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El Blog de Gary Gutiérrez

Observador, documentador, fotógrafo callejero, bloguero y comunicador social. También comidista del bajo mundo culinario, abusador de cafeína e iconoclasta aspirante a ácrata y apóstata, comantenedor del programa Temprano En La Tarde todos los días a las 4:00pm por PAB550.COM

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Marihuana medicinal, ¿solución o reproducción del problema?


Por Gary Gutiérrez

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Foto toma de http://cosecharoja.org/

Si bien muchos países comienzan a retirarse de la visión prohibicionista en torno al cannabis o marihuana, no es menos cierto que las nuevas legislaciones parecen ir en contra de los usuarios y de los pequeños productores independientes afirman activistas y académicos.

Las reformas en países como Jamaica, Uruguay, México y el propio Estados Unidos, donde el 47% de la población admite haber experimentado con la marihuana y donde más de veinte estados ya cuentan con leyes de tolerancia, demuestran que la regulación del mercado de esta planta no significa la destrucción de la sociedad como alegan sus detractores.

Al contrario afirma el grupo de activistas puertorriqueños conocido como Descriminalización.org, organización que impulsa la liberación del consumo y la producción del cannabis, así como la de los productos derivados de esta en Puerto Rico.

En las jurisdicciones donde se tolera, reglamentando el mercado o permitiendo el consumo del cannabis para uso medicinal o recreativo, no solo dan muestra que “no habido un aumento en el uso de la marihuana y otras drogas, sino que también ha bajado la criminalidad y los arrestos por delitos menos graves.”

Según los números de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo 147 millones de personas consumen cannabis. Números que no registran grandes aumentos tras la incorporación de medidas de tolerancias.

En Puerto Rico estadísticas de la Administración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) apuntan a que más de medio millón de personas consumieron marihuana por lo  menos una vez en su vida.

Paralelamente, la lucha por acabar con el consumo del cannabis, que de paso, fracasaron en reducir su consumo, genera en Estados Unidos un arresto cada 42 segundos, según datos del Uniform Crime Reporting (UCR) del Buró federal de Investigaciones (FBI), policía nacional de ese país.

Es desde este cuadro de fracaso del prohibicionismo que muchos países buscan alternativas para tolerar, descriminalizar, legalizar, regular el mercado o liberalizar el uso, consumo y disfrute de la planta llamada cannabis y conocida como marihuana.

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Jorge Hernández Tinajero, activista en favor de la liberación del cannabis

Proceso de reforma que según Jorge Hernández Tinajero, activista mejicano en favor de la liberación del cannabis y participante de la VI Latinoamericana sobre Políticas de Drogas , no solo está sucediendo, el mismo “tendrá resultado”.

Este entusiasmo con las reformas sobre el cannabis es compartido por muchas otras voces públicas.

Entre estas la del comediante y comentarista político estadounidense Bill Maher, quien en varias ocasiones ha vaticinado que en los próximos años, el uso recreativo de la hierba será legalizada de una forma u otra en su país.

Sin embargo el proceso  y lucha por la “normalización” del cannabis no está exento de controversias internas u ataques externos.

Para comenzar apunta Hernández Tinajero, todavía hay poderosos sectores en Latinoamérica que se mantienen atrincherados en “visiones muy conservadoras” que dificultan las discusiones necesarias sobre nuevas políticas, no solo en torno al uso medicinal o recreativo de esta planta, sino sobre el uso de otros productos derivados del cáñamo.

El activista mexicano fue más lejos al explicar que incluso entre los que impulsan los necesarios cambios en la política pública sobre la marihuana, hay demasiadas voces y visiones.

Las controversias no se limitan al uso y regulación del uso de la planta, pues incluye también la forma en que se define a los consumidores, quienes lo mismo son vistos como enfermos necesitados de ayudas, delincuentes a quienes se debe reprimir o egoísta que solo buscan su placer personal.

Estas múltiples miradas también inciden en las alternativas de reglamentación o regulación propuestas por cada sector.

Por un lado, están los que proponen despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de la hierba, denominándola “para uso personal” mientras proponen mantener ilegalizado el acceso a esas pequeñas cantidades.

Regularmente esta alternativa es empujadas por políticos quienes, entendiendo lo absurdo de las leyes de prohibición del cannabis, buscan abrir brecha entre las conservadoras estructuras políticas que no están dispuestas a arriesgar su capital político empujando las hasta ahora controvertibles medidas de liberación.

