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El Blog de Gary Gutiérrez

Observador, documentador, fotógrafo callejero, bloguero y comunicador social. También comidista del bajo mundo culinario, abusador de cafeína e iconoclasta aspirante a ácrata y apóstata, comantenedor del programa Temprano En La Tarde todos los días a las 4:00pm por PAB550.COM

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Crisis y cotidianidad en Puerto Rico


Día a día, lenta pero segura, la crisis va dejando de ser abstracta y se va materializando en la cotidianidad.

Mientras, nosotros seguimos enajenados en espera de Superman…

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Gobernador será responsable por cualquier tragedia en Peñuelas


Advierten al Gobernador que será responsable de cualquier tragedia que ocurra por represión policial en Peñuelas.

Para escuchar el reportaje

Apagón y violencia


Por Gary Gutiérrez

Hay veces que una pregunta abre la puerta a la respuesta que no era.

Me refiero a que en medio de la situación de emergencia que sufrió la isla tras el colapso de su sistema eléctrico, una estación de radio de la Florida central me llama para preguntarme cómo se comportó la ciudadanía.

La interrogante surge de la experiencia con situaciones similares en Estados Unidos, donde en más de una vez, el colapso de sistema eléctrico resulta en el despliegue represivo del Estado ante la violencia, los motines, las reyertas y los saqueos que se producen.

Después de todo, la inmensa mayoría de los pobres en esa nación, como en otras industrializadas, utilizan cualquier anomalía que demuestre vulnerabilidad sistémica para desatar un frenesí carnavalesco que les haga sentir ilusoriamente poderosos y en control de su vida y su derredor social o físico.

Ante la inesperada y publica interrogante, contesté en medio de un torbellino de ideas que surgen en mi cabeza.

“No, el pueblo dio ejemplo de civismo, auto control y solidaridad” digo dándole más valor a los hechos positivos que al “despelote” vehicular que se reportó durante las primeras horas de la emergencia.

Cuando viene al comportamiento observado durante esa emergencia, el balance tiene que ser positivo. En términos generales, y comparado con lo que ocurre en Estados Unidos durante situaciones semejantes, el país se portó bien.

Sin embargo, y en la mejor tradición de la llamada criminología crítica, mientras trataba de contestar la interrogante periodística, lo que salió de mi boca fue: “la gente se portó bien, a diferencia del establishment que lleva décadas desatando la violencia económica con el país. Violencia económica de la cual este apagón es solo otro ejemplo.

Digo en la tradición de la criminología crítica, pues es una visión académica que estudia la desviación y lo criminal desde el orden social donde se produce.

Es interesante el interés que los medios de comunicación muestran en las expresiones burdas de la violencia callejera o doméstica, mientras ignoran, invisibilidan o redefinen la sutil violencia económica que diariamente afecta a un número mucho mayor de personas.

El que la clase política, unos por acción y otros por omisión, saquearan por décadas el país mediante esquemas de inversionismo político, eso no se define como violencia.

Los medios de comunicación no construyen como violencia que, mediante la privatización, se pongan al servicio de la ganancia privada los servicios primarios que se supone el Estado moderno brinde a sus ciudadanos.

Mucho menos es violencia para los medios, el que esa misma clase política tomara prestado para obras que no se necesitaban, o que podrían realizarse de forma menos pomposas o extravagantes. Dinero prestado que terminó, como forma de repago mediante contratos privados, en los bolsillos de los inversionistas político.

Es decir, nos enseñan a no ver como violencia que la clase política tomara prestado en nombre del pueblo mucho más de lo que se necesitaba, sabiendo que no podíamos pagarlo y sabiendo que, de forma legalizada, terminaría siendo robado por ellos para pagar a sus inversores.

Al contrario, como acólitos del orden, los medios venden ecomo la solución sos procesos de repago al inversionista político mediante la privatización como la solución a la actual crisis económica, que recordemos  fue creada por los excesos resultantes de los mismos procesos de privatización antes detallados.

Si definimos libremente la palabra violencia como el uso de fuerza física o emocional “para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo”[i]; entonces podemos decir que violencia no solo es lo que se pude ver en las calles cuando el pueblo se levanta en un frenesís de empoderamiento carnavalesco.

