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El Blog de Gary Gutiérrez

Observador social, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, comantenedor del programa @tempranopr de http://www.pab550.com, y barbicuero de patio

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Criminología cultural: mirándonos en la violencia


 

Criminología cultural: mirándonos en la violencia

Por Gary Gutiérrez

 

 El nacimiento del siglo XXI  en Puerto Rico ocurre en medio de una afirmación de los valores del neoliberalismo que dominaron Latinoamérica dos décadas antes. De igual forma, durante esta primera década del siglo, la violencia social se considera por muchos parte del diario vivir de los puertorriqueños. A diario, historias de incidentes con múltiples víctimas a plena luz del día compiten por el espacio mediático con las víctimas de la violencia domestica que cobra cientos de vidas

 

Esta violencia no solo acapara la atención de los medios de comunicación de masa, manteniendo así en estado de tensión a grandes sectores de la población.  Por supuesto, también es parte del que hacer académico que, desde los centros universitarios,  trata de estudiar, entender o explicar el fenómeno desde diversas disciplinas y puntos de vistas teóricos.   Políticos, psicólogos, sociólogos y hasta uno que otro filósofo evocan teorías tratando de construir y definir el proceso mediante el cual unos sectores de la población supuestamente se desvían y recurren a la violencia como forma para resolver los conflictos cotidianos de la vida.  Supuestamente se desvían, pues al examinar la historia del ser humano como especie, se puede afirmar que la violencia en realidad no es una desviación, sino que es parte de la forma en que los seres humanos se relacionaron unos con otros y que solo en los pasados cien años la idea de “la no violencia”  se masifica intelectualmente como alternativa para resolver conflicto.  Incluso en Puerto Rico, parecería válido cuestionar esa definición de la violencia social  como “desviada”, ya que la misma aparenta ser el resultado lógico del proceso histórico político y económico que da forma al “puertorriqueño” del siglo XXI.

 

                Por supuesto, una de las disciplinas académicas que se adentra  en el análisis de esta violencia es la llamada criminología.  Al  fin y al cabo, es esta rama de la sociología que se supone estudie el origen y desarrollo de la desviación social. 

 

Cuando se habla de criminología, regularmente se marca sus comienzos con la llamada escuela clásica, allá en el siglo XVIII. En ese entonces, múltiples pensadores europeos comenzaron a estudiar y cuestionar la forma en que los nobles y la iglesia manejaban a los desviados.  Entre estos se destaca  el italiano Cesar Beccaria, quien publica sus reflexiones y recomendaciones sobre la forma en que el “Soberano” debía reaccionar ante el comportamiento definido cómo desviado.  El trabajo de Beccaria, y la construcción resultante del mismo, es un claro ejemplo de cómo la visión que una sociedad cualquiera tiene de la desviación y la criminalidad,  refleja los valores culturales de la misma. Incluso demuestra cómo esa sociedad se ve y se define.   Al leer De los Delitos y de las Penas (2002),  es fácil ver que las ideas de Beccaria representan la visión mercantilista de la nueva clase burguesa y los miedos que esta le tenía al poder absoluto que los aristócratas alcanzaron en el feudalismo de la edad media (Young, 1980).  

 

Más tarde en la historia, con la llegada del siglo XIX, surge el segundo gran paso en dirección a lo que hoy conocemos como criminología, la escuela de pensamiento llamada positivista. Con esta visión se establece un saber criminológico concebido y construido como ciencia social donde el observador se autoconstruye como un investigador independiente que mira a los demás seres humanos y a la sociedad “desde afuera” y de forma supuestamente imparcial (Baratta, 2004). 

 

Se puede decir que estas dos escuelas de pensamiento, la clásica y el positivismo, son las bases teóricas que todavía permean y dan forma al aparato de Justicia Criminal en Puerto Rico.  Por un lado, el pensamiento clásico que expone que el comportamiento desviado es el resultado racional de un proceso analítico de costo beneficio que se da en el individuo (Young, 1980), todavía da forma y mantiene la visión del Derecho y de la desviación que impera en el aparato policiaco y los tribunales de la Isla (Rivera Lugo, 2004).  De igual forma el pensamiento positivista, ese que entiende que la desviación es una especie de error en el proceso de socialización del individuo y que por lo tanto es la sociedad quien tiene la responsabilidad de resocializar, reeducar o rehabilitar al desviado (Young, 1980), es la base del sistema correccional, sancionado incluso por la llamada  constitución del Estado Libre Asociado, que en su Carta de Derecho estipula que todo confinado tiene derecho a su rehabilitación (Carta de Derechos, 1952). 