Mientras tanto ante el inevitable avance de los procesos de liberación de la hierba, algunos sectores conservadores se amurallan detrás del discurso que aboga porque solo se permitan los usos médicos del cannabis.

Alternativa que no solo permitirá a unos pocos controlar el acceso a los productos de cannabis, convierte estos bienes en una magnífica alternativa de ingresos para las compañías farmacéuticas que por virtud de costosas licencias monopolizarán la producción, distribución y venta del cannabis y sus derivados.

Esta alternativa del “uso medicinal” es aceptada e impulsada por algunos activistas como una forma de ir normalizado la relación de la sociedad con el cannabis y como “cabeza de playa” desde donde continuar las luchas para la liberación total de la planta.

Así, para el activista puertorriqueño Pedro Colón Almenas de Descriminalizacion.org, el discurso de “uso medicinal” es una alternativa para privatizar la ganancia del cannabis, mientras se sigue arrestando a los pobres que no tienen acceso a médicos que les recomienden el uso “terapéutico” del cannabis.

Algo parecido sucedió cuando Estados Unidos prohibió la venta y consumo de alcohol a nivel federal. La absurda prohibición permitía el uso medicinal de los embriagantes, permitiendo que aquellos que podían pagar una receta médica -los ricos- pudiera consumir el alcohol legalmente mientras los pobres iban a la cárcel o morían en las calles por el control del mercado negro.

“Sabemos que la regulación del ‘cannabis medicinal’ se convertirá en un ‘negociazo’ para dos o tres, donde se van a querer importar regulaciones y negocios, antes de desarrollar un plan y un reglamento a favor de nuestros pacientes. Mientras el gobierno continuará castigando a unos por consumir y sembrar lo que puede crecer en el patio de nuestras casas, otros están empeñados en “picar a’lante”, montar su kiosco, brindar seminarios y cursos de siembra sin saber que terminará aprobando el gobierno de Puerto Rico, incluso sin tener los permisos.” dijo Colón Almenas.

Por otra parte, otros impulsan ese mismo modelo de monopolio para la reglamentación del acceso al uso recreativo o “no medicinal del cannabis”. Estos monopolios lo mismo pueden ser estatales como el caso del Uruguay, o mediante licencias otorgadas a empresas privadas como en el caso de Colorado y otras jurisdicciones estadounidenses.

Esta alternativa de reglamentación mediante monopolios, no queda fuera de controversia ya que para mucho es la forma de privatizar en unos pocos la ganancia económica generada, como pasó con la industria licorera tras su legalización mediante monopolios en Estados Unidos..

En el caso de Colorado, ya se escuchan quejas de cómo la reglamentación legal del cannabis terminó con el flujo de dinero -ilegal pero igualmente utilitario- que el tráfico ilegalizado movía dentro de las comunidades marginadas. Esto a pesar de que los negocios licenciados se ubicaron en esas mismas comunidades, para no afectar el valor de las propiedades en las zonas más aventajadas económicamente.

https://stoptheharm.org/cdn/res.cloudinary.com/engagement-lab/image/upload/v1444696975/stop-the-harm/logos/vpjhvq8ltbtpyekba03r.jpgAnte este complejo panorama político y social en que se desenvuelve la discusión en torno a la Marihuana, el grupo Descriminalizacion.org se unen a los que proponen que “las reformas a las leyes de marihuana no se deben limitar a un maquillaje a las leyes prohibicionistas; por el contrario, deben ser dirigidas a la búsqueda de modelos de una legalización o regulación de un mercado, donde se garantice el autocultivo y la educación hacia un consumo responsable”.

Entendiendo por autocultivo, el que se permita que los usuarios, de forma individual o de forma colectiva, en cooperativa de usuarios por ejemplo, siembren unas cantidades establecidas de matas por persona.

Así el producto de esta actividad solo puede ser para uso personal de quién la cultive o distribuido entre los participantes de la cooperativa. El excedente puede ser vendido solo a otras cooperativas, los dispensarios o cafés licenciados. De esta manera se controla o reduce la capacidad de general ganancia económica con la planta.

Si bien al momento, por lo menos 15 Estados permiten esta alternativa en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde el proceso de legalización del uso medicinal del cannabis parece estar controlado por grandes intereses económicos, no se contempla esta alternativa a pesar del apoyo de diversos grupos de activistas.