Violencia también es ese orden social a beneficio del capital que nos han normalizado al punto de que ya no la vemos como causa de daño sino como solución a los mismos.

[i] https://www.google.com.pr/search?q=indice+desigualdad+mundial&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=hnDqV6rWO8at-QHvjo2ABw#q=violencia+definici%C3%B3n

Árbitros y no regentes: Policía y el espacio público


El pueblo que es refranero
canta con su propio rezo
aunque un rosario de penas
lleve guindando en su pecho.
Y hay que afinar el tiro
es decir la puntería
que aunque diga groserías
el pueblo tiene derecho.
Y no se me ponga arrecho
pero es la pura verdad
Alí Primera

 

Por Gary Gutiérrez

Como era de esperar, el nombramiento de una “Junta de Control Fiscal” junto a los conflictos de clase y la exclusión que caracterizan la sociedad puertorriqueña, ya comienzan a generar encontronazos en el espacio público.

Aparte de la violencia que usualmente sirven en la isla como válvula de escape, es decir la llamada violencia criminal y la social, lo que parece experimentar un alza es la confrontación entre el estado  y unos sectores del pueblo puertorriqueño quienes retan sus decisiones y sus políticas por entender que el primero no les representa.

En medio de este conflicto se encuentra la Policía de Puerto Rico. Cuerpo que en la Isla es de naturaleza civil, encarna el monopolio de la violencia que en su inmensa mayoría –por no decir totalidad- y que se compone por personas proveniente de los mismos sectores pobres y marginados de donde vienen aquellos etiquetados como revoltosos o criminales.

Partiendo del párrafo anterior, es importante entender entender que, al igual que con la violencia social y criminal, los protagonistas que derraman su sangre en medio de estos conflictos “políticos”, son los pobres.

Ese conflicto económico y político se da enmarcado en el llamado derecho constitucional que por virtud de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos rige en la isla caribeña. Esto a pesar de que Puerto Rico tiene una ley que llaman constitución, pero que lejos de ser el principal estatuto que rige la vida de los puertorriqueños, las más recientes decisiones de los tribunales estadounidenses la desenmascaran como una simulación productos de necesidades políticas de otras décadas.

Así pues, tanto las acciones de los que protestan, como las de quienes exigen su derecho a reunirse en un espacio -privado o público-, en Puerto Rico están protegidas por la primera enmienda de la constitución estadounidense que lee, “[e]l Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.” 

Cuando ese derecho a reunión y la libertad de expresión de quienes usan el espacio público para protestar, choca con el derecho de otros que pretenden acceder a una instalación para reunirse o consumir, es el trabajo de la Policía intervenir para mantener la paz social y evitar la violencia.

Es decir, el rol de los ciudadanos uniformados que ejercen la autoridad que el estado se abrogó para monopolizar la violencia, no es de ser jueces para otorgar la controversia, es de ser árbitros que aseguren que el conflicto no se salga de proporción y evitar así las agresiones físicas.

Igualmente, la presencia de la uniformada debe incluir que no se viole ninguna ley. Por supuesto, se puede discutir la legitimidad o legalidad de eso que llaman “ley”, pero eso requiere una discusión aparte.

Ante el conflicto de dos sectores sociales encontrados en la calle, como vimos cuando  grupos opuestos a la política socioeconómica del estado que ocuparon el espacio público para dramatizar sus pedidos, chocaron con los sectores que respondieron a la convocatoria de la Cámara de Comercio para discutir como manejar la llegada de la llamada Junta de Control Fiscal, el trabajo de la Policía de Puerto Rico no es decidir qué derecho debe imperar y mucho menos usar la fuerza para ayudar a prevalecer a uno de los dos sectores encontrados 

Al contrario, al igual que cuando hay una situación especial como un funeral, un desfile o una caravana política, la función de la uniformada debe ser buscar otras alternativas de acceso, pero siempre evitando que se desate la violencia entre los actores sociales que ejercen su derecho al uso del espacio público.

