(se permite la reproducción en su totalidad. Favor de incluir el crédito a garygutierrezpr.com)
Por años, cada vez que hablaba del fracaso de las políticas antidrogas estadounidenses, surgía la misma pregunta. Si es que las leyes de drogas fracasaron, cómo es que todavía están en los libros. ¿Por qué se mantienen?
La contestación, siempre es la misma.
Si bien nadie puede discutir que las leyes antidrogas llevan casi un siglo fracasando en sus aspiraciones de acabar con la producción, eliminar el trasiego, disminuir el uso y rehabilitar los usuarios, no es menos cierto que las mismas triunfaron en sus verdaderos objetivos.
Las políticas antidrogas impuestas al mundo por EEUU, “triunfan fracasando” cuando sirven de base para el control social mediante la encarcelación de los sectores excedentes de la sociedad, cuando justifican la vigilancia y el control a las comunidades pobres, justificando también la militarización de los cuerpos policiacos y sobre todo, cuando sirven de licencia de corso para que Estados Unidos intervenga de forma imperial en prácticamente todo el sur global.
A lo anterior, se le debe sumar que las leyes antidrogas sirven para que el sistema financiero mundial se beneficie de mover, esconder, cuidar o lavar los enormes capitales producto del ilegalizado tráfico.
Visto así, diga si no funciona. El cuento del “control de drogas” permite a los ricos, sacarle dinero y controlar los pobres con una sola agenda.
Ahora, ante las nuevas tendencias de “legalizar” la marihuana, sustancia que representa el 60 por ciento del capital que producen los cárteles de la droga, se debe ser igualmente crítico.
Si es cierto que la prohibición de las drogas es tan buen negocio para eso que algunos llaman “el sistema”, no hace ningún sentido que las leyes que regulan esas mercancías se estén liberalizando. Después de todo, los países del norte de Europa, Portugal, el Uruguay y cinco jurisdicciones en Estados Unidos prácticamente normalizaron sus relaciones con la marihuana.
La respuesta es simple sí se toma en consideración que el capital, como el Espíritu Santo, obra en extrañas maneras.
La realidad es que sí buena parte de las ganancias del ilegalizado narcotráfico beneficia a al sistema, ese que es controlado por el blanco, varón, propietario, cristiano y heterosexual por lo menos en apariencia, no es menos correcto que ya otros sectores poderosos económicamente se dieron cuenta que un cambio en las leyes que fiscalizan esos mercados, les pondría a ellos a controlar enteramente el mercado.
Es de esta manera que vemos como, en las jurisdicciones donde se liberaliza el uso recreativo del cannabis, poderoso intereses blancos se apoderaron del nuevo sistema legal de distribución de la “yerba”, despojando así a las comunidades afroamericanas y latinas de una de sus principales fuentes de financiamiento y trabajo. Esto porque lograr sacar una licencia que permita la venta legal del cannabis puede llegar a costar hasta millones de dólares. El mismo proceso que se dio cuando Estados Unidos legalizó el mercado de bebidas alcohólicas.
Por supuesto, cien años de mentiras y falsedades moralistas no son fácil de superar. Razón por lo que en otras jurisdicciones, como en Puerto Rico, el proceso de acaparar las ganancias que produce el cannabis no se puede dar de forma abierta y honesta.
Para solucionar este contratiempo, el capital recurre al hipócrita truco que le funcionó en los años de la prohibición del alcohol, “el uso medicinal”.
Mientras los pobres de “razas inferiores” -los italianos, judíos e irlandeses- se mataban en las calles de Chicago, Nueva York y Atlantic City peleándose el mercado de alcohol y mientras cientos de miles murieron por consumir “ginebra de bañera”, los hijos de los barones de la industria americana disfrutaban de ambientes seguros donde ingerir elegantes licores protegidos de ser arrestados por una receta que aseguraban la necesidad médica de la pócima.
Usando la misma estrategia, los capitalistas del siglo XXI, no solo se aseguran que sus hijos no vayan a la cárcel como le pasa a “esa otra gente que no saben controlarse cuando fuman”, en esta ocasión se aseguran también de ser ellos los que se beneficien de las ganancias legales que produzca la hasta ahora ilegalizada planta.
