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El Blog de Gary Gutiérrez

“Barbiquero” de patio en formación, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, y comantenedor del programa Temprano en la Tarde de http://www.pab550.com

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violencia

¿Se reforman o profesionalizan la represión?


¨La policía está entrenando en la cancha de Santo Tomas para manifestaciones. Canta “Lucha si entrega no”, “el pueblo unido jamás será vencido”, “se llama a sí Misma puercos” y anda dando cantazos con escudos. Cancha cerrada. Luces apagadas o bajitas.¨

Con este mensaje un grupo de activista hace visible un proceso de entrenamiento que la Policía de Puerto Rico desarrolla desde mayo de este año.

So color de cumplir con la llamada Reforma de la Policía, el organismo somete a todas y todos los uniformados a un entrenamiento para el “manejo de multitudes”, confirman efectivos que ya participaron del mismo.

Los adiestramientos son dirigidos por personal del propio cuerpo quienes a su vez, supuestamente fueron entrenados y certificados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Tras los incidentes del “Verano del 2019”, el entrenamiento se amplió para incluir “manejo de multitudes” durante las noches, confirmó uno de los policías participante.

Por supuesto el entrenamiento antimotines, como antes se conocían estas técnicas, no es nada nuevo. Sin embargo, de la forma en que se implementa en la actualidad surgen varias preocupaciones.

¿Quién o quiénes diseñaron el currículo para el mismo?

¿Por qué el comienzo de estos talleres no se anunció publicamerte?

¿Si realmente son entrenamientos para evitar excesos y abusos policiacos, no debieran estar bajo la supervisión o por lo menos monitoreo de la CDC de PR, CAAPR, ACLU, AIPR, Kilómetro O?

Por otro lado, este asunto no se debe ver aislado de los constantes pedido por parte de una Policía que alega que para poder enfrentar la supuesta “ola criminal” que arropa el País necesita más recursos fiscales y humanos.

Si para buen entendedor, con pocas palabras bastan, es fácil entender que la agenda neoliberal que domina la adminstrtacíón pública pudiera llevar a Puerto Rico a una confrontación política en las calles.

Dos más dos son cuatro, el Estado Colonial lo sabe y al parecer se está preparando…

Salud y resistencia….

Citado en “Necesario acabar con el mercado de la droga”


Necesario acabar con el mercado de la droga…

por Daniel Rivera de Primera

Hora

m.primerahora.com/necesarioacabarconelmercadodeladroga-1370300.html

Crisis y cotidianidad en Puerto Rico


Día a día, lenta pero segura, la crisis va dejando de ser abstracta y se va materializando en la cotidianidad.

Mientras, nosotros seguimos enajenados en espera de Superman…

Gobernador será responsable por cualquier tragedia en Peñuelas


Advierten al Gobernador que será responsable de cualquier tragedia que ocurra por represión policial en Peñuelas.

Para escuchar el reportaje

Apagón y violencia


Por Gary Gutiérrez

Hay veces que una pregunta abre la puerta a la respuesta que no era.

Me refiero a que en medio de la situación de emergencia que sufrió la isla tras el colapso de su sistema eléctrico, una estación de radio de la Florida central me llama para preguntarme cómo se comportó la ciudadanía.

La interrogante surge de la experiencia con situaciones similares en Estados Unidos, donde en más de una vez, el colapso de sistema eléctrico resulta en el despliegue represivo del Estado ante la violencia, los motines, las reyertas y los saqueos que se producen.

Después de todo, la inmensa mayoría de los pobres en esa nación, como en otras industrializadas, utilizan cualquier anomalía que demuestre vulnerabilidad sistémica para desatar un frenesí carnavalesco que les haga sentir ilusoriamente poderosos y en control de su vida y su derredor social o físico.

Ante la inesperada y publica interrogante, contesté en medio de un torbellino de ideas que surgen en mi cabeza.

“No, el pueblo dio ejemplo de civismo, auto control y solidaridad” digo dándole más valor a los hechos positivos que al “despelote” vehicular que se reportó durante las primeras horas de la emergencia.

Cuando viene al comportamiento observado durante esa emergencia, el balance tiene que ser positivo. En términos generales, y comparado con lo que ocurre en Estados Unidos durante situaciones semejantes, el país se portó bien.

Sin embargo, y en la mejor tradición de la llamada criminología crítica, mientras trataba de contestar la interrogante periodística, lo que salió de mi boca fue: “la gente se portó bien, a diferencia del establishment que lleva décadas desatando la violencia económica con el país. Violencia económica de la cual este apagón es solo otro ejemplo.

Digo en la tradición de la criminología crítica, pues es una visión académica que estudia la desviación y lo criminal desde el orden social donde se produce.

Es interesante el interés que los medios de comunicación muestran en las expresiones burdas de la violencia callejera o doméstica, mientras ignoran, invisibilidan o redefinen la sutil violencia económica que diariamente afecta a un número mucho mayor de personas.

El que la clase política, unos por acción y otros por omisión, saquearan por décadas el país mediante esquemas de inversionismo político, eso no se define como violencia.

Los medios de comunicación no construyen como violencia que, mediante la privatización, se pongan al servicio de la ganancia privada los servicios primarios que se supone el Estado moderno brinde a sus ciudadanos.

Mucho menos es violencia para los medios, el que esa misma clase política tomara prestado para obras que no se necesitaban, o que podrían realizarse de forma menos pomposas o extravagantes. Dinero prestado que terminó, como forma de repago mediante contratos privados, en los bolsillos de los inversionistas político.

Es decir, nos enseñan a no ver como violencia que la clase política tomara prestado en nombre del pueblo mucho más de lo que se necesitaba, sabiendo que no podíamos pagarlo y sabiendo que, de forma legalizada, terminaría siendo robado por ellos para pagar a sus inversores.

Al contrario, como acólitos del orden, los medios venden ecomo la solución sos procesos de repago al inversionista político mediante la privatización como la solución a la actual crisis económica, que recordemos  fue creada por los excesos resultantes de los mismos procesos de privatización antes detallados.

Si definimos libremente la palabra violencia como el uso de fuerza física o emocional “para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo”[i]; entonces podemos decir que violencia no solo es lo que se pude ver en las calles cuando el pueblo se levanta en un frenesís de empoderamiento carnavalesco.

Violencia también es ese orden social a beneficio del capital que nos han normalizado al punto de que ya no la vemos como causa de daño sino como solución a los mismos.

[i] https://www.google.com.pr/search?q=indice+desigualdad+mundial&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=hnDqV6rWO8at-QHvjo2ABw#q=violencia+definici%C3%B3n

Árbitros y no regentes: Policía y el espacio público


El pueblo que es refranero
canta con su propio rezo
aunque un rosario de penas
lleve guindando en su pecho.
Y hay que afinar el tiro
es decir la puntería
que aunque diga groserías
el pueblo tiene derecho.
Y no se me ponga arrecho
pero es la pura verdad
Alí Primera

 

Por Gary Gutiérrez

Como era de esperar, el nombramiento de una “Junta de Control Fiscal” junto a los conflictos de clase y la exclusión que caracterizan la sociedad puertorriqueña, ya comienzan a generar encontronazos en el espacio público.

