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El Blog de Gary Gutiérrez

Observador social, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, comantenedor del programa @tempranopr de http://www.pab550.com, y barbicuero de patio

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Policía

Citado por NotiCel en: Rechazan teoría de que crimen ha bajado gracias a los federales


Rechazan teoría de que crimen ha bajado gracias a los federales

Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 29/11/2014 01:34 pm

noticel

Tanto el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, William Ramírez Hernández, como el criminólogo Gary Gutiérrez, rebatieron las aseveraciones hechas por el gobernador Alejandro García Padilla y la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, de que la baja en los crímenes violentos en la Isla se debe al memorándum de entendimiento firmado entre las autoridades federales y las estatales.

Al mismo tiempo, abogaron por que se atienda el problema de la criminalidad desde su raíz, y afirmaron que para ello es necesario diseñar un plan anticrimen a largo plazo y replicar iniciativas como el “Acuerdo de Paz” que hay en Loíza.

De un lado, Ramírez Hernández, indicó a NotiCel que existe falta de confianza en las estadísticas que ofrece el Gobierno sobre las reducciones en las comisiones de ciertos delitos porque, en más de una ocasión y bajo distintas administraciones y Superintendentes de la Policía, los números han sido manipulados.

De hecho, destacó que en, estos momentos, se ha visto con mayor frecuencia las perpetraciones de delitos como lo son los hurtos de automóviles (carjacking) y los escalamientos, y ya han ocurrido siete masacres durante este año.

Para Ramírez Hernández, aún si hubiera una disminución en la comisión de algunos delitos, no ha variado la percepción que se tiene sobre los crímenes que se cometen en la Isla.

Las personas que están migrando del País no necesariamente es porque en la Isla estaban desempleadas, sino que están buscando fuera de Puerto Rico una mejor calidad de vida, debido a la percepción que se tiene de que aquí se cometen muchos delitos y que sus vidas estaban en peligro, apuntó.

En ese sentido, resaltó que Puerto Rico sigue siendo considerado uno de los países del mundo y jurisdicciones de los Estados Unidos más violentos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), estableció que en el 2013, Puerto Rico estaba entre los países más violentos del mundo.

Y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. de México, expuso que en el 2013, el Municipio de San Juan ocupaba la posición número 38 en el listado de las ciudades más violentas en el mundo.

Ante esto, Ramírez Hernández, entiende que con este memorándum de entendimiento las administraciones del Gobierno de Puerto Rico siguen mostrando su inclinación hacerse el trabajo más fácil para atender el problema de la criminalidad, delegándole a las autoridades federales ciertas funciones que le competen a la Policía de Puerto Rico. En esa línea, afirmó que también esta es una forma de darle la vuelta a la Constitución de Puerto Rico, que todos los gobernadores del País juraron proteger.

La idea es que, bajo las autoridades federales, se pueden utilizar mecanismos, que a nivel estatal no son permitidos, como lo es las intercepciones de llamadas telefónicas o la búsqueda de la pena de muerte para castigar a los autores de ciertos asesinatos.

“Puerto Rico tiene el segundo cuerpo policial más grande dentro de las jurisdicciones de Estados Unidos y, con todo y eso, no ha podido elevar el nivel de la calidad del trabajo policial en Puerto Rico. Y yo creo que parte de eso, es que siempre se le ha delegado ese trabajo a los federales, en lugar de poner a la Policía de Puerto Rico a hacer lo que se supone que hagan”, puntualizó.

“Estas ampliaciones de los acuerdos que hay con los federales no es otra cosa que la federalización del trabajo policial en Puerto Rico. Y lo que se está haciendo es delegando en los federales la investigación y la persecución de delitos que bajo la Constitución de Puerto Rico tendrían ciertas garantías y bajo la federal no. Nosotros hemos estado siempre en contra y vamos a seguir estando en contra de la federalización y la militarización de la Policía de Puerto Rico”, sentenció Ramírez Hernández.

Este observó que el Gobierno nunca ha querido atender el problema de la criminalidad desde la raíz, y han optado por buscar soluciones inmediatas a situaciones violentas, y nunca se han sentado a planificar una estrategia contra el crimen para el futuro.