Después de todo, ¿cuánto pueden costar unos cuantos políticos con autoridad para crear una ley que nos asegure el monopolio de la venta “medicinal”, mientras mantenga el hipócrita discurso moral sobre la “yerba”?
El resultado de este proceso, lo vemos hoy en Puerto Rico.
El conservador administrador colonial de turno, se monta en un avión un viernes creyendo firmemente que el cannabis es la encarnación del mismo Lucifer y tres días más tarde, regresa habiendo resucitado de su ignorancia proclamando el nuevo reino dónde la marihuana medicinal es la alternativa para un mundo mejor.
O como Saulo de Tarsó se cayó del caballo y vio la luz divina, o alguien le lleno los bolcillos.
Viene a la mente la nota distribuida por NotiCel que comenzaba diciendo: “Un alto ejecutivo de Medical Marihuana Inc., compañía que se dedica a promover productos basados en cannabis, comentó que gastó $700 mil en el 2014 para promover la legalización del uso medicinal de la marihuana en varias jurisdicciones como Puerto Rico.”.
Como en el misterio bíblico, difícilmente sabremos lo que realmente ocurrió.
El punto es que el camino escogido por el gobierno colonial en Puerto Rico parece que va dirigido a mantener la absurda e hipócrita prohibición del cannabis para los pobres, mientras que por orden ejecutiva se asegura el disfrute de la “yerba” para los que puedan pagar o tengan acceso a una receta.
Al mismo tiempo, con esta orden el sistema se asegura de acaparar las ganancias producto del cannabis. Dinero que hasta ahora, por lo menos pasaba brevemente por los sectores marginados del País.
De esta manera, parece que en el Puerto Rico propuesto por los burócratas para el siglo XXI un joven que se fuma o vende una “moñita” es un criminal, mientras aquellos que tratan esa planta con químicos para extraer sus propiedades serán vistos como piadosos empresarios que buscan sanar a los enfermos.
¡HIPOCRITAS!
Es hora de superar los falsos moralismos y de comenzar un proceso reglamentado desde abajo que permita que los ciudadanos mayores de edad decidan libremente sobre el uso y disfrute de cualquier planta.
Pero ese proceso necesita una reglamentación que evite que corporaciones anónimas, esas que el Supremo estadounidenses dice que son personas, tomen control para acaparar las ganancias que produzcan esos mercados.
Puerto Rico tiene que superar la hipócrita prohibición para ahorrarse el millonario costo económico y social que ella implica. Pero es indispensable, sí se quiere superar las crisis producto de la prohibición, que el proceso de legalización sea de abajo hacia arriba.
Es decir, un proceso donde las licencias para el auto-cultivo de la marihuana solo estén disponible para individuos -no corporaciones anónimas- o para cooperativas que le provean la hierba solo a sus socios, disminuyendo así el interés económico de intermediarios anónimos.
Pero claro, para eso se necesitan administradores con entereza y verdadero compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad.
El gobernador firmó el domingo la orden ejecutiva 2015-10 que ordena a la secretaria de Salud, Ana Ríus, a autorizar el uso medicinal de algunas o de todas las sustancias controladas o componentes derivadas de la planta de cannabis.
La orden ejecutiva destaca que diversos estudios realizados en Estados Unidos demuestran el valor terapéutico del cannabis y sus derivados.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló favoreció el lunes la determinación del gobernador Alejandro García Padilla de permitir el uso de la marihuana medicinal en los hospitales del país.
“La autorización del uso medicinal de las sustancias controladas o componentes derivados de la planta cannabis me parece un paso en la dirección correcta. Se ha evidenciado que la utilización de estas sustancias o componentes, de manera controlada, puede apoyar el tratamiento médico tradicional de algunas condiciones médicas crónicas, tales como el cáncer y la esclerosis múltiple. Uno de los beneficios que más reportan los pacientes al combinar estas sustancias con su tratamiento médico es el alivio del dolor físico, lo que representa una mejoría en su calidad de vida”, dijo Perelló en una comunicación escrita.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos se opuso el lunes al uso del cannabis medicinal en la isla, según ordenó el gobernador Alejandro García Padilla mediante una orden ejecutiva.