Aparte de la violencia que usualmente sirven en la isla como válvula de escape, es decir la llamada violencia criminal y la social, lo que parece experimentar un alza es la confrontación entre el estado  y unos sectores del pueblo puertorriqueño quienes retan sus decisiones y sus políticas por entender que el primero no les representa.

En medio de este conflicto se encuentra la Policía de Puerto Rico. Cuerpo que en la Isla es de naturaleza civil, encarna el monopolio de la violencia que en su inmensa mayoría –por no decir totalidad- y que se compone por personas proveniente de los mismos sectores pobres y marginados de donde vienen aquellos etiquetados como revoltosos o criminales.

Partiendo del párrafo anterior, es importante entender entender que, al igual que con la violencia social y criminal, los protagonistas que derraman su sangre en medio de estos conflictos “políticos”, son los pobres.

Ese conflicto económico y político se da enmarcado en el llamado derecho constitucional que por virtud de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos rige en la isla caribeña. Esto a pesar de que Puerto Rico tiene una ley que llaman constitución, pero que lejos de ser el principal estatuto que rige la vida de los puertorriqueños, las más recientes decisiones de los tribunales estadounidenses la desenmascaran como una simulación productos de necesidades políticas de otras décadas.

Así pues, tanto las acciones de los que protestan, como las de quienes exigen su derecho a reunirse en un espacio -privado o público-, en Puerto Rico están protegidas por la primera enmienda de la constitución estadounidense que lee, “[e]l Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.” 

Cuando ese derecho a reunión y la libertad de expresión de quienes usan el espacio público para protestar, choca con el derecho de otros que pretenden acceder a una instalación para reunirse o consumir, es el trabajo de la Policía intervenir para mantener la paz social y evitar la violencia.

Es decir, el rol de los ciudadanos uniformados que ejercen la autoridad que el estado se abrogó para monopolizar la violencia, no es de ser jueces para otorgar la controversia, es de ser árbitros que aseguren que el conflicto no se salga de proporción y evitar así las agresiones físicas.

Igualmente, la presencia de la uniformada debe incluir que no se viole ninguna ley. Por supuesto, se puede discutir la legitimidad o legalidad de eso que llaman “ley”, pero eso requiere una discusión aparte.

Ante el conflicto de dos sectores sociales encontrados en la calle, como vimos cuando  grupos opuestos a la política socioeconómica del estado que ocuparon el espacio público para dramatizar sus pedidos, chocaron con los sectores que respondieron a la convocatoria de la Cámara de Comercio para discutir como manejar la llegada de la llamada Junta de Control Fiscal, el trabajo de la Policía de Puerto Rico no es decidir qué derecho debe imperar y mucho menos usar la fuerza para ayudar a prevalecer a uno de los dos sectores encontrados 

Al contrario, al igual que cuando hay una situación especial como un funeral, un desfile o una caravana política, la función de la uniformada debe ser buscar otras alternativas de acceso, pero siempre evitando que se desate la violencia entre los actores sociales que ejercen su derecho al uso del espacio público.

El armarse de escudos y batones, emulando las legiones romanas en formación de “testudo” o “tortuga”, con el propósito de arremeter contra ciudadanos que ejercen su derecho a exigirle cuentas al estado, no solo es agresión, es una clara violación al derecho constitucional que los policías juraron defender.

En caso de que en ese ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a reunión se viole  alguna ley o estatuto, la única acción legítima sería, salvaguardado el debido proceso establecido en la ley, el arresto o citación de esa persona o personas.

Permitir el uso de los efectivos policíacos como avanzada para abrirle paso por la fuerza a uno de los grupo en conflictos, es faltar el respeto de ese cuerpo, reduciéndolos al gansteril rol de  guapetones de barrio al servicio de los poderosos.

Los derecho son garantías que tienen los ciudadanos frente al estado.

Por lo que se puede preguntar a  juristas o a sociólogos del derecho, si existe tal cosa como derecho a pasar por un espacio público ya ocupado legítimamente por otro. Igualmente cabe preguntarles si el estado tiene autoridad legítima de remover del espacio público a una persona que lo ocupa para protestar, solo porque ese ejercicio de expresión le causa contratiempos a otros.

Finalmente, y tal vez más importante, se pudiera preguntar si una sociedad que aspira a ser democrática debe permitir que sean sus aparatos represivos en la calle quiénes determinen, qué derecho tiene más valor y cuál debe prevalecer cuando surja el conflicto.

 

Citado por WRTU en Abusiva la Policía de Puerto Rico, según experto….afirma no existe verdadera reforma en la Uniformada


img_7977“La pasada semana el gobernador Alejandro García Padilla defendía las bondades de la reforma policial y afirmaba que la ciudadanía confía hoy más en la Uniformada que hace unos años. Simultáneamente, se radicaba un pleito federal por violaciones a los derechos civiles en contra de la Policía de Puerto Rico, y en Estados Unidos el departamento de Justicia señalaba a la Policía de Baltimore como un cuerpo discriminatorio y abusivo. Para el criminólogo y profesor de Justicia Criminal Gary Gutiérrez, ninguno de estos eventos son independientes, ya que responden a una misma realidad: un esquema de militarización del orden público, orquestado a nivel federal y que culmina, en demasiadas ocasiones, con violaciones a los derechos humanos. Informa Javier Villa.”

Para escuchar

 

Citado en: “El efecto del miedo”; de manifiesto la proliferación de equipo y tácticas militares en la Policía


sábado, 30 de julio de 2016 – 12:26 PM

Por Cynthia López Cabán

 

img_9066En Dallas, la Policía utilizó un robot con explosivos –a inicios de julio – para abatir a un hombre negro que se atrincheró en un garaje del centro de la ciudad tras supuestamente matar a cinco policías en repudio a la muerte de dos hombres afroamericanos a manos de agentes del orden público.

A 2,130 millas de distancia, un Humvee de la Policía Municipal de Ponce –que se usó en la guerra de Irak– escoltaba una brigada de reclusos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que el último jueves de este mes realizaba trabajos de ornato en las carreteras de la Ciudad Señorial.

Quizás la estampa del vehículo militar transitando  por calles de la Isla pase inadvertida debido a la normalización de la iconografía militar en el diario vivir y porque nuestra imagen más clara del militarismo se remonta a la década de los 90, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló  desplegó la Guardia Nacional en los residenciales públicos como medida para combatir el crimen.

Sin embargo, la utilización del robot como táctica para acabar el violento episodio en Texas evidenció  la proliferación de equipo y tácticas militares en los  cuerpos llamados a velar por la seguridad pública.

El proceso de militarización de la Policía comenzó hace décadas y responde a intereses económicos, explicaron a El Nuevo Día los criminalistas José Raúl Cepeda Borrero y Gary Gutiérrez Renta.

“Ese proceso quizás empezó con (Ronald) Reagan, pero cogió fuerza a partir de la era de (Bill) Clinton”, apuntó Cepeda Borrero.

Como gobernador de California, Reagan empezó a blindar a los policías con armas y les ofreció entrenamiento militar. La Policía de Los Ángeles también estableció el primer equipo de SWAT, una unidad especializada en armas y tácticas, en medio de revueltas universitarias y tras los disturbios en la comunidad de Watts en Los Ángeles, en el 1965, provocados por la detención de un joven negro por una infracción de tránsito.

