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El Blog de Gary Gutiérrez

Abusador de cafeína, asador de patio, comidista y cronista del bajo mundo culinario, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, y comantenedor de @tempranopr

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Drogas

Citado en China: Puerto Rico, a way station for drug traffickers


By Diego Urdaneta and Nelson Del Castillo, AFP

July 12, 2015, 12:01 am TWN
cpnewlogoPuerto Rico — the economically distressed U.S. territory that many Americans know mainly as a vacation resort — turns out to be a way station for South American cocaine bound for the hungry U.S. market.
It often works like this: speedboats sail up from Venezuela laden with coke, hang out off the coast of Puerto Rico by day, and then make for the coast of the U.S. commonwealth by night. Once there, getting cocaine into the United States is in theory easier: shipments can be mailed or sent to airports or seaports without having to clear customs, authorities here say.
Seizures of cocaine, the most profitable drug for traffickers, have shot up here on the island: 5,300 kilograms so far this year, compared to just under 4,000 in 2014 and 2,800 in 2013, according to the Puerto Rico Police, which is now part of a special drug interdiction force along with other American agencies like the Drug Enforcement Administration, FBI and the Coast Guard.
“Puerto Rico is used as a bridge to the United States. Eighty-five percent of the drugs that pass through Puerto Rico are for the United States,” said Police Chief Jose Caldero. As recently as Wednesday police confiscated 190 kilograms of cocaine from a boat and arrested three Dominicans.
Six weeks ago police scored a much bigger hit: 2,100 kilograms seized on a boat trying to reach the north coast of the island. New Strategy The rise in drug shipments through the U.S. part of the Caribbean, mainly via Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands, has set off alarms in the White House.
In January it announced a new strategy to combat the trend. Most drugs destined for the United States follow a route that hugs the coasts of Central America or crosses the U.S. border with Mexico.
But these are being more closely monitored, so traffickers have been forced to seek out new routes, U.S. officials say. Most cocaine arrives from Venezuela, a neighbor of major producer Colombia.
Before, vessels carrying the drug would stop over in the Dominican Republic, but police are now detecting more and more direct trips from the northern tip of South American right to Puerto Rico.
And there is a pattern to the trafficking.
“They come in a speedboat with three engines. By day, they cover it up with a black tarp. They go nice and slow, and fish. At night is when they hit the accelerator,” said Caldero.
The authorities end up playing cat and mouse, adapting their tactics as the traffickers tweak theirs.
“This is a strategy. We make our plans, but they also make theirs,” he said.Internal Problem And the small amount of cocaine that remains on the island is also a growing problem.
It used to be that the service of mooring boats carrying cocaine and handling it on the island were paid for in cash. Now however it is paid for in cocaine itself. “And it has to be sold,” said Gary Gutierrez, a criminal justice professor.
Sixty-five percent of the killings committed in Puerto Rico are directly related to drugs, said Caldero. Those killings peaked in 2011 at 1,135. In 2014 they had fallen to 681, mainly because of tougher law enforcement, he added.
Although the island has huge financial problems — a debt of US$72 billion after eight years of economic recession — the police budget has remained stable at more than US$750 million, the police chief said. But at the same time, that economic crisis makes drug trafficking more appealing to people who are enduring hard times, said Gutierrez.
He is in favor of decriminalizing drugs as a way to end drug-related violence. “In those communities, unfortunately drug trafficking becomes a solution to the economic problem,” he said.

Programa Conocimiento y Acción Solidaria sobre drogas, legalidad y gobernaza


Para ver el programa en YouTube
Para ver el programa en YouTube

Participación en el  programa Conocimiento y Acción Solidaria 25 de octubre de 2014 hablando sobre dorgas, legalidad y gobernaza con Rey Quiñones y Rolando Emmanuelli sobre Violencia y Criminalidad.

http://youtu.be/d210O7o4IY4?list=UU6Ayk3BH4GYFbU-5VsjemNw

 

Para escuchar la ponencia en YouTube
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Citado en “Las drogas: Puerto Rico aferrado a una “guerra” fracasada”


Por Cándida Cotto

http://www.claridadpuertorico.com/

Publicado: martes, 14 de octubre de 2014

ClaridadHabiéndose comprobado que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado, cada país debería generar una política independiente para atender su problema de las drogas. Pero en Puerto Rico, el Gobierno sigue la política de “guerra contra las drogas” y criminalización del usuario.

Para el profesor de criminología, Gary Gutiérrez, la admisión del fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de políticas independientes son dos de los señalamientos sobresalientes del estudio “Asumiendo el Control: Caminos Hacia Políticas de Drogas Eficaces”, de la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), organismo independiente integrado por figuras de calibre mundial.

“Este llamado es importante porque es un llamado a otra visión del problema, a otro paradigma del problema, a que construyamos el problema desde otra perspectiva”, indicó Gutiérrez. Aclaró que la Comisión no es un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino un ente independiente que intenta que se le escuche en la próxima sesión especial sobre las drogas que tendrá la Asamblea General de la ONU en el 2016. Se supone que la ONU escuche tanto las posiciones de organizaciones como de los diversos estados.

El profesor Gutiérrez expuso que la CGPD es una de otras organizaciones que quiere que se replantee la situación del narcotráfico y las drogas desde una perspectiva no penal, “porque, como es obvio para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cien años de prohibición ha probado que lo único que se ha logrado es llenar cárceles con los sectores marginados de los países; crear enormes carteles del crimen organizado y de lavado de dinero sumamente poderosos; crear capitales negros, y que aun en el momento de la legalización de la droga, se va a tener que pensar qué se va a hacer con ese capital”.

