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El Blog de Gary Gutiérrez

Abusador de cafeína, asador de patio, comidista y cronista del bajo mundo culinario, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, y comantenedor de @tempranopr

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Marihuana medicinal, ¿solución o reproducción del problema?


Por Gary Gutiérrez

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Foto toma de http://cosecharoja.org/

Si bien muchos países comienzan a retirarse de la visión prohibicionista en torno al cannabis o marihuana, no es menos cierto que las nuevas legislaciones parecen ir en contra de los usuarios y de los pequeños productores independientes afirman activistas y académicos.

Las reformas en países como Jamaica, Uruguay, México y el propio Estados Unidos, donde el 47% de la población admite haber experimentado con la marihuana y donde más de veinte estados ya cuentan con leyes de tolerancia, demuestran que la regulación del mercado de esta planta no significa la destrucción de la sociedad como alegan sus detractores.

Al contrario afirma el grupo de activistas puertorriqueños conocido como Descriminalización.org, organización que impulsa la liberación del consumo y la producción del cannabis, así como la de los productos derivados de esta en Puerto Rico.

En las jurisdicciones donde se tolera, reglamentando el mercado o permitiendo el consumo del cannabis para uso medicinal o recreativo, no solo dan muestra que “no habido un aumento en el uso de la marihuana y otras drogas, sino que también ha bajado la criminalidad y los arrestos por delitos menos graves.”

Según los números de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo 147 millones de personas consumen cannabis. Números que no registran grandes aumentos tras la incorporación de medidas de tolerancias.

En Puerto Rico estadísticas de la Administración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) apuntan a que más de medio millón de personas consumieron marihuana por lo  menos una vez en su vida.

Paralelamente, la lucha por acabar con el consumo del cannabis, que de paso, fracasaron en reducir su consumo, genera en Estados Unidos un arresto cada 42 segundos, según datos del Uniform Crime Reporting (UCR) del Buró federal de Investigaciones (FBI), policía nacional de ese país.

Es desde este cuadro de fracaso del prohibicionismo que muchos países buscan alternativas para tolerar, descriminalizar, legalizar, regular el mercado o liberalizar el uso, consumo y disfrute de la planta llamada cannabis y conocida como marihuana.

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Jorge Hernández Tinajero, activista en favor de la liberación del cannabis

Proceso de reforma que según Jorge Hernández Tinajero, activista mejicano en favor de la liberación del cannabis y participante de la VI Latinoamericana sobre Políticas de Drogas , no solo está sucediendo, el mismo “tendrá resultado”.

Este entusiasmo con las reformas sobre el cannabis es compartido por muchas otras voces públicas.

Entre estas la del comediante y comentarista político estadounidense Bill Maher, quien en varias ocasiones ha vaticinado que en los próximos años, el uso recreativo de la hierba será legalizada de una forma u otra en su país.

Sin embargo el proceso  y lucha por la “normalización” del cannabis no está exento de controversias internas u ataques externos.

Para comenzar apunta Hernández Tinajero, todavía hay poderosos sectores en Latinoamérica que se mantienen atrincherados en “visiones muy conservadoras” que dificultan las discusiones necesarias sobre nuevas políticas, no solo en torno al uso medicinal o recreativo de esta planta, sino sobre el uso de otros productos derivados del cáñamo.

El activista mexicano fue más lejos al explicar que incluso entre los que impulsan los necesarios cambios en la política pública sobre la marihuana, hay demasiadas voces y visiones.

Las controversias no se limitan al uso y regulación del uso de la planta, pues incluye también la forma en que se define a los consumidores, quienes lo mismo son vistos como enfermos necesitados de ayudas, delincuentes a quienes se debe reprimir o egoísta que solo buscan su placer personal.

Estas múltiples miradas también inciden en las alternativas de reglamentación o regulación propuestas por cada sector.

Por un lado, están los que proponen despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de la hierba, denominándola “para uso personal” mientras proponen mantener ilegalizado el acceso a esas pequeñas cantidades.

Regularmente esta alternativa es empujadas por políticos quienes, entendiendo lo absurdo de las leyes de prohibición del cannabis, buscan abrir brecha entre las conservadoras estructuras políticas que no están dispuestas a arriesgar su capital político empujando las hasta ahora controvertibles medidas de liberación.

Mientras tanto ante el inevitable avance de los procesos de liberación de la hierba, algunos sectores conservadores se amurallan detrás del discurso que aboga porque solo se permitan los usos médicos del cannabis.

Alternativa que no solo permitirá a unos pocos controlar el acceso a los productos de cannabis, convierte estos bienes en una magnífica alternativa de ingresos para las compañías farmacéuticas que por virtud de costosas licencias monopolizarán la producción, distribución y venta del cannabis y sus derivados.

Esta alternativa del “uso medicinal” es aceptada e impulsada por algunos activistas como una forma de ir normalizado la relación de la sociedad con el cannabis y como “cabeza de playa” desde donde continuar las luchas para la liberación total de la planta.

Así, para el activista puertorriqueño Pedro Colón Almenas de Descriminalizacion.org, el discurso de “uso medicinal” es una alternativa para privatizar la ganancia del cannabis, mientras se sigue arrestando a los pobres que no tienen acceso a médicos que les recomienden el uso “terapéutico” del cannabis.

Algo parecido sucedió cuando Estados Unidos prohibió la venta y consumo de alcohol a nivel federal. La absurda prohibición permitía el uso medicinal de los embriagantes, permitiendo que aquellos que podían pagar una receta médica -los ricos- pudiera consumir el alcohol legalmente mientras los pobres iban a la cárcel o morían en las calles por el control del mercado negro.

“Sabemos que la regulación del ‘cannabis medicinal’ se convertirá en un ‘negociazo’ para dos o tres, donde se van a querer importar regulaciones y negocios, antes de desarrollar un plan y un reglamento a favor de nuestros pacientes. Mientras el gobierno continuará castigando a unos por consumir y sembrar lo que puede crecer en el patio de nuestras casas, otros están empeñados en “picar a’lante”, montar su kiosco, brindar seminarios y cursos de siembra sin saber que terminará aprobando el gobierno de Puerto Rico, incluso sin tener los permisos.” dijo Colón Almenas.

Por otra parte, otros impulsan ese mismo modelo de monopolio para la reglamentación del acceso al uso recreativo o “no medicinal del cannabis”. Estos monopolios lo mismo pueden ser estatales como el caso del Uruguay, o mediante licencias otorgadas a empresas privadas como en el caso de Colorado y otras jurisdicciones estadounidenses.

Esta alternativa de reglamentación mediante monopolios, no queda fuera de controversia ya que para mucho es la forma de privatizar en unos pocos la ganancia económica generada, como pasó con la industria licorera tras su legalización mediante monopolios en Estados Unidos..

En el caso de Colorado, ya se escuchan quejas de cómo la reglamentación legal del cannabis terminó con el flujo de dinero -ilegal pero igualmente utilitario- que el tráfico ilegalizado movía dentro de las comunidades marginadas. Esto a pesar de que los negocios licenciados se ubicaron en esas mismas comunidades, para no afectar el valor de las propiedades en las zonas más aventajadas económicamente.

https://stoptheharm.org/cdn/res.cloudinary.com/engagement-lab/image/upload/v1444696975/stop-the-harm/logos/vpjhvq8ltbtpyekba03r.jpgAnte este complejo panorama político y social en que se desenvuelve la discusión en torno a la Marihuana, el grupo Descriminalizacion.org se unen a los que proponen que “las reformas a las leyes de marihuana no se deben limitar a un maquillaje a las leyes prohibicionistas; por el contrario, deben ser dirigidas a la búsqueda de modelos de una legalización o regulación de un mercado, donde se garantice el autocultivo y la educación hacia un consumo responsable”.

Entendiendo por autocultivo, el que se permita que los usuarios, de forma individual o de forma colectiva, en cooperativa de usuarios por ejemplo, siembren unas cantidades establecidas de matas por persona.

Así el producto de esta actividad solo puede ser para uso personal de quién la cultive o distribuido entre los participantes de la cooperativa. El excedente puede ser vendido solo a otras cooperativas, los dispensarios o cafés licenciados. De esta manera se controla o reduce la capacidad de general ganancia económica con la planta.

Si bien al momento, por lo menos 15 Estados permiten esta alternativa en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde el proceso de legalización del uso medicinal del cannabis parece estar controlado por grandes intereses económicos, no se contempla esta alternativa a pesar del apoyo de diversos grupos de activistas.

“Los pacientes quieren autocultivo. Puerto Rico no está preparado todavía para bregar con autocultivo. Necesitamos mucho más educación… Este no es el momento apropiado para estar hablando esto. En un futuro, uno nunca sabe, pero este no es el momento”,  dijo la asesora legal del Departamento de Salud (DS), Mayra Maldonado al periódico Primera Hora.

Los modelos de regulación del Uruguay o en las regulaciones médicas y recreativas norteamericanas han establecido un marco jurídico con parámetros adecuados para garantizar el manejo del cultivo. Cuyos objetivos principales es impedir el acceso a menores de edad y limitar la producción para uso personal. El estado quiere estar ‘seguro’ que no se convierta en una producción comercial no regulada.” explica en su página web Descriminalizacion.org al abogar por la alternativa antes detallada.

En resumen que para cualquiera que observe los procesos socioeconómicos y políticos que se están desarrollando en torno a las drogas, y en específico en torno a la marihuana puede notar cuan complejo es y cuantos intereses luchan por controlar esos procesos.

Sin embargo, algo debe tenerse claro, legalizar, regular o liberar cualquier sustancia no puede ser un mero espejismo de quitarle las ganancias a los ilegalizados carteles para hace más millonarios a nuevos carteles legales.

Cualquier reforma en políticas de drogas que aspire a ser verdaderamente democrática tiene que partir de proteger los intereses  y los derechos humanos de las más vulnerables, “los usuarios”.

Cualquier reforma que termine reafirmando la violación del derecho de cada quién a decidir sobre que hacer con su cuerpo, o cuyo norte sea garantizar visiones moralistas de unos o las ganancias de otros, no será otra cosa que la reproducción de las mismas condiciones que termina derramando la sangre de nuestros jóvenes en las calles de la isla.

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Sobre la marihuana y farmaceúticas


Privatizar la marihuana es abrir al capital legal la explotación económica de usuarios que hoy benefician a cárteles ilegales.

Hipócrita el doble discurso con la marihuana


weed-leaf-canstock6309696Por Gary Gutiérrez

Poco me duró la alegría.

El domingo 24 de enero de 2016, me entero por twitter que el administrador colonial, Alejandro García Padilla, había indultado a Jeremy Ruiz Tomassini quien cumplía una condena por posesión y consumo de marihuana en una zona escolar.

Sin embargo, la alegría del anuncio fue opacada unos minutos más tardes, cuando los medios tradicionales explicaron en sus páginas electrónicas que el indulto incluía unas nueves restricciones o condiciones.

Como parte de las nueve condiciones, Ruiz Tomassini no debe cometer otros delitos, deberá someterse a pruebas toxicológicas supervisadas por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), deberá completar la escuela superior, no podrá relacionarse con personas vinculadas al mundo de las sustancias controladas. De igual manera deberá someterse a supervisión médica y al tratamiento aprobado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Como si lo anterior no fuera suficiente, el indultado deberá permanecer en su casa de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., a menos que no tenga autorización de la JLBP. De igual forma deberá cumplir con citas periódicas a la mencionada Junta. Todo lo anterior unido a que Ruiz Tomassini estará obligado a donar dinero al Fondo de Becas para Hijos de Policías Caídos en el Cumplimiento del Deber.

Lo único que no le exigen es que cuando esté en público use un cartel que diga: “soy mafutero, no se acerque”

El arresto y eventual convicción de Ruiz Tomassini se produjo cuando los agentes del Estado intervinieron con él mientras –admitido por el acusado- consumió y compartió con unos amigos un cigarrillo de marihuana en las cercanías de un área educativa.

La pocesión y uso de marihuana bajo las dracónicas leyes de Estados Unidos y Puerto Rico se consideran delito grave, sobre todo en las cercanías de una zona escolar, ya que la marihuana y sus derivados son vistos como sustancias peligrosas, sin valor médico y cuya distribución se considera narcotráfico.

He aquí donde radica la hipocresía y probablemente la busconearía política del actual regente de la Isla.

