¨La policía está entrenando en la cancha de Santo Tomas para manifestaciones. Canta «Lucha si entrega no», «el pueblo unido jamás será vencido», “se llama a sí Misma puercos” y anda dando cantazos con escudos. Cancha cerrada. Luces apagadas o bajitas.¨
Con este mensaje un grupo de activista hace visible un proceso de entrenamiento que la Policía de Puerto Rico desarrolla desde mayo de este año.
So color de cumplir con la llamada Reforma de la Policía, el organismo somete a todas y todos los uniformados a un entrenamiento para el «manejo de multitudes», confirman efectivos que ya participaron del mismo.
Los adiestramientos son dirigidos por personal del propio cuerpo quienes a su vez, supuestamente fueron entrenados y certificados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Tras los incidentes del «Verano del 2019», el entrenamiento se amplió para incluir «manejo de multitudes» durante las noches, confirmó uno de los policías participante.
Por supuesto el entrenamiento antimotines, como antes se conocían estas técnicas, no es nada nuevo. Sin embargo, de la forma en que se implementa en la actualidad surgen varias preocupaciones.
¿Quién o quiénes diseñaron el currículo para el mismo?
¿Por qué el comienzo de estos talleres no se anunció publicamerte?
¿Si realmente son entrenamientos para evitar excesos y abusos policiacos, no debieran estar bajo la supervisión o por lo menos monitoreo de la CDC de PR, CAAPR, ACLU, AIPR, Kilómetro O?
Por otro lado, este asunto no se debe ver aislado de los constantes pedido por parte de una Policía que alega que para poder enfrentar la supuesta «ola criminal» que arropa el País necesita más recursos fiscales y humanos.
Si para buen entendedor, con pocas palabras bastan, es fácil entender que la agenda neoliberal que domina la adminstrtacíón pública pudiera llevar a Puerto Rico a una confrontación política en las calles.
Dos más dos son cuatro, el Estado Colonial lo sabe y al parecer se está preparando…
¿En serio, ventanas rotas? Mi cerebro, que finalmente se estaba adormeciendo para descansar, se disparó como un misil intercontinental estadounidense que responde a Corea.
Desarrollada por el Manhattan Institute e implementado durante la década del 1990 por el alcalde Rudolph Giuliani., la “teoría” conocida como “Ventanas Rotas” entiende que cuando se tolera la desviación o los actos antisociales menores estos degenerarán en crímenes mayores. Con esta visión justifica mover y enfocar los esfuerzos del Aparato Represivo estatal para perseguir conductas que pudieran ser manejadas de forma más económicas y eficientes desde los controles informales o ideológicos.
Es decir que las autoridades deben enfocarse en controlar conductas desviadas como el escribir grafiti, arrojar basura, pedir o vender cosas en las luces de tránsito, fumar marihuana, consumir alcohol en la vía pública, orinar en público, etc., aun cuando las mismas no tengan víctimas o querellantes.
Entiendase, es gastar el dinero y tiempo de los y las policías, a quienes no le pagan los beneficios contractuales por falta de recurso, en perseguir mozalbetes y marginados que no tienen dónde caerse muertos.
Por supuesto, el ejemplo utilizado para la implementación de esta política pública son discursos como que la gente que no obedece las leyes de tránsito. Es decir que, en vez de gastar los recursos en generar investigadores, los vamos a pones a dar boletos de tránsito.
A ver si se entiende: ¿esta gente entiende que alguien que ya decidió asesinar a otro ser humano no lo va hacer porque estén velando quién no se detiene ante la luz roja?
Como dije el mito de las ventanas rotas como forma de manejar la criminalidad surge tras su implementación durante la incumbencia de Rudoph Giuliani como alcalde de Nueva York.
Durante ese periodo la ciudad experimentó baja en los delitos y Giuliani lo relacionó con la implementación de esta política. De paso con ese cuento se hizo millonario asesorando a gobiernos que como el nuestro le pagaron sus honorarios como experto.
Claro el exfiscal no explica en sus talleres que en ese tiempo en decenas de otras ciudades donde no se implementó este plan, también bajo la criminalidad.
Además del cuestionamiento antes detallado, otra crítica importante que se le hace a la política de las Ventanas Rotas es que la misma termina siempre reprimiendo y controlando las poblaciones más pobres, marginadas y vulnerables.
Un dato constatable es como, en la década del 1990, bajo la implementación de esta visión en la ciudad de Nueva York se dispararon los números de querellas por brutalidad policía mientras en las otras ciudades que también lograron bajar criminalidad, pero con programas comunitarios, las querellas contra los oficiales bajaron.
De igual forma se critica que esta estrategia ensaña la brecha entre la comunidad y la Policía que en muchos casos es vista como una fuerza de ocupación. Situación que termina aumentando la apariencia de ilegitimidad del Estado en esas comunidades.
El otro ataque a esta “teoría” apunta a que su implementación dispara costos de vigilancia y congestiona el sistema con casos que no tienen víctimas o querellantes. En momentos que la administración de la Policía de Puerto Rico está en entredicho por no poder cumplir con sus obligaciones labores, este es un factor que requiere mucha consideración.
Como si lo anterior no fuera razón suficiente para descartar el “mito de las ventanas rotas”, la realidad es que, por los pasados treinta años, desde la implementación de la llamada mano dura, la política para el manejo de la criminalidad siempre fue la misma que hoy nos empacan como novel iniciativa.
Claro está decir que esto de que la teoría de las Ventanas Rotas no funciona es faltar a la verdad. La realidad es que al igual que en la ciudad de Nueva York, la implementación de la “teoría” en Puerto Rico fue exitosa en encarcelar pobres, custodiar y estigmatizar comunidades y sobre todo en normalizar la vigilancia y el control social. Fin real del pensamiento conservador que produjo las ideas originalmente.
Por último y más importante, el anuncio de la implementación de Ventanas Rotas como política pública demuestra que quienes tiene a su cargo el manejo de las agencias represivas, locales y federales en Puerto Rico, nunca tuvieron un plan real para el manejo de la criminalidad y por eso viene con este refrito.
¡Salud y resistencia!
[i] Se refiere a los días tras el paso del Huracán María que a esta fecha mantiene sin servicio eléctrico a más del 40% de la población.
Vecinos de las comunidades de Peñuelas, entre los que se cuentan muchos ancianos y mujeres, siendo empujadas, atropellados, reprimidos y arrestados por militarizados agentes policiacos que se supone cobran para proteger la ciudadanía.
El delito parece ser utilizar el espacio público para exigir reparación de los agravios que entienden el estado comete contra ellos. Es decir, ejercer el derecho que les es garantizado en la primera enmienda de la Constitución del país del cual son ciudadanos.
Paralelamente al ejercicio de este derecho, los y las ciudadanas que ocupan el espacio público de su comunidad están exigiendo el derecho a autogobernarse, como se supone que pase en una democracia. Después de todo, la institución básica que se supone represente a esta comunidad, el Municipio de Peñuelas, prohíbe por ley que en esa jurisdicción se deposite cenizas producto de la quema industrial de carbón.
¿Cuáles son los agravios?
Hace más de dos décadas, tras negociaciones secretas los -supuestos- representantes electos del pueblo de Puerto Rico, firmaron un acuerdo que obligaba a la compra de la energía que se produciría en una planta de generaría energía quemando carbón. Tecnología que desde aquel entonces está siendo descartada por sucia en la mayoría de los países avanzados del mundo, incluyendo Estados Unidos.
En ese acuerdo inicial, la compañía productora quemadora del carbón se comprometía a sacar de la Isla el residuo de su operación. Es decir, las cenizas resultantes de la quema.
Cenizas que según a quién usted le pregunte pueden o no ser dañinas a la salud y pueden o no ser material para uso en construcción o relleno. Pero esa es otra discusión, pues, después de todo si algo tiene la industria carbonera internacional, es dinero para comprar “la ciencia” que necesiten.
Como la lucha en Peñuelas, este escrito no es una discusión científica. Es una discusión política en torno a si las comunidades tienen o no derecho al autogobierno.
Basado en el mencionado acuerdo firmado “en confidencialidad” y que obligaba a la quemadora de carbón a llevarse las cenizas, se construyó y eventualmente comenzó a operar la planta de generar electricidad quemando carbón.
Tras varios años operando y sacando de la isla las cenizas resultantes, la quemadora enfrentó problemas en la disposición fuera de Puerto Rico de los residuos de su operación. Otros países cancelaron, por las razones que fueran, los acuerdos para recibir estos despojos. Por esta razón que se alegó entonces que estaba en peligro la operación de la férvida industria en Puerto Rico.
Ante la situación, nuevamente en secreto, el gobierno de turno asume como suyo el problema del manejo de estos residuos y enmienda el contrato permitiendo el depósito en la Isla de los residuos industriales.
Ante este nuevo escenario, y ejerciendo su derecho al auto gobierno, decenas de municipios aprobaron leyes que prohíbe el manejo, transporte, uso o disposición en sus jurisdicciones de los residuos de la quema de carbón. Esto sin importar si los mismos son beneficiosos o peligrosos.
La controversia en torno a estas medidas llegó ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, tribunal que tiene injerencias en Puerto Rico por virtud de la relación colonial entre ese país y Puerto Rico. Contrario a lo que parece ser la tradición estadounidense, donde se le reconoce a las autoridades locales la capacidad de aumentar las protecciones mínimas impuestas por los estados o el gobernó federal, la Corte invalidó las ordenanzas. Es una decisión que para los legos como yo no se entiende, pues partiendo de la lógica usada por el tribunal, los condados y municipios no tienen autoridad para reglamentar o prohibir, como lo hacen, la pornografía, el consumo de alcohol o las horas de comercio, por ejemplo.
Claro, esta decisión en contra de los municipios no es de extrañar si se parte de la premisa de que la principal tarea de la Corte Federal en Estados Unidos es la viabilidad del libre comercio interestatal.
