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El Blog de Gary Gutiérrez

Abusador de cafeína, asador de patio, comidista y cronista del bajo mundo culinario, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, y comantenedor de @tempranopr

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Alejandro García Padilla

Ilusorio el universo de “la reforma policial”


Por Gary Gutiérrez

Los imprecisos comentarios de Alejandro García Padilla sobre la “reforma policial” ante la Corte estadounidense en San Juan, demuestra que no tiene idea, o que es cómplice de la falta de propósito de enmienda en la Policía de Puerto Rico.

Es insultantemente simplista decir, como la prensa le atribuye al gobernador haber dicho ante las preguntas de la Corte, que el mayor logro del “simulado” proceso de reforma en la Policía es que las personas han comenzado a confiar nuevamente en la Policía.

¿Qué base tienen estas expresiones? ¿Quiénes constituye ese grupo que el administrador colonial “empaqueta” en el genérico término de “las personas”?

Porque basado en mi experiencia en clase, los jóvenes universitarios no parecen ser “las personas”. Semestre tras semestres mis estudiantes discuten cómo para las comunidades marginadas donde viven la mayoría, la Policía es una fuerza foránea que, armada y en actitud militar ocupa el espacio público como si fueran regentes plenipotenciarios.

Al parecer “las personas” a las que el gobernador se refiere tampoco incluyen los ciudadanos que en Peñuelas defiende el derecho a la salud y a determinar qué se hace en sus comunidades. En las pasadas semanas la prensa reseñó como la Policía, en claro menosprecio de la vida de quienes protestan,  sirvió de alcahuete abriendo paso  y escoltando los camiones que, en violación de la ley municipal de Peñuelas, depositan cenizas venenosas en un vertedero de ese municipio.

Por lo visto, los que compones los sectores más pobres de comunidades,  como la  LGBTT o  la Dominicana tampoco componen el indefinido término “las personas”.

Lo más terrible es que, mientras el Gobernador expresa su desenfocada y desafortunada visón ante la Corte estadounidense, omite el verdadero problema que enfrenta el País con su Policía, la prepotencia.

La percepción que tienen los uniformados de que el policía es un regente plenipotenciario del espacio público. La visión de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que responder y dar explicaciones sin cuestionar la autoridad del uniformado. El que el efectivo policíaco tiene derecho ante la ciudadanía, cuando como representante del Estado, lo que tiene es una autoridad limitada por la legitimidad de sus acciones. Que la agencia y el Estado se sientan que no tienen que rendir cuentas claras y rápidas por las acciones de sus cuerpos represivos.

Las premisas anteriores son solo ejemplos de las cosas que verdaderamente se tienen que examinar en la Policía de Puerto Rico.  Pero si ni siquiera están dispuesto a discutir abiertamente ante el pueblo su mal llamado proceso de reforma, qué se puede esperar.

Para que se de un verdadero proceso de “reforma policial”, la agencia  primero tiene que  reconocer las faltas o errores, tener que tener arrepentimiento, aceptar la responsabilidad de eso actos, y finalmente asumir un verdadero propósito de no volver a comerlos.

Hasta ahora, de la Policía solo hemos visto, excusas y justificaciones, simulación burocrática, secretos e intento de controlar el proceso y la información.

Así no puede haber redención…..

Sobre las monarquías (reflexión)


Si bien el surgimiento de las monarquías es una tragedia histórica, el mantenerlas es poco menos que una aberración…

Gary Gutiérrez

 

Hipócrita el doble discurso con la marihuana


weed-leaf-canstock6309696Por Gary Gutiérrez

Poco me duró la alegría.

El domingo 24 de enero de 2016, me entero por twitter que el administrador colonial, Alejandro García Padilla, había indultado a Jeremy Ruiz Tomassini quien cumplía una condena por posesión y consumo de marihuana en una zona escolar.

Sin embargo, la alegría del anuncio fue opacada unos minutos más tardes, cuando los medios tradicionales explicaron en sus páginas electrónicas que el indulto incluía unas nueves restricciones o condiciones.

Como parte de las nueve condiciones, Ruiz Tomassini no debe cometer otros delitos, deberá someterse a pruebas toxicológicas supervisadas por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), deberá completar la escuela superior, no podrá relacionarse con personas vinculadas al mundo de las sustancias controladas. De igual manera deberá someterse a supervisión médica y al tratamiento aprobado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Como si lo anterior no fuera suficiente, el indultado deberá permanecer en su casa de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., a menos que no tenga autorización de la JLBP. De igual forma deberá cumplir con citas periódicas a la mencionada Junta. Todo lo anterior unido a que Ruiz Tomassini estará obligado a donar dinero al Fondo de Becas para Hijos de Policías Caídos en el Cumplimiento del Deber.

Lo único que no le exigen es que cuando esté en público use un cartel que diga: “soy mafutero, no se acerque”

El arresto y eventual convicción de Ruiz Tomassini se produjo cuando los agentes del Estado intervinieron con él mientras –admitido por el acusado- consumió y compartió con unos amigos un cigarrillo de marihuana en las cercanías de un área educativa.