 

Partiendo de lo anterior y de la aparente bipolaridad de la política pública en Puerto Rico en torno a la desviación, es fácil deducir entonces que en esta Isla se repite una deficiencia que el italiano Alessandro Baratta (2004), le atribuye a todos los sistemas penales occidentales.   Según este pensador italiano, los sistemas jurídico-penales en occidente están atrasado por lo menos cien años en comparación con la sociología del derecho que,  en la modernidad tardía o postmodernidad, mira más allá del propio crimen y la llamada desviación en busca de entendimiento de lo que se construye como  desviado o criminal.

 

Como si este retraso teórico en el sistema jurídico-penal no fuera terrible en sí mismo, cabe preguntar si en Puerto Rico,  ¿la propia academia no se encuentra en la misma situación?  Es decir,  ¿al formar a los estudiantes de Justicia Criminal y del Derecho en el funcionamiento del sistema, no se está reproduciendo acríticamente esas mismas visiones que se establecieron hace más de cien años y que solo terminan reproduciendo el discurso de ley y orden impuesto por el poder para beneficio de sus intereses?  Visión que maneja la desviación y la criminalidad de forma inefectiva, pues solo se limita a trabajar con las consecuencias del problema, obviando así  las condiciones socioeconómicas y políticas que propician esa desviación.  Además, utiliza ese mismo sistema jurídico-penal como herramienta de control social e imposición de unas concepciones de orden producidas desde los intereses y el poder de las clases dominantes en la sociedad (Baratta, 2004; Joung, 1980; Muncie, 2000; Pavarini, 2002; Villa Rodríguez, 2008).

 

Precisamente esta preocupación en torno a cómo se estudia la criminología y cómo el conocimiento generado de ese estudio construye el entendimiento del orden, lo  criminal o lo desviado, es atendido por el británico John Muncie en su ensayo Decriminalising Criminology (2000).  Muncie, por supuesto,  presenta  una visión genérica que cada académico o criminólogo debe atemperar a la realidad de la sociedad en que vive. Su ensayo invita  a romper con los parámetros de la criminología liberal, como la llama Baratta (2004) y propone mirar la desviación con otro crisol.  Apunta  a que se rompa con esas ideas clasicistas y sobre todo positivistas, que aparentan dominar el estudio de la desviación y que según el italiano Massimo  Pavarini se fortalecieron durante la última parte del siglo XX con el surgimiento de la llamada nueva izquierda realista (2002).  

 

La izquierda realista afirmaba el origen de clase de los problemas sociales como la desviación, pero entendían que los mismos debían manejarse con represión policial ya que sus niveles eran insoportables en la sociedad. Para Pavarini, durante las últimas décadas del siglo XX, la búsqueda de aprobación y subvención económica por parte del Estado y de otras instituciones de poder, hizo que un número de criminólogos justificara teóricamente las políticas de represión sistematizada utilizadas por estas mismas instituciones. Esos criminólogos se agruparon bajo los estandartes de la izquierda o la derecha realista como una forma de mantener su pertinencia. De esta manera se  alinearon teóricamente con el status quó y su campaña de “ley y orden” justificando así los recursos que estas mismas instituciones le otorgaban. El resultado de ese proceso académico, según el autor italiano, es una simplista política de orden público basada en la represión y sancionada por la academia (Pavarini, 2002).

 

En Puerto Rico, aún cuando históricamente, las políticas del gobierno contra lo desviado fueron siempre  represivas, durante la década del 1990 el discurso de la izquierdas y la derechas realistas se concretizan en las campañas mediáticas bautizadas por el gobierno de Pedro Rosselló González como “Mano Dura contra el Crimen y Guerra contra las drogas”.  Campañas  que sus sucesores mantuvieron o mantienen todavía hoy, bajo otros nombres como “Castigo Seguro”,  “Cero Tolerancia” y la más reciente “Puerto Rico: Sociedad de Ley y Orden”.  Todas igualmente ineficientes en combatir la violencia social que sufre el País (Villa, 2008). 