Otro aspecto que ha logrado la política de guerra contra las drogas, denunció, es reafirmar el poderío del norte global, específicamente Estados Unidos, en la política interna de los países, ya que sus políticas antidrogas le dan “licencia de corso” a Estados Unidos, a su agencia DEA (Drug Enforcement Administration) de “intervenir, básicamente como le dé la gana, en los asuntos internos de los países, en las comunidades internas, una excusa para militarizar su fuerza policíaca y mantener bajo control a poblaciones excedentes que no tienen oportunidad de empleo y que encuentran en el narcotráfico la forma de ganarse la vida.”

El profesor Gutiérrez destacó, además, que el informe es producto de un grupo que analiza la situación desde la perspectiva del sur global, de los países productores de la droga y de los que la transportan. “También es importante porque es un grupo que está compuesto, además, de políticos e intelectuales, por gente de mucho poder económico y eso pudiera apuntar a que ya el capital se está dando cuenta de que el negocio de la ilegalización ya no es un buen negocio para ellos y que la legalización puede ser un buen negocio para ellos”.

En ese aspecto, observó que el negocio de las tabacaleras tiene ya la estructura para procesar y distribuir material de drogas. Comentó que los activistas a favor de la legalización en Estados Unidos (EEUU) ya han advertido sobre este peligro y han destacado que los procesos de legalización se deben dar desde abajo hacia arriba y no como se dio la legalización del alcohol, que el gobierno cedió unas licencias a unos grandes productores tradicionales en el sur de EEUU.

Gutiérrez señaló que para que la droga no se convierta en una mercancía de mercado, lo que están buscando los sectores más progresistas en Estados Unidos es que la legalización se dé mediante licencia a cooperativas y grupos de usuarios para que produzcan la droga que van a consumir y así mantener un control y evitar que se genere un negocio igual de lucrativo y explotador como ocurre ahora con el alcohol.

El escenario en Puerto Rico

Aun cuando se reconoce que en el País hay un severo problema de drogadicción, Gutiérrez denunció que las estadísticas sobre el número de usuarios se estiman basado en las intercepciones policíacas, es decir, que si aumenta el por ciento de incautación es que ha aumentado el número de usuarios. Anotó que los números que se tienen los ofrece la DEA por lo que llamó la atención de que “hay que tomarlos con pinza”, ya que siempre se dan en el contexto de pedir recursos monetarios para la militarización.

Por otro lado, apuntó que la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU dice que el uso de sustancias tradicionales como la coca, la heroína y la marihuana, ha ido cayendo en desuso en muchos sitios, para darles paso a drogas de diseño, las llamadas sintéticas, que no requieren todo el proceso y andamiaje de distribución que requieren las drogas de uso de plantas naturales. En el caso de las llamadas drogas sintéticas -explicó- el suplidor las produce cuando le hacen el pedido, lo que elimina el riesgo de incautación, almacenaje, etc.

El problema de las drogas

Más allá de la violencia que genera el tráfico de la droga, el profesor de Criminología planteó que su experiencia académica y el estudio de este fenómeno le permiten afirmar que en los sectores marginados, donde hay muy pocas oportunidades de empleo, sobre todo para los varones jóvenes, éstos ven en la droga una forma de resolver sus problemas económicos. Puso como ejemplo el hecho de un joven de 22 a 24 años, que tiene que pagar una pensión, no tiene trabajo y el narcotráfico se convierte en la forma de buscarse el dinero de la pensión. “En realidad, eso que nosotros llamamos problemas de las drogas, en muchos sectores se ha convertido en la solución del problema, que es terrible, porque el que vende no sólo hace daño sino que es una estructura tan capitalista como cualquier otra”.

Incluso agregó, “el punto ya no está pagando como antes. Según me dicen los muchachos en la calle, regularmente la droga es a concesión, te dan la droga y tú eres responsable del dinero. Otra estudiante me dijo que ella quedó embarazada a los 16 años, el padre la botó de la casa. Vivía con un familiar y le pagaban para que guardara tres kilos de droga. Se la robaron –no sabe quién- y estuvo trabajando en el punto tres años para pagar la cantidad. Así que, en ese sentido, es una empresa comercial. Lo que nos lleva entonces a la pregunta, y llevo años diciéndolo: tenemos estos muchachos de 26 años que no tienen educación, su educación formal es de noveno grado, está corriendo un punto de drogas, que es una empresa probablemente millonaria, cerca de un millón, que tiene que bregar con personal, tiene que bregar con almacenamiento, tiene que bregar con inventario, tiene que bregar con contabilidad, tiene que bregar con relaciones públicas en el barrio, tiene que bregar con el problema de la Policía… ¿qué hemos hecho como sociedad para que ese muchacho, en vez de estar haciendo eso, no tenga un negocio legal? La moral es chévere si se tiene la nevera llena”.

La legalización

Aun con sus profundas reservas de que en la Isla pueda llegarse en estos momentos a una legalización, Gutiérrez favoreció legalizar el uso medicinal de la marihuana, lo que parece ser la postura del gobernador Alejandro García Padilla. Argumentó que el uso médico tiene dos ventajas políticas, ayuda a desmitificar la sustancia en la comunidad y, sobre todo, va creando el espacio de producción a nivel legal para que cuando se autorice a nivel recreativo, ya haya unas estructuras legales que puedan hacer el proceso más fácil. Destacó que en los estados donde se ha legalizado la marihuana no han ocurrido mayores problemas, no ha aumentado el consumo y se ha generado un ingreso en impuestos mayor a lo esperado.