Si el Gobierno diera más seguimiento y apoyo a iniciativas como “Acuerdo de Paz”, un programa implementado por la organización, Taller Salud, en el área de Loíza, y en establecer programas educativos en las escuelas sobre la violencia, dando un primer paso en lo que tiene que ver con la violencia de género, “yo creo que a largo plazo tendríamos una sociedad menos violenta, porque esto no es algo que se va a resolver de un día para otro”.

De paso cuestionó cuál es el plan contra el crimen en Puerto Rico, que cada administración de turno asegura que le ha dado resultados.
Por su parte, el criminólogo, Gary Gutiérrez, planteó que durante la extensión y ampliación del memorándum de entendimiento, el Primer Mandatario se contradijo al asentir “que él está haciendo esto porque ese mecanismo ha logrado la disminución de la violencia en los sectores que se ha implementado pero, por otro lado, dice que esto se va extender a unas regiones (Aibonito, Arecibo, Utuado y Mayagüez) donde también se ha registrado una disminución de la violencia, aun cuando esa medida no estaba impuesta».

«Lo que nos dice, es un poco el mito del plan de (Rudolph) Giuliani, que cuando se implementó se registraron bajas en la criminalidad en otras áreas donde no se estaba implementando el plan. Así que no se puede decir que la baja es consecuencia del acuerdo”, determinó.

Mientras Giuliani fue alcalde de la ciudad de Nueva York, estableció una política de “Cero Tolerancia”, que iba enfocada en desalentar la comisión de delitos menores, entre ellos el practicar la prostitución y hacer grafitis, para supuestamente restablecer el orden en la Gran Manzana y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. El foco era que si se atendían estos delitos menores, se evitaba la actividad criminal a mayor escala.

Giuliani defendía la teoría de “Ventana Rota”, que se caracterizaba por mantener la ciudad limpia y en orden.

De otro lado, Gutiérrez se reafirmó en su hipótesis, de que la disminución en el número de asesinatos en Puerto Rico corresponde a otros procesos sociodemográficos que se están dando en el País, como lo es el envejecimiento de la población, y la reducción en la cantidad de hombres jóvenes no profesionales (que son más propensos a caer en la actividad delictiva) que hay en la Isla, debido a la migración. De igual forma, argumentó que la violencia en el País tiende a subir de forma cíclica.

“En última instancia, las medidas del señor Gobernador, a pesar de que se implementan de forma más elegante, son exactamente las mismas que se implementaron en pasadas administraciones”, puntualizó Gutiérrez.

Al adentrarnos a evaluar alternativas distintas para desalentar la criminalidad, como lo es el “Acuerdo de Paz” en Loíza, Gutiérrez, argumentó que estas Iniciativas de Dialogo, resultan “mucho más efectiva que cualquier otra cosa represiva. La raíz de la criminalidad, es la desigualdad en la violencia y la desigualdad social, y la exclusión”.

Acuerdo de Paz está inspirado en el programa Cese al Fuego, adoptado en algunas ciudades de los Estados Unidos, como Chicago, Baltimore y Kansas. Este proyecto promueve un modelo de intervención directa, en la que ciudadanos que residen en el pueblo de Loíza y son identificados como “interruptores de violencia”, buscan detener a criminales que están involucrados en las guerras entre gangas y utilizan la violencia como mecanismo para resolver conflictos.

Este Programa contó con el apoyo del exgobernador Luis Fortuño, pero afrontó escollos por parte del exsuperintendente de la Policía, Héctor Pesquera.

Publicado en Claridad: Mamita llegó el Súper, llego el Súper de los niuyores


Mamita llegó el Súper, llego el Súper de los niuyores…

Por Gary Gutiérrez
Publicado: martes, 12 de noviembre de 2013

El nombramiento de James Tuller Cintrón como nuevo Superintendente de la Policía, anunciado en Nueva York por el excantante Willie Colón y ratificado en Fortaleza por el administrador colonial Alejandro García Padilla, acaparó la discusión pública en Puerto Rico la pasada semana.

Según publica la prensa, Tuller Cintrón es un hijo de la diáspora que, nacido en la Gran Manzana, pasó sus años de escuela en Bayamón para luego regresar a la Babel de Hierro. Allí se integró al Departamento de la Policía de Nueva York en el 1973 y desde entonces trabajó en el área de vigilancia de los complejos de vivienda pública primero y luego en el Buró de Transportación de esa agencia.