Decisión o no de la corte, los vecinos de Peñuelas no se amedrentaron y continuaron en pie de lucha, protegiendo su derecho a decidir sobre su comunidad.
Ante esta situación y por el apoyo que los y las peñolanas recibieron de otros sectores del país, en aparente intento de lavar su imagen frente a los y las peñolanas, los políticos electos de la región, incluyendo a los de acumulación radicaron proyectos de ley que se vendieron ante la opinión pública como para la protección de la comunidad pero, que terminaron validando las posturas y definiciones que sobre las cenizas tiene la quemadora de carbón.
Es así como estos políticos profesionales, representantes, senadores y el propio gobernador colonial, son los responsables de lo que pase o pueda pasar en Peñuelas. Los primeros por permitir que le aguaran el proyecto que terminó validando el cambio de contrato que firmara la anterior administración y que permite que los residuos se queden en la Isla. Ni siquiera le votaron en contra como protesta a los cambios.
Igualmente, responsable es el gobernador colonial por firmar la ley y tratar de venderlo como una solución salomónica.
En resumen, con esta medida la actual administración se hace cómplice de la anterior y demuestran al servicio de quien están, socializando los costos del manejo del material residual de la quema del carbón mientras mantiene privatizadas las ganancias de esa operación.
Nada que nuevamente el sistema parece estar funcionado a la perfección, dejándonos en la situación que se describen en las coplas del viejo Atahualpa Yupanqui cuando dice:
“Las penas y las vaquitas se van por la misma senda;
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda;
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas;
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.”
El pueblo que es refranero
canta con su propio rezo
aunque un rosario de penas
lleve guindando en su pecho.
Y hay que afinar el tiro
es decir la puntería
que aunque diga groserías
el pueblo tiene derecho.
Y no se me ponga arrecho
pero es la pura verdad
Alí Primera
Por Gary Gutiérrez
Como era de esperar, el nombramiento de una “Junta de Control Fiscal” junto a los conflictos de clase y la exclusión que caracterizan la sociedad puertorriqueña, ya comienzan a generar encontronazos en el espacio público.
Aparte de la violencia que usualmente sirven en la isla como válvula de escape, es decir la llamada violencia criminal y la social, lo que parece experimentar un alza es la confrontación entre el estado y unos sectores del pueblo puertorriqueño quienes retan sus decisiones y sus políticas por entender que el primero no les representa.
En medio de este conflicto se encuentra la Policía de Puerto Rico. Cuerpo que en la Isla es de naturaleza civil, encarna el monopolio de la violencia que en su inmensa mayoría –por no decir totalidad- y que se compone por personas proveniente de los mismos sectores pobres y marginados de donde vienen aquellos etiquetados como revoltosos o criminales.
Partiendo del párrafo anterior, es importante entender entender que, al igual que con la violencia social y criminal, los protagonistas que derraman su sangre en medio de estos conflictos “políticos”, son los pobres.
Ese conflicto económico y político se da enmarcado en el llamado derecho constitucional que por virtud de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos rige en la isla caribeña. Esto a pesar de que Puerto Rico tiene una ley que llaman constitución, pero que lejos de ser el principal estatuto que rige la vida de los puertorriqueños, las más recientes decisiones de los tribunales estadounidenses la desenmascaran como una simulación productos de necesidades políticas de otras décadas.
Así pues, tanto las acciones de los que protestan, como las de quienes exigen su derecho a reunirse en un espacio -privado o público-, en Puerto Rico están protegidas por la primera enmienda de la constitución estadounidense que lee, “[e]l Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.”
Cuando ese derecho a reunión y la libertad de expresión de quienes usan el espacio público para protestar, choca con el derecho de otros que pretenden acceder a una instalación para reunirse o consumir, es el trabajo de la Policía intervenir para mantener la paz social y evitar la violencia.
Es decir, el rol de los ciudadanos uniformados que ejercen la autoridad que el estado se abrogó para monopolizar la violencia, no es de ser jueces para otorgar la controversia, es de ser árbitros que aseguren que el conflicto no se salga de proporción y evitar así las agresiones físicas.
Igualmente, la presencia de la uniformada debe incluir que no se viole ninguna ley. Por supuesto, se puede discutir la legitimidad o legalidad de eso que llaman «ley», pero eso requiere una discusión aparte.
Ante el conflicto de dos sectores sociales encontrados en la calle, como vimos cuando grupos opuestos a la política socioeconómica del estado que ocuparon el espacio público para dramatizar sus pedidos, chocaron con los sectores que respondieron a la convocatoria de la Cámara de Comercio para discutir como manejar la llegada de la llamada Junta de Control Fiscal, el trabajo de la Policía de Puerto Rico no es decidir qué derecho debe imperar y mucho menos usar la fuerza para ayudar a prevalecer a uno de los dos sectores encontrados
Al contrario, al igual que cuando hay una situación especial como un funeral, un desfile o una caravana política, la función de la uniformada debe ser buscar otras alternativas de acceso, pero siempre evitando que se desate la violencia entre los actores sociales que ejercen su derecho al uso del espacio público.
El armarse de escudos y batones, emulando las legiones romanas en formación de «testudo» o «tortuga», con el propósito de arremeter contra ciudadanos que ejercen su derecho a exigirle cuentas al estado, no solo es agresión, es una clara violación al derecho constitucional que los policías juraron defender.
En caso de que en ese ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a reunión se viole alguna ley o estatuto, la única acción legítima sería, salvaguardado el debido proceso establecido en la ley, el arresto o citación de esa persona o personas.
Permitir el uso de los efectivos policíacos como avanzada para abrirle paso por la fuerza a uno de los grupo en conflictos, es faltar el respeto de ese cuerpo, reduciéndolos al gansteril rol de guapetones de barrio al servicio de los poderosos.
Los derecho son garantías que tienen los ciudadanos frente al estado.
Por lo que se puede preguntar a juristas o a sociólogos del derecho, si existe tal cosa como derecho a pasar por un espacio público ya ocupado legítimamente por otro. Igualmente cabe preguntarles si el estado tiene autoridad legítima de remover del espacio público a una persona que lo ocupa para protestar, solo porque ese ejercicio de expresión le causa contratiempos a otros.
Finalmente, y tal vez más importante, se pudiera preguntar si una sociedad que aspira a ser democrática debe permitir que sean sus aparatos represivos en la calle quiénes determinen, qué derecho tiene más valor y cuál debe prevalecer cuando surja el conflicto.
«La pasada semana el gobernador Alejandro García Padilla defendía las bondades de la reforma policial y afirmaba que la ciudadanía confía hoy más en la Uniformada que hace unos años. Simultáneamente, se radicaba un pleito federal por violaciones a los derechos civiles en contra de la Policía de Puerto Rico, y en Estados Unidos el departamento de Justicia señalaba a la Policía de Baltimore como un cuerpo discriminatorio y abusivo. Para el criminólogo y profesor de Justicia Criminal Gary Gutiérrez, ninguno de estos eventos son independientes, ya que responden a una misma realidad: un esquema de militarización del orden público, orquestado a nivel federal y que culmina, en demasiadas ocasiones, con violaciones a los derechos humanos. Informa Javier Villa.»
En Dallas, la Policía utilizó un robot con explosivos –a inicios de julio – para abatir a un hombre negro que se atrincheró en un garaje del centro de la ciudad tras supuestamente matar a cinco policías en repudio a la muerte de dos hombres afroamericanos a manos de agentes del orden público.
A 2,130 millas de distancia, un Humvee de la Policía Municipal de Ponce –que se usó en la guerra de Irak– escoltaba una brigada de reclusos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que el último jueves de este mes realizaba trabajos de ornato en las carreteras de la Ciudad Señorial.
Quizás la estampa del vehículo militar transitando por calles de la Isla pase inadvertida debido a la normalización de la iconografía militar en el diario vivir y porque nuestra imagen más clara del militarismo se remonta a la década de los 90, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló desplegó la Guardia Nacional en los residenciales públicos como medida para combatir el crimen.
Sin embargo, la utilización del robot como táctica para acabar el violento episodio en Texas evidenció la proliferación de equipo y tácticas militares en los cuerpos llamados a velar por la seguridad pública.
El proceso de militarización de la Policía comenzó hace décadas y responde a intereses económicos, explicaron a El Nuevo Día los criminalistas José Raúl Cepeda Borrero y Gary Gutiérrez Renta.
“Ese proceso quizás empezó con (Ronald) Reagan, pero cogió fuerza a partir de la era de (Bill) Clinton”, apuntó Cepeda Borrero.
Como gobernador de California, Reagan empezó a blindar a los policías con armas y les ofreció entrenamiento militar. La Policía de Los Ángeles también estableció el primer equipo de SWAT, una unidad especializada en armas y tácticas, en medio de revueltas universitarias y tras los disturbios en la comunidad de Watts en Los Ángeles, en el 1965, provocados por la detención de un joven negro por una infracción de tránsito.
Esa visión de militarizar la policía acompañó a Reagan durante sus dos términos como presidente. Luego Clinton aprobó legislación que permitió que el excedente de armas de la milicia pasara a las fuerzas policíacas.
“Algunos dicen que estuvo influenciada por el aparato industrial militar que luego de la guerra de Vietnam había perdido espacio para vender sus armas”, indicó Gutiérrez Renta.
Bajo estas circunstancias y la asignación de mayores fondos para comprar equipo nuevo y librar la llamada guerra contra las drogas, surgió el policía “guerrero”. La militarización de la policía volvió a resurgir cuando Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo tras los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y destinó millones de dólares para dotar las policías municipales y estatales.
Una investigación de The New York Times descubrió que, entre el 2006 y el 2014, las policías estatales y municipales adquirieron 93,763 rifles de asalto, 435 vehículos armados, 44,900 binoculares de visión nocturna y 533 helicópteros, entre otras herramientas bélicas.