“Creo que los documentos de la Comisión Global, como los documentos de la Comisión Latinoamericana para la Democracia, son los más claros, más sensatos y los más coherentes que se han hecho a nivel internacional en los últimos años. La única oposición a que se legalicen las sustancias viene de los sectores de la industria del complejo industrial militar ligado al sistema correccional, que viven de tener gente presa. Cerca del 70% de los confinados en Estados Unidos es por drogas no violentas”, manifestó.

Los otros sectores que se oponen a la legalización, además de los sectores religiosos, son los programas de rehabilitación, las agencias policíacas que viven de la criminalización y los propios sectores criminalizados que viven de vender la droga cinco veces más cara de lo que se vendería en la cadena de distribución legal de las farmacias, denunció. Según Gutiérrez, de cada diez dólares que se invierten en la “guerra contra las drogas”, siete van a las fuerzas policíacas y tres a tratamiento y prevención.

Presentado en UPR-Ponce: El problema no es la droga


El problema no es la droga

Gary Gutiérrez

Presentado en UPR-Ponce

cartelAntes de entrar en materia, quiero dejar claro que no me presento ante ustedes desde la perspectiva de un académico. Prefiero pensar que vengo a compartir lo aprendido como periodista, bloguero, observador, pero sobre todo como actor de reparto en esto que llamamos orden social.  Por tanto estoy más cómodo pensando que me presento ante ustedes para colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración del pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon el llamado problema de las drogas, y que los que hoy simulan manejarlo.

Me niego entonces a enfocar esta alocución desde perspectivas médicas, terapéuticas y mucho menos morales. Primero, el yo entrar en la discusión médica o terapéutica sobre el uso y el tratamiento de sustancias, sería faltarle el respeto a los salubristas como el Dr.Torruellas, quienes pasan su vida manejando ese aspecto del fenómeno llamado droga. En el caso de la dimensión moral de esta discusión, definitivamente admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.

Además de lo antes detallado, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde esas perspectivas médico y moral, es que estas dimensiones realmente son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en el país equivalente a una guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012).

Con esto no digo que esos aspectos medico morales no son importante. Lo que quiero decir y dejar claro es que lo que a mi juicio tenemos que discutir en Puerto Rico es si las fracasadas políticas de criminalización son la mejor alternativa para primero controlar la violencia, y segundo para crear las condiciones que permitan que los salubristas hagan su trabajo. Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos y entender que lo que crea la violencia y lo que hace más difícil el manejo social del uso y abuso de las sustancias, es la ley que criminaliza su posesión y su mercado.

UPR-Ponce 01
Conferencia wn UPR-Poncesobre la (i)legalización de la droga: problema o solución

No obstante y como era de esperarse, la radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos encaminados a liberalizar las leyes prohibicionistas despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de marihuana uno y permitiendo el uso de esta planta como tratamiento médico, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de los “empresarios morales” conservadores que insisten en mantener el tributo de sangre que la actual ley antidrogas impone a los puertorriqueños.

Por lo visto en la prensa y en las redes sociales tras las radicaciones de estos proyectos, de inmediato salieron los sospechosos habituales quienes, montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, aseguran  que de liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña. Digo los sospechosos habituales, por un lado están algunos sectores terapista que viven de la adicción (Riggs 2012), y por otro, los sectores cristianos conservadores de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando, en Estados Unidos y Puerto Rico, el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado. Estos son los mismos sectores políticos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol y otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, al libre disfrute de la sexualidad entre adultos y a cualquier otra ratificación de los derechos de la comunidad LGBTT.  Sin mencionar que, estos también son los mismos que en Estados Unidos se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas, que piensan que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no se necesita otra ley penal que no sea la Biblia y que la ley debe estar al servicio de, por la fuerza si fuera necesario, obligar a que todos fortalezcan el espíritu y la virtud moral (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos vienen desde finales del siglo diecinueve, empujando prohibiciones para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan el mencionado estilo de vida cristiano. Claro está, definiendo estilo de vida cristiano desde un punto de vista puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. De ese secotr surgió un grupo de cabilderos llamado “Movimiento de Temperancia” quienes fueron los que lograron, en la década del 1930, prohibir en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico el alcohol y las demás sustancias (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Por supuesto, el pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso, ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública en esa nación. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, veían el uso de la marihuana, la coca y el opio como costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, para ellos decir la “cultura civilizada” es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve, de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward y Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Prof. José Raúl Cepeda
Prof. José Raúl Cepeda

Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos.  A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003;  Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos que podemos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición legal de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Por tanto, el que los mencionados sectores conservadores funcionen como una especie de mafia moralista  imponiendo sus valores y empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a su presión, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos, los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses y su estilo de vida. Entiéndase, como ya mencioné, los intereses y el estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013).

Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial.

UPR-Ponce 03
Dr. Rafael Torruella de Descriminalización.com

Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató liberar los esclavos,  sino que encarnó dos visiones de ordenamiento económico encontrados, la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina.  El punto es que el proceso de ilegalización de las sustancias psicoactivadoras aparenta así ser parte de esa lucha por el prestigio social. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los efectos o peligros de las mismas, sino que fue solo un intento por parte de ese capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales, que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tuvo nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la llamada criminología crítica entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación, se debe entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y estudiar cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas o para controlar la violencia producto de su trasiego, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas. Lo terrible del caso es que ante esa embestida mediática por parte de la mencionada mafia conservadora cristiana, parece como si algunos sectores más democráticos, progresistas, libertarios, conscientes y hasta anarquistas del país, inconscientemente le hacen el juego conservador, validando la discusión sobre si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño.

Sin embargo, en este momento histórico, la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Entrar en esas discusiones es permitir que los mencionados sectores conservadores secuestren nuevamente la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros” de una u otra sustancia.

