego que el hombre negro informó que portaba una arma de forma legal.

“Esa posibilidad de confusión hace que automáticamente haya que descalificar el uso de equipo de grado militar… La tecnología ha mejorado, pero no lo suficiente para neutralizar a una persona sin matarla. Entonces lo que estás haciendo es una ejecución. Lo juzgaste, lo condenaste y lo ejecutaste”, insistió Cepeda Borrero.

Origen racista

Los prejuicios raciales y de clase también han infiltrado la imposición de normas bélicas en contextos de convivencia ciudadana.

“Desde el comienzo, eso que llaman policía es una institución racista y clasista que defiende el orden social, en este caso el orden social capitalista”, insistió Gutiérrez Renta.

Mencionó que en Estados Unidos, la esclavitud se mantenía legalizada con patrullas de esclavos, que salían a buscar a los cimarrones para devolverlos a las haciendas del sur del país.

“La función de la policía para manejar el crimen diario es un concepto de la segunda o tercera década del siglo XX, cuando surgió la prohibición del alcohol”, afirmó Gutiérrez Renta.

Pese a esta transformación en funciones, para el profesor, que dicta cursos de justicia criminal, la policía nunca abandonó esa visión de “patrulla de esclavos”, que aflora con la militarización del cuerpo y con la llegada de las nuevas tecnologías.

“Los sectores marginados tienen formas de divulgar información a través de las redes sociales, que permite reconstruir lo ocurrido. Hace una década mataban a una persona en la calle y el único referente era la versión del policía. Ahora hay vídeos”, puntualizó.

Como parte de su análisis, alertó sobre la insensibilidad que crea la iconografía militar en la calle porque los ciudadanos comienzan a  acostumbrarse a ver los policías vestidos con ropa antimotines o al exceso de fuerza como parte de sus funciones.

“Un policía no me puede dar órdenes en la calle. Él tiene que justificarme por qué me está dando órdenes y eso se ha ido invirtiendo”, afirmó.

“La visión normalizada es de guerrero. El policía es un civil y está para establecer la paz social, mientras que el guerrero está para imponer fuerza mortal si es necesario”, agregó

Leña al fuego

Para atender los problemas de violencia que alteran la paz social, hay que eliminar la pobreza, la desigualdad y las inequidades de nuestro sistema, apuntalaron Gutiérrez Renta y Cepeda Borrero, cuyos planteamientos coinciden con las propuestas en el área de seguridad de la Agenda Ciudadana. Reconocieron, sin embargo, la dificultad de esta propuesta puesto que supone un cambio en las estructuras de poder.

“La estrategia tiene que ser un desarme y empezar a replantearnos los procesos desde la comunidad… Pero seguir tomando medidas restrictivas lo que hace es seguir echándole leña al fuego”, afirmó Cepeda Borrero.

 

 

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