La pocesión y uso de marihuana bajo las dracónicas leyes de Estados Unidos y Puerto Rico se consideran delito grave, sobre todo en las cercanías de una zona escolar, ya que la marihuana y sus derivados son vistos como sustancias peligrosas, sin valor médico y cuya distribución se considera narcotráfico.

He aquí donde radica la hipocresía y probablemente la busconearía política del actual regente de la Isla.

Mientras la administración de García Padilla sigue persiguiendo el consumo callejero de marihuana, y mientra insistes en tratar a los marihuaneros como criminales aun después de indultarles, su administración emite una orden que permite la privatización de la planta para que las corporaciones privadas puedan experimentar y comercializar la misma.

No sea hipócrita y deje de hablar por dos bocas Señor Administrador Colonial. Claramente el indulto a Jeremy Ruiz Tomassini es un intento para ganar simpatías entre los sectores liberales que cuestiona su política corporativa sobre la marihuana.

Pero igualmente claro también está que al imponer tan ridículas condiciones ante la poca severidad de la falta y al tratar usted a este joven como un peligroso criminal que atenta contra la fibra moral de la juventud, usted intenta mantener el endoso de los sectores conservadores que tienen terror ante la posibilidad de que se liberen las leyes antidrogas.

No, esto no es palo si boga y palo si no boga. Lo que pasa es que según su política pública, la marihuana que estaba fumando Jeremy es un narcótico de nivel uno -es decir que no tiene ningún valor médico-, pero si esa misma hierba la crecen en la universidad para beneficio de la industria farmacéutica, mágicamente la misma se convierte en una sustancia de nivel dos que sí tienes propiedades curativas.

Pido excusa por el tono de este escrito, pero es que no puedo menos que indignarme ante la simulación de sus posturas.

Hasta cuándo vamos a seguir pagando como pueblo el tributo de sangre y libertad impuesto por las clasistas, racistas y sobre todo fracasadas leyes antidrogas. Hasta cuándo vamos a seguir tratando como criminales a los adultos, que en claro ejercicio de sus libertades decidan consumir las sustancias que ellos quieran. Hasta cuándo vamos a permitir que los sectores religiosos y conservadores utilicen el Estado para seguir imponiendo a los demás sus códigos morales de la edad media.

Y sobre todo, hasta cuándo usted seguirá metiendo a la cárcel a nuestros hijos por utilizar la misma sustancia que usted permite que las compañías privadas monopolicen.

Señor Administrador Colonial, por favor déjese de hipocresías, es hora de legalizar sin entrelineas…

 

 

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http://descriminalizacion.org/

Citado por PUERTO RICO TE QUIERO en: Legalizar para la comunidad


Así lo entienden expertos en el tema que abogan por la legalización de la marihuana y se desprende de las declaraciones que ha hecho la propia secretaria de Salud, Ana Ríus, encargada de promulgar el reglamento para el uso medicinal de la marihuana.

Growing Cannabis Outside“El gobierno prefiere darle aire a una iniciativa que no se puede decir que es de marihuana medicinal porque es con algunos derivados y limitado a productos manufacturados en laboratorios para darle un gran negocio a unos pocos pero deja atrás lo que es necesario, que es la descriminalizacion”, sostiene el doctor Rafael Torruella, un psicólogo social que dirige la organización Intercambios, que trabaja en apoyo a la población adicta a drogas con intercambio de jeringuillas y prevención de enfermedades.

“Han optado por no meterle mano al problema que nos sume en violencia, que afecta nuestras comunidades pobres sobre todo con encarcelamiento masivo, VIH, hepatitis y no le da aire a lo que sabemos que funciona, que es la descriminalización de los usuraios de droga”, agrega Torruella, para quien el proyecto del Senado 517 del senador Miguel Pereira, es un paso de avance en la dirección correcta.

El proyecto inicial radicado por Pereira en abril de 2013 conllevaba la legalización limitada de hasta una onza de marihuana, que al presente se castiga con tres años de cárcel y es delito grave. La medida era relativamente vanguardista en tanto que el concepto de legalización limitada a ciertas cantidades de marihuana para uso personal es la norma en pocos lugares de Estados Unidos como Washington DC, desde febrero pasado y en las ciudades de Portland y South Portland en Maine. También es el modelo en Colombia y en Argentina, (esta última por virtud de un fallo judicial de 2009), en Bélgica y en Suiza.

En cambio, Portugal y Uruguay legalizaron completamente el uso de la marihuana y cuatro estados de los Estados Unidos, Colorado, Washington, Alaska y Oregón, la han legalizado plenamente en los últimos dos años bajo diversos esquemas reglamentarios que incluyen la producción y comercialización.

La curiosa ley del Distrito de Columbia, aprobada el pasado 25 de febrero tras un referéndum ciudadano, permite posesión de hasta dos onzas, cultivar o tener hasta seis plantas en la casa (solo tres de ellas maduras) y entregar hasta una onza a otra persona siempre que sea de regalo. No hay reglamento de venta y sigue prohibido el comercio. Bajo esta normativa, el propio presidente Obama, uno de los tres mandatarios de esa nación que admite haber usado marihuana en su juventud, podría cultivar seis plantas en el patio de la Casa Blanca si lo deseara e incluso regalarle una onza a algún dignatario visitante sin violar la ley del Distrito.