Mientras la administración de García Padilla sigue persiguiendo el consumo callejero de marihuana, y mientra insistes en tratar a los marihuaneros como criminales aun después de indultarles, su administración emite una orden que permite la privatización de la planta para que las corporaciones privadas puedan experimentar y comercializar la misma.

No sea hipócrita y deje de hablar por dos bocas Señor Administrador Colonial. Claramente el indulto a Jeremy Ruiz Tomassini es un intento para ganar simpatías entre los sectores liberales que cuestiona su política corporativa sobre la marihuana.

Pero igualmente claro también está que al imponer tan ridículas condiciones ante la poca severidad de la falta y al tratar usted a este joven como un peligroso criminal que atenta contra la fibra moral de la juventud, usted intenta mantener el endoso de los sectores conservadores que tienen terror ante la posibilidad de que se liberen las leyes antidrogas.

No, esto no es palo si boga y palo si no boga. Lo que pasa es que según su política pública, la marihuana que estaba fumando Jeremy es un narcótico de nivel uno -es decir que no tiene ningún valor médico-, pero si esa misma hierba la crecen en la universidad para beneficio de la industria farmacéutica, mágicamente la misma se convierte en una sustancia de nivel dos que sí tienes propiedades curativas.

Pido excusa por el tono de este escrito, pero es que no puedo menos que indignarme ante la simulación de sus posturas.

Hasta cuándo vamos a seguir pagando como pueblo el tributo de sangre y libertad impuesto por las clasistas, racistas y sobre todo fracasadas leyes antidrogas. Hasta cuándo vamos a seguir tratando como criminales a los adultos, que en claro ejercicio de sus libertades decidan consumir las sustancias que ellos quieran. Hasta cuándo vamos a permitir que los sectores religiosos y conservadores utilicen el Estado para seguir imponiendo a los demás sus códigos morales de la edad media.

Y sobre todo, hasta cuándo usted seguirá metiendo a la cárcel a nuestros hijos por utilizar la misma sustancia que usted permite que las compañías privadas monopolicen.

Señor Administrador Colonial, por favor déjese de hipocresías, es hora de legalizar sin entrelineas…

 

 

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http://descriminalizacion.org/

Citado por PUERTO RICO TE QUIERO en: Legalizar para la comunidad


Así lo entienden expertos en el tema que abogan por la legalización de la marihuana y se desprende de las declaraciones que ha hecho la propia secretaria de Salud, Ana Ríus, encargada de promulgar el reglamento para el uso medicinal de la marihuana.

Growing Cannabis Outside“El gobierno prefiere darle aire a una iniciativa que no se puede decir que es de marihuana medicinal porque es con algunos derivados y limitado a productos manufacturados en laboratorios para darle un gran negocio a unos pocos pero deja atrás lo que es necesario, que es la descriminalizacion”, sostiene el doctor Rafael Torruella, un psicólogo social que dirige la organización Intercambios, que trabaja en apoyo a la población adicta a drogas con intercambio de jeringuillas y prevención de enfermedades.

“Han optado por no meterle mano al problema que nos sume en violencia, que afecta nuestras comunidades pobres sobre todo con encarcelamiento masivo, VIH, hepatitis y no le da aire a lo que sabemos que funciona, que es la descriminalización de los usuraios de droga”, agrega Torruella, para quien el proyecto del Senado 517 del senador Miguel Pereira, es un paso de avance en la dirección correcta.

El proyecto inicial radicado por Pereira en abril de 2013 conllevaba la legalización limitada de hasta una onza de marihuana, que al presente se castiga con tres años de cárcel y es delito grave. La medida era relativamente vanguardista en tanto que el concepto de legalización limitada a ciertas cantidades de marihuana para uso personal es la norma en pocos lugares de Estados Unidos como Washington DC, desde febrero pasado y en las ciudades de Portland y South Portland en Maine. También es el modelo en Colombia y en Argentina, (esta última por virtud de un fallo judicial de 2009), en Bélgica y en Suiza.

En cambio, Portugal y Uruguay legalizaron completamente el uso de la marihuana y cuatro estados de los Estados Unidos, Colorado, Washington, Alaska y Oregón, la han legalizado plenamente en los últimos dos años bajo diversos esquemas reglamentarios que incluyen la producción y comercialización.

La curiosa ley del Distrito de Columbia, aprobada el pasado 25 de febrero tras un referéndum ciudadano, permite posesión de hasta dos onzas, cultivar o tener hasta seis plantas en la casa (solo tres de ellas maduras) y entregar hasta una onza a otra persona siempre que sea de regalo. No hay reglamento de venta y sigue prohibido el comercio. Bajo esta normativa, el propio presidente Obama, uno de los tres mandatarios de esa nación que admite haber usado marihuana en su juventud, podría cultivar seis plantas en el patio de la Casa Blanca si lo deseara e incluso regalarle una onza a algún dignatario visitante sin violar la ley del Distrito.

Iniciativa de avanzada termina en nada

Pero en Puerto Rico, luego de un amplio debate en vistas públicas, el proyecto 517 se diluyó pasando a una despenalización con multas administrativas escalonadas de $100 la primera, $200 y $300 la segunda y tercera interveción en un periodo de tres años; con referidos a evaluaciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para posible tratamiento y con citaciones en lugar de arrestos.

Esta era la normativa favorecida por el entonces administrador de Assmca, Salvador Santiago. Se aprobó así por el Senado en noviembre de 2013 y pasó a la Cámara donde tras algunos cambios menores fue recomendado positivamente por el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Comisión de lo Jurídico de la Cámara en junio de 2014 y ahí quedó hasta el día de hoy.

Aunque entiende que la medida original era mucho mejor, el doctor Torruella sostiene que la versión enmandada “es mil veces mejor que lo que existe, que es extremadamente draconiano y dañino, que viola derechos humanos con policía y tratamientos abusivos”. Dice que aunque es una versión más conservadora, unos cuantos representantes moralistas lo detienen en la Cámara sin mirar la ciencia y sólo a base de sus creencias religiosas”.

El modelo de la versión final del proyecto Pereira es utilizado con algunas variantes en trece estados (California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusets, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Rhode Island, Vermont ) y en las Islas Vírgenes. Los legisladores de nuestros vecinos isleños vencieron un veto del gobernador para aprobar la despenalización de una onza de marihuana en febrero pasado.

Medicalización prohibicionista para lucrarse del paciente

Además de la medida senatorial, los representantes José Báez y Carlos Vargas radicaron el proyecto 1362 en noviembre de 2013 para autorizar el uso medicinal de la marihuana. El proyecto provee para un sistema de dispensarios privados, altamente regulados por el estado, que distribuirían la marihuana a los pacientes cualificados con receta. De ningún modo limitaba a usos sintéticos, como lo hará el reglamento que ya ha anticipado la secretaria de Salud, e incluso proveía para que pacientes indigentes o que residieran lejos de un dispensario pudieran cultivar plantas en su casa.

El proyecto era similar al de 22 de los 23 estados que han autorizado la marihuana medicinal en Estados Unidos. Numerosos especialistas han establecido que el cannabis tiene la capacidad de aliviar los dolores y molestias de muchas condiciones debilitantes como la esclerosis múltiple, glaucoma y otras neurológicas y reumáticas, así como para aliviar los efectos secundarios de las quimoterapias, entre otros beneficios.

La mayoría cameral mató el 1362 y se presentó un sustitutivo que ordenaría un “estudio exhaustivo” sobre los eectos medicinales de la marihuana y sus derivados.

“Y eso es obsceno porque el beneficio de salud es algo que ya se sabe, sólo hace falta una revisión de la literatura científica, pero prefieren matar el proyecto con el supuesto estudio exhaustivo”, apunta Torruella, quien dirige la campaña Descriminalización.org.

El pasado 3 de mayo el gobernador García Padilla sorprendió al País al emitir la Orden Ejecutiva 2015-10 que autoriza “el uso medicinal de algunas o todas las sustancias controladas o componentes derivados de la planta de Cannabis”. La Orden Ejecutiva inicialmente fue vista como un movimiento positivo por parte de Torruella, y de otros proponentes de la legalización y del uso médico de la marihuana como el professor de Justicia Criminal, Gary Gutiérrez.

Pero el entusiasmo les duró poco ya que al día siguiente la secretaria Ríus reveló que solo se aprobarán productos para administrarse de forma oral y que no se permitiría el uso de la planta en sí. Además la Secretaria reveló que llevaba varios meses en conversaciones con ejecutivos de la empresa GB Sciences Puerto Rico, una subsidiaria de GrowBLOX Sciences de Las Vegas, para que se haga cargo de la producción de los medicamentos que se usarían para tratar enfermedades en la Isla.

Esta empresa ha prometido la creación de 1,000 empleos y una inversión de más de $1,000 millones en Puerto Rico, según reportajes publicados en diversos medios estadounidenses a la empresa desde junio pasado.

La subsidiaria local, presidida por el abogado José Axtmayer, espera por la aprobación del reglamento para comenzar a cultivar y hacer estudios, posiblemente, en el edificio de Ciencias Biomoleculares de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo la Secretaria.

“El problema que tengo con la Orden Ejecutiva y como se está interpretando es que me dice que la planta que creó Dios y que está en su estado natural, es ilegal porque es de gratis pero le permite a un consorcio que la procese con qué sé yo qué químicos para que yo paciente la pueda tomar y eso es servir de alcaguete a la empresa farmacéutica y eso es inmoral”, sostiene el professor Gutiérrez.

Por su parte, Torruella plantea que “el negocio está montado, pero dónde están los derechos de las personas, por qué no clubes de cannabis, dispensarios, autocultivo, como permitía el proyecto de Báez, será porque se quieren lucrar de las personas con condiciones de salud”. Agregó que está comprobada la efectividad medicinal del capullo de la planta de marihuana, que es lo que se fuma, pero también se puede preparar para ingerirse de otras formas, por lo que no tiene sentido prohibirlo.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago indicó al día siguiente de emitirse la Orden Ejecutiva que era una iniciativa “justa, compasiva y moderna”, pero advirtió que su producción podría crear un monopolio comercial y convertirse más bien en “una oportunidad de negocios”.

Por otra parte, el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Aníbal López Correa, llamó al Gobierno a legalizar la marihuana para proveer recursos al fisco y a la educación pública y para estimular el turismo y la economía, citando el ejemplo de Colorado.

Ese estado recaudó $40.9 millones en los primeros 10 meses de la legalización tan solo en las ventas de marihuana, sin contar las licencias y patentes ni el ‘boom’ turístico recibido por el estado, según la Drug Policy Alliance. Se designaron $2.5 milones de ese recaudo para contratar más trabajadores sociales y consejeros de salud en las escuelas. Además se reportó una leve baja en criminalidad y en muertes de tránsito. Hay 16,000 personas con licencia para trabajar en la industria de la marihuana, y en algunas tiendas autorizadas los empleados ganan cerca de $17 por hora.

Legalizar para la comunidad, no para las grandes empresas

El profesor Gutiérrez advierte que el modelo que ha comenzado a fraguarse con la Orden Ejecutiva y su anticipado reglamento es un asomo al camino que es preciso evitar y que las grandes empresas y gobiernos neoliberales intentarán imponer en el caso de que eventualmente se legalice la marihuana. “La legalización tiene que ser de abajo hacia arriba, es la única forma de evitar que enormes consorcios como las tabacaleras de Estados Unidos se apoderen del mercado”, sostiene.

“Uno de los efectos no intencionados del narcotráfico es que el dinero de la droga pasa momentáneamente por las comunidades pero cuando tienes compañías que no son de las comunidades ese dinero se lo llevarán todo”, agrega Gutiérrez.

La legalización de abajo a arriba –dice el profesor- se puede hacer con la producción y distribución a cargo de cooperativas, grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro porque “reglamentar para que unas pocas empresas se lucren no es tan diferente a permitir que se lucren los carteles”.

Conversando sobre droga y legalidad con Nestor Figueroa Lugo


wpab-550-ponce-screenshot-1Conversanción sobre droga y legalidad con Nestor Figueroa Lugo en el programa Es Con Usted La Cuestión transmitido el 29 de oct de 2014 por WPAB-Ponce

 

 

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Programa Conocimiento y Acción Solidaria sobre drogas, legalidad y gobernaza


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Participación en el  programa Conocimiento y Acción Solidaria 25 de octubre de 2014 hablando sobre dorgas, legalidad y gobernaza con Rey Quiñones y Rolando Emmanuelli sobre Violencia y Criminalidad.

http://youtu.be/d210O7o4IY4?list=UU6Ayk3BH4GYFbU-5VsjemNw

 

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Citado en “Las drogas: Puerto Rico aferrado a una “guerra” fracasada”


Por Cándida Cotto

http://www.claridadpuertorico.com/

Publicado: martes, 14 de octubre de 2014

ClaridadHabiéndose comprobado que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado, cada país debería generar una política independiente para atender su problema de las drogas. Pero en Puerto Rico, el Gobierno sigue la política de “guerra contra las drogas” y criminalización del usuario.