El armarse de escudos y batones, emulando las legiones romanas en formación de “testudo” o “tortuga”, con el propósito de arremeter contra ciudadanos que ejercen su derecho a exigirle cuentas al estado, no solo es agresión, es una clara violación al derecho constitucional que los policías juraron defender.

En caso de que en ese ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a reunión se viole  alguna ley o estatuto, la única acción legítima sería, salvaguardado el debido proceso establecido en la ley, el arresto o citación de esa persona o personas.

Permitir el uso de los efectivos policíacos como avanzada para abrirle paso por la fuerza a uno de los grupo en conflictos, es faltar el respeto de ese cuerpo, reduciéndolos al gansteril rol de  guapetones de barrio al servicio de los poderosos.

Los derecho son garantías que tienen los ciudadanos frente al estado.

Por lo que se puede preguntar a  juristas o a sociólogos del derecho, si existe tal cosa como derecho a pasar por un espacio público ya ocupado legítimamente por otro. Igualmente cabe preguntarles si el estado tiene autoridad legítima de remover del espacio público a una persona que lo ocupa para protestar, solo porque ese ejercicio de expresión le causa contratiempos a otros.

Finalmente, y tal vez más importante, se pudiera preguntar si una sociedad que aspira a ser democrática debe permitir que sean sus aparatos represivos en la calle quiénes determinen, qué derecho tiene más valor y cuál debe prevalecer cuando surja el conflicto.

 

Citado por WRTU en Abusiva la Policía de Puerto Rico, según experto….afirma no existe verdadera reforma en la Uniformada


img_7977“La pasada semana el gobernador Alejandro García Padilla defendía las bondades de la reforma policial y afirmaba que la ciudadanía confía hoy más en la Uniformada que hace unos años. Simultáneamente, se radicaba un pleito federal por violaciones a los derechos civiles en contra de la Policía de Puerto Rico, y en Estados Unidos el departamento de Justicia señalaba a la Policía de Baltimore como un cuerpo discriminatorio y abusivo. Para el criminólogo y profesor de Justicia Criminal Gary Gutiérrez, ninguno de estos eventos son independientes, ya que responden a una misma realidad: un esquema de militarización del orden público, orquestado a nivel federal y que culmina, en demasiadas ocasiones, con violaciones a los derechos humanos. Informa Javier Villa.”

Para escuchar

 

Citado en: “El efecto del miedo”; de manifiesto la proliferación de equipo y tácticas militares en la Policía


sábado, 30 de julio de 2016 – 12:26 PM

Por Cynthia López Cabán

 

img_9066En Dallas, la Policía utilizó un robot con explosivos –a inicios de julio – para abatir a un hombre negro que se atrincheró en un garaje del centro de la ciudad tras supuestamente matar a cinco policías en repudio a la muerte de dos hombres afroamericanos a manos de agentes del orden público.

A 2,130 millas de distancia, un Humvee de la Policía Municipal de Ponce –que se usó en la guerra de Irak– escoltaba una brigada de reclusos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que el último jueves de este mes realizaba trabajos de ornato en las carreteras de la Ciudad Señorial.

Quizás la estampa del vehículo militar transitando  por calles de la Isla pase inadvertida debido a la normalización de la iconografía militar en el diario vivir y porque nuestra imagen más clara del militarismo se remonta a la década de los 90, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló  desplegó la Guardia Nacional en los residenciales públicos como medida para combatir el crimen.

Sin embargo, la utilización del robot como táctica para acabar el violento episodio en Texas evidenció  la proliferación de equipo y tácticas militares en los  cuerpos llamados a velar por la seguridad pública.

El proceso de militarización de la Policía comenzó hace décadas y responde a intereses económicos, explicaron a El Nuevo Día los criminalistas José Raúl Cepeda Borrero y Gary Gutiérrez Renta.

“Ese proceso quizás empezó con (Ronald) Reagan, pero cogió fuerza a partir de la era de (Bill) Clinton”, apuntó Cepeda Borrero.