Iniciativa de avanzada termina en nada

Pero en Puerto Rico, luego de un amplio debate en vistas públicas, el proyecto 517 se diluyó pasando a una despenalización con multas administrativas escalonadas de $100 la primera, $200 y $300 la segunda y tercera interveción en un periodo de tres años; con referidos a evaluaciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para posible tratamiento y con citaciones en lugar de arrestos.

Esta era la normativa favorecida por el entonces administrador de Assmca, Salvador Santiago. Se aprobó así por el Senado en noviembre de 2013 y pasó a la Cámara donde tras algunos cambios menores fue recomendado positivamente por el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Comisión de lo Jurídico de la Cámara en junio de 2014 y ahí quedó hasta el día de hoy.

Aunque entiende que la medida original era mucho mejor, el doctor Torruella sostiene que la versión enmandada “es mil veces mejor que lo que existe, que es extremadamente draconiano y dañino, que viola derechos humanos con policía y tratamientos abusivos”. Dice que aunque es una versión más conservadora, unos cuantos representantes moralistas lo detienen en la Cámara sin mirar la ciencia y sólo a base de sus creencias religiosas”.

El modelo de la versión final del proyecto Pereira es utilizado con algunas variantes en trece estados (California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusets, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Rhode Island, Vermont ) y en las Islas Vírgenes. Los legisladores de nuestros vecinos isleños vencieron un veto del gobernador para aprobar la despenalización de una onza de marihuana en febrero pasado.

Medicalización prohibicionista para lucrarse del paciente

Además de la medida senatorial, los representantes José Báez y Carlos Vargas radicaron el proyecto 1362 en noviembre de 2013 para autorizar el uso medicinal de la marihuana. El proyecto provee para un sistema de dispensarios privados, altamente regulados por el estado, que distribuirían la marihuana a los pacientes cualificados con receta. De ningún modo limitaba a usos sintéticos, como lo hará el reglamento que ya ha anticipado la secretaria de Salud, e incluso proveía para que pacientes indigentes o que residieran lejos de un dispensario pudieran cultivar plantas en su casa.

El proyecto era similar al de 22 de los 23 estados que han autorizado la marihuana medicinal en Estados Unidos. Numerosos especialistas han establecido que el cannabis tiene la capacidad de aliviar los dolores y molestias de muchas condiciones debilitantes como la esclerosis múltiple, glaucoma y otras neurológicas y reumáticas, así como para aliviar los efectos secundarios de las quimoterapias, entre otros beneficios.

La mayoría cameral mató el 1362 y se presentó un sustitutivo que ordenaría un “estudio exhaustivo” sobre los eectos medicinales de la marihuana y sus derivados.

“Y eso es obsceno porque el beneficio de salud es algo que ya se sabe, sólo hace falta una revisión de la literatura científica, pero prefieren matar el proyecto con el supuesto estudio exhaustivo”, apunta Torruella, quien dirige la campaña Descriminalización.org.

El pasado 3 de mayo el gobernador García Padilla sorprendió al País al emitir la Orden Ejecutiva 2015-10 que autoriza “el uso medicinal de algunas o todas las sustancias controladas o componentes derivados de la planta de Cannabis”. La Orden Ejecutiva inicialmente fue vista como un movimiento positivo por parte de Torruella, y de otros proponentes de la legalización y del uso médico de la marihuana como el professor de Justicia Criminal, Gary Gutiérrez.

Pero el entusiasmo les duró poco ya que al día siguiente la secretaria Ríus reveló que solo se aprobarán productos para administrarse de forma oral y que no se permitiría el uso de la planta en sí. Además la Secretaria reveló que llevaba varios meses en conversaciones con ejecutivos de la empresa GB Sciences Puerto Rico, una subsidiaria de GrowBLOX Sciences de Las Vegas, para que se haga cargo de la producción de los medicamentos que se usarían para tratar enfermedades en la Isla.

Esta empresa ha prometido la creación de 1,000 empleos y una inversión de más de $1,000 millones en Puerto Rico, según reportajes publicados en diversos medios estadounidenses a la empresa desde junio pasado.

La subsidiaria local, presidida por el abogado José Axtmayer, espera por la aprobación del reglamento para comenzar a cultivar y hacer estudios, posiblemente, en el edificio de Ciencias Biomoleculares de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo la Secretaria.

“El problema que tengo con la Orden Ejecutiva y como se está interpretando es que me dice que la planta que creó Dios y que está en su estado natural, es ilegal porque es de gratis pero le permite a un consorcio que la procese con qué sé yo qué químicos para que yo paciente la pueda tomar y eso es servir de alcaguete a la empresa farmacéutica y eso es inmoral”, sostiene el professor Gutiérrez.