“El Colegio de Médicos Cirujanos se opone al uso de la marihuana fumada con todos los componentes y la orden ejecutiva menciona cualquier componente. Solo dos componentes de la marihuana han demostrado tener algún uso medicinal que podrían estudiarse. El resto de los componentes son nocivos y dañinos a la salud y no debería hacerse una orden ejecutiva al respecto”, dijo Ramos en entrevista radial.
“También crea un problemas para los médicos y para todo el mundo y la gente tiene que tener cuidado. Una orden ejecutiva no cambia una ley. La ley en Puerto Rico declara que la marihuana es ilegal. La ley federal también declara que la marihuana es ilegal. La FDA establece que si tu le adscribes curar condiciones médicas a otra condición, tienes que cumplir con las reglas de la FDA. Nada de eso se cumple aquí”, añadió.
Varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazaron el lunes la orden ejecutiva firmada por el gobernador Alejandro García Padilla con la que se permitiría el uso de la marihuana medicinal en la isla.
La portavoz de la minoría en la Cámara, Jenniffer González lamentó que el gobernador “quiera conseguir los votos para una reconsideración al derrotado proyecto del IVA negociando con el uso de la marihuana”.
El gobernador firmó el domingo la orden ejecutiva 2015-10 que ordena a la secretaria de Salud, Ana Ríus, a autorizar el uso medicinal de algunas o de todas las sustancias controladas o componentes derivadas de la planta de cannabis. La orden ejecutiva destaca que diversos estudios realizados en Estados Unidos demuestran el valor terapéutico del cannabis y sus derivados.
González agregó que todo este asunto es un intento por desviar la atención.
Mientras tanto, miembros de la organización Intercambios PR expresaron su “alegría cautelosa” el lunes luego del anuncio del gobernador Alejandro García padilla de permitir el uso de la marihuana medicinal en el país.
“Le debemos dar la bienvenida a la iniciativa de Fortaleza, pues es un paso en la dirección en la que se mueve el mundo civilizado. Pero si la misma es una propuesta honesta y seria, no una estrategia para desviar la atención de otros asuntos. Sin embargo, el paso lógico es la radicación de un proyecto en la Legislatura para que la iniciativa tenga protección de ley”, dijo en un comunicado el criminólogo y miembro de la organización, Gary Gutiérrez.
Antes de entrar en materia, quiero dejar claro que no me presento ante ustedes desde la perspectiva de un académico. Prefiero pensar que vengo a compartir lo aprendido como periodista, bloguero, observador, pero sobre todo como actor de reparto en esto que llamamos orden social. Por tanto estoy más cómodo pensando que me presento ante ustedes para colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración del pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon el llamado problema de las drogas, y que los que hoy simulan manejarlo.
Me niego entonces a enfocar esta alocución desde perspectivas médicas, terapéuticas y mucho menos morales. Primero, el yo entrar en la discusión médica o terapéutica sobre el uso y el tratamiento de sustancias, sería faltarle el respeto a los salubristas como el Dr.Torruellas, quienes pasan su vida manejando ese aspecto del fenómeno llamado droga. En el caso de la dimensión moral de esta discusión, definitivamente admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.
Además de lo antes detallado, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde esas perspectivas médico y moral, es que estas dimensiones realmente son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en el país equivalente a una guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012).
Con esto no digo que esos aspectos medico morales no son importante. Lo que quiero decir y dejar claro es que lo que a mi juicio tenemos que discutir en Puerto Rico es si las fracasadas políticas de criminalización son la mejor alternativa para primero controlar la violencia, y segundo para crear las condiciones que permitan que los salubristas hagan su trabajo. Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos y entender que lo que crea la violencia y lo que hace más difícil el manejo social del uso y abuso de las sustancias, es la ley que criminaliza su posesión y su mercado.
Conferencia wn UPR-Poncesobre la (i)legalización de la droga: problema o solución
No obstante y como era de esperarse, la radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos encaminados a liberalizar las leyes prohibicionistas despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de marihuana uno y permitiendo el uso de esta planta como tratamiento médico, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de los “empresarios morales” conservadores que insisten en mantener el tributo de sangre que la actual ley antidrogas impone a los puertorriqueños.