Como gobernador de California, Reagan empezó a blindar a los policías con armas y les ofreció entrenamiento militar. La Policía de Los Ángeles también estableció el primer equipo de SWAT, una unidad especializada en armas y tácticas, en medio de revueltas universitarias y tras los disturbios en la comunidad de Watts en Los Ángeles, en el 1965, provocados por la detención de un joven negro por una infracción de tránsito.

Esa visión de militarizar la policía acompañó a Reagan durante sus dos términos como presidente. Luego Clinton aprobó legislación que permitió que el excedente de armas de la milicia pasara a las fuerzas policíacas.

“Algunos dicen que estuvo influenciada por el aparato industrial militar que luego de la guerra de Vietnam había perdido espacio para vender sus armas”, indicó Gutiérrez Renta.

Bajo estas circunstancias y la asignación de mayores fondos para comprar equipo nuevo y librar la llamada guerra contra las drogas, surgió el policía “guerrero”. La militarización de la policía volvió a resurgir cuando Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo tras los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y destinó millones de dólares para dotar las policías municipales y estatales.

Una investigación de The New York Times descubrió que, entre el 2006 y el 2014, las policías estatales y municipales adquirieron 93,763 rifles de asalto, 435 vehículos armados, 44,900 binoculares de visión nocturna y 533 helicópteros, entre otras herramientas bélicas.

Golpe a las minorías

img_9067Cepeda Borrero y Gutiérrez Renta advirtieron que las comunidades no son zonas de guerra y que la militarización de las fuerzas del orden afecta desproporcionadamente a las minorías raciales y atenta contra las libertades ciudadanas.

“Preocupa, desde la perspectiva de los derechos humanos, el uso de ‘drones’ (aviones sin pilotos) o robots para ‘neutralizar’ supuestos francotiradores. Cuando ‘neutralizas’ a un ciudadano, eso es una ejecución extrajudicial, que quiere decir que es una ejecución donde no medió el debido proceso de ley”, afirmó Cepeda Borrero.

Siguiendo esta línea, planteó que imponer una lógica bélica en escenarios de delincuencia diaria era problemático porque la tecnología no era infalible y porque los prejuicios atravesaban esas decisiones.

“El derecho a portar armas se ha convertido en el derecho a portar armas del varón blanco. Si eres un varón negro eres sospechoso”, precisó.

En Dallas, la policía erróneamente identificó como sospechoso a un hombre negro que portaba un rifle y vestía una camiseta de tela de camuflaje en la protesta que acabó con el tiroteo a los policías.

El día antes, en Minnesota, un policía mató a Philando Castile durante una intervención de tránsito y luego que el hombre negro informó que portaba una arma de forma legal.

“Esa posibilidad de confusión hace que automáticamente haya que descalificar el uso de equipo de grado militar… La tecnología ha mejorado, pero no lo suficiente para neutralizar a una persona sin matarla. Entonces lo que estás haciendo es una ejecución. Lo juzgaste, lo condenaste y lo ejecutaste”, insistió Cepeda Borrero.

Origen racista

Los prejuicios raciales y de clase también han infiltrado la imposición de normas bélicas en contextos de convivencia ciudadana.

“Desde el comienzo, eso que llaman policía es una institución racista y clasista que defiende el orden social, en este caso el orden social capitalista”, insistió Gutiérrez Renta.

Mencionó que en Estados Unidos, la esclavitud se mantenía legalizada con patrullas de esclavos, que salían a buscar a los cimarrones para devolverlos a las haciendas del sur del país.

“La función de la policía para manejar el crimen diario es un concepto de la segunda o tercera década del siglo XX, cuando surgió la prohibición del alcohol”, afirmó Gutiérrez Renta.

Pese a esta transformación en funciones, para el profesor, que dicta cursos de justicia criminal, la policía nunca abandonó esa visión de “patrulla de esclavos”, que aflora con la militarización del cuerpo y con la llegada de las nuevas tecnologías.

“Los sectores marginados tienen formas de divulgar información a través de las redes sociales, que permite reconstruir lo ocurrido. Hace una década mataban a una persona en la calle y el único referente era la versión del policía. Ahora hay vídeos”, puntualizó.

Como parte de su análisis, alertó sobre la insensibilidad que crea la iconografía militar en la calle porque los ciudadanos comienzan a  acostumbrarse a ver los policías vestidos con ropa antimotines o al exceso de fuerza como parte de sus funciones.