Por su parte, Torruella plantea que “el negocio está montado, pero dónde están los derechos de las personas, por qué no clubes de cannabis, dispensarios, autocultivo, como permitía el proyecto de Báez, será porque se quieren lucrar de las personas con condiciones de salud”. Agregó que está comprobada la efectividad medicinal del capullo de la planta de marihuana, que es lo que se fuma, pero también se puede preparar para ingerirse de otras formas, por lo que no tiene sentido prohibirlo.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago indicó al día siguiente de emitirse la Orden Ejecutiva que era una iniciativa “justa, compasiva y moderna”, pero advirtió que su producción podría crear un monopolio comercial y convertirse más bien en “una oportunidad de negocios”.

Por otra parte, el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Aníbal López Correa, llamó al Gobierno a legalizar la marihuana para proveer recursos al fisco y a la educación pública y para estimular el turismo y la economía, citando el ejemplo de Colorado.

Ese estado recaudó $40.9 millones en los primeros 10 meses de la legalización tan solo en las ventas de marihuana, sin contar las licencias y patentes ni el ‘boom’ turístico recibido por el estado, según la Drug Policy Alliance. Se designaron $2.5 milones de ese recaudo para contratar más trabajadores sociales y consejeros de salud en las escuelas. Además se reportó una leve baja en criminalidad y en muertes de tránsito. Hay 16,000 personas con licencia para trabajar en la industria de la marihuana, y en algunas tiendas autorizadas los empleados ganan cerca de $17 por hora.

Legalizar para la comunidad, no para las grandes empresas

El profesor Gutiérrez advierte que el modelo que ha comenzado a fraguarse con la Orden Ejecutiva y su anticipado reglamento es un asomo al camino que es preciso evitar y que las grandes empresas y gobiernos neoliberales intentarán imponer en el caso de que eventualmente se legalice la marihuana. “La legalización tiene que ser de abajo hacia arriba, es la única forma de evitar que enormes consorcios como las tabacaleras de Estados Unidos se apoderen del mercado”, sostiene.

“Uno de los efectos no intencionados del narcotráfico es que el dinero de la droga pasa momentáneamente por las comunidades pero cuando tienes compañías que no son de las comunidades ese dinero se lo llevarán todo”, agrega Gutiérrez.

La legalización de abajo a arriba –dice el profesor- se puede hacer con la producción y distribución a cargo de cooperativas, grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro porque “reglamentar para que unas pocas empresas se lucren no es tan diferente a permitir que se lucren los carteles”.

¿Legalizar para uso médico o para “los ricos”?


Por Gary Gutiérrez

(se permite la reproducción en su totalidad. Favor de incluir el crédito a garygutierrezpr.com)

https://i0.wp.com/descriminalizacion.org/wp-content/uploads/2014/03/stic02.jpgPor años, cada vez que hablaba del fracaso de las políticas antidrogas estadounidenses, surgía la misma pregunta. Si es que las leyes de drogas fracasaron, cómo es que todavía están en los libros. ¿Por qué se mantienen?

La contestación, siempre es la misma.

Si bien nadie puede discutir que las leyes antidrogas llevan casi un siglo fracasando en sus aspiraciones de acabar con la producción, eliminar el trasiego, disminuir el uso y rehabilitar los usuarios, no es menos cierto que las mismas triunfaron en sus verdaderos objetivos.

Las políticas antidrogas impuestas al mundo por EEUU, “triunfan fracasando” cuando sirven de base para el control social mediante la encarcelación de los sectores excedentes de la sociedad, cuando justifican la vigilancia y el control a las comunidades pobres, justificando también la militarización de los cuerpos policiacos y sobre todo, cuando sirven de licencia de corso para que Estados Unidos intervenga de forma imperial en prácticamente todo el sur global.

A lo anterior, se le debe sumar que las leyes antidrogas sirven para que el sistema financiero mundial se beneficie de mover, esconder, cuidar o lavar los enormes capitales producto del ilegalizado tráfico.

Visto así, diga si no funciona. El cuento del “control de drogas” permite a los ricos, sacarle dinero y controlar los pobres con una sola agenda.

Ahora, ante las nuevas tendencias de “legalizar” la marihuana, sustancia que representa el 60 por ciento del capital que producen los cárteles de la droga, se debe ser igualmente crítico.

Si es cierto que la prohibición de las drogas es tan buen negocio para eso que algunos llaman “el sistema”, no hace ningún sentido que las leyes que regulan esas mercancías se estén liberalizando. Después de todo, los países del norte de Europa, Portugal, el Uruguay y cinco jurisdicciones en Estados Unidos prácticamente normalizaron sus relaciones con la marihuana.

La respuesta es simple sí se toma en consideración que el capital, como el Espíritu Santo, obra en extrañas maneras.

La realidad es que sí buena parte de las ganancias del ilegalizado narcotráfico beneficia a al sistema, ese que es controlado por el blanco, varón, propietario, cristiano y heterosexual por lo menos en apariencia, no es menos correcto que ya otros sectores poderosos económicamente se dieron cuenta que un cambio en las leyes que fiscalizan esos mercados, les pondría a ellos a controlar enteramente el mercado.