“Los pacientes quieren autocultivo. Puerto Rico no está preparado todavía para bregar con autocultivo. Necesitamos mucho más educación… Este no es el momento apropiado para estar hablando esto. En un futuro, uno nunca sabe, pero este no es el momento”,  dijo la asesora legal del Departamento de Salud (DS), Mayra Maldonado al periódico Primera Hora.

Los modelos de regulación del Uruguay o en las regulaciones médicas y recreativas norteamericanas han establecido un marco jurídico con parámetros adecuados para garantizar el manejo del cultivo. Cuyos objetivos principales es impedir el acceso a menores de edad y limitar la producción para uso personal. El estado quiere estar ‘seguro’ que no se convierta en una producción comercial no regulada.” explica en su página web Descriminalizacion.org al abogar por la alternativa antes detallada.

En resumen que para cualquiera que observe los procesos socioeconómicos y políticos que se están desarrollando en torno a las drogas, y en específico en torno a la marihuana puede notar cuan complejo es y cuantos intereses luchan por controlar esos procesos.

Sin embargo, algo debe tenerse claro, legalizar, regular o liberar cualquier sustancia no puede ser un mero espejismo de quitarle las ganancias a los ilegalizados carteles para hace más millonarios a nuevos carteles legales.

Cualquier reforma en políticas de drogas que aspire a ser verdaderamente democrática tiene que partir de proteger los intereses  y los derechos humanos de las más vulnerables, “los usuarios”.

Cualquier reforma que termine reafirmando la violación del derecho de cada quién a decidir sobre que hacer con su cuerpo, o cuyo norte sea garantizar visiones moralistas de unos o las ganancias de otros, no será otra cosa que la reproducción de las mismas condiciones que termina derramando la sangre de nuestros jóvenes en las calles de la isla.

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Sobre la marihuana y farmaceúticas


Privatizar la marihuana es abrir al capital legal la explotación económica de usuarios que hoy benefician a cárteles ilegales.

Hipócrita el doble discurso con la marihuana


weed-leaf-canstock6309696Por Gary Gutiérrez

Poco me duró la alegría.

El domingo 24 de enero de 2016, me entero por twitter que el administrador colonial, Alejandro García Padilla, había indultado a Jeremy Ruiz Tomassini quien cumplía una condena por posesión y consumo de marihuana en una zona escolar.

Sin embargo, la alegría del anuncio fue opacada unos minutos más tardes, cuando los medios tradicionales explicaron en sus páginas electrónicas que el indulto incluía unas nueves restricciones o condiciones.

Como parte de las nueve condiciones, Ruiz Tomassini no debe cometer otros delitos, deberá someterse a pruebas toxicológicas supervisadas por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), deberá completar la escuela superior, no podrá relacionarse con personas vinculadas al mundo de las sustancias controladas. De igual manera deberá someterse a supervisión médica y al tratamiento aprobado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Como si lo anterior no fuera suficiente, el indultado deberá permanecer en su casa de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., a menos que no tenga autorización de la JLBP. De igual forma deberá cumplir con citas periódicas a la mencionada Junta. Todo lo anterior unido a que Ruiz Tomassini estará obligado a donar dinero al Fondo de Becas para Hijos de Policías Caídos en el Cumplimiento del Deber.

Lo único que no le exigen es que cuando esté en público use un cartel que diga: “soy mafutero, no se acerque”

El arresto y eventual convicción de Ruiz Tomassini se produjo cuando los agentes del Estado intervinieron con él mientras –admitido por el acusado- consumió y compartió con unos amigos un cigarrillo de marihuana en las cercanías de un área educativa.

La pocesión y uso de marihuana bajo las dracónicas leyes de Estados Unidos y Puerto Rico se consideran delito grave, sobre todo en las cercanías de una zona escolar, ya que la marihuana y sus derivados son vistos como sustancias peligrosas, sin valor médico y cuya distribución se considera narcotráfico.

He aquí donde radica la hipocresía y probablemente la busconearía política del actual regente de la Isla.

Mientras la administración de García Padilla sigue persiguiendo el consumo callejero de marihuana, y mientra insistes en tratar a los marihuaneros como criminales aun después de indultarles, su administración emite una orden que permite la privatización de la planta para que las corporaciones privadas puedan experimentar y comercializar la misma.