UPR-Ponce 06Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir en este momento histórico es cómo esa prohibición lleva casi cien años  fracasando en la empresa de controlar el uso sustancias, independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede mirar la historia y honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminaliza millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce el derecho a buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir, de aparte de amigos como Torruellas,  las ayudas médicas necesarias para manejar sus adicciones. La conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo esta fracasada prohibición alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años Estados Unidos viene botando en la misma casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Más urgente aún es estudiar cómo las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las sustancias, sirven de excusa para la intervención y control de las comunidades marginales en Estados Unidos. De Igual manera es imprescindible analizar cómo estas prohibiciones se convirtieron en licencia de corzo que permiten a Estados Unidos, como nación imperial, intervenir en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012).

Eso es lo que se tiene que nuestra generación tiene que discutir independientemente de lo qué usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana.

Desde esta perspectiva, la pregunta tendría que ser entonces,  si los puertorriqueños debemos mantener unas leyes que, a pesar de su costo millonario no solo vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, la militarización de las fuerzas policíacas, el deterioro de las libertades constitucionales y como ya se dijo la expansión imperial de Estados Unidos (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;).

Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerles el juego a los mercaderes del templo. Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema: es decir la prohibición.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A.(2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Riggs M (2012) 4 Industries Getting Rich Off the Drug War Reason.com Acedido el 24 de febrero de 2014 en http://reason.com/archives/2012/04/22/4-industries-getting-rich-off-the-drug-w/singlepage

Szasz T. (1992) Our Right to drugs, Syracuse, Syracuse University Press

Szasz T. (2003) Ceremonial Chemistry, Syracuse, Syracuse University Press

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.

Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012)  Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico

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El problema es la prohibición


Presentado ante estudiantes del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico.

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Como era de esperarse, la radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana uno y el otro para permitir el uso de esta planta como tratamiento médico para diversas dolencias, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de los “empresarios morales” conservadores en Puerto Rico.

Por lo visto en la prensa y en las redes sociales, de inmediato salieron los sospechosos habituales montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, asegurando que liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña. Digo los sospechosos habituales, pues son los mismos sectores cristianos conservadores de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando, en Estados Unidos y Puerto Rico, el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado. Estos son los mismos sectores políticos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol y otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, al libre disfrute de la sexualidad entre adultos y a cualquier ratificación de los derechos de la comunidad LGBTT. Sin mencionar que, estos también son los mismos que en Estados Unidos se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas, que piensan que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no se necesita otra ley penal que no sea la Biblia y que la ley debe estar al servicio de, por la fuerza si fuera necesario, obligar a que todos fortalezcan el espíritu y la virtud moral (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos vienen desde finales del siglo diecinueve, empujando prohibiciones para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan el mencionado estilo de vida cristiano. Claro está, definiendo estilo de vida cristiano desde un punto de vista puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. De esos grupos surgió un grupo de cabilderos llamado “Movimiento de Temperancia” quienes fueron los que lograron, en la década del 1930, prohibir en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico el alcohol y las demás sustancias (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Por supuesto, el pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso, ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo es muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública en esa nación. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, veían el uso de la marihuana, la coca y el opio como costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, para ellos decir la “cultura civilizada” es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial eurocéntrica que define a Estados Unidos (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve, de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward y Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos. A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. La lógica era que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararían el lucrativo mercado de los textiles, que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos que podemos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición legal de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Por tanto, el que los mencionados sectores conservadores funcionen como una especie de mafia moralista insistiendo en seguir imponiendo sus valores y empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a su presión, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos, como poder, los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses y su estilo de vida. Entiéndase, como ya mencioné, los intereses y el estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013). Después de todo, como se explicó antes, fue esa juntilla compuesta por sectores cristianos conservadores, blancos racistas, burócratas con miedo a perder sus trabajos y alguno que otro interés económico legal o ilegal, los que lograron pasar las prohibiciones contra el cannabis y otras sustancias durante la primera parte del siglo veinte, independientemente de los efectos, peligros o daños que pudieran o no causar las mismas.

Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como un campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina. El punto es que el proceso de ilegalización de las sustancias psicoactivadoras aparenta así ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, pero que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a la nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los efectos o peligros de las mismas y que fue solo un intento por parte de ese capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales, que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tuvo nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la llamada criminología crítica entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación, se debe entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y estudiar cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas o para controlar la violencia producto de su trasiego, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas. Lo terrible del caso es que ante esa embestida mediática por parte de la mencionada mafia conservadora cristiana, parece como si algunos sectores más democráticos, progresistas, libertarios, conscientes y hasta anarquistas del país, inconscientemente le hacen el juego conservador, validando la discusión sobre si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño.

Sin embargo, en este momento histórico, la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Entrar en esas discusiones es permitir que los mencionados sectores conservadores secuestren nuevamente la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros” de una u otra sustancia.

Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir en este momento histórico es cómo esa prohibición lleva casi cien años fracasando en la empresa de controlar el uso sustancias, independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede mirar la historia y honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminaliza millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce el derecho a buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir las ayudas médicas necesarias para manejar sus adicciones. La conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo esta fracasada prohibición alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años Estados Unidos a botado en la misma casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Más urgente aún es estudiar como las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las sustancias, sirven de excusa para la intervención y control de las comunidades marginales en Estados Unidos. De Igual manera es imprescindible analizar como estas prohibiciones tambien permite que Estados Unidos, como nación imperial, intervenga en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012).

Eso es lo que se tiene que nuestra generación tiene que discutir independientemente de lo que usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana.