Golpe a las minorías
Cepeda Borrero y Gutiérrez Renta advirtieron que las comunidades no son zonas de guerra y que la militarización de las fuerzas del orden afecta desproporcionadamente a las minorías raciales y atenta contra las libertades ciudadanas.
“Preocupa, desde la perspectiva de los derechos humanos, el uso de ‘drones’ (aviones sin pilotos) o robots para ‘neutralizar’ supuestos francotiradores. Cuando ‘neutralizas’ a un ciudadano, eso es una ejecución extrajudicial, que quiere decir que es una ejecución donde no medió el debido proceso de ley”, afirmó Cepeda Borrero.
Siguiendo esta línea, planteó que imponer una lógica bélica en escenarios de delincuencia diaria era problemático porque la tecnología no era infalible y porque los prejuicios atravesaban esas decisiones.
“El derecho a portar armas se ha convertido en el derecho a portar armas del varón blanco. Si eres un varón negro eres sospechoso”, precisó.
En Dallas, la policía erróneamente identificó como sospechoso a un hombre negro que portaba un rifle y vestía una camiseta de tela de camuflaje en la protesta que acabó con el tiroteo a los policías.
El día antes, en Minnesota, un policía mató a Philando Castile durante una intervención de tránsito y luego que el hombre negro informó que portaba una arma de forma legal.
“Esa posibilidad de confusión hace que automáticamente haya que descalificar el uso de equipo de grado militar… La tecnología ha mejorado, pero no lo suficiente para neutralizar a una persona sin matarla. Entonces lo que estás haciendo es una ejecución. Lo juzgaste, lo condenaste y lo ejecutaste”, insistió Cepeda Borrero.
Origen racista
Los prejuicios raciales y de clase también han infiltrado la imposición de normas bélicas en contextos de convivencia ciudadana.
“Desde el comienzo, eso que llaman policía es una institución racista y clasista que defiende el orden social, en este caso el orden social capitalista”, insistió Gutiérrez Renta.
Mencionó que en Estados Unidos, la esclavitud se mantenía legalizada con patrullas de esclavos, que salían a buscar a los cimarrones para devolverlos a las haciendas del sur del país.
“La función de la policía para manejar el crimen diario es un concepto de la segunda o tercera década del siglo XX, cuando surgió la prohibición del alcohol”, afirmó Gutiérrez Renta.
Pese a esta transformación en funciones, para el profesor, que dicta cursos de justicia criminal, la policía nunca abandonó esa visión de “patrulla de esclavos”, que aflora con la militarización del cuerpo y con la llegada de las nuevas tecnologías.
“Los sectores marginados tienen formas de divulgar información a través de las redes sociales, que permite reconstruir lo ocurrido. Hace una década mataban a una persona en la calle y el único referente era la versión del policía. Ahora hay vídeos”, puntualizó.
Como parte de su análisis, alertó sobre la insensibilidad que crea la iconografía militar en la calle porque los ciudadanos comienzan a acostumbrarse a ver los policías vestidos con ropa antimotines o al exceso de fuerza como parte de sus funciones.
“Un policía no me puede dar órdenes en la calle. Él tiene que justificarme por qué me está dando órdenes y eso se ha ido invirtiendo”, afirmó.
“La visión normalizada es de guerrero. El policía es un civil y está para establecer la paz social, mientras que el guerrero está para imponer fuerza mortal si es necesario”, agregó
Leña al fuego
Para atender los problemas de violencia que alteran la paz social, hay que eliminar la pobreza, la desigualdad y las inequidades de nuestro sistema, apuntalaron Gutiérrez Renta y Cepeda Borrero, cuyos planteamientos coinciden con las propuestas en el área de seguridad de la Agenda Ciudadana. Reconocieron, sin embargo, la dificultad de esta propuesta puesto que supone un cambio en las estructuras de poder.
“La estrategia tiene que ser un desarme y empezar a replantearnos los procesos desde la comunidad… Pero seguir tomando medidas restrictivas lo que hace es seguir echándole leña al fuego”, afirmó Cepeda Borrero.
Realista y visual, Los Muertos se Visten de Blanco
Comentario por Gary Gutiérrez
“La vida te da sorpresas”.
La canción de aquel juglar que aspiró a la presidencia de Panamá probablemente es la forma más elocuente de expresar mi asombro ante la petición del abogado Hiram Lozada Pérez. El amigo Hiram me solicitó mediante Orlando Planchart que le comente una novela.
¿Disertar yo sobre una novela, cuando mi principal deficiencia académica es la literatura?
Como he dicho en otras ocasiones, desde mi escuela intermedia tanto el currículo de español como los curas Escolapios se encargaron de castrar en mí la capacidad para apreciar ese arte de organizar palabras y narrar historias.
No obstante, honrando la amistad con Hiram Lozada Pérez, pero a la vez horrorizado por la encomienda, no me queda más remedio que enfrentarme a mis más profundos miedos y tratar de hacer lo mejor posible.
Es de esta manera que termino de frente al objeto de mi terror: la novela LOS MUERTOS SE VISTEN DE BLANCO, como dije de Hiram Lozada Pérez.
Para mi suerte, y probablemente la razón por la que Hiram me solicita el comentario, se trata de una novela policiaca de esas que llaman “novela negra”.
Los MUERTOS SE VISTEN DE BLANCO, publicación que vio la luz en el 2015 bajo el sello de Isla Negra Editores, es una hermosa publicación engalanada con una maravillosa fotografía de portada. Aunque de fácil y entretenida lectura, la narración no deja de ser un realista retrato del mundo policiaco y, por ende gansteril, que coexiste en muchas de las comunidades de este Puerto Rico secuestrado por el narcotráfico.
Hace unas décadas escuché, no recuerdo si fue a Eduardo Galeano o al recientemente fallecido Umberto Eco –mis excusas por la falta de precisión- , que hablaba de que las buenas obras de arte son aquellas que se pueden apreciar desde diferentes niveles. Es decir, que pueden tener múltiples lecturas, dependiendo del nivel o desarrollo del observador u observadora.
Nuevamente por suerte para mí, este es el caso de LOS MUERTOS SE VISTEN DE BLANCO.
Así que como medida de auto preservación, mi acercamiento al escrito puede ser posible desde la criminología, campo en el que durante los pasados años me muevo con más comodidad. Utilizando entonces la criminología, sobre todo la llamada criminología cultural, como tabla salvavidas, me adentro en el caudal etnográfico del escrito de Hiram para buscar esa relación que, según los y las criminólogas, culturales existe tanto entre la cultura y el crimen, como entre el crimen y la cultura.
Desde esta perspectiva, la novela de Lozada Pérez se revela como una documentación etnográfica de nuestra sociedad, donde el comportamiento criminalizado representa uno de los sectores más fuertes e importantes de la economía.
Al comenzar a leer, las primeras páginas me transportaron décadas atrás cuando la violencia era la cotidianidad en mi vida de fotoperiodista policiaco de provincia. La narrativa de Hiram en esas primeras páginas fue como un viaje a una realidad que, enterrada por antidepresivos, alcohol y cinismo, todavía habita en mi memoria. Según mis ojos navegaban las palabras de Hiram, regresaban a mi realidad los olores, los sonidos, los llantos y los gritos de dolor de las madres y los familiares de cientos de anónimos muertos o arrestados que conforman mi acervo fotográfico.
Así, el leer la brutalmente realista narración del primer capítulo me llevo a reflexionar sobre cómo fui testigo primario de la barbarie producto de una absurda prohibición que por más de cuarenta años nos condena e impone un tributo de sangre que permite a los más poderosos controlar a los más pobres. Más aun, el comienzo de la novela me llevó a confesarme a mí mismo, lo estúpido que fui al legitimar con mis imágenes la absurda guerra contra los negros y pobres, perdón, contra la droga declarada por criminales de lesa humanidad como Richard Nixon y sus secuaces.
De igual forma pero desde la perspectiva más personal, el realismo antropológico de la narrativa de Lozada evocó en mí aquellos miedos vividos al momento de recibir la llamada de un tiroteo o de un arresto. Miedos, por ejemplo, de que el muerto o el arrestado fueran alguien conocido o un familiar.
Definitivamente, la precisión en la narración del incidente que abre la novela y que da paso a la trama, demuestra la maestría y el conocimiento que tiene el autor cuando viene a ese mundo marginal, pero siempre presente en nuestra sociedad.
Igualmente magistral es la forma en que este relato ilustra cómo la desconfianza, la intriga, el no saber nunca cuáles son los verdaderos aliados, de cuáles son las intenciones o quién realmente es ese con el que uno está hablando, son la normalidad en ese mundo donde la suspicacia no solo es la norma, también puede ser lo que te salve la vida.
Como bien se ve en la novela, en ese mundo no hay amigos ni enemigos, buenos ni malos, no hay gente decente o indecente, no hay culpables o inocentes. Es un mundo donde cada cual, perseguidor o perseguido, sobrevive como puede. No importa si llevas placa o pañuelo que te cubra el rostro, es un mundo donde hay veces que estás en un lado de la ley por razones incorrectas y antiéticas, o en contra de los estatutos por razones éticas o correctas.
Lozada nos lo deja claro; es un mundo de grises dónde solo hay intereses.
El verbo de Lozada Pérez surge entonces como uno que nos libera de viejos y trillados discursos criminológicos, donde las subjetividades eran concretas y donde los buenos siempre eran los disciplinados, justos y éticos.
Entrelazada en la entretenida trama, para esos que se atrevan mirar, Hiram levanta la absurda cortina de la modernidad y sus identidades concretas, para permitirnos ver que en muchas ocasiones “los disciplinados, los justos y éticos” no necesariamente son los que cargan la placa y juraron proteger vidas y propiedades.