No sea hipócrita y deje de hablar por dos bocas Señor Administrador Colonial. Claramente el indulto a Jeremy Ruiz Tomassini es un intento para ganar simpatías entre los sectores liberales que cuestiona su política corporativa sobre la marihuana.

Pero igualmente claro también está que al imponer tan ridículas condiciones ante la poca severidad de la falta y al tratar usted a este joven como un peligroso criminal que atenta contra la fibra moral de la juventud, usted intenta mantener el endoso de los sectores conservadores que tienen terror ante la posibilidad de que se liberen las leyes antidrogas.

No, esto no es palo si boga y palo si no boga. Lo que pasa es que según su política pública, la marihuana que estaba fumando Jeremy es un narcótico de nivel uno -es decir que no tiene ningún valor médico-, pero si esa misma hierba la crecen en la universidad para beneficio de la industria farmacéutica, mágicamente la misma se convierte en una sustancia de nivel dos que sí tienes propiedades curativas.

Pido excusa por el tono de este escrito, pero es que no puedo menos que indignarme ante la simulación de sus posturas.

Hasta cuándo vamos a seguir pagando como pueblo el tributo de sangre y libertad impuesto por las clasistas, racistas y sobre todo fracasadas leyes antidrogas. Hasta cuándo vamos a seguir tratando como criminales a los adultos, que en claro ejercicio de sus libertades decidan consumir las sustancias que ellos quieran. Hasta cuándo vamos a permitir que los sectores religiosos y conservadores utilicen el Estado para seguir imponiendo a los demás sus códigos morales de la edad media.

Y sobre todo, hasta cuándo usted seguirá metiendo a la cárcel a nuestros hijos por utilizar la misma sustancia que usted permite que las compañías privadas monopolicen.

Señor Administrador Colonial, por favor déjese de hipocresías, es hora de legalizar sin entrelineas…

 

 

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http://descriminalizacion.org/

Citado por PUERTO RICO TE QUIERO en: Legalizar para la comunidad


Así lo entienden expertos en el tema que abogan por la legalización de la marihuana y se desprende de las declaraciones que ha hecho la propia secretaria de Salud, Ana Ríus, encargada de promulgar el reglamento para el uso medicinal de la marihuana.

Growing Cannabis Outside“El gobierno prefiere darle aire a una iniciativa que no se puede decir que es de marihuana medicinal porque es con algunos derivados y limitado a productos manufacturados en laboratorios para darle un gran negocio a unos pocos pero deja atrás lo que es necesario, que es la descriminalizacion”, sostiene el doctor Rafael Torruella, un psicólogo social que dirige la organización Intercambios, que trabaja en apoyo a la población adicta a drogas con intercambio de jeringuillas y prevención de enfermedades.

“Han optado por no meterle mano al problema que nos sume en violencia, que afecta nuestras comunidades pobres sobre todo con encarcelamiento masivo, VIH, hepatitis y no le da aire a lo que sabemos que funciona, que es la descriminalización de los usuraios de droga”, agrega Torruella, para quien el proyecto del Senado 517 del senador Miguel Pereira, es un paso de avance en la dirección correcta.

El proyecto inicial radicado por Pereira en abril de 2013 conllevaba la legalización limitada de hasta una onza de marihuana, que al presente se castiga con tres años de cárcel y es delito grave. La medida era relativamente vanguardista en tanto que el concepto de legalización limitada a ciertas cantidades de marihuana para uso personal es la norma en pocos lugares de Estados Unidos como Washington DC, desde febrero pasado y en las ciudades de Portland y South Portland en Maine. También es el modelo en Colombia y en Argentina, (esta última por virtud de un fallo judicial de 2009), en Bélgica y en Suiza.

En cambio, Portugal y Uruguay legalizaron completamente el uso de la marihuana y cuatro estados de los Estados Unidos, Colorado, Washington, Alaska y Oregón, la han legalizado plenamente en los últimos dos años bajo diversos esquemas reglamentarios que incluyen la producción y comercialización.