Esa visión de militarizar la policía acompañó a Reagan durante sus dos términos como presidente. Luego Clinton aprobó legislación que permitió que el excedente de armas de la milicia pasara a las fuerzas policíacas.

“Algunos dicen que estuvo influenciada por el aparato industrial militar que luego de la guerra de Vietnam había perdido espacio para vender sus armas”, indicó Gutiérrez Renta.

Bajo estas circunstancias y la asignación de mayores fondos para comprar equipo nuevo y librar la llamada guerra contra las drogas, surgió el policía “guerrero”. La militarización de la policía volvió a resurgir cuando Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo tras los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y destinó millones de dólares para dotar las policías municipales y estatales.

Una investigación de The New York Times descubrió que, entre el 2006 y el 2014, las policías estatales y municipales adquirieron 93,763 rifles de asalto, 435 vehículos armados, 44,900 binoculares de visión nocturna y 533 helicópteros, entre otras herramientas bélicas.

Golpe a las minorías

img_9067Cepeda Borrero y Gutiérrez Renta advirtieron que las comunidades no son zonas de guerra y que la militarización de las fuerzas del orden afecta desproporcionadamente a las minorías raciales y atenta contra las libertades ciudadanas.

“Preocupa, desde la perspectiva de los derechos humanos, el uso de ‘drones’ (aviones sin pilotos) o robots para ‘neutralizar’ supuestos francotiradores. Cuando ‘neutralizas’ a un ciudadano, eso es una ejecución extrajudicial, que quiere decir que es una ejecución donde no medió el debido proceso de ley”, afirmó Cepeda Borrero.

Siguiendo esta línea, planteó que imponer una lógica bélica en escenarios de delincuencia diaria era problemático porque la tecnología no era infalible y porque los prejuicios atravesaban esas decisiones.

“El derecho a portar armas se ha convertido en el derecho a portar armas del varón blanco. Si eres un varón negro eres sospechoso”, precisó.

En Dallas, la policía erróneamente identificó como sospechoso a un hombre negro que portaba un rifle y vestía una camiseta de tela de camuflaje en la protesta que acabó con el tiroteo a los policías.

El día antes, en Minnesota, un policía mató a Philando Castile durante una intervención de tránsito y luego que el hombre negro informó que portaba una arma de forma legal.

“Esa posibilidad de confusión hace que automáticamente haya que descalificar el uso de equipo de grado militar… La tecnología ha mejorado, pero no lo suficiente para neutralizar a una persona sin matarla. Entonces lo que estás haciendo es una ejecución. Lo juzgaste, lo condenaste y lo ejecutaste”, insistió Cepeda Borrero.

Origen racista

Los prejuicios raciales y de clase también han infiltrado la imposición de normas bélicas en contextos de convivencia ciudadana.

“Desde el comienzo, eso que llaman policía es una institución racista y clasista que defiende el orden social, en este caso el orden social capitalista”, insistió Gutiérrez Renta.

Mencionó que en Estados Unidos, la esclavitud se mantenía legalizada con patrullas de esclavos, que salían a buscar a los cimarrones para devolverlos a las haciendas del sur del país.

“La función de la policía para manejar el crimen diario es un concepto de la segunda o tercera década del siglo XX, cuando surgió la prohibición del alcohol”, afirmó Gutiérrez Renta.

Pese a esta transformación en funciones, para el profesor, que dicta cursos de justicia criminal, la policía nunca abandonó esa visión de “patrulla de esclavos”, que aflora con la militarización del cuerpo y con la llegada de las nuevas tecnologías.

“Los sectores marginados tienen formas de divulgar información a través de las redes sociales, que permite reconstruir lo ocurrido. Hace una década mataban a una persona en la calle y el único referente era la versión del policía. Ahora hay vídeos”, puntualizó.

Como parte de su análisis, alertó sobre la insensibilidad que crea la iconografía militar en la calle porque los ciudadanos comienzan a  acostumbrarse a ver los policías vestidos con ropa antimotines o al exceso de fuerza como parte de sus funciones.

“Un policía no me puede dar órdenes en la calle. Él tiene que justificarme por qué me está dando órdenes y eso se ha ido invirtiendo”, afirmó.

“La visión normalizada es de guerrero. El policía es un civil y está para establecer la paz social, mientras que el guerrero está para imponer fuerza mortal si es necesario”, agregó

Leña al fuego

Para atender los problemas de violencia que alteran la paz social, hay que eliminar la pobreza, la desigualdad y las inequidades de nuestro sistema, apuntalaron Gutiérrez Renta y Cepeda Borrero, cuyos planteamientos coinciden con las propuestas en el área de seguridad de la Agenda Ciudadana. Reconocieron, sin embargo, la dificultad de esta propuesta puesto que supone un cambio en las estructuras de poder.

“La estrategia tiene que ser un desarme y empezar a replantearnos los procesos desde la comunidad… Pero seguir tomando medidas restrictivas lo que hace es seguir echándole leña al fuego”, afirmó Cepeda Borrero.

 

 

Dallas, no es aplaudible pero si entendible…


Por Gary Gutiérrez

Tomada de: blacklivesmatter.com
Tomada de: blacklivesmatter.com
La muerte de cinco personas en medio de una reyerta es siempre una tragedia. No obstante cuando las víctimas son agentes del estado, la desdicha toma otra connotación simbólica.

Es por esto que los incidentes suscitados en Dallas durante al comienzo de este mes de julio no solo estremecieron la nación estadounidense, pusieron en relieve las relaciones de poder, dominación y exclusión que constituyen esa sociedad.

El incidente se convirtió en un virus mediático desde el mismo momento que comenzó, ya que tanto las redes sociales como la prensa consumieron el mismo como si se tratara del estreno de una saga taquillera.

De hecho, las crónicas periodísticas de la tragedia eran comparables con las historias periodísticas que en otras décadas llegaban de guerras civiles como lo conflictos en Centro América, Vietnam y la Europa de los año 1940.

Después de todo,  la reyerta que terminó con la muerte de cinco policías tenía los tres elementos para hacer de la historia una viral. Es decir, estaba ocurriendo en vivo, era fácil ver quiénes eran los buenos y los malos y por supuesto, en ese momento, se podía descontextualizar fácilmente de todo análisis histórico o social.

Como resultado, el suceso reafirmó la imagen de que las comunidades negras son salvajes por lo que tienen que ser vigiadas y controladas todo el tiempo. Esto a pesar de los llamados de unidad y oración del propio Jefe de la Policía en Dallas, David Brown.

Sin embargo al mirar este acontecimiento en el contexto de la tradición socio política estadounidense, el mismo surge como el más reciente hecho de una historia de terror y guerra entre el sector poderoso estadounidense y los sectores más pobres, que en esa nación se encarna en los negros y latinos.

Ese conflicto, entre negros, es decir pobres, y el sector poderoso o “establishment” se viene suscitando en Estados Unidos desde el siglo XIX cuando se ilegalizo la esclavitud como forma de organización para la producción.

Por décadas creció tanto el miedo y la frustración en los sectores negros explotados, como el miedo y la desconfianza por parte del blanco propietario.

El miedo y la frustración de los sectores negros creció bajo el régimen legal conocido como el periodo de las leyes Jim Crow.