Por lo visto en la prensa y en las redes sociales tras las radicaciones de estos proyectos, de inmediato salieron los sospechosos habituales quienes, montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, aseguran que de liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña. Digo los sospechosos habituales, por un lado están algunos sectores terapista que viven de la adicción (Riggs 2012), y por otro, los sectores cristianos conservadores de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando, en Estados Unidos y Puerto Rico, el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado. Estos son los mismos sectores políticos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol y otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, al libre disfrute de la sexualidad entre adultos y a cualquier otra ratificación de los derechos de la comunidad LGBTT. Sin mencionar que, estos también son los mismos que en Estados Unidos se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas, que piensan que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no se necesita otra ley penal que no sea la Biblia y que la ley debe estar al servicio de, por la fuerza si fuera necesario, obligar a que todos fortalezcan el espíritu y la virtud moral (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).
Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos vienen desde finales del siglo diecinueve, empujando prohibiciones para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan el mencionado estilo de vida cristiano. Claro está, definiendo estilo de vida cristiano desde un punto de vista puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. De ese secotr surgió un grupo de cabilderos llamado “Movimiento de Temperancia” quienes fueron los que lograron, en la década del 1930, prohibir en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico el alcohol y las demás sustancias (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).
Por supuesto, el pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso, ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública en esa nación. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, veían el uso de la marihuana, la coca y el opio como costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, para ellos decir la “cultura civilizada” es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve, de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward y Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).
Prof. José Raúl Cepeda
Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos. A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).
Además de estos intereses económicos que podemos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición legal de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).
Por tanto, el que los mencionados sectores conservadores funcionen como una especie de mafia moralista imponiendo sus valores y empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a su presión, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos, los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses y su estilo de vida. Entiéndase, como ya mencioné, los intereses y el estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013).
Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial.
Dr. Rafael Torruella de Descriminalización.com
Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató liberar los esclavos, sino que encarnó dos visiones de ordenamiento económico encontrados, la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina. El punto es que el proceso de ilegalización de las sustancias psicoactivadoras aparenta así ser parte de esa lucha por el prestigio social. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los efectos o peligros de las mismas, sino que fue solo un intento por parte de ese capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales, que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).
En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tuvo nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la llamada criminología crítica entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación, se debe entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).
Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y estudiar cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas o para controlar la violencia producto de su trasiego, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas. Lo terrible del caso es que ante esa embestida mediática por parte de la mencionada mafia conservadora cristiana, parece como si algunos sectores más democráticos, progresistas, libertarios, conscientes y hasta anarquistas del país, inconscientemente le hacen el juego conservador, validando la discusión sobre si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño.
Sin embargo, en este momento histórico, la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Entrar en esas discusiones es permitir que los mencionados sectores conservadores secuestren nuevamente la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros” de una u otra sustancia.
Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir en este momento histórico es cómo esa prohibición lleva casi cien años fracasando en la empresa de controlar el uso sustancias, independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede mirar la historia y honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminaliza millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce el derecho a buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir, de aparte de amigos como Torruellas, las ayudas médicas necesarias para manejar sus adicciones. La conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo esta fracasada prohibición alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años Estados Unidos viene botando en la misma casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).
Más urgente aún es estudiar cómo las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las sustancias, sirven de excusa para la intervención y control de las comunidades marginales en Estados Unidos. De Igual manera es imprescindible analizar cómo estas prohibiciones se convirtieron en licencia de corzo que permiten a Estados Unidos, como nación imperial, intervenir en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012).
Eso es lo que se tiene que nuestra generación tiene que discutir independientemente de lo qué usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana.
Desde esta perspectiva, la pregunta tendría que ser entonces, si los puertorriqueños debemos mantener unas leyes que, a pesar de su costo millonario no solo vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, la militarización de las fuerzas policíacas, el deterioro de las libertades constitucionales y como ya se dijo la expansión imperial de Estados Unidos (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;).
Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerles el juego a los mercaderes del templo. Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema: es decir la prohibición.
Referencias:
Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.
Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press
Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.
Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press
Escohotado, A.(2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.
Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books
Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.
Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell
Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.
Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.
Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.
Szasz T. (1992) Our Right to drugs, Syracuse, Syracuse University Press
Szasz T. (2003) Ceremonial Chemistry, Syracuse, Syracuse University Press
Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.
Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012) Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico
En el conversatorio tambieén participaron los doctores Ibarra y Panelli. Foto por David Medina
Lo que hay que discutir es el problema
Gary Gutiérrez
Presentado ante los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
Antes que todo, quiero agradecer a esta institución, los compañeros profesores y profesaras, pero sobre todo a los y las estudiantes, por esta oportunidad de expresar mis ideas.
También, antes de entrar en materia, quiero dejar claro que no me presento ante ustedes desde la perspectiva de un académico. Prefiero pensar que vengo a compartir lo aprendido como periodista, bloguero, observador, pero sobre todo como actor de reparto en esto que llamamos orden social. Por tanto estoy más cómodo pensando que me presento ante ustedes para colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración del pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon los problemas y que hoy simulan manejarlos, pero que solo terminan reproduciendo y perpetuando los mismos.
Partiendo de lo antes estipulado, me niego a enfocar esta alocución sobre el llamado problema de las drogas en Puerto Rico desde perspectivas médicas, terapéuticas y mucho menos morales.
Primero, el yo entrar en la discusión médica sobre uso y tratamiento de sustancias, sería faltarle el respeto a las destacadas figuras que me acompañan en este panel. Segundo porque eso también sería menospreciar el saber de ustedes, los y las terapeutas profesionales o en formación. En el caso de la dimensión moral de esta discusión, definitivamente admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.
Estudiantes y profesores con quien compartí la conversación sobre ilegalidad y drogas en la PUCPR
Además de lo antes detallado, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde esas perspectivas médico y moral, es que estas dimensiones son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en el país equivalente a guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012). Con esto no digo que esos aspectos medico morales no son importante. Lo que quiero decir y dejar claro es que lo que tenemos que discutir en Puerto Rico es si las fracasadas políticas de criminalización son la mejor alternativa para, primero controlar la mencionada violencia y segundo para crear las condiciones que les permitan a ustedes como terapistas atender, dar servicios y manejar los aspectos médicos y morales del uso y abuso de esas sustancias.
Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos y entender que lo que crea la violencia y lo que hace más difícil el manejo del uso y abuso de las sustancias, es la ley que criminaliza su posesión y su mercado. En vez de estar discutiendo si el uso de una u otra sustancia hace o no daño, si la misma es o no peligrosa, o si tiene o no riesgos; nuestro enfoque como sociedad debiera concentrarse en si la absurda prohibición es la mejor opción para evitar esos daños, peligros o riesgos. De paso, una prohibición que sin tener un solo logro en casi cincuenta años ha despilfarrado sobre setecientos cincuenta millardos de dólares. Lo que debiéramos estar discutiendo aquí es si seguiremos permitiendo que, mientras los que realmente están manejando efectivamente el problema, es decir gente como el amigo Panelli, solo reciben tres de cada diez dólares asignados a manejar el llamado problema de las drogas, botamos siete de esos diez dólares en fracasadas medidas represivas y en juguetes tecnológicos para la policía (Manjón-Cabeza 2012). Lo que debiéramos estar discutiendo es, si no es más lógico asignarle los diez dólares completos a mi compañero de Mesa y a los que como como él se dedican a dar servicio y manejan realmente esta epidemia.
Si usamos la criminología para transportarnos a la primera parte del siglo veinte, podemos ver que el proceso de ilegalización de estas sustancias tuvo y tiene su base en los prejuicios de clase, raza y religión y no los daños, los peligros o los riesgos asociados con su consumo. Incluso, si somos honestos, se puede afirmar que la criminalización del uso de estas sustancias es la criminalización de la naturaleza humana. Después de todo, nunca hubo sociedad alguna que no tuviera como costumbre el uso de alguna sustancia psicoativadoras. El uso de las mismas está con nosotros desde que aquella noble antepasada, pues estoy seguro fue una mujer, tomo conciencia de que tenía conciencia (Escohotado 2003; Manjón-Cabeza 2012; Szasz 1993, 2003). Más aun, hace un tiempo vi en televisión española un documental que aseguraba que cuando viene al consumo de frutas, algunos primates prefieren las que están fermentadas. Claro como no soy biólogo no me atrevo a repetir este dato como cierto.