Es de esta manera que vemos como, en las jurisdicciones donde se liberaliza el uso recreativo del cannabis, poderoso intereses blancos se apoderaron del nuevo sistema legal de distribución de la “yerba”, despojando así a las comunidades afroamericanas y latinas de una de sus principales fuentes de financiamiento y trabajo. Esto porque lograr sacar una licencia que permita la venta legal del cannabis puede llegar a costar hasta millones de dólares. El mismo proceso que se dio cuando Estados Unidos legalizó el mercado de bebidas alcohólicas.

Por supuesto, cien años de mentiras y falsedades moralistas no son fácil de superar. Razón por lo que en otras jurisdicciones, como en Puerto Rico, el proceso de acaparar las ganancias que produce el cannabis no se puede dar de forma abierta y honesta.

https://i2.wp.com/norml-uk.org/wp-content/uploads/2013/10/norml_remember_prohibition_.jpgPara solucionar este contratiempo, el capital recurre al hipócrita truco que le funcionó en los años de la prohibición del alcohol, “el uso medicinal”.

Mientras los pobres de “razas inferiores” -los italianos, judíos e irlandeses- se mataban en las calles de Chicago, Nueva York y Atlantic City peleándose el mercado de alcohol y mientras cientos de miles murieron por consumir “ginebra de bañera”, los hijos de los barones de la industria americana disfrutaban de ambientes seguros donde ingerir elegantes licores protegidos de ser arrestados por una receta que aseguraban la necesidad médica de la pócima.

Usando la misma estrategia, los capitalistas del siglo XXI, no solo se aseguran que sus hijos no vayan a la cárcel como le pasa a “esa otra gente que no saben controlarse cuando fuman”, en esta ocasión se aseguran también de ser ellos los que se beneficien de las ganancias legales que produzca la hasta ahora ilegalizada planta.

Después de todo, ¿cuánto pueden costar unos cuantos políticos con autoridad para crear una ley que nos asegure el monopolio de la venta “medicinal”, mientras mantenga el hipócrita discurso moral sobre la “yerba”?

El resultado de este proceso, lo vemos hoy en Puerto Rico.

El conservador administrador colonial de turno, se monta en un avión un viernes creyendo firmemente que el cannabis es la encarnación del mismo Lucifer y tres días más tarde, regresa habiendo resucitado de su ignorancia proclamando el nuevo reino dónde la marihuana medicinal es la alternativa para un mundo mejor.

O como Saulo de Tarsó se cayó del caballo y vio la luz divina, o alguien le lleno los bolcillos.

Viene a la mente la nota distribuida por NotiCel que comenzaba diciendo: “Un alto ejecutivo de Medical Marihuana Inc., compañía que se dedica a promover productos basados en cannabis, comentó que gastó $700 mil en el 2014 para promover la legalización del uso medicinal de la marihuana en varias jurisdicciones como Puerto Rico.”.

Como en el misterio bíblico, difícilmente sabremos lo que realmente ocurrió.

El punto es que el camino escogido por el gobierno colonial en Puerto Rico parece que va dirigido a mantener la absurda e hipócrita prohibición del cannabis para los pobres, mientras que por orden ejecutiva se asegura el disfrute de la “yerba” para los que puedan pagar o tengan acceso a una receta.

Al mismo tiempo, con esta orden el sistema se asegura de acaparar las ganancias producto del cannabis. Dinero que hasta ahora, por lo menos pasaba brevemente por los sectores marginados del País.

De esta manera, parece que en el Puerto Rico propuesto por los burócratas para el siglo XXI un joven que se fuma o vende una “moñita” es un criminal, mientras aquellos que tratan esa planta con químicos para extraer sus propiedades serán vistos como piadosos empresarios que buscan sanar a los enfermos.

¡HIPOCRITAS!

https://i0.wp.com/descriminalizacion.org/wp-content/uploads/2014/02/queesperamos.jpgEs hora de superar los falsos moralismos y de comenzar un proceso reglamentado desde abajo que permita que los ciudadanos mayores de edad decidan libremente sobre el uso y disfrute de cualquier planta.

Pero ese proceso necesita una reglamentación que evite que corporaciones anónimas, esas que el Supremo estadounidenses dice que son personas, tomen control para acaparar las ganancias que produzcan esos mercados.

Puerto Rico tiene que superar la hipócrita prohibición para ahorrarse el millonario costo económico y social que ella implica. Pero es indispensable, sí se quiere superar las crisis producto de la prohibición, que el proceso de legalización sea de abajo hacia arriba.

Es decir, un proceso donde las licencias para el auto-cultivo de la marihuana solo estén disponible para individuos -no corporaciones anónimas- o para cooperativas que le provean la hierba solo a sus socios, disminuyendo así el interés económico de intermediarios anónimos.

Pero claro, para eso se necesitan administradores con entereza y verdadero compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ya la historia dirá si los hay o no…

https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQBIAXoHcf-1ay-3&w=484&h=253&url=http%3A%2F%2Fdescriminalizacion.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FRegulacionResponsabl.jpg&cfs=1

Marihuana: uso médico o monopolio (entrevista radial)


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Como parte del programa La Gente está Hablando transmitido por WPAB 550am y por http://pab550.com, José Raúl Cepeda y Gary Gutiérrez conversan sobre la propuesta de licenciar la monopolización del uso médico de la marihuana en Puerto Rico.