Para el profesor de criminología, Gary Gutiérrez, la admisión del fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de políticas independientes son dos de los señalamientos sobresalientes del estudio “Asumiendo el Control: Caminos Hacia Políticas de Drogas Eficaces”, de la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), organismo independiente integrado por figuras de calibre mundial.

“Este llamado es importante porque es un llamado a otra visión del problema, a otro paradigma del problema, a que construyamos el problema desde otra perspectiva”, indicó Gutiérrez. Aclaró que la Comisión no es un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino un ente independiente que intenta que se le escuche en la próxima sesión especial sobre las drogas que tendrá la Asamblea General de la ONU en el 2016. Se supone que la ONU escuche tanto las posiciones de organizaciones como de los diversos estados.

El profesor Gutiérrez expuso que la CGPD es una de otras organizaciones que quiere que se replantee la situación del narcotráfico y las drogas desde una perspectiva no penal, “porque, como es obvio para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cien años de prohibición ha probado que lo único que se ha logrado es llenar cárceles con los sectores marginados de los países; crear enormes carteles del crimen organizado y de lavado de dinero sumamente poderosos; crear capitales negros, y que aun en el momento de la legalización de la droga, se va a tener que pensar qué se va a hacer con ese capital”.

Otro aspecto que ha logrado la política de guerra contra las drogas, denunció, es reafirmar el poderío del norte global, específicamente Estados Unidos, en la política interna de los países, ya que sus políticas antidrogas le dan “licencia de corso” a Estados Unidos, a su agencia DEA (Drug Enforcement Administration) de “intervenir, básicamente como le dé la gana, en los asuntos internos de los países, en las comunidades internas, una excusa para militarizar su fuerza policíaca y mantener bajo control a poblaciones excedentes que no tienen oportunidad de empleo y que encuentran en el narcotráfico la forma de ganarse la vida.”

El profesor Gutiérrez destacó, además, que el informe es producto de un grupo que analiza la situación desde la perspectiva del sur global, de los países productores de la droga y de los que la transportan. “También es importante porque es un grupo que está compuesto, además, de políticos e intelectuales, por gente de mucho poder económico y eso pudiera apuntar a que ya el capital se está dando cuenta de que el negocio de la ilegalización ya no es un buen negocio para ellos y que la legalización puede ser un buen negocio para ellos”.

En ese aspecto, observó que el negocio de las tabacaleras tiene ya la estructura para procesar y distribuir material de drogas. Comentó que los activistas a favor de la legalización en Estados Unidos (EEUU) ya han advertido sobre este peligro y han destacado que los procesos de legalización se deben dar desde abajo hacia arriba y no como se dio la legalización del alcohol, que el gobierno cedió unas licencias a unos grandes productores tradicionales en el sur de EEUU.

Gutiérrez señaló que para que la droga no se convierta en una mercancía de mercado, lo que están buscando los sectores más progresistas en Estados Unidos es que la legalización se dé mediante licencia a cooperativas y grupos de usuarios para que produzcan la droga que van a consumir y así mantener un control y evitar que se genere un negocio igual de lucrativo y explotador como ocurre ahora con el alcohol.

El escenario en Puerto Rico

Aun cuando se reconoce que en el País hay un severo problema de drogadicción, Gutiérrez denunció que las estadísticas sobre el número de usuarios se estiman basado en las intercepciones policíacas, es decir, que si aumenta el por ciento de incautación es que ha aumentado el número de usuarios. Anotó que los números que se tienen los ofrece la DEA por lo que llamó la atención de que “hay que tomarlos con pinza”, ya que siempre se dan en el contexto de pedir recursos monetarios para la militarización.

Por otro lado, apuntó que la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU dice que el uso de sustancias tradicionales como la coca, la heroína y la marihuana, ha ido cayendo en desuso en muchos sitios, para darles paso a drogas de diseño, las llamadas sintéticas, que no requieren todo el proceso y andamiaje de distribución que requieren las drogas de uso de plantas naturales. En el caso de las llamadas drogas sintéticas -explicó- el suplidor las produce cuando le hacen el pedido, lo que elimina el riesgo de incautación, almacenaje, etc.

El problema de las drogas

Más allá de la violencia que genera el tráfico de la droga, el profesor de Criminología planteó que su experiencia académica y el estudio de este fenómeno le permiten afirmar que en los sectores marginados, donde hay muy pocas oportunidades de empleo, sobre todo para los varones jóvenes, éstos ven en la droga una forma de resolver sus problemas económicos. Puso como ejemplo el hecho de un joven de 22 a 24 años, que tiene que pagar una pensión, no tiene trabajo y el narcotráfico se convierte en la forma de buscarse el dinero de la pensión. “En realidad, eso que nosotros llamamos problemas de las drogas, en muchos sectores se ha convertido en la solución del problema, que es terrible, porque el que vende no sólo hace daño sino que es una estructura tan capitalista como cualquier otra”.

Incluso agregó, “el punto ya no está pagando como antes. Según me dicen los muchachos en la calle, regularmente la droga es a concesión, te dan la droga y tú eres responsable del dinero. Otra estudiante me dijo que ella quedó embarazada a los 16 años, el padre la botó de la casa. Vivía con un familiar y le pagaban para que guardara tres kilos de droga. Se la robaron –no sabe quién- y estuvo trabajando en el punto tres años para pagar la cantidad. Así que, en ese sentido, es una empresa comercial. Lo que nos lleva entonces a la pregunta, y llevo años diciéndolo: tenemos estos muchachos de 26 años que no tienen educación, su educación formal es de noveno grado, está corriendo un punto de drogas, que es una empresa probablemente millonaria, cerca de un millón, que tiene que bregar con personal, tiene que bregar con almacenamiento, tiene que bregar con inventario, tiene que bregar con contabilidad, tiene que bregar con relaciones públicas en el barrio, tiene que bregar con el problema de la Policía… ¿qué hemos hecho como sociedad para que ese muchacho, en vez de estar haciendo eso, no tenga un negocio legal? La moral es chévere si se tiene la nevera llena”.

La legalización

Aun con sus profundas reservas de que en la Isla pueda llegarse en estos momentos a una legalización, Gutiérrez favoreció legalizar el uso medicinal de la marihuana, lo que parece ser la postura del gobernador Alejandro García Padilla. Argumentó que el uso médico tiene dos ventajas políticas, ayuda a desmitificar la sustancia en la comunidad y, sobre todo, va creando el espacio de producción a nivel legal para que cuando se autorice a nivel recreativo, ya haya unas estructuras legales que puedan hacer el proceso más fácil. Destacó que en los estados donde se ha legalizado la marihuana no han ocurrido mayores problemas, no ha aumentado el consumo y se ha generado un ingreso en impuestos mayor a lo esperado.

“Creo que los documentos de la Comisión Global, como los documentos de la Comisión Latinoamericana para la Democracia, son los más claros, más sensatos y los más coherentes que se han hecho a nivel internacional en los últimos años. La única oposición a que se legalicen las sustancias viene de los sectores de la industria del complejo industrial militar ligado al sistema correccional, que viven de tener gente presa. Cerca del 70% de los confinados en Estados Unidos es por drogas no violentas”, manifestó.

Los otros sectores que se oponen a la legalización, además de los sectores religiosos, son los programas de rehabilitación, las agencias policíacas que viven de la criminalización y los propios sectores criminalizados que viven de vender la droga cinco veces más cara de lo que se vendería en la cadena de distribución legal de las farmacias, denunció. Según Gutiérrez, de cada diez dólares que se invierten en la “guerra contra las drogas”, siete van a las fuerzas policíacas y tres a tratamiento y prevención.

Conversando con Norma Colón Daleccio sobre marihuana y legalidad


NCD

Extractos de la conversacion sobre droga, criminalidad y legalidad con Norma Colón Daleccio en WPAB-Ponce

 

Para escuchar la ponencia en YouTube
Para escuchar la entrevista en MP4 por YouTube
Para escuchar la ponencia en I-Voox
Para escuchar la entrevista en MP3 por I-Voox

 

Para escuchar programación de WPAB-550

 

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Para escuchar WPAB-Ponce 550am en directo

Entrevista con @noticiaswrtu sobre informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas


Escuche la entrevista sobre el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas con Hoy en Las Noticias  de Radio Universidad de Puerto Rico

 

Deshojando la Marihuana frente al MUS


La marihuana nunca fue el asunto…

 

Gary Gutiérrez

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Antes de entrar en materia, quiero dejar claro que no me presento ante ustedes desde la perspectiva de un académico. Prefiero pensar que vengo a compartir lo aprendido como periodista, bloguero, observador, abusador de cafeína y sobre todo como actor de reparto en esto que llamamos orden social.

Por tanto estoy más cómodo pensando que me presento ante ustedes para colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración del pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes, que al fin y al cabo fueron los que crearon el llamado problema de las drogas y los que hoy simulan manejarlo. Partiendo de lo antes estipulado, me niego entonces a enfocar esta alocución desde perspectivas médicas, terapéuticas y mucho menos morales. Primero, el yo entrar en la discusión médica o terapéutica sobre el uso y el tratamiento de sustancias, sería faltarle el respeto a los salubristas quienes pasan su vida manejando ese fenómeno llamado “droga”.

En el caso de la dimensión moral de esta discusión, definitivamente admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.

De esta manera, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde esas perspectivas médico y moral, es que estas dimensiones realmente son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en el país equivalente a una guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012).

Con esto no digo que esos aspectos médicos y morales no son importante. Lo que quiero dejar claro es que lo que debemos estar discutiendo en Puerto Rico es si las fracasadas políticas de criminalización de sustancias son la mejor alternativa para, primero controlar la violencia y segundo para crear las condiciones que permitan que los salubristas hagan su trabajo. Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos y entender que lo que crea la violencia y lo que hace más difícil el manejo del llamado problema de sustancias, es la ley que criminaliza su posesión y su mercado.

Pero no obstante, y como era de esperarse, siempre se discute lo que no es. La radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos encaminados a liberalizar las leyes prohibicionistas despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de marihuana por un lado y permitiendo el uso de esta planta como tratamiento médico por el otro, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de los “empresarios morales” conservadores que insisten en mantener el tributo de sangre que la actual ley antidrogas impone a los puertorriqueños.

Por lo visto en la prensa y en las redes sociales, tras la radicación de los proyectos,  salieron los sospechosos habituales montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, asegurando que liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña. Digo los sospechosos habituales, porque por un lado están algunos sectores terapista que viven de la adicción (Riggs 2012), y por otro, los sectores cristianos conservadores de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando, en Estados Unidos y Puerto Rico, el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado. Estos son los mismos sectores políticos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol y otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, al libre disfrute de la sexualidad entre adultos y a cualquier otra ratificación de los derechos de la comunidad LGBTT.  Sin mencionar que, estos también son los mismos que en Estados Unidos se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas, que piensan que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no se necesita otra ley penal que no sea la Biblia y que la ley debe estar al servicio de, por la fuerza si fuera necesario, obligar a que todos fortalezcan el espíritu y la virtud moral (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos vienen desde finales del siglo diecinueve, empujando prohibiciones para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan el mencionado estilo de vida cristiano. Claro está, definiendo estilo de vida cristiano desde un punto de vista puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. De ese sector surgió un grupo de cabilderos llamado “Movimiento de Temperancia” quienes fueron los que lograron, en la década del 1920, prohibir en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico el alcohol y mas tardes las demás sustancias (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Por supuesto, el pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso, ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública en esa nación. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, veían el uso de la marihuana, la coca y el opio como costumbres de razas inferiores que daña las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, para ellos decir la “cultura civilizada” es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve, de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward y Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002). Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos.  A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003;  Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos que podemos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición legal de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Por tanto, el que los mencionados sectores conservadores funcionen como una especie de mafia moralista imponiendo sus valores y empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a sus presiones, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos, los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses y su estilo de vida. Entiéndase, como ya mencioné, los intereses y el estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013).

Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial.

Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató de liberar los esclavos, sino que encarnó dos visiones de ordenamiento económico encontrados, la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina. El punto es que el proceso de ilegalización de las sustancias psicoactivadoras aparenta así ser parte de esa lucha por el prestigio social. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los efectos o peligros de las mismas, sino que fue solo un intento por parte de ese capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales, que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tuvo nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la llamada criminología crítica entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación, se debe entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder social u económico en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y estudiar cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas o para controlar la violencia producto de su trasiego ilegalizado, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas. Lo terrible del caso es que ante esa embestida mediática por parte de la mencionada mafia conservadora cristiana, parece como si algunos sectores más democráticos, progresistas, libertarios y hasta anarquistas del país, inconscientemente les hacen el juego a los conservadores, validando la discusión sobre, si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño como en lugar de discutir si la prohibición logró o no controlar el consumo de estas sustancias.

Sin embargo, en este momento histórico, la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Entrar en esas discusiones es permitir que los mencionados sectores conservadores secuestren nuevamente la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros” de una u otra sustancia.

Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir en este momento histórico es cómo esa prohibición lleva casi cien años  fracasando en la empresa de controlar el uso sustancias, independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede mirar la historia y honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminaliza a millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce el derecho a buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir las ayudas médicas que les permitan manejar si peligro de cárcel sus adicciones. La conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo esta fracasada prohibición alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años, Estados Unidos viene botando en la misma casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Más urgente aún es la necesidad de estudiar y discutor cómo las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las mismas, sirven de excusa para la intervención y control de las comunidades marginales en Estados Unidos y Puerto Rico. De Igual manera es imprescindible analizar cómo estas prohibiciones se convirtieron además, en licencia de corzo que permiten a Estados Unidos, como nación imperial, intervenir en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012). Eso es lo que tiene que estar discutiendo independientemente de lo que usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana.

Desde esta perspectiva, la pregunta tendría que ser, si los puertorriqueños debemos mantener unas leyes que, a pesar de su costo millonario no solo vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, la militarización de las fuerzas policíacas, el deterioro de las libertades constitucionales y como ya se dijo la expansión imperial de Estados Unidos (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;).

Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerles el juego a los mercaderes del templo. Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema: es decir la prohibición.

 

 

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd

Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A.(2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Riggs M (2012) 4 Industries Getting Rich Off the Drug War Reason.com Acedido el 24 de febrero de 2014 en http://reason.com/archives/2012/04/22/4-industries-getting-rich-off-the-drug-w/singlepage

Szasz T. (1992) Our Right to drugs, Syracuse, Syracuse University Press

Szasz T. (2003) Ceremonial Chemistry, Syracuse, Syracuse University Press

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.

Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012)  Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto

Riggs M (20120 4 Industries Getting Rich Off the Drug War Reason.com Acezado el 24 de febrero de 2014 en http://reason.com/archives/2012/04/22/4-industries-getting-rich-off-the-drug-w/singlepage

Por qué apoyo el reclamo de FREE JUANA


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Por Gary Gutiérrez

Al momento que escribo, cientos de miles de personas abarrotan las playas y las iglesias de la Isla.  No es de extrañar, al fin y al cabo es Domingo de Resurrección y mañana es día de fiesta.

Sin embargo un grupo, en su mayoría jóvenes, decidieron hoy participar de un evento “glocal”, entiéndase global y local a la misma vez, en favor de legalizar la marihuana.

Al evento se le llamó la Marcha de Free Juana, y es parte de la celebración a nivel internacional de lo que algunos llaman el movimiento 420, es decir un movimiento que regularmente habita anárquicamente en las redes sociales y que promueve el celebrar el veinte de abril – 4/20- como el día de apoyo a la legalización de la marihuana.

El uso de este número -420-  como referente a la cultura y consumo de marihuana se deriva del “nom de guerre” usado por un grupo de mozalbetes californianos que se identificaban por la hora en que se reunían a fumar cannabis después de terminada su jornada escolar.

Una mirada acrítica de esta marcha, puede llevarnos a descartar la misma como una charlatanería de rebeldes sin causa que solo buscan llamar la atención sin el menor recato o respeto para las “buenas costumbres”.

No obstante al mirar más detallada y críticamente el reclamo de estos jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios o profesionales que incluyen hasta abogados, es posible ver la seriedad y complejidad de su pedido.

Como yo lo veo, estos no solo marchan por el gusto de fumar “mafú”.

Su reclamo tiene una fuerte denuncia contra un Estado que se define con autoridad legítima para controlar las actividades que no hacen daño a terceros, como consumir cualquier cosa.

Un Estado que entiende legítimo usar el aparato represivo y la violencia para violar las garantías más básicas de una población que se presume libre y con derecho a decidir qué cosas consume y qué hacer con su cuerpo.

Es decir, la marcha de estos jóvenes es un reclamo para que el Estado entienda que en la mejor tradición de la democracia liberal estadounidense, el gobierno no tiene autoridad de decirle a sus ciudadanos qué ingerir, qué fumar, con quién tener relaciones sexuales, con quién se puede integrar una familia.

Sobre todo, ese Estado pensado por los “padres fundadores” estadounidenses, no tiene poder legítimo para definir lo que es felicidad, ni la forma de cómo alcanzar la misma, siempre y cuando las acciones de los ciudadanos no hagan daño a otros.

El comprar, vender, poseer o consumir marihuana o ninguna otra sustancia, después de que sea entre adultos consintientes, hace daño a tercero.

Por supuesto, usted puede decir que producto del mercado negro que es el narcotráfico se producen daños a otros. Ciertamente, pero lo que pasa es que esa violencia no es producto del uso de las sustancias, ni siquiera del narcotráfico.

Esa violencia es producto de la ilegalización que no permite que, al igual que el alcohol o la nicotina, se puedan comprar sustancias como el cannabis dentro de un esquema de distribución legal.

Esto nos lleva la verdadera discusión que debemos enfrentar como generación.

Es decir, en vez de perder el tiempo discutiendo posibles efectos o daños relacionados con el uso de una u otras sustancias, la pregunta a que nos enfrentamos es si la prohibición de estos mercados es la mejor alternativa para regular e incluso controlar los mismos.

En fin y la postre, la fallida “Guerra contra las drogas”, lejos de poder controlar el acceso y el uso de las mismas, las hizo más disponible, más lucrativa y sobre todo más peligrosas.

Así las cosas, lo que pude parecer una gamberrada de adolescentes, surge por un lado como un serio cuestionamiento de la forma en que el Estado utiliza la ley para imponer visiones moralistas y religiosas en menoscabo de las más básicas garantías legales, así como de las libertades individuales.

Por el otro lado, esta actividad de FREE JUANA se levanta como una denuncia a la fallida política que termina criminalizando, con el costo social,  económico y en sangre que eso implica, a enormes sectores de la población que simplemente definen “búsqueda de la felicidad” de manera diferente a las aprobadas arbitrariamente por el blanco, varón, propietario, alegadamente heterosexual y supuestamente cristiano que desde sus fundación domina la vida pública en Estados Unidos.

Desde esta perspectiva el llamado  FREE JUANA, se va revelando como un movimiento contestario al que se le debe prestar más atención. Después de todo decirte que puedes o no consumir es solo una forma de control que igualmente puede ampliarse para apuntar a quién debes rezar o con quién te puedes casar.

No se usted, pero como esa no es la sociedad en que yo aspiro a vivir, desde Ponce envió mis respetos y me uno al reclamo de “FREE JUANA”

Presentado en UPR-Ponce: El problema no es la droga


El problema no es la droga

Gary Gutiérrez

Presentado en UPR-Ponce

cartelAntes de entrar en materia, quiero dejar claro que no me presento ante ustedes desde la perspectiva de un académico. Prefiero pensar que vengo a compartir lo aprendido como periodista, bloguero, observador, pero sobre todo como actor de reparto en esto que llamamos orden social.  Por tanto estoy más cómodo pensando que me presento ante ustedes para colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración del pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon el llamado problema de las drogas, y que los que hoy simulan manejarlo.

Me niego entonces a enfocar esta alocución desde perspectivas médicas, terapéuticas y mucho menos morales. Primero, el yo entrar en la discusión médica o terapéutica sobre el uso y el tratamiento de sustancias, sería faltarle el respeto a los salubristas como el Dr.Torruellas, quienes pasan su vida manejando ese aspecto del fenómeno llamado droga. En el caso de la dimensión moral de esta discusión, definitivamente admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.

Además de lo antes detallado, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde esas perspectivas médico y moral, es que estas dimensiones realmente son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en el país equivalente a una guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012).

Con esto no digo que esos aspectos medico morales no son importante. Lo que quiero decir y dejar claro es que lo que a mi juicio tenemos que discutir en Puerto Rico es si las fracasadas políticas de criminalización son la mejor alternativa para primero controlar la violencia, y segundo para crear las condiciones que permitan que los salubristas hagan su trabajo. Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos y entender que lo que crea la violencia y lo que hace más difícil el manejo social del uso y abuso de las sustancias, es la ley que criminaliza su posesión y su mercado.

UPR-Ponce 01
Conferencia wn UPR-Poncesobre la (i)legalización de la droga: problema o solución

No obstante y como era de esperarse, la radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos encaminados a liberalizar las leyes prohibicionistas despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de marihuana uno y permitiendo el uso de esta planta como tratamiento médico, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de los “empresarios morales” conservadores que insisten en mantener el tributo de sangre que la actual ley antidrogas impone a los puertorriqueños.

Por lo visto en la prensa y en las redes sociales tras las radicaciones de estos proyectos, de inmediato salieron los sospechosos habituales quienes, montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, aseguran  que de liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña. Digo los sospechosos habituales, por un lado están algunos sectores terapista que viven de la adicción (Riggs 2012), y por otro, los sectores cristianos conservadores de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando, en Estados Unidos y Puerto Rico, el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado. Estos son los mismos sectores políticos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol y otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, al libre disfrute de la sexualidad entre adultos y a cualquier otra ratificación de los derechos de la comunidad LGBTT.  Sin mencionar que, estos también son los mismos que en Estados Unidos se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas, que piensan que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no se necesita otra ley penal que no sea la Biblia y que la ley debe estar al servicio de, por la fuerza si fuera necesario, obligar a que todos fortalezcan el espíritu y la virtud moral (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos vienen desde finales del siglo diecinueve, empujando prohibiciones para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan el mencionado estilo de vida cristiano. Claro está, definiendo estilo de vida cristiano desde un punto de vista puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. De ese secotr surgió un grupo de cabilderos llamado “Movimiento de Temperancia” quienes fueron los que lograron, en la década del 1930, prohibir en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico el alcohol y las demás sustancias (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Por supuesto, el pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso, ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública en esa nación. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, veían el uso de la marihuana, la coca y el opio como costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, para ellos decir la “cultura civilizada” es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve, de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward y Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Prof. José Raúl Cepeda
Prof. José Raúl Cepeda

Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos.  A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003;  Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos que podemos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición legal de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Por tanto, el que los mencionados sectores conservadores funcionen como una especie de mafia moralista  imponiendo sus valores y empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a su presión, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos, los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses y su estilo de vida. Entiéndase, como ya mencioné, los intereses y el estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013).

Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial.

UPR-Ponce 03
Dr. Rafael Torruella de Descriminalización.com

Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató liberar los esclavos,  sino que encarnó dos visiones de ordenamiento económico encontrados, la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina.  El punto es que el proceso de ilegalización de las sustancias psicoactivadoras aparenta así ser parte de esa lucha por el prestigio social. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los efectos o peligros de las mismas, sino que fue solo un intento por parte de ese capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales, que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tuvo nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la llamada criminología crítica entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación, se debe entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y estudiar cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas o para controlar la violencia producto de su trasiego, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas. Lo terrible del caso es que ante esa embestida mediática por parte de la mencionada mafia conservadora cristiana, parece como si algunos sectores más democráticos, progresistas, libertarios, conscientes y hasta anarquistas del país, inconscientemente le hacen el juego conservador, validando la discusión sobre si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño.

Sin embargo, en este momento histórico, la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Entrar en esas discusiones es permitir que los mencionados sectores conservadores secuestren nuevamente la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros” de una u otra sustancia.