La curiosa ley del Distrito de Columbia, aprobada el pasado 25 de febrero tras un referéndum ciudadano, permite posesión de hasta dos onzas, cultivar o tener hasta seis plantas en la casa (solo tres de ellas maduras) y entregar hasta una onza a otra persona siempre que sea de regalo. No hay reglamento de venta y sigue prohibido el comercio. Bajo esta normativa, el propio presidente Obama, uno de los tres mandatarios de esa nación que admite haber usado marihuana en su juventud, podría cultivar seis plantas en el patio de la Casa Blanca si lo deseara e incluso regalarle una onza a algún dignatario visitante sin violar la ley del Distrito.

Iniciativa de avanzada termina en nada

Pero en Puerto Rico, luego de un amplio debate en vistas públicas, el proyecto 517 se diluyó pasando a una despenalización con multas administrativas escalonadas de $100 la primera, $200 y $300 la segunda y tercera interveción en un periodo de tres años; con referidos a evaluaciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para posible tratamiento y con citaciones en lugar de arrestos.

Esta era la normativa favorecida por el entonces administrador de Assmca, Salvador Santiago. Se aprobó así por el Senado en noviembre de 2013 y pasó a la Cámara donde tras algunos cambios menores fue recomendado positivamente por el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Comisión de lo Jurídico de la Cámara en junio de 2014 y ahí quedó hasta el día de hoy.

Aunque entiende que la medida original era mucho mejor, el doctor Torruella sostiene que la versión enmandada “es mil veces mejor que lo que existe, que es extremadamente draconiano y dañino, que viola derechos humanos con policía y tratamientos abusivos”. Dice que aunque es una versión más conservadora, unos cuantos representantes moralistas lo detienen en la Cámara sin mirar la ciencia y sólo a base de sus creencias religiosas”.

El modelo de la versión final del proyecto Pereira es utilizado con algunas variantes en trece estados (California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusets, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Rhode Island, Vermont ) y en las Islas Vírgenes. Los legisladores de nuestros vecinos isleños vencieron un veto del gobernador para aprobar la despenalización de una onza de marihuana en febrero pasado.

Medicalización prohibicionista para lucrarse del paciente

Además de la medida senatorial, los representantes José Báez y Carlos Vargas radicaron el proyecto 1362 en noviembre de 2013 para autorizar el uso medicinal de la marihuana. El proyecto provee para un sistema de dispensarios privados, altamente regulados por el estado, que distribuirían la marihuana a los pacientes cualificados con receta. De ningún modo limitaba a usos sintéticos, como lo hará el reglamento que ya ha anticipado la secretaria de Salud, e incluso proveía para que pacientes indigentes o que residieran lejos de un dispensario pudieran cultivar plantas en su casa.

El proyecto era similar al de 22 de los 23 estados que han autorizado la marihuana medicinal en Estados Unidos. Numerosos especialistas han establecido que el cannabis tiene la capacidad de aliviar los dolores y molestias de muchas condiciones debilitantes como la esclerosis múltiple, glaucoma y otras neurológicas y reumáticas, así como para aliviar los efectos secundarios de las quimoterapias, entre otros beneficios.

La mayoría cameral mató el 1362 y se presentó un sustitutivo que ordenaría un “estudio exhaustivo” sobre los eectos medicinales de la marihuana y sus derivados.

“Y eso es obsceno porque el beneficio de salud es algo que ya se sabe, sólo hace falta una revisión de la literatura científica, pero prefieren matar el proyecto con el supuesto estudio exhaustivo”, apunta Torruella, quien dirige la campaña Descriminalización.org.

El pasado 3 de mayo el gobernador García Padilla sorprendió al País al emitir la Orden Ejecutiva 2015-10 que autoriza “el uso medicinal de algunas o todas las sustancias controladas o componentes derivados de la planta de Cannabis”. La Orden Ejecutiva inicialmente fue vista como un movimiento positivo por parte de Torruella, y de otros proponentes de la legalización y del uso médico de la marihuana como el professor de Justicia Criminal, Gary Gutiérrez.

Pero el entusiasmo les duró poco ya que al día siguiente la secretaria Ríus reveló que solo se aprobarán productos para administrarse de forma oral y que no se permitiría el uso de la planta en sí. Además la Secretaria reveló que llevaba varios meses en conversaciones con ejecutivos de la empresa GB Sciences Puerto Rico, una subsidiaria de GrowBLOX Sciences de Las Vegas, para que se haga cargo de la producción de los medicamentos que se usarían para tratar enfermedades en la Isla.

