En el conversatorio tambieén participaron los doctores Ibarra y Panelli.
Foto por David Medina

Lo que hay que discutir es el problema

Gary Gutiérrez

Presentado ante los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

Antes que todo, quiero agradecer a esta institución, los compañeros profesores y profesaras, pero sobre todo a los y las estudiantes, por esta oportunidad de expresar mis ideas.

También, antes de entrar en materia, quiero dejar claro que no me presento ante ustedes desde la perspectiva de un académico. Prefiero pensar que vengo a compartir lo aprendido como periodista, bloguero, observador, pero sobre todo como actor de reparto en esto que llamamos orden social.  Por tanto estoy más cómodo pensando que me presento ante ustedes para colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración del pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon los problemas y que hoy simulan manejarlos, pero que solo terminan reproduciendo y perpetuando los mismos.

Partiendo de lo antes estipulado, me niego a enfocar esta alocución sobre el llamado problema de las drogas en Puerto Rico desde perspectivas médicas, terapéuticas y mucho menos morales.

Primero, el yo entrar en la discusión médica sobre uso y tratamiento de sustancias, sería faltarle el respeto a las destacadas figuras que me acompañan en este panel. Segundo porque eso también sería menospreciar el saber de ustedes, los y las  terapeutas profesionales o en formación. En el caso de la dimensión moral de esta discusión, definitivamente admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.

Estudiantes y profesores con quien compartí la conversación sobre ilegalidad y drogas en la PUCPR

Además de lo antes detallado, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde esas perspectivas médico y moral, es que estas dimensiones son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en el país equivalente a guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012).  Con esto no digo que esos aspectos medico morales no son importante. Lo que quiero decir y dejar claro es que lo que tenemos que discutir en Puerto Rico es si las fracasadas políticas de criminalización son la mejor alternativa para, primero controlar la mencionada violencia y segundo para crear las condiciones que les permitan a ustedes como terapistas atender, dar servicios y manejar los aspectos médicos y morales del uso y abuso de esas sustancias.

Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos y entender que lo que crea la violencia y lo que hace más difícil el manejo del uso y abuso de las sustancias, es la ley que criminaliza su posesión y su mercado.  En vez de estar discutiendo si el uso de una u otra sustancia hace o no daño, si la misma es o no peligrosa, o si tiene o no riesgos; nuestro enfoque como sociedad debiera concentrarse en si la absurda prohibición es la mejor opción para evitar esos daños, peligros o riesgos. De paso, una prohibición que sin tener un solo logro en casi cincuenta años ha despilfarrado sobre setecientos cincuenta millardos de dólares. Lo que debiéramos estar discutiendo aquí es si seguiremos permitiendo que, mientras los que realmente están manejando efectivamente el problema, es decir gente como el amigo Panelli, solo reciben tres de cada diez dólares asignados a manejar el llamado problema de las drogas, botamos siete de esos diez dólares en fracasadas medidas represivas y en juguetes tecnológicos para la policía (Manjón-Cabeza 2012).  Lo que debiéramos estar discutiendo es, si no es más lógico asignarle los diez dólares completos a mi compañero de Mesa y a los que como como él se dedican a dar servicio y manejan realmente esta epidemia.

Si usamos la criminología para transportarnos a la primera parte del siglo veinte, podemos ver que el proceso de ilegalización de estas sustancias tuvo y tiene su base en los prejuicios de clase, raza y religión y no los daños, los peligros o los riesgos asociados con su consumo.  Incluso, si somos honestos, se puede afirmar que la criminalización del uso de estas sustancias es la criminalización de la naturaleza humana. Después de todo, nunca hubo sociedad alguna que no tuviera como costumbre el uso de alguna sustancia psicoativadoras. El uso de las mismas está con nosotros desde que aquella noble antepasada, pues estoy seguro fue una mujer, tomo conciencia de que tenía conciencia (Escohotado 2003; Manjón-Cabeza 2012; Szasz 1993, 2003). Más aun, hace un tiempo vi en televisión española un documental que aseguraba que cuando viene al consumo de frutas, algunos primates prefieren las que están fermentadas. Claro como no soy biólogo no me atrevo a repetir este dato como cierto.

Por otro lado, al estudiar el fenómeno llamado problema de las drogas desde la criminología, es también fácil percatarse que sobre cien años de prohibición de sustancias demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de la violencia, criminalidad y la corrupción como mecanismos de protección por un lado y por el otro como forma de solucionar los conflictos inherentes a todo el quehacer humano. (Villa-Rodríguez y Gutiérrez G. 2013).

Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920.  Tras más de diez años, la prohibición del alcohol creó más problemas de los que se supone resolviera; sin mencionar que no resolvió los inconvenientes relacionados al abuso y la dependencia del licor. Esta prohibición del alcohol terminó produciendo males como la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas que por siglos bebieron sus antepasados, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por la ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado néctar. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la misma, así como el desarrollo de inmensas empresas criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Escohotado, 2003; Manjón-Cabeza 2012; Villa y Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que “el Estado” puede ejercer un “poder legítimo” para controlar lo que un ciudadano, como ser libre, decida o no consumir. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unidos en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo por el narcotráfico, no fue producto de la venta o el uso del alcohol. La raíz de esa violencia fue la propia política prohibicionista y los mercados ilegales que de ella se derivaron. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el consumo de alcohol, o drogas, eran “mínimos” en comparación con los que surgieron tras ilegalizar esos comercios (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013).