Es importante aclarar que el surgimiento de estas campañas mediáticas y de represión social se fundamenta en una percepción de aumento de criminalidad y no necesariamente en un incremento real o no de la actividad  desviada o delictiva.  Las estadísticas oficiales del gobierno de la Isla, territorio de los Estados Unidos por virtud del resultado de la Guerra Hispanoamericana, apuntan a que al igual que otras jurisdicciones en esa nación, los delitos llamado Tipo 1 estuvieron en descenso desde el 1992 hasta el 2007. Tipo Uno es la categoría que en la Isla se usa para agrupar los delitos más graves, tanto contra los individuos como contra la propiedad.  A pesar de esa baja global de delitos, lo que sí se registró durante este periodo fue un crecimiento en el renglón de muertes violentas como homicidios, asesinatos y suicidios.  Incluso, la doctora Dora Nevares en su libro Tapando el Cielo Con la Mano (2008), explica que si bien los llamados Delito Tipo 1 bajaron en Puerto Rico durante este periodo, el porciento de crímenes violentos contra personas si registró aumento.  No obstante, estas estadísticas oficiales son altamente cuestionadas por académicos quienes apuntan a que las mismas tienen márgenes de error muy amplios y que por lo tanto no son confiables (Neváres-Muñiz, 2008). 

El doctor Daniel Nina va más lejos y asegura que la criminalidad en el país está dentro de los parámetros históricos de la Isla. La criminalidad no está fuera de control. 

“Hemos reproducido en lo que va del 2010, indicadores similares a los de los últimos 20 años.  No obstante, lo que ha cambiado es la percepción general que tenemos de la policía como cuerpo de seguridad que cumple sus funciones de forma incólume.” (Nina, SF) 

Por otro lado, esa apariencia de aumento en la criminalidad y no los datos recogidos por sus propias agencias, parece ser lo importante para el gobierno de la Isla.  Por ejemplo, el pasado superintendente de la Policía de Puerto Rico, Pedro Toledo Dávila, admitió públicamente que su preocupación estaba más bien centrada en la percepción que el público tiene del crimen y no en los datos oficiales sobre estas desviaciones. El pasado jefe policiaco dijo durante una entrevista el pasado  17 de marzo de 2007 a El Nuevo Día, periódico de récord en la Isla, que para él lo importante es trabajar con la percepción de la criminalidad.

«Tú puedes tener unas estadísticas bien bajas y, si el pueblo no se siente tranquilo, eso no refleja el trabajo de la Policía… Para mí, es más importante el sentir del pueblo“(Toledo-Dávila, 2007)

Así las cosas, ¿de dónde entonces surge y en que está basada esta percepción de un crecimiento inmanejable de la violencia y la criminalidad en la Isla? Aún cuando en Puerto Rico, hasta donde tengo conocimiento,  no hay estudios específicos sobre cómo se forma mediáticamente la percepción de lo criminal. Al mirar los medios de comunicación se puede observar un aumento en el dramatismo y temeridad con que se va desarrollando la violencia en la sociedad boricua.  Como se estipula al comienzo, los incidentes de asesinatos múltiples, intercambios de disparos en horas diurnas y en lugares públicos, mujeres víctimas de las más brutales expresiones de la violencia machista, la muerte colateral de personas que no están ligadas a las controversias de los elementos desviados, llenan todos los días  las páginas de los rotativos y ocupan el tiempo de los medios electrónicos del país. Por tanto se puede inferir,  y se debiera estudiar,  si este aumento en la temeridad y el dramatismo de la violencia es lo que da la impresión de un aumento inmanejable de la violencia y la criminalidad.

Real o ilusoria, y partiendo del llamado Axioma de Thomas que apunta a que “si se definen situaciones como verdaderas, son verdaderas en sus consecuencias” (Thomas, 2005),  en Puerto Rico, tal vez como en otras partes del mundo, los medios de comunicación construyen una criminalidad en acenso,  por lo que el gobierno reacciona a esa construcción y justifica el uso de una política represiva para imponer o dar la impresión de que impone el “orden” (Rivera Lugo, 2004).  Partiendo de esas visones construidas sobre la violencia y el crimen, parecería  lógico entonces que para estudiar la violencia en Puerto Rico, no se deba utilizar las visiones teóricas comprendida en esa criminología que Baratta llama burguesa o liberal y que analiza el crimen solo desde el binomio causa y efecto. Esas escuelas teóricas clásica u positivista, como explica el doctor Joel Villa en su libro El Sujeto Criminal: Crimen y Criminalidad en Puerto Rico (2008), tienen poco que mostrar en el ámbito de soluciones y  solo sirven para justificar políticas de control social mediante el uso del Derecho Penal.  Es decir, estas visones académicas siempre terminan justificando acríticamente la encarcelación de grandes sectores de poblaciones marginadas o excedentes, mientras aumentan la violencia callejera como resultado no intencionado de esas mismas medidas represivas (Villa, 2008).