De esa manera, la novela LOS MUERTOS SE VISTEN DE BLANCO, que se me antoja calificar de criminología etnográfica o cultural, va dibujando en grises no solo el mundo de “lo criminal”, sino que paulatinamente va produciendo un retrato de la sociedad en que vivimos. Una sociedad donde el crimen y el narcotráfico es un buen negocio tanto para quienes lo trabajan, como para los que lo combaten. Una sociedad dónde también ese ilegalizado narcotráfico termina destruyendo tanto a perseguidos como a perseguidores. En la novela se trasluce claramente cómo la absurda prohibición de unas sustancias, se mantiene porque es de provecho, tanto para los primeros, como para los segundos. Lozada, en ese sentido, deja claro que el ilegalizado narcotráfico es tan solo un negocio, es un buen negocio, donde todos somos víctimas y victimarios.
Así las cosas, la novela LOS MUERTOS SE VISTEN DE BLANCO de Hiram Lozada Pérez tiene que ser lectura obligada para cualquiera que le interese el tema de la criminalidad, pero sobre todo para nuestros estudiantes de justicia criminal.
De hecho, su amena y fácil lectura atrapa al lector evocando los guiones de las mejores series policiacas. Leer el trabajo de Lozada Pérez es como ver capítulos de la estadounidense serie The Wire o de la serie original Law & Order. Para mí, los mejores ejemplos del género policiaco en la televisión estadounidense.
Voy más lejos, no dudo que las escenas de tiroteos o masacres descritas por Lozada, evoquen entre los más jóvenes la iconografía de los videojuegos o de las películas de los hermanos Wachowski. Por supuesto, para los más maduritos, la novela pudiera ser una narrativa en blanco y negro al estilo de la original serie de Los Intocables
.En fin, que como en otros trabajos de Lozada Pérez, el protagonista encarna el arquetipo del héroe que tiene que bajar a los infiernos para regresar empoderado casi a nivel espiritual y hacer lo que se tenga que hacer. En este caso también, como en los otros trabajos de Lozada, ese héroe está enmarcado en una espiritualidad silvestre que sirve como retrato etnográfico a nuestra religiosidad popular donde las conversaciones con los que ya no están, las premoniciones y los amuletos son tan cotidianos como las catedrales y las cruces cristianas.
Por supuesto, la novela también tiene lo que el profesor Luis Trelles llamó el tributo o regalo al gran público. Es decir, esas escenas que sirven para llamar la atención de los que solo se adentran al nivel más simple de la obra. Tanto las terribles escenas de violencia como la sazonada parte donde el héroe se baña con su protegida, son entretenidas unas y sabrosa la otra.
Termino así recomendándoles la novela LOS MUERTOS SE VISTEN DE BLANCO del amigo Hiram Lozada Pérez, no solo porque es un excelente retrato de la cotidianidad de lo que llamamos criminalidad y de sus protagonistas. Se las recomiendo pues la pase bien, y disfruté leyéndola. Gracias Hiram, espero la próxima.
Sobre Los muertos se visten de blanco de Hiram Lozada Pérez
Tema: La presencia espiritista en la novela
Vivien E. Mattei Colón
Resulta un reto el comentar las referencias a conceptos espiritistas dentro de esta corta novela sin revelar datos que puedan afectar el conocimiento del relato, o como decimos en Castilla, spoiler alerts. Así que decidí escribir y leer lo que voy a compartir para evitar entusiasmarme demasiado sobre este tema que me apasiona, al grado de que pueda arruinar las deliciosas sorpresas de la trama.
Los muertos se pasean por esta historia de principio a fin. Pero no es una novela de misterio, sino de suspenso, de trama policiaca. Más allá de los múltiples cadáveres que pasaran por la mesa del forense, los espíritus de algunos de los personajes y de otros que son perceptibles para la protagonista y su familia, son parte de un intercambio tratado con naturalidad por el autor.
La trascendencia del alma a la muerte física y la comunicación con el mundo espiritual, son dos de los fundamentos de la Doctrina Espiritista, iniciada con la publicación de El Libro de los Espíritus en el 1857, una recopilación de preguntas y respuestas acumuladas a través de múltiples sesiones mediúmnicas y codificadas por Allan Kardec, seudónimo del educador francés León Hipólito Denizard Rival.
Según Kardec, el Espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. En Los muertos visten de blanco, el autor Hiram Lozada Pérez aplica como parte fundamental de la trama, la capacidad mediúmnica de una joven mujer, quien a veces ve su facultad como un don y en otras como una maldición. Esta habilidad, heredada de sus ancestros, no es plasmada como es común en historias policiacas, donde el médium es el que va desvelando con sus facultades la trama de quien lo hizo.
Esta facultad es presentada en el personaje como algo que, sin dejar de provocar incredulidad en algunos, es algo natural, hasta cierto punto, normal, que experimenta desde niña y que ha aprendido a vivir con ello, a veces, ayudándole en su ajuste en situaciones conflictivas durante su vida.
En términos generales, la manera de presentar la relación entre las dos dimensiones, encarnados y desencarnados, es bastante afín a la doctrina espírita, a la cual hace referencia en varias ocasiones, refiriéndose al bisabuelo espiritista y sus libros de Kardec.
Por ejemplo, les leo este pasaje retrospectivo del capítulo seis, que titula Las puertas del cielo:
(lectura páginas 42-43)
No puedo identificar a algunos de los personajes que vestirán de blanco en la trama o contarles detalles de cómo interaccionan con los múltiples narradores y protagonistas. Eso lo irá disfrutando el lector con cada pase de página, trayecto que fácilmente se recorre en par de horas. Pero, ¿podemos afirmar que los muertos siempre visten de blanco?
Tanto El Libro de los Espíritus como El Libro de los Mediums, explican que existen tres principales categorías de espíritus según su nivel evolutivo: los impuros, los buenos y los puros. A mayor altura en la escala evolutiva, más sutiles, brillantes, lejanos al mundo material. Usualmente se asocia lo oscuro con lo bajo y lo claro con los de mayor benevolencia, sin embargo, el mundo espiritual es ideoplástico, a sea, que los espíritus, al no tener un cuerpo material que los limite, pueden proyectarse con características diversas que pueden constituir elementos simbólicos en el proceso de comunicación con el mundo terrenal.
La literatura espírita explica que los espíritus pueden percibirse de cualquier color, aunque los tonos o colores podrían estar relacionados con su lugar en la escala evolutiva. Según la capacidad del que los percibe, o sea del médium, la comunicación de los espíritus hacia estos puede transmitirse como si fueran pensamientos, en el caso de los intuitivos, como sonidos o visiones, mediante la psicografía, el trance o a través de movimientos de objetos o aportaciones de carácter semi-material, por mencionar algunas formas de manifestación.
En la trama de la novela, las manifestaciones son principalmente visuales, pero debemos aclarar que el médium, aunque perciba la imagen, ésta no es procesada por el órgano sensorial sino que es recreando en su pensamiento como una percepción telepática, aunque diga que “ve”. En algunos de los episodios de comunicación se manifiestan percepciones extra-sensoriales relacionadas con el oído y hasta el olfato.
O sea, que cuando el autor hace referencia a los muertos “vestidos de blanco”, podemos interpretarlo como la percepción subjetiva que tiene la protagonista, que podría interpretar el color blanco como parte de la codificación del mensaje del desencarnado, implicando que el espíritu es bueno, tiene buenas intenciones, es amigo o simplemente no constituye un riesgo. Como dice en el pasaje que leí anteriormente, se indica que “los espíritus que nos rodean son buenos”, refiriéndose a la casa de su bisabuelo, lo que marca la tradición mediúmnica en la familia de la protagonista.
Solo hay un pasaje en la novela donde se describe una aparición con características temibles, aun cuando su vestido, aunque mugriento, sigue siendo blanco. Una figura familiar con características diabólicas, posiblemente proyectando su angustiosa vida encarnada.
La novela también menciona sueños premonitorios y la capacidad de un recién desencarnado para percibir su propio cuerpo en la escena del crimen, ambos fenómenos descritos en la literatura espírita. Igualmente se refiere a otros aspectos que documenta la doctrina como el que no todos los espíritus pueden establecer a voluntad comunicación con los seres encarnados que dejaron atrás al fallecer, o que la facultad mediúmnica puede correr en familia.
Cuenta de espíritus que quedan varados en su lugar de muerte y de otros que se mudaban con sus familias pudiendo mantener comunicación casi constante, en convivencia familiar por décadas después de su muerte.
Esto último, aunque no deseable desde la perspectiva espírita, que favorece el despegue del mundo material para facilitar la evolución espiritual, es un elemento cultural muy arraigado en nuestra tradición.
(lectura página 78)
La novela también hace referencia a otro de los pilares del Espiritismo, la reencarnación, cuando explica su concepto de la “segunda muerte”, en las páginas 72 y 73, y del olvido necesario para el ajuste a una nueva vida. Igualmente menciona la posibilidad de resolver en el mundo espiritual conflictos que separaron familiares mientras estaban en vida.
En conclusión, la lectura de Los muertos se visten de blanco, nos deja una agradable sensación de que esta convivencia entre encarnados y desencarnados es algo natural, deseable, reconfortante, necesaria para comprender la dimensión de la experiencia humana y de las más fundamentales emociones y valores como el amor, la fidelidad y la honestidad.
Lejos de ver la muerte, aún en circunstancias violentas, como el trágico final de la existencia, reconoce que la vida continúa y que se aprende en todo momento en que hay voluntad y sentimiento, aunque nos vean vestidos de blanco.
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EL ex juez de Apelativo en Puerto Rico, Hiram Sanchez Martínez, presentó en la Librería El Candil de Ponce la novela del médico Manuel Martínez Maldonado .