Para escuchar la ponencia en I-Voox
Para escuchar el programa

Publicado en Claridad Puerto Rico: Dos más dos no suma cinco


IMG_0430Reflexión sobre la actual política anticrimen

Publicado: martes, 28 de octubre de 2014

A dos años de su elección, y con la vista puesta en la reelección, la administración de Alejandro García Padilla reclama una mejoría en la calidad de vida en Puerto Rico y una merma en la criminalidad que experimenta la Isla.

Esto, tras comparar el número de delitos graves reportados durante los años del 2013 y lo que va del 2014 con los registrados en el 2011, año en que la violencia alcanzó cifras comparables a las peores de nuestra historia contemporánea.

No empece a que la Policía de Puerto Rico está bajo la supervisión de una sindicatura federal que le cuesta una millonada al pueblo, y de que en sólo diecisiete meses por esa agencia pasaron tres Superintendentes, la actual administración reclama el éxito de su llamado “plan anticrimen”.

Por lo que se infiere de documentos y conferencias de prensa, pues nadie lo ha visto, este supuesto plan anticrimen está basado, por un lado, en la política de cero tolerancias, en la maximización de los recursos de la Policía y la fiscalía, en el aumento de efectivos mediante el uso de guardias nacionales que vigilen las costas, y en el aumento en el uso de tecnología millonaria, como la red para detectar disparos.

Es decir, que el llamado plan anticrimen de la presente administración no es otra cosa que el desacreditado “evangelio criminológico” diseñado y vendido al mundo por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani. La misma cosa que viene fracasando en la Isla por las décadas.

De igual forma, y también basado en un estudio simplista del 1993 preparado por Albert Reiss Jr. y Jeffrey A. Roth, el discurso oficialista de esta administración vincula la reportada baja en los delitos con el supuesto aumento en las posibilidades de detención y aprehensión de los delincuentes.

Entonces, cuando la administración de Alejandro García Padilla reclama como exitoso el mismo plan anticrimen que, por décadas, no sólo falló para controlar la violencia sino que, según algunos, en muchos casos la provocó, está estipulando que dos más dos suma cinco.

Es decir, la lógica gubernamental es que haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores ellos alcanzaron resultados diferentes.

Claro, el que se ponga en duda la explicación oficialista no implica negar que las estadísticas oficiales apuntan a una merma en los índices del delito y la violencia.

No obstante, antes de continuar se tiene que entender también que, a diferencia de lo que aparentan los medios de comunicación, medir la violencia social y la criminalidad que experimenta una sociedad va más allá del número de muertes violentas o de los delitos graves.

Ahora, si para fines del análisis se toma como correcto que entre el 2012 y la actualidad se registraron bajas en la violencia y en la criminalidad, también hay que tomar como ciertos, por ejemplo, el aumento de crímenes como el feminicidio y la violación.

De igual manera, quien mire la prensa de ese periodo puede afirmar, que aun cuando haya una disminución en la violencia, el nivel de temeridad que caracteriza la misma es mucho más dramático.

El punto es que estos números también apuntan a que, independiente de cuál es la política pública, desde el 2011 –uno de esos años donde el índice de asesinatos alcanzó un “nivel pico”–, la Isla viene registrando una tendencia a la baja de un diez por ciento al año en sus indicadores de violencia.

De paso, según informes de prensa, el 2011 es sólo la última de las siete ocasiones en que durante el siglo veinte y lo que va del veintiuno se registra violencia de sobre 25 muertes por cada cien mil habitantes. Interesantemente, todos esos “años picos” aparentan tener dos características principales.

Primero, son años relacionados con periodos de dificultades económicas, políticas o sociales. Y segundo, aunque no están claras las razones, después de los mismos se registra una merma constante en la violencia que puede durar varios años.

Así que, lejos de aceptar la retórica simplista que vincula la merma de la violencia a políticas públicas que en el pasado fracasaron, parece importante tratar de explicar la misma con relación a otros fenómenos sociales que también experimenta la Isla.

Después de todo, la criminalidad no es una burbuja que se da al margen del resto de las dinámicas sociales.

Por tanto, parecería más lógico estudiar esta baja en los índices de violencia y criminalidad con relación al envejecimiento de la población en la Isla o con relación al aumento en los niveles de una migración caracterizada por la salida del País de varones jóvenes y pobres, sector que tradicionalmente es el que más delinque.

De igual manera, si la supuesta baja en la criminalidad se mira desde la hipótesis que apunta a que parte de la violencia y criminalidad que experimenta Puerto Rico es producto de la percepción de exclusión que producen los regímenes neocapitalistas y el coloniaje, entonces se puede apuntar en otra dirección para tratar de explicar la reclamada merma de los índices de criminalidad y violencia.

Mirando el fenómeno desde esta perspectiva, pudiera ser que la actual administración sí sea la responsable por la reclamada baja en la criminalidad.

Aunque impone las mismas medidas económicas neoliberales que caracterizaron a la administración anterior, García Padilla mantiene un elegante discurso que se proyecta como conciliatorio e inclusivo, dando la impresión, cierta o no, de que está dispuesto a escuchar y trabajar con todos los sectores.