Como alternativa a esa criminología burguesa y liberal (Baratta 2004), se presenta la ya mencionada propuesta de John Muncie (2000), quien plantea la necesidad de romper con esta disciplina y establece que el entendimiento del comportamiento desviado no se logra solamente estudiando a los delincuentes o tratando de encajonar los mismos en categorías estadísticas.  Muncie expone que antes de estudiar al criminal, los académicos deben investigar el orden y la construcción del mismo, para luego estudiar la respuesta a ese orden, incluyendo entonces la desviación.  De igual forma este  británico invita a buscar en el origen de reglas, leyes y prohibiciones las bases para su incumplimiento.  Claramente estipula que las sociedades solo deben criminalizar acciones que van contra del bien común o que hagan daños a otras personas alejándose de procesos de criminalización cuya intención es solamente defender los intereses del poder y las clases dominantes.  Para Muncie, la sobre reglamentación productos de criminalizaciones innecesarias, lleva a más criminalidad. Este académico británico, finaliza su escrito estipulando la necesidad de un cambio de paradigma que transforme la justicia criminal en una justicia social basada en el factor de daño y no los intereses del poder.

Llamados similares pero en torno al Derecho, lo hacen tanto el italiano Baratta en su libro Criminología Crítica y Críticas al Derecho Penal(2004), como el puertorriqueño Carlos Rivera Lugo en su ensayo Ni una vida más para la toga (2004).  Ambos autores llaman a un Derecho desde el pueblo, aunque Rivera Lugo va más lejos y reclama el desarrollo de lo que él construye como “Derecho Humilde”.

El espíritu crítico que mueve a estos autores antes citados, encuentra eco y es también cónsono con los llamados Criminólogos Culturales quienes, al estudiar la criminalidad, desvían la atención de lo construido acríticamente como “lo criminal”  y  ponen su curiosidad en toda la sociedad. Autores como Jeff Ferrer, Keith Hayward y Yock Joung miran la cultura de una sociedad, para estudiar la desviación que en ella se produce.  Para ellos, la cultura es productora y producto de lo desviado y de lo criminal (Ferrel, Hayward, & Young, 2008).

Basado en un entrelazado teórico que incluye ideas pos-marxistas, anarquistas y feministas entre otras, estos pensadores casi todos británicos y estadounidenses, surgen desde el Interaccionismo Simbólico para proponer un acercamiento a las acciones desviadas o criminalizadas desde una perspectiva etnográfica. Este acercamiento permite que el investigador experimente de primera mano el mundo de lo criminal y las construcciones sociales que dan lugar al mismo.  De igual forma, abrazan las ideas llamadas postmodernas, o de la modernidad tardía, para plantear que el orden social es el resultado de una construcción de la política de la representación y la identidad desde el poder (Ferrell & Sander, 1995).  En este sentido, al mirar la violencia o cualquier otra construcción de los desviados,  estos pensadores se alejan de los estudios cuantitativos y las estadísticas alegando que los mismos son solo “estampas instantánea de un mundo en movimiento que requiere más preguntas críticas que aceptación ciega” (Ferrel, Hayward, & Young, 2008). Por tanto, los criminólogos culturales  prestan más atención a la variedad de culturas y subculturas construidas o definidas como criminales, así como a la gama de significados de las mismas.  Al hacerlo se alejan progresivamente de las definiciones “legaluyas” de conceptos como crimen y ley. Por ejemplo, para ellos el crimen no es la violación de una ley, como lo define el Derecho positivista,  sino que ven lo criminal como acciones en búsqueda de placer, retribución o satisfacción, catalogadas como desviadas por el grupo dominante en una sociedad.  Así mismo para ellos, las “leyes” o las “normas” dejan de verse como instrumentos de balance y justicia social, como los definen los autores clásicos,  para redefinirlos como aparatos represivos que sirven a intereses de los grupos de poder (Ferrell & Sander, 1995).  Esta visión de la ley y la desviación, entonces,  se basa en la presunción de que cuando una sociedad prohíbe una conducta, con razón o sin ella,  en realidad lo que está criminalizando es el “significado simbólico” de esas acciones criminalizadas (Ferrel, Hayward, & Young, 2008).