Desde esta perspectiva, la pregunta tendría que ser si los puertorriqueños debemos mantener unas leyes que, a pesar de su costo millonario no solo vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, la militarización de las fuerzas policíacas, el deterioro de las libertades constitucionales y como ya se dijo la expansión imperial de Estados Unidos (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;). Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerle el juego a los mercaderes del templo.

Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema: es decir la prohibición.

Referencias:

Alexander, M. (2012) The New Jim Crow [Kindle Edition]. New York, Free Press

Balko, R. (2013) Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces [Kindle Edition]. New York, PublicAffairs

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: beyond empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goldberg, M. (2007) Kindom Coming: The rise of christian nationalism. New York/London, W.W. Norton & Company

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Hedges, C. (2006) American Fascists: The christian right and the war in America. Ney York, Free Press

Manjó-Cabeza A.(2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.

Desmitificando la prohibición de las drogas


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Presentado por escrito a la Comisión de lo Juridico del Senado de Puerto Rico.

Por: Prof. Gary Gutiérrez Renta, Prof. Vivien Mattei Colón, Dr. Joel Villa Rodríguez, Prof. José Raúl Cepeda Borrero

Sobre cien años de prohibición de sustancias demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de la violencia, criminalidad y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano.

Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920.

Tras más de diez años, la prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera; aunque no resolvió los inconvenientes relacionados al abuso y la dependencia que son situaciones para ser atendidas por médicos y no por aparato represivo estatal.

Contrario a su propósito, la mencionada prohibición del alcohol terminó produciendo males peores que los que se proponía combatir. Entre ellos la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir lo ilegalizado. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la misma, así como el desarrollo de empresas criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Escohotado, 2003; Manjón-Cabeza 2012; Villa y Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que “el Estado” ejerza un “poder legítimo” para controlar lo que cada persona, como ser libre, decida o no consumir. Después de todo, eso fue lo que el pueblo estadounidense avaló cuando cambió su constitución votando en favor de la enmienda XVIII conocida como la Ley Volstead (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unidos en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo por el narcotráfico, no fue producto del uso de una u otra sustancia. La raíz del problema ha sido la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivaron. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol, o las drogas eran “mínimos” sí se comparan con los que surgieron tras ilegalizar su comercio (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013).

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas. Los que defiende la política prohibicionista regularmente terminan hablando de forma acrítica de los daños físicos, psicológicos y sociales que provocan las sustancias psicoactivas. Tienen una creencia que gobierna su psique y reproducen de forma incondicional. Los prohibicionistas, quienes han demostrado tener poder para hacer política pública, han partido de sus tabúes para trabajar con asuntos que merecen ser analizados de forma objetiva. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de las políticas prohibicionista, sus abanderados usan argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización de las mismas. Una contradicción, pues si algo hace la prohibición es desincentivar el manejo salubrista de los posibles problemas vinculados al uso de las sustancias.

La realidad es que lo que debe estar en discusión, tras cien años de fracasadas políticas prohibicionistas, es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar, o poseer una u otra sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del “daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food”? Después de todo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

¿Si los peligros de su uso no son el factor real que provocó para la prohibición de las llamadas drogas, cuál entonces es la razón para su ilegalidad?

Para contestar esta pregunta, se puede partir de la llamada “criminología crítica” desarrollada al final del siglo XX. Desde esa óptica, lo primero que se debe entender es que a diferencia del “Derecho Positivo”, la también llamada “nueva criminología” no acepta eso de que la ley es instrumento de balance o protección social. Para estos criminólogos críticos, la ley es solo una herramienta para que unos grupos sociales poderosos impongan su discurso ideológico hegemónico. Desde este crisol, las prácticas prohibicionistas y las leyes que las imponen, son resultado de las relaciones de poder entre los grupos sociales. Es decir, cómo se imponen unos sobre otros (Ferrell y Sanders, 1995).

Tomando entonces la criminología crítica como punto de partida, se pudiera decir que las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio fueran ilegalizadas en la primera mitad del siglo XX, fueron de índole religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político. Es decir, las sustancias, no se ilegalizaron por razones salubristas o médicas como se reproduce de la vieja práctica discursiva. Por tanto estos estatutos en realidad son herramientas para controlar y no para proteger a los ciudadanos (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza 2012).

Mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimiento en Estados Unidos de movimientos de avivamiento en el sector cristiano conservador. Ese resurgimiento se desarrolló como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como un país independiente a Estados Unidos.

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos reflejaran e impusieran un estilo de vida cristiano desde le punto de vista puritano, virtuoso, de temperancia y de fuerte control frente a los placeres. De ahí surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX, logra la prohibición del alcohol y más tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista logró fácilmente el respaldo de los poderosos en Estados Unidos, pues resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial y posindustrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese poder, la prohibición de “las drogas” surgió como una excelente excusa que les permitía el control y la represión de las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Estas visiones de intolerancia religiosa y racismo, disparó un proceso que terminó demonizado y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. A este tipo de proceso que termina creando esos “demonios sociales” se le conoce como “pánico moral”. Aprovechándose del mencionado pánico encarnado en los prejuicios contra el uso de estas sustancias, algunas empresas vieron la oportunidad de adelantar sus intereses comerciales, por lo que se montaron en el discurso prohibicionista y lo apoyaron con recursos económicos (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. La lógica fue que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararon y se dividieron el lucrativo mercado de los textiles, que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol, por lo que ambos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia unos y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Además de los factores ya detallados, hay quienes ven otra dimensión y entienden que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina.

