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El Blog de Gary Gutiérrez

Observador social, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, comantenedor del programa @tempranopr de http://www.pab550.com, y barbicuero de patio

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"violencia social"

Como lo explicó mi estudiante…


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Presentado ante la LatCrit SNX Conference en la Escuela de Derecho Universidad Interamericana.

Hace unos días, mientras me ocupaba de la tediosa tarea de corregir y cuadrar notas, mi mente insistía en pensar cuál sería el contenido de esta presentación que nos ocupa.

En mi cabeza, no solo daba vueltas mi hipótesis sobre la violencia como discurso contestario inconsciente por parte de los sectores excluidos del sistema capitalista neoliberal. Igualmente interrumpía mi concentración en los exámenes el pensamiento al respecto de Young, Wacqant, Ferrell, Simon, Chomsky, West, Carlos Rivera Lugo, Dora Nevares, Villa, y otros.

De pronto en medio de ese torbellino de ideas y de mi lucha por concentrarme, tome uno de los ensayos que se supone corrigiera y al comenzar a leer me di cuenta de quién debía ser mi fuente primaría para este trabajo. Su nombre Emmanuel y es un estudiante subgraduado de Trabajo Social en la Caribbean University de Ponce, quien se matriculó en mi clase de Delincuencia Juvenil porque no encontró otra electiva en su concentración.

Tras leer el trabajo del joven, decidí que eran las ideas de este y no las mías o la de los gigantes antes mencionados, las que debía compartir con ustedes hoy. Así que a manera de tributo académico al “copy & paste”, me atrevo leer ante ustedes una versión, editada por cuestión de tiempo, de la introducción del ensayo con el que el joven contestó la pregunta: ¿Cómo usted ve al menor delincuente en Puerto Rico?,

Emmanuel comienza dicendo: “Aun recuerdo cuando tenía 17 años y anhelaba cumplir los 18 para trabajar e irme de mi casa. El pensamiento de irme de mi casa era provocado por la rebeldía de esta etapa. Lo que si tenía claro era que quería trabajar para costearme mis necesidades materiales y no depender de mi madre.

Cuando cumplía le edad comencé a buscar trabajo, aquí, allá, por todas partes. Recuerdo que llevé resumé hasta los pueblos limítrofes como Juana Díaz, desesperado por conseguir ese trabajo. Durante tres años continué en las mismas, llevando resumé todas las semanas a diferentes establecimientos, tiendas, restaurantes de comida rápida, supermercados, entre otros.

Durante esos tres años en que no me llamaron de ningún trabajo, creció en mi la rebeldía, los pensamientos negativos, y la frustración que no es otra cosa que ese sentimiento provocado por la incapacidad de no poder realizar algo por algún factor externo que lo impide.

Aprendí a recortar y de esa manera me buscaba el peso recortando en mi casa a los muchachos del barrio. Cuando llegaba la temporada de quenepas,vaciaba el árbol de mi casa y las vendía en las luces o en algún punto estratégico del casco urbano. Obviamente esas chiripas no me daban para lo que yo quería que era comprarme un carrito, la ropa de moda, los tenis del momento, etc.

Pero en la comunidad donde me crié, cerca un barrio con alta incidencia criminal conocido como La Cantera, los jóvenes varones tenían otra forma de buscarse el peso, vendiendo drogas.

Crecí viendo como los muchachos del barrio que bregaban en el punto tenían los carritos mas bonitos, los ‘bling bling”, los tenis más caros y las mujeres más lindas.

Luego de tres años, finalmente me llamaron y me preguntaron si todavía me interesaba un trabajo solicitado meses atrás. Contesté que si y lo primero que me dijo el individuo fue: “mañana tienes entrevista en las oficinas generales en el pueblo de Carolina”. Como tenía los recursos pude llegar y me dieron el empleo. Luego me requirieron documentos como, carta de buena conducta, prueba de dopaje, certificado médico entre los que recuerdo. Yo tuve los recursos para obtener todo lo que el empleo requería. Aunque me vi tentado, en mi hogar tuve el ejemplo, la enseñanza y la educación que junto a mi determinación y fuerza de voluntad evitaron que me involucrara en el narcotráfico.

Ahora, yo tuve los recursos y un hogar ejemplar para no caer en este negocio, pero y los que no corren la misma suerte que yo.

Muchos recurren a la venta de drogas, a velar el punto o hacer “mandaos”. De la boca de ellos se escucha que en ningún lado le dan trabajo y que la única opción es vender droga. A esta situación hay que sumarle el discrimen si tienes tatuajes o pircings. Incluso conozco algunos que viven en un residencial público y en sus resumé anotan una dirección diferente, usan la de algún familiar o amigo. Recuerdo cuando el profesor dijo que la cultura dominante va a criminalizar a la subculturas porque desconfía de ellas.”

Si se leen con atención el ensayo de Emmanuel surge como un pliego acusatorio contra el sistema neoliberal que si bien se viene desarrollando en la isla por las pasadas décadas, vio su máxima expresión durante el cuatrienio pasado (Gutiérrez 2012).

Es ese neoliberalismo salvaje, el que utilizado sus aparatos ideológicos produce el orden social en que se desarrolla la historia de Emmanuel. Un orden que condena a miles de jóvenes a que desde la pobreza y el subdesarrollo del sur global aspiren a comprar los símbolos de éxitos impuesto desde el norte por la cultura del varón, blanco, propietario, alegadamente homosexual y cristiano (Gutiérrez 2012) . Es decir, es un orden bulímico, como lo llama Jock Joung (2007), que incluye a todos por igual en el consumo de los símbolos materiales construidos como exitoso, mientras excluye a gran parte de la población de los medios legales y los empleos dignos para que pueda costearse ese consumo.

Como bien ilustra la historia de este estudiante, este proceso es uno que termina produciendo un ser humano frustrado o desvalorizado que puede ver en la violencia una forma de empoderarce ilusoriamente o que pudiera construir la ilegalidad como el único medio para integrarse al mundo de consumo capitalista que se le impone desde el poder (Presdee 2001).

Es de aquí que surge mi hipótesis que apunta a que la violencia social y la criminalidad que sufre el País es el resultado esperado del orden neoliberal excluyente que a mediado del siglo pasado desarrolló Milton Friedman y que luego se convertiría en dogma del sector más conservador de la política Estadounidense. Como en todos sitios donde se implementó este neoliberalismo, el resultado es que grandes sectores de la población no se sienten representado por el Estado (Klein 2008; Rivera Lugo 2004).

Ante la aparente ilegitimidad del Estado producto de la falta de representatividad, real o no, en el caso de Puerto Rico se pudieran identificar tres respuestas a saber.

La mayoría no hará nada y comprando el discurso electoral esperará el espacio para escoger entre dos partidos similares que, como explica el español Miguel Amorós (2012), representan los mismos intereses, pero que el sistema usa para dar la impresión de que es democrático, cuando en realidad . Esta mayoría son los que el sistema vé como buenos ciudadanos, respetuosos de la ley y sobre todo “humildes”.

Por otro lado, los sectores más conscientes de la sociedad responden al excluyente proceso del que nos hablo Emmanuel, organizando estructuras política, comunal o económicas. De esta manera vimos que durante el cuatrienio pasado, las comunidades se organizaron para hacer frente a proyectos que les sacrificaban para crear espacios de ganancia económica a los sectores más rico del País. Igualmente vimos a los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico, casi todos de clase media y media alta educados, organizarse para defender sus espacios ante la posibilidad que los mismos se pusieran directamente al servicio del poder económico. Otro ejemplo de como estos sectores más conscientes canalizan las frustraciones que el sistema le producen, es el surgimiento delos nuevos partidos políticos que durante las pasadas elecciones trataron de romper el bipartidismo que castra el proceso electoral de la Isla (Wacquant, 2009).

Sin embargo, no todos tiene los recursos para responder y exigir legalmente un espacio donde ganarse la vida dignamente. Es mi hipótesis que en Puerto Rico, enormes sectores marginados, como bien describe Emmanuel , se las tienen que buscar como pueden para sobrevivir y sentirse incluidos consumiendo. Es decir tiene que “bregar” en trabajos marginales o precarios como recortar en sus casas, mecanear en el patio, hacer uñas o trenzas, vender quenepas o piratear DVD. Labores que pueden rayar en la ilegalidad al no cumplir con los reglamentos y permisos impuestos por el Estado (Presdee, 2001; Rivera Lugo, 2004; Wackant 2009).

Otros, sobre todo aquellos que encarnan las características que en el capitalismo llevan al éxito, pero que por su condición de excluidos se les dificulta el desarrollo de empresas legales, terminan por integrarse a esa ilegalizada empresa capitalista que es el narcotráfico. De esta manera que los puntos de drogas están administrados por jóvenes que, con una educación promedio de noveno grado, manejan inventarios millonarios, procesos de distribución, nóminas, relaciones publicas, solución de disputas, etc. Todo lo anterior complicado por la ilegalidad y lo que eso significa (Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. 2008) .

Es en este sentido que yo entiendo que el narcotráfico producido y fomentado por las draconianas leyes anti drogas, la violencia y la criminalidad que experimentamos en Puerto Rico, lejos de ser un problema, en muchas de nuestras comunidades se construye como la solución al problema de marginación y exclusión económica.

Por tanto la inserción al narcotráfico y la criminalidad pueden ser vistos como un discurso contestatario de aquellos que sin tener la consciencia política, responden “bregando” como pueden. Es decir el narcotraficante y la ilegalidad puede verse como la respuesta de aquellos quienes se niegan a ocupar humildemente los espacios de pobreza que el sistema les asigna. Así estos sectores, probablemente de manera inconscientemente, le hacen frente a un sistema, que como describió Emmanuel, les condena a ser un pobre humilde que espera estoicamente por años por un trabajo precario que no debiera llamarse empleo y que les condena a un estatus social de subciudadano o subciudadana.

Si se toma esta hipótesis como correcta, se puede inferir entonces que cualquier iniciativa que no incluya la legalización del llamado narcotráfico, la reorganización social, una mejor distribución de los recursos económicos y la integración de todos y todas a procesos políticos y economicos verdaderamente democráticos, será solo un parcho y no una alternativa ante violencia que hoy cobra unas mil vidas cada año en nuestro País.

 Referencias:

Amorós, J. (2012) Salida de Emergencia. Logroño: Pepitas de Calabaza Ed..

Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. (2008) Cultural Criminology: an invitation. London: Sage.

Gutiérrez, G. (2013) “Del Coloniage a la Sociedad de Ley y Orden: violéncia sistémica en Puerto Rico” en Sonia M. Serrano Rivera, Registros Criminolog;icos contemporánios (pp. 51 – 81) San Juan: Situm.

Klein, N. The Shock Doctrine, New York City: Picador.

Pesdee, M. (2001) Cultural Criminology and the Caranval of Crime. New York City: Routledge.

Rivera Lugo, C. (2004) “Ni Una Vida Más para la Toga” en La Rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas(pp. 137-154). San Juan, Ediciones Callejón.

Young, J. (2007) The Vertigo of Late Modernity. London: Sage.

Wackant, L. (2009) Prison of Poverty. Boston: Beacon.

Publicado en El Post Antillano: Pedaleando por la orilla: Cuatro días sin asesinatos…


Pedaleando por la orilla: Cuatro días sin asesinatos…

Martes 14 de Mayo de 2013 00:00
Gary Gutiérrez

El hecho de que el pasado fin de semana en Puerto Rico no se reportara ninguna muerte violenta fue el virus que acaparó los medios tradicionales y las redes sociales desde las primeras horas del lunes.

La noticia fue celebrada por parte de comentaristas, “tuiteros” y “feisbuqueros” como un respiro esperanzador. Incluso, algunas voces dejaron entrever que este “periodo de paz” es un logro de la política anticrimen de la flamante administración.

Estas reacciones me trajeron a la mente las expresiones que hace unos 20 años hiciera en Ponce un viejo periodista a quien le tocó el mensaje principal de la Semana de la Prensa.

En aquella ocasión el amigo, a quien llamó colega, dejó claro que él no quería vivir en una sociedad donde la muerte violenta de un ciudadano o ciudadana no sea noticia de portada.

Las expresiones del veterano comunicador apuntaban a que una sociedad donde una muerte violenta no es noticia, es una tragedia de sociedad.

Poco sabía aquel colega idealista que a 20 años de su comentario, no solo los asesinatos del país no serían noticias de portada, sino que el hecho de que no haya una muerte violenta acamparía con júbilo la discusión pública.

Regresando al presente y estipulando la tragedia que constituye la violencia social en Puerto Rico, el hecho de que en la isla se reporten días sin muerte violenta tiene que ser motivo de alegría.  Sobre todo si se parte de la  estadística normal que apunta a que cada 24 horas sin una muerte violenta, significa que de tres a cuatro compatriotas no perdieron la vida en las calles.

Ahora, si este dato de cuatro días sin muertes violentas se une al hecho de que los números reflejan 25 asesinatos menos que los reportados a la misma fecha del pasado año, de primera intención se pudiera decir que en el País baja la criminalidad.

Pero bajo una mirada más crítica, esta tendencia se revela en términos históricos como parte de las fluctuaciones típicas de la violencia en la Isla.  A diferencia de otras sociedades en el Caribe donde la violencia lleva una tendencia constante de crecimiento durante el siglo XX y XXI, en Puerto Rico la violencia refleja una trayectoria de años picos seguidos por periodos de disminución.

Es desde esta perspectiva que se pudiera ver como “normal” que tras el pico en el número de asesinatos durante el año 2011, se experimente un descenso.

Sin embargo, el análisis anterior no necesariamente implica que la actual administración colonial en Puerto Rico no haya influenciado la tendencia y ayudado en su disminución.

De primera impresión, la llegada al poder político de Alejandro García Padilla no representó un cambio real en política pública para manejar la violencia en Puerto Rico. No se cambió el superintendente y a  la visión de mano dura y cero tolerancia que implantó la pasada administración, se le sumó la presencia de militares “velando” las costas.  En resumen, la nueva administración llegó al poder con los mismos planes derivados del Plan Giuliani que impuso el pasado administrador. Es decir, más presencia en los “sectores calientes”, más tecnología y equipos, así como un plan de supervisar basado en “productividad” medido por estadísticas diarias.

Sin embargo, durante los pasados tres meses, sí parece haber cambiado algo.

Primero, se nota un aparente cambio en el superintendente de la uniformada. Redujo su presencia mediática y atrás quedó aquél discurso de comisario del viejo oeste con pistola al cinto que invitaba a que todos compráramos armas para repeler a cualquiera que intentara entrar a nuestros hogares. Ahora parece enfocado en la defensa de sus agentes y la reorganización administrativa de su agencia

Segundo, el que García Padilla también cambiara el discurso belicista por uno igualmente conservador pero más compasivo que se aleja del neoliberalismo salvaje de Fortuño, puede tener algo que ver en la mencionada reducción de los números de violencia en el País. Si tomamos como ciertos los análisis que apuntan a que la violencia sistémica y económica de la administración Fortuño fueron claves en el aumento de la violencia social en la Isla, entonces debiéramos entender que la sustitución de ese discurso beligerante por uno que proyecte más inclusión, debe tener un efecto reductor en esa  misma violencia contestaria, política o criminal, que experimenta Puerto Rico.

Por último no se puede descartar tampoco que el malestar con la actual administración, que públicamente expresan los efectivos de la Policía de Puerto Rico y que supuestamente les tiene en una huelga de brazos caídos, no tenga un efecto en los niveles de violencia. Nuevamente, si  se ve la violencia social como una respuesta consciente o inconsciente a la agresividad sistémica, se debiera entonces considerar que la reducción de esa presencia policíaca, que en muchas comunidades es vista como agresión, tiene que tener un efecto en los niveles de violencia en esos sectores.

En fin, siendo la criminalidad un fenómeno multifactorial y complejo, es difícil decir con exactitud qué la promueve o la reduce. Probablemente, todas las alternativas señaladas anteriormente tenga algo que ver con el hecho de que por cuatro días, 96 horas, ninguna madre tuvo que llorar la muerte de uno de sus hijos, delincuente o inocente. Ciertamente, eso es materia de alegría.

Lamentablemente, mientras termino de redactar estas líneas, por Twitter reportan que un joven yace en el suelo de un callejón en Guaynabo.

“En casa del pobre: la alegría dura poco”.

El narcotráfico y la sociedad de “ley y orden”


Conferencia

El narcotráfico y la sociedad de “ley y orden”

Por Gary Gutiérrez

Presentada ante estudiantes de La Unión Estudiantil de Sociología Recinto Universitario de Mayagüez

Una mirada rápida a la historia puertorriqueña de los pasados años, es suficiente para notar que la afirmación del neo-liberalismo y el crecimiento de la violencia social son los dos aspectos que aparentan definir este periodo histórico en nuestro país.

Los periódicos publicados durante la primera década del siglo XXI dan cuenta de alrededor de mil muertes violentas al año. Al mismo tiempo, esas publicaciones dan cuenta de la imposición en la Isla de las ideas económicas y sociales del economista estadounidense Milton Friedman. Es decir una política económica donde el gobierno sede su poder regulador de la economía ante la “invisible mano” reguladora del mercado. Donde los servicios inherentes al estado moderno se canalizan mediante la empresa privada en acelerados procesos de privatización. Por último, estas ideas incluyen las visiones conservadoras de control social mediante una política publica anticrimen empaquetadas en discursos de “cero tolerancia” y de sociedades de “ley y orden”.

Partiendo de estos procesos económicos y sociales, es mi hipótesis, que la violencia y el narcotráfico que hoy se vive en Puerto Rico, no solo son el producto no intencionado del ordenamiento socio-económico colonial resultado de la relación con Estados Unidos, sino que se pudieran mirar como discursos contestatarios, conscientes o inconsciente, de los sectores excluidos por ese proceso colonial y neo-liberal.

Como expusiera durante la reunión de la Asociación de Criminología de Estados Unidos en Chicago hace solo unos meses el compañero profesor José Raúl Cepeda, podemos estipular que la cultura puertorriqueña del siglo XXI es el producto de tres procesos violentos productores de exclusión. Estos procesos son: el coloniaje que es violencia política, el machismo que es violencia de género y el capitalismo que es violencia económica. Catalogo estos tres procesos como violentos pues los tres pudieran verse como darwinistas en el sentido de que los tres implican la imposición de los más fuertes sobre los más débiles.

Si hablamos desde el aspecto económico, durante los pasados cuatro años el anterior gobierno encabezado por Luis Fortuño, un nuevoprogresista que pretendió proyectarse como la nueva cara latina en el Partido Republicano estadounidense, impuso en la isla una de las versiones más excluyentes del mencionado capitalismo, el neo-liberalsimo conservador. Ese tipo de capitalismo, es catalogado por el británico Jock Young como “bulímico” que exacerba la exclusión social al prácticamente eliminar o reducir enormemente la llamada clase media trabajadora, mientras aumenta el sector sub-proletario o lumpen de la sociedad.

Con el término “bulimia social”, Young pretende explicar la forma en que las sociedades que abrazan ese capitalismo salvaje o neo-liberal como forma de organización socio-económica, terminan incluyendo a todos los sectores económicos en falsas y creadas necesidades de consumo, mientras expulsa a la gran mayoría de la población de los empleos dignos con remuneración que les permita el mencionado consumo. Es decir la sociedad es incluyente para que gastes y excluyentes para que produzcas ingresos legales.

Esta explicación crítica del sistema capitalista por parte de Young, se puede complementar con los trabajos del intelectual puertorriqueño Carlos Rivera Lugo.

En su magistral ensayo, Ni Una Vida Más Para La Toga, Rivera Lugo cataloga como “Guerra Social” el resultado del ordenamiento impuesto por ideologías excluyentes como la neo-liberal conservadora. Según esta visión, cuando el Estado se proyecta como ilegítimo para grandes sectores de la población, como es el caso de estas sociedades neo-liberales, parte de la población que compone los sectores más desventajados de la sociedad terminan cuestionando, consciente o inconscientemente, el ordenamiento social que los excluye. Ese cuestionamiento pudiera incluir la necesidad o no de respetar las leyes de ese Estado que es visto como no representativo y por ende ilegítimo. De esta manera esos sectores marginado pudieran recurrir a lo que en Puerto Rico se le conoce como “bregar”. Es decir buscárselas como se pueda, incluyendo las actividades ilegalizadas, pero lucrativas, como el narcotráfico. Lejos de reconocer la actitud de esos sectores marginados como un reclamo de espacio, el Estado responde con una mentalidad que Rivera Lugo cataloga de “racionalidad adversativa”, entiéndase represión y violencia sistemática. Esa respuesta estatal termina produciendo más exclusión, la que a su vez produce más “brega” que, nuevamente aumentará la represión en un proceso de espiral infinito.