“Un policía no me puede dar órdenes en la calle. Él tiene que justificarme por qué me está dando órdenes y eso se ha ido invirtiendo”, afirmó.

“La visión normalizada es de guerrero. El policía es un civil y está para establecer la paz social, mientras que el guerrero está para imponer fuerza mortal si es necesario”, agregó

Leña al fuego

Para atender los problemas de violencia que alteran la paz social, hay que eliminar la pobreza, la desigualdad y las inequidades de nuestro sistema, apuntalaron Gutiérrez Renta y Cepeda Borrero, cuyos planteamientos coinciden con las propuestas en el área de seguridad de la Agenda Ciudadana. Reconocieron, sin embargo, la dificultad de esta propuesta puesto que supone un cambio en las estructuras de poder.

“La estrategia tiene que ser un desarme y empezar a replantearnos los procesos desde la comunidad… Pero seguir tomando medidas restrictivas lo que hace es seguir echándole leña al fuego”, afirmó Cepeda Borrero.

 

 

Dallas, no es aplaudible pero si entendible…


Por Gary Gutiérrez

Tomada de: blacklivesmatter.com
Tomada de: blacklivesmatter.com
La muerte de cinco personas en medio de una reyerta es siempre una tragedia. No obstante cuando las víctimas son agentes del estado, la desdicha toma otra connotación simbólica.

Es por esto que los incidentes suscitados en Dallas durante al comienzo de este mes de julio no solo estremecieron la nación estadounidense, pusieron en relieve las relaciones de poder, dominación y exclusión que constituyen esa sociedad.

El incidente se convirtió en un virus mediático desde el mismo momento que comenzó, ya que tanto las redes sociales como la prensa consumieron el mismo como si se tratara del estreno de una saga taquillera.

De hecho, las crónicas periodísticas de la tragedia eran comparables con las historias periodísticas que en otras décadas llegaban de guerras civiles como lo conflictos en Centro América, Vietnam y la Europa de los año 1940.

Después de todo,  la reyerta que terminó con la muerte de cinco policías tenía los tres elementos para hacer de la historia una viral. Es decir, estaba ocurriendo en vivo, era fácil ver quiénes eran los buenos y los malos y por supuesto, en ese momento, se podía descontextualizar fácilmente de todo análisis histórico o social.

Como resultado, el suceso reafirmó la imagen de que las comunidades negras son salvajes por lo que tienen que ser vigiadas y controladas todo el tiempo. Esto a pesar de los llamados de unidad y oración del propio Jefe de la Policía en Dallas, David Brown.

Sin embargo al mirar este acontecimiento en el contexto de la tradición socio política estadounidense, el mismo surge como el más reciente hecho de una historia de terror y guerra entre el sector poderoso estadounidense y los sectores más pobres, que en esa nación se encarna en los negros y latinos.

Ese conflicto, entre negros, es decir pobres, y el sector poderoso o “establishment” se viene suscitando en Estados Unidos desde el siglo XIX cuando se ilegalizo la esclavitud como forma de organización para la producción.

Por décadas creció tanto el miedo y la frustración en los sectores negros explotados, como el miedo y la desconfianza por parte del blanco propietario.

El miedo y la frustración de los sectores negros creció bajo el régimen legal conocido como el periodo de las leyes Jim Crow.

Es decir un conjunto de leyes que no solo controlaban la vida de los afroamericanos imponiendo y justiciando por la fuerza del propio Estado un estatus inferior a esos seres humanos. Permitían licencia de corso al blanco para cubrirse su rostro con una capucha blanca y castigar, abusar físicamente o linchar a cualquier afrodescendiente sin necesidad de juico alguno.

De igual manera el precio de esa supuesta superioridad del blanco y propietario, era la constante vigilancia y el miedo ante la posibilidad del levantamiento de estos “salvajes” a quienes desde el periodo esclavista veían como peligrosos gigantes y robustos, con insaciable apetito sexual para las mujeres blancas.