Un ejemplo de lo anterior puede ser la criminalización de las sustancias psicoactivadoras que llamamos drogas.  Al mirar la Historia de las Drogas de Antonio Eschotado (2004) vemos que su prohibición, al comienzo del siglo XX, no correspondió al posible daño físico o social que el uso de estas sustancias pudiera causar, y mucho menos a los supuestos problemas sociales resultantes de su uso.  Su prohibición, explica Escohotado,  correspondió a que el uso de estas sustancias afirmaba unas culturas que el blanco, capitalista, conservador, etnocéntrico y moralista de principio del siglo XX en los Estados Unidos de América, veía como pecaminosas, atrasadas y salvajes. Así se prohibió la marihuana de los mexicanos, la coca que décadas antes, los propios blancos introdujeron en las comunidades afroamericanas durante el periodo esclavista, y el opio que trajeron del Oriente los chinos, quienes fueron importados como mano de obra diestra y barata para construir los ferrocarriles.  Es decir, lo que se buscó con la prohibición de las drogas fue controlar el resultado simbólico de su uso. Simbólicamente hablando, el consumo de estas sustancias resultaba en una reafirmación de rasgos culturales de sociedades que se veían como atrasadas y amenazantes a las supuestas sanas costumbres de la cultura de temperancia del hombre blanco ostentante del poder durante la primera parte del siglo XX.  En fin el resultado del proceso de criminalización de estas sustancias fue la exclusión social de los que practicaban estas costumbres diferentes. Esto sin contar los costos socioeconómicos que estas prohibiciones provocaron a lo largo de los pasados 100 años.

Además de definir como simbólicas  las prohibiciones, los criminólogos culturales estudian también la desviación como resultado de lo que llaman “Bulimia Social” (Young, 2003) y la “Carnavalización del Crimen” (Presdee, 2001).  Partiendo del concepto de la anomía, el británico Jock Young (2003) explica que el crimen puede ser un discurso contestaría ante la percepción y toma de conciencia por parte de los marginados, de las desigualdades sociales producidas por la integración a las expectativas de consumo de eso mismos sectores que son separados de las oportunidades de producción económica.  A diferencia de la teoría de la anomía original, al aludir al concepto de “bulimia social”,  Young aclara que no es la mera marginación lo que puede resultar en la desviación.  Señala que es la toma de conciencia del marginado de la sociedad le ha impuesto unas metas sociales que no podrá alcanzar manteniéndose dentro de los parámetros que la sociedad le concede para que produzca. Es decir que el factor clave para la posibilidad de desviarse no sería la anomía como tal. Sino que lo que conduce a la desviación es la toma de conciencia de esa inclusión para consumir y exclusión para producir legalmente los recursos necesarios para ese consumo.  El ejemplo utilizado por el Young (2003) para explicar este proceso son los niveles de desviación en las primeras y segundas generaciones de migrantes en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Regularmente, los migrantes de primera generación, se construyen a si mismo como personas que no pertenecen a la sociedad que los recibe, por lo que tienen que ganarse el respeto y el espacio. Estas generaciones tienden a registrar menos índices de desviación o criminalidad cuando se comparan con las segundas y terceras generaciones, es decir con sus hijos y sus nietos.  Explica Young (2003) que esas sergundas generaciones regularmente se perciben y se construyen como perteneciente a la sociedad que recibió a sus padres y por lo tanto, con derecho al respeto y  al acceso a los símbolos de éxitos impuestos por esa sociedad de la cual ellos si se sienten parte.  Pero al mismo tiempo se perciben y se ven como excluidos de los buenos empleos y oportunidades de estudio y desarrollo.  Es precisamente esa dicotomía de integración social para consumir, pero expulsión social de las posibilidades de generar los ingresos necesarios para ese consumo, a lo que se alude en el concepto de bulimia. Es fácil entonces, propone  Young, que esas segundas generaciones miren al crimen como herramienta para resolver esta incongruencia económica-social.

Partiendo de este proceso “bulímico” de integración y exclusión, el crimen se convierte en una especie de ritual de inversión que ilusoriamente empodera al marginado cuando este logra acceso a los símbolos del éxito (Young, 2003; Presdee, 2001). Esto es lo que en la criminología cultural se conoce como la carnavalización o el carnaval del crimen (Presdee, 2001). El concepto de carnavalización, es decir del crimen como ritual de inversión surge de los trabajos de Jack Katz, quien es su libro  Seductions Of Crime: Moral And Sensual Attractions In Doing Evil (1990) expone la atracción que siente el ser humano cuando experimentar aquello que le es prohibido.  Basado en esta teoría, explica el también británico Mike Presdee en el ya clásico Cultural Criminology and the Carnaval of Crime (2001), cómo la transgresión a la norma se acompaña de un grado de satisfacción y empoderamiento.