Partiendo de las definiciones de Carlos Rivera Lugo, es mi impresión que ante esta “racionalidad adversativa” del Estado se pueden dar varias respuestas por parte de la población.

Por un lado, los sectores más conscientes y capacitados en el sentido social y político, se organizaran o buscarán fortalecer organizaciones ya existente. De esta manera, y como se vio en las pasadas elecciones, surgirán nuevos partidos, movimientos u organizaciones políticas.

De igual forma, el liderato comunal puede que organicen unas estructuras para hacer frente a proyectos que puedan afectar negativamente a su comunidad. Los movimientos en contra de los gasoductos que se propusieron por las pasadas dos administraciones, son un ejemplo de este tipo de respuesta.

Sin embargo, no todo el mundo cuenta con el desarrollo de una conciencia y unas capacidades organizativas que les permita tomar control de sus procesos y responder con esa acertividad. Para decenas o tal vez cientos de miles de puertorriqueños, la respuesta a este excluyente proceso parecería ser una inconsciente. Como se mencionó anteriormente, ante un bulímico sistema económico que no provee espacios para producir los ingresos necesarios, aquellos que no cuentan con las destrezas o la conciencia política para organizarse legalmente recurrirán a “bregar”. Durante la pasada reunión de la Asociación Americana de Criminología en Chicago, Jock Young explicaba como la resistencia social a la marginación está en todas partes, solo tenemos que aprender a verla. Mirando la sociedad puertorriqueña en el crisol de la invitación del viejo Young, podemos teorizar que esa “brega”, legal o ilegal, mediante la cual sobreviven enormes sectores de la población, no es otra cosa que un discurso contestatario inconsciente que materializa una resistencia económica a la exclusión resultante de un sistema que no da empleos pero que define el éxito según la capacidad de consumo que tenga cada quien.

Por supuesto no toda esa “brega” es criminal. Miles recurren a actividades que pueden constituir violaciones a leyes y reglamentos, pero que no se ven necesariamente como criminales. Entre esto, proveer servicio de peluquería o mecánica sin las licencias o permisos y sin reportar los ingresos a las agencias recolectoras de impuestos. De igual forma, otras personas pueden desarrollar una actividad de venta al detal informal, sin respetar los reglamentos de impuestos o reportar sus ingresos. Es decir, vender películas en DVD, perfumes, cosméticos, carteras o zapatos en la casa o desde el baúl del carro.

No obstante, entre esos que bregan se tiene que incluir a los que se internan en el prohibido e ilegalizado negocio del narcotráfico. Se estima, dependiendo de las fuentes que se utilicen, que este ilegalidado negocio es el tercer sector económico del país y el segundo al creación de empleos. Incluso se pudiera especular que ese ilegalizado narcotráfico es la única institución que funciona en muchas de las comunidades en la isla. Es de conocimiento público, que en muchas instancia, es el “bichote”, término degenerado de la expresión anglo “big shot”, el que subsidia la vida comunal en muchas de nuestros sectores marginados. Es este “bichote” el que provee empleos a los muchachos jóvenes, mantiene la seguridad en la comunidad, sufraga los costos de las fiestas o torneos deportivos en las comunidades y subsidia las necesidades de los envejecidos.

En palabras de un estudiantes que valientemente admitió durante una de mis clases que en ocasiones incursiona en el mundo del narcotráfico; ¿qué otra cosa se puede hacer?

“Si necesito el dinero para ayudar la vieja a pagar la luz o si tengo que poner al día la pensión, solo tengo dos opciones. ¿Tirarme a tratar de buscar trabajo? Para eso tengo que hacer mil tramites y gastar un montón de chavos en ir buscar la carta de buena conducta, los análisis médico, comprar una ropa que aparente y tener la suerte de que me toque una solicitud, pues hay veces que hay dos o tres espacios para trabajar y solo dan cien solicitudes. O puedo ir donde el “bichote” que me conoce del barrio y me deja bregar un par de horas o me fía un poco de material para que me defienda vendiéndolo. Por supuesto no se trata de glorificar al narcotraficante. El de él es un negocio violento que genera una cultura de violenta en las comunidades que ocupa o controla. Sobre todo cuando la cultura de la sociedad en que se instala es ya una violenta, como en el caso de Puerto Rico que, como se expuso anteriormente, se caracteriza por la violencia colonial, machista y neo-liberal.

Claro está, usted debe estar pensando que al hacer estas acciones y ocupar esos espacios, lejos de resistir, nuestro pueblo termina reproduciendo paralelamente los mismos males que les agobian.

¿Acaso al criminalizarse, no terminan, tanto el “bichote” como la comunidad, reproduciendo las mismas estructuras de explotación del sistema capitalista? Peor aún, ¿no acaba asumiendo la etiqueta que el sistema le impone por ser pobre y emprendedor?

La contestación probablemente es “sí”. Los sectores que resisten de esas maneras probablemente terminen reproduciendo las propias estructuras que los marginan. De igual forma, pueden terminar interpretando el papel asignado a ellos por el poder y desplegando la etiqueta a la que, por pobres, ese poder les impone. Recuerden que lo de contestario, no necesariamente implica que sea consciente.

Ahora bien, validando el cuestionamiento, cabría entonces preguntarse si acaso no se pudiera hace la misma crítica a los modelos revolucionarios que durante el siglo XX surgieron como alternativas políticas contestarias, para terminar reproduciendo estructuras de poder igualmente represivas.

Así las cosas, podemos partir entonces del concepto “carnavalización del crimen” del británico Mike Presdee y preguntarnos cómo esa acción contestaria de insertarse en el narcotráfico para no ocupar el lugar de pobreza asignado por la sociedad, no constituye para muchos un problema, sino la solución a “su problema” de exclusión y marginación socio-económica.

El concepto de carnavalización, es decir del crimen como ritual de inversión surge de los trabajos de Jack Katz, quien es su libro Seductions Of Crime: Moral And Sensual Attractions In Doing Evil expone la atracción que siente el ser humano cuando experimentar el placer y el sentido de poder producto de aquello que le es prohibido. Basado en esta teoría, explica el también el británico Mike Presdee en el ya clásico Cultural Criminology and the Carnaval of Crime, cómo la transgresión a la norma se acompaña de un grado de satisfacción y empoderamiento. Al integrar esta noción de seducción de lo prohibido al concepto antropológico de ritual de inversión, Presdee creó el término carnavalización del crimen para explicar como aquella persona que se concibe a sí misma como excluida y marginada utilizará la desviación, con mayor o menor grado de violencia, como vehículo para empoderarse y sentirse en control de su existencia. Para ilustrar el concepto se puede mirar al obrero que tras todo el día de reprimir impulsos de contestar con violenta a los abuso de su patrono, llega a su casa, donde siente que es el poder. Allí desata su furia contra su compañera o sus hijos a quienes construye como individuos subordinados a el. Es decir, usa la agresión contra aquéllos que construye como más débiles para ilusoriamente sentirse empoderado. De igual forma se puede apuntar a los jóvenes que mediante el grafiti se empoderan y “hacen suyas” las paredes de una sociedad que los excluye. Por supuesto, desde esta perspectiva también es fácil entender al joven que nace y se cría en un sector marginado y que para salir de esa marginación se integra al mundo de la droga en búsqueda de riquezas, pero sobre todo de respeto.

Mirando desde estas perspectivas la organización social en Puerto Rico, se pudiera inferir entonces que la misma es una receta para el desastre. Por un lado, un sistema colonial, machista y capitalista excluyente que produce frustración que lleva a la violencia, y por otro, un sistema que mediante leyes draconianas que criminalizan el narcotráfico crean un lucrativo espacio económico, que aunque ilegal, es sumamente lucrativo para decenas de miles de jóvenes varones, que en su edad más productiva se encuentran excluidos de otras alternativas legales.

Mientras esto ocurre, desde su “racionalidad adversativa”, el gobierno responde afirmando y ampliando las mismas respuestas punitivas y represivas que vienen fallando por décadas para hacer frente al narcotráfico. Unas medidas que solo logran encarcelar a miles de jóvenes, quienes tras ser procesados por el sistema salen unos años más tardes con mayor prestigio callejero y más conocimiento del negocio.

A estas fallidas respuestas punitivas, la pasada administración le añadió la conservadora visión republicana de una “sociedad de ley y orden” basada en los valores del blanco, varón, propietario, alargadamente heterosexual y cristiano que se construyó en la década del 1950 como el “sueño americano”. Una visión que basado en el pensamiento que dio forma a los grupos de temperancia al principio del siglo pasado en los Estados Unidos y que parten de la premisa que mantener el orden en una sociedad está por sobre todas las consideraciones incluyendo la justicia y los derechos. Es decir una visión para la cual el desviado, sea por usar drogas o venderla o sea porque protesta en la universidad, tienen que ser reprimido a la obediencia a como de lugar. ¿Acaso no recuerda aquello de “sacarlos a patadas”? Esa fue la mentalidad que generó leyes que, bajo amenaza de tres años de cárcel, reducen la libertad de expresión a los espacios donde no molesten a la gente decentes o el desarrollo del capital. De paso, leyes que el actual gobierno ni ha, ni aparenta derogar.

Por supuesto, como prueban las décadas de prohibición, esta conservadora visión punitiva no logró reducir el narcotráfico y mucho menos la violencia. Al contrario, al momento, la droga es más abundante, más barata, deja más ganancia y los carteles que la mueven son mas poderosos y ricos que hace cuarenta años. De la violencia no es necesario abundar mucho, con solo mirar un periódico se sabe cual es el resultado de estas leyes prohibicionistas.

A todas luces, esta visión punitiva no logra controlar la violencia ni el narcotráfico.

Sin embargo, lo que si aparenta lograr esta visión, impuesta por Fortuño y mantenida por Alejandro García Padilla, es llenar las arcas del complejo industrial correccional metiendo gente presa, comprando cámaras y tecnología de vigilancia, así como gastando en equipos especializados y tácticos para las fuerzas represivas del Estado.

El otro resultado de estas iniciativas punitivas es que las mismas, no controlan la criminalidad, pero sí ganan elecciones.

Si miramos las pasadas elecciones, las mismas aparentan haber sido un concurso de simpatías para con los sectores conservadores. Después de todos, esos son los sectores que todavía se mueven a votar en masa. Por un lado, el linea dura de Luis Fortuño con su discurso de mano dura y valores de ley y orden, y por el otro, el moderado Alejandro García Padilla cuya propuesta “moderada” era la mano inteligente que incluyen mantener la ley y orden mediante la movilización de los militares del país. Este cuadro electoral antes descrito, aparenta haber salido de los trabajos del estadounidense Jonathan Simon. En su libro: Governing through Crime, Simon explica que desde la década del 1960 en los Estados Unidos la llamada clase media se siente amenazada, pero no por los poderosos que cada día le imponen más responsabilidad fiscal, sino amenazada por los sectores sub-proletarios a quienes construyen como viciosos, vividores y criminales. Es por esta razón, que para ganarse el voto de esa clase media que es la que más participación electoral tiene, los políticos tienen que proyectarse como intolerantes frente a ese lumpen que se niega a vivir como las “personas decentes” y que no trabaja porque no quiere, pues prefiere “la vida fácil del narcotráfico”.

Al traer la teoría de Simon a la realidad puertorriqueña aquí descrita, es fácil explicar porque los políticos buscan mediante la criminalización de la pobreza sub-proletaria, congraciarse con esa masa de trabajadores pobres que en Puerto Rico se ven a sí mismos como clase media. Es decir que la mayoría de las propuestas políticas en torno a la criminalidad y al narcotráfico, sobre todo por parte de los dos partidos de masas que controlan el proceso electoral, no van dirigidas a controlar la violencia, el narcotráfico y mucho menos la criminalidad, sino va dirigido a ganar el juego de sillas musicales que parece ser la política puertorriqueña.

Así las cosas, mi hipótesis se pudiera ampliar para incluir, no solo que la violencia y el narcotráfico que hoy se vive en el País es el producto no intencionado del ordenamiento socio-económico antes detallado, y que esta violencia y narcotráfico se pudiera mirar como un discurso contestatario de los sectores excluidos por ese proceso colonial y neo-liberal; sino que los puertorriqueños reafirmamos electoralmente el excluyente proceso cada vez que vamos a las elecciones

En ese sentido parecería que todos, unos por acción y otros por omisión, somos responsables por la insanidad que vivimos.

Publicado en 80grados.net: Viviendo la insanidad que nos merecemos


Viviendo la insanidad que nos merecemos

por  | 1 de Febrero de 2013 | 12:31 am – 5 Comments

Lo confieso, escribo en medio de la molestia, la frustración, el miedo y el coraje, pues vivo en un País que me consume.

Al momento que escribo, las redes sociales dan cuenta de cinco muertes violentas en veinticuatro horas, una de ellas en medio del ritual de enajenación que conocemos como “Las Fiestas de la Calle San Sebastián”.

Esta tragedia apunta en varias direcciones.

Primero, a que somos una sociedad de violencia donde cualquier discusión puede escalar a una tragedia.

Segundo, esa violencia se construye o define como una anomalía, desasociada de la cultura de competencia y de los verdaderos valores clasistas y consumistas de nuestra sociedad.

Tercero, que ni la fuerte presencia policiaca, ni los planes de contingencia, ni el responsabilizar a los supervisores de la Policía, pero, sobre todo, ni las cámaras de vigilancia son un disuasivo para la violencia social que padecemos.

Cuarto, que no toda la violencia que experimentamos está relacionada con el narcotráfico, aunque la cultura de violencia que caracteriza al ilegalizado negocio parece ya contaminar todos los aspectos de nuestra vida como pueblo.

Finalmente, el incidente de las Fiestas de la San Sebastián también deja claro que la violencia ya nos es cotidiana. Esta es la verdadera tragedia.

Según los informes preliminares que sobre el infortunio circularon en las redes sociales, tras el incidente y, mientras las autoridades todavía investigaban el hecho, la fiesta continuó como si tal cosa hasta la hora de cierre originalmente pautada.

Al mirar este incidente, me pregunto si el mismo no es otra expresión de los mismos males que nos llevan a desatar un motín porque no hay facilidades cómodas para llegar a unas fiestas, donde al fin y al cabo la gente no hace otra cosa que lo mismo que hacen todos los fines de semana.

Ingerimos alcohol, escuchamos música y deambulamos sin rumbo por las calles con la única diferencia que en esta ocasión, como durante “Las Justas en Ponce”, pasado el evento tenemos el derecho de sentirnos importantes alardeando sobre el hecho de que estuvimos allí y de que fuimos parte del suceso.

Me pregunto si estos rituales carnavalescos, así como el uso indiscriminado de la violencia, no son expresiones de una cultura forjada por la baja autoestima que desarrollamos como pueblo colonizado y que a su vez nos crea la necesidad de sentirnos incluidos en medio de un orden social cada vez más excluyente y polarizado. Es algo así como: “Yo soy más importante que aquel que no pudo llegar a las Fiestas de la Calle San Sebastián”, o de igual manera, “yo soy más importante porque tengo más capacidad de agredir”.

También me pregunto qué relación tendrá la tragedia en las Fiestas de San Sebastián con el titular principal de El Nuevo Día al momento que escribo: “Miles sueñan con un boleto de ida”.

Mi reflexión me lleva a pensar sobre cómo las autoridades, y también los medios de comunicación, continúan construyendo la violencia solo como una expresión de la criminalidad y esta última como una burbuja separada del resto del quehacer social, económico y político.

Igualmente, pienso en cómo regularmente esa violencia se construye mayormente solo como un producto colateral de las drogas.

De esta manera, tanto el gobierno que ejerce el control social a nombre del verdadero poder en la Isla, como los medios de comunicación que le sirven de aparato ideológico, nos dejan claro el discurso que nos define a cada uno de nosotros como el problema porque somos malos y no tenemos valores o controles morales.

Este es el mismo discurso que por otro lado exonera al bulímico orden social que nos impone cargas de consumo inalcanzables, mientras nos excluye de los trabajos legales y dignos. Es decir trabajos en los que un obrero se gane suficiente para sostener su familia.

Ante esta situación, el flamante administrador colonial Alejandro García Padilla, anuncia como “nueva” respuesta a la violencia social, la misma insanidad que se viene repitiendo por  los pasados treinta años en Puerto Rico.

Esto es, más presencia policiaca, sobre todo en los sectores pobres y marginados, más tecnología de vigilancia y un sistema de cotejo y evaluación sobre los planes de trabajo de los uniformados. Históricamente, ha quedado demostrado que estrategias como esta no detienen la violencia y, más aún, quedó demostrado que fue ineficiente en el asesinato reportado durante las fiestas de la San  Sebastián.

Por supuesto, al igual que su predecesor, García Padilla no tiene otra opción que seguir la insanidad antes descrita pues de lo contrario tendría que admitir que el problema de la violencia es uno estructural que solo se puede superar luego de que se cambie el orden social capitalista y colonial en que vivimos los puertorriqueños.

No es hasta que se comiencen a generar verdaderos empleos, no las insultantes propuestas de trabajos chatarras de tiempo parcial que Garcia Padilla anunció con bombos y platillos, que el problema de la violencia podrá ser atendido seriamente.

Pero como la administración colonial no tiene ni la capacidad, ni la valentía, ni los poderes para hacer un plan efectivo ante estos problemas estructurales, la misma se refugia en esfuerzos publicitarios como “Escudo Costero”, eufemismo que una agencia de publicidad diseñó para no llamar la acción “militarización de las costas”.

Esta irresponsable maniobra de relaciones públicas pudiera terminar generando terribles consecuencias no intencionadas. No quiero ni pensar cuál sería el escenario en la eventualidad que uno de eso servidores públicos termine muerto por las balas de un presunto narcotraficante.

El uso de militares que solo están entrenados para una cosa es una alternativa que no dio resultado en ningún sitio donde se les asignaron a los soldados labores policiacas o en contra del narcotráfico.

Al contrario, en México, por ejemplo, la movilización militar para hacer frente a la violencia elevó el número de muertes de nueve mil, durante los seis años antes de la militarización, a cincuenta y cinco mil durante el sexenio posterior. Esto sin hablar de los niveles de corrupción que generó entre las tropas.

Por esta razón, hasta la conservadora Oficina de Las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito expresan reservas sobre el uso de militares en trabajo policiaco.

De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas también se une a las voces de importantes organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes en el pasado vincularon el uso de militares en labores policiacas a violaciones tanto de los derechos humanos, como de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos.

Es desde este cuadro social que vive el País de donde me surge la molestia, la frustración, el miedo y el coraje a que hago referencia al comienzo de este escrito.

Pero esa molestia, frustración, miedo y coraje no es por la respuesta de la administración colonial, después de todo, de ellos no esperaba otra cosa.

Mi frustración es con mi pueblo que escucha, no solo con complacencia, enajenación y hasta con complicidad estos fracasados y trillados discursos, sino que prefiere seguir su fiesta y solo protesta porque no había suficiente transporte público para llegar a la isleta de San Juan.

Me pregunto si, al fin y a la postre, no tenemos por gobierno la insanidad que nos merecemos.

Publicado en El Post Antillano: A legalizar…


A legalizar…

Martes 01 de Enero de 2013 23:59

Gary Gutiérrez

“Y mientras se siga persiguiendo la quimera de un mundo sin drogas,estas seguirán prohibidas pero circulando sin freno, alimentando al crimen organizado, destruyendo países, destrozando l vida a algunos consumidores y convirtiendo en criminales a otros por llevar un porro en el bolsillo.”