El punto es que el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, y que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a la nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” fue solo un intento por parte del capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la criminología crítica, se entinde que estas leyes se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social. Igualmente tales estatutos se pueden ver como una intromisión ilegítima del Estado en la vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Desde la perspectiva política, estas prohibiciones se mantienen, pues las mismas todavía funcionan como justificación legal para intervenir, controlar y criminalizar las minorías raciales y económicas en Estados Unidos. De igual forma, esa mentalidad prohibicionista es una excelente excusa para que ese país mantenga una política intervencionista que permite desplegar agentes y fuerzas militares estadounidenses en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global” (Davis, 2005; Manjón-Cabeza, 2012).

Es apremiante no permitir que la revisión de esta absurda y fallida política pública no se desvíe a discusiones sobre el daño, los efectos o el peligro: tabúes. Lo que se tiene que discutir es si mantener la prohibición del cannabis, o de la sustancia que sea, no hace más difícil el manejo, control o tratamiento de aquellos usuarios para quienes el consumo se torne en problema.

Partiendo de lo anterior, y tras cien años de la fallida prohibición, no hay otra alternativa que estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas que en la práctica no solo terminan haciendo más difícil el manejo salubrista las mismas, sino que acaban costándonos la sangre de nuestros hijos en su edad más productiva.

Ya es hora de dejar de manejar consecuencias y de enfocar la política pública al verdadero problema que es la prohibición.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.

Publicado en Claridad: Marihuana: ¿Vamos a seguir perpetuando el fracaso?


Marihuana: ¿Vamos a seguir perpetuando el fracaso?

Por Gary Gutiérrez
Publicado: martes, 10 de septiembre de 2013

Discutir la necesidad de descriminalizar y legalizar la marihuana es un ejercicio en futilidad.

Casi cien años de prohibición demuestran que lo único que se logró al prohibir la misma es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de violencia y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano.

Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920. Tras más de diez años de prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera. Entre ellos, la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado trasiego.

De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Esto sin contar los asesinatos relacionados con el control del clandestino negocio.

Como si lo anterior no es suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la prohibición, así como el desarrollo de sindicatos o carteles criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde. ¿Les suena familiar?

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que dejó en nuestra memoria colectiva un cultura política que no tiene problemas aceptando que el Estado tenga control sobre lo que cada persona, como ser libre, decide o no consumir. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol, o las drogas, eran mínimos si se comparan con los creados tras ilegalizar su consumo y su comercio.

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que los propios abanderados terminan usando argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización.
Prohibición que claramente no facilita el manejo salubrista de los problemas que ellos mismos detallan como resultado del uso de las sustancias. Es decir, insisten en defender la ilegalización a pesar de que está claro que la misma no fue, ni es efectiva controlando o evitando el uso de las sustancias prohibidas.

La realidad es que lo que debe estar en discusión tras cien años de políticas prohibicionistas, es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar o usar una sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminar el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma.

Lo que es interesante es que ese argumento del daño” no fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo.

Las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio, todas productos de Dios o la naturaleza, fueran ilegalizadas en la primera parte del siglo XX fueron religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político.

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, grupos religiosos conservadores y fundamentalistas en Estados Unidos empujaron leyes que reflejaran el estilo de vida virtuoso que se le adscribe a los colonizadores puritanos y cuáqueros que dieron vida a esa nación.

Ese discurso prohibicionista logró el respaldo de los poderosos en Estados Unidos pues resultó muy afín con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestants-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos durante el siglo XX, y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la “cultura civilizada”.

Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano. Estas visiones de intolerancia religiosa y de racismo, disparó un “pánico moral” que algunos intereses económicos vieron como oportunidad de hacer dinero.

Tanto el sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. De esta manera, ambas industrias aportaron recursos a los movimientos prohibicionistas para empujar la ilegalización de la marihuana.

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que tanto los agentes del Buró del Alcohol, como los tres principales carteles o sindicatos de crimen organizados que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol y que se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el mismo, vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener sus trabajos y sus ganancias económicas.

Esta prohibición de las drogas, incluyendo la marihuana por supuesto, también fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial.

De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de las drogas fue solo otra arma para que el viejo poder agrícola pudiera mantener cierto grado de prestigio social construyéndose como defensor de la virtud y las buenas costumbres, ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente.

En resumen, la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. En realidad estas leyes se aprobaron como parte de luchas por el poder social, político y económico en una nación que mutaba de país agrícola a imperio industrial.

Por tanto no es de extrañar que, a pesar de que la historia demuestra que estas leyes nunca fueron exitosas en controlar el uso y disfrute de las sustancias que prohibieron, todavía hay quienes, que buscando mantener sus influencias, utilizan esta prohibición como herramienta para mantener el prestigio de la vida virtuosa y piadosa, o como excusa para legitimar el control de aquellos que etiquete como “el otro”.

Por tanto, uno pudiera pensar que el mantener esta prohibición, que a todas luces fracasó en controlar el uso de plantas y sustancias psicoativadoras, es una excusa para que Estados Unidos justifique su política de control y vigilancia, así como la intromisión ilegítima del Estado en las vidas privadas de ciudadanos y ciudadanas libres que deciden ejercer su derecho a la búsqueda de la felicidad, como sea que ellos o ellas la defina.

De igual manera, estas prohibiciones sirven de excusa para una política intervencionista que permite desplegar agentes estadounidenses en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global”.

En fin, que si se mira la experiencia en otras partes del mundo, queda claro que no hay otra alternativa que la legalización o la tolerancia de la marihuana, así como de las demás sustancias.

Estas políticas abolicionistas no solo son más exitosas manteniendo los niveles de consumo bajo control, en algunos casos hasta un cincuenta por ciento más bajo que el uso registrado bajo la prohibición en Estados Unidos, las mismas terminan bajando la violencia callejera y criminal, así como reduciendo otros males colaterales como son las enfermedades contagiosas, el deterioro de los espacios públicos, etc.