UPR-Ponce 06Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir en este momento histórico es cómo esa prohibición lleva casi cien años  fracasando en la empresa de controlar el uso sustancias, independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede mirar la historia y honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminaliza millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce el derecho a buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir, de aparte de amigos como Torruellas,  las ayudas médicas necesarias para manejar sus adicciones. La conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo esta fracasada prohibición alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años Estados Unidos viene botando en la misma casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Más urgente aún es estudiar cómo las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las sustancias, sirven de excusa para la intervención y control de las comunidades marginales en Estados Unidos. De Igual manera es imprescindible analizar cómo estas prohibiciones se convirtieron en licencia de corzo que permiten a Estados Unidos, como nación imperial, intervenir en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012).

Eso es lo que se tiene que nuestra generación tiene que discutir independientemente de lo qué usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana.

Desde esta perspectiva, la pregunta tendría que ser entonces,  si los puertorriqueños debemos mantener unas leyes que, a pesar de su costo millonario no solo vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, la militarización de las fuerzas policíacas, el deterioro de las libertades constitucionales y como ya se dijo la expansión imperial de Estados Unidos (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;).

Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerles el juego a los mercaderes del templo. Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema: es decir la prohibición.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

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Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books

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Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.

Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012)  Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico

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“Lo que hay que discutir es el problema”, ponencia sobre ilegalidad de drogas presentado en la PUCPR


En el conversatorio tambieén participaron los doctores Ibarra y Panelli.
Foto por David Medina

Lo que hay que discutir es el problema

Gary Gutiérrez

Presentado ante los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

Antes que todo, quiero agradecer a esta institución, los compañeros profesores y profesaras, pero sobre todo a los y las estudiantes, por esta oportunidad de expresar mis ideas.

También, antes de entrar en materia, quiero dejar claro que no me presento ante ustedes desde la perspectiva de un académico. Prefiero pensar que vengo a compartir lo aprendido como periodista, bloguero, observador, pero sobre todo como actor de reparto en esto que llamamos orden social.  Por tanto estoy más cómodo pensando que me presento ante ustedes para colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración del pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon los problemas y que hoy simulan manejarlos, pero que solo terminan reproduciendo y perpetuando los mismos.

Partiendo de lo antes estipulado, me niego a enfocar esta alocución sobre el llamado problema de las drogas en Puerto Rico desde perspectivas médicas, terapéuticas y mucho menos morales.

Primero, el yo entrar en la discusión médica sobre uso y tratamiento de sustancias, sería faltarle el respeto a las destacadas figuras que me acompañan en este panel. Segundo porque eso también sería menospreciar el saber de ustedes, los y las  terapeutas profesionales o en formación. En el caso de la dimensión moral de esta discusión, definitivamente admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.

Estudiantes y profesores con quien compartí la conversación sobre ilegalidad y drogas en la PUCPR

Además de lo antes detallado, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde esas perspectivas médico y moral, es que estas dimensiones son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en el país equivalente a guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012).  Con esto no digo que esos aspectos medico morales no son importante. Lo que quiero decir y dejar claro es que lo que tenemos que discutir en Puerto Rico es si las fracasadas políticas de criminalización son la mejor alternativa para, primero controlar la mencionada violencia y segundo para crear las condiciones que les permitan a ustedes como terapistas atender, dar servicios y manejar los aspectos médicos y morales del uso y abuso de esas sustancias.

Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos y entender que lo que crea la violencia y lo que hace más difícil el manejo del uso y abuso de las sustancias, es la ley que criminaliza su posesión y su mercado.  En vez de estar discutiendo si el uso de una u otra sustancia hace o no daño, si la misma es o no peligrosa, o si tiene o no riesgos; nuestro enfoque como sociedad debiera concentrarse en si la absurda prohibición es la mejor opción para evitar esos daños, peligros o riesgos. De paso, una prohibición que sin tener un solo logro en casi cincuenta años ha despilfarrado sobre setecientos cincuenta millardos de dólares. Lo que debiéramos estar discutiendo aquí es si seguiremos permitiendo que, mientras los que realmente están manejando efectivamente el problema, es decir gente como el amigo Panelli, solo reciben tres de cada diez dólares asignados a manejar el llamado problema de las drogas, botamos siete de esos diez dólares en fracasadas medidas represivas y en juguetes tecnológicos para la policía (Manjón-Cabeza 2012).  Lo que debiéramos estar discutiendo es, si no es más lógico asignarle los diez dólares completos a mi compañero de Mesa y a los que como como él se dedican a dar servicio y manejan realmente esta epidemia.

Si usamos la criminología para transportarnos a la primera parte del siglo veinte, podemos ver que el proceso de ilegalización de estas sustancias tuvo y tiene su base en los prejuicios de clase, raza y religión y no los daños, los peligros o los riesgos asociados con su consumo.  Incluso, si somos honestos, se puede afirmar que la criminalización del uso de estas sustancias es la criminalización de la naturaleza humana. Después de todo, nunca hubo sociedad alguna que no tuviera como costumbre el uso de alguna sustancia psicoativadoras. El uso de las mismas está con nosotros desde que aquella noble antepasada, pues estoy seguro fue una mujer, tomo conciencia de que tenía conciencia (Escohotado 2003; Manjón-Cabeza 2012; Szasz 1993, 2003). Más aun, hace un tiempo vi en televisión española un documental que aseguraba que cuando viene al consumo de frutas, algunos primates prefieren las que están fermentadas. Claro como no soy biólogo no me atrevo a repetir este dato como cierto.

Por otro lado, al estudiar el fenómeno llamado problema de las drogas desde la criminología, es también fácil percatarse que sobre cien años de prohibición de sustancias demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de la violencia, criminalidad y la corrupción como mecanismos de protección por un lado y por el otro como forma de solucionar los conflictos inherentes a todo el quehacer humano. (Villa-Rodríguez y Gutiérrez G. 2013).

Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920.  Tras más de diez años, la prohibición del alcohol creó más problemas de los que se supone resolviera; sin mencionar que no resolvió los inconvenientes relacionados al abuso y la dependencia del licor. Esta prohibición del alcohol terminó produciendo males como la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas que por siglos bebieron sus antepasados, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por la ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado néctar. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la misma, así como el desarrollo de inmensas empresas criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Escohotado, 2003; Manjón-Cabeza 2012; Villa y Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que “el Estado” puede ejercer un “poder legítimo” para controlar lo que un ciudadano, como ser libre, decida o no consumir. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unidos en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo por el narcotráfico, no fue producto de la venta o el uso del alcohol. La raíz de esa violencia fue la propia política prohibicionista y los mercados ilegales que de ella se derivaron. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el consumo de alcohol, o drogas, eran “mínimos” en comparación con los que surgieron tras ilegalizar esos comercios (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013).

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas. Los que defiende la política prohibicionista regularmente terminan desviando la discusión a los daños físicos, psicológicos y sociales que vinculan con el uso de estas sustancias psicoactivas. Los prohibicionistas, quienes han demostrado tener poder para hacer política pública, han partido de sus tabúes personales, religiosos o morales para trabajar con asuntos que merecen ser analizados de forma objetiva. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de las políticas prohibicionista, sus abanderados usan argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización de las mismas. Una contradicción, pues si algo hace la prohibición es desincentivar, o por lo menos hacer más difícil y burocrático,  el manejo salubrista de los posibles problemas derivados del consumo de sustancias.

Por tanto, es claro que lo que debe estar en discusión en esta mesa y en el País, es si tras cien años de aprobar y mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar, o poseer una u otra sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con el mercado y el consumo de las mismas.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del “daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en primer lugar. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food” y que están llenas de azúcar, grasas y sal? Después de todo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

¿Si como se dijo antes, los peligros relacionado con el uso no son el factor real para justificar la prohibición de las llamadas drogas, cuál entonces es la razón para su ilegalidad?

Para contestar esta pregunta, se puede partir de la llamada “criminología crítica” desarrollada al final del siglo XX. A diferencia del “Derecho Positivo”, la también llamada “nueva criminología” no acepta eso de que la ley es instrumento de balance o protección social. Para estos criminólogos, la ley es solo una herramienta para que unos grupos sociales poderosos impongan su discurso ideológico. Desde este crisol, las prácticas prohibicionistas y las leyes que las imponen, surgen de las relaciones de poder y no de verdaderas necesidades sociales (Ferrell y Sanders 1995).

Tomando entonces la criminología crítica como punto de partida, se pudiera decir que las verdaderas razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio fueran ilegalizadas en la primera mitad del siglo XX fueron de índole religiosa, racial, económica y de luchas por prestigio social o político. Es decir, las sustancias, no se ilegalizaron por razones salubristas o médicas como se reproduce de la vieja práctica discursiva. Por tanto, en la práctica, estos estatutos se revelan como herramientas para controlar y no para proteger a los ciudadanos (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza 2012).

Mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimiento en Estados Unidos de movimientos de avivamiento en el sector cristiano conservador protestante. Ese resurgimiento se desarrolló como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como un país independiente a Estados Unidos. Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos reflejaran e impusieran un estilo de vida cristiano desde el punto de vista puritano protestante, de temperancia y de fuerte control frente a los placeres. De ahí surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX, logró la prohibición del alcohol y más tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista fácilmente acaparó el respaldo de los poderosos en Estados Unidos, pues resultó muy cónsono con la racista visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, que controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y referente de la naciente civilización industrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese poder, la prohibición de “las drogas” surgió como una excelente excusa que les permitía el control y la represión de las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).  El pánico moral resultante disparó un proceso que terminó demonizado y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. Aprovechándose del mencionado pánico, algunas empresas vieron en la prohibición una oportunidad para adelantar sus intereses comerciales. (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. Su lógica fue que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, podrían acaparar y dividirse el lucrativo mercado de los textiles que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias invirtieron recursos económicos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol, por lo que ambos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia unos y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Incluso si vamos miramos el proceso de forma más crítica, la prohibición de las drogas surge como parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina. De esta manera, el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, y que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a una  nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” fue solo un intento por parte del capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la criminología crítica, se entiende entonces que estas leyes se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que generó la nueva sociedad industrial.

Por otro lado, está visión criminológica entiende que hoy, a pesar de su fracaso manejando y controlando el uso de las sustancias, estas leyes se mantienen por dos razones principales. Primero porque las mismas legitiman la intromisión del Estado en la vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Desde esta  perspectiva política, se entiende también que estas prohibiciones se mantienen pues las mismas todavía funcionan como justificación legal para intervenir, controlar y criminalizar las minorías raciales y económicas. De igual forma y en segundo lugar, esos estatutos prohibicionistas sirven de excusa para que países poderosos, pero sobre todo  Estados Unidos, mantengan una políticas intervencionistas desplegando agentes y fuerzas militares en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global” (Grandin 2006; Davis, 2005; Manjón-Cabeza, 2012).

Es apremiante entonces no permitir que la apremiante necesidad de revisar y redefinir  la  absurda y fallida política pública en torno a las sustancias psicoativadoras se desvíe a discusiones sobre el daño, los efectos o el peligro de sus usos o abusos. Esa discusión la desarrollan los salubristas desde sus disciplinas.  Lo que si se tiene que discutir a nivel de toda la sociedad es si mantener la prohibición del cannabis, o de la sustancia que sea,  hace más fácil o más difícil el manejo o el control de las mismas y sobre todo el tratamiento de aquellos usuarios para quienes el consumo se torne en problema.

Partiendo de lo anterior, y tras cien años de la fallida prohibición repito, no hay otra alternativa que no sea estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas que en la práctica no solo terminan haciendo más difícil el manejo salubrista las mismas, sino que acaban costándonos la sangre de nuestros hijos en su edad más productiva.

Ya es hora de discutir el verdadero problema, es decir la prohibición.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

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El problema es la prohibición


Presentado ante estudiantes del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico.

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Como era de esperarse, la radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana uno y el otro para permitir el uso de esta planta como tratamiento médico para diversas dolencias, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de los “empresarios morales” conservadores en Puerto Rico.