Araceli Manjón-Cabeza: La Solución, 2012

 

Para mí, como para la mayoría, la culminación de otro ciclo solar significa el tiempo de pasar revista, analizar y reflexionar sobre lo acontecido durante los pasados doce meses.

En medio de ese proceso personal, la llamada de Julio Rivera Sanier pidiendo que le analice la criminalidad y la violencia durante el 2012 desvía mi pensamiento y expande la reflexión a nivel social.

Al momento que escribo, el año que culmina es uno de los más sangrientos de la historia puertorriqueños y gran parte de esa violencia, ochenta por ciento para ser exacto, se vincula al narcotráfico.

Por esta razón ese ilegalizado negocio tiene que ser el punto de partida obligado para cualquier reflexión sobre la violencia reportada durante el pasado año.

Tras pensar un poco sobre el tema, mí conclusión es que el 2012 nos deja una gran enseñanza: la droga hay que legalizarla y el narcotráfico tiene que entrar en la cadena legal de distribución de bienes y servicios.

Tras cuatro décadas fracasando en la empresa de reducir la violencia y el narcotráfico en la Isla, durante el 2012 la administración colonial de turno decidió aferrarse aun más a la visión moralista y conservadora que sobre las drogas Estados Unidos impone al mundo y reafirmar las mismas medidas punitivas que hasta ahora vienen naufragando como alternativa para manejar esa violencia y la criminalidad.

De esta manera y reconociendo su incapacidad, durante este año que pasó la administración colonial se las arregló para que la violencia en la isla se incluya en el campo de acción de las agencias federales en Puerto Rico.

Con esta estrategia no solo se “federalizó” en lo operacional el manejo de la violencia social producto de los procesos de exclusión social y económica, sino que se afianzó la demagogia ideológica que apunta a que los puertorriqueños no somos capaces de gobernarnos y que nuestras garantías constitucionales son la causa de la criminalidad.

Por otra parte y también basándose en la absurda visión moralista y conservadora, la administración de Fortuño impuso un draconiano Código Penal que aumentó las penas a niveles absurdos si se comparan con la tendencia internacional en materia penal.

Por supuesto, ninguna de esas dos medidas detuvo la violencia criminal en el País.

Ante su fracaso y a solo meses de las elecciones generales la administración saliente recurrió nuevamente a “los federales” y hace un llamado para que se “militarice” el Caribe como forma de hacer frente al narcotráfico proveniente de América del Sur.

Los funcionarios puertorriqueños, “vendieron” la idea de que, partiendo del éxito que Estados Unidos tuvo en la militarización de la frontera con México, las rutas del mercado negro se estaban moviendo al Caribe, por lo que patrullar nuestras costas era una cuestión de seguridad nacional.

A pesar de lo falso de las premisas, pues las militarización no tuvo mayor éxito durante los pasados años en el frontera con México, mientras que en el tráfico de drogas en el Caribe sigue siendo más o menos el mismo de siempre, la administración logró un aumento militar para luchar contra el contrabando por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de la nueva tecnología de vigilancia aérea y de las decenas de millones de dólares que costaron los helicópteros militares que hoy custodian nuestras costas, la droga sigue siendo tan abundante como siempre en la Isla.

Es decir, otro fracaso.

Por tanto, cualquiera que mire críticamente el proceso durante el 2012 tiene que concluir que el mismo demuestra que ni la prohibición, ni las medidas punitivas van a lograr detener el narcotráfico.

Por otra parte, la llegada del 2013 marca el veinticinco aniversario de las Sesiones Especiales de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la fiscalización internacional de la droga del 1993. Es en esas reuniones en donde, a pesar de las visiones salubristas que venían de Europa, se afianza a nivel internacional la idea de que la represión, el castigo y la prohibición lograrían generar un mundo libre de drogas.

Sin embargo, según la española Araceli Manjón-Cabeza, autora del libro La Solución, a pesar de los recursos y vidas humanas que cuesta la política prohibicionista a nivel mundial, en las últimas dos décadas del siglo XX “el consumo de opiáceos se incrementó en 34.5 por ciento, el de la cocaína en un 27 por ciento y de cannabis en un 8.5 por ciento.”

Partiendo de todo lo anterior mi reflexión me lleva a reafirmarme en el llamado a que como sociedad, en el 2013 comencemos a discutir seriamente alternativas no punitivas y realmente salubrista para manejar el problema del narcotráfico.

Es decir entender que el Estado no tiene porque intervenir con usuarios estables, para quienes el uso de sustancias psicoactivadoras no representa ningún problema.

Que tampoco hay razón para que, como el alcohol y el tabaco, la cadena legal de distribución no le provea a estos usurarios estables las sustancias que necesiten. De esta maneta se evita que estos usuarios tengan que insertarse en el bajo mundo para adquirir las mismas, además de que se garantiza la seguridad y calidad de las mismas.

Por otra parte, tampoco hay razón para que aquellos que sí tienen problemas controlando las sustancias sean vistos como enfermos y no como viciosos.

Ver al adicto realmente como un enfermo implica el que este pueda ir a su médico y en la privacidad de esa relación buscar alternativas para manejar su dependencia. No como ahora que decimos que el adicto es un enfermo, pero le estigmatizamos obligándoles a ir un centro específico para tratar “adictos” donde termina siendo víctimas de las farmacéutica productoras de opioides.

En fin que sí en realidad pensamos que las drogas son malas y hacen daño, tenemos que comenzar a cambiar el paradigma, pues la insanidad de la prohibición no solo lleva sobre cuarenta años fracasando, como demuestran los pasados años, cada vez nos exige un mayor tributo de sangre.

Como aquel Caballero de triste figura, al parecer, cuando viene a las drogas necesitamos que alguien nos haga claro que nos enfrentamos a molinos y no a gigantes.

Publicado en El Post Antillano: Me niego a votar por el problema


Me niego a votar por el problema

Viernes 02 de Noviembre de 2012 00:00
Gary Gutiérrez

A solo días del proceso eleccionario donde los puertorriqueños escogen quienes administraran la colonia por los próximos cuatro años, mi mente se adentra en un viejo y recurrente conflicto.

Cada cuatrienio me enfrento al mismo demonio: ¿Votar o no votar?

La conflagración mental surge del hecho de que con solo participar de ese proceso electoral aún votando en contra de los partidos principales, depositando la papeleta en blanco o “dañando” la misma, se legitima el proceso como uno democrático y representativo.

Nada hay más lejos de la verdad.

Para comenzar, soy de los que piensan que el orden social que vive la isla de Puerto Rico es uno colonial producto de una invasión militar, legitimado por un tratado internacional del cual los puertorriqueños no fuimos parte. Por tanto, cualquier proceso político que sea parte de ese orden ilegítimo, es también ilegítimo en su naturaleza.

Otra reserva que tengo para participar de las llamadas elecciones es la crítica que pensadores como Noam Chomsky hacen del proceso electoral en Estados Unidos y que yo traigo a Puerto Rico. El intelectual estadounidense explica que en Estados Unidos el proceso electoral no decide quienes mandan o gobiernan.

Explica así, que al votar los estadounidenses solo escogen quienes administran, pero jamás votan por quienes verdaderamente les gobiernan, pues los que rigen en Estados Unidos no están en Washington, sino en Wall Street.

Usando esa misma lógica, mientras los puertorriqueños no votemos por quienes dirigen los bancos en Hato Rey o los grandes bufetes en el Viejo San Juan, no estaremos votando por los verdaderamente nos gobiernan en la isla.

Si descartamos los planteamientos anteriores y partiéramos de que el proceso electoral en Puerto Rico no es una farsa y que el estado de derecho es legítimo, todavía tendría reservas para participar del mismo, pues lejos de ser un ejercicio democrático, en el mejor de los casos esta consulta es un ejercicio de partidocracia.

El proceso electoral en Puerto Rico no es una herramienta para que cada ciudadano o ciudadana exprese su sentir o escoja a un grupo de hombres y mujeres que representen ese sentir en las estructuras estatales.

Lo que sí es el sistema es una maquinaria que surge y se mantiene desde los partidos políticos con la sola función de garantizar el espacio político y económico a esos mismos partidos. Un sistema de los partidos, para los partidos, por los partidos.

Desde esta perspectiva, votar no solo me parece un ejercicio de futilidad, si no que entiendo que al votar estoy respaldando, validando o legitimando este sistema colonial, plutocrático y partidista.

Ahora, por otra parte pienso, y aquí está el dilema del que hable al comienzo del escrito, que el votar o no votar, no puede ser una cuestión dogmática. Al fin y al cabo, el voto no es un fin en sí mismo. Más bien es una herramienta para ser utilizada según sirva para adelantar nuestras causas o intereses.

Si bien es cierto que el proceso sigue controlado por la misma plutocracia partidista y colonial de siempre, no es menos cierto que la inserción de nuevas alternativas da un carácter diferente a esta consulta.

El que organizaciones como el Movimiento Unión Soberanista (MUS) y el Partido del Pueblo Trabajador PPT decidieran usar la plataforma electoral como base a su discurso contestario redefine el viejo y gastado proceso electoral.

La presencia de estas alternativas nos permite usar el propio sistema, no para votar “simbólicamente” en contra de los partidos tradicionales, si no para dejar claro nuestro descontento con el orden actual.

Tomando el asunto de la criminalidad y la violencia por ejemplo. Las propuestas para manejar la criminalidad presentadas por estas dos colectividades mencionadas, así como las propuestas por el del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido de Puertorriqueños por Puerto Rico (PPPR) son en mayor o menor grado una denuncia al oficialista y fracasado discurso represivo y punitivo que se impone en el país por más de treinta años.

Estas colectividades denuncian las estrategias punitivas contra el crimen del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) como unas fracasadas que lejos de reducir la violencia social y criminalidad en el país, terminan aumentando la misma, pues la descontextualiza de las políticas económicas y sociales que las causan.

Es por esta razón que decidí participar en este proceso electoral.

Veo estas elecciones como un referéndum que nos permite denunciar cuan gastadas están las políticas públicas conservadoras que, como en el caso del crimen, lo que logran es seguir aumentando y agravando los problemas que dicen combatir.

Con mi voto pretendo dejar claro que exijo la búsqueda de nuevas alternativas para enfrentar esas problemáticas desde una visión social y económicamente integradas.

En palabras simples, pienso que votar por el PNP y el PPD es votar por los propios problemas que nos agobian.

Y yo me niego a votar por el problema.

Publicado en El Post Antillano: Cuando uno empieza a resbalar…


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Cuando se empieza a resbalar

Según me dijeron, Don Pedro Albizu Campos decía que, “cuando uno empieza a resbalar, no para hasta que se escocota” Realmente no sé si la cita realmente es de don Pedro, pero fue lo que me vino a la mente luego de que la pasada semana un jurado federal no se pudo poner de acuerdo para rechazar la pena de muerte a un acusado de asesinar a su amante, quién era agente federal. Es decir que el jurado realmente no rechazó la pena de muerte, solo no lograron ponerse de acuerdo en imponerla.

Seguir este proceso judicial por las redes sociales fue algo así como un viaje en barco por una tempestad.

Primero la tensión y la espera, desde que terminaron los alegatos finales, las instrucciones del juez y los casi tres días que tomo la deliberación. Periodo en que los servicios como Facebook y Twitter se convirtieron en campos de batalla ideológica por parte de aquellos que se oponen al bárbaro castigo.

Luego vino la celebración y euforia del veredicto que imponía la cadena perpetua y no la inyección letal al ya convicto por asesinato.

Más tarde, se reflejó la indignación y coraje ante las dolorosas expresiones de la fiscal federal, quién ante su derrota judicial auguraba que este pueblo “está listo” para un castigo que desde hace más de cincuenta años la humanidad busca descartar.

Por supuesto que no se pude esperar otra cosa de funcionarios de un sistema colonial que, como decía Fanon, se convierten en caricaturas del colonizador, mientras encarnan el “síndrome del mayoral” del que nos habla el amigo Daniel Nina. Es decir funcionarios que ejercen un poder que no les pertenece, pero que no desperdician oportunidad para hacer valer a base de vara y castico.

Pasadas y experimentadas las emociones, levantado el humo del campo de batalla algo me queda claro. Si se mira le proceso fríamente, me tengo que preguntar si es correcto eso de que Puerto Rico “está listo” para imponer la pena de muerte.

Bueno, en realidad lo diría de otra manera.

¿Habremos retrocedido tanto como pueblo, que en este punto histórico estamos dispuestos a renunciar al pensamiento de avanzada que hace más de medio siglo expresamos en la llamada constitución del ELA?

Hace unos meses tuve el honor de hablar ante la asamblea anual de La Comisión Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte. En esa ocasión terminé mi alocución diciendo: “Amigos y amigas, al mirar la batalla que como grupo les toca enfrentar en el futuro próximo viene a mi mente aquella única mujer que mantuvo su visión mientras el resto se quedo ciego en la novela del Nobel portugués. Espero que puedan crecerse ante el reto, y que como aquella mujer sepan dirigir la cruzada. Porque aquí nos puede ir la vida constitucional del País. La ceguera social que implica la imposición de la pena de muerte en pleno siglo XXI cada vez más es definida como la visión a seguir para que la masa se sienta segura y para que los políticos sigan viviendo de ella.”[1]

Hoy esa cita regresa a mi mente cuando leo que en realidad el jurado no llegó a la conclusión de no asesinar al acusado que tenían frente a ellos y ellas. Según los medios de comunicación, la pena de muerte no se impuso, no porque se rechazó, sino porque los jurados no llegaron a una determinación a favor o en contra de la misma.

Si la información es correcta, entonces nos tenemos que preguntar si esta determinación no es más que un premio de consolación para los que no le reconocemos al Estado el poder de asesinar a sus ciudadanos. Me pregunto, y me duele hasta pensarlo, si la fiscalía federal no tiene razón y este pueblo está en una encrucijada que ante eso que llaman criminalidad, están dispuestos a convertirse colectivamente en asesinos.

Nos tenemos que preguntar, si el pánico moral que la derecha conservadora crea en torno a la violencia social que sufre el país, no está siendo exitoso llevándonos por el mismo sendero que antes caminaron los europeos en década del 1930 y los estadounidenses del 1980.

Es decir que ante lo que se percibe como una violencia social sin control, que en realidad es normal dentro de los ciclos de violencia que históricamente hemos vivido como pueblo y que en última instancia es una violencia producto de las propias medidas excluyentes impuestas por esos mismos conservadores, nuestro pueblo llego al punto de estar dispuesto a ceder y renunciar a las pocas conquistas sociales que el sistema colonial capitalista nos permite.

Espero equivocarme, pero parece que este “no veredicto” apunta a que estamos resbalando…

[1]https://garygutierrezpr.com/2012/05/13/pena-de-muerte-herramienta-de-gobernanza/

Publicado en Claridad: Criminalidad, federales y pánico moral


Criminalidad, federales y pánico moral

Por Gary Gutiérrez
Publicado: martes, 25 de septiembre de 2012

“La federalización es lo único que funciona, porque si no, yo les digo que Puerto Rico se puede convertir en Juárez, México, o peor. Y gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, entiendo que eso no está sucediendo”.

De esta manera se expresó en medio de una conferencia de prensa donde se daba a conocer la incautación de un cargamento de cocaína la pasada semana Rosa Emilia Rodríguez Vélez, encargada de la fiscalía estadounidense en San Juan, Puerto Rico.

Análisis

De primera intención, me impactó y hasta me ofendió el corte xenofóbico y casi racistas que destilan estas expresiones, sobre todo cuando vienen de una funcionaria de alto nivel en la estructura federal en la Isla.

Al escuchar las expresiones me preguntaba si algún otro u otra fiscal federal en Estados Unidos se atrevería decir que los ciudadanos de su jurisdicción no son capaces de resolver sus problemas y de proteger su comunidad.

La verdad que no puedo ni imaginar la reacción de los residentes y funcionarios electos en estados con larga tradición libertaria como las Dakotas, Nevada, Oregón o California, ante un planteamiento similar por parte de un funcionario federal nombrado por Washington.

Matizada por la incredibilidad, mi mente buscó una explicación a estas declaraciones que parecen dichas más por un personaje como Don Eleuterio que por una abogada con la experiencia de Doña Rosa Emilia.

Como parte de la búsqueda de explicaciones, vinieron a mi mente los maestros Fanon y Memmi y sus explicaciones en torno a cómo el colonizado se convierte en una caricatura del colonizador.

De igual forma mi mente recordó aquel “síndrome del mayoral” del que me habló el amigo Daniel Nina. Ese infame sujeto de nuestro pasado que se sabía sin ningún poder real, pero que ejerciendo el poder del dueño de la hacienda, controlaba a fuete y garrote a los trabajadores que tenía bajo su mando.

Si terrible es el sabor xenofóbico que destilan las mencionadas expresiones, peor es su inexactitud.

Para comenzar, una de las razones para los niveles de violencia que experimenta México en su frontera norte, pues el resto del país tiene envidiables estadísticas de asesinatos, es precisamente la punitiva política belicista antidroga que el gobierno mexicano, cediendo a las presiones de Washington, desató en la región norte del país.

Esto sin mencionar la de fallidas estrategias como la de repartir armas de alto poder y calibre para luego arrestar a los sicarios, que experimentó el gobierno estadounidense en esa región donde la Agencia Federal Antidrogas (DEA) establece la forma en que se hace frente al narcotráfico.

Por tanto, no es como que Estados Unidos no tenga culpa en esa violencia que arropa el Norte de México. Hace menos de dos años, la propia Secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció la responsabilidad que su país tenía en esa violencia.

De igual forma, si se analizan detalladamente las desafortunadas expresiones de la licenciada Rodríguez Vélez se pudiera llegar a la conclusión opuesta.

Lejos de prevenir el Armagedón de violencia augurado por la fiscal federal, de la experiencia histórica se puede concluir que es la presencia de los agentes y leyes federales lo que genera las condiciones para la violencia social y callejera que vive la Isla.

Después de todo, es la política federal antidrogas la que viene fracasando en la Isla desde la década del 1970 cuando el entonces presidente Richard Nixon declaró la guerra a estas sustancias. Incluso es bajo estos estatutos y bajo la vigilancia de los federales que se producen la cantidad de muertes violentas que anualmente se reportan en la Isla.

Me parece que nadie en su sano juicio puede declarar victoria contra el negocio del narcotráfico, cuando según múltiples expertos este ilegalizado negocio es el segundo o tercer sector económico en la Isla, así como uno de los sectores que más empleos directos e indirectos genera.

Pero peor aún, uno pudiera decir que precisamente es la relación colonial de Puerto Rico la que permite la imposición de una fracasada política punitiva por parte de los federales, que a su vez es la razón por la que Puerto Rico no se puede integrar al grupo de naciones donde la tolerancia, la descriminalización y la medicación han logrado avances en el manejo no punitivo de la narcodependencia y por ende han bajado la violencia y la corrupción colateral al narcotráfico.

Por la presencia de las leyes federales es que Puerto Rico no es parte de los países donde la narcodependecia se maneja sin los hipócritas estigmas moralistas con que se manejan en Estados Unidos desde hace más de cien años el consumo de estas sustancias. Países donde el consumo de sustancias psicoactivadoras es menos de la mitad que en Estados Unidos.

Partiendo de lo anterior se pudiera argumentar entonces, que la presencia en la Isla de los federales, lejos de disminuir, aumenta los problemas relacionados con el uso de droga, entiéndase la violencia, la criminalidad y la corrupción que arropa al País.

Pero la observación de esas infortunadas expresiones por parte de la Sra. Rodríguez Vélez no se puede quedar aquí.

Al análisis se le tiene que sumar que las expresiones de doña Rosa Emilia Rodríguez Vélez fueron endosadas por el agente federal retirado y ahora superintendente de la Policía de Puerto Rico, Héctor Pesquera, así como por el administrador colonial de la Isla, Luis Fortuño.

“Creo que en la unión está la fuerza y con esos recursos federales lo que estamos pidiendo son más para darle duro al criminal y al corrupto también”, citó la prensa a Fortuño.

El que las expresiones de la licenciada Rodríguez Vélez, así como las reacciones de apoyo a las mismas, se produzcan a menos de 45 días de una consulta sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene que ser parte del análisis.