Al integrar esta noción de seducción de lo prohibido al concepto antropológico de ritual de inversión,  Presdee otro de los líderes de la llamada criminología cultural, creó el témino carnavalización del crime y explica que aquella persona que se concibe a sí misma como excluida y marginada utilizará la desviación, con mayor o menor grado de violencia, como vehículo para empoderarse y sentirse en control de su existencia (Presdee, 2001).  Para ilustrar el concepto se puede mirar al obrero que tras todo el día de reprimir impulsos de contestar con violenta a los abuso de su patrono, llega a su casa, donde siente que es el poder. Allí desata su furia contra su compañera o sus hijos a quienes construye como individuos subordinados a el. Es decir, usa la agresión contra aquéllos que construye como más débiles para ilusoriamente sentirse empoderado.  De igual forma se puede apuntar a los jóvenes que mediante el grafiti se empoderan y “hacen suyas” las paredes de una sociedad que los excluye.  Por supuesto, desde esta perspectiva también es fácil entender al joven que nace y se cria en un sector marginado y que para salir de esa marginación se integra al mundo de la droga en búsqueda de riquezas, pero sobre todo de respeto.

En fin,  aparenta que la Criminología Cultural ofrece al estudioso un adecuado punto de observación teórico desde el cual estudiar la construcción y la respuesta de lo desviado , asi como a la violencia en Puerto Rico.  Isla caribeña que mantiene una dependencia económica de los Estados Unidos y que sufre la falta de poderes resultante de más de 100 años de relación colonial con esta nación.   Si se observa la sociedad puertorriqueña, se pudiera concluir que la misma resume todos los rasgos que la Criminología Cultural detalla como promotora de la desviación, la criminalidad y la violencia.

Por una parte, la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos, producto de una invasión militar y de una dependencia económica de más de cien (100)  años, aparenta producir a un puertorriqueño con una baja autoestima y una pobre imagen de sí mismo. Esto, claro, mirando al puertorriqueño del siglo XXI a través del trabajo de psiquiatra franco-caribeño Frantz Fanon, quien en su libro Los Condenados de la Tierra,  explica cómo la falta de poder político lleva a las poblaciones colonizadas a la violencia social u horizontal. Es decir, cómo el colonizado desata la violencia producto de su frustración contra sus iguales y no contra el poder colonial que lo oprime (Fanon, 2007). Por tanto se pudiera afirmar que para estudiar la violencia criminal en Puerto Rico se debiera, antes que todo,  partir de la realidad cultural producto de la situación colonial de la isla y de cómo la misma puede resultar en un proceso donde el oprimido utilice la violencia social como forma de empoderamiento y en una especie de ritual carnavalesco de inversión explicado y definido por los criminólogos culturales.

Desde esta perspectiva, sería recomendable estudiar cómo esa relación política con los Estados Unidos termina también estableciendo unas condiciones económicas que imponen a los puertorriqueños los símbolos del éxito de la metrópolis, a la vez que excluye la isla de las posibilidades de producción de unos niveles económicos apropiados para alcanzar los mismos. Según los estimados de la Oficina del Censo del Gobierno de Puerto Rico, la isla cuenta con 3.8 millones de habitantes (Junta de Planificación, 2008) y de ese total solo el 43.2% ostenta un empleo, lo que implica que más del 56.8 población de la isla no está incluida en el sector productivo (Departamento del Trabajo, 2010). De ese 43.2% que reportan estar trabajando, el 22% dice laborar menos de 35 horas a la semana. Se debe entender entonces que menos del 34% del País tiene un trabajo a tarea completa (Census Bureau, 2008). Estipulando de otra parte, que el hecho de tener un trabajo a tarea completa no sea indicador de que el ingreso devengado durante esa jornada de trabajo sea suficiente para sostener dignamente sus familias y mucho menos para alcanzar los símbolos de éxito social.   Por tanto, mirando estas cifras, también es lógico acercarse a la violencia social que se ve en las calles boricuas desde la prespectiva de la “bulimia social” explicada por Young (2003). 

Para terminar y siguiendo la recomendación de la criminología cultural que apunta a que las prohibiciones en una sociedad tiene un valor simbólico, debiera ser estudiado el efecto que tiene sobre la sociedad y la violencia social el hecho de que las leyes que rigen en la isla, al igual que la construcción del sistema que atiende lo desviado y lo criminal, se impone con el endoso de los politicos locales desde la metrópolis política cuya cultura es diferente.  