Mirando el resumé de Tuller Cintrón se destaca como éste fue subiendo y alcanzando logros profesionales durante la década del 1980, periodo histórico en que la derecha estadounidense utilizó la Policía de Nueva York para implementar sendas teorías de control social desarrolladas por el conservador Manhattan Institute, conocidas como las teorías de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero”.

Disfrazado como “plan anticrimen”, estas visiones parten de la premisa que persiguiendo intensamente la desviación menor y callejera como el graffiti, la solicitud de limosnas, la deambulancia, entre otras, se evita que las comunidades caigan en el proceso de deterioro que termina encubando criminales.

Ante este historial laboral del nuevo Superintendente de la Policía, surge la principal preocupación en torno a su nombramiento, sobre todo después de que adelantara a la prensa que, partiendo de “su experiencia” y de lo que “ha hecho en Nueva York”, viene a la Isla para implementar las trilladas y fracasadas teorías de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero” a reducir el crimen.

Por supuesto, ésta no es la única pregunta o preocupación en torno al nombramiento de Tuller Cintrón a la Superintendencia de la Policía.

Todavía no se sabe cómo es que el administrador colonial llegó a conocer a Tuller Cintrón. No está claro quién se lo presentó o quién lo recomendó. Tampoco está claro si viene a implementar una nueva política pública o si viene, como dijo García Padilla cuando lo presentó, “a dar continuidad a la labor que se viene realizando”.

Peor aún, no se tiene claro el porqué se trae a este oficial, cuando la Isla cuenta con decenas de oficiales de carrera que cuentan con igual hoja de servicio y preparación.

A estas preguntas hay que sumar la preocupación de la comunidad ciclista con la llegada a dirigir la Policía de quien hasta ahora fue el principal ejecutivo del Buró de Transportación de la Policía Neoyorquina, división con un terrible récord cuando viene al trato a los ciclistas, sobre todo a sus sectores más activistas.

Esta forma de tratar a los ciclistas, quienes en la sociedad del carro constituyen “el otro”, nos lleva a mirar críticamente al proceso de formación e historial del flamante jefe policíaco.

Precisamente, la principal crítica que se les hace a las teorías de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero”, es que son expresiones de una política de control y represión de todo aquel que, desde la visión de mundo de la clase media consumidora estadounidense, se construya como “el otro”.

Gigantes teóricos como Löis Wacquant y Yock Joungs, catalogan la teoría de las “ventanas rotas” como inválida empíricamente hablando, mientras explican que para lo que sí sirven estas teorías, es para generar confianza en la clase media, que regularmente es conservadora, desconfiar de los pobres y marginados, además de tener altos niveles de participación electoral.

Para Wacquant, el resultado de la implementación de estos planes de “Ventanas Rotas” y de “Tolerancia Cero”, y por tanto, del discurso que parece traer Tuller Cintrón, es que la definición de “desordenados” o “de enemigo del orden”, se les aplica a los sectores sub-proletarios que estropean, afean o molestan el espacio social y físico del consumo. Es decir, “al otro” que no es clase media.

Específicamente, en torno al plan de “Tolerancia Cero”, Wacquant expone que el mismo tiene tres componentes básicos.
Primero, un incremento en el número de las fuerzas represivas del estado como la Policía y la Fiscalía, así como en los recursos fiscales que se les asignan a esas dependencias. Dinero que en última instancia termina en los bolsillos de lo que Ángela Davis, Noam Chomsky y Cornel West llaman el aparato industrial correccional.

Segundo, la reestructuración del aparato policíaco, imponiendo la responsabilidad a nivel local o de áreas policíacas. Tercero, el desarrollo de una red de inteligencia computarizada, es decir de estadísticas que permita cuantificar la efectividad y que dé acceso rápido a la “inteligencia” recaudada en el proceso.