Según lo que se comenta en la opinión pública, la única manera que el actual administrador revalide en su puesto, es movilizando a votar a ese sector del Partido Nuevo Progresista que se afectó por las políticas neoliberales que Fortuño trajo de los Republicanos en Estados Unidos.
Es decir, ese sector que no votaría por otro partido pero que pudiera quedarse en su casa y no ir a votar.

Al mirar las expresiones de Rodríguez Vélez desde esta óptica, es fácil ver que se puede tratar de lo que los sociólogos llaman “pánico moral”.

Es decir, cuando se coge un grupo de personas, en este caso “los narcotraficantes” y se demonizan presentándoles como la causa de todos los males sociales que se experimentan en la sociedad, por ejemplo la violencia y la criminalidad.

Los empresarios morales, quienes son los que definen quiénes son ese demonio folclórico objeto del pánico moral, empujarán su solución como la única alternativa al problema, en este caso la intervención federal. Alternativa que sólo puede garantizar su permanencia con la entrada de Puerto Rico como estado federado.

De esa manera, la lógica de estos empresarios morales aparenta ser que, ante el miedo de que se vayan los federales y que nos dejen solos frente al demonio del narcotráfico, los simpatizantes de la unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos se moverán a votar.
Claro, esos empresarios morales apuestan a que una vez en la caseta de votación, estos electores terminarán votando por el partido que representa esa “unión permanente”.

En fin, sean estas hipótesis correctas o no, lo importante es que las expresiones de la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, no sólo son de corte xenofóbico y desacertadas, deben verse como ofensivas e insensibles para un pueblo que diariamente ve a sus hijos morir o ser encarcelados simplemente por entrar al único negocio que les ofrece oportunidades de empleo bien remunerado.

Publicado en Claridad: Votar “NO”, es votar más allá de la fianza


Votar “NO”, es votar más allá de la fianza

Por:  Gary Gutiérrez para Claridad : martes, 24 de julio de 2012

 El próximo 19 de agosto, convocados por la actual administración colonial, el pueblo de Puerto Rico votará para decidir el futuro de una de sus protecciones constitucionales, el derecho absoluto a la fianza.

El aparato colonial, dirigido por sus alcahuetes publicitarios, se ocupa de difundir la idea de que esta consulta se trata de una reafirmación de los valores de “las personas decentes” frente a la decadencia y depravación moral de los que llaman “ellos”, es decir de “los criminales”.

De esta manera el partido de gobierno, utilizando la estructura gubernamental repite estribillos como: “si NO votas, ellos ganan”, apelando así a la visión conservadora de los trabajadores pobres que en Puerto Rico se consideran clase media.

Trabajadores pobres que, mientras reciben el embate de las decisiones gubernamentales para favorecer a los ricos, compran la definición de que sus enemigos son los sectores más débiles y explotados de la sociedad, es decir los realmente pobres y los subproletarios.

Sin embargo, más allá del miedo a la criminalidad con que los capitalistas del desastre enmarcan esta consulta constitucional, lo que verdaderamente se dirime el 19 de agosto es si Puerto Rico valida o no el estado de Fascismo Social que imponen los actuales administradores coloniales a nombre de su verdadero representado, el capital.

“Fascismo Social” es un término acuñado por el portugués Boaventura de Sousa Santos para explicar la falta de democracia en los regímenes neoliberales de la sociedad post-modernas o de la modernidad tardía.

Según De Sousa Santos, esta nueva versión no se basa en un régimen político como lo hizo el fascismo en las décadas del 1920 y 30, sino que ahora se apoya en un sistema social y económico donde las instituciones nacionales acceden y se someten ideológicamente al capital en espera de que éste sea el que construya una mejor sociedad.

El pensador portugués explica que este nuevo fascismo se puede dar en tres modalidades o combinación de las mismas: “fascismo del apartheid social”, donde el espacio físico se divide mediante reglamentación que reserva unas áreas para la gente de bien y otras para los salvajes sociales; “fascismo contractual” donde las relaciones de explotación se validan mediante contratos civiles que los débiles tienen que aceptar por falta de capacidad para enfrentarlos legalmente; y finalmente el “fascismo de la inseguridad’ que se produce manipulando el temor de las clases vulnerables, entiéndase la clase media, para que éstas cedan sus espacios a cambio de la protección que prometen los poderosos.

El resultado de este fascismo social, que por definición podemos decir que se viene estableciendo en Puerto Rico desde la década del 1990, es un estado de ilegitimidad donde grandes sectores de la población no se sienten representados por el aparato gubernamental.

Partiendo de una conciencia política educada y desarrollada, parte de ese sector que no se ve representado por el Estado y sus instituciones, recurrirá a la protesta en la calle, la desobediencia civil, la organización de partidos u organizaciones políticas, sindicales o comunales como forma de expresar y canalizar su repudio a ese fascismo.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los marginados por este nuevo fascismo no cuentan con esa conciencia social, por lo que responden como pueden a la marginación y exclusión producto de este régimen.

Para estos últimos entonces, el “buscárselas como se pueda”, en algunos casos incluye el criminalizarse, es opción que se convierte en una forma inconsciente de enfrentarse o contestar la violencia excluyente de ese Estado que dejó de representarles.

Para un ejemplo simple basta mirar al joven adolescente, quien ve en el narcotráfico las oportunidades económicas que el sistema legal le niega al condenarle a empleos chatarras que ni siquiera llenan sus necesidades básicas de subsistencia.

Es por esta razón que la consulta del 19 de agosto tiene una importancia trascendental.

Sí guiado por el miedo a la violencia social, el pueblo respalda limitar el derecho absoluto a la fianza, lo que realmente estará respaldando simbólicamente es el fascismo social que se atrinchera en Puerto Rico, generando la exclusión que termina produciendo la violencia que les aterra.

De esta manera se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que si el país continúa comprando el discurso excluyente que desde el aparato gubernamental imponen los tecnócratas y burócratas al servicio del capital, continuará construyendo una sociedad donde cada vez más personas se sientan descartadas o no representadas, por lo que cada vez habrá más violencia y más criminalidad.

El 19 de agosto le va la vida a la democracia puertorriqueña, no sólo porque está en juego uno de sus derechos constitucionales, sino porque está en juego las bases de la relación entre el ciudadano y el Estado.

Si verdaderamente queremos controlar la criminalidad y la violencia, no hay más opción que votar que “No” en esta consulta. Hacer lo contrario es votar a favor de la violencia y la criminalidad producto del fascismo social que impera en la Isla.

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*El autor es profesor universitario y estudioso de la justicia criminal.

 

Publicado en El Post Antillano / No, no voy a discutir sobre la fianza…


No, no voy a discutir sobre la fianza…

Martes 19 de Junio de 2012 15:11
Gary Gutierrez

Habiendo estudiado justicia criminal, algunos de mis allegados me preguntan sobre la consulta en torno al derecho a la fianza.

Ante la interrogante de mis compañeros y compañeras viene a mi mente un mensaje electrónico donde mi suegro me advertía a no discutir con necios o ignorantes.

El mensaje explicaba que cuando uno discute con necios o ignorantes, uno termina bajando a su nivel y regularmente perdiendo la discusión pues ellos tienen más experiencias hablando necedades.

Sobre la palabra necio, el diccionario de La Real Academia de la Lengua Española (RAE) nos ilustra: “necio, cia. (Del lat. nescĭus): 1. adj. Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. U. t. c. s.[1]; 2. adj. Imprudente o falto de razón. U. t. c. s. ;3. adj. Terco y porfiado en lo que hace o dice. U. t. c. s.; 4. adj. Dicho de una cosa: Ejecutada con ignorancia, imprudencia o presunción.”.

Al leer desde estas definiciones las propuestas que pretenden reducirnos los derechos como forma de luchar contra con la criminalidad, sólo las puedo catalogar como una necedad sostenida por la ignorancia.

Aquellos que proponen estas reducciones en derechos como estrategia para atacar la llamada criminalidad se basan en el miedo a la violencia social que abruma el país, que no es lo mismo que criminalidad.

Violencia social que ellos pretenden minimizar definiendo la misma como un simple problema de criminales desviados que necesitan control y mano dura, obviando así las causas estructurales y sistémicas que producen la misma.

De esta manera, su discurso de pánico está dirigido a los sectores más conservadores del país, que son los que más participan de las elecciones y también los que desconfían de los pobres y sub-proletarios.

Un miedo que les lleva fácilmente a creer que renunciando a las protecciones y garantías constitucionales, el Estado podrá ser más eficiente contra “el criminal”. “Después de todo, la gente decente no necesita derecho a la fianza”, es el entrelineas del discurso.

Sin embargo, lo que hace este simplista discurso es jugar con las emociones evitando usar la razón para buscar alternativas al problema. De esta forma los gobernantes de turno evitan tener que dar explicaciones u ofrecer prueba de que su teoría de renunciar a los derechos funciona para hacer frente a la criminalidad.

Esos gobernantes que se esconde tras esta propuesta para no admitir su fracaso manejando la criminalidad tienen, sí tienen la obligación de contestar: ¿Si en alguna instancia esta estrategia de cortar derechos a la población funcionó y alivió la criminalidad?

Mientras no contesten esas preguntas con pruebas verdaderas y estudios académicos, la propuesta es una necedad que me niego a legitimar debatiéndola.

Que yo recuerde, la renuncia a los derechos civiles y las garantías constitucionales sólo produce dictaduras fascistas o de izquierda.

El sólo discutir esa propuesta es bajar al nivel de aquellos y aquellas que llevan sobre treinta años proponiendo una mano dura y un castigo seguro que no funcionó ni funciona para detener la violencia que sufre el país.

Discutir si la reducción de los derechos baja la criminalidad es una necedad igual a discutir si la Tierra gira en torno al Sol. Esas cosas no se discuten, simplemente se les dice que “no”.

Por tanto aquellos que quieran argumentar sobre tal necedad, tienen el peso de la prueba, mientras tanto; no, no voy a discutir sobre la fianza.

Me limitaré el 19 de agosto a votar que “NO”, porque mis derechos no son la causa de la criminalidad.

Paz y anarquía…

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[1] Usado, usada o usadas también como sustantivo.

Publicado en 80grados// Fortuño: narcotráfico y mexicanización


por  | 22 de Junio de 2012 | 2:55 am – 3 Comments

Al mismo tiempo que en Puerto Rico comienza una campaña política definida por el miedo a la violencia, la criminalidad y la narco-cultura, el administrador colonial de la isla, Luis Fortuño, viaja al Congreso para pedir que Estados Unidos mediante sus agencias aumente su injerencia en estos asuntos

Al leer la alocución del administrador colonial frente a un subcomité del Congreso estadounidense quedan claro cuatro cosas.

Primero: la incapacidad para manejar el problema del narcotráfico por parte de la administración que él dirige. El documento comienza creando un retrato muy emotivo pero poco certero y académico de la situación de violencia que sufre el país.

Si bien es cierto que parte de la violencia que se vive está relacionada con el narcotráfico, no es menos cierto que muchas veces las autoridades reducen la importancia de los incidentes violentos vinculando los hechos con el ilegalizado negocio, sólo porque a sus protagonistas se les identifiquen como vendedores o usuarios de sustancias.

Esta fórmula simplista excluye el hecho constatado de que muchos de los actos de violencia, aun cuando sean perpetrados por personas vinculadas al narcotráfico, pueden tener otros móviles, como son los celos, el machismo, disputas entre vecinos etc. Claro está, el decir que la violencia es mayormente culpa del narcotráfico evita al administrador colonial tener que admitir que las políticas socio-económicas implementadas por su administración están generando, como pasó en otros países, parte de esa violencia social que se sufre.

Igualmente inexacto es la versión incluida en el documento de que los homicidios en la isla van en descenso desde hace varias décadas. Las propias estadísticas del Estado apuntan a que ese renglón de delitos experimenta fluctuaciones de altas y bajas que no se relacionan con las políticas punitivas.

El segundo punto que nos ocupa es la visión conservadora. Para el administrador colonial como para los conservadores de derecha estadounidenses, el narcotráfico es un problema de falta de valores, de gente débil, faltos de carácter o malvada y no una respuesta a las situaciones de exclusión social generada por las medidas económicas que su propia administración empuja. Mientras pide dinero para aumentar más la militarización de la lucha contra el crimen y las drogas con más agentes y más intervención, Fortuño no habla de pobreza, de falta de empleos y de la exclusión económica que cada día condena a más sectores a la ilegalización como alternativa económica.

La presentación ante los congresistas describe el proyecto “CeaseFire” que su administración desarrolla en Loíza. Lo hace sin dar mucho detalle y sin explicar que él rara vez menciona ese proyecto cuando habla en la isla sobre el tema de la criminalidad.

Proyectos como “CeaseFire” promueven una apertura y una conversación con los elementos criminalizados y son altamente efectivos en reducir la violencia a corto plazo, pero si no se desarrollan alternativas socio-económicas paralelas que suplante la venta de drogas como forma de ganarse la vida, los mismos se revelan como insostenibles a largo plazo.

Cuando aquí se habla de alternativas socio-económicas no se está hablando de los subempleos o empleos chatarra que el gobierno celebra en las cadenas multinacionales de venta al detal, sino de verdaderas alternativas económicas. Téngase en cuenta que si un muchacho sin educación puede correr un punto de droga, se le puede ayudar y entrenar para que maneje un negocio legal como se hizo en el proyecto que David Kennedy propuso para High Point, en Carolina del Norte.

Tercero, según el documento, el papel que Puerto Rico juega en el narcotráfico es muy parecido al de México pero no es igual. La isla es un centro de trasbordo, no como el caso de México que es un centro de distribución. México no solo sirve de puerto de paso para las sustancias, en mayor o menor grado produce, almacena y distribuye, por lo que es un rol mucho más complejo que el de Puerto Rico. Sin embargo, aplicar, como pide el administrador colonial, las políticas de aumentar la militarización para hacer frente al narcotráfico, seguramente resultará en la misma ingobernabilidad y violencia que sufre el norte de México como resultado de políticas punitivas impuestas en las pasadas décadas.

El propio documento presenta cómo estas medidas punitivas y prohibicionistas fracasan a diario en la isla. A pesar de los “logros” que reclaman las autoridades, el trasiego de drogas sigue a tal nivel que Fortuño tiene que ir a Washington a pedir “más intervención”. De paso, el administrador colonial no incluye en su alocución que parte de la violencia detallada al comienzo del documento es precisamente producto o secuela de esas intervenciones en los puntos de drogas, situación que muchas veces explicara el pasado superintendente José Figueroa Sancha

Finalmente, de la lectura del documento se desprende la estrategia política con la que pretende correr en las elecciones ante el asunto de la criminalidad.

Obviamente, el administrador colonial sabe que para el electorado de la isla el tema de la criminalidad es medular. Así que aquí tiene el discurso electoral: si no le dan los fondos explicará que no podemos hacer frente a este grave problema, pues no recibimos por parte del gobierno federal los recursos que son necesarios y que ellos asignan a otras “fronteras” como la mexicana, por lo que hay que seguir luchando para la “’ igualdad”. Si le dieran los fondos, proclamará una victoria y reclamará que por ella merece la reelección porque ahora si podrán hacer frente al dragón de mil cabezas que nos atemoriza.

La tragedia es que no importa lo que pase, el resultado será el mismo que por los pasados cuarenta años. Seguiremos llenando las cárceles del país, nuestros jóvenes seguirán pagando su tributo de sangre, los centros de rehabilitación, muchos de ellos de base de fe, seguirán hartándose de dinero, los bancos seguirán generando ganancias lavando el dinero y los negocios extranjeros de venta al detal seguirán llevándose las ganancias producto de toda esta violencia.

Mientras eso pasa en nuestra Isla, el resto del mundo busca una forma de cómo coexistir con estas sustancias con estrategias de tolerancia y descriminalización que son más económicas y eficientes que la solicitada militarización.

Pena de muerte: Herramienta de gobernanza.


 Por Gary Gutiérrez para la asmablea anual de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte 2012

La segunda mitad del siglo XXI aparenta ser una caracterizada por un alza en la violencia social y criminal, así como en la represión estatal.

Como bien explico el profesor Cepeda hace unos instantes,  procesos sociales excluyentes como el coloniaje, cuyas expresiones incluyen el racismo y el machismo, así como la violencia económica que implica el capitalismo pueden ser vistos como las bases para una violencia que en los pasados tres años parece exacerbada por la implementación en Puerto Rico de un nuevo capitalismo llamado neoliberal (Gutiérrez, 2012).

Cuando viene a ofrecer alternativas y posibles soluciones a esta violencia que vive el País, es interesante como los políticos profesiones ignoran todo el saber criminológico de los pasadas décadas en incluso el conocimiento producido por los sociólogos de la desviación y se refugian en nociones de castigo desacreditadas hace más de cien años, entre ella la pena de muerte.

Por ejemplo el discurso del primer ejecutivo colonial de turno en Puerto Rico propone como alternativas las mismas estrategias de control y vigilancia que se vienen implementando sin éxito en la isla por los pasados cuarenta años como poco.  Es decir más castigos, penas más altas, la rendición de por parte de la ciudadanía de los derechos civiles y la entrega a los fedéreles de la jurisdicción sobre la violencia en la isla.  Esta federalización, claro está, con el propósito de evadir las protecciones constitucionales locales y abrir la posibilidad a la imposición de la pena de muerte.

Al tomar este acercamiento, el inquilino de La Fortaleza  cumple con las características típicas de los políticos estadounidenses de las pasadas cinco décadas, quienes según Jonathan Simon en su libro Governing Through Crime (2007) buscan ganar el favor del electorado conservador creando un ambiente de miedo en torno a la criminalidad y ofreciendo como alternativas las medidas de castigo que hacen resonancia en la mente de ese poderoso sector electoral.

Pena de muerte: Herramienta de gobernanza.

Bajo esta visión, el Estado en Puerto Rico, específicamente algunas de sus agencias,  exigen el  “derecho” a monopolizar el uso legítimo de la violencia como herramienta para “proteger” el “orden” social e imponer el respeto a la Ley.  Lo más triste es que esa violenta respuesta estatal para atacar la violencia social o criminal, aparenta contar en la segunda década del siglo XXI con el aval de crecientes sectores de la ciudadanía, sobre todo de la población que  participa de los procesos electorales que para fines de los políticos es la que cuenta. Observando este fenómeno, parecería que durante  los pasados años en Puerto Rico se reproduce un fenómeno que se desarrolló en Estados Unidos después del 1980, cuando se estructuró un nuevo orden político y social en torno al control de la criminalidad violenta.

Bajo este nuevo orden, en nombre de controlar esa violencia criminal producto de las mismas medidas neoliberales que hoy se imponen en la isla, la sociedad permite el desarrollo de un poder institucionalizado, una especie de “barbarismo organizado” como alternativa a esa violencia criminal (Simon, 2007; Young, 2003)

La administración colonial actual, dirigida por un gobernador autodenominado como republicano, conservador y heredero de las medidas impuestas en Estados Unidos en la década del 1980, se dejar ver como un ejemplo típico de la llamada gobernanza mediante el crimen que describe Simon (2007).  El uso de medidas “anticrimen” con el fin de adelantar otras agendas, el desarrollo de sistemas de control y vigilancia, los discursos y metáforas del crimen y la justicia criminal en otras áreas del quehacer social como son las escuelas y edificios públicos; así como el convertir la criminalidad en un asunto estratégico que  justifique cualquier acción , no importa lo injusta o anticonstitucional que sea después que la misma se proyecte como un intento de proteger a las “personas decentes”; es parte desde está estrategia que Simon (2007) cataloga como gobernanza mediante el crimen.

Durante las pasadas décadas por ejemplo, los informes de situación del Estado en Puerto Rico, dedican gran parte de sus contenidos a denunciar, explicar y proponer llamadas  soluciones contra el crimen.  Si bien el asunto aparentó ser prioritario en las propuestas presentadas por los pasados tres gobernadores coloniales, no es menos cierto que el tema de la criminalidad tuvo un papel estelar en los informes sobre la situación del País que el actual administrador colonial presentó a las cámaras entre el 2009 al 2012. En algunos casos, como en el informe del 2012, el tema de la criminalidad constituyó más del veinte y cinco por ciento (25%) del contenido de la alocución ante la legislatura colonial y donde el propio gobernador admite el fracaso de su administración cuando viene a manejar la llamada criminalidad.