Es con esa visión que durante casi todo el siglo XX se forjaron las relaciones de poder entre negros y blancos. No es hasta mediados de la década del 1960 que Lyndon Baines Johnson, movido por luchadores de los derechos civiles entre los que se destacan Martin Luther King y Malcolm X, firma una ley para declarar la igualdad de Derechos de todos y todas las ciudadanas.

De esta manera, según en el pasado las leyes de Jim Crow sustituyeron la forma de control bajo la esclavitud, ahora surgiría un nuevo aparato represivo que controlaría desde las estructuras policiacas a estos sectores pobres, es decir negros y latinos, que ahora “se creen con derechos”.

Ante esta nueva política de control, sectores afroamericanos y latinos con consciencia, política y de clase, se organizaron para reclamar y verdaderamente hacer valer sus derechos, incluso por la fuerza si fuera necesario.

Es así que la administración del republicano Richard Nixon declara a nivel federal, primero la Guerra contra el Crimen y luego la Guerra contra las Drogas.

Ambas leyes fueron en realidad pretextos para que el Estado pudiera intervenir y controlar lo que ellos llamaban “el problema negro”. Entiéndase la respuesta organizada y consciente de aquellos pobres que se negaban a ocupar su rol como fuerza de trabajo sumisa y barata.

En resumen, el resultado de estas políticas fue el recrudecimiento de los conflictos entre las comunidades y las fuerzas policiacas que, al igual que las leyes Jim Crow,  dejaron un sin número de activistas afrodescendientes, nativo americanos y latinos asesinados por el Estado.

Paralelo a este proceso, surge una nueva variante, el narcotráfico, actividad económica ilegalizada que, por un lado va proveyendo capacidad económica a estas comunidades negras y latinas, mientras por otro va sustituyendo la organización política como forma de ordenar la respuesta a esa marginación.

Esta es la realidad que sirve de referente para que, con el surgimiento del neoliberalismo durante las administraciones de Ronald Wilson Reagan y William Jefferson Clinton, se militarizaran los cuerpos policiacos en contra de estos sectores pobres que se niegan a la sumisión.

Así llegamos a la polarizada sociedad estadounidense del siglo XXI.

Por un lado hay una organización social que tiene una enorme fuerza trabajadora marginada y excluida que, si bien tiene cierta consciencia de sus Derechos, perdieron la capacidad para organizarse políticamente para reclamar los mismos.

Mientras por otro lado mantiene un aparato represivo cuya visión de esa fuerza trabajadora, es decir del negro y el latino, es que la misma está compuesta por peligrosos salvajes capaces de reaccionar con violencia irracional.

Esta es la realidad histórica que termina en la tragedia del Dallas.  Un lobo solitario, y probablemente enajenado, respondió con violencia inconsciente ante los abusos que por más de cien años viene realizado el “establishment”en contra de su comunidad.

En resumen que este tipo de incidente, no es otra cosa que el resultado esperado del orden social que el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano lleva más de tres siglos imponiendo por la fuerza.

Esto no quiere decir que esa respuesta no sea condenable. Lo que quiere decir es que es explicable.

 

 

 

Memoria corta, violencia y simulación (micro-cuento)


Parada frente al cuarto asesinado del fin de semana, la ciudad no recordó la redada del martes pasado. 

Prefiró la felicidad de la simulación.

Simulación y reforma policiaca en el Puerto Rico del siglo XXI


Presentado por Gary Gutiérrez el 29 de enero de 2016 ante estudiantes de internado en el Recinto de Ponce Universidad Interamericana de Puerto Rico

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La llegada del 2016 marca en el calendario una fecha de múltiples problemas para Puerto Rico, territorio colonial de mayor extensión y población bajo la bandera del imperio estadounidense.

Tanto la crisis económica producto de sobre cien años de políticas en servicio al imperio, como el desastre educativo productor, tanto a nivel escolar como universitario, de un burocratizado sistema cuyas políticas pedagógicas son pautadas por los requisitos para cualificar para fondos federales y no por las necesidades sociales; son solo dos ejemplos del colapso y la ingobernabilidad que vive el y la puertorriqueña promedio en la segunda década del siglo XXI.