Es decir un conjunto de leyes que no solo controlaban la vida de los afroamericanos imponiendo y justiciando por la fuerza del propio Estado un estatus inferior a esos seres humanos. Permitían licencia de corso al blanco para cubrirse su rostro con una capucha blanca y castigar, abusar físicamente o linchar a cualquier afrodescendiente sin necesidad de juico alguno.

De igual manera el precio de esa supuesta superioridad del blanco y propietario, era la constante vigilancia y el miedo ante la posibilidad del levantamiento de estos “salvajes” a quienes desde el periodo esclavista veían como peligrosos gigantes y robustos, con insaciable apetito sexual para las mujeres blancas.

Es con esa visión que durante casi todo el siglo XX se forjaron las relaciones de poder entre negros y blancos. No es hasta mediados de la década del 1960 que Lyndon Baines Johnson, movido por luchadores de los derechos civiles entre los que se destacan Martin Luther King y Malcolm X, firma una ley para declarar la igualdad de Derechos de todos y todas las ciudadanas.

De esta manera, según en el pasado las leyes de Jim Crow sustituyeron la forma de control bajo la esclavitud, ahora surgiría un nuevo aparato represivo que controlaría desde las estructuras policiacas a estos sectores pobres, es decir negros y latinos, que ahora “se creen con derechos”.

Ante esta nueva política de control, sectores afroamericanos y latinos con consciencia, política y de clase, se organizaron para reclamar y verdaderamente hacer valer sus derechos, incluso por la fuerza si fuera necesario.

Es así que la administración del republicano Richard Nixon declara a nivel federal, primero la Guerra contra el Crimen y luego la Guerra contra las Drogas.

Ambas leyes fueron en realidad pretextos para que el Estado pudiera intervenir y controlar lo que ellos llamaban “el problema negro”. Entiéndase la respuesta organizada y consciente de aquellos pobres que se negaban a ocupar su rol como fuerza de trabajo sumisa y barata.

En resumen, el resultado de estas políticas fue el recrudecimiento de los conflictos entre las comunidades y las fuerzas policiacas que, al igual que las leyes Jim Crow,  dejaron un sin número de activistas afrodescendientes, nativo americanos y latinos asesinados por el Estado.

Paralelo a este proceso, surge una nueva variante, el narcotráfico, actividad económica ilegalizada que, por un lado va proveyendo capacidad económica a estas comunidades negras y latinas, mientras por otro va sustituyendo la organización política como forma de ordenar la respuesta a esa marginación.

Esta es la realidad que sirve de referente para que, con el surgimiento del neoliberalismo durante las administraciones de Ronald Wilson Reagan y William Jefferson Clinton, se militarizaran los cuerpos policiacos en contra de estos sectores pobres que se niegan a la sumisión.

Así llegamos a la polarizada sociedad estadounidense del siglo XXI.

Por un lado hay una organización social que tiene una enorme fuerza trabajadora marginada y excluida que, si bien tiene cierta consciencia de sus Derechos, perdieron la capacidad para organizarse políticamente para reclamar los mismos.

Mientras por otro lado mantiene un aparato represivo cuya visión de esa fuerza trabajadora, es decir del negro y el latino, es que la misma está compuesta por peligrosos salvajes capaces de reaccionar con violencia irracional.

Esta es la realidad histórica que termina en la tragedia del Dallas.  Un lobo solitario, y probablemente enajenado, respondió con violencia inconsciente ante los abusos que por más de cien años viene realizado el “establishment”en contra de su comunidad.

En resumen que este tipo de incidente, no es otra cosa que el resultado esperado del orden social que el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano lleva más de tres siglos imponiendo por la fuerza.

Esto no quiere decir que esa respuesta no sea condenable. Lo que quiere decir es que es explicable.

 

 

 

Memoria corta, violencia y simulación (micro-cuento)


Parada frente al cuarto asesinado del fin de semana, la ciudad no recordó la redada del martes pasado. 

Prefiró la felicidad de la simulación.

Simulación y reforma policiaca en el Puerto Rico del siglo XXI


Presentado por Gary Gutiérrez el 29 de enero de 2016 ante estudiantes de internado en el Recinto de Ponce Universidad Interamericana de Puerto Rico

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La llegada del 2016 marca en el calendario una fecha de múltiples problemas para Puerto Rico, territorio colonial de mayor extensión y población bajo la bandera del imperio estadounidense.

Tanto la crisis económica producto de sobre cien años de políticas en servicio al imperio, como el desastre educativo productor, tanto a nivel escolar como universitario, de un burocratizado sistema cuyas políticas pedagógicas son pautadas por los requisitos para cualificar para fondos federales y no por las necesidades sociales; son solo dos ejemplos del colapso y la ingobernabilidad que vive el y la puertorriqueña promedio en la segunda década del siglo XXI.

Digo ingobernabilidad pues a pesar de que simulamos ser una sociedad organizada, y de que parecemos un colectivo funcional en comparación con otras regiones del mundo; la realidad aparente es que la mayoría de los habitantes de este pequeño archipiélago en el Caribe no podemos alcanzar el nivel de vida que nos prometieron como resultado normal de aquella falsa economía subvencionada a mediado del Siglo XX por Estados Unidos.

Nuestro actual orden social es en realidad un espejismo de progreso que creó a mediados del siglo XX Estados Unidos con la intención de venderse como una potencia caritativa, bondadosa y distribuidora de bienandanzas y democracia frente a los avances en las Américas de las simpatías y el apoyo al comunismo autoritario que impuso en la desaparecida Unión Soviética y en sus países satélites que eufemísticamente llamaban “socialismo”.

Es en medio de todo ese proceso económico, social y políticamente imperial que se desarrolla desde la mentalidad del colonizado que nos ilustraron Fanon (2005) y Memmi (2005), un aparato represivo estatal, ese que usted conoce como “sistema de justicia estatal”, que no es otra cosa que la herramienta para que fuéramos los propios puertorriqueños los que veláramos por los intereses económico, políticos e ideológicos del imperio. Esto no debe sorprender a nadie, pues es el mismo espacio de vigilancia a las minorías y a los pobres que ocupan esas agencias en los propios Estados Unidos (Alexander 2010) (Balko 2013) (William, 2015).

Tomando lo anterior como punto de partida, parecería lógico entonces que para adentrarse en el análisis de la mal llamada Reforma de la Policía en Puerto Rico respondamos primero al llamado que nos hace John Muncie en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología burguesa, supuesta ciencia desarrollada durante la modernidad y que se limita a estudiar lo criminal desde los desviados o criminales, así como desde las alternativas para controlar el comportamiento de estos.

Es así que les invito a que se adentren al tema de la supuesta reforma de la policía desde esa nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudia críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues como ya se dijo fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual puesta en entredicho Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).

En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).

Es decir para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos. En realidad, desde el comienzo de estás agencias, estas acciones son la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y la función de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la policía funcione diferente (Malavet, 2014).

Según el trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para la paz y la prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden”, según definidos estos conceptos por el sistema político colonial estadounidense. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define los cuerpos policiacos, desde su principio, como instituciones represivas subordinados directa o indirectamente al servicio y a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).

Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas, por no usar el término gangas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos”. Estos escuadrones con licencia de corso recorrían los estados durante la primera parte del siclo XIX, cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y ejecutaban o deportaban a las haciendas que les pagaban por cabeza reclamada (Alexander, 2010) (William, 2015). De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsteres que fungían de guardias, jueces y verdugos campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013). Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015). En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron también compañías como la todavía existente “Pinkerton Detective Agency” notorios por abrir fuego y asesinar obreros durante una protesta organizada como respuesta a los abusos de magnates capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones sumada a la forma en que los policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).

Acortado el largo cuento, más tarde para hacer frente a los nuevos retos ante la imposición de la prohibición del alcohol y sus resultados no intencionados, se difunde en Estados Unidos la necesidad, tanto a nivel local como federal, de una fuerza represiva profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Balko, 2013) (Manjón-Cabeza, 2012).

Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que en Puerto Rico se crean, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos represivos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que a los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de los agentes del Estado de aquellos que no acepten su rol como engranaje desechable en la máquina de producción capitalista (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009).

Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como cínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente cínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como cruzados regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena, los arma, y los tiene allí.

Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.

Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar.

Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que nosotros, todos y todas, el pueblo aceptamos el rol represivo y normalizador que ejerce la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitan cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.

A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social. En esa sociedad, tal vez idealizada y fantasiosa, no hay cabida para policías de ley y orden, solo para agentes de paz social.

 

 

 

Referencias

 

Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.

Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.

Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.

Fanon F. (2005). The Wretched of the Earth. New York City, Grove Press; Reprint edition

Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.

Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.

Memmi A. (2005) Retrato del colonizado. ,Argentina, De La Flor; edición reimpresa

Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.

Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.

William, K. (2015). Our Enemy in Blue: Police and Power in America. New York: Ak Press.

 

 

 

Conversando sobre criminalidad con WRTU


 
ANÁLISIS: ¿Frustración por crisis económica pudiera influenciar nuevos perfiles criminales?
Para escuchar la entrevista

No, no tiene que ver con la policía…


Por: Gary Gutiérrez

El trágico incidente en el que un oficial policiaco ultimó a tiros a tres de sus compañeros, incluyendo dos mujeres policías, silenció los gritos triunfalistas sobre la baja en la criminalidad por parte del gobierno de Puerto Rico.

Días antes de la tragedia, que se reportó en una oficina de la Comandancia de la Policía en Ponce, los reportes mediáticos sobre la baja en el número de asesinatos parecerían aguinaldos navideños para una administración que tiene poco que celebrar cuando de la vida diaria de los puertorriqueños se trata.

La celebración de estos datos, desvinculado de la realidad diaria que vive el país, no es de extrañar pues para los tecnócratas del estado tato la violencia y criminalidad, como el resto de las realidades sociales parece ser un asunto numérico y no de seres que sufren en lo concreto.

Hablo de esos que dicen que el actual administrador es mal entendido, pues la inmensa mayoría de “los indicadores” apunta a que el país está en la ruta correcta al fututo.

Viene a la mente las expresiones de Mark Twain; “mentiras, grandes mentiras y estadísticas”.

 

Policia 1

No obstante la realidad es que el número de asesinatos bajó durante los pasados doce meses en comparación con el año anterior, pero al igual que cuando estos números suben, no tiene nada que ver con las políticas y los inexistentes planes anticrimen.

Si leyó bien, inexistentes. Pues en realidad, durante ya casi cincuenta años, desde Nixon”, los llamados planes anticrimen no son otra cosas que más efectivos policiales, más tecnología, y más vigilancia sobre los pobres del país.

Pero volviendo al triunfalista anuncio sobre la baja en la criminalidad.

Primero, la merma en los asesinatos durante un periodo específico no es la merma en la criminalidad. Hay que romper con esa conclusión “espuria” que, como mantra, repiten los medios de comunicación.

La violencia se debe medir en casos por 100 mil habitantes. Ecuación que todavía pone a Puerto Rico en el doble de lo “normal” que es 7 X 100 mil.

Policia 2

Al mirar los delitos reportados frente a la población, y no en comparación con el pasado año se revela que la merma de un 15 por ciento en los indicadores de los delitos graves o tipo 1, es decir asesinatos, robos, escalamientos, etc., es muy comparable con el número de puertorriqueños y puertorriqueñas que abandonaron el País. Incluso se puede especular que si ese 15 por cien se compara solo con el número de jóvenes, edad en la que regularmente se delinque, no hay tal baja en los delitos.

Los gubernamentales cantos de sirena van más lejos vinculando la supuesta baja en los números de delitos al índice de esclarecimiento que según la uniformada aumento en casi 10 por ciento.

Sin embargo el argumento sucumbe ante el hecho de que dentro de las bajas en las muertes violentas, se reporta un aumento en las víctimas de violencia intrafamiliar, doméstica, y vecinal.

Como el incidente en la comandancia de la Policía sureña, estas muertes son delitos que regularmente “se resuelven” por sí mismo, pues él o la victimaria se entrega o se quita la vida. Es decir, son casos que requieren muy poca investigación.

Finalmente, la variación en el número de asesinatos reportados durante el 2015, se tienen que mirar en el contexto de que por los pasados 115 años la violencia en Puerto Rico apunta a procesos cíclicos con picadas en las incidencias luego de años pico como el 2011.

Lo funesto del triunfalista anuncio del gobierno, es que la administración colonial de turno, no admite su verdadera aportación a estas mermas, e insiste en vincular la misma al trillado discurso de mano dura y cero tolerancias.

La realidad es que la actual dirección gubernamental es sumamente efectiva en mantener, no importa la crisis, un discurso que suena inclusivo, conciliatorio y democrático.

Por tanto, si en el pasado se vinculó la creciente violencia social que vivió el país con la guerrerista arenga de tratar a los desviados “a patadas”, es lógico entender que un discurso que suene más conciliatorio e inclusivo debe incidir en el resultado opuesto.

Esta es la verdadera tragedia, que la administración colonial insista en vendernos el costoso y fracasado discurso de más policías, más equipo y más vigilancia como estrategia a la criminalidad, cuando su propia experiencia demuestra lo contrario.

Sí, el 2015 demuestra una baja en las incidencias reportadas, pero definitivamente no tiene nada que ver con planes anticrimen o con el número de efectivos.

Mire si no tiene que relación, que no solo hoy la isla cuenta con un 40 por ciento Policías menos que en el 2011 –año pico- , sino que durante este año el país experimentó un movimiento de brazos caídos entre muchos de esos efectivos.

…llegue usted a su conclusión.

 

 

 

 

Citado por PH en: Incrementa la ratería


Incrementa la ratería

Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com 08/10/2015 |00:00 a.m.

Cuando los pueblos tienen conciencia política, dijo, se levantan políticamente; pero cuando no la tienen, se levantan criminalmente. (Archivo)
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Aseguran, “el crimen y la violencia es un resultado económico”.

Tal como han venido vaticinando los sociólogos y criminólogos, a medida que la situación económica del País se agrava, va a ir disminuyendo el crimen violento porque los criminales también dejan la isla desatándose en vez  una ola de robos y delitos menos graves, tipificados como ratería.