Por lo visto en la prensa y en las redes sociales, de inmediato salieron los sospechosos habituales montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, asegurando que liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña. Digo los sospechosos habituales, pues son los mismos sectores cristianos conservadores de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando, en Estados Unidos y Puerto Rico, el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado. Estos son los mismos sectores políticos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol y otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, al libre disfrute de la sexualidad entre adultos y a cualquier ratificación de los derechos de la comunidad LGBTT. Sin mencionar que, estos también son los mismos que en Estados Unidos se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas, que piensan que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no se necesita otra ley penal que no sea la Biblia y que la ley debe estar al servicio de, por la fuerza si fuera necesario, obligar a que todos fortalezcan el espíritu y la virtud moral (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos vienen desde finales del siglo diecinueve, empujando prohibiciones para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan el mencionado estilo de vida cristiano. Claro está, definiendo estilo de vida cristiano desde un punto de vista puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. De esos grupos surgió un grupo de cabilderos llamado “Movimiento de Temperancia” quienes fueron los que lograron, en la década del 1930, prohibir en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico el alcohol y las demás sustancias (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Por supuesto, el pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso, ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo es muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública en esa nación. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, veían el uso de la marihuana, la coca y el opio como costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, para ellos decir la “cultura civilizada” es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial eurocéntrica que define a Estados Unidos (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve, de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward y Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos. A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. La lógica era que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararían el lucrativo mercado de los textiles, que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos que podemos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición legal de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Por tanto, el que los mencionados sectores conservadores funcionen como una especie de mafia moralista insistiendo en seguir imponiendo sus valores y empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a su presión, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos, como poder, los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses y su estilo de vida. Entiéndase, como ya mencioné, los intereses y el estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013). Después de todo, como se explicó antes, fue esa juntilla compuesta por sectores cristianos conservadores, blancos racistas, burócratas con miedo a perder sus trabajos y alguno que otro interés económico legal o ilegal, los que lograron pasar las prohibiciones contra el cannabis y otras sustancias durante la primera parte del siglo veinte, independientemente de los efectos, peligros o daños que pudieran o no causar las mismas.

Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como un campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina. El punto es que el proceso de ilegalización de las sustancias psicoactivadoras aparenta así ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, pero que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a la nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los efectos o peligros de las mismas y que fue solo un intento por parte de ese capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales, que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tuvo nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la llamada criminología crítica entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación, se debe entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y estudiar cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas o para controlar la violencia producto de su trasiego, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas. Lo terrible del caso es que ante esa embestida mediática por parte de la mencionada mafia conservadora cristiana, parece como si algunos sectores más democráticos, progresistas, libertarios, conscientes y hasta anarquistas del país, inconscientemente le hacen el juego conservador, validando la discusión sobre si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño.

Sin embargo, en este momento histórico, la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Entrar en esas discusiones es permitir que los mencionados sectores conservadores secuestren nuevamente la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros” de una u otra sustancia.

Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir en este momento histórico es cómo esa prohibición lleva casi cien años fracasando en la empresa de controlar el uso sustancias, independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede mirar la historia y honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminaliza millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce el derecho a buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir las ayudas médicas necesarias para manejar sus adicciones. La conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo esta fracasada prohibición alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años Estados Unidos a botado en la misma casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Más urgente aún es estudiar como las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las sustancias, sirven de excusa para la intervención y control de las comunidades marginales en Estados Unidos. De Igual manera es imprescindible analizar como estas prohibiciones tambien permite que Estados Unidos, como nación imperial, intervenga en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012).

Eso es lo que se tiene que nuestra generación tiene que discutir independientemente de lo que usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana.

Desde esta perspectiva, la pregunta tendría que ser si los puertorriqueños debemos mantener unas leyes que, a pesar de su costo millonario no solo vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, la militarización de las fuerzas policíacas, el deterioro de las libertades constitucionales y como ya se dijo la expansión imperial de Estados Unidos (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;). Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerle el juego a los mercaderes del templo.

Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema: es decir la prohibición.

Referencias:

Alexander, M. (2012) The New Jim Crow [Kindle Edition]. New York, Free Press

Balko, R. (2013) Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces [Kindle Edition]. New York, PublicAffairs

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: beyond empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goldberg, M. (2007) Kindom Coming: The rise of christian nationalism. New York/London, W.W. Norton & Company

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Hedges, C. (2006) American Fascists: The christian right and the war in America. Ney York, Free Press

Manjó-Cabeza A.(2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.

Publicado en 80grados.net: Marihuana: discutiendo lo que no es…


Marihuana: discutiendo lo que no es…

Foto por: Mista Stagga

Como era de esperarse, la radicación en el Senado de un proyecto para liberalizar la ley y  despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de los “empresarios morales” conservadores en Puerto Rico.

Montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, los sospechosos habituales aseguran que despenalizar el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad en que vivimos y nos llevará a la destrucción total al estilo de Sodoma y Gomorra. Digo los sospechosos habituales, pues son los mismos sectores que desde el siglo XIX vienen usando el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado, fortaleciendo la primera frente al segundo.

Estos son los mismos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol u otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y al libre disfrute de la sexualidad entre adultos. Además, son los mismos que se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas. Incluso algunos de estos sectores llegan al punto de pensar que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no necesita otra ley penal que no sea la Biblia y donde el derecho debe estar al servicio de ayudarnos, por la fuerza si fuera necesario, a fortalecer el espíritu y la virtud moral.

Por tanto, el que esta claque o mafia moralista pretenda imponernos sus valores empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a su presión, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses. Entiéndase los intereses del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana.

Después de todo, fue esa juntilla compuesta por sectores cristianos conservadores, blancos racistas, viejos oligarcas agrícolas y alguno que otro interés económico, los que lograron pasar las prohibiciones contra el cannabis y otras sustancias durante la primera parte del siglo XX. El gran logro de esa claque conservadora en el Puerto Rico del siglo XXI es hacer creer al pueblo que el problema radica en el uso de las sustancias y no en la prohibición de las mismas.

Por esta razón, tan pronto alguien como el senador Miguel Pereira trata de discutir cuán efectiva es la prohibición para reglamentar el uso de una u otras sustancias, o para evitar que los niños tengan acceso a las mismas, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas.

Lo terrible del caso es que al tratar de defender sus puntos de vista los sectores más democráticos, progresistas, libertarios, conscientes y hasta anarquistas del país, inconscientemente le hacen el juego a esos sectores conservadores discutiendo si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño. De esta manera, el resultado es que se desvía la atención del verdadero asunto en discusión y se termina permitiendo que sean estos sectores recalcitrantes los que dicten la pauta sobre el manejo de la marihuana en la isla.

En este momento la discusión pública no puede ser si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Después de todo, quien paga la orquesta escoge el repertorio, así que con los recursos económicos adecuados, se puede encontrar el estudio “científico” necesario para probar o crear la duda que favorezca cualquiera de las posturas mencionadas.

Al permitir, no obstante, que los conservadores secuestren la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros”, se está evitando que se discuta cómo esa fracasada prohibición criminaliza a ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, no se discute cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir las ayudas médicas necesarias.

Al dejar que los conservadores dominen la controversia con su discurso de pánico moral, tampoco se discute el hecho de que es la prohibición la que alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales. Tampoco se debate que, a cuarenta años de esa prohibición, la misma ha costado casi mil millardos (mil miles de millones) de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto.

Lo que realmente se debe estar discutiendo en este momento, independientemente de lo que usted crea sobre la marihuana, es si los puertorriqueños, como pueblo, deben mantener unas leyes que vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado y cuyos únicos logros son el aumento de la población carcelaria y la criminalización innecesaria de jóvenes en su edad más productiva. Esto sin mencionar cómo estos estatutos crean las condiciones para el aumento de la producción, del tráfico, de los niveles de consumo, de las ganancias y de las esferas de influencias de aquellos vinculados con el comercio de las ilegalizadas sustancias.

Lo que realmente debemos examinar es si el país seguirá, a un costo millonario, convirtiendo en criminales a quienes, como seres libres y sin dañar a otros, deciden intoxicarse de una manera y no de otra. Igualmente se tiene que discutir si es adecuado que una sociedad  gaste casi ciento cincuenta mil dólares en arrestar y encarcelar a una persona por el simple hecho de poseer una planta o sus derivados. Pero sobre todo, lo que se tiene que discutir es si Puerto Rico está dispuesto a seguir pagando el callejero tributo de sangre que exige, como consecuencia no intencionada, la prohibición y el mercado negro que ella produce. Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerle el juego a los mercaderes del templo. Llevamos casi un siglo discutiendo sin éxito sobre las sustancias, entre ellas la marihuana. Ya es hora de  comenzar a discutir acerca del verdadero problema: la prohibición.

Desmitificando la prohibición de las drogas


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Presentado por escrito a la Comisión de lo Juridico del Senado de Puerto Rico.

Por: Prof. Gary Gutiérrez Renta, Prof. Vivien Mattei Colón, Dr. Joel Villa Rodríguez, Prof. José Raúl Cepeda Borrero

Sobre cien años de prohibición de sustancias demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de la violencia, criminalidad y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano.

Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920.

Tras más de diez años, la prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera; aunque no resolvió los inconvenientes relacionados al abuso y la dependencia que son situaciones para ser atendidas por médicos y no por aparato represivo estatal.

Contrario a su propósito, la mencionada prohibición del alcohol terminó produciendo males peores que los que se proponía combatir. Entre ellos la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir lo ilegalizado. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la misma, así como el desarrollo de empresas criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Escohotado, 2003; Manjón-Cabeza 2012; Villa y Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que “el Estado” ejerza un “poder legítimo” para controlar lo que cada persona, como ser libre, decida o no consumir. Después de todo, eso fue lo que el pueblo estadounidense avaló cuando cambió su constitución votando en favor de la enmienda XVIII conocida como la Ley Volstead (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unidos en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo por el narcotráfico, no fue producto del uso de una u otra sustancia. La raíz del problema ha sido la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivaron. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol, o las drogas eran “mínimos” sí se comparan con los que surgieron tras ilegalizar su comercio (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013).

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas. Los que defiende la política prohibicionista regularmente terminan hablando de forma acrítica de los daños físicos, psicológicos y sociales que provocan las sustancias psicoactivas. Tienen una creencia que gobierna su psique y reproducen de forma incondicional. Los prohibicionistas, quienes han demostrado tener poder para hacer política pública, han partido de sus tabúes para trabajar con asuntos que merecen ser analizados de forma objetiva. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de las políticas prohibicionista, sus abanderados usan argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización de las mismas. Una contradicción, pues si algo hace la prohibición es desincentivar el manejo salubrista de los posibles problemas vinculados al uso de las sustancias.

La realidad es que lo que debe estar en discusión, tras cien años de fracasadas políticas prohibicionistas, es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar, o poseer una u otra sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del “daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food”? Después de todo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

¿Si los peligros de su uso no son el factor real que provocó para la prohibición de las llamadas drogas, cuál entonces es la razón para su ilegalidad?

Para contestar esta pregunta, se puede partir de la llamada “criminología crítica” desarrollada al final del siglo XX. Desde esa óptica, lo primero que se debe entender es que a diferencia del “Derecho Positivo”, la también llamada “nueva criminología” no acepta eso de que la ley es instrumento de balance o protección social. Para estos criminólogos críticos, la ley es solo una herramienta para que unos grupos sociales poderosos impongan su discurso ideológico hegemónico. Desde este crisol, las prácticas prohibicionistas y las leyes que las imponen, son resultado de las relaciones de poder entre los grupos sociales. Es decir, cómo se imponen unos sobre otros (Ferrell y Sanders, 1995).

Tomando entonces la criminología crítica como punto de partida, se pudiera decir que las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio fueran ilegalizadas en la primera mitad del siglo XX, fueron de índole religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político. Es decir, las sustancias, no se ilegalizaron por razones salubristas o médicas como se reproduce de la vieja práctica discursiva. Por tanto estos estatutos en realidad son herramientas para controlar y no para proteger a los ciudadanos (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza 2012).

Mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimiento en Estados Unidos de movimientos de avivamiento en el sector cristiano conservador. Ese resurgimiento se desarrolló como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como un país independiente a Estados Unidos.

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos reflejaran e impusieran un estilo de vida cristiano desde le punto de vista puritano, virtuoso, de temperancia y de fuerte control frente a los placeres. De ahí surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX, logra la prohibición del alcohol y más tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista logró fácilmente el respaldo de los poderosos en Estados Unidos, pues resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial y posindustrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese poder, la prohibición de “las drogas” surgió como una excelente excusa que les permitía el control y la represión de las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Estas visiones de intolerancia religiosa y racismo, disparó un proceso que terminó demonizado y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. A este tipo de proceso que termina creando esos “demonios sociales” se le conoce como “pánico moral”. Aprovechándose del mencionado pánico encarnado en los prejuicios contra el uso de estas sustancias, algunas empresas vieron la oportunidad de adelantar sus intereses comerciales, por lo que se montaron en el discurso prohibicionista y lo apoyaron con recursos económicos (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. La lógica fue que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararon y se dividieron el lucrativo mercado de los textiles, que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol, por lo que ambos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia unos y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Además de los factores ya detallados, hay quienes ven otra dimensión y entienden que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina.