La misma usa la huelga del 2010 en la Universidad de Puerto Rico como hilo para reflexionar sobre el rol de las universidades públicas, la Policía y el orden social que vive esta Isla caribeña
Presentado el 29 de enero de 2016 ante estudiantes de internado en el Recinto de Ponce Universidad Interamericana de Puerto Rico
La llegada del 2016 marca en el calendario una fecha de múltiples problemas para Puerto Rico, territorio colonial de mayor extensión y población bajo la bandera del imperio estadounidense.
Tanto la crisis económica producto de sobre cien años de políticas en servicio al imperio, como el desastre educativo productor, tanto a nivel escolar como universitario, de un burocratizado sistema cuyas políticas pedagógicas son pautadas por los requisitos para cualificar para fondos federales y no por las necesidades sociales; son solo dos ejemplos del colapso y la ingobernabilidad que vive el y la puertorriqueña promedio en la segunda década del siglo XXI.
Digo ingobernabilidad pues a pesar de que simulamos ser una sociedad organizada, y de que parecemos un colectivo funcional en comparación con otras regiones del mundo; la realidad aparente es que la mayoría de los habitantes de este pequeño archipiélago en el Caribe no podemos alcanzar el nivel de vida que nos prometieron como resultado normal de aquella falsa economía subvencionada a mediado del Siglo XX por Estados Unidos.
Nuestro actual orden social es en realidad un espejismo de progreso que creó a mediados del siglo XX Estados Unidos con la intención de venderse como una potencia caritativa, bondadosa y distribuidora de bienandanzas y democracia frente a los avances en las Américas de las simpatías y el apoyo al comunismo autoritario que impuso en la desaparecida Unión Soviética y en sus países satélites que eufemísticamente llamaban “socialismo”.
Es en medio de todo ese proceso económico, social y políticamente imperial que se desarrolla desde la mentalidad del colonizado que nos ilustraron Fanon (2005) y Memmi (2005), un aparato represivo estatal, ese que usted conoce como “sistema de justicia estatal”, que no es otra cosa que la herramienta para que fuéramos los propios puertorriqueños los que veláramos por los intereses económico, políticos e ideológicos del imperio. Esto no debe sorprender a nadie, pues es el mismo rol de vigilancia a las minorías y a los pobres que ocupan esas agencias en los propios Estados Unidos (Alexander 2010) (Balko 2013) (William, 2015).
Tomando lo anterior como punto de partida, parecería lógico entonces que para adentrarse en el análisis de la mal llamada Reforma de la Policía en Puerto Rico respondamos primero al llamado que nos hace John Muncie en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología burguesa, supuesta ciencia desarrollada durante la modernidad y que se limita a estudiar lo criminal desde los desviados o criminales, así como desde las alternativas para controlar el comportamiento de estos.
Es así que les invito a que se adentren al tema de la supuesta reforma de la policía desde esa nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudia críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues como ya se dijo fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual puesta en entredicho Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).
En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).
Para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos. En realidad, desde el comienzo de estás agencias, estas acciones son la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y la función de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la policía funcione diferente (Malavet, 2014).
Según el trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para la paz y la prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden”, según definidos estos conceptos por el sistema político colonial estadounidense. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define los cuerpos policiacos, desde su principio, como instituciones represivas subordinados directa o indirectamente al servicio y a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).
Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas, por no usar el término gangas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos”. Estos escuadrones con licencia de corso recorrían los estados durante la primera parte del siclo XIX, cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y ejecutaban o deportaban a las haciendas que les pagaban por cabeza reclamada (Alexander, 2010) (William, 2015). De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsteres que fungían de guardias, jueces y verdugos campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013). Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015). En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron también compañías como la todavía existente «Pinkerton Detective Agency” notorios por abrir fuego y asesinar obreros durante una protesta organizada como respuesta a los abusos de magnates capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones sumada a la forma en que los policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).
Acortado el largo cuento, más tarde para hacer frente a los nuevos retos ante la imposición de la prohibición del alcohol y sus resultados no intencionados, se difunde en Estados Unidos la necesidad, tanto a nivel local como federal, de una fuerza represiva profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Balko, 2013) (Manjón-Cabeza, 2012).
Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que en Puerto Rico se crean, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos represivos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de los agentes del Estado de aquellos que no acepten su rol como engranaje desechable en la máquina de producción capitalista (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009).
Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como cínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente cínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como cruzados regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena y los arma y los tiene allí.
Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.
Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar.
Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que nosotros, todos y todas, el pueblo aceptamos el rol represivo y normalizador que ejerce la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitan cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.
A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social. En esa sociedad, tal vez idealizada y fantasiosa, no hay cabida para policías de ley y orden, solo para agentes de paz social.
Referencias
Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.
Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.
Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.
Fanon F. (2005). The Wretched of the Earth. New York City, Grove Press; Reprint edition
Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.
Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.
Memmi A. (2005) Retrato del colonizado. ,Argentina, De La Flor; edición reimpresa
Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.
Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.
William, K. (2015). Our Enemy in Blue: Police and Power in America. New York: Ak Press.
Presentado por Gary Gutiérrez el 29 de enero de 2016 ante estudiantes de internado en el Recinto de Ponce Universidad Interamericana de Puerto Rico
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La llegada del 2016 marca en el calendario una fecha de múltiples problemas para Puerto Rico, territorio colonial de mayor extensión y población bajo la bandera del imperio estadounidense.
Tanto la crisis económica producto de sobre cien años de políticas en servicio al imperio, como el desastre educativo productor, tanto a nivel escolar como universitario, de un burocratizado sistema cuyas políticas pedagógicas son pautadas por los requisitos para cualificar para fondos federales y no por las necesidades sociales; son solo dos ejemplos del colapso y la ingobernabilidad que vive el y la puertorriqueña promedio en la segunda década del siglo XXI.
Digo ingobernabilidad pues a pesar de que simulamos ser una sociedad organizada, y de que parecemos un colectivo funcional en comparación con otras regiones del mundo; la realidad aparente es que la mayoría de los habitantes de este pequeño archipiélago en el Caribe no podemos alcanzar el nivel de vida que nos prometieron como resultado normal de aquella falsa economía subvencionada a mediado del Siglo XX por Estados Unidos.
Nuestro actual orden social es en realidad un espejismo de progreso que creó a mediados del siglo XX Estados Unidos con la intención de venderse como una potencia caritativa, bondadosa y distribuidora de bienandanzas y democracia frente a los avances en las Américas de las simpatías y el apoyo al comunismo autoritario que impuso en la desaparecida Unión Soviética y en sus países satélites que eufemísticamente llamaban “socialismo”.
Es en medio de todo ese proceso económico, social y políticamente imperial que se desarrolla desde la mentalidad del colonizado que nos ilustraron Fanon (2005) y Memmi (2005), un aparato represivo estatal, ese que usted conoce como “sistema de justicia estatal”, que no es otra cosa que la herramienta para que fuéramos los propios puertorriqueños los que veláramos por los intereses económico, políticos e ideológicos del imperio. Esto no debe sorprender a nadie, pues es el mismo espacio de vigilancia a las minorías y a los pobres que ocupan esas agencias en los propios Estados Unidos (Alexander 2010) (Balko 2013) (William, 2015).
Tomando lo anterior como punto de partida, parecería lógico entonces que para adentrarse en el análisis de la mal llamada Reforma de la Policía en Puerto Rico respondamos primero al llamado que nos hace John Muncie en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología burguesa, supuesta ciencia desarrollada durante la modernidad y que se limita a estudiar lo criminal desde los desviados o criminales, así como desde las alternativas para controlar el comportamiento de estos.
Es así que les invito a que se adentren al tema de la supuesta reforma de la policía desde esa nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudia críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues como ya se dijo fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual puesta en entredicho Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).
En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).
Es decir para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos. En realidad, desde el comienzo de estás agencias, estas acciones son la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y la función de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la policía funcione diferente (Malavet, 2014).
Según el trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para la paz y la prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden”, según definidos estos conceptos por el sistema político colonial estadounidense. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define los cuerpos policiacos, desde su principio, como instituciones represivas subordinados directa o indirectamente al servicio y a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).
Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas, por no usar el término gangas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos”. Estos escuadrones con licencia de corso recorrían los estados durante la primera parte del siclo XIX, cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y ejecutaban o deportaban a las haciendas que les pagaban por cabeza reclamada (Alexander, 2010) (William, 2015). De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsteres que fungían de guardias, jueces y verdugos campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013). Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015). En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron también compañías como la todavía existente «Pinkerton Detective Agency” notorios por abrir fuego y asesinar obreros durante una protesta organizada como respuesta a los abusos de magnates capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones sumada a la forma en que los policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).
Acortado el largo cuento, más tarde para hacer frente a los nuevos retos ante la imposición de la prohibición del alcohol y sus resultados no intencionados, se difunde en Estados Unidos la necesidad, tanto a nivel local como federal, de una fuerza represiva profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Balko, 2013) (Manjón-Cabeza, 2012).
Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que en Puerto Rico se crean, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos represivos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que a los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de los agentes del Estado de aquellos que no acepten su rol como engranaje desechable en la máquina de producción capitalista (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009).
Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como cínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente cínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como cruzados regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena, los arma, y los tiene allí.
Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.
Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar.
Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que nosotros, todos y todas, el pueblo aceptamos el rol represivo y normalizador que ejerce la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitan cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.
A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social. En esa sociedad, tal vez idealizada y fantasiosa, no hay cabida para policías de ley y orden, solo para agentes de paz social.
Referencias
Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.
Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.
Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.
Fanon F. (2005). The Wretched of the Earth. New York City, Grove Press; Reprint edition
Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.
Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.
Memmi A. (2005) Retrato del colonizado. ,Argentina, De La Flor; edición reimpresa
Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.
Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.
William, K. (2015). Our Enemy in Blue: Police and Power in America. New York: Ak Press.
El trágico incidente en el que un oficial policiaco ultimó a tiros a tres de sus compañeros, incluyendo dos mujeres policías, silenció los gritos triunfalistas sobre la baja en la criminalidad por parte del gobierno de Puerto Rico.