Digo ingobernabilidad pues a pesar de que simulamos ser una sociedad organizada, y de que parecemos un colectivo funcional en comparación con otras regiones del mundo; la realidad aparente es que la mayoría de los habitantes de este pequeño archipiélago en el Caribe no podemos alcanzar el nivel de vida que nos prometieron como resultado normal de aquella falsa economía subvencionada a mediado del Siglo XX por Estados Unidos.

Nuestro actual orden social es en realidad un espejismo de progreso que creó a mediados del siglo XX Estados Unidos con la intención de venderse como una potencia caritativa, bondadosa y distribuidora de bienandanzas y democracia frente a los avances en las Américas de las simpatías y el apoyo al comunismo autoritario que impuso en la desaparecida Unión Soviética y en sus países satélites que eufemísticamente llamaban “socialismo”.

Es en medio de todo ese proceso económico, social y políticamente imperial que se desarrolla desde la mentalidad del colonizado que nos ilustraron Fanon (2005) y Memmi (2005), un aparato represivo estatal, ese que usted conoce como “sistema de justicia estatal”, que no es otra cosa que la herramienta para que fuéramos los propios puertorriqueños los que veláramos por los intereses económico, políticos e ideológicos del imperio. Esto no debe sorprender a nadie, pues es el mismo espacio de vigilancia a las minorías y a los pobres que ocupan esas agencias en los propios Estados Unidos (Alexander 2010) (Balko 2013) (William, 2015).

Tomando lo anterior como punto de partida, parecería lógico entonces que para adentrarse en el análisis de la mal llamada Reforma de la Policía en Puerto Rico respondamos primero al llamado que nos hace John Muncie en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología burguesa, supuesta ciencia desarrollada durante la modernidad y que se limita a estudiar lo criminal desde los desviados o criminales, así como desde las alternativas para controlar el comportamiento de estos.

Es así que les invito a que se adentren al tema de la supuesta reforma de la policía desde esa nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudia críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues como ya se dijo fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual puesta en entredicho Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).

En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).

Es decir para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos. En realidad, desde el comienzo de estás agencias, estas acciones son la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y la función de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la policía funcione diferente (Malavet, 2014).

Según el trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para la paz y la prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden”, según definidos estos conceptos por el sistema político colonial estadounidense. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define los cuerpos policiacos, desde su principio, como instituciones represivas subordinados directa o indirectamente al servicio y a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).

Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas, por no usar el término gangas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos”. Estos escuadrones con licencia de corso recorrían los estados durante la primera parte del siclo XIX, cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y ejecutaban o deportaban a las haciendas que les pagaban por cabeza reclamada (Alexander, 2010) (William, 2015). De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsteres que fungían de guardias, jueces y verdugos campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013). Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015). En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron también compañías como la todavía existente “Pinkerton Detective Agency” notorios por abrir fuego y asesinar obreros durante una protesta organizada como respuesta a los abusos de magnates capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones sumada a la forma en que los policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).

Acortado el largo cuento, más tarde para hacer frente a los nuevos retos ante la imposición de la prohibición del alcohol y sus resultados no intencionados, se difunde en Estados Unidos la necesidad, tanto a nivel local como federal, de una fuerza represiva profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Balko, 2013) (Manjón-Cabeza, 2012).

Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que en Puerto Rico se crean, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos represivos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que a los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de los agentes del Estado de aquellos que no acepten su rol como engranaje desechable en la máquina de producción capitalista (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009).

Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como cínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente cínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como cruzados regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena, los arma, y los tiene allí.

Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.

Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar.

Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que nosotros, todos y todas, el pueblo aceptamos el rol represivo y normalizador que ejerce la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitan cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.

A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social. En esa sociedad, tal vez idealizada y fantasiosa, no hay cabida para policías de ley y orden, solo para agentes de paz social.

 

 

 

Referencias

 

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Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.

Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.

Fanon F. (2005). The Wretched of the Earth. New York City, Grove Press; Reprint edition

Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.

Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.

Memmi A. (2005) Retrato del colonizado. ,Argentina, De La Flor; edición reimpresa

Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.

Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.

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