De primera intención y partiendo de una mirada acrítica, se pudiera decir que “Tolerancia Cero” y “Ventanas Rotas”, son una buena estrategia para la isla. Después de todo, las mismas funcionaron en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, tanto el propio Wacquant, así como el británico Jock Young, apuntan a un análisis diferente.
Ambos sociólogos de la desviación llaman la atención a que si bien es cierto que bajo la política de “Tolerancia Cero” y de “Ventanas Rotas”, se registró disminuciones en los índices de la criminalidad en Nueva York, no es menos cierto que ciudades como San Diego, donde se enfatizó en el patrullaje comunitario y la no criminalización de la pobreza en la calle, experimentaron las mismas bajas en incidencia delictiva a un costo mucho menor y sin las consecuencias que pudiéramos llamar “no intencionadas”, que se ven en la implementación de cualquier política de “mano dura”.

Como si las preocupaciones esbozadas por Wacquant y Joung no fueran suficientes para desconfiar de estos planes, basta con mirar la historia reciente para darse cuenta de que la fallida política pública sobre la criminalidad en Puerto Rico lleva más de veinte años basada en las mismas teorías.

La Mano Dura Contra el Crimen, Castigo Seguro, Golpe al Punto, La Isla de Ley y Orden y hasta los Códigos de Orden Público, todas fracasadas políticas para el manejo de la criminalidad en el País, son solo expresiones criollizadas de las estrategias que trae nuevamente Tuller Cintrón.

Como en Estados Unidos, el único logro que realmente se puede relacionar con estas estrategias es el aumento desproporcionado de las minorías en la población penal.

Partiendo de que las políticas de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero” están desacreditadas y del fracaso que las mismas ya demostraron en la Isla, a primera vista se pudiera concluir que la llegada de James Tuller Cintrón para implementar las mismas, no hace mucho sentido.

Sin embargo, un vistazo más crítico, demuestra todo lo contrario.

Al mirar la carta de presentación de Tuller Cintrón y su intención de nuevamente implementar en Puerto Rico las teorías de las “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero”, es fácil inferir que el mismo no viene a manejar el crimen.

Lo que viene es a usar la Policía de Puerto Rico para levantar la imagen que del administrador de turno Alejandro García Padilla tienen los sectores que en la Isla se ven a sí mismos como clase media, que en Puerto Rico está compuesta de trabajadores pobres en su mayoría y que es la que decide el proceso electoral local.

Copiado de los presidentes, gobernadores y alcaldes en Estados Unidos, los admiradores locales llevan décadas usando la criminalidad y el miedo que ésta le provoca a la llamada clase media para aumentar su respaldo electoral.
A este proceso, el sociólogo estadounidense Jonathan Simon le llama “gobernancia mediante el crimen”.

Por un lado, ese sector social que se define a sí mismo como clase media, aunque en Puerto Rico es clase trabajadora pobre que se identifica y aspira a ser parte de las minorías dominantes, se rehúsa a ver la excluyente estructura capitalista neoliberal como la generadora de sus penurias y pérdida de poder económico.

Para ellos es más fácil construir a los sub-proletarios, que no pagan impuestos, viven de las ayudas que costean la gente decente y que además son unos viciosos peligrosos, desordenados y faltos de valores, como la causa de sus problemas.

Ante esta realidad, explica Simon, que las estrategias para controlar esos sectores sub-proletarios mediante campañas de arrestos, imponiendo largas condenas carcelarias, ocupando sus comunidades o restringiendo su acceso a los sectores donde vive la gente decente, se convierte en el discurso de los políticos que quiere ganarse el favor de esos que se ven como “clase media”.

Sector que registra altos niveles de participación electoral y que, como se mencionó antes, regularmente es conservador, desconfía de los pobres y marginados y para quienes los discursos punitivos como el de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero” tienen mucho sentido.

Partiendo de lo anterior, es lógico preguntarse si la llegada de James Tuller Cintrón como nuevo Superintendente no es otra cosa que una estrategia de comunicación social para levantar la maltrecha imagen de Alejandro García Padilla, a costo de los derechos civiles y las libertades sociales de los sectores más pobres y marginados.

Al fin y al cabo, para eso fue que estas teorías realmente le sirvieron al exfiscal convertido en alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Es decir, para ganar elecciones.

Mientras tanto, nuestros jóvenes seguirán pagando en la calle el tributo de sangre, resultado no intencionado del manejo partidista electoral de problemas que son estructurales.