Días antes de la tragedia, que se reportó en una oficina de la Comandancia de la Policía en Ponce, los reportes mediáticos sobre la baja en el número de asesinatos parecerían aguinaldos navideños para una administración que tiene poco que celebrar cuando de la vida diaria de los puertorriqueños se trata.
La celebración de estos datos, desvinculado de la realidad diaria que vive el país, no es de extrañar pues para los tecnócratas del estado tato la violencia y criminalidad, como el resto de las realidades sociales parece ser un asunto numérico y no de seres que sufren en lo concreto.
Hablo de esos que dicen que el actual administrador es mal entendido, pues la inmensa mayoría de “los indicadores” apunta a que el país está en la ruta correcta al fututo.
Viene a la mente las expresiones de Mark Twain; “mentiras, grandes mentiras y estadísticas”.
No obstante la realidad es que el número de asesinatos bajó durante los pasados doce meses en comparación con el año anterior, pero al igual que cuando estos números suben, no tiene nada que ver con las políticas y los inexistentes planes anticrimen.
Si leyó bien, inexistentes. Pues en realidad, durante ya casi cincuenta años, desde Nixon”, los llamados planes anticrimen no son otra cosas que más efectivos policiales, más tecnología, y más vigilancia sobre los pobres del país.
Pero volviendo al triunfalista anuncio sobre la baja en la criminalidad.
Primero, la merma en los asesinatos durante un periodo específico no es la merma en la criminalidad. Hay que romper con esa conclusión “espuria” que, como mantra, repiten los medios de comunicación.
La violencia se debe medir en casos por 100 mil habitantes. Ecuación que todavía pone a Puerto Rico en el doble de lo «normal» que es 7 X 100 mil.
Al mirar los delitos reportados frente a la población, y no en comparación con el pasado año se revela que la merma de un 15 por ciento en los indicadores de los delitos graves o tipo 1, es decir asesinatos, robos, escalamientos, etc., es muy comparable con el número de puertorriqueños y puertorriqueñas que abandonaron el País. Incluso se puede especular que si ese 15 por cien se compara solo con el número de jóvenes, edad en la que regularmente se delinque, no hay tal baja en los delitos.
Los gubernamentales cantos de sirena van más lejos vinculando la supuesta baja en los números de delitos al índice de esclarecimiento que según la uniformada aumento en casi 10 por ciento.
Sin embargo el argumento sucumbe ante el hecho de que dentro de las bajas en las muertes violentas, se reporta un aumento en las víctimas de violencia intrafamiliar, doméstica, y vecinal.
Como el incidente en la comandancia de la Policía sureña, estas muertes son delitos que regularmente “se resuelven” por sí mismo, pues él o la victimaria se entrega o se quita la vida. Es decir, son casos que requieren muy poca investigación.
Finalmente, la variación en el número de asesinatos reportados durante el 2015, se tienen que mirar en el contexto de que por los pasados 115 años la violencia en Puerto Rico apunta a procesos cíclicos con picadas en las incidencias luego de años pico como el 2011.
Lo funesto del triunfalista anuncio del gobierno, es que la administración colonial de turno, no admite su verdadera aportación a estas mermas, e insiste en vincular la misma al trillado discurso de mano dura y cero tolerancias.
La realidad es que la actual dirección gubernamental es sumamente efectiva en mantener, no importa la crisis, un discurso que suena inclusivo, conciliatorio y democrático.
Por tanto, si en el pasado se vinculó la creciente violencia social que vivió el país con la guerrerista arenga de tratar a los desviados “a patadas”, es lógico entender que un discurso que suene más conciliatorio e inclusivo debe incidir en el resultado opuesto.
Esta es la verdadera tragedia, que la administración colonial insista en vendernos el costoso y fracasado discurso de más policías, más equipo y más vigilancia como estrategia a la criminalidad, cuando su propia experiencia demuestra lo contrario.
Sí, el 2015 demuestra una baja en las incidencias reportadas, pero definitivamente no tiene nada que ver con planes anticrimen o con el número de efectivos.
Mire si no tiene que relación, que no solo hoy la isla cuenta con un 40 por ciento Policías menos que en el 2011 –año pico- , sino que durante este año el país experimentó un movimiento de brazos caídos entre muchos de esos efectivos.
El rol de la Policía en Puerto Rico, así como el proceso de supuesta reforma de esa agencia de represión social son temas tratados por Gary Gutiérrez, José Raúl Cepeda y Norma Colón Daleccio en estas dos ediciones de La Gente Está Hablando, programa transmitido por WPAB-550 Am de Ponce Puerto Rico:
Contesto el teléfono y tras saludar, la familiar voz de la periodista identificada por el “caller id” me pregunta, sobre el uso de pruebas de polígrafo -otrora detector de mentiras- que José Caldero López, superintendente de la Policía, propone para los agentes antidrogas del País.
La propuesta es la supuesta respuesta ante el más reciente operativo donde agentes de Estados Unidos arrestan efectivos de la Policía de Puerto Rico acusados por corrupción vinculada al mundo del ilegalizado narcotráfico.[ii]
Tras tratar de contestar las interrogantes y explicar a la periodista que la corrupción policiaca no es manejable mientras se mantenga la fracasada ilegalización de las drogas, termino la llamada y mi cerebro, maltratado por el exceso de cafeína, rehúsa dejar ir el tema.
Es así que llegó al tema de la supuesta reforma policía. Es decir los supuestos cambios que, por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco boricua para poner su casa en orden y cumplir con la visión que de esos cuerpos “vende” al mundo y el ideario “democrático” desarrollado por Estados Unidos.
Es interesante que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues es el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por los jueces de ese tribunal, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la Policía de Puerto Rico.
Es decir que lejos de ser un fracaso, el discurso que justifica la forma en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que les crea como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos se construyó los llamados “agentes del orden público”.
Por ende, la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no es la desviación en estos cuerpos, es la norma sostenida producida y reproducida por los que hoy se yerguen como juzgadores.
Si se mira el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos en Estados Unidos, no puede caber duda sobre cuál es la función de las policías en esa nación que por derecho colonial impone sus reglas en Puerto Rico.
Lejos de ser agentes que velaban por la seguridad de los ciudadanos, su función siempre fue y es controlar a “el otro”.
Los siniestros comienzos de esos cuerpos represivos que hoy en Estados Unidos se llaman “policías” se remontan al siglo XIX.
Uno de esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía son las bandas de gatilleros a sueldo llamados la “Patrulla de Esclavos” que recorrían los estados sureños cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenía y deportaban a las haciendas que pagaban su sueldo.
Mientras, en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos, mercenarios al servicio del capital ganadero campeaban por su respeto con licencia de corso para controlar “las perdidas” que les ocasionaban los cuatreros que robaban de los rebaños en camino a Chicago.
En esa tradición de mercenarios al servicio del capital luego surgieron compañías como la Pinkerton Detective Agency’, quienes fallaron en garantizarle la vida al presidente Abraham Lincoln, pero quienes fueron muy afectivos abriendo fuego y asesinando a los obreros que se organizaron frente a los abusos de Andrew Carnegie.
Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales le pasan al Estado la responsabilidad de mantener los espacios libres para el comercio.
Así surgen cuerpos policiacos estatales encargados de mantener tanto el “orden” necesario para el libre comercio y como la “moral necesaria” para el desarrollo de una sociedad de bien, es decir la sociedad del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano.
Acortado el largo cuento, más tarde con la prohibición del alcohol, se difunde en todos Estados Unidos la idea de una fuerza represiva estatal profesionalizada y fuertemente armada.
Es un proceso que alcanza el nivel de militarización al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan la “guerra contra las drogas y el crimen”, léase guerra contra los negros y pobres, como excusa para desarrollar este nuevo policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador del espacio público y de la vida de los pobres.
Es desde esta historia entonces desde donde se debe analizar tanto la supuesta respuesta a la corrupción policiaca anunciada por el superintendente Caldero, como la presunta reforma policial que no solo fue impuesta por un juez cuya legitimidad surge de una ilegal invasión militar, sino que es supervisada por un militar cuya carrera se desarrolló al servicio del ejército que llevó a cabo esa invasión.
Desde esta perspectiva se revela como cínico el discurso que termina echándole arena en los ojos al pueblo y sobre todo los pobres para que no acabe de ver que los policías no están en sus barrios para velar por esas comunidades, están allí para velar a esas comunidades.
Igualmente cínico es pretender que esos oficiales, quienes irónicamente de paso vienen de los mismos sectores pobres en el País y a quienes en nombre de la “ley y el orden” se les construyen como regentes de lo público, cambien, no caigan en excesos y terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Para eso los entrenan y los arman.
Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.
Lo que hay que reformar no es a la Policía, lo que necesita cambiar es el pueblo y su visión de la sociedad.
Una sociedad de tolerancia y respeto a la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no necesita un cuerpo policiaco cuya función sea imponer por la fuerza la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.’
Más aún, una sociedad verdaderamente inclusiva puede aspirar a no necesitar de la policía. A lo sumo, solo necesita que sus propios ciudadanos, todos y todas, estén pendiente y vigilen los espacios de inclusión desde el respeto de la diversidad y la paz social.
Sandra Ríos Pagán apenas se podía poner de pie cuando ayer, flanqueada por dos policías, llegó al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a reconocer el cadáver de su único hijo: el agente Miguel Pérez Ríos, quien en vida fue distinguido en tres ocasiones como Policía del Año.
La escena fue más desgarradora cuando Ríos Pagán salió de aquella fría oficina. Lloviznaba en San Juan. La mujer, vestida de negro, caminó hasta una patrulla de la Policía ahogada en llanto, pero antes de subir a la guagua envió un mensaje al que le produjo tanto dolor y, como describió, le quitó la vida a ella.