Ayer, en un centro comercial de Juana Díaz, una pareja se robó 26 piezas de ropa de niño, valorada en cerca de $500. En tanto, en la tienda Walmart,  de Santurce, detuvieron el sábado a una mujer y su hija de ocho años, presuntamente hurtando mercancía por un valor de $71. La pasada semana, una madre, acompañada de sus sus tres hijos, se llevó un paquete de chuletas de un supermercado. Semanas antes, un matrimonio, acompañado por sus hijos se robó unos tubos de pastas dentales, alegando que era para venderlos y comprar leche para sus hijos.

“Es ratería de subsistencia”, dijo el  criminólogo y profesor de justicia criminal, Gary Gutiérrez.

“Ese es el capitalismo funcionando como debe funcionar. Es una ratería de subsistencia, si se quiere llamar. Aparentemente estamos entrando en un periodo especial. El Gobierno se niega a pasarle la carga a los que más producen y ganan, so color de crear empleos y no es cierto. Le sumas un pueblo que está acostumbrado a unas comodidades, como el papel higiénico y es la receta para el robo”, dramatizó el también sociólogo refiriéndose al hurto de un cargamento de papel higiénico ocurrido ayer.

Buscándoselas 

Gutiérrez  comentó que lo que parece ser un caos no es anarquía, sino el capitalismo funcionando.

“El capitalismo está hecho para que unos acaparen a costa del trabajo de otros y de la vida de otros. Entonces si el orden te lleva a un nivel.  Si no te da para vivir, ¿qué vas a hacer? Buscártelas.

Cuando los pueblos tienen conciencia política, dijo, se levantan políticamente; pero cuando no la tienen, se levantan criminalmente.

“Nuestro sistema nos está llevando a unos niveles de vida de la época de 1930, con expectativas de consumo del 2015. Tenemos un salario mínimo que es una tercera parte de lo que se supone que sea, para equipararse a lo que era el salario mínimo cuando se creó. En Estados Unidos, los obreros de restaurantes de comidas rápidas, están pidiendo en la calle $15 dólares de salario mínimo. Hay académicos que están hablando de que debiera ser de $21.25.

Expuso que si se tiene un salario mínimo de $10.00, lo que sobra son $900, si trabajas 40 horas. Pero si el carro se cae en un hoyo y se rompe el tren delantero, estamos hablando de $300.

“Solamente puedes comer y arreglar el carro para seguir trabajando y todo lo demás se quedó sin pagar”, acotó.

¿Y esto justifica?

“No es que esté diciendo que está bien, lo que digo es que el crimen y  la violencia es un resultado económico. En Puerto Rico, una gran parte de la criminalidad  es una respuesta a las situaciones económicas,  que es más terrible, porque aparenta ir generando  una cultura  delictiva”.

Gutiérrez aludió a una portada publicada por Primera Hora que hacía alusión a los buscones que pirateaban CD’s y se robaban el cable.

“Hace unos años era la norma. Ya eso ha ido escalando. Cuando se tienen en una semana tres o cuatro incidentes similares, ¿qué más tienes que buscar?”

Columna de Hiram Guadalupe: Violencia y sociedad


Esta semana, en la sala de un juez de la corte federal en Puerto Rico, un exponente de música rap de poca monta sintió sobre sus hombros un veredicto que, más allá de condenarle por el delito de poseer un arma mutilada, consideró el contenido lírico de una de sus canciones.

Contrario a la guía de sentencias sugeridas en casos como este, y lejos de la recomendación del fiscal a cargo, el juez José A. Fusté le impuso a este desconocido intérprete una pena máxima que llegó antecedida de una arenga moralista en torno al problema de la violencia en el país.

El juez aprovechó la ocasión para aderezar el dictamen con su opinión sobre la ráfaga de tiros que la noche antes paralizó un tramo de la avenida 65 de Infantería en Río Piedras, resultado de una pugna entre los puntos de drogas que operan en los residenciales aledaños.

“Puerto Rico se ha convertido en un país violento tercermundista, peor que México y Guatemala. Es un país tercermundista con código postal”, dijo el juez, quien vinculó su fallo al impacto que, alega, provocan en la sociedad las canciones con letras fuertes que aluden a la violencia.

Son repudiables las canciones que incitan a cualquier actividad violenta, desde las que fomentan la agresión y el terror callejero, las que provocan la violencia machista y las que se nutren de versos que inducen a prácticas sexistas, xenófobas y homofóbicas.

Todas son condenables, mas no creo que sean agravantes para establecer sentencias judiciales. En el caso aludido, el acusado debe pagar por el delito cometido y no por lo que ha decidido cantar.

Pero más allá del dictamen, llamó la atención la simpleza con la que el juez se aproximó a editorializar el problema criminal que nos azota, con un sesgo de prejuicio social contra quienes menos posibilidades de ascenso social han tenido. Cierto es que el crimen nos ha secuestrado.

A cualquier hora y en cualquier lugar nos exponemos a presenciar una actividad violenta. Para los incrédulos, sepan que lo sucedido esta semana en Río Piedras no es una experiencia novel en esa ni en otras comunidades de la Isla.

Estamos ante un fenómeno complejo que por más campañas que clamen por la mesura y prudencia ciudadana no asoma atisbos de desaparecer mientras no resolvamos las raíces de los problemas que lo generan.

Ahí está el desafío: atender la violencia explorando las bases económicas, políticas e ideológicas que han causado el deterioro de nuestra estructura social.

Destaca el criminólogo Gary Gutiérrez: “Señalamos las políticas públicas neoliberales, y el bulímico orden social resultante de las mismas, como la razón principal para el aumento en la violencia, social y criminal. Mientras más personas se sientan impedidas de alcanzar las metas sociales impuestas por la ideología dominante, mayor será el número de aquellos que miren a la criminalidad como una forma de alcanzar las mismas… mayor será el número de los que recurran a la violencia como una forma de manejar las frustraciones producto del sentimiento de exclusión e incapacidad económica”.

Se trata de abordar la violencia enfrentando la pobreza económica y cultural; la falta de viviendas y espacios productivos para el ocio; la ausencia de estrategias para la sana convivencia; el desempleo y la precarización laboral; los problemas de acceso a servicios de salud; y el cierre arbitrario de escuelas.

Tenemos, además, que erradicar los efectos indeseados del culto a la violencia del que somos víctimas, y eso incluye desde la violencia social inducida por el Estado, la glorificación al ataque físico y verbal que promueven producciones radiales y televisivas y la distribución entre nuestros infantes y jóvenes de artefactos altamente violentos disfrazados de material recreativo, como armas ficticias y juegos electrónicos que hacen loas al crimen y la delincuencia.

Es un problema complejo. Su atención requiere alterar muchos paradigmas de nuestro orden social y económico, mas falla el gobierno en su indisposición y falta de voluntad.