La pregunta entonces es clara.

¿Vamos a seguir perpetuando el fracaso y pagando el tributo de sangre que implica esta absurda prohibición, o vamos a cambiar los paradigmas para que sean los salubristas y no la Policía, quienes manejen los posibles efectos y daños que pueden producir los excesos y las adicciones?
Esa es la pregunta…

  • El autor es profesor universitario en el área de justicia criminal y observador social.

No es solo cuestión de legalizar las drogas


20130809-222437.jpgPresentado por Gary Gutiérrez

ante la Universidad el Pueblo

Caguas, Puerto Rico

7 de agosto 2013

Al igual que es irracional debatir si mañana saldrá el sol por el este o por el oeste, discutir la necesidad de descriminalizar y legalizar la marihuana, así como debatir la eficacia de la prohibición como mecanismo para reducir o eliminar el consumo de sustancias psicoativadoras es un ejercicio en futilidad. Sobre cien años de prohibición demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de violencia y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano. Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920. Tras más de diez años de prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera.

Para comenzar no resolvió los problemas relacionados al abuso y la dependencia que son situaciones para ser atendidas por médicos y no por policías. Contrario a su propósito, la mencionada prohibición del alcohol terminó produciendo males peores que los que se proponía combatir. Entre ellos la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado trasiego. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera.

Como si lo anterior no es suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la prohibición, así como el desarrollo de sindicatos o carteles criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Manjón-Cabeza 2012; Villa, Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que el Estado ejerza un “poder legítimo” de controlar lo que cada persona, como ser libre, decide o no consumir. Después de todo, eso fue lo que el pueblo estadounidense avaló con su voto cuando cambió su constitución votando en favor de la enmienda XVIII conocida como la Ley Volstead (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unido en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo con el narcotráfico, no es producto del uso de una u otra sustancia, sino de la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivan. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol o las drogas eran “minúsculos” sí se comparan con los creados tras ilegalizar su consumo y su comercio (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013) .

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y la defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas.

Recientemente, participé de un conversatorio sobre este tema auspiciado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Allí me di cuenta que esos que defiende la política prohibicionista terminan siempre hablando de los daños físicos que provocan estas sustancias, los efectos que tienen las mismas en los humanos o del impacto moral que algunos vinculan con su uso. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de la política prohibicionista, sus abanderados terminan usando argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización, política que claramente no facilita el manejo salubrista de los problemas que ellos mismos detallan como resultado del uso de las sustancias. Es decir, insisten en defender la ilegalización a pesar de que está claro que la misma no fue, ni es efectiva controlando o evitando el uso de las sustancias prohibidas.

La realidad es que lo que debe estar en discusión, tras cien años de políticas prohibicionistas es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar o usar una sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma. Así las cosas, se revela entonces como peligroso el intento de los que quieren desviar la atención en torno a los problemas causados por la prohibición, discutiendo los posibles peligros del uso o abuso de las llamadas drogas.

Al fin y al cabo, esa es una discusión para los salubrista y no para la criminología o para la policía.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food”? Después de todo las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

Para buen entendedor, con pocas palabras bastan.

Las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio, todas productos de Dios o la naturaleza, fueran ilegalizadas en la primera parte del siglo XX fueron religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza).

Nuevamente mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimientos en Estados Unidos de los movimientos de revivamiento cristiano conservador. Estos se desarrollaron como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como país independiente a Estados Unidos. Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos como país cristiano, reflejaran e impusieran un estilo de vida virtuoso, de temperancia y fuerte control frente los placeres de la vida. De hay surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX logra la prohibición del alcohol y mas tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista logró el respaldo de los poderosos en Estados Unidos pues resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como el ideal y representante de la naciente civilización americana (Villa, Gutiérrez, 2013). De esta manera, la prohibición de las drogas surgió como una excelente forma de legitimar el control y la represión de las minorías mediante la criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Esta visiones de intolerancia religiosa y de racismo, disparó un proceso que terminó demonizando y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. A ese proceso se le conoce como “pánico moral” y en este caso fue producto del miedo racial y cultural generado en torno a las drogas . Aprovechándose del mencionado pánico, algunos intereses económicos vieron la oportunidad de destruir sus competencias y adelantar sus ganancias, por lo que se montaron en el discurso prohibicionista y lo apoyaron con recursos económicos (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar como, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. La lógica era que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararían y se dividirían el lucrativo mercado del los textiles que por siglos dominaron los productores de cáñamo. De esta manera, ambas industrias aportaron recursos a los movimientos prohibicionistas para empujar la ilegalización de la marihuana. No por los supuestos peligro relacionados a la planta, sino por la ganancia que les generaría. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediado de la década del 1930 hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró del Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos de crimen organizados que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidores y perseguidos, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol. Así ambos grupos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia y sus ganancias económicas (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Además de los factores ya detallados, hay quienes ven otra dimensión y entienden que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas y el Movimiento de Temperancia que la impulsó se pueden analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada citadina, cosmopolita y libertina.

El punto es que el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola” que se veía a si mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas y que perdía influencias en las esferas económica del país frente al surgimiento de una nueva clase poderosa producto de la industria y que era vista como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de las drogas fue solo un arma para que el viejo poder agrícola pudiera mantener cierto grado de prestigio social construyéndose como defensor de la virtud y las buenas costumbres. Es decir, un intento de mantener un prestigio social que sucumbía por la perdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen: la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. En realidad estas leyes se aprobaron como parte luchas por el poder social, político y económico en una nación mutando. Por tanto no es de extrañar que a pesar de que la historia demuestra que estas leyes nunca fueron exitosas en controlar el uso y disfrute de las sustancias que prohibieron, todavía hay quienes que buscando mantener sus influencias, utilizan esta prohibición como herramienta para mantener el prestigio de virtud piadosa, o como excusa para legitimar el control de las poblaciones. Por eso insisten en mantener vigente las mismas.