“El que le hizo eso a mi hijo no tiene corazón. Donde quiera que estés busca de Dios mijo, porque tú no tienes corazón… Me has quitado a mi hijo”, expresó tras reconocer el cadáver de su hijo. El esposo de la mujer y padre del agente murió hace cinco años de un infarto masivo, se informó.
La amenaza de muerte que le habían hecho al agente Pérez Ríos fue concretada en la madrugada de ayer cuando cuatro individuos lo asesinaron de múltiples disparos. El cadáver de Pérez Ríos quedó tendido en el suelo de la gasolinera Shell, ubicada en la carretera PR-838, Camino Alejandrino, en Caimito, donde el agente trabajaba a tiempo parcial, según informó un familiar. El policía, cuyo asesinato quedó grabado por cámaras de seguridad, era oriundo de Arecibo, pero pernoctaba cerca del Cuartel de Caimito, en San Juan, donde fue asignado hace alrededor de tres años.
Antes, laboró para la División de Drogas de la Policía. Pérez Ríos tenía 32 años de edad. Dejó huérfanos a dos niñas y a un niño y uno por nacer. La compañera sentimental, residente en la región de Arecibo, estaría dando a luz al cuarto hijo o hija del agente en noviembre. Juan J. Núñez, tío político y quien crió a Pérez Ríos hasta que cumplió siete años, destacó que desde niño su sobrino siempre expresó su deseo de ser policía.
“Él era loco con su trabajo. Él amaba su trabajo, desde chiquito quería ser policía”, subrayó mientras esperaba que concluyera el proceso del ICF. La madre del agente, durante las breves expresiones que hizo ahogada en llanto, dijo que su hijo “se daba a su trabajo”.
“Los policías se matan. Los policías sufren mucho. Deben darle ayuda a la Policía. Mi hijo era un policía que decía: ‘mami, hay que sacar a esos delincuentes de la calle porque pueden matar a los niños, a las madres’.
Por favor, den ayuda a la Policía, es lo que les pido”, agregó. Pérez Ríos fue distinguido en tres ocasiones como Policía del Año, la más reciente, en febrero pasado. El jefe del cuartel de Caimito, el teniente Rubén Gómez Sanabria, atribuyó esa distinción a la cantidad de arrestos que hizo de personas con armas de fuego ilegales. Señaló que el año pasado, este agente intervino con siete de esos casos.
“Eso (asesinato) le pasó por ser bien trabajador”, subrayó el teniente Gómez Sanabria, quien acompañó a la madre del agente al ICF. “Era un policía trabajador”, subrayó sobre el agente Pérez Ríos, quien recién había tomado el examen para ascender a sargento. La familia de Pérez Ríos vinculó el asesinato con el trabajo que este realizaba en la Policía y al que no le temiera al momento de actuar.
Conocía de la amenaza
La amenaza de muerte era conocida en la familia, según el tío político. “No es de ahora”, aseguró. “Como él metía tantas personas presas, por droga y eso, lo habían amenazado de que lo iban a matar”, indicó el tío político, quien señaló que el cambio de la Unidad de Drogas al Cuartel de Caimito estuvo relacionado a la amenaza.
Explicó que la familia siempre le aconsejó que se cuidara, pero la respuesta de él siempre fue que “era policía y lo que va a pasar, va a pasar”. “No sé si se lo esperaba”, comentó.
El teniente Gómez Sanabria, supervisor del agente asesinado, aseguró que no tenía conocimiento de esa amenaza y que ayer escuchó que esta fue a través de redes sociales, pero que si fue escrita no la había visto. “A mí, como supervisor, nunca esa información me había llegado”, dijo.
“Nos extraña, en el día de hoy, sobre esa posible amenaza”, indicó. El teniente explicó que no tomó medidas especiales en este caso por no tener conocimiento de una amenaza contra el agente Pérez Ríos u otro de sus policías. El superintendente de la Policía, José Caldero López, dijo que se trató de un crimen de acecho.
“Vinieron aquí y lo velaron. Cuando salió, hay un individuo que le hace los primeros disparos”, dijo el jefe de la Policía, quien acudió a la escena del crimen.
Entrada la tarde, la Policía hizo un arresto en el residencial Alejandrino por supuesta posesión de drogas y preliminarmente se informó que la persona sería interrogada con relación a este crimen.
Violencia versus autoridad
La agresión contra la Policía, según expertos en el tema, es la respuesta a actuaciones violentas por parte de la “autoridad gubernamental” contra ciertos sectores de la población.
El criminólogo Gary Gutiérrez destacó que la gestión de “tratar de controlar sectores populares mediante fuerza policiaca para ganarse el favor de los más conservadores de la sociedad, que son los que votan, va generando una visión de la Policía como fuerza agresora y de ocupación” con el resultado de más violencia.
Mientras, el sociólogo del derecho, César J. Pérez Lizasuain, señaló que en Puerto Rico “no veo una crisis de autoridad, lo que sí puedo ver es una crisis de legitimidad (desfase entre lo que debe hacer y lo que hacen) que sufren las instituciones públicas como lo es la Policía
Puerto Rico, frecuente puente de la cocaína en su vía a EEUU
11Jul2015
afp.com / GETTY / Joe Raedle
De día, la lancha rápida esconde el cargamento bajo una lona oscura y simula pescar. De noche, intentará llegar a las costas de Puerto Rico, que se ha convertido en frecuente puente de paso de la cocaína hacia Estados Unidos. Ese es el típico ‘modus operandi’ de los narcotraficantes, que han identificado Puerto Rico como un apetecible destino: una vez que la droga llega al estado libre asociado, se encuentra en territorio estadounidense. De allí se les facilita trasladarla a la costa este estadounidense, dicen las autoridades. Las incautaciones de cocaína, la droga más rentable para los narcotraficantes, se han disparado: en lo que va de 2015, las autoridades han recuperado 5.300 kilos, por encima de los 3.926 kilos en todo 2014 y 2.819 kilos en 2013, según las cifras de la Policía de Puerto Rico, que ahora integra una fuerza especial antidrogas junto a agencias federales estadounidenses como la DEA, el FBI y la Guardia Costera. «Puerto Rico es utilizado como puente para Estados Unidos. El 85% de la droga que pasa por Puerto Rico es para Estados Unidos. Aquí se nos queda sólo entre 10 y 14%», explica a la AFP el jefe de la policía de Puerto Rico, José Caldero. Tan sólo el miércoles, un operativo logró capturar 190 kilos de cocaína y a tres tripulantes dominicanos. Hace mes y medio, se logró un gran golpe: 2.100 kilos que intentaban entrar por el sector de Carolina, en el norte de la isla. – Nueva estrategia – El incremento del flujo de droga a través del Caribe estadounidense, sobre todo por Puerto Rico y las islas Vírgenes, encendió las alarmas de la Casa Blanca, que en enero anunció una nueva estrategia para contrarrestar la tendencia. La mayor vigilancia de la ruta caribeña cercana a las costas de Centroamérica y en la frontera entre Estados Unidos y México, por donde sigue pasando la mayor cantidad de droga, ha empujado a los narcotraficantes a buscar nuevas rutas, según Washington. La cocaína llega a Puerto Rico principalmente desde Venezuela y aunque antes hacía escala en República Dominicana, se detectan cada vez más viajes directos desde el país sudamericano, señala Caldero. Y la maniobra se repite. «Vienen en una lancha de tres motores. Lo que hacen es que por el día la tapan con un toldo negro, y van suavecito y van pescando, y es de noche que pisan» el acelerador, dice el jefe de la policía. Las autoridades tienen que adaptar constantemente sus métodos para hacer frente a las nuevas tácticas de sus rivales. «Esto es una estrategia. Nosotros hacemos nuestros planes, pero ellos hacen los de ellos también», apunta Caldero. – Problemática interna – La droga que se queda en la isla es una creciente preocupación. «En los últimos tiempos, ese servicio de trasbordo pasó de ser mercado que se pagaba en moneda a pagarse en especie, es decir, se queda un porcentaje de la sustancia y la sustancia tiene que ser vendida», dice el profesor de Justicia Criminal y durante décadas periodista de la fuente policial en Puerto Rico Gary Gutiérrez. El 65% de los asesinatos en Puerto Rico están «directamente relacionados con droga», asegura Caldero. De un récord en 2011 de 1.135 asesinatos en esta isla de 3,5 millones de habitantes, en 2014 cayeron a 681, sobre todo por el descenso de la impunidad y el incremento de las personas llevadas a tribunales por la Fiscalía, destacó. En medio de una grave crisis fiscal que experimenta la isla, al borde de una suspensión de pagos tras ocho años de recesión, la policía ha conservado su presupuesto de más de 750 millones de dólares, se congratuló el jefe policial. Pero precisamente la crisis crea un terreno fértil para que las poblaciones empobrecidas vean en la venta de las drogas una manera de conseguir dinero, señala Gary Gutiérrez, quien aboga por la descriminalización del tráfico de drogas como una manera de acabar con la violencia. «En esas comunidades, el narcotráfico se convierte desgraciadamente en una solución al problema económico», señala.
Puerto Rico — the economically distressed U.S. territory that many Americans know mainly as a vacation resort — turns out to be a way station for South American cocaine bound for the hungry U.S. market.
It often works like this: speedboats sail up from Venezuela laden with coke, hang out off the coast of Puerto Rico by day, and then make for the coast of the U.S. commonwealth by night. Once there, getting cocaine into the United States is in theory easier: shipments can be mailed or sent to airports or seaports without having to clear customs, authorities here say.
Seizures of cocaine, the most profitable drug for traffickers, have shot up here on the island: 5,300 kilograms so far this year, compared to just under 4,000 in 2014 and 2,800 in 2013, according to the Puerto Rico Police, which is now part of a special drug interdiction force along with other American agencies like the Drug Enforcement Administration, FBI and the Coast Guard.