Por otro lado, al estudiar el fenómeno llamado problema de las drogas desde la criminología, es también fácil percatarse que sobre cien años de prohibición de sustancias demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de la violencia, criminalidad y la corrupción como mecanismos de protección por un lado y por el otro como forma de solucionar los conflictos inherentes a todo el quehacer humano. (Villa-Rodríguez y Gutiérrez G. 2013).
Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920. Tras más de diez años, la prohibición del alcohol creó más problemas de los que se supone resolviera; sin mencionar que no resolvió los inconvenientes relacionados al abuso y la dependencia del licor. Esta prohibición del alcohol terminó produciendo males como la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas que por siglos bebieron sus antepasados, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por la ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado néctar. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la misma, así como el desarrollo de inmensas empresas criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Escohotado, 2003; Manjón-Cabeza 2012; Villa y Gutiérrez 2013).
Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que “el Estado” puede ejercer un “poder legítimo” para controlar lo que un ciudadano, como ser libre, decida o no consumir. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).
Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unidos en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo por el narcotráfico, no fue producto de la venta o el uso del alcohol. La raíz de esa violencia fue la propia política prohibicionista y los mercados ilegales que de ella se derivaron. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el consumo de alcohol, o drogas, eran “mínimos” en comparación con los que surgieron tras ilegalizar esos comercios (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013).
La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas. Los que defiende la política prohibicionista regularmente terminan desviando la discusión a los daños físicos, psicológicos y sociales que vinculan con el uso de estas sustancias psicoactivas. Los prohibicionistas, quienes han demostrado tener poder para hacer política pública, han partido de sus tabúes personales, religiosos o morales para trabajar con asuntos que merecen ser analizados de forma objetiva. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de las políticas prohibicionista, sus abanderados usan argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización de las mismas. Una contradicción, pues si algo hace la prohibición es desincentivar, o por lo menos hacer más difícil y burocrático, el manejo salubrista de los posibles problemas derivados del consumo de sustancias.
Por tanto, es claro que lo que debe estar en discusión en esta mesa y en el País, es si tras cien años de aprobar y mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar, o poseer una u otra sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con el mercado y el consumo de las mismas.
Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del “daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en primer lugar. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food” y que están llenas de azúcar, grasas y sal? Después de todo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.
¿Si como se dijo antes, los peligros relacionado con el uso no son el factor real para justificar la prohibición de las llamadas drogas, cuál entonces es la razón para su ilegalidad?
Para contestar esta pregunta, se puede partir de la llamada “criminología crítica” desarrollada al final del siglo XX. A diferencia del “Derecho Positivo”, la también llamada “nueva criminología” no acepta eso de que la ley es instrumento de balance o protección social. Para estos criminólogos, la ley es solo una herramienta para que unos grupos sociales poderosos impongan su discurso ideológico. Desde este crisol, las prácticas prohibicionistas y las leyes que las imponen, surgen de las relaciones de poder y no de verdaderas necesidades sociales (Ferrell y Sanders 1995).
Tomando entonces la criminología crítica como punto de partida, se pudiera decir que las verdaderas razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio fueran ilegalizadas en la primera mitad del siglo XX fueron de índole religiosa, racial, económica y de luchas por prestigio social o político. Es decir, las sustancias, no se ilegalizaron por razones salubristas o médicas como se reproduce de la vieja práctica discursiva. Por tanto, en la práctica, estos estatutos se revelan como herramientas para controlar y no para proteger a los ciudadanos (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza 2012).
Mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimiento en Estados Unidos de movimientos de avivamiento en el sector cristiano conservador protestante. Ese resurgimiento se desarrolló como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como un país independiente a Estados Unidos. Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos reflejaran e impusieran un estilo de vida cristiano desde el punto de vista puritano protestante, de temperancia y de fuerte control frente a los placeres. De ahí surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX, logró la prohibición del alcohol y más tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).