El punto es que el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, y que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a la nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” fue solo un intento por parte del capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la criminología crítica, se entinde que estas leyes se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social. Igualmente tales estatutos se pueden ver como una intromisión ilegítima del Estado en la vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Desde la perspectiva política, estas prohibiciones se mantienen, pues las mismas todavía funcionan como justificación legal para intervenir, controlar y criminalizar las minorías raciales y económicas en Estados Unidos. De igual forma, esa mentalidad prohibicionista es una excelente excusa para que ese país mantenga una política intervencionista que permite desplegar agentes y fuerzas militares estadounidenses en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global” (Davis, 2005; Manjón-Cabeza, 2012).

Es apremiante no permitir que la revisión de esta absurda y fallida política pública no se desvíe a discusiones sobre el daño, los efectos o el peligro: tabúes. Lo que se tiene que discutir es si mantener la prohibición del cannabis, o de la sustancia que sea, no hace más difícil el manejo, control o tratamiento de aquellos usuarios para quienes el consumo se torne en problema.

Partiendo de lo anterior, y tras cien años de la fallida prohibición, no hay otra alternativa que estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas que en la práctica no solo terminan haciendo más difícil el manejo salubrista las mismas, sino que acaban costándonos la sangre de nuestros hijos en su edad más productiva.

Ya es hora de dejar de manejar consecuencias y de enfocar la política pública al verdadero problema que es la prohibición.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

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Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.

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Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

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Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.

No es solo cuestión de legalizar las drogas


20130809-222437.jpgPresentado por Gary Gutiérrez

ante la Universidad el Pueblo

Caguas, Puerto Rico

7 de agosto 2013

Al igual que es irracional debatir si mañana saldrá el sol por el este o por el oeste, discutir la necesidad de descriminalizar y legalizar la marihuana, así como debatir la eficacia de la prohibición como mecanismo para reducir o eliminar el consumo de sustancias psicoativadoras es un ejercicio en futilidad. Sobre cien años de prohibición demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de violencia y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano. Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920. Tras más de diez años de prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera.

Para comenzar no resolvió los problemas relacionados al abuso y la dependencia que son situaciones para ser atendidas por médicos y no por policías. Contrario a su propósito, la mencionada prohibición del alcohol terminó produciendo males peores que los que se proponía combatir. Entre ellos la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado trasiego. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera.

Como si lo anterior no es suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la prohibición, así como el desarrollo de sindicatos o carteles criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Manjón-Cabeza 2012; Villa, Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que el Estado ejerza un “poder legítimo” de controlar lo que cada persona, como ser libre, decide o no consumir. Después de todo, eso fue lo que el pueblo estadounidense avaló con su voto cuando cambió su constitución votando en favor de la enmienda XVIII conocida como la Ley Volstead (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unido en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo con el narcotráfico, no es producto del uso de una u otra sustancia, sino de la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivan. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol o las drogas eran “minúsculos” sí se comparan con los creados tras ilegalizar su consumo y su comercio (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013) .

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y la defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas.

Recientemente, participé de un conversatorio sobre este tema auspiciado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Allí me di cuenta que esos que defiende la política prohibicionista terminan siempre hablando de los daños físicos que provocan estas sustancias, los efectos que tienen las mismas en los humanos o del impacto moral que algunos vinculan con su uso. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de la política prohibicionista, sus abanderados terminan usando argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización, política que claramente no facilita el manejo salubrista de los problemas que ellos mismos detallan como resultado del uso de las sustancias. Es decir, insisten en defender la ilegalización a pesar de que está claro que la misma no fue, ni es efectiva controlando o evitando el uso de las sustancias prohibidas.

La realidad es que lo que debe estar en discusión, tras cien años de políticas prohibicionistas es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar o usar una sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma. Así las cosas, se revela entonces como peligroso el intento de los que quieren desviar la atención en torno a los problemas causados por la prohibición, discutiendo los posibles peligros del uso o abuso de las llamadas drogas.

Al fin y al cabo, esa es una discusión para los salubrista y no para la criminología o para la policía.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food”? Después de todo las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

Para buen entendedor, con pocas palabras bastan.

Las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio, todas productos de Dios o la naturaleza, fueran ilegalizadas en la primera parte del siglo XX fueron religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza).

Nuevamente mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimientos en Estados Unidos de los movimientos de revivamiento cristiano conservador. Estos se desarrollaron como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como país independiente a Estados Unidos. Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos como país cristiano, reflejaran e impusieran un estilo de vida virtuoso, de temperancia y fuerte control frente los placeres de la vida. De hay surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX logra la prohibición del alcohol y mas tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista logró el respaldo de los poderosos en Estados Unidos pues resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como el ideal y representante de la naciente civilización americana (Villa, Gutiérrez, 2013). De esta manera, la prohibición de las drogas surgió como una excelente forma de legitimar el control y la represión de las minorías mediante la criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Esta visiones de intolerancia religiosa y de racismo, disparó un proceso que terminó demonizando y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. A ese proceso se le conoce como “pánico moral” y en este caso fue producto del miedo racial y cultural generado en torno a las drogas . Aprovechándose del mencionado pánico, algunos intereses económicos vieron la oportunidad de destruir sus competencias y adelantar sus ganancias, por lo que se montaron en el discurso prohibicionista y lo apoyaron con recursos económicos (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar como, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. La lógica era que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararían y se dividirían el lucrativo mercado del los textiles que por siglos dominaron los productores de cáñamo. De esta manera, ambas industrias aportaron recursos a los movimientos prohibicionistas para empujar la ilegalización de la marihuana. No por los supuestos peligro relacionados a la planta, sino por la ganancia que les generaría. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediado de la década del 1930 hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró del Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos de crimen organizados que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidores y perseguidos, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol. Así ambos grupos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia y sus ganancias económicas (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Además de los factores ya detallados, hay quienes ven otra dimensión y entienden que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas y el Movimiento de Temperancia que la impulsó se pueden analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada citadina, cosmopolita y libertina.

El punto es que el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola” que se veía a si mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas y que perdía influencias en las esferas económica del país frente al surgimiento de una nueva clase poderosa producto de la industria y que era vista como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de las drogas fue solo un arma para que el viejo poder agrícola pudiera mantener cierto grado de prestigio social construyéndose como defensor de la virtud y las buenas costumbres. Es decir, un intento de mantener un prestigio social que sucumbía por la perdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen: la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. En realidad estas leyes se aprobaron como parte luchas por el poder social, político y económico en una nación mutando. Por tanto no es de extrañar que a pesar de que la historia demuestra que estas leyes nunca fueron exitosas en controlar el uso y disfrute de las sustancias que prohibieron, todavía hay quienes que buscando mantener sus influencias, utilizan esta prohibición como herramienta para mantener el prestigio de virtud piadosa, o como excusa para legitimar el control de las poblaciones. Por eso insisten en mantener vigente las mismas.

El ejemplo de como estas leyes se utilizan para controlo las minorías está dramatizada por las población carcelaria de Estados Unidos. Durante las pasadas cuatro décadas, la data oficial demuestra que los delitos relacionados al narcotráfico son los de mas crecimiento en ese País, aun cuando estas violaciones son las que más encarcelamiento producen. Cosa que no solo da al traste con la teoría de que la cárcel y el castigo reduce el crimen sino que deja claro que la prohibición es una alternativa inefectiva para manejar las drogas. Por otro lado y partiendo de lo dicho sobre el uso de las leyes de drogas como herramientas para el control social, se debe recordar que en Estados Unidos, los indices de ventas y usos de drogas entre los afroamericanos y los blancos son muy similares. No obstante, los afroamericanos son acusados y condenados a prisión por estos delitos en mucha mayor proporción que los blancos. Peor aún, los delitos relacionados al uso de las sustancias preferidas por los blancos -cocaína- conllevan sentencias hasta siete veces menores a las impuestas por el uso de las drogas más usadas por los afroamericanos -crack-. (Davis 2005; Manjó-Cabeza, 2012) . Es interesante hacer un paréntesis y preguntar si esa misma relación se da en la forma en que el sistema trata a “los blanquitos” y “los de caserío” en Puerto Rico. Por supuesto no hay que estudiar mucho para saber cual de estos dos grupos esta más representado en allá en Complejo Correccional de Las Cucharas en Ponce.

Mirando el asunto desde otra perspectiva, ademas de que busca reafirmar las virtudes de la vida piadosa y de ser un instrumento para el manejo y control de las poblaciones excedentes, la prohibición de las drogas también parece ser exitosa creando un espacio para el desarrollo económico de aquellos que son condenados por herencia a la exclusión social. Para quién tiene destrezas empresariales o quién encarnas los valores de competencia que hacen a un buen capitalista, pero es el hijo de pobres, muchas veces el narcotráfico parece ser el único negocio viable para salir de la pobreza o para sobrevivir económicamente. ¿A cuantos hijos del residencial los bancos le prestaran cincuenta mil dólares para que monte un negocio? ¿Cuanto hijos del caserío pueden cumplir con los requisitos para aspirar a las ayudas del Banco Gubernamental de Fomento?

En una sociedad “bulímica” como la nuestra, donde la sociedad le impone a todos los sectores por igual las falsas y creadas necesidades de consumo como forma de validarse, mientras excluye a la inmensa mayoría de los procesos legítimos de producir el capital que puede pagar ese consumo (Yock Joung, 2003), es fácil pensar que el narcotráfico puede constituir en una forma, ilegal y peligrosa pero efectiva, de integración económica y hasta social. Así, en muchos casos el narcotráfico puede verse como un discurso contestario ante una sociedad neoliberal que condena a muchos a una especie de servidumbre posmoderna caracterizada por los empleos chatarras (Villa, Gutiérrez 2013).

En fin y para terminar, estas leyes se pueden ver como una intromisión ilegítima del Estado en las vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Partiendo de lo anterior, no hay otra alternativa que estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas. En una sociedad libre y verdaderamente democrática no solo se deben eliminar las prohibiciones de conductas sin víctimas, como lo es fumar marihuana, debieran eliminarse toda ley que limite el derecho de los ciudadanos y ciudadanas adultas para actuar libremente mientras no se le haga daños a otros.

Por otro lado, si se mira la experiencia en otras partes del mundo, queda claro que la legalización o tolerancia de la marihuana, o de cualquier otra sustancia para todos efectos, terminan bajando la violencia callejera y criminal, así como reduciendo otros males colaterales como son las enfermedades contagiosas, el deterioro de los espacios públicos, etc.

No obstante, también se tiene que estar claro que la derogación de estás leyes antidrogas no es una solución mágica, por lo que no se puede esperar que termine con la violencia social y el crimen que azota la Isla. Si no se cambia el “bulímico” ordenamiento socio económico que en Puerto Rico condenan a grandes sectores de la población a soñar desde la exclusión y pobreza del sur global con las riquezas que desde el norte nos imponen la cultura de consumo del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristianos; la violencia social y el crimen seguirán surgiendo como discurso contestario en busca de inclusión y de poder económico.

Porque la fin y al cabo el principal problema del país no es la violencia, la criminalidad o las drogas, su uso o su trasiego. Ni siquiera el problema real de la isla es la prohibición de estas sustancias como pudiera dar la impresión el discurso abolicionista. El verdadero problema en Puerto Rico es la exclusión y la pobreza a la que se condena a la mayoría de nuestros hermanos y hermanas.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.
Davis, A. (2005) Abolition Democracy: beyond empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press
Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.
Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.
Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.
Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.
Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell
Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.
Joung, Y (2003) La Sociedad Excluyente: Exclusión, delito, y difernecias en la modernidad tardía. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
Kennedy, D. (2011) Don’t Shoot: One Man, A Street Fellowship, and the End of Violence in Inner-City America. New York, Bloomsbury USA
Manjó-Cabeza A.(2012) La Solución. Barcelona, Debate.
Musto, D. (1999) The American Disease: Origens of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.
Villa-Rodríguez, J.A.; Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.
 

Sobre narcotráfico ante la asociación de Psicología de Puerto Rico


Por Gary Gutiérrez

Presentado ante la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

Lejos de pretender venir a bailar a la casa del trompo, no me presento ante ustedes para hablar de lo malas que son las drogas o los peligros que puede representar el uso de las mismas. Ni siquiera vengo a venderles mis ideas sobre como, en una sociedad democrática compuesta por hombres y mujeres libres, el uso y disfrute de cualquier cosa que no haga daño a otros, debe ser una decisión individual.

Prefiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una historia que dramatiza el costo real de la absurda ilegalización de las drogas que, como excusa para justificar la intervención militar e ideológica global, Estados Unidos impone a la humanidad (Manjón-Cabeza, 2012). Una ilegización que crea las condiciones materiales para que aquellos social y económicamente excluidos encuentren la manera de lograr las metas materiales impuestas por el sistema (Gutiérrez 2012)

Hace unas semanas, mientras me ocupaba de la tediosa tarea de corregir y cuadrar notas, mi mente insistía en pensar cuál sería el contenido de una presentación que junto a José Raúl Cepeda y la maestra Vivien Mattei se supone presentara ante la Latina & Latino Critical Legal, Theory Inc. reunida en Puerto Rico.

En mi cabeza, no solo daba vueltas mi hipótesis sobre la violencia y el narcotráfico como discurso contestario inconsciente por parte de los sectores excluidos del sistema capitalista neoliberal. Igualmente interrumpía mi concentración en los exámenes lo que gente como Young, Wacqant, Ferrell, Simon, Chomsky, West, Klein, Rivera Lugo, Dora Nevares, Villa, y otros plantean sobre el asunto.

De pronto en medio de aquel torbellino de ideas y de mi lucha por concentrarme, tome uno de los ensayos que se supone corrigiera y al comenzar a leer me di cuenta de quién debía ser mi fuente primaría para aquella presentación. Su nombre Emmanuel, y es un estudiante subgraduado de Trabajo Social en la Caribbean University de Ponce, que como no encontró una electiva en su concentración y sin saber donde se metía se matriculó en mi clase de Delincuencia Juvenil para complementar su matrícula.

Tras leer el trabajo del joven, decidí que eran las ideas de este y no las mías o la de los gigantes antes mencionados, las que debía compartir en el mencionado foro. Así que a manera de tributo académico al “copy & paste”, me atreví leer ante aquel foro una versión, editada por cuestión de tiempo y corrección, de la introducción al ensayo con el que aquel joven contestó la pregunta: ¿Cómo usted ve al menor delincuente en Puerto Rico?,

Emmanuel comenzó diciendo: “Aun recuerdo cuando tenía 17 años y anhelaba cumplir los 18 para trabajar e irme de mi casa. El pensamiento de irme de mi casa era provocado por la rebeldía de esta etapa. Tenía claro que quería trabajar para costearme mis necesidades materiales y no depender de mi madre.

Cuando cumplí la edad comencé a buscar trabajo, aquí allá por todas partes. Recuerdo que llevé resumé hasta los pueblos limítrofes como Juana Díaz desesperado por conseguir ese trabajo. Durante tres años continué en las mismas, llevando resumé a todas las semanas a diferentes establecimientos, tiendas, restaurantes de comida rápida, supermercados, entre otros. Durante esos tres años en que no me llamaron de ningún trabajo, creció en mi la rebeldía, los pensamientos negativos y la frustración que no es otra cosa que ese sentimiento provocado por la incapacidad de no poder realizar algo porque algún factor externo que lo impide.

Aprendí a recortar y de esa manera me buscaba el peso recortando en mi casa a los muchachos del barrio. Cuando llegaba la temporada de quenepas, vaciaba el árbol de mi casa y las vendía en algún punto estratégico del casco urbano de Ponce. Obviamente esas chiripas no me daban para lo que yo quería que era comprarme un carrito, la ropa de moda, los tenis del momento, etc.

Pero cerca de la comunidad donde me crié hay un barrio con alta incidencia criminal conocido como La Cantera. Allí los jóvenes varones tenían otra forma de buscarse el peso: vendiendo drogas. Crecí viendo como los muchachos del barrio que bregaban en el punto tenían los carritos mas bonitos, los ‘bling bling, los tenis más caros y las nenas más lindas.

Luego de tres años, finalmente me llamaron y me preguntaron si todavía me interesaba un trabajo solicitado meses atrás. Contesté que si y lo primero que me dijo el individuo fue: “mañana tienes entrevista en las oficinas generales en el pueblo de Carolina”. Como tenía los recursos pude llegar y me dieron el empleo. Luego me requirieron documentos como, carta de buena conducta, prueba de dopaje, certificado médico entre los que recuerdo. Yo tuve los recursos para obtener todo lo que el empleo requería.

Aunque me vi tentado, en mi hogar tuve el ejemplo, la enseñanza y la educación que junto a mi determinación y fuerza de voluntad evitaron que me involucrara en el narcotráfico. Ahora, yo tuve los recursos y un hogar ejemplar para no caer en ese negocio, pero y los que no corren la misma suerte que yo.

Muchos recurren a la venta de drogas, a velar el punto o hacer “mandaos”. De la boca de ellos se escucha que en ningún lado le dan trabajo y que la única opción es vender droga. A esta situación hay que sumarle el discrimen si tienes tatuajes o pircings. Incluso conozco algunos que viven en un residencial público y en sus resumé anotan una dirección diferente, usan la de algún familiar o amigo. Recuerdo cuando el profesor dijo que la cultura dominante va a criminalizar a la subculturas porque desconfía de ellas.”

Si se leen con atención el ensayo de Emmanuel, el mismo surge como un pliego acusatorio contra el sistema neoliberal que se viene desarrollando en la isla por las pasadas décadas, pero que vió su máxima expresión durante el cuatrienio pasado (Gutiérrez 2012). Es ese neoliberalismo salvaje, el que utilizado sus aparatos ideológicos produce el orden social en que se desarrolla la historia de Emmanuel. Un orden que condena a miles de jóvenes a que desde la pobreza y el subdesarrollo del sur global aspiren a comprar los símbolos de éxitos impuesto desde el norte por la cultura del varón, blanco, propietario, alegadamente homosexual y cristiano (Gutiérrez 2012) . Es decir, un orden bulímico, como lo llama Jock Joung (2007), que incluye a todos por igual en el consumo de los símbolos materiales construidos como exitosos, mientras excluye a gran parte de la población de los medios legales y los empleos dignos para que pueda costearse ese consumo.

Como bien ilustra la historia de este estudiante, este proceso es uno que termina produciendo un ser humano frustrado o desvalorizado que puede ver en la violencia una forma de empoderarce ilusoriamente o en la ilegalidad, sobre todo la del ilegalizado narcotráfico, el único medio para integrarse al mundo de consumo capitalista que se le impone desde el poder (Presdee 2001)

Es de aquí que surge mi hipótesis que apunta a que la violencia social y la criminalidad que sufre el País es el resultado esperado del orden neoliberal excluyente que a mediado del siglo pasado desarrolló Milton Friedman y que luego se convertiría en dogma del sector más conservador de la política Estadounidense. Como en todos sitios donde se implementó este neoliberalismo, el resultado es que grandes sectores de la población no se sienten representado por el Estado (Klein 2008; Rivera Lugo 2004).

Ante la aparente ilegitimidad del Estado producto de la falta de representatividad y del hecho, real o aparaente, de que para muchos el sistema solo le ofrece la ilegalización como alternativa económica, en el caso de Puerto Rico se pudieran identificar tres respuestas a saber.

La mayoría no hará nada y comprando el discurso electoral esperará el espacio electoral para escoger entre dos partidos similares que, como explica el español Miguel Amorós (2012), representan los mismos intereses y que el sistema usa para dar la impresión de que es democrático. Esta mayoría son los que el sistema verá como los buenos ciudadanos, respetuosos de la ley y sobre todo “humildes”.

Por otro lado, los sectores más conscientes de la sociedad responden al excluyente proceso del que nos hablo Emmanuel, organizando estructuras políticas, comunales o económicas. De esta manera vimos como durante el cuatrienio pasado, las comunidades se organizaron para hacer frente a proyectos que las sacrificaban para crear espacios de ganancia económica a los sectores más ricos del País. Igualmente vimos a los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico, casi todos educados, de clase media y media alta, organizarse para defender sus espacios ante la posibilidad que los mismos se pusieran directamente al servicio del poder económico. Otro ejemplo de como estos sectores más conscientes canalizan las frustraciones que el sistema les produce, es el surgimiento de los nuevos partidos políticos que durante las pasadas elecciones trataron de romper el bipartidismo que castra el proceso electoral de la Isla (Rivera Lugo, 2004; Wacquant, 2009).

Sin embargo, no todos tiene los recursos para responder y exigir legalmente un espacio donde ganarse la vida dignamente. Es mi hipótesis que en Puerto Rico, enormes sectores marginados, como bien describe Emmanuel , se las tienen que buscar como pueden para sobrevivir y sentirse incluidos consumiendo. Es decir tiene que “bregar” en trabajos marginales o precarios como recortar en sus casas, mecanear en el patio, hacer uñas o trenzas, vender quenepas o piratear DVD. Labores que pueden rayar en la ilegalidad al no cumplir con los reglamentos y permisos impuestos por el Estado (Barrero, 2008; Presdee, 2001; Rivera Lugo, 2004; Wackant 2009).

Otros, sobre todo aquellos que encarnan las características que en el capitalismo llevan al éxito, pero que por su condición de excluidos se les dificulta el desarrollo de empresas legales, terminan por integrarse a esa ilegalizada empresa capitalista que es el narcotráfico. De esta manera los puntos de drogas están administrados por jóvenes que, con una educación promedio de noveno grado, manejan inventarios millonarios, procesos de distribución, nóminas, relaciones publicas, solución de disputas, etc. Todo lo anterior complicado por la ilegalidad y lo que esa ilegalidad significa (Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. 2008) .

Es en este sentido que yo entiendo que el narcotráfico producido y fomentado por las draconianas leyes anti drogas, la violencia y la criminalidad que experimentamos en Puerto Rico, lejos de ser un problema, en muchas de nuestras comunidades se construye como la solución al problema de marginación y exclusión económica. Es decir, para muchos el mercado negro producto de la absurda ilegalización no es un problema, es una solución a su problema, el económico.

Por tanto, y repito es mi hipótesis, la inserción al narcotráfico y la criminalidad pueden ser vistos como un discurso contestatario de aquellos que sin tener la consciencia política responden “bregando” como pueden ante la sociedad que los excluye. El narcotraficante y la ilegalidad puede verse como la respuesta de aquellos quienes se niegan a ocupar humildemente los espacios de pobreza que el sistema les asigna. Así estos sectores, probablemente de manera inconscientemente, le hacen frente a un sistema que como describió Emmanuel, les condena a ser un pobre humilde que espera estoicamente por años un trabajo precario que no debiera llamarse empleo y que les condena a un estatus social de subciudadano o subciudadana.

Si se toma esta hipótesis como correcta, se puede inferir entonces que cualquier iniciativa para manejar el llamado problema de la droga, será solo un parcho y no una alternativa a la violencia que hoy cobra unas mil vidas cada año en nuestro País, a menos que que no incluya la legalización de esas sustancias. No obstante esa legalización no será tampoco solución sin una verdadera reorganización social, una mejor distribución de los recursos económicos y la integración de todos y todas a procesos políticos y económicos verdaderamente democráticos.

Porque el problema, ni son las drogas, ni es el narcotráfico. El problema es la pobreza y la marginación.

Referencias:

Amorós, J. (2012) Salida de Emergencia. Logroño: Pepitas de Calabaza Ed..

Barrero, E.C. (2008) De Macondo a mancuso: conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Bogotá Ediciones Catreda Libre y Fundación América Nuestra.

Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. (2008) Cultural Criminology: an invitation. London: Sage.

Gutiérrez, G. (2013) “Del Coloniage a la Sociedad de Ley y Orden: violencia sistéica en Puerto Rico”en Sonia M. Serrano Rivera, Registros Criminológicos Contemporánios. (pp. 51 – 81) San Juan: Situm.

Klein, N. (2008) The Shock Doctrine, New York City: Picador.

Manjón-Cabeza, A. (2012) La Solución. Barcelona: Debate.

Pesdee, M. (2001) Cultural Criminology and the Caranval of Crime. New York City: Routledge.

Rivera Lugo, C. (2004) “Ni Una Vida Más para la Toga” en La Rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas(pp. 137-154). San Juan, Ediciones Callejón.

Young, J. (2007) The Vertigo of Late Modernity. London: Sage.

Wackant, L. (2009) Prison of Poverty. Boston: Beacon.

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