Es decir, un discurso que se distancia de la arenga guerrerista que caracterizó a los pichones de fascistas que en el pasado buscaban la menor excusa para sacar “a patadas” a cualquiera que osara criticarles. Perorata que llevó a muchos Policías a pensar que tenían licencia de corso para agredir al pueblo.

De esta manera, parece válido preguntar si ese discurso suave, elegante y conciliatorio con el que García Padilla crea esta percepción de inclusión, cierta o no, sirve de válvula de escape dándole esperanza a la población que sufre la crisis económica y disminuyendo así la violencia que regularmente acompaña esas dificultades.

Quién sabrá, pero si esa hipótesis resulta correcta, la pregunta entonces es cuánto tiempo puede durar ese espejismo.

 

* El autor es profesor universitario de Justicia Criminal y observador social. garygutierrezpr@aol.com

 

Publicado en Claridad: Mamita llegó el Súper, llego el Súper de los niuyores


Mamita llegó el Súper, llego el Súper de los niuyores…

Por Gary Gutiérrez
Publicado: martes, 12 de noviembre de 2013

El nombramiento de James Tuller Cintrón como nuevo Superintendente de la Policía, anunciado en Nueva York por el excantante Willie Colón y ratificado en Fortaleza por el administrador colonial Alejandro García Padilla, acaparó la discusión pública en Puerto Rico la pasada semana.

Según publica la prensa, Tuller Cintrón es un hijo de la diáspora que, nacido en la Gran Manzana, pasó sus años de escuela en Bayamón para luego regresar a la Babel de Hierro. Allí se integró al Departamento de la Policía de Nueva York en el 1973 y desde entonces trabajó en el área de vigilancia de los complejos de vivienda pública primero y luego en el Buró de Transportación de esa agencia.

Mirando el resumé de Tuller Cintrón se destaca como éste fue subiendo y alcanzando logros profesionales durante la década del 1980, periodo histórico en que la derecha estadounidense utilizó la Policía de Nueva York para implementar sendas teorías de control social desarrolladas por el conservador Manhattan Institute, conocidas como las teorías de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero”.

Disfrazado como “plan anticrimen”, estas visiones parten de la premisa que persiguiendo intensamente la desviación menor y callejera como el graffiti, la solicitud de limosnas, la deambulancia, entre otras, se evita que las comunidades caigan en el proceso de deterioro que termina encubando criminales.

Ante este historial laboral del nuevo Superintendente de la Policía, surge la principal preocupación en torno a su nombramiento, sobre todo después de que adelantara a la prensa que, partiendo de “su experiencia” y de lo que “ha hecho en Nueva York”, viene a la Isla para implementar las trilladas y fracasadas teorías de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero” a reducir el crimen.

Por supuesto, ésta no es la única pregunta o preocupación en torno al nombramiento de Tuller Cintrón a la Superintendencia de la Policía.

Todavía no se sabe cómo es que el administrador colonial llegó a conocer a Tuller Cintrón. No está claro quién se lo presentó o quién lo recomendó. Tampoco está claro si viene a implementar una nueva política pública o si viene, como dijo García Padilla cuando lo presentó, “a dar continuidad a la labor que se viene realizando”.

Peor aún, no se tiene claro el porqué se trae a este oficial, cuando la Isla cuenta con decenas de oficiales de carrera que cuentan con igual hoja de servicio y preparación.

A estas preguntas hay que sumar la preocupación de la comunidad ciclista con la llegada a dirigir la Policía de quien hasta ahora fue el principal ejecutivo del Buró de Transportación de la Policía Neoyorquina, división con un terrible récord cuando viene al trato a los ciclistas, sobre todo a sus sectores más activistas.

Esta forma de tratar a los ciclistas, quienes en la sociedad del carro constituyen “el otro”, nos lleva a mirar críticamente al proceso de formación e historial del flamante jefe policíaco.

Precisamente, la principal crítica que se les hace a las teorías de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero”, es que son expresiones de una política de control y represión de todo aquel que, desde la visión de mundo de la clase media consumidora estadounidense, se construya como “el otro”.

Gigantes teóricos como Löis Wacquant y Yock Joungs, catalogan la teoría de las “ventanas rotas” como inválida empíricamente hablando, mientras explican que para lo que sí sirven estas teorías, es para generar confianza en la clase media, que regularmente es conservadora, desconfiar de los pobres y marginados, además de tener altos niveles de participación electoral.

Para Wacquant, el resultado de la implementación de estos planes de “Ventanas Rotas” y de “Tolerancia Cero”, y por tanto, del discurso que parece traer Tuller Cintrón, es que la definición de “desordenados” o “de enemigo del orden”, se les aplica a los sectores sub-proletarios que estropean, afean o molestan el espacio social y físico del consumo. Es decir, “al otro” que no es clase media.