Esta empresa ha prometido la creación de 1,000 empleos y una inversión de más de $1,000 millones en Puerto Rico, según reportajes publicados en diversos medios estadounidenses a la empresa desde junio pasado.

La subsidiaria local, presidida por el abogado José Axtmayer, espera por la aprobación del reglamento para comenzar a cultivar y hacer estudios, posiblemente, en el edificio de Ciencias Biomoleculares de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo la Secretaria.

“El problema que tengo con la Orden Ejecutiva y como se está interpretando es que me dice que la planta que creó Dios y que está en su estado natural, es ilegal porque es de gratis pero le permite a un consorcio que la procese con qué sé yo qué químicos para que yo paciente la pueda tomar y eso es servir de alcaguete a la empresa farmacéutica y eso es inmoral”, sostiene el professor Gutiérrez.

Por su parte, Torruella plantea que “el negocio está montado, pero dónde están los derechos de las personas, por qué no clubes de cannabis, dispensarios, autocultivo, como permitía el proyecto de Báez, será porque se quieren lucrar de las personas con condiciones de salud”. Agregó que está comprobada la efectividad medicinal del capullo de la planta de marihuana, que es lo que se fuma, pero también se puede preparar para ingerirse de otras formas, por lo que no tiene sentido prohibirlo.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago indicó al día siguiente de emitirse la Orden Ejecutiva que era una iniciativa “justa, compasiva y moderna”, pero advirtió que su producción podría crear un monopolio comercial y convertirse más bien en “una oportunidad de negocios”.

Por otra parte, el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Aníbal López Correa, llamó al Gobierno a legalizar la marihuana para proveer recursos al fisco y a la educación pública y para estimular el turismo y la economía, citando el ejemplo de Colorado.

Ese estado recaudó $40.9 millones en los primeros 10 meses de la legalización tan solo en las ventas de marihuana, sin contar las licencias y patentes ni el ‘boom’ turístico recibido por el estado, según la Drug Policy Alliance. Se designaron $2.5 milones de ese recaudo para contratar más trabajadores sociales y consejeros de salud en las escuelas. Además se reportó una leve baja en criminalidad y en muertes de tránsito. Hay 16,000 personas con licencia para trabajar en la industria de la marihuana, y en algunas tiendas autorizadas los empleados ganan cerca de $17 por hora.

Legalizar para la comunidad, no para las grandes empresas

El profesor Gutiérrez advierte que el modelo que ha comenzado a fraguarse con la Orden Ejecutiva y su anticipado reglamento es un asomo al camino que es preciso evitar y que las grandes empresas y gobiernos neoliberales intentarán imponer en el caso de que eventualmente se legalice la marihuana. “La legalización tiene que ser de abajo hacia arriba, es la única forma de evitar que enormes consorcios como las tabacaleras de Estados Unidos se apoderen del mercado”, sostiene.

“Uno de los efectos no intencionados del narcotráfico es que el dinero de la droga pasa momentáneamente por las comunidades pero cuando tienes compañías que no son de las comunidades ese dinero se lo llevarán todo”, agrega Gutiérrez.

La legalización de abajo a arriba –dice el profesor- se puede hacer con la producción y distribución a cargo de cooperativas, grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro porque “reglamentar para que unas pocas empresas se lucren no es tan diferente a permitir que se lucren los carteles”.

Conversando sobre droga y legalidad con Nestor Figueroa Lugo


wpab-550-ponce-screenshot-1Conversanción sobre droga y legalidad con Nestor Figueroa Lugo en el programa Es Con Usted La Cuestión transmitido el 29 de oct de 2014 por WPAB-Ponce

 

 

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Programa Conocimiento y Acción Solidaria sobre drogas, legalidad y gobernaza


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Participación en el  programa Conocimiento y Acción Solidaria 25 de octubre de 2014 hablando sobre dorgas, legalidad y gobernaza con Rey Quiñones y Rolando Emmanuelli sobre Violencia y Criminalidad.

http://youtu.be/d210O7o4IY4?list=UU6Ayk3BH4GYFbU-5VsjemNw

 

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Citado en “Las drogas: Puerto Rico aferrado a una “guerra” fracasada”


Por Cándida Cotto

http://www.claridadpuertorico.com/

Publicado: martes, 14 de octubre de 2014

ClaridadHabiéndose comprobado que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado, cada país debería generar una política independiente para atender su problema de las drogas. Pero en Puerto Rico, el Gobierno sigue la política de “guerra contra las drogas” y criminalización del usuario.