Ese discurso prohibicionista fácilmente acaparó el respaldo de los poderosos en Estados Unidos, pues resultó muy cónsono con la racista visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, que controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y referente de la naciente civilización industrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese poder, la prohibición de “las drogas” surgió como una excelente excusa que les permitía el control y la represión de las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002). El pánico moral resultante disparó un proceso que terminó demonizado y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. Aprovechándose del mencionado pánico, algunas empresas vieron en la prohibición una oportunidad para adelantar sus intereses comerciales. (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).
A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. Su lógica fue que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, podrían acaparar y dividirse el lucrativo mercado de los textiles que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias invirtieron recursos económicos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).
Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol, por lo que ambos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia unos y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).
Incluso si vamos miramos el proceso de forma más crítica, la prohibición de las drogas surge como parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina. De esta manera, el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, y que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a una nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” fue solo un intento por parte del capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).
En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la criminología crítica, se entiende entonces que estas leyes se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que generó la nueva sociedad industrial.
Por otro lado, está visión criminológica entiende que hoy, a pesar de su fracaso manejando y controlando el uso de las sustancias, estas leyes se mantienen por dos razones principales. Primero porque las mismas legitiman la intromisión del Estado en la vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Desde esta perspectiva política, se entiende también que estas prohibiciones se mantienen pues las mismas todavía funcionan como justificación legal para intervenir, controlar y criminalizar las minorías raciales y económicas. De igual forma y en segundo lugar, esos estatutos prohibicionistas sirven de excusa para que países poderosos, pero sobre todo Estados Unidos, mantengan una políticas intervencionistas desplegando agentes y fuerzas militares en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global” (Grandin 2006; Davis, 2005; Manjón-Cabeza, 2012).
Es apremiante entonces no permitir que la apremiante necesidad de revisar y redefinir la absurda y fallida política pública en torno a las sustancias psicoativadoras se desvíe a discusiones sobre el daño, los efectos o el peligro de sus usos o abusos. Esa discusión la desarrollan los salubristas desde sus disciplinas. Lo que si se tiene que discutir a nivel de toda la sociedad es si mantener la prohibición del cannabis, o de la sustancia que sea, hace más fácil o más difícil el manejo o el control de las mismas y sobre todo el tratamiento de aquellos usuarios para quienes el consumo se torne en problema.
Partiendo de lo anterior, y tras cien años de la fallida prohibición repito, no hay otra alternativa que no sea estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas que en la práctica no solo terminan haciendo más difícil el manejo salubrista las mismas, sino que acaban costándonos la sangre de nuestros hijos en su edad más productiva.
Ya es hora de discutir el verdadero problema, es decir la prohibición.
Referencias:
Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.
Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press
Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.
Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press
Escohotado, A.(2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.
Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books
Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.
Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell
Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.
Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.
Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.
Szasz T. (1992) Our Right to drugs, Syracuse, Syracuse University Press
Szasz T. (2003) Ceremonial Chemistry, Syracuse, Syracuse University Press
Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.
Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012) Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico, 2001–2010. Rev Panam Salud Pública. 2012;32(5):321–9.
Citado junto a Vivien Mattei, José Raúl Cepeda y Joel Villa en la página 46 del Informe Positivo sobre el P. del S. 517, suscrito por la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico, 2013
Por años, cada vez que hablaba del fracaso de las políticas antidrogas estadounidenses, surgía la misma pregunta. Si es que las leyes de drogas fracasaron, cómo es que todavía están en los libros. ¿Por qué se mantienen?
Para solucionar este contratiempo, el capital recurre al hipócrita truco que le funcionó en los años de la prohibición del alcohol, “el uso medicinal”.
Es hora de superar los falsos moralismos y de comenzar un proceso reglamentado desde abajo que permita que los ciudadanos mayores de edad decidan libremente sobre el uso y disfrute de cualquier planta.
La orden ejecutiva destaca que diversos estudios realizados en Estados Unidos demuestran el valor terapéutico del cannabis y sus derivados.
El Blog de Gary Gutiérrez 