“…nadie—y menos yo—puede estar satisfecho con los niveles de violencia e inseguridad que siguen azotando a nuestras familias y nuestras comunidades, y en particular el número de asesinatos.” (Fortuño, 2012, p. 11)

Interesantemente en esas cinco páginas, el político no incluye conceptos como pobreza, exclusión o desarrollo sostenido de las comunidades,

Lo que aparenta ser más interesante, es que las contestaciones y críticas a este discurso por parte de los partidos de oposición, terminan inconscientemente reproduciendo la misma gobernanza mediante el crimen al usar la misma arenga  electoral que critican al incúmbete y proponiendo como alternativa su mismo discurso de miedo, control y vigilancias.

Por ejemplo en el caso de Puerto Rico, el principal partido de oposición demostró  la importancia que para ellos tiene el tema de la “criminalidad” cuando  abrió su campaña en vía a las elecciones de noviembre de este año con la presentación de un documento que llamó “Plan Anticrimen”.  Si bien el documento comienza admitiendo que la criminalidad no es un fenómeno aislado de los problemas de educación, economía y salud y haciendo un llamado a  que “…para ganar la batalla contra la delincuencia, hay que transformar la cultura, la economía, la salud, el andamiaje completo que ordena nuestra vida pública” (García-Padilla, 2012, p. 2); no es menos cierto que la palabras pobreza y exclusión tampoco está en ninguna parte del documento. De igual manera es notable que, aun cuando habla de crear empleos como alternativas al narcotráfico,  la ausencia de conceptos que apunten al desarrollo sustentable de las comunidades y de empresas comunales o familiares deja ver la reproducción acrítica del mismo discurso conservador que permea en la isla por los pasados cuarenta años.

En nuestro gobierno todos los esfuerzos estarán dirigidos a promover una cultura de responsabilidad cívica, apoyada en los principios de la Responsabilidad, el Orden, la  Disciplina, y la Solidaridad. (García-Padilla, 2012, p. 3)

Con sólo mirar la aspiración estipulada en la cita anterior, se nota el discurso conservador que termina construyendo el problema de violencia social, que tiene su origen en otros aspectos socioculturales,  como mera criminalidad y proponiendo más control, represión y castigo como alternativa para hacer respetar el orden social. De esta forma termina imponiendo y no cuestionando el orden social existente que al fin y a la postre, como todo orden excluyente,  termina produciendo violencia social (Simon, 2007; Young, 2003).

Como si hasta aquí el alegado discurso crítico de la oposición política  no fuera lo suficientemente conservador, al mirar las soluciones propuestas por estos, es decir el uso de la fuerza represiva para “detener el flujo de armas ilegales y drogas, combatir la violencia contra la persona, reducir la delincuencia en las comunidades y mejorar las instituciones de seguridad las mismas”,  el mismo se revelan como un discurso simplista para sacar ganancia del miedo que según Simon (2007) mueven electoralmente a la conservadora clase electoral.  Un discurso tan conservador que como alternativa al narcotráfico propone  “activar inteligentemente la Guardia Nacional para mejorar sustancialmente la deficiencia de seguridad en los puertos y los muelles de la isla.” (García-Padilla, 2012, p. 11)

En fin que uno con la llamada “mano dura” y el otro con la supuesta  “mano inteligente”, los políticos profesionales perecen que terminan construyendo una imagen de la violencia como una de criminalidad producto de individuos endemoniados, desajustados o sin valores que deben ser reprimidos a cualquier costo pues terminaran destruyendo la fibra moral de la sociedad.  Un discurso que es recogido y reproducido acríticamente por los medios de comunicación de la Isla y por la opinión pública que tiene acceso a esos medios.  De esta manera los criminales no son vistos como lo que realmente son en mayoría. Individuos producto de una sociedad capitalista, donde la marginación y la  falta de empleos adecuadamente remunerados les niega el acceso a un nivel de vida cómodo en el mundo capitalista y al principal valor social que es el lucro y la búsqueda de riqueza material (Young, 2003).

Como se dijo antes, este discurso aparenta ser comprado acríticamente por la población en general, creando un clima de opinión que aparenta mal definir el problema de violencia social, que sufre Puerto Rico producto de la exclusión, como un problema de criminalidad producto de individuos depredadores de los ciudadanos de bien, contra quienes sólo funcionan medidas “punitivas” o “correctivas” mayores.  Es decir que la mayoría de la población, aún los propios sectores marginados, parecen  no reconocer su propia problemática y reproducen la definición y las soluciones de los problemas que les llegan desde el poder de la sociedad. Un poder que en el caso de Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico, es varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano conservador que ve con suspicacia e incluso criminaliza lo que sea femenino, negro, pobre, homosexual y no cristiano (Young, 2003; West, 2001). De esta manera queda fuera de ese discurso del poder,  y de la supuesta crítica que le hacen a ese poder,  el hecho de que la violencia que se experimenta socialmente es inherente al propio orden social excluyente que se  impone desde un régimen político colonial, así como de la construcción machista de la sociedad y sobre todo de la organización capitalista de la economía.  Es un orden social basado en la violencia como bien exclusivo de unos pocos que criminalizan cuando el pueblo echa mano de la misma (Gutiérrez, 2012). Después de todo el “poder” del Estado para criminalizar acciones  es constitucionalmente casi infinito (Simon, 2007).

A pesar de la amplia documentación que vincula la violencia social y los procesos de exclusión a la violencia y la criminalidad, tanto los políticos, como muchos académicos de la Isla, todavía prefieren comprar las definiciones positivistas que apuntan a que el problema de la desviación, la criminalidad y la violencia están en individuos o individuas que por razones fisiológicas, sicológicas o sociales no aprendieron a comportarse adecuadamente y por eso tiene que ser reprimidos y rehabilitados para que “se centren” y ocupen el espacio asignados para ellos en la sociedad y en el sistema de producción (Villa, 2008; Wacquan, 2009; Young, 2003). O peor aún, algunos políticos locales compran la absurda aberración que los sectores más conservadores de la derecha estadounidense  hacen del pensamiento clásico y alegan que la criminalidad y violencia que sufre el país es producto de individuos que no pueden controlar su naturaleza pecaminosa, débil y hedonista. Estos sectores apuntan a que el criminal lo que necesita es castigo severo y público para que aprenda a controlarse (Joung, 2003).  Aun cuando se admitiera que estas explicaciones positivistas o conservadoras pudieran explicar una pequeña porción de la llamada criminalidad, sería absurdo pensar que la gran mayoría de los sectores marginados y excluidos en una sociedad delinquen porque son inadaptados sociales o porque son “malos por naturaleza” (Gutiérrez, 2012).

La realidad aparenta ser entonces que los políticos reproducen estos discursos de castigo, mano dura e incluso sobre la pena de muerte,  pues el no hacerlo es por un lado, admitir que el país no tiene un problema de criminalidad, sino que sufre de un problema de violencia social, criminal o no, que es una respuesta por parte de la población marginada a los violentos problemas de exclusión que se derivan del bulímico proceso neoliberal que ellos mismo imponen, muchas veces sin ni siquiera entenderlo (Joung, 2003; Villa, 2008; Wacquan, 2009).  Es decir que estos políticos tendrían que admitir que eso que llamamos crímenes es una forma contestaria en la que algunos excluidos se revelan negándose a ocupar el espacio de pobreza que el capitalismo le asigna. Mientras que por otro lado, como bien ilustra Simon (2007), cada vez son más los políticos que asumen el discurso punitivo que incluye la pena de muerte, pues creen que este tiene mucha resonancia en la llamada clase media que es la que más participa de los procesos electorales y que se autoconstruye como víctima indefensas ante  las demonizadas clases subproletarias. El resultado es una especie de simbiosis donde si bien las clases más bajas son las principales víctimas de este proceso, no es menos cierto que las llamadas clases medias se transforman, no por el crimen, sino por el miedo al crimen. Un pánico que influye en decisiones diarias de donde vive, como vive, donde educa sus hijos, donde y como consume, donde se recrean, pero sobre todo como vota en las elecciones. Un miedo que es a su vez utilizado, manipulado y acervado por los políticos.

Si partimos de que en el Puerto Rico del siglo XXI se dan las condiciones que Simon vincula con en la sociedad estadounidense de las pasada décadas, es decir que la clase media se autoconstruye como una víctima a ser protegida a cualquier costo social o legal por el Estado, esto, como explica Simon (2007), representa entonces un peligro para la democracia pues esa visión de “víctima” contiene una carga emocional desde donde se analizan las situaciones, y en muchos casos va socavando la solidaridad y responsabilidades necesarias en una sociedad democrática.  En ese tipo de sociedad el político se tiene que  proyectar como “fiscal “, un modelo de autoridad política sin importar la falta de responsabilidad democrática que eso implique.  Es en este contexto que la retorica electoral se redirige a una identificada con las víctimas del crimen y más peligroso aun con la “sed de venganza” de estas. Una de las herramientas más comunes de ese proceso en Estados Unidos es la pena de muerte, pues regularmente este castigo se dirige contra “monstruos” productos de pánicos morales que son fáciles de demonizar  y a quien la clase media y alta que votan ve como plagas de cuya exterminación depende la sobrevivencia de la sociedad.

Esa mentalidad antes descrita  aparenta entonces ser clave para poder analizar  el respaldo electoral que tienen en Estados Unidos, y que en Puerto Rico pudiera estar ganando,  la pena de muerte.  Según Simon (Simon, 2007) una vez centro de controversia entre los políticos de la derecha o la izquierda, desde la década del 1990, la pena de muerte es vista como agente aglutinador entre estas dos  facciones política. A pesar de la opinión de juristas en torno a lo cruel y bárbaro que puede ser la pena capital, el miedo entre la población que se auto define como víctimas del crimen sigue siendo citado en sus discursos por los políticos. Esto porque aun cuando la percepción es que la mayoría de los electores o están a favor de la misma o aun cuando no estén a favor de la misma, tampoco tendrían  problema con que el estado elimine a un “criminal”, más aun si a este se le imputa una “aberración” como la pedofilia. Es decir, que no importa pues al fin y al cabo a quien van a ejecutar es “al otro”.

En conclusión, este trabajo sólo pretende ser un llamado a ustedes para que tomen conciencia de que en los tiempos que vivimos, probablemente son una de las pocas líneas de defensa entre la democracia y el fascismo social que representa el neoliberalismo. Son ustedes una de esas fisuras sociales que según John Holloway (2010) mantienen el sentido de dignidad en la excluyente sociedad neocapitalista.

Una sociedad que va eliminando para muchos sectores sociales las alternativas legítimas para ganarse la vida mientras bulímicamente les incluye en las falsas necesidades de consumo. Una sociedad que una vez margina a esos sectores, les facilita el criminalizarse prohibiendo acciones sin víctimas como el consumo de sustancias. Una hipócrita sociedad que una vez te criminalizas desata contra ti la violencia del estado, incluyendo su poder de matarte para usarte como chivo expiatorio y como slogan de campaña electoral para generarle miedo a los que se creen mejor que tu y que participan en las elecciones.

Amigos y amigas, al mirar la batalla que como grupo les toca enfrentar en el futuro próximo viene a mi mente aquella única mujer que mantuvo su visión mientras el resto se quedo ciego en la novela del Nobel  portugués.  Espero que puedan crecerse ante el reto, y que como aquella mujer sepan dirigir la cruzada. Porque aquí nos puede ir la vida constitucional del País. La ceguera social que implica la imposición de la pena de muerte en pleno siglo XXI cada vez  más es definida como la visión a seguir para que la masa se sienta segura y para que los políticos sigan viviendo de ella.

Paz y Anarquía, abajo todas las jerarquías. Muchas gracias.

Referencias:

Fortuño, L. A. (21 de 02 de 2012). MENSAJE SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO. Recuperado el 05 de 03 de 2012, de http://www.fortaleza.pr.gov: http://www.fortaleza.pr.gov/2011/pdf/Mensaje_sobre_la_Situacion_del_Estado.pdf

García-Padilla, A. (enero de 2012). Plan Anticrimen. Recuperado el 05 de 03 de 2012, de http://www.alejandrogarciapadilla.com: http://www.alejandrogarciapadilla.com/anticrimen/alejandro2012_plan_anticrimen.pdf

Gutiérrez, G. (19 de abril de 2012). Exclusión y no criminalidad:Realidad social del Puerto Rico neoliberal del siglo XXI. 1er Coloquio Sur al Norte: Arte, Letras y Sociología Jurídica . Ponce, Puerto Rico: Unpublish paper presented on a meetin.

Holloway, J. (2010). Crack Capitalism. New York: PlutoPress.

Joung, Y. (2003). THINKING SERIOUSLY ABOUT CRIME:. Recuperado el 18 de 4 de 2012, de malcolm.read.co.uk : http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/tsac_v_2003.pdf

Simon, J. (2007). Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear. New York: Oxford University Press.

Villa, J. (2008). El Sujeto Criminal, Crimen y Criminalidad. Hoboken: Wiley.

Wacquan, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press.

West, C. (2001). Race Mater. Boston : Beacon Press.

Young, J. (2003). Sociedad «Excluyente»: Excluisón Social y diferencia en la Modernidad Tardía. Madrid: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales , S.A.

Ponencia para el 1er Coloquio Sur al Norte: Arte, Letras y Sociología [Jurídica]


Exclusión y no criminalidad:

Realidad social del Puerto Rico neoliberal del siglo XXI

Por Gary Gutiérrez

1er Coloquio Sur al Norte: Arte, Letras y Sociología [Jurídica]

Ateneo de Puerto Rico

Ateneo de Ponce

 

Conferencia Magistral en Coloquio de Sur al Norte
Conferencia Magistral en Coloquio de Sur al Norte

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La criminalidad es el principal problema que acosa a los puertorriqueños en la segunda década del siglo XXI.

Esta sería la conclusión lógica a que llegaría cualquier persona que siga de cerca la discusión pública en la Isla caribeña y territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1899. Tanto la administración colonial, así como los partidos políticos,  la opinión pública y el clima de  opinión en el País, repiten y reproducen el discurso de que los niveles de la criminalidad son el principal problema de esta Isla Nación.

Durante las pasadas décadas por ejemplo, los informes de situación del Estado en Puerto Rico, dedican gran parte de sus contenidos a denunciar, explicar y proponer llamadas  soluciones contra el crimen.  Si bien el asunto aparentó ser prioritario en las propuestas presentadas por los pasados tres gobernadores coloniales, no es menos cierto que el tema de la criminalidad tuvo un papel estelar en los informes sobre la situación del País que Luís Fortuño presentó a las cámaras entre el 2009 al 2012. En algunos casos, como en el informe del 2012, el tema de la criminalidad constituyó más del veinte y cinco por ciento (25%) del contenido de esa alocución ante la legislatura colonial. En esa ocasión el discurso, empacado en una retorica emocional donde las palabras pobreza, exclusión y desarrollo sustentable de las comunidades no aparece, destaca y admite el fracaso de su administración cuando viene a manejar la llamada criminalidad.

“…nadie—y menos yo—puede estar satisfecho con los niveles de violencia e inseguridad que siguen azotando a nuestras familias y nuestras comunidades, y en particular el número de asesinatos.” (Fortuño, 2012, p. 11)

 Es interesante destacar que en ese mismo discurso, el administrador colonial puertorriqueño asegura que, a pesar de la percepción pública los indicadores apuntan a una disminución de los delitos tipo 1, es decir los delitos más graves contemplados por el Código Penal de la Isla.  Celebrando esa alegada reducción y destacando la labor de los y las agentes de la Policía en ese proceso dijo Fortuño:

Estos son los héroes que por tres años corridos han logrado reducir en 10% la incidencia de los crímenes Tipo I, como asesinatos, violaciones, robos, agresiones agravadas, escalamientos, apropiaciones ilegales y hurtos de vehículos. Y tengo que añadir… este mes de febrero es el cuarto mes corrido en que estamos viendo una baja en el número de asesinatos en comparación con el año anterior. (Fortuño, 2012, p. 12)

 Partiendo de estas expresiones se va revelando un cuadro que apunta a que el Puerto Rico de la segunda década del siglo XXI no necesariamente enfrenta un problema de criminalidad como tal, sino que encara una situación  más compleja caracterizada por la  violencia. Claro está que las estadísticas utilizadas por las autoridades están altamente desacreditadas (Cortes-Chico, 2012). No obstante y en primer lugar, esa estadística es la fuente oficial de información y en segundo lugar, probablemente siempre fueron sujeto de algún tipo de manipulación. No obstante la percepción generalizada en el País, como demuestran las palabras del gobernador, la percepción general,  es que la criminalidad arropa al País. 

Cuando viene a ofrecer alternativas y posibles soluciones a este problema, el discurso del primer ejecutivo colonial propone como alternativas las mismas estrategias de control y vigilancia que se vienen implementando sin éxito en la isla por los pasados cuarenta años como poco. Es decir más castigos, penas más altas y la rendición de por parte de la ciudadanía de los derechos civiles que en este momento cobijan a los a los puertorriqueños.  De esta manera Fortuño cumple con todas las características típicas de los administradores políticos estadounidenses, quienes según Jonathan Simon en su libro Governing Through Crime (2007) buscan ganar el favor del electorado conservador creando un ambiente de miedo en torno a la criminalidad y ofreciendo como alternativas las medidas de castigo que hacen resonancia en la mente de ese poderoso sector electoral.

Al mirar este discurso de miedo del gobierno colonial en Puerto Rico, el mismo aparenta dominar toda la visión o construcción de lo criminal en esa isla caribeña, siendo cónsono con la forma en que según Simon (2007) se maneja el asunto de lo “criminal” en Estados Unidos después de la década del 1960.

Lo que aparenta ser más interesante, es que las contestaciones y críticas a este discurso por parte de los partidos de oposición, terminan inconscientemente reproduciendo la misma arenga  electoral que critica al incúmbete proponiendo como alternativa su mismo discurso de miedo, control y vigilancias.

Por ejemplo en el caso de Puerto Rico, el opositor Partido Popular Democrático demostró  la importancia que para ellos tiene el tema de la “criminalidad” cuando  abrió su campaña en vía a las elecciones de noviembre de este año con la presentación de un documento que llamó “Plan Anticrimen” (García-Padilla, 2012).  Si bien el documento comienza admitiendo que la criminalidad no es un fenómeno aislado de los problemas de educación, economía y salud y haciendo un llamado a  que “…para ganar la batalla contra la delincuencia, hay que transformar la cultura, la economía, la salud, el andamiaje completo que ordena nuestra vida pública” (García-Padilla, 2012, p. 2); no es menos cierto que la palabras pobreza y exclusión tampoco está en ninguna parte del documento. De igual manera es notable que, aun cuando habla de crear empleos como alternativas al narcotráfico,  la ausencia de conceptos que apunten al desarrollo sustentable de las comunidades y de empresas comunales o familiares deja ver la reproducción acrítica del mismo discurso que permea en la isla por los pasados cuarenta años.