* El autor es profesor universitario de Justicia Criminal y observador social.

Citado en Metro: Dudan que nuevo monitor federal venga a cambiar estructura de la Polícia


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Para leer en Metro

El experto en criminología, Gary Gutiérrez, duda que el consultor técnico Juan Mattos venga a modificar la Policía de Puerto Rico; ya que lo que se ha hecho en la isla en los últimos años, «no es diferente al proceso que se ha dado en todas las policías de Estados Unidos en los últimos 10 ó 20 años».

«No creo que vaya a cambiar nada con traer a una persona que viene de un sistema que precisamente escribió los protocolos que se siguen en Puerto Rico», explicó Gutiérrrez en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Asimismo, Gutiérrez mostró preocupación ante la posibilidad de que el nombramiento de Mattos no se haya dado con la intención de hacer de la Policía un órgano menos represivo y militarizado.

«Me preocupa que ese monitor federal venga a ocuparse de que las violaciones a los derechos civiles se hagan de tal manera que se sostengan en la corte o que la gente no las perciba como tal», abundó.

El remedio o la enfermedad


Publicado en:
http://80grados.net

POR GARY GUTIÉRREZ | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |

La imagen no pudo ser más colonial. Un representante del Departamento de Justicia Federal enviado desde Estados Unidos, con acento inglés pero en español, regañó públicamente a los que se supone velen y representen el orden y los intereses imperiales en la Isla. El regaño giró en torno a los excesos, crímenes y violaciones civiles que han protagonizado agentes del Estado durante los pasados años. Por supuesto, la reprimenda no incluyó ni explicó el hecho de que esos agentes estatales son producto del entrenamiento y dirección del Buró Federal de Investigaciones, dependencia adscrita al propio Departamento que hoy se erige como inquisidor. A la diestra del emisario, el administrador colonial se presentó listo para ofrecer en sacrifico a los hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico, tal y como si se fueran chivos expiatorios ante la hoguera de la opinión pública.

Al escuchar al procónsul de la administración demócrata que dirige Barack Obama y mirando al administrador colonial, que de paso lo venden como el latin poster boy del Partido Republicano, mi mente se llenó de interrogantes: ¿A quién van dirigidos estos señalamientos? ¿De quién realmente fueron los excesos que se denuncian? ¿Acaso esas acciones hoy señaladas no fueron defendidas por políticos y ciudadanos alegando que la protección del “orden” es prioritario al derecho de unos cuantos revoltosos? ¿Por qué enviaron a uno que habla español? ¿Con qué cara ese administrador colonial viene ahora a decir que ya su gobierno tomó medidas para corregir lo hoy señalado?

Si bien los señalamientos de abuso y violación de derechos, parecen apuntar hacia la Policía, en realidad acusan al propio administrador colonial quien, por “el poder que le confirieron los votos” y con la soberbia típica de los moralistas, implementó en Puerto Rico la política pública de “cero tolerancia” que dio paso a los señalados abusos y que fue copiada de la derecha conservadora estadounidense. Una política pública que parte de la premisa de que el orden social y su mantenimiento está sobre cualquier consideración de derecho o de justicia.

No es importante para esos conservadores, mucho menos para el administrador colonial, que ese “orden” es uno excluyente, que mientras permite libertinaje al capital, utiliza las herramientas del Estado para controlar a la población que carga el peso de esas impudicias. ¿Acaso ese administrador, que hoy funge de sacerdote sacramental y quien quema en la hoguera de la opinión pública a sus subalternos policiacos, no fue el mismo que defendió a su principal ayudante y delegado del capital en su gabinete, cuando dijo que a los que protesten en el País “hay que sacarlos a patadas”?

No se trata de que los policías no tengan responsabilidad. Ni mucho menos que se les reconozca a los uniformados el derecho a la infame defensa de “obediencia jerárquica” esbozada por los lacayos de Hitler hace más de 60 años. De lo que se trata es que ese administrador colonial es el principal responsable por imponer en Puerto Rico una política pública de seguridad que en todos los lugares donde se implementó terminó de la misma forma: con excesos policiacos muy parecidos a los que hoy se denuncian en la Isla. Cínica.