El ejemplo de como estas leyes se utilizan para controlo las minorías está dramatizada por las población carcelaria de Estados Unidos. Durante las pasadas cuatro décadas, la data oficial demuestra que los delitos relacionados al narcotráfico son los de mas crecimiento en ese País, aun cuando estas violaciones son las que más encarcelamiento producen. Cosa que no solo da al traste con la teoría de que la cárcel y el castigo reduce el crimen sino que deja claro que la prohibición es una alternativa inefectiva para manejar las drogas. Por otro lado y partiendo de lo dicho sobre el uso de las leyes de drogas como herramientas para el control social, se debe recordar que en Estados Unidos, los indices de ventas y usos de drogas entre los afroamericanos y los blancos son muy similares. No obstante, los afroamericanos son acusados y condenados a prisión por estos delitos en mucha mayor proporción que los blancos. Peor aún, los delitos relacionados al uso de las sustancias preferidas por los blancos -cocaína- conllevan sentencias hasta siete veces menores a las impuestas por el uso de las drogas más usadas por los afroamericanos -crack-. (Davis 2005; Manjó-Cabeza, 2012) . Es interesante hacer un paréntesis y preguntar si esa misma relación se da en la forma en que el sistema trata a “los blanquitos” y “los de caserío” en Puerto Rico. Por supuesto no hay que estudiar mucho para saber cual de estos dos grupos esta más representado en allá en Complejo Correccional de Las Cucharas en Ponce.

Mirando el asunto desde otra perspectiva, ademas de que busca reafirmar las virtudes de la vida piadosa y de ser un instrumento para el manejo y control de las poblaciones excedentes, la prohibición de las drogas también parece ser exitosa creando un espacio para el desarrollo económico de aquellos que son condenados por herencia a la exclusión social. Para quién tiene destrezas empresariales o quién encarnas los valores de competencia que hacen a un buen capitalista, pero es el hijo de pobres, muchas veces el narcotráfico parece ser el único negocio viable para salir de la pobreza o para sobrevivir económicamente. ¿A cuantos hijos del residencial los bancos le prestaran cincuenta mil dólares para que monte un negocio? ¿Cuanto hijos del caserío pueden cumplir con los requisitos para aspirar a las ayudas del Banco Gubernamental de Fomento?

En una sociedad “bulímica” como la nuestra, donde la sociedad le impone a todos los sectores por igual las falsas y creadas necesidades de consumo como forma de validarse, mientras excluye a la inmensa mayoría de los procesos legítimos de producir el capital que puede pagar ese consumo (Yock Joung, 2003), es fácil pensar que el narcotráfico puede constituir en una forma, ilegal y peligrosa pero efectiva, de integración económica y hasta social. Así, en muchos casos el narcotráfico puede verse como un discurso contestario ante una sociedad neoliberal que condena a muchos a una especie de servidumbre posmoderna caracterizada por los empleos chatarras (Villa, Gutiérrez 2013).

En fin y para terminar, estas leyes se pueden ver como una intromisión ilegítima del Estado en las vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Partiendo de lo anterior, no hay otra alternativa que estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas. En una sociedad libre y verdaderamente democrática no solo se deben eliminar las prohibiciones de conductas sin víctimas, como lo es fumar marihuana, debieran eliminarse toda ley que limite el derecho de los ciudadanos y ciudadanas adultas para actuar libremente mientras no se le haga daños a otros.

Por otro lado, si se mira la experiencia en otras partes del mundo, queda claro que la legalización o tolerancia de la marihuana, o de cualquier otra sustancia para todos efectos, terminan bajando la violencia callejera y criminal, así como reduciendo otros males colaterales como son las enfermedades contagiosas, el deterioro de los espacios públicos, etc.

No obstante, también se tiene que estar claro que la derogación de estás leyes antidrogas no es una solución mágica, por lo que no se puede esperar que termine con la violencia social y el crimen que azota la Isla. Si no se cambia el “bulímico” ordenamiento socio económico que en Puerto Rico condenan a grandes sectores de la población a soñar desde la exclusión y pobreza del sur global con las riquezas que desde el norte nos imponen la cultura de consumo del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristianos; la violencia social y el crimen seguirán surgiendo como discurso contestario en busca de inclusión y de poder económico.

Porque la fin y al cabo el principal problema del país no es la violencia, la criminalidad o las drogas, su uso o su trasiego. Ni siquiera el problema real de la isla es la prohibición de estas sustancias como pudiera dar la impresión el discurso abolicionista. El verdadero problema en Puerto Rico es la exclusión y la pobreza a la que se condena a la mayoría de nuestros hermanos y hermanas.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.
Davis, A. (2005) Abolition Democracy: beyond empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press
Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.
Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.
Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.
Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.
Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell
Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.
Joung, Y (2003) La Sociedad Excluyente: Exclusión, delito, y difernecias en la modernidad tardía. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
Kennedy, D. (2011) Don’t Shoot: One Man, A Street Fellowship, and the End of Violence in Inner-City America. New York, Bloomsbury USA
Manjó-Cabeza A.(2012) La Solución. Barcelona, Debate.
Musto, D. (1999) The American Disease: Origens of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.
Villa-Rodríguez, J.A.; Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.
 

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