Para el profesor de criminología, Gary Gutiérrez, la admisión del fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de políticas independientes son dos de los señalamientos sobresalientes del estudio “Asumiendo el Control: Caminos Hacia Políticas de Drogas Eficaces”, de la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), organismo independiente integrado por figuras de calibre mundial.

“Este llamado es importante porque es un llamado a otra visión del problema, a otro paradigma del problema, a que construyamos el problema desde otra perspectiva”, indicó Gutiérrez. Aclaró que la Comisión no es un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino un ente independiente que intenta que se le escuche en la próxima sesión especial sobre las drogas que tendrá la Asamblea General de la ONU en el 2016. Se supone que la ONU escuche tanto las posiciones de organizaciones como de los diversos estados.

El profesor Gutiérrez expuso que la CGPD es una de otras organizaciones que quiere que se replantee la situación del narcotráfico y las drogas desde una perspectiva no penal, “porque, como es obvio para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cien años de prohibición ha probado que lo único que se ha logrado es llenar cárceles con los sectores marginados de los países; crear enormes carteles del crimen organizado y de lavado de dinero sumamente poderosos; crear capitales negros, y que aun en el momento de la legalización de la droga, se va a tener que pensar qué se va a hacer con ese capital”.

Otro aspecto que ha logrado la política de guerra contra las drogas, denunció, es reafirmar el poderío del norte global, específicamente Estados Unidos, en la política interna de los países, ya que sus políticas antidrogas le dan “licencia de corso” a Estados Unidos, a su agencia DEA (Drug Enforcement Administration) de “intervenir, básicamente como le dé la gana, en los asuntos internos de los países, en las comunidades internas, una excusa para militarizar su fuerza policíaca y mantener bajo control a poblaciones excedentes que no tienen oportunidad de empleo y que encuentran en el narcotráfico la forma de ganarse la vida.”

El profesor Gutiérrez destacó, además, que el informe es producto de un grupo que analiza la situación desde la perspectiva del sur global, de los países productores de la droga y de los que la transportan. “También es importante porque es un grupo que está compuesto, además, de políticos e intelectuales, por gente de mucho poder económico y eso pudiera apuntar a que ya el capital se está dando cuenta de que el negocio de la ilegalización ya no es un buen negocio para ellos y que la legalización puede ser un buen negocio para ellos”.

En ese aspecto, observó que el negocio de las tabacaleras tiene ya la estructura para procesar y distribuir material de drogas. Comentó que los activistas a favor de la legalización en Estados Unidos (EEUU) ya han advertido sobre este peligro y han destacado que los procesos de legalización se deben dar desde abajo hacia arriba y no como se dio la legalización del alcohol, que el gobierno cedió unas licencias a unos grandes productores tradicionales en el sur de EEUU.

Gutiérrez señaló que para que la droga no se convierta en una mercancía de mercado, lo que están buscando los sectores más progresistas en Estados Unidos es que la legalización se dé mediante licencia a cooperativas y grupos de usuarios para que produzcan la droga que van a consumir y así mantener un control y evitar que se genere un negocio igual de lucrativo y explotador como ocurre ahora con el alcohol.

El escenario en Puerto Rico

Aun cuando se reconoce que en el País hay un severo problema de drogadicción, Gutiérrez denunció que las estadísticas sobre el número de usuarios se estiman basado en las intercepciones policíacas, es decir, que si aumenta el por ciento de incautación es que ha aumentado el número de usuarios. Anotó que los números que se tienen los ofrece la DEA por lo que llamó la atención de que “hay que tomarlos con pinza”, ya que siempre se dan en el contexto de pedir recursos monetarios para la militarización.

Por otro lado, apuntó que la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU dice que el uso de sustancias tradicionales como la coca, la heroína y la marihuana, ha ido cayendo en desuso en muchos sitios, para darles paso a drogas de diseño, las llamadas sintéticas, que no requieren todo el proceso y andamiaje de distribución que requieren las drogas de uso de plantas naturales. En el caso de las llamadas drogas sintéticas -explicó- el suplidor las produce cuando le hacen el pedido, lo que elimina el riesgo de incautación, almacenaje, etc.