Hiram Guadalupe @hiramgp

Citado en China: Puerto Rico, a way station for drug traffickers


By Diego Urdaneta and Nelson Del Castillo, AFP

July 12, 2015, 12:01 am TWN
cpnewlogoPuerto Rico — the economically distressed U.S. territory that many Americans know mainly as a vacation resort — turns out to be a way station for South American cocaine bound for the hungry U.S. market.
It often works like this: speedboats sail up from Venezuela laden with coke, hang out off the coast of Puerto Rico by day, and then make for the coast of the U.S. commonwealth by night. Once there, getting cocaine into the United States is in theory easier: shipments can be mailed or sent to airports or seaports without having to clear customs, authorities here say.
Seizures of cocaine, the most profitable drug for traffickers, have shot up here on the island: 5,300 kilograms so far this year, compared to just under 4,000 in 2014 and 2,800 in 2013, according to the Puerto Rico Police, which is now part of a special drug interdiction force along with other American agencies like the Drug Enforcement Administration, FBI and the Coast Guard.
“Puerto Rico is used as a bridge to the United States. Eighty-five percent of the drugs that pass through Puerto Rico are for the United States,” said Police Chief Jose Caldero. As recently as Wednesday police confiscated 190 kilograms of cocaine from a boat and arrested three Dominicans.
Six weeks ago police scored a much bigger hit: 2,100 kilograms seized on a boat trying to reach the north coast of the island. New Strategy The rise in drug shipments through the U.S. part of the Caribbean, mainly via Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands, has set off alarms in the White House.
In January it announced a new strategy to combat the trend. Most drugs destined for the United States follow a route that hugs the coasts of Central America or crosses the U.S. border with Mexico.
But these are being more closely monitored, so traffickers have been forced to seek out new routes, U.S. officials say. Most cocaine arrives from Venezuela, a neighbor of major producer Colombia.
Before, vessels carrying the drug would stop over in the Dominican Republic, but police are now detecting more and more direct trips from the northern tip of South American right to Puerto Rico.
And there is a pattern to the trafficking.
“They come in a speedboat with three engines. By day, they cover it up with a black tarp. They go nice and slow, and fish. At night is when they hit the accelerator,” said Caldero.
The authorities end up playing cat and mouse, adapting their tactics as the traffickers tweak theirs.
“This is a strategy. We make our plans, but they also make theirs,” he said.Internal Problem And the small amount of cocaine that remains on the island is also a growing problem.
It used to be that the service of mooring boats carrying cocaine and handling it on the island were paid for in cash. Now however it is paid for in cocaine itself. “And it has to be sold,” said Gary Gutierrez, a criminal justice professor.
Sixty-five percent of the killings committed in Puerto Rico are directly related to drugs, said Caldero. Those killings peaked in 2011 at 1,135. In 2014 they had fallen to 681, mainly because of tougher law enforcement, he added.
Although the island has huge financial problems — a debt of US$72 billion after eight years of economic recession — the police budget has remained stable at more than US$750 million, the police chief said. But at the same time, that economic crisis makes drug trafficking more appealing to people who are enduring hard times, said Gutierrez.
He is in favor of decriminalizing drugs as a way to end drug-related violence. “In those communities, unfortunately drug trafficking becomes a solution to the economic problem,” he said.

Citado en: Madre es asesinada junto a su hijo


El_Nuevo_Día.PNGLa Policía atribuye el doble crimen a una guerra por control de drogas entre tres comunidades de Río Grande

jueves, 9 de abril de 2015 – 12:00 AM

RÍO GRANDE –  “Wanda (Villalongo Perdomo) dio todo por su hijo. Hasta la vida”.

Con esas palabras, María Méndez, una empleada del municipio de Río Grande, describió a la madre que en la mañana de ayer fue asesinada junto a su hijo mientras esperaban un transporte colectivo a orillas de la carretera PR-959, en este pueblo.

Villalongo Perdomo, de 45 años de edad, murió tras recibir múltiples impactos de bala. Falleció en un hospital de Carolina. Mientras, el hijo, Miguel A. Díaz Villalongo, murió a orillas de la carretera.

Vecinos de la calle Rubí, en la comunidad Estancias del Sol, donde vivía madre e hijo, se expresaron temerosos de identificarse con esta situación que, la Policía, vincula a una guerra ligada al narcotráfico.

Los que se expresaron sobre ellos solo tuvieron palabras de elogio para la mujer, quien hasta el 2007 fue empleada del municipio de Río Grande.

“Ella era una persona bien buena, bien tranquila”, describió Lidia Vázquez, vecina de la calle Rubí. “Esto nos sorprende muchísimo. Era una cosa que no esperaba nadie”, indicó.

Otro de los vecinos, que rehusó ser identificado, la describió como una mujer que “se pasaba en su casa. Era tranquila, bien amable”. Explicó que también tenía una hija que trabajaba en un banco y que está embarazada.

“A veces los hijos hacen cosas que no deberían estar haciendo”, lamentó un vecino.

Los entrevistados no hicieron expresiones sobre el hijo de Villalongo Perdomo. El que habló solo expresó que “se rumora, que cuando lo llamaron para dispararle, ella intentó protegerlo” con su cuerpo.

Empero, la Policía indicó que no tiene evidencia ni testimonio de que la mujer intentó proteger a su hijo de la ráfaga de balas. La Policía ocupó sobre media docena de casquillos.

Crimen al amanecer. Madre e hijo habían caminado hasta una esquina de la comunidad. Era alrededor de las 7:45 a.m. La pareja esperaría un trolley que recorre el vecindario para comenzar su viaje al Tribunal de Fajardo, donde él tenía cita con su oficial de probatoria.

La Policía dijo desconocer si Díaz Villalongo, quien tenía expediente criminal por sustancias controladas, estaba obligado a acudir acompañado de su mamá. Vecinos de esta familia, así como la Policía, dijeron que no era común que ambos salieran juntos.

Un conocido de la familia que habló en anonimato, indicó que Villalongo Perdomo tenía un auto, pero se lo prestó a su hijo, y hace unos meses, este tuvo un accidente por lo que se quedaron sin transportación propia.

El teniente Carlos Nazario, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, explicó que tras estas muertes acudieron a la residencia de los fallecidos y lograron dar con un auto Honda Accord color blanco en el que recién se transportaba el ahora occiso. “Se había visto al occiso conduciendo ese vehículo”, dijo.

El carro había sido hurtado en Caguas en febrero de 2014. Ayer estaba cerca de la vivienda de esta familia. “La mamá no se iba a montar en un carro que era robado”, indicó el teniente Nazario cuando explicó porque esperaban transportación pública.

Dos arrestos con armas.  La ocupación del auto no fue lo único que trascendió después del doble crimen. Horas después, la Policía arrestó en una comunidad vecina a dos individuos, uno de ellos de 16 años. Ambos poseían ilegalmente armas de fuego.

El teniente Nazario indicó que las armas ocupadas serían estudiadas para determinar si fueron utilizadas en los crímenes asociados a la guerra por narcotráfico que libran la comunidad Estancias del Sol, donde ocurrió el doble crimen, Galateo y Las Dolores.

Un intento para que el procurador de Menores renunciara a la jurisdicción del adolescente que le ocuparon un arma de fuego no tuvo éxito aun cuando este tiene expediente,  lo que a esa edad llaman falta, explicó el teniente.

Contra el menor radicaron dos cargos, uno de ellos por posesión de una pistola y otro por tener municiones, informó la Policía. Un juez encontró causa para detención y ordenaron ingresarlo a una institución a la espera de una vista adjudicativa. El menor es  vecino de las parcelas Las Dolores.

El otro arrestado en esa comunidad, pero en otra intervención, sería llevado anoche ante un juez para la radicación de cargos por poseer dos pistola y municiones sin tener licencia para ello, informó la Policía.