En nuestro gobierno todos los esfuerzos estarán dirigidos a promover una cultura de responsabilidad cívica, apoyada en los principios de la Responsabilidad, el Orden, la  Disciplina, y la Solidaridad. (García-Padilla, 2012, p. 3)

Con sólo mirar la aspiración estipulada en la cita anterior, se nota el discurso conservador que termina construyendo el problema de violencia social, que tiene su origen en otros aspectos socioculturales,  como mera criminalidad y proponiendo más  control, represión y castigo como alternativa. De esta forma termina imponiendo y no cuestionando el orden social existente que al fin y a la postre, como todo orden excluyente,  termina produciendo violencia social.  (Young, 2003)

 Como si hasta aquí el alegado discurso crítico de la oposición política  no fuera lo suficientemente conservador, al mirar las soluciones propuestas por estos, es decir el uso de la fuerza represiva para “detener el flujo de armas ilegales y drogas, combatir la violencia contra la persona, reducir la delincuencia en las comunidades y mejorar las instituciones de seguridad las mismas”,  el mismo se revelan como un discurso simplista para sacar ganancia del miedo que según Simon (2007) mueven electoralmente a la conservadora clase electoral.  Un discurso tan conservador que como alternativa al narcotráfico propone  “activar inteligentemente la Guardia Nacional para mejorar sustancialmente la deficiencia de seguridad en los puertos y los muelles de la isla.” (García-Padilla, 2012, p. 11)

En fin que uno con la llamada “mano dura” y el otro con la supuesta  “mano inteligente”, los políticos profesionales perecen que terminan construyendo una imagen de la violencia como una de criminalidad producto de individuos endemoniados, desajustados o sin valores que deben ser reprimidos a cualquier costo pues terminaran destruyendo la fibra moral de la sociedad.  Un discurso que es recogido y reproducido acríticamente por los medios de comunicación de la Isla y por la opinión pública que tiene acceso a esos medios.  De esta manera los criminales no son vistos como lo que realmente son en mayoría. Individuos producto de una sociedad capitalista, donde la marginación y la  falta de empleos adecuadamente remunerados les niega el acceso a un nivel de vida cómodo en el mundo capitalista y al principal valor social que es el lucro y la búsqueda de riqueza material  (Young, 2003).

Este discurso aparenta ser comprado acríticamente por la población en general, creando un clima de opinión que aparenta mal definir el problema de violencia social, que sufre Puerto Rico producto de la exclusión, como un problema de criminalidad producto de individuos inmorales.  Es decir que la mayoría de la población, aún los propios sectores marginados, parecen  no reconocer su propia problemática y reproducen la definición de los problemas que les llega desde el poder de la sociedad. Un poder que en el caso de Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico, es varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano que ve con suspicacia e incluso criminaliza lo que sea femenino, negro, pobre, homosexual y no cristiano (Young, 2003; West, 2001). De esta manera queda fuera de ese discurso del poder,  y de la supuesta crítica que le hacen a ese poder,  el hecho de que la violencia que se experimenta socialmente es inherente al propio orden social excluyente que se  impone desde un régimen político colonial, así como de la construcción machista de la sociedad y sobre todo de la organización capitalista de la economía.  Es decir que el orden social puertorriqueño, aparenta ser uno basado en la violencia como bien exclusivo de unos pocos que criminalizan cuando el pueblo echa mano de la misma.

Si bien estos violentos factores culturales no son nada nuevo en el orden y  la sociedad puertorriqueña, la llegada en los últimos años de un nuevo capitalismo llamado neoliberal o salvaje, aparenta incrementar esa exclusión que el británico Jock Young (2003) señala como productora de violencia. Según Young este capitalismo no solo impone a los sectores marginados la carga económica negandoles trabajos dignos y de suficiente remuneración para asegurar su supervivencia como ocurre tradicionalmente en ese orden económico. Esta nueva versión de las ideas capitalistas, incluye la creación de necesidades artificiales impuestas mediante la publicidad y la ideología que construye el consumo como el principal símbolo de éxito.  Este nuevo capitalismo produce entonces un orden social que Young catalogó como ¨bulímico”. Es decir que tiene un componente de  inclusión cuando viene a ostentar los símbolos de poder y riqueza, pero que termina excluyendo a la mayoría de las oportunidades legales de adquirir esos íconos. Ese violento y bulímico proceso, termina según Young, produciendo enormes sectores sociales desvalorizados pues no tienen forma legal de alcanzar esos símbolos que la sociedad define como necesario para tener valor. Por supuesto que de ese grupo de seres devaluados, habrá algunos que verán en la violencia, criminal o no, una forma sentirse poderosos e incluidos socialmente hablando (Young, 2003).

Esta visión de la violencia como producto lógico del estado capitalista también es trabajado por Carlos Rivera Lugo en su ensayo Ni Una Vida Más Para La Toga. En este escrito se explica como el estado neoliberal, que se proyecta ilegítimo pues no atiende las necesidades de la mayoría, va a generar respuestas desviadas por parte de esa población excluida quienes buscaran fuera del estado y la legalidad las soluciones a los problemas que es estado no atiende. Ante la desviación contestaria de la población, el estado neoliberal responderá con lo que el académico llana “racionalidad adversativa” desatando la represión y la violencia institucional. Esa represiva respuesta estatal, aumenta la imagen de ilegitimidad del gobierno ante la población y termina desatando así un espiral de violencia en contestación una de la otra (Rivera-Lugo, 2004).

Una explicación similar sobre la violencia que experimenta Puerto Rico se  pudiera encontrar  en el clásico libro republicado en el 2009, Prisons of Poverty, donde el europeo Loïc Wacquan (2009) explica como, siguiendo el discurso que vende de Rudolph Giuliani y que aquí aparentan haber comprado todos los políticos,  el estado neoliberal utiliza el violento discurso de mano dura y cero tolerancia para reprimir las poblaciones disidentes y dejar libre el espacio al capital.  De esta manera dice Wacquan, por una parte el estado se convierte en un espacio de anarquía económica donde el capital tiene total libertad de acción y por otro en un aparato que reprime tanto a los que conscientemente se revelan políticamente, como a los que buscan alternativas económica en sectores ilegalizados como el narcotráfico.

Al mirar la sociedad puertorriqueña desde estas teorías, se puede preguntar entonces si eso que el poder llama criminalidad no es otra cosa que la contestación de esos sectores marginados que, comprando los valores sociales del capitalismo,  optan por utilizar eso que llaman desviación como forma de alcanzar un crecimiento o poder económico que le permita la inserción a los niveles privilegiados de esa sociedad capitalista que le condena a la marginación.  De igual forma se pudiera preguntar cuanta de la violencia social que experimenta el país, no es otra cosa que el producto de individuos que buscan sentirse poderosos e incluidos mediante la agresión de uno más débil.

Desde estas perspectivas entonces, el llamado problema de criminalidad que se percibe en la isla aparenta ser verdaderamente un  problema de violencia contestaria, consciente o no, producto de la frustración de la exclusión tanto de los sectores marginados y pobres, como de aquellos que en un momento desfrutaron de los beneficios de pertenecer a la clase media y que gracias a las medidas neoliberales hoy también sufren la exclusión de un sistema donde el valor del ser humano se mide en su capacidad de consumo y el despliegue de opulencias, (García-Canclini, S/F; Wacquan, 2009; Young, 2003). 

A pesarde la amplia documentación que vincula la violencia social y los procesos de exclusión a la violencia y la criminalidad, como se estableció al comienzo de este trabajo, tanto los políticos cómo e muchos académicos de la Isla, todavía prefieren comprar las definiciones positivistas que apuntan a que el problema de la desviación, la criminalidad y la violencia están en individuos o individuas que por razones fisiológicas, sicológicas o sociales no aprendieron a comportarse adecuadamente y por eso tiene que ser reprimidos y rehabilitados para que “se centren” y ocupen el espacio asignados para ellos en la sociedad y en el sistema de producción (Villa, 2008; Wacquan, 2009; Young, 2003). O peor aún, algunos políticos locales compran la absurda aberración que los sectores más conservadores de la derecha estadounidense  hacen del pensamiento clásico y alegan que la criminalidad y violencia que sufre el país es producto de individuos que no pueden controlar su naturaleza pecaminosa, débil y hedonista. Estos sectores apuntan a que el criminal lo que necesita es castigo severo y público para que aprenda a controlarse (Joung, 2003).  Aun cuando se admitiera que estas explicaciones positivistas o conservadoras pudieran explicar una pequeña porción de la llamada criminalidad, sería absurdo pensar que la gran mayoría de los sectores marginados y excluidos en una sociedad delinquen porque son inadaptados sociales o porque son “malos por naturaleza”.

La realidad aparenta ser que los políticos reproducen estos discursos pues el no hacerlo es admitir por un lado que el país no tiene un problema de criminalidad, sino que sufre de un problema de violencia social, criminal o no, que es una respuesta por parte de la población marginada a los violentos problemas de exclusión que se derivan del bulímico proceso neoliberal que ellos mismo imponen, muchas veces sin ni siquiera entenderlo. Es decir que estos políticos tendrían que admitir que eso que llamamos crímenes es una forma contestaria en la que algunos excluidos se revelan negándose a ocupar el espacio de pobreza que el capitalismo le asigna. Por ejemplo, los jóvenes que se niegan a insertarse en la economía formal ocupando subempleos que les condenan a una casi servidumbre pos-moderna, por lo que deciden entrar al lucrativo pero ilegalizado mundo del narcotráfico.

Partiendo de lo anterior, el mundo de la ilegalidad termina presentándose como una de esas fisuras en el capitalismo de las que nos John Holloway en su libro Crack Capitalism (2010). Una fisura mediante la cual los jóvenes de los sectores marginados ilusoriamente sienten que rechazan y vencen el sistema, aun cuando terminen reproduciendo el propio orden capitalista que los condena a la explotación y exclusión como poblaciones excedentes.  Al fin y al cabo, como bien explica Holloway (2010) el que las revoluciones marxistas del siglo XX no terminaron reproduciendo un sistema igualmente basado en la producción y control del capital, no quiere decir que no lograron algunos cambios de visión. Lo importante aquí es que aun cuando reproducen el orden, estos jóvenes reclaman o toman para si las riquezas que el sistema le niega.  

Lo importante aquí es que el orden social empuja o condena a muchos jóvenes a la ilegalidad haciéndoles la inclusión social mediante forma legítimas una sumamente difícil, sino imposible.  Por tanto, cuando la alternativa de inclusión más fácil que tiene un joven para insertarse en la sociedad es la ilegalización, esta sociedad se está auto condenando a la violencia que lógicamente se produce como parte de la solución de conflictos asociados al ese negocio ilegalizado por un lado y por otro a la violencia que usará el estado para tratar de mantener a raya es mismo negocio.

En fin y en resumen, partiendo de los autores antes señalados, no sería lógico preguntarnos si la violencia, legal o ilegal que hoy sufre Puerto Rico no es más que el síntoma de una sociedad bulímica que condena a grandes sectores de la sociedad a la criminalización imponiendo el consumo y la ostentación como valores primarios, mientras al mismo tiempo excluye a esos sectores de las formas legítimas de alcanzar ese consumo. Una criminalización que a su vez es facilitada por las anacrónicas y absurdas prohibiciones de las sustancias psicoactivadoras.   Aquí dejo la pregunta…

Referencias:

Cortes-Chico, R. (2012, 2 15). Impune la manipulación de estadísticas en la Policía. Retrieved 4 2, 2012, from elnuevodia.com: http://www.elnuevodia.com/impunelamanipulaciondeestadisticasenlapolicia-1190902.html

Fortuño, L. A. (2012, 02 21). MENSAJE SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO. Retrieved 03 05, 2012, from http://www.fortaleza.pr.gov: http://www.fortaleza.pr.gov/2011/pdf/Mensaje_sobre_la_Situacion_del_Estado.pdf

García-Canclini, N. (S/F). Consumidores y Ciudadanos. Retrieved 4 2, 2012, from http://coleccion.educ.ar: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos/informacion/marco/pdf/canclini_introduccion.pdf

García-Padilla, A. (2012, enero). Plan Anticrimen. Retrieved 03 05, 2012, from http://www.alejandrogarciapadilla.com: http://www.alejandrogarciapadilla.com/anticrimen/alejandro2012_plan_anticrimen.pdf

Holloway, J. (2010). Crack Capitalism. New York: PlutoPress.

Joung, Y. (2003). THINKING SERIOUSLY ABOUT CRIME:. Retrieved 4 18, 2012, from malcolm.read.co.uk : http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/tsac_v_2003.pdf

Rivera-Lugo, C. (2004). Ni una vida más para la toga. In C. Rivera-Lugo, La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas (pp. 137-154). San Juan: Edicióens Callejón.

Simon, J. (2007). Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear. New York: Oxford University Press.

Villa, J. (2008). El Sujeto Criminal, Crimen y Criminalidad. Hoboken: Wiley.

Wacquan, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press.

West, C. (2001). Race Mater. Boston : Beacon Press.

Young, J. (2003). Sociedad «Excluyente»: Excluisón Social y diferencia en la Modernidad Tardía. Madrid: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales , S.A.

Publicado en 80grados.net «Genial la limitación al derecho a la fianza»


Genial la limitación al derecho a la fianza

por  | 2 de Marzo de 2012 |

Aun cuando fuera opacada por los problemas de pareja de un político, la medida sobre la limitación del derecho constitucional a la fianza no dejó de ser una magistral, electoralmente hablando.

Durante su más reciente mensaje ante la legislatura colonial, el administrador Luis Fortuño aceptó su incapacidad para manejar la violencia social que experimenta la Isla y planteó como única alternativa que los ciudadanos le den más herramientas y cedan partes de sus derechos y protecciones.

De esta manera, el administrador colonial expuso, sin datos ni mayor explicación, que era  necesario que el pueblo limite su derecho absoluto a la fianza, de tal manera que aquellos a quienes se les imputen unos crímenes específicos, tengan menos garantías constitucionales que los que son objeto de otras imputaciones.

Al hacer el anuncio, Fortuño olvidó que hace unos meses, él cedió a los federales la jurisdicción de esos delitos y que en las cortes de Estados Unidos, esos imputados no tienen el derecho a fianza. Así que la medida, es innecesaria, demagógica e ineficiente pues todavía buscamos solución al problema.

De cualquier manera, los aplausos por parte de los alzacolas y acólitos políticos de gobierno ante la propuesta, recuerdan una escena de una las películas de la saga de ciencia ficción Guerra en las Galaxias. En el filme, mientras la asamblea aplaude delirantemente ante una medida donde La República cede sus derechos al nuevo Canciller, la senadora Amidala dice “observa como con un aplauso se entierra la democracia”.

Esta propuesta del ejecutivo, como tantas otras llamas anticrimen, no surge acompañada por información en torno a cómo la reducción de garantías constitucionales va a reducir la ola de violencia que sufre el País. Esa violencia que va desde balaceras carro a carro, hasta discusiones entre un legislador y su compañera sentimental.

Junto a su propuesta, el administrador colonial no presenta datos  ni pruebas que apunten a que en otras jurisdicciones estas medidas hayan tenido efecto alguno. Después de todo, en la jurisdicción federal los crímenes sin derecho a la fianza como el narcotráfico llevan cuatro décadas en crecimiento.

La medida es absurda pues parte de una premisa incorrecta.  La violencia que sufre el país no es producto de un análisis calculador de personas sin valores. Al contrario, la violencia es producto de enajenados que no razonan sus acciones, de personas que en medio de un coraje o frustración agreden como respuesta a una situación o de profesionales para quiénes ir preso es parte del negocio. En ninguna de estas instancias, la posibilidad de castigo es un disuasivo para las acciones desviadas o violentas.

Sin embargo, las gradas y las huestes electorales de la Isla aplaudieron como inspiración divina la propuesta y eso es lo importante.

En el libro Governing through crime: how the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear, Jonathan Simon explica cómo, para ganar las elecciones en Estados Unidos -y se pudiera decir que en Puerto Rico-, los candidatos y gobernantes tienen que proyectarse como fiscales protectores de las victimas a cualquier costo, pues gran parte del electorado estadounidense se ve a sí mismo como atormentados por los elementos criminales.  Es decir, estos electores jamás piensan en que un día, como hoy le pasa a varios políticos,  pudieran enfrentar con razón o sin ella, una acusación criminal.

De esta manera se va revelando la genialidad electoral de la propuesta que busca  la limitación al derecho a la fianza.

Primero, la propuesta reafirma la errónea visión de que el crimen es producto de los excesos de unos pocos que abusan de sus libertades constitucionales y que “lo criminal” no es el producto esperado de las excluyentes medidas neoliberales impuestas por los mismos políticos conservadores que hoy  proponen la limitación de los derechos civiles.

Segundo, la medida proyecta un falso sentido de que no se tolerará el crimen, postura que tiene resonancia en el  conservador electorado puertorriqueño.

Tercero, la medida abre la puerta para aumentar los tipos de delitos a cuyos imputados se le puede restringir el derecho a la fianza, pues una vez aprobada la enmienda, constitucionalmente ya la protección no es absoluta.

Finalmente y más importante, la propia medida construye como amigo de los criminales  y enemigo del pueblo “decente” a todo aquel candidato que critique la misma. Este es el “coup de grâce” de la propuesta de Fortuño. Obligar al contrincante popular, Alejandro García Padilla, a apoyar la gestión del gobernador o tomar una postura lógica y correcta, oponiéndose al proyecto, que luego sirva para construirlo como que está a favor de los criminales.

De esta forma, si bien es cierto que con esta medida el gobernador y la irracionalidad del pensamiento conservador gana como quiera, no es menos cierto que perdemos todos.

Mientras todos perdemos el preciado derecho absoluto a no ser encarcelados hasta haber tenido un día en el tribunal, se refuerza la visión de que la violencia social que vive el país es un fenómeno individual y no el producto de las medidas económicas excluyentes como las impuestas por los jefes de Luis Fortuño.

Ante esta situación, algo tiene que quedar claro: “No señor Gobernador, los derechos civiles no son la causa de la violencia. La causa de la violencia radica en la sociedad excluyente que usted promueve . . . su discurso simplista debiera darle vergüenza”.

Licencia de corso a los policías en Puerto Rico


Publicado en El Post Antillano el febrero 7, 2012  

Por: Gary Gutierrez

La ola de violencia social que vive el país continúa en un espiral de aumento incontrolable.  Lo que ya aparenta ser una verdadera guerra social, cobra la vida diariamente a 5 puertorriqueños y mantiene en un jaque emocional al resto de la población.

Para muchos de los entendidos en ese saber que llaman criminología, esa violencia era de esperarse, pues es el resultado lógico de un Estado que para muchos se proyecta como ilegítimo o irrelevante, ya que no atiende los problemas de la mayoría de la población.

Un estado cuyas únicas soluciones se basan en políticas públicas de exclusión que benefician a los poderes económicos del país esperando que sean éstos los que manejen o resuelvan las situaciones sociales como la marginación, el desempleo o la pobre remuneración al trabajo de la mayoría.

Mientras ese Estado liberaliza el movimiento de capital proveyendo un espacio para el libertinaje financiero, maneja las quejas y la disidencia consciente o inconsciente  con la fuerza bruta característica de  los regímenes fascistas y autoritarios.

Fruto de esa contradicción, surge entonces  la imagen de un estado ilegítimo ante los ojos de los marginados o excluidos que se cuestionan por qué someterse a las leyes que este orden impone.

Ante esa ilegitimad proyectada por el Estado, los excluidos recurren a la ilegalidad para sobrevivir y resolver sus problemas. Es decir, asumen por su cuenta los mismos espacios de libertinajeque el sistema le reconoce al capital.

La respuesta gubernamental es entonces el uso de la represión política y social como forma de manejar a esos sectores que no se someten a su visión de mundo.  Esta represión a su vez es vista como acciones que aumentan la percepción de ilegitimidad del Estado, por lo que generan más violencia social contestataria.

Al igual que en la década del 1990, cuando medidas represivas parecidas generaron la misma respuesta social, la muerte de agentes de la Policía en servicio registra aumentos preocupantes.

Tras varios incidentes en que uniformados perdieron la vida en servicio, el Estado altera las directrices en torno a cómo sus efectivos pueden usar la  fuerza letal en defensa propia.

De esta forma cambiaron la norma vigente que partía de la premisa de que un agente “no” podía usar fuerza letal a menos que se dieran unas condiciones específicas.

El nuevo estatuto administrativo cambia totalmente el espíritu de la regla estipulando que  los agentes ahora podrán usar la fuerza cuando perciban que sus vidas o las de otros pueden estar en peligro.  Aquí radica el problema, en el “perciban”.

Si se miran los datos de ejecuciones extrajudiciales en Puerto Rico y en Estados Unidos, de donde se copia y se traduce la nueva directriz, la inmensa mayoría de los que mueren frente a un arma del estado son varones, jóvenes, pobres, no blancos y residentes de sectores etiquetados como problemática.

Precisamente las características que en la sociedad estadounidenses definen a  los “peligrosos”.

Por lógica se debe entender entonces,  que las situaciones que los uniformados “percibirán” como más peligrosas serán esas intervenciones con aquellos que son varones, jóvenes, pobres, no blancos y residentes de sectores etiquetados como problemáticos.