El ejemplo de la ley antidroga en la isla es más que sufiente para ilustrar esta situación. La llamada LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE PUERTO RICO del 1971 (Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 según enmendada) es una copia traducida de su homóloga estadounidense el COMPREHENSIVE DRUG ABUSE PREVENTION AND CONTROL ACT OF 1970 (TITLE 21 UNITED STATES CODE).  Desde la Criminología Cultural,  se debe preguntar si al imponérsele al pueblo de Puerto Rico la visión que sobre las drogas imperaba en la admisntración del presidente estadounidense Richard Nixon, no se estaba realmente imponiendo a la isla,  la visión punitiva que sobre esas sutancias escogió Nixon en una movida de estrategia político partidista, que no tenía ninguna base académica o criminológica (Musto & Korsmeyer, 2002).  Al ser la LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE PUERTO RICO una copia traducida de la ley estadounidense, ¿acaso no pudiera entenderse que su resultado práctico fue la imposición legal de unas definiciones simbólicas sobre la droga que nada tenían que ver con la cultura o idiosincrasia de los puertorriqueños y mucho menos con la sistuación de estas sustancias en la Isla? ¿Puede ser esto parte de las razones por las que algunos sectores del País no tienen problema violando este estatuto prohibicionista?

En resumen, usando la criminología cultural como punto de partida,  los puertorriqueños podemos preguntarnos, si es que la violencia que parece permear nuestra cultura actual es,  producto de los procesos históricos y socioeconómicos que la forjaron.  Lo anterior permitiría investigar y cuestionar si, como sociedad los puertorriqueños desarrollaremos de forma  inconsciente,  una cultura contestaría desde la cual la violencia es solo otra herramienta más para, ilusoriamente, empoderarse ante esa desigualdad socio económica que caracteriza el proceso histórico de la isla. Desigualdades que, cabe añadir, aparentan incrementarse con la llegada hace unos años de una política pública basada en el neoliberalismo actual, con todo lo que ello implica.  Es decir, preguntar si mucha de esa violencia que ocupa hoy día los espacios mediáticos en la isla, no es otra cosa que el resultado no consiente de una “bulímica” relación política y económica ente Puerto Rico y los Estados Unidos, que aparenta condenar al primero a aspirar desde su pobreza a los símbolos de éxito que rigen en la riqueza del segundo.  

Pensándolo bien, me pregunto si estas interrogantes acaso no debieran preguntárselas también los académicos latinoamericanos o caribeños que se adentre en el tema de la violencia en su País.

 

 

 

 

Referencias:

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Guerra social, consecuencias esperadas


 Guerra social, consecuencias esperadas 

Publicado originalmente en :http://periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1376:una-guerra-social-con-consecuencias-esperadas&catid=131:desde-la-acera-del-frente&Itemid=410

El derribo de un helicóptero de la Policía Municipal de San Juan que causo la muerte de uno de sus tripulantes, así como la muerte de un joven a manos de un militar en Carolina hace unas semanas son dos situaciones que representan una nueva escalada de la violencia social en el País.

Tras estos incidentes, nadie puede negar que Puerto Rico se encuentre en medio de una “Guerra Social”.

Ahora, si preocupante son estos incidentes, más alarmantes son las reacciones a los mismos.

Para comenzar es preciso ver la vergonzosa y simplista respuesta del alcalde de San Juan, Jorge Santini, al ataque contra la nave aérea del municipio.

En un estilo típico de “guapo de barrio”, hablando de ocupación de la comunidad, represión social, el primer ejecutivo de la Capital bajó al mismo nivel que los elementos desviados que protagonizaron el mencionado ataque.

Es decir, para el alcalde Santini la situación se debe manejar combatiendo fuego con fuego, violencia institucional para controlar la violencia social.

Por otra parte el desgraciado incidente también generó un fuerte editorial por parte de uno de los principales medios de comunicación de masas en la Isla.

En su alocución, la dirección del rotativo criticó fuertemente el derribo del aparato y exige que se haga “justicia” esclareciendo la muerte de Quiñones a la mayor brevedad.

Con un lenguaje más sofisticado, pero igualmente simplista, los dirigentes del periódico piden un fortalecimiento de las políticas punitivas que por décadas caracteriza la política pública contra la criminalidad en la Isla.

La publicación llama así al gobierno para que le haga frente a lo que ellos llaman “el estado de guerra declarado al País por el crimen organizado”.