El problema de las drogas

Más allá de la violencia que genera el tráfico de la droga, el profesor de Criminología planteó que su experiencia académica y el estudio de este fenómeno le permiten afirmar que en los sectores marginados, donde hay muy pocas oportunidades de empleo, sobre todo para los varones jóvenes, éstos ven en la droga una forma de resolver sus problemas económicos. Puso como ejemplo el hecho de un joven de 22 a 24 años, que tiene que pagar una pensión, no tiene trabajo y el narcotráfico se convierte en la forma de buscarse el dinero de la pensión. “En realidad, eso que nosotros llamamos problemas de las drogas, en muchos sectores se ha convertido en la solución del problema, que es terrible, porque el que vende no sólo hace daño sino que es una estructura tan capitalista como cualquier otra”.

Incluso agregó, “el punto ya no está pagando como antes. Según me dicen los muchachos en la calle, regularmente la droga es a concesión, te dan la droga y tú eres responsable del dinero. Otra estudiante me dijo que ella quedó embarazada a los 16 años, el padre la botó de la casa. Vivía con un familiar y le pagaban para que guardara tres kilos de droga. Se la robaron –no sabe quién- y estuvo trabajando en el punto tres años para pagar la cantidad. Así que, en ese sentido, es una empresa comercial. Lo que nos lleva entonces a la pregunta, y llevo años diciéndolo: tenemos estos muchachos de 26 años que no tienen educación, su educación formal es de noveno grado, está corriendo un punto de drogas, que es una empresa probablemente millonaria, cerca de un millón, que tiene que bregar con personal, tiene que bregar con almacenamiento, tiene que bregar con inventario, tiene que bregar con contabilidad, tiene que bregar con relaciones públicas en el barrio, tiene que bregar con el problema de la Policía… ¿qué hemos hecho como sociedad para que ese muchacho, en vez de estar haciendo eso, no tenga un negocio legal? La moral es chévere si se tiene la nevera llena”.

La legalización

Aun con sus profundas reservas de que en la Isla pueda llegarse en estos momentos a una legalización, Gutiérrez favoreció legalizar el uso medicinal de la marihuana, lo que parece ser la postura del gobernador Alejandro García Padilla. Argumentó que el uso médico tiene dos ventajas políticas, ayuda a desmitificar la sustancia en la comunidad y, sobre todo, va creando el espacio de producción a nivel legal para que cuando se autorice a nivel recreativo, ya haya unas estructuras legales que puedan hacer el proceso más fácil. Destacó que en los estados donde se ha legalizado la marihuana no han ocurrido mayores problemas, no ha aumentado el consumo y se ha generado un ingreso en impuestos mayor a lo esperado.

“Creo que los documentos de la Comisión Global, como los documentos de la Comisión Latinoamericana para la Democracia, son los más claros, más sensatos y los más coherentes que se han hecho a nivel internacional en los últimos años. La única oposición a que se legalicen las sustancias viene de los sectores de la industria del complejo industrial militar ligado al sistema correccional, que viven de tener gente presa. Cerca del 70% de los confinados en Estados Unidos es por drogas no violentas”, manifestó.

Los otros sectores que se oponen a la legalización, además de los sectores religiosos, son los programas de rehabilitación, las agencias policíacas que viven de la criminalización y los propios sectores criminalizados que viven de vender la droga cinco veces más cara de lo que se vendería en la cadena de distribución legal de las farmacias, denunció. Según Gutiérrez, de cada diez dólares que se invierten en la “guerra contra las drogas”, siete van a las fuerzas policíacas y tres a tratamiento y prevención.

Conversando con Norma Colón Daleccio sobre marihuana y legalidad


NCD

Extractos de la conversacion sobre droga, criminalidad y legalidad con Norma Colón Daleccio en WPAB-Ponce

 

Para escuchar la ponencia en YouTube
Para escuchar la entrevista en MP4 por YouTube
Para escuchar la ponencia en I-Voox
Para escuchar la entrevista en MP3 por I-Voox

 

Para escuchar programación de WPAB-550

 

wpab-550-ponce-screenshot-1
Para escuchar WPAB-Ponce 550am en directo

Entrevista con @noticiaswrtu sobre informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas


Escuche la entrevista sobre el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas con Hoy en Las Noticias  de Radio Universidad de Puerto Rico

 

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