Es decir, que la nueva reglamentación se descubre como una “licencia de corso” que otorga aparente inmunidad a los que usan un uniforme al servicio del poder del varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano y de su libertinaje financiero.

Planes anticrimen; perpetuar el tributo de sangre


Letras y foto por Gary Gutiérrez

No bien terminaba el intercambio de regalos del Día de los Reyes y desaparecían los últimos pasteles de la temporada navideña, los políticos profesionales en Puerto Rico declaraban abierta la lucha electoral.

La primera batalla de esta guerra por el control de la mente y los corazones del electorado boricua parece ser el área de la criminalidad, que ellos llaman seguridad.

Mientras el país lloraba la muerte causada por una «bala perdida» en la despedida de año, enterraba con honores a quién dio la vida “en cumplimiento del deber” y mientras se experimentaban días de 7 muertes violentas, los políticos creaban eventos mediáticos para dar a conocer sus “propuestas” ante esa violencia social que ellos llaman criminalidad.

El candidato del opositor Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, cargando un documento de cientos de páginas y acompañado de su séquito político, vinculó la criminalidad al “desempleo, la calidad de vida, la salud mental y la educación pública”. De esta forma García Padilla intenta diferenciar su visión del discurso de “ley y orden” que en torno al crimen impone la actual administración dirigida por Luis Fortuño.

Lo que de primera intención aparenta ser un discurso crítico y contestario, se disuelve en lo criticado cuando el aspirante a la gobernación detalla como alternativas las mismas medidas punitivas, de castigo y de control social que hasta ahora fracasaron en hacer frente a la criminalidad por las pasadas décadas.

Si bien el candidato vincula la criminalidad a la situación de “desempleo, la calidad de vida, la salud mental y la educación pública” que vive el país, no es menos cierto que deja fuera el hecho de que esos males no necesariamente son la causa de la criminalidad, sino que tienen el mismo origen de esta. Es decir el orden social excluyente que impone metas sociales sin abrir oportunidades para alcanzarlas.

El aspirante deja fuera de su discurso como piensa acabar con el desempleo, mejorar la calidad de vida y qué tipo de educación es la que propone como alternativa al crimen. Después de todo, los educados también comenten crímenes y la creación de empleos chatarras no evita que los jóvenes opten por empresas criminales que les permitan ingresos adecuados.

Lo que sí detalla el aspirante popular es la continuación solapada de las mismas medidas de mano dura que caracterizan la política pública desde los tiempos de Rafael Hernández Colón. Entres ellas más recursos tecnológicos y más entrenamientos para la policía, así como la incorporación de los militares en la lucha contra el contrabando de sustancias controladas. Según Garcia Padilla, esa movilización castrense, no es para intervenir con los ciudadanos, es para inspeccionar los puertos. Cómo si para ese trabajo se necesitara gente entrenada para matar y usar la fuerza como forma de resolver los problemas. Acaso no sería más económico contratar y entrenar inspectores de puertos civiles que pudieran hacer ese trabajo sin la carga ideológica que implica el despliegue de uniformes y armas militares.

Para acabar de completar el discurso mediático de García Padilla pretende encuadrar sus respuestas en el discurso de “emergencia nacional”, un antidemocrático y peligroso concepto que se utiliza para obviar el estado de derecho y los debidos procesos so color de proteger la misma ciudadanía a quien se le quitan los derechos.

Mientras la estrategia roja y blanca se concentró en el “media tour” de su candidato, el gobernador aprovechó el juramento de nuevos fiscales y su visita a una institución penal para reafirmarse en el ignorante discurso de la falta de valores como origen del crimen y en la necesidad de imponer la ley y el orden a cualquier costo.

Por supuesto, el gobernador nunca explica cuál es el orden y los valores a que hace referencia.

Porque si el orden al que se refiere el gobernador es la organización social que mantiene los niveles de ingreso de la mayoría de los puertorriqueños por debajo de los niveles de pobreza, donde la juventud está condenada a escoger entre el crimen y los empleos chatarras o el mantengo, y donde las ayudas son para los ricos en espera de que estos produzcan empleos, no hay razón para que la mayoría del país le respalde.

Igualmente confuso es ese discurso de “tus valores cuentan”. ¿Qué valores son esos que hace referencia el gobernador? Acaso el gobernador se refiere a los valores de la idealizada sociedad estadounidense de la post segunda guerra mundial donde los negros, las mujeres, los pobres y los homosexuales “sabían cuál era su lugar en la sociedad” y “humildemente” respetaban las buenas costumbres del explotador varón blanco, propietarios, heterosexual y cristiano. Porqué si esos son los valores y el orden a que hace referencia el señor gobernador, la realidad es que precisamente de esos valores y de ese orden es que surge la violencia que sufre el país y que ellos pretenden reducir llamándola criminalidad.

En resumen que al ver las propuestas electorales que los políticos profesionales llaman planes anticrimen, vemos dos alas de un mismo pájaro.

Ninguno de los dos propone la restructuración social a un orden más justo o hablan de crear un orden más inclusivo política y económicamente hablando. Ninguno propone medidas de protección para que los trabajadores puedan vivir dignamente trabajando las cuarenta horas que reconocemos como razonables.

De igual forma, ninguno propone la organización comunal desde alternativas económicas como el cooperativismo o las microempresas comunitarias que sirvan para que los jóvenes tengan alternativas económicas reales que les permita ganarse la vida y levantarse como generación.

En fin que los llamados planes anticrimen se revelan como meros discursos electorales dirigido a vendernos como soluciones las propias causas de esos problemas. Acríticos discursos que pretenden criticar los resultados de un sistema sin criticar o cuestionar lo que sostiene ese sistema.

Mientras el país siga votando por planes anticrimen y por promesas que proponen solucionar el crimen sin atacar la pobreza mediante verdaderos cambios sociales y estructurales, seguirá enterrando a víctimas de «balas perdidas» y héroes que dan la vida en cumplimento del deber, pero no se resolverán las condiciones que producen esas tragedias. De igual forma seguirá enterrando cientos de invisibles que solo se ven como datos estadísticos, pero que para sus familiares implican el mismo dolor y pérdida.

Muertes que, tanto en el caso de los invisibles como en de la víctima de balas perdidas y del héroe que dio la vida en cumplimento del deber, aparentan levantarse como un tributo de sangre para mantener un sistema de injusticia y exclusión que obliga el sacrificio de muchos para el beneficio de unos pocos.

Reacciones a los planes anti crimen, publicadas en: El Post Antillano


Planes anticrimen; crónicas de estrategias fallidas. 

Por: Gary Guitierrez para El Post Antillano

La muerte violenta de siete personas en menos de veinticuatro horas, el asesinato en servicio de un policía y el juramento de nuevos fiscales sirvieron de marco a la presentación de sendos programas “anti crimen” por parte de los aspirantes a la gobernación colonial.

 

Como era de esperarse en el comienzo del año electoral, ambos discursos “anti crimen” aparentan estar dirigido a proyectar unas figuras como fuertes defensoras de las víctimas, capaces de reprimir y controlar por la fuerza a los criminales.

 

Unos discursos que obviamente no están dirigidos a manejar de forma sensata el problema de la violencia en Puerto Rico y sí a ganar el voto del conservador elector boricua quien en su mayoría creen que “con dos pescozones” se pone vergüenza.

 

Por supuesto, en sus alocuciones, ninguno de los dos políticos hacen distinción entre criminalidad, que está más o menos dentro de su crecimiento esperado en la isla, y la violencia social que es la verdadera preocupación.

 

De igual forma, ambos políticos dejan fuera de sus análisis y sus planes que esa violencia no es el verdadero problema que sufre nuestra sociedad, sino que es el síntoma o resultado de los problemas de exclusión social, económica y política que caracterizan el orden social en Puerto Rico.

 

Para Luis Fortuño, es un problema de rescatar o regresar a unos valores que no define ni explica.

¿Cuáles son esos valores?

 

Acaso habla el gobernador de los explotadores valores que de finían la sociedad de antes de la década del 1960 cuando los negros, las mujeres, los pobres y los homosexuales “sabían cuál era su lugar en la sociedad y “humildemente” respetaban las buenas costumbres del explotador varón blanco, propietarios, heterosexual y cristiano.

 

Por su parte, Alejandro García Padilla admite una relación entre el crimen factores como “el desempleo, la calidad de vida, la salud mental y la educación pública”, pero no explica que esas cosas tampoco son los problemas, sino otros síntomas del excluyente orden social impuesto al resto de la sociedad por unos pocos poderosos.

 

En fin y mientras los jóvenes siguen muriendo en las calles, uno con la demagogia conservadora de los “valores” y el otro con el discurso paternalista terminan proponiendo lo mismo.

 

Es decir, medidas de vigilancia, control y represión que no tan sólo llevan sobre cuarenta (40) años fallando como respuesta a lo que ellos llaman criminalidad o violencia, probablemente son la verdadera causa de la violencia que se sufre.

Reflexión navideña publicada en 80grados.net


¿Qué regalaría Jesús?

por  | 16 de Diciembre de 2011 |
Aunque hace décadas no me considero cristiano, el periodo navideño y la llamada Semana Santa siempre me llevan a la reflexión sobre los temas y enseñanzas de aquel rabino rebelde que, según cuenta la tradición, vivió hace veinte siglos y más tarde fue reconocido como dios.

Mi admiración por este personaje que la humanidad  llama Jesús, surge del compromiso que, según se dice, tuvo con los marginados y de la forma en que se enfrentó a los poderes religiosos y políticos de su tiempo.

Sin embargo, al mirar como la sociedad del siglo XXI recuerda este personaje, en mi mente surge la pregunta de cómo es posible que el natalicio de este maestro, que según sus seguidores solo poseía la túnica que tenía puesta,  sea la excusa para la mayor orgía consumista del año.

Tomando como ejemplo la publicidad que se genera durante esta temporada, se podría concluir que para la sociedad estadounidense la llamada Navidad o fiesta de la Natividad del dios que para muchos de ellos representa sus valores como nación, se revela más como una celebración del hedonismo griego y romano que al cumpleaños de quien desafió a los poderes del Templo y al mayor imperio de su época.

Autos de lujo, estereotipadas prendas sin más valor que la banalidad, costosos licores símbolos de la opulencia, innecesarios aparatos electrónicos que prometen la ilusión de la vida familiar que sacrificamos para poder comprarlos y, lo más terrible, la glorificación de unos guerreros que por razones económicas son parte de guerras de ocupación que nada tienen que ver con ellos… Estos son solamente algunos de los valores políticos y de consumo con los que los estadounidenses y el resto del planeta recuerdan el nacimiento de aquél desposeído rabino que prefería comer con prostitutas y marginados antes que sentarse a la mesa con los sacerdotes del templo.

Reflexionado sobre el asunto, a mi mente llega un documental que en el 2007 dio voz a los sectores anticonsumistas de los Estados Unidos y que se titula What Would Jesus Buy?((http://www.revbilly.com/work/what-would-jesus-buy))

El filme, de unos noventa minutos, documenta la peregrinación que el coro de la Iglesia Detengamos el Consumo, dirigida por el Reverendo Billy, realizó a varios centros comerciales con la intención de exorcizarlos y liberarlos del “demonio” del consumo.

El Reverendo Billy, personaje creado por el actor Billy Talen a partir de la iconografía de los predicadores fundamentalistas sureños en Estados Unidos, es un ícono entre los sectores progresistas de la Ciudad de Nueva York, donde incluso llegó a  aspirar a ser alcalde independiente en las pasadas elecciones.

Partiendo del mensaje central de este documental y mirando las promociones televisivas para esta temporada, me hago la  pregunta. En esta Navidad, ¿qué regalaría el Maestro Jesús?

Lo interesante es que la respuesta no me llega del mundo cristiano, sino del budismo. Hace unos años aprendí de un maestro tibetano un ejercicio de meditación que buscaba desarrollar conciencia del sacrificio y esfuerzo que cuesta todo lo que gozamos en la vida.

La idea es que, al escribir en este teclado, debo tratar de tomar conciencia de todas las personas, los recursos y los sacrificios que hicieron posible que el mismo esté frente a mí y que me permita comunicarme con usted, quien me lee.

Al desarrollar esta conciencia en torno a todo lo que de alguna manera adquirimos, podemos ser más agradecidos y a la vez más justos. Acaso no seríamos mejores discípulos de Jesús si, al momento de decidir comprar algo, nos preguntáramos por ejemplo: ¿Cómo tratan a los empleados en la tienda que patrocinamos? O si el precio más económico de un producto se debe a que sus productores explotan a los obreros que lo fabrican o contaminan el agua de la comunidad donde se produce.

Así las cosas, pienso que en esta Navidad, cuando el país se hunde en la violencia social producto de sus valores anticristianos de consumo, Jesús no sobrecargaría su crédito comprando productos vendidos por enormes tiendas de cajón y fabricados en talleres esclavistas, con productos que contaminan y dañan la tierra para beneficio de unos pocos y la explotación del resto.

Pienso que el Maestro Jesús, obsequiaría cosas sencillas de verdadero valor, como prendas artesanales, fotografías, dibujos, pinturas o, incluso, platos de dulces y alimentos preparados por sus propias manos. Después de todo, nos dicen que era hijo de artesanos.

Creó que Jesús regalaría tiempo. Sí, leyó bien, regalaría tiempo para escuchar al que tenga algo que decir, tiempo para reconocer y compartir con esos que diariamente nos hacen la vida más fácil pero que la sociedad condena a la invisibilidad.

Con lo que dicen que le gustaba conversar, de seguro que regalaría horas de tertulia en torno a un buen café procesado por torrefactores independientes.

Seguro que en esta Navidad, el Jesús que yo recuerdo, regalaría solidaridad con los que están en pie de lucha para hacer de este un mundo mejor. Solidaridad, tolerancia y respeto para con aquellos que hoy son perseguidos por los empresarios morales que dicen representar la cristiandad.

De igual forma si fuera a comprar algo para regalar, Jesús no lo adquiriría en uno de esos cajones que explotan a sus “asociados”. Pienso que Jesús auspiciaría las tiendas de los pueblos, donde varias generaciones todavía luchan para echar adelante su familia.

Me lo pudiera imaginar también, lo mismo en La Chiwinha de Río Piedras comprando artículos producto del llamado “comercio justo”, así como en Casa Pueblo comprando café o camisetas con diseños en apoyo a proyectos y luchas comunales para sus discípulos.

En fin, creo que eso sería lo que regalaría el Jesús que yo conocí y todavía recuerdo desde mi agnosticismo.

La verdadera pregunta entonces no es: ¿qué regalaría Jesús?, sino ¿qué deben regalar los que hoy se llaman cristianos? Ellos sabrán…

Paz y felicidad en estas fiestas a todos y todas. De igual forma mis mejores deseos de que tengan la fuerza necesaria para enfrentar el año próximo. Estoy seguro que la prosperidad solo será para unos pocos.

Publicado en Claridad de Puerto Rico: Fracaso victorioso de la Mano Dura


Fracaso victorioso de la Mano Dura

29 de noviembre de 2011

Gary Gutiérrez/Especial para CLARIDAD

De golpe, la vibración del teléfono en mi bolsillo me interrumpe la atención que estaba centrada en la profunda discusión teórica de una mesa redonda en la Reunión de la Sociedad Americana de Criminología en Washington.

Al contestar la llamada escucho la voz de un compañero periodista que me dice que la infame cifra de muertes violentas en la Isla llegó a al millar.

La llamada y la información no sólo me alejaron de la discusión teórica en la mesa redonda. La criminalidad de la que ahora me habla el compañero es real, tiene cara, madre, familia.

Según escuchaba cifras y detalles, en mi mente surgían las cientos de caras anónimas que por años documenté como fotoperiodista y que hoy forman parte del olvido colectivo sólo como un dato más de las estadísticas del crimen en el país.

Como si el dolor de la muerte de un hijo, por delincuente que sea, se pudiera medir en estadística. Ni que hubiera una forma de medir “cuantitativamente” la pérdida que sufre una sociedad cada vez que uno de sus hijos se desangra en una cuneta o se pudre en una cárcel.

En este momento de la conversación, mi mente trata de enfocarse en las preguntas del compañero, al tiempo que intenta mantener distancia académica del fenómeno, mientras me identifico con las víctimas y victimarios y mientras trato de analizar con honestidad intelectual este asunto que llamamos crimen.

De esa maraña de pensamientos también surge en mi mente el recuerdo de los ochos confinados que perdieron la vida mientras dos oficiales del orden público resolvían el dilema de cómo salvarles la vida y cumplir con el reglamento al mismo tiempo.

La memoria de ese desgraciado incidente me llevó también a reflexionar sobre cómo la política de “mano dura”, que en Puerto Rico mantienen como evangelio criminológico ambos partidos políticos en el poder desde los años ochenta del siglo pasado, produce una sociedad tan insensibilizada que en un momento de vida o muerte, se cuestiona el curso de acción.

En ese momento, y mientras compartía con el compañero mi opinión sobre las alarmantes cifras de violencia, mi mente recuerda que al igual que las muertes de estos ocho confinados, la violencia que experimenta el país también es producto de esas políticas de “mano dura”.

En realidad a nadie que observe críticamente el sistema le puede sorprender la violencia social y callejera en Puerto Rico, pues la misma aparenta ser la respuesta inconsciente de aquellos que por falta de desarrollo político no articulan un discurso insurgente, contestatario o de resistencia por lo que responden contra el sistema como pueden.

Al mirar el Puerto Rico de la segunda década del siglo XXI, el mismo se revela como un espacio de experimentación socioeconómica donde los políticos de turno pretenden hacer funcionar políticas que hacen más de cuarenta años vienen fracasando en todos los demás lugares donde las implantaron.

Por un lado, los tecnócratas, quienes sin importar el partido que representen controlan la administración del País por las pasadas décadas, imponen en la Isla el salvaje capitalismo desarrollado por Milton Friedman y vendido al mundo por los herederos de Ronald Reagan, aquel actor de segunda categoría que uno se debiera preguntar cómo llegó a ser presidente estadounidense.

Un capitalismo que mientras excluye a la mayoría de la población de formas legítimas de ganarse la vida, incluye por igual a todos los sectores en las falsas necesidades de consumo.

El orden social resultante de ese proceso de inclusión y exclusión es uno de enormes diferencias socioeconómicas donde algunos sectores poblacionales dejan de ver el Estado como legítimo y comienzan a ver el crimen y la violencia como formas de hacer frente al sistema que entienden los abandonó y que ven como que no les representa.

En resumen hasta aquí, ese orden social neoliberal que se impone en Puerto Rico es uno que produce marginación y exclusión los que a su vez producen violencia. Esa violencia resultante, sobre todo la que viene de los sectores marginados o de disidencia política, es contestada por el aparato gubernamental con violencia estatal y represión, lo que a su vez generará más sentido de ilegitimidad estatal en los sectores reprimidos.

De esa manera, se genera el espiral de crecimiento en la violencia que experimentamos.

Partiendo de que lo anterior no es nada nuevo en la criminología o en la sociología de la desviación, cabe preguntar por qué se siguen utilizando las medidas de mano dura y de cero tolerancia cuando se sabe que no funcionan y que terminan generando más violencia.

Sencillo, estas medidas no controlan la criminalidad pero ganan elecciones.

Durante las últimas décadas del siglo XX, la llamada guerra contra el crimen se convirtió en la mejor forma de movilizar al electorado de clase media y media alta que vive constantemente atemorizado por la llamada delincuencia.

Para esta población, que en su mayoría es conservadora y muy activa electoralmente, todo aquel que se aleje de sus valores culturales dominantes es visto con recelo y desconfianza. Cuando digo “valores dominantes” me refiero a los valores encarnados por el arquetipo del varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano de la década del 1950 en Estados Unidos y que los medios de comunicación construyeron como el ideal del ser civilizado.

Todo aquel que no corresponda a esos valores o que no se someta a esa visión de mundo es visto entonces como el otro y estará sujeto a ser controlado de alguna manera por el Estado. Es decir, es “un criminal”.