“Puerto Rico is used as a bridge to the United States. Eighty-five percent of the drugs that pass through Puerto Rico are for the United States,” said Police Chief Jose Caldero. As recently as Wednesday police confiscated 190 kilograms of cocaine from a boat and arrested three Dominicans.
Six weeks ago police scored a much bigger hit: 2,100 kilograms seized on a boat trying to reach the north coast of the island. New Strategy The rise in drug shipments through the U.S. part of the Caribbean, mainly via Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands, has set off alarms in the White House.
In January it announced a new strategy to combat the trend. Most drugs destined for the United States follow a route that hugs the coasts of Central America or crosses the U.S. border with Mexico.
But these are being more closely monitored, so traffickers have been forced to seek out new routes, U.S. officials say. Most cocaine arrives from Venezuela, a neighbor of major producer Colombia.
Before, vessels carrying the drug would stop over in the Dominican Republic, but police are now detecting more and more direct trips from the northern tip of South American right to Puerto Rico.
And there is a pattern to the trafficking.
“They come in a speedboat with three engines. By day, they cover it up with a black tarp. They go nice and slow, and fish. At night is when they hit the accelerator,” said Caldero.
The authorities end up playing cat and mouse, adapting their tactics as the traffickers tweak theirs.
“This is a strategy. We make our plans, but they also make theirs,” he said.Internal Problem And the small amount of cocaine that remains on the island is also a growing problem.
It used to be that the service of mooring boats carrying cocaine and handling it on the island were paid for in cash. Now however it is paid for in cocaine itself. “And it has to be sold,” said Gary Gutierrez, a criminal justice professor.
Sixty-five percent of the killings committed in Puerto Rico are directly related to drugs, said Caldero. Those killings peaked in 2011 at 1,135. In 2014 they had fallen to 681, mainly because of tougher law enforcement, he added.
Although the island has huge financial problems — a debt of US$72 billion after eight years of economic recession — the police budget has remained stable at more than US$750 million, the police chief said. But at the same time, that economic crisis makes drug trafficking more appealing to people who are enduring hard times, said Gutierrez.
He is in favor of decriminalizing drugs as a way to end drug-related violence. “In those communities, unfortunately drug trafficking becomes a solution to the economic problem,” he said.
RÍO GRANDE – “Wanda (Villalongo Perdomo) dio todo por su hijo. Hasta la vida”.
Con esas palabras, María Méndez, una empleada del municipio de Río Grande, describió a la madre que en la mañana de ayer fue asesinada junto a su hijo mientras esperaban un transporte colectivo a orillas de la carretera PR-959, en este pueblo.
Villalongo Perdomo, de 45 años de edad, murió tras recibir múltiples impactos de bala. Falleció en un hospital de Carolina. Mientras, el hijo, Miguel A. Díaz Villalongo, murió a orillas de la carretera.
Vecinos de la calle Rubí, en la comunidad Estancias del Sol, donde vivía madre e hijo, se expresaron temerosos de identificarse con esta situación que, la Policía, vincula a una guerra ligada al narcotráfico.
Los que se expresaron sobre ellos solo tuvieron palabras de elogio para la mujer, quien hasta el 2007 fue empleada del municipio de Río Grande.
“Ella era una persona bien buena, bien tranquila”, describió Lidia Vázquez, vecina de la calle Rubí. “Esto nos sorprende muchísimo. Era una cosa que no esperaba nadie”, indicó.
Otro de los vecinos, que rehusó ser identificado, la describió como una mujer que “se pasaba en su casa. Era tranquila, bien amable”. Explicó que también tenía una hija que trabajaba en un banco y que está embarazada.
“A veces los hijos hacen cosas que no deberían estar haciendo”, lamentó un vecino.
Los entrevistados no hicieron expresiones sobre el hijo de Villalongo Perdomo. El que habló solo expresó que “se rumora, que cuando lo llamaron para dispararle, ella intentó protegerlo” con su cuerpo.
Empero, la Policía indicó que no tiene evidencia ni testimonio de que la mujer intentó proteger a su hijo de la ráfaga de balas. La Policía ocupó sobre media docena de casquillos.
Crimen al amanecer. Madre e hijo habían caminado hasta una esquina de la comunidad. Era alrededor de las 7:45 a.m. La pareja esperaría un trolley que recorre el vecindario para comenzar su viaje al Tribunal de Fajardo, donde él tenía cita con su oficial de probatoria.
La Policía dijo desconocer si Díaz Villalongo, quien tenía expediente criminal por sustancias controladas, estaba obligado a acudir acompañado de su mamá. Vecinos de esta familia, así como la Policía, dijeron que no era común que ambos salieran juntos.
Un conocido de la familia que habló en anonimato, indicó que Villalongo Perdomo tenía un auto, pero se lo prestó a su hijo, y hace unos meses, este tuvo un accidente por lo que se quedaron sin transportación propia.
El teniente Carlos Nazario, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, explicó que tras estas muertes acudieron a la residencia de los fallecidos y lograron dar con un auto Honda Accord color blanco en el que recién se transportaba el ahora occiso. “Se había visto al occiso conduciendo ese vehículo”, dijo.
El carro había sido hurtado en Caguas en febrero de 2014. Ayer estaba cerca de la vivienda de esta familia. “La mamá no se iba a montar en un carro que era robado”, indicó el teniente Nazario cuando explicó porque esperaban transportación pública.
Dos arrestos con armas. La ocupación del auto no fue lo único que trascendió después del doble crimen. Horas después, la Policía arrestó en una comunidad vecina a dos individuos, uno de ellos de 16 años. Ambos poseían ilegalmente armas de fuego.
El teniente Nazario indicó que las armas ocupadas serían estudiadas para determinar si fueron utilizadas en los crímenes asociados a la guerra por narcotráfico que libran la comunidad Estancias del Sol, donde ocurrió el doble crimen, Galateo y Las Dolores.
Un intento para que el procurador de Menores renunciara a la jurisdicción del adolescente que le ocuparon un arma de fuego no tuvo éxito aun cuando este tiene expediente, lo que a esa edad llaman falta, explicó el teniente.
Contra el menor radicaron dos cargos, uno de ellos por posesión de una pistola y otro por tener municiones, informó la Policía. Un juez encontró causa para detención y ordenaron ingresarlo a una institución a la espera de una vista adjudicativa. El menor es vecino de las parcelas Las Dolores.
El otro arrestado en esa comunidad, pero en otra intervención, sería llevado anoche ante un juez para la radicación de cargos por poseer dos pistola y municiones sin tener licencia para ello, informó la Policía.
Sin sospechosos. La Policía no tenía sospechosos del doble crimen. Ni lo vinculó a los arrestados. Lo que tenía claro el teniente Nazario es que estas muertes están relacionado a la guerra entre bandos que comenzó el pasado 13 de febrero, en aquella ocasión, con el saldo de un muerto y 7 heridos.
Al igual que en aquel momento, donde entre los heridos habían inocentes, la Policía indicó que Villalongo Perdomo fue una víctima inocente.
Por su parte, el criminólogo Gary Gutiérrez explicó que ya no existe el código de que en el bajo mundo no era aceptado que se asesinara la madre, un hijo o una fémina como parte de una venganza.
La razón para que eso haya cambiado, según Gutiérrez, en parte obedece a que los líderes y miembros de los grupos son menores que no les importan los inocentes al momento de cometer un crimen.
“El que tiene la encomienda (de asesinar) abre fuego y punto”, dijo. “Los que se quedan en el negocio (del bajo mundo) son los más temerarios y fuertes, los más violentos”, describió.
Reclama más policías. El alcalde de Río Grande, Ángel González, expresó preocupación por la ola criminal que vive su pueblo. “Desde principios de año hemos estado pidiendo ayuda a nivel central”, dijo.
Las acciones de la Policía en Estados Unidos siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, la víctima fue el grafómetro latino Delbert Rodríguez Gutiérrez, quien murió a causa del impacto provocado por un auto que iba conducido por el agente Michael Cadavid, en la zona de Lynwood, donde se desarrollaban las actividades relacionadas a la feria Art Basel, en Miami, Florida. Aunque muchos han criticado las acciones de la Policía por haber perseguido al joven grafitero, la Uniformada califica el hecho de un accidente. Para analizar el asunto, vía telefónica el criminólogo Gary Gutiérrez.
«La pasada semana el gobernador Alejandro García Padilla defendía las bondades de la reforma policial y afirmaba que la ciudadanía confía hoy más en la Uniformada que hace unos años. Simultáneamente, se radicaba un pleito federal por violaciones a los derechos civiles en contra de la Policía de Puerto Rico, y en Estados Unidos el departamento de Justicia señalaba a la Policía de Baltimore como un cuerpo discriminatorio y abusivo. Para el criminólogo y profesor de Justicia Criminal Gary Gutiérrez, ninguno de estos eventos son independientes, ya que responden a una misma realidad: un esquema de militarización del orden público, orquestado a nivel federal y que culmina, en demasiadas ocasiones, con violaciones a los derechos humanos. Informa Javier Villa.»
En Dallas, la Policía utilizó un robot con explosivos –a inicios de julio – para abatir a un hombre negro que se atrincheró en un garaje del centro de la ciudad tras supuestamente matar a cinco policías en repudio a la muerte de dos hombres afroamericanos a manos de agentes del orden público.
Cepeda Borrero y Gutiérrez Renta advirtieron que las comunidades no son zonas de guerra y que la militarización de las fuerzas del orden afecta desproporcionadamente a las minorías raciales y atenta contra las libertades ciudadanas.
Sandra Ríos Pagán apenas se podía poner de pie cuando ayer, flanqueada por dos policías, llegó al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a reconocer el cadáver de su único hijo: el agente Miguel Pérez Ríos, quien en vida fue distinguido en tres ocasiones como Policía del Año.
El Blog de Gary Gutiérrez 