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas. Los que defiende la política prohibicionista regularmente terminan desviando la discusión a los daños físicos, psicológicos y sociales que vinculan con el uso de estas sustancias psicoactivas. Los prohibicionistas, quienes han demostrado tener poder para hacer política pública, han partido de sus tabúes personales, religiosos o morales para trabajar con asuntos que merecen ser analizados de forma objetiva. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de las políticas prohibicionista, sus abanderados usan argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización de las mismas. Una contradicción, pues si algo hace la prohibición es desincentivar, o por lo menos hacer más difícil y burocrático,  el manejo salubrista de los posibles problemas derivados del consumo de sustancias.

Por tanto, es claro que lo que debe estar en discusión en esta mesa y en el País, es si tras cien años de aprobar y mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar, o poseer una u otra sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con el mercado y el consumo de las mismas.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del “daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en primer lugar. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food” y que están llenas de azúcar, grasas y sal? Después de todo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

¿Si como se dijo antes, los peligros relacionado con el uso no son el factor real para justificar la prohibición de las llamadas drogas, cuál entonces es la razón para su ilegalidad?

Para contestar esta pregunta, se puede partir de la llamada “criminología crítica” desarrollada al final del siglo XX. A diferencia del “Derecho Positivo”, la también llamada “nueva criminología” no acepta eso de que la ley es instrumento de balance o protección social. Para estos criminólogos, la ley es solo una herramienta para que unos grupos sociales poderosos impongan su discurso ideológico. Desde este crisol, las prácticas prohibicionistas y las leyes que las imponen, surgen de las relaciones de poder y no de verdaderas necesidades sociales (Ferrell y Sanders 1995).

Tomando entonces la criminología crítica como punto de partida, se pudiera decir que las verdaderas razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio fueran ilegalizadas en la primera mitad del siglo XX fueron de índole religiosa, racial, económica y de luchas por prestigio social o político. Es decir, las sustancias, no se ilegalizaron por razones salubristas o médicas como se reproduce de la vieja práctica discursiva. Por tanto, en la práctica, estos estatutos se revelan como herramientas para controlar y no para proteger a los ciudadanos (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza 2012).

Mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimiento en Estados Unidos de movimientos de avivamiento en el sector cristiano conservador protestante. Ese resurgimiento se desarrolló como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como un país independiente a Estados Unidos. Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos reflejaran e impusieran un estilo de vida cristiano desde el punto de vista puritano protestante, de temperancia y de fuerte control frente a los placeres. De ahí surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX, logró la prohibición del alcohol y más tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista fácilmente acaparó el respaldo de los poderosos en Estados Unidos, pues resultó muy cónsono con la racista visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, que controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y referente de la naciente civilización industrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese poder, la prohibición de “las drogas” surgió como una excelente excusa que les permitía el control y la represión de las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).  El pánico moral resultante disparó un proceso que terminó demonizado y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. Aprovechándose del mencionado pánico, algunas empresas vieron en la prohibición una oportunidad para adelantar sus intereses comerciales. (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. Su lógica fue que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, podrían acaparar y dividirse el lucrativo mercado de los textiles que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias invirtieron recursos económicos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol, por lo que ambos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia unos y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Incluso si vamos miramos el proceso de forma más crítica, la prohibición de las drogas surge como parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina. De esta manera, el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, y que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a una  nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” fue solo un intento por parte del capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la criminología crítica, se entiende entonces que estas leyes se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que generó la nueva sociedad industrial.

Por otro lado, está visión criminológica entiende que hoy, a pesar de su fracaso manejando y controlando el uso de las sustancias, estas leyes se mantienen por dos razones principales. Primero porque las mismas legitiman la intromisión del Estado en la vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Desde esta  perspectiva política, se entiende también que estas prohibiciones se mantienen pues las mismas todavía funcionan como justificación legal para intervenir, controlar y criminalizar las minorías raciales y económicas. De igual forma y en segundo lugar, esos estatutos prohibicionistas sirven de excusa para que países poderosos, pero sobre todo  Estados Unidos, mantengan una políticas intervencionistas desplegando agentes y fuerzas militares en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global” (Grandin 2006; Davis, 2005; Manjón-Cabeza, 2012).

Es apremiante entonces no permitir que la apremiante necesidad de revisar y redefinir  la  absurda y fallida política pública en torno a las sustancias psicoativadoras se desvíe a discusiones sobre el daño, los efectos o el peligro de sus usos o abusos. Esa discusión la desarrollan los salubristas desde sus disciplinas.  Lo que si se tiene que discutir a nivel de toda la sociedad es si mantener la prohibición del cannabis, o de la sustancia que sea,  hace más fácil o más difícil el manejo o el control de las mismas y sobre todo el tratamiento de aquellos usuarios para quienes el consumo se torne en problema.

Partiendo de lo anterior, y tras cien años de la fallida prohibición repito, no hay otra alternativa que no sea estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas que en la práctica no solo terminan haciendo más difícil el manejo salubrista las mismas, sino que acaban costándonos la sangre de nuestros hijos en su edad más productiva.

Ya es hora de discutir el verdadero problema, es decir la prohibición.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A.(2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Szasz T. (1992) Our Right to drugs, Syracuse, Syracuse University Press

Szasz T. (2003) Ceremonial Chemistry, Syracuse, Syracuse University Press

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.

Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012)  Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico, 2001–2010. Rev Panam Salud Pública. 2012;32(5):321–9.

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