De esta manera la mujer que no ocupa “su lugar” es vista como “bicha”, el negro que no acepte su “inferioridad” es un “negro altanero”, el pobre que no acceda a su explotación es “problemático”, el homosexual que disfrute abiertamente su sexualidad es una “loca furiosa” y aquel que no acepte la definición de cristianos que los fundamentalistas construyeron como correcta es un “inmoral”.

En resumen que para la mayoría de los conservadores votantes, en Puerto Rico y Estados Unidos, ésos que no se alinean son vistos como “el otro” y esperan que sea el Estado, mediante su aparato de justicia criminal, quien los controle.

Para este grupo, el policía que macanea a un estudiante no está abusando del poder ni violando derechos civiles, está imponiendo “el orden”.

Esos conservadores están claros que la justicia y los derechos están subordinados al “orden”, pues su pensamiento, como parte de los movimientos de temperancia cristiana, es que el “orden” es producto divino e incuestionable.

El resultado, consciente o inconsciente, de este proceso es que los políticos se aprovechan de esa necesidad de control de los conservadores y se levantan como barreras protectoras o como fiscales paladines del “orden” para complacer y ganarse el voto de este sector.

Así también se van construyendo leyes que controlan el comportamiento en los espacios públicos, limitando el mismo a las expresiones culturales aceptadas por el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano mientras criminaliza las que se aparten de ellas.

Es decir, la ley penal se convierte en una herramienta de  “blanquear” y americanizan los espacios.

Desde esta perspectiva es fácil de entender entonces cómo a pesar de que tanto la experiencia histórica como los trabajos académicos apuntan a que las políticas de mano dura no funcionan para combatir el crimen y cómo terminan creando más criminalidad que la que resuelve, las mismas se siguen implementando con un fervor cuasi religioso.

Simple, porque fracasan en controlar el crimen, pero triunfan en conseguir votos.

De esta manera, cuando viene a las elecciones, los políticos triunfan fracasando. Pero para desgracia nuestra, cuando viene a la criminalidad, todos fracasamos con sus triunfos.

Ponencia en el 2do Simposio Criminalidad: Enfoque Multidiciplinario @ UPR-Ponce


“Puerto Rico Sociedad de Ley y Orden”; neoliberalismo conservador a la criolla

Gary Gutiérrez

“La más absurda apología de la autoridad y el orden,

Es decir que las mismas sirven para que disminuya el crimen.”

(Goldman, 1969)

Puerto Rico hoy parece tener tres características principales: una política pública basada en el pensamiento neoliberal desarrollado por Milton Friedman al final del siglo XX, el endurecimiento de la ideología  conservadora, sobre todo entre los religiosos; y por último un incremento en  los índices de  violencia social y callejera.

Diariamente  los medios de comunicación puertorriqueños documentan sobre tres asesinatos o muertes violentas al día, así como un sinfín de agresiones vinculadas tanto al narcotráfico como a incidentes de violencia en el hogar,  o simplemente a la  violencia como respuesta a los conflictos típicos de la convivencia y el quehacer cotidiano.  De igual manera, diariamente se reportan incrementos en otros indicadores del deterioro social, como las cifras de suicidios, que son motivo de alarmas entre los salubristas y estudiosos de la salud mental.

Ante el desarrollo de esta violencia, la respuesta del gobierno colonial de turno en  Puerto Rico aparenta ser una constante afirmación y reproducción de las visiones represivas y de control social características, tanto de las teorías positivistas de finales del siglo XIX, como del pensamiento conservador desarrollado por los movimientos de temperancia religiosa estadounidense durante el mismo periodo.

Estas políticas punitivas son las mismas que se utilizaron sin éxito durante todo el siglo XX, pero que se incrementaron durante sus últimas décadas y la primera del XXI cuando las administraciones coloniales en la isla basaron sus estrategias “anti-crimen” en aumentar el número de policías, la compra de más armas y más equipo bélico para las fuerzas de control social, así como en el control de los sectores urbanos marginados (Nevares-Muñiz, 2008; Villa-Rodríguez, 2008)

En la década del 1980 se desarrolla en Puerto Rico una visión penal que incluyó el ya mencionado aumento en las medidas punitivas,  pero también contó con una retórica beligerante contra los llamados elementos desviados o criminales. A este punto de vista se le sumó,  durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, una especial preocupación e interés por parte de los administradores coloniales en Puerto Rico,  con la forma en que la situación se define y se proyecta en los medios de comunicación del País (Nevares-Muñiz, 2008; Villa-Rodríguez, 2008). De esta manera, el discurso oficial del gobierno de Puerto Rico, así como su política pública,  se fue alejando cada vez más del conocimiento desarrollado tanto por la criminología como por la sociología de la desviación durante todo el siglo XX. (Baratta, 2002; Nevares-Muñiz, 2008; Villa-Rodríguez, 2008).

La llegada a la gobernación de la isla de Luis Fortuño en enero del 2009, aparenta crear un nuevo paradigma y elevar el discurso punitivo contra la criminalidad  a nuevos niveles.  Partiendo de lo que se publica en los medios de información masiva, se pudiera decir que Fortuño, llegó a la administración colonial convencido de que la isla debía implementar un sistema administrativo basado en las políticas administrativas y económicas desarrolladas en los Estados Unidos por Milton Friedman. De igual forma aparenta que las ideologías encarnadas por los sectores más conservadores del Partido Republicano estadounidense también sirven de norte a su agenda, sobre todo cuando viene a “lo criminal”. Una agenda que incluye la criminalización de todo aquel que no se acomode o someta a la cultura y cosmovisión de los poderosos blancos, varones, ricos, heterosexuales y cristianos que domina la sociedad estadounidense. (West, 2001; Young J. , 2003)

Esta agenda  comienza con declarar un estado de excepción basado en una alegada “mala” situación de las finanzas del Estado que permite la implementación de leyes y política pública sin cumplir con los procesos legales establecidos por el Estado de Derecho legítimo (Agamben, 2005; Klein, 2008). Esta declaración de un estado de excepción, es el primer paso de los que algunos llaman “capitalismo del desastre” y el mismo se basa en aprovecharse de las crisis, reales, creadas o ilusorias, para dejar a un lado el estado de derecho establecido y abrir el camino para  imponer políticas públicas que permitan a los sectores más poderosos tomar control y beneficiarse de una economía que elimina las restricciones al movimiento del capital, aumentando las medidas de represión y control a la población general del país (Fernández, 2008; Klein, 2008; Wacquant, 2009).

Para hacer frente a ese “estado de emergencia”, definido y proclamado arbitrariamente por el propio jefe de estado, se impone el segundo paso de la estrategia del capitalismo del desastre. Bajar los impuestos, cosa que nuevamente beneficia al capital,  y despedir empleados públicos alegando que el aparato gubernamental es muy grande y costoso.

Finalmente y como tercer paso del mapa delineado por el plan de Friedman, el ejecutivo gubernamental anuncia un agresivo plan de privatización de todo el quehacer gubernamental,  desarrollando una especie de bazar de “todo a peso”, el cual gracias al estado de excepción,  no tiene que pasar por los procesos de fiscalización típicos de las democracias (Agamben, 2005; Wacquant, 2009)

Como forma de facilitar, garantizar  y proteger este proceso de implantación de medidas que regularmente no son bien vista por los sectores sociales más pobres,  ya que sobre ellos es que recae el peso económico y social de todo el plan, se desarrollan políticas represivas que criminalizan la protesta y reduce los espacios para las expresiones de desagrado contra el plan de desmantelamiento gubernamental (Fernández, 2008; Wacquant, 2009)

El resultado de ese proceso económico que algunos califican como actos que rayan en la ilegalidad por lo que los ubican bajo el término “crímenes de globalización” (Rothe, 2009), termina produciendo un Estado excluyente y generador de lo que el sociólogo británico Jock Joung (2003) llama “Bulimia Social”.  De acuerdo con Young (2007), esta visión de la economía desarrollada por Friedman,  que se conoce como neoliberal y que Fortuño implementa en Puerto Rico a partir del 2008, produce una sociedad donde las corporaciones supranacionales aumentan sus ganancias tomando ventaja de las desregulaciones, mientras las clases media y baja ven disminuir los mecanismos sociales que les garantizan un nivel de vida adecuado. De igual forma, estos sectores socio económicos, ven como sus niveles de vida van menguando. Como resultado de ese proceso, se van produciendo enormes sectores de pobres excluidos de toda posibilidad de movilidad social y sin opciones legales de acceso a un nivel básico de sobrevivencia (Young J. , 2003; Wacquant, 2009)

Paralelamente, las clases beneficiadas por esta organización neoliberal construyen e imponen a todos los sectores sociales las mismas falsas necesidades de consumo como vehículo para alcanzar la realización individual y colectiva. Así se  produce y reproduce una ideología que valoriza al los seres humanos basándose solamente en su capacidad de consumo, independientemente de que estén excluidos de las formas legítimas de producción. El resultado de este proceso de socialización, que por un lado incluye a todos en las falsas necesidades de consumo como forma de valorizarse mientras excluye a gran parte de la población de formas legítimas de producción de recursos para lograr ese consumo, es lo que Young llama: “bulimia Social”.  Este bulímico proceso de exclusión e inclusión en el que la sociedad neoliberal enreda a estos sectores sociales más bajos, tiene como resultado unos seres humanos devaluados y de poca autoestima, para quienes el crimen pudiera constituir una forma de alcanzar esas metas impuestas por la bulímica sociedad neoliberal (Young J. , 2003)

Esa utilización del crimen como forma ilusoria de empoderamiento es lo que el criminólogo Mike Presdee (2001) llamó la “carnavalización del crimen”. Presdee expone que en la sociedad del siglo XXI, muchos puede ven el crimen como un proceso carnavalesco de inversión mediante el cual, al menos por un periodo de tiempo limitado, logran sentirse en control de una existencia que ellos saben que no controlan (Katz, 1990; Presdee, 2001; Young J. , 2007).

En este punto ya aparenta  revelarse la posible relación causa y efecto que tiene la sociedad neoliberal producto del pensamiento de Friedman e implementada en Puerto Rico por Luis Fortuño,  con el aumento en los índices de violencia y criminalidad registrados en el Puerto Rico del 2011. Violencia y criminalidad que de igual forma se produjo en los demás países donde ese tipo de capitalismo, también calificado por algunos como “capitalismo salvaje”,  se estableció (Klein, 2008; Young J. , 2003; Wacquant, 2009).

A casi 3 años de la implantación en Puerto rico del plan económico basado en esa ideología neoliberal antes explicada, los efectos lógicos y esperados comienzan a sentirse en la isla reportándose números de violencia, comparados a los niveles más altos documentados en la historia de la Isla.   La repuesta a este aumento en la violencia social y callejera por parte de la administración colonial dirigida por Luis Fortuño e implementada por el superintendente de la Policía de turno, es el mismo discurso punitivo impulsado por los sectores más conservadores del Partido Republicano estadounidense. Una arenga punitiva utilizada en Chile, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña para responder a la violencia social que esas políticas provocaron en esos países. Es decir aumento de represión y de violencia institucional (Klein, 2008; Fernández, 2008).

Al utilizar los eslóganes  publicitarios “Cero tolerancia” y “Golpe al Punto”, la administración del Puerto Rico del 2011 parece regresar a los discursos de temperancia desarrollado por los conservadores de principio del siglo XX en los Estados Unidos de América y Gran Bretaña.  Pensamiento que todavía hoy sirve de base a las propuestas que la derecha cristiana conservadora de esos países proponen como estrategia para enfrentar la criminalidad  o lo que ellos definen como “crisis moral”.  Es decir, construir el crimen como una burbuja producto de individuos desviados que no tienen moral y que no tienen la capacidad de auto regular sus inclinaciones criminales y sus bajas pasiones, por lo que es indispensable que la sociedad les reprima y controle. (Young J. , SF). Según estos conservadores, todo en la sociedad incluso la justicia debe estar sometido, subordinado y en función del mantenimiento del orden establecido por la divinidad. Para este sector, por tanto, es una obligación religiosa que la sociedad utilice las medidas que sean necesarias para controlar a los que se desvían del orden establecido y por tanto de dios (Hedges, 2007; Young J. , SF). Son esos  mismos sectores los que a comienzos del siglo XX diseñaron la simpleza de la “promesa de hombre” como una forma de combatir el uso de alcohol y que el gobernador Fortuño rescató en Puerto Rico como alternativa a la violencia de género en hogar. (Foster, 2002; Goldberg, 2006; Hedges, 2007; Fortuño, Promesa de Hombre, s/f).

De esta manera,  tanto la violencia social y la delincuencia, como la disidencia y la protesta generada por la implementación de políticas neoliberales causantes de bulimia social, son contestadas por el gobierno en el Puerto Rico del 2011 con violencia institucional y represión.  Esta respuesta violenta del Estado ante la criminalidad, desviación o la disidencia resultantes de sus propias políticas públicas neoliberales termina generando más  criminalidad.

En su ensayo, Ni Una Vida Más Para la Toga, Carlos Rivera Lugo (2004) explica que cuando el Estado neoliberal deja de proyectarse como representante legitimo de la mayoría de la sociedad y se ve a sí mismo como un mero facilitador para que sea el capital quien llene y ocupe el espacio de organizador social, termina generando violencia y criminalidad. Según explica, en este proceso se produce un ciudadano que no se siente representado por el gobierno ni por sus funcionarios, por lo que buscará las formas legales o ilegales de resolver las necesidades que entiende ese Estado no resuelve.  Si esta respuesta desviada, criminal o disidente de la población es contestada por el Estado con la actitud que  Rivera Lugo llama “racionalidad adversativa”, es decir con más violencia y represión, el Estado terminará perdiendo todavía más legitimidad ante esas poblaciones. De esta forma se genera un ciclo de crecimiento espiral entre la represión y la violencia social que parecerá no tener fin y que Rivera Lugo (2004) define como “guerra social”.

En este punto parece valido preguntar cómo, a pesar de toda la información teórica expuesta y de que todos los días los medios de comunicación documentan el patrón de crecimiento en violencia que sufre el país, el gobierno de Puerto Rico insiste en continuar reproduciendo una política pública obviamente fallida.

La respuesta a esta interrogante no parece encontrarse en el Palacio de Santa Catalina, residencia del Gobernador colonial en Puerto Rico, y sí en los pasillos del neoyorquino Manhattan Institute. A mediados de la década del 1980, esta organización creada por Anthony Fischer y William Casey, el primero mentor de Margaret Thatcher  y el segundo, directo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense durante la presidencia de Ronald Reagan, publica el libro “Losing Ground” en el que Charles Murray construye la idea de que la pobreza en los Estados Unidos no es el producto lógico y esperado del sistema capitalista, sino que es el resultado de las políticas de “mantengo” por parte del Estado benefactor que terminan fomentando que la gente escoja no trabajar, cosa que conduce a una vida de inmoralidad. La lógica del libro de Murray concluye que el desorden social es producto de gente mantenida cuyo deterioro moral los lleva a delinquir. (Wacquant, 2009).

Precisamente es el Manhattan Institute el principal promotor de esta “teoría de las ventanas rotas”, que según Loïc Wacquant, (2009) fue formulada por Goerge Kellling en el 1982 y que establece que cuando se combate severamente los comportamientos desviados simples como el grafiti y el desorden callejero se evitará que se desarrollen problemas de desviaciones mayores o criminales.  Wacquant (2009) por su parte, cataloga la teoría de las “ventanas rotas” como invalida empíricamente hablando y  explica que para lo que si sirve esta teoría es para generar confianza en la clase media, que regularmente es conservadora, desconfía de los pobres y marginados, además de tener altos niveles de participación electoral.

Las similitudes entre el discurso de Fortuño en Puerto Rico y las fracasadas ideas difundidas por el Manhattan Institute no terminan aquí. Según Wacquant (2009), este plan de “cero Tolerancia” tiene tres componentes básicos.  Primero un incremento en las fuerzas represivas del estado como la policía y la fiscalía, así como en los recursos fiscales que se le asignan a esas dependencias. Segundo la restructuración del aparato policíaco, imponiendo la responsabilidad a nivel local o de áreas policíacas. Tercero el desarrollo de una red de inteligencia computarizada que permita una cuantificación de la efectividad y que de acceso rápido a la “inteligencia” recaudada en el proceso.

Esta descripción parece haber sido citada directamente por el gobernador Fortuño en sus mensajes del durante el 2009 y 2010. Además de la similitud con el plan de “cero tolerancia” empujado por el Manhattan Institute, el discurso del gobernador aparenta ser uno igualmente dirigido a esa clase media que en Puerto Rico muchos definen también como conservadora y que de igual forma aparenta desconfiar de los sectores pobres y marginados.   Al igual que el discurso conservador de ‘Cero tolerancia” implementado en la ciudad de Nueva York, el entrelínea del mensaje del gobernador aparenta ser una retórica clasista que despoja a los “elementos desordenados” de su condición de ciudadanos y los construye como “el enemigo” del orden público. Para Wacquant, el resultado de la implementación de este plan de “cero tolerancia”, y por tanto del discurso conservador implementado en la isla,  es que la definición de “desordenados” o “de enemigo del orden”  se le aplica a los sectores sub-proletarios que estropean, afean o molestan el espacio social y físico del consumo. (Wacquant, 2009, p. 16).

De primera intensión y partiendo de una mirada acrítica, se pudiera decir que “cero tolerancia” es una buena estrategia para la isla. Después de todo, la misma funcionó en la ciudad de Nueva York.  Sin embargo tanto el propio Wacquant (2009), así como el británico Jock Young (2003) apuntan a un análisis diferente. Ambos sociólogos de la desviación llaman la atención a que si bien es cierto que la política de “cero tolerancia” y de “ventanas rotas” registró disminuciones en los índices de la criminalidad, no es menos cierto que ciudades como San Diego, donde se enfatizo en el patrullaje comunitario y la no criminalización de la pobreza en la calle, experimentaron las mismas bajas en incidencia delictiva a un costo mucho menor y sin las consecuencias que pudiéramos llamar “no intencionadas” que se ven en la implementación de cualquier política de “mano dura”.  No obstante estos datos, los tanques de pensamiento conservadores, como el ya mencionado Manhattan Institute y el Institute fot Economic Affaires, se ocuparon de “venderle” al mundo el “Milagro de New York” como producto de la política de “cero tolerancia” y la estrategia de “ventanas rotas” (Wacquant, 2009; Young J. , 2003).

En resumen, al mirar desde la perspectiva de los sociólogos, sociólogas,  criminólogas, criminólogos citados en este trabajo, la imagen de panacea criminológica de las políticas de “ventanas rotas”, “mano dura” y “cero tolerancia” copiadas por el gobernador Luis Fortuño de sus correligionarios republicanos de los Estados Unidos e impuesta en Puerto Rico, parece derrumbarse revelando solo un discurso mediático politiquero  que termina generando más problemas de criminalidad que los que resuelve.

Desde esta perspectiva, lo que el discurso de “mano dura” y “cero tolerancia” aparenta ser, es una retórica simplista dirigida a crear confianza en la conservadora clase media, que “blanquea” y “americaniza” los espacios públicos imponiendo los estándares estéticos desarrolladas en los Estados Unidos a mediado del siglo XX.

Si esta hipótesis es correcta, las políticas punitivas que el gobernador Fortuño implementa como supuesta respuesta al crimen, terminarán triunfando con su fracaso. Pues si bien estas políticas no lograrán controlar la criminalidad y la violencia, sí puede que funcionen para conseguir el apoyo electoral y político de los sectores que en Puerto Rico se visualizan a si mismo como clase media aspirante  y que de igual forma definen a los sectores sub-proletarios como un problema que tiene que ser reprimido, controlado y neutralizado a cualquier costo. Sectores que al igual que en Estados Unidos de América, son la espina dorsal de proceso político y electoral.

Por último, no se pude dejar fuera del análisis que un Puerto Rico cuyo espacio público es “blanqueado’ y “americanizado”, probablemente le sería mucho más fácil proyectarse como candidato a entrar como estado a la federación americana.  Dice el jíbaro puertorriqueño que cuando tiene cuatro patas, rabo y además ladra; no será perro, pero se le parece.

Ya el tiempo dirá…

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