Sin sospechosos. La Policía no tenía sospechosos del doble crimen. Ni lo vinculó a los arrestados. Lo que tenía claro el teniente Nazario es que estas muertes están relacionado a la guerra entre bandos que comenzó el pasado 13 de febrero, en aquella ocasión,  con el saldo de un muerto y 7 heridos.

Al igual que en aquel momento, donde entre los heridos habían inocentes, la Policía indicó que Villalongo Perdomo fue una víctima inocente.

Por su parte, el criminólogo Gary Gutiérrez explicó que ya no existe el código de que en el bajo mundo no era aceptado que se asesinara la madre, un hijo o una fémina como parte de una venganza.

La razón para que eso haya cambiado, según Gutiérrez, en parte obedece a que los líderes y miembros de los grupos son menores que no les importan los inocentes al momento de cometer un crimen.

“El que tiene la encomienda (de asesinar) abre fuego y punto”, dijo. “Los que se quedan en el negocio (del bajo mundo) son los más temerarios y fuertes, los más violentos”, describió.

Reclama más policías. El alcalde de Río Grande, Ángel González, expresó preocupación por la ola criminal que vive su pueblo. “Desde principios de año hemos estado pidiendo ayuda a nivel central”, dijo.

Discusión pública, ansiedad y violencia… Programa La Gente Está Hablando


Norma Colón Daleccio
Norma Colón Daleccio

Gary Gutierrez y José Raúl Cepeda conversan con Norma Colón Daleccio sobre la discusión política como provocador de ansiedad y violencia durante el programa La Gente Está Hablando de WPAB-550am, Ponce Puerto Rico

Prof. José Raúl Cepeda
Prof. José Raúl Cepeda

Canal: Podcast de Audio-blog de garygutierrezpr
Categoría: Actualidad y Sociedad
Subcategoría: Política, economía y opinión
Género: Radio
Procedencia:
Idioma: castellano

 

Presentaran en Inter-Ponce, ensayo Exclusión y Violencia


El próximo 8 de abril a las 9:30am, el Prof. Ángel Pagán presenta y comenta ante los estudiantes del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico el ensayo:

EXCLUSIÓN Y VIOLENCIA

Cartel de Presentación UIPR-Ponce

Citado por Primera Hora en: Invernadero subterráneo de marihuana: Ingenio mal canalizado


Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com 03/13/2015 |00:00 a.m..
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El impresionante hallazgo por parte de las autoridades de un moderno laboratorio e invernadero de plantas de marihuana, al que se accedía a través de una casa de juego para niños, lleva a cuestionarse qué sucedería con jóvenes de esa capacidad, ingenio y talento si hubiesen podido acceder a  otros ambientes y oportunidades.

El criminólogo y profesor de Justicia Criminal Gary Gutiérrez, indicó que la única diferencia entre las personas arrestadas y un empresario exitoso, es que probablemente uno nació en un caserío y el otro  en el ambiente de una familia con recursos que le permitió desarrollar sus habililidades.

“Lo primero que le digo a mis estudiantes es que no hay tal cosa como mentes criminales,  sino mentes  criminalizadas, porque fíjate, si esas personas hubiesen hecho eso para una feria científica, hubiesen sido reconocidos”, dijo Gutiérrez.

“La pregunta tiene que ser por qué ese ingenio está en función de cultivar marihuana y no lechuga y cilantro. En ese sentido, cuando uno mira el perfil de cualquiera de esos muchachos y lo compara  con el perfil de cualquier empresario exitoso se va a dar cuenta que la única diferencia entre ese muchacho que está siendo arrestado y el empresario, es que tuvo oportunidades, porque probablemente no nació en un caserío, sino en una familia con recursos que pudo desarrollar sus habilidades en una actividad que el sistema determina como legítimo”, precisó.

“Probablemente son emprendedores, tienen liderazgo, organización, son asertivos, ambiciosos y esas son las cualidades que hacen de una persona una exitosa. Estoy describiendo a un banquero  con esas cualidades o  a un bichote. Lo más importante es que cuando eso ocurre, nos está dando en la cara la realidad, que ese muchachacho no falló. Nos falló el Sistema que no pudo guiar a ese joven en una actividad que no fuera criminalizada”, sentenció.

Gutiérrez  mencionó lo que están haciendo los cárteles de Colombia, que es utilizar submarinos caseros que básicamente están sumergidos el  99 por ciento del tiempo en el mar;  que son desechables, en caso de que en altamar sean sorprendidos.

“Los tripulantes se salen, hunden el submarino  y se convierten inmediatamente en náufragos;  y bajo las  leyes internacionales, las mismas autoridades tienen que socorrerlos. Como el submarino se hundió, no le  pueden probar que estaban en un submarino con drogas. Lo más que puedes hacer es deportarlos a su país”, describió.

Según Gutiérrez, las  leyes antidrogas, que describió como absurdas, crean las condiciones  para que jóvenes con inquietudes empresariales   puedan montar un negocio porque el único que les puede prestar dinero es un narcotraficante.

El profesor de justicia criminal mencionó como ejemplo el caso de un joven  de 18 años que tiene capacidad y es comerciante.

“¿Quién le va a prestar $60 mil para  un negocio? ¿Qué agencia o  banco le va a prestar?  La otra noche  escuché un programa de la Liga de Cooperativas. Estaban entrevistando  a una persona de la Cooperativa de Presos, que llevan décadas operando, lo   que comprueban  que cuando esos muchachos que llegan presos se les da la oportunidad y el entrenamiento,   pueden no solo manejar la cooperativa, sino que cuando salen ya van con la mentalidad cooperativista para hacer esas otras cosas”, dijo.

Menos de un dos por ciento de los que están metidos en ese programa reinciden  y regresan a la cárcel, indicó. Contrario al 60 por ciento, que es la norma de reincidencia en Puerto Rico y Estados Unidos.

“¿Cuál es el problema con ese programa, que en una población penal de 14 mil confinados no llegan a 100 los que se benefician? Esa cooperativa demuestra que esos muchachos entraron allí con capacidad empresarial, que lo que no tenían allí era apoyo del Sistema. Si esos muchachos podrían correr esa empresa agrícola ilegal, cuál es la razón por la cual no estén conriendo un negocio agrícola legal?, cuestionó el criminólogo.

En resumen, dijo,  el incidente demuestra como la sociedad está fallando.

Con la Internet como maestra

Por otra parte, El ex presidente de la Asociación de Agricultores, Juan Reyes, afirmó que no es necesario tener educación formal para cultivar marihuana porque todo está en Internet.

“La Internet ha sido la enciclopedia, la universidad”, indicó sobre las múltiples modalidades en que se siembra el cannabis.

Según contó, hace poco coincidió con un policía con el que habló, precisamente, de los laboratorios de marihuana y el oficial le dijo que Internet había convertido en agricultores a muchos individuos.

“Es que, honradamente, si usted quiere hacer cualquier cosa en su casa, la información está ahí. Con honestidad, yo no creo que nadie esté dando talleres por ahí”, comentó. “Los delincuentes no son morones y por Internet mismo compran los insumos que necesitan para el cultivo. Los boricuas nos las inventamos”.

 

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