Como si la negación a tomar responsabilidad no fuera suficiente desvergüenza, más cínicas son las supuestas soluciones a los excesos que, según el administrador colonial, ya se pusieron en marcha por parte de su administración.

La principal de estás es la creación de un organismo evaluador dirigido por su ayudante y representante del capital en su gabinete, quien de paso es el promotor de la política de “sacarlos a patadas”. Es importante reseñar que el gobierno colonial cuenta con la Comisión de Derechos Civiles, agencia que por su definición debiera ser quién tome jurisdicción sobre el asunto.

La segunda solución es la importación, a costo de miles de dólares, de técnicos del New York City Police Deparment (NYPD) para que entrenen a los policías locales. ¿La Policía de Nueva York? Si por algo se distingue ese NYPD es por su sofisticado sistema de abusos, excesos de fuerza represiva y de control social, no por su tolerancia y civismo. El abuso contra las minorías, el maltrato a los sectores más pobres, la persecución selectiva por razones raciales o étnicas, son sólo parte de la lista de violaciones de ese departamento, que va desde arrestos ilegales hasta agresiones físicas. Todavía se habla de la sodomización de un residente haitiano que estaba bajo la custodia de ese departamento policiaco.

Al igual que en Puerto Rico, los abusos y agresiones que se le imputa a la Policía neoyorquina no son excesos o imprudencias individuales, sino el resultado de unos agentes que se sienten protegidos por las políticas de cero tolerancia impuestas por el Estado. Lo que sí se puede decir del NYPD es que en la pasada década se desarrollaron y sofisticaron sus técnicas represivas para escapar el juicio de los tribunales. Precisamente, la sofisticación de esas prácticas represivas para evitar el escrutinio judicial es el estudiado en el libro “Crime Of Dissent” del académico Jarret S. Lovell.1

Dichas técnicas represivas se encuentran bajo investigación por múltiples agencias incluyendo la Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. Hace unos días la CIA confirmó que colabora en una pesquisa que examina el esquema de carpeteo que luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001, la NYPD montó contra organizaciones legítimas árabes de índole culturales o religiosas.

Para entender esas sofisticadas políticas represivas sólo se tiene que mirar la forma en que el NYPD manejó las protestas contra la convención republicana del 2004. Según el libro de Lovell, la forma en que se manejaron las mismas no se diferencia mucho de la forma en que los uniformados locales manejaron las manifestaciones estudiantiles en Puerto Rico. Esas técnicas represivas de la Policía neoyorquina también se documentan de manera parecida en el libro “Policing Dissent” del nicaragüense radicado en Arizona, Luís A. Fernández. Esta publicación fue presentada a comienzos de este año en Ponce como parte del Primer Encuentro para la Nueva Criminología en la Universidad Interamericana.2

Por tanto, al escuchar decir al administrador colonial que su administración mira al NYPD como fuente de asesoramiento, la pregunta obligada es: ¿Asesoramiento para evitar la represión o para aprender a cómo reprimir y controlar sin ser señalado?

Terminada la conferencia de prensa y reflexionando sobre la misma con un esperesso, viene a mi mente el magistral libro The Shock Doctrine de Naomi Klein.3El sólo pensarlo me enfría el alma. Me pregunto si los discípulos de Milton Friedman que forman parte de la administración de turno la isla no usaran el informe del Departamento de Justicia Federal para imponernos otro ejercicio de “terapia de shock” o como ellos lo llaman, de “medicina amarga”.

Primero implementarán o dirán que implementaron medidas que de seguro ellos saben que fallarán en evitar los excesos pero que sofisticaran la represión mientras le deja muchísimo dinero a los asesores en seguridad. Luego, cuando el pueblo reclame que no hay resultados y acepten el fracaso de las medidas, presentarán la privatización de la seguridad pública o de gran parte de sus componentes, como la única alternativa a seguir. Después de todo, puede que en Puerto Rico la idea de privatización policiaca nos parezca una idea absurda o incomprensible, pero la misma se lleva implementando por los gobiernos neoliberales en Estados Unidos, Canadá y Europa desde hace años.

La verdad que espero equivocarme y que sólo sean los efectos del espresso y la paranoia que me causan los conservadores…
G

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