Específicamente, en torno al plan de “Tolerancia Cero”, Wacquant expone que el mismo tiene tres componentes básicos.
Primero, un incremento en el número de las fuerzas represivas del estado como la Policía y la Fiscalía, así como en los recursos fiscales que se les asignan a esas dependencias. Dinero que en última instancia termina en los bolsillos de lo que Ángela Davis, Noam Chomsky y Cornel West llaman el aparato industrial correccional.

Segundo, la reestructuración del aparato policíaco, imponiendo la responsabilidad a nivel local o de áreas policíacas. Tercero, el desarrollo de una red de inteligencia computarizada, es decir de estadísticas que permita cuantificar la efectividad y que dé acceso rápido a la “inteligencia” recaudada en el proceso.

De primera intención y partiendo de una mirada acrítica, se pudiera decir que “Tolerancia Cero” y “Ventanas Rotas”, son una buena estrategia para la isla. Después de todo, las mismas funcionaron en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, tanto el propio Wacquant, así como el británico Jock Young, apuntan a un análisis diferente.
Ambos sociólogos de la desviación llaman la atención a que si bien es cierto que bajo la política de “Tolerancia Cero” y de “Ventanas Rotas”, se registró disminuciones en los índices de la criminalidad en Nueva York, no es menos cierto que ciudades como San Diego, donde se enfatizó en el patrullaje comunitario y la no criminalización de la pobreza en la calle, experimentaron las mismas bajas en incidencia delictiva a un costo mucho menor y sin las consecuencias que pudiéramos llamar “no intencionadas”, que se ven en la implementación de cualquier política de “mano dura”.

Como si las preocupaciones esbozadas por Wacquant y Joung no fueran suficientes para desconfiar de estos planes, basta con mirar la historia reciente para darse cuenta de que la fallida política pública sobre la criminalidad en Puerto Rico lleva más de veinte años basada en las mismas teorías.

La Mano Dura Contra el Crimen, Castigo Seguro, Golpe al Punto, La Isla de Ley y Orden y hasta los Códigos de Orden Público, todas fracasadas políticas para el manejo de la criminalidad en el País, son solo expresiones criollizadas de las estrategias que trae nuevamente Tuller Cintrón.

Como en Estados Unidos, el único logro que realmente se puede relacionar con estas estrategias es el aumento desproporcionado de las minorías en la población penal.

Partiendo de que las políticas de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero” están desacreditadas y del fracaso que las mismas ya demostraron en la Isla, a primera vista se pudiera concluir que la llegada de James Tuller Cintrón para implementar las mismas, no hace mucho sentido.

Sin embargo, un vistazo más crítico, demuestra todo lo contrario.

Al mirar la carta de presentación de Tuller Cintrón y su intención de nuevamente implementar en Puerto Rico las teorías de las “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero”, es fácil inferir que el mismo no viene a manejar el crimen.

Lo que viene es a usar la Policía de Puerto Rico para levantar la imagen que del administrador de turno Alejandro García Padilla tienen los sectores que en la Isla se ven a sí mismos como clase media, que en Puerto Rico está compuesta de trabajadores pobres en su mayoría y que es la que decide el proceso electoral local.

Copiado de los presidentes, gobernadores y alcaldes en Estados Unidos, los admiradores locales llevan décadas usando la criminalidad y el miedo que ésta le provoca a la llamada clase media para aumentar su respaldo electoral.
A este proceso, el sociólogo estadounidense Jonathan Simon le llama “gobernancia mediante el crimen”.

Por un lado, ese sector social que se define a sí mismo como clase media, aunque en Puerto Rico es clase trabajadora pobre que se identifica y aspira a ser parte de las minorías dominantes, se rehúsa a ver la excluyente estructura capitalista neoliberal como la generadora de sus penurias y pérdida de poder económico.

Para ellos es más fácil construir a los sub-proletarios, que no pagan impuestos, viven de las ayudas que costean la gente decente y que además son unos viciosos peligrosos, desordenados y faltos de valores, como la causa de sus problemas.

Ante esta realidad, explica Simon, que las estrategias para controlar esos sectores sub-proletarios mediante campañas de arrestos, imponiendo largas condenas carcelarias, ocupando sus comunidades o restringiendo su acceso a los sectores donde vive la gente decente, se convierte en el discurso de los políticos que quiere ganarse el favor de esos que se ven como “clase media”.

Sector que registra altos niveles de participación electoral y que, como se mencionó antes, regularmente es conservador, desconfía de los pobres y marginados y para quienes los discursos punitivos como el de “Ventanas Rotas” y “Tolerancia Cero” tienen mucho sentido.

Partiendo de lo anterior, es lógico preguntarse si la llegada de James Tuller Cintrón como nuevo Superintendente no es otra cosa que una estrategia de comunicación social para levantar la maltrecha imagen de Alejandro García Padilla, a costo de los derechos civiles y las libertades sociales de los sectores más pobres y marginados.

Al fin y al cabo, para eso fue que estas teorías realmente le sirvieron al exfiscal convertido en alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Es decir, para ganar elecciones.

Mientras tanto, nuestros jóvenes seguirán pagando en la calle el tributo de sangre, resultado no intencionado del manejo partidista electoral de problemas que son estructurales.

* El autor es profesor universitario de Justicia Criminal y observador social.

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