Las expresiones y exigencias del editorial no tan sólo son simplistas, sino que son incorrectas.

Comenzando con que no fue “el crimen organizado” quien declaró “el estado de guerra” que sufre el país sino al contrario.

La llamada “guerra” que hoy se libra en las calles de Puerto Rico la declaró el presidente de los Estados Unidos a finales de la década del 1960 y comienzos de la del 70 y la fortalecieron los que le sucedieron en el cargo.

A finales de los 60 del siglo pasado, en vez de Richard Nixón seguir la recomendación de todos los grupos consultados y construir el problema de narco dependencia como uno de carácter médico salubrista, lo declaró un problema criminal.

Les hizo más caso a sus asesores políticos que a la American Medical Association y a la American Bar Association, entre otros grupos, que aseguraron que el uso de drogas no debía verse como un problema policiaco.

Hoy, 40 años más tarde, estas medidas a corto plazo, dramáticas pero inefectivas, siguen siendo la base de la política pública puertorriqueña para manejar la creciente violencia producto del narcotráfico y de la desigualdad social.

En su ensayo, “Ni Una Vida Más para la Toga”, el doctor Carlos Rivera Lugo documenta como se produce y desarrolla un círculo vicioso de violencia que surge de la percepción que tienen del gobierno los sectores sociales marginados.

Esa percepción como ilegitima que tienen estos sectores sociales, genera una respuesta de violencia social que es reprimida con más violencia por parte del gobierno.  Esta respuesta violencia por parte del Estado lo deslegitima aún más ante la población marginada  creando así el circulo de violencia en espiral que se experimenta en la Isla.

Ya es hora de acabar con esta insanidad que nos lleva a seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes.

Si realmente queremos romper con este círculo que convierte a la Isla en una jurisdicción con índices de violencia más altos en el mundo,  debemos comenzar por dos estrategias básicas.

Ya es hora de descriminalizar el uso de las sustancias psicoactivadoras, de tal manera que estas estén disponibles al público mediante mecanismos legales y que como pasa con el alcohol y la nicotina, aquellos que tengan problemas de abuso de las mismas reciban las ayudas médicas necesarias.

De esa forma se desmantela y reduce a un mínimo el mercado negro que es la base de gran parte de la violencia callejera.

Por otro lado, si realmente se quiere reducir la violencia social que ocupa la calle, se tiene que disminuir la violencia económica impuesto por el sistema capitalista.

Para  la mayoría de los jóvenes del País, aun aquellos con grados universitarios, el sistema sólo le ofrece empleos chatarra donde no se gana suficiente para independizarse de sus padres y mantener dignamente a una familia.

Los que tienen la suerte de encontrar un empleo, sólo cobrarán el mal llamado salario mínimo, que en Puerto Rico es “salario máximo” y probablemente serán catalogados como “asociados” a jornada parcial lo que lo exime de reivindicaciones justas como plan médico, vacaciones o bonos.

Ante esta situación, no es de sorprender que muchos jóvenes se criminalicen como una forma de obtener un ingreso adecuado y de empoderarse ante un sistema que lo devalúa convirtiéndolos en carne de cañón cuya existencia sólo se justifica por lo que le produce y le gasta a los grandes intereses absentistas en la Isla.

En fin que el problema de la violencia ejemplificada por los incidentes de los pasados meses, no se va a resolver con discursos simplistas de  intervenciones paramilitares, ni mucho menos con estribillos publicitarios como “más mano dura”, “castigo seguro” o “cero tolerancia”.

Al contrario, eso lo único que logrará, como lo hace hasta ahora,  es que siga aumentando exponencialmente la violencia.

 

Reflexión: La realidad del otro y la agresión social


La realidad del otro y la agresión social

por: Gary Gutiérrez

 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=SQ467W0h87M 

 

 

Lo que más le molesta al sistema,  es que “el otro” le estruje su realidad en la cara diciéndole “esto es lo que tu orden social produce”.

 

La pasada semana el país casi infarta ante el descubrimiento de un video en el que unos jóvenes del residencial Chavier de Ponce dramatizan unas “estampas “ de su diario vivir.

 

En la grabación, los jovencitos y niños actúan y representan la forma en que en esa comunidad se resuelven los conflictos, se manejan las controversias y se sobrevive diariamente.

 

Ante el documento gráfico, las autoridades del país,  tuvieron dos respuestas.

 

Por un lado, la policía asumió una actitud típica  conservadora de represión y de inmediato  comenzó  la búsqueda de un culpable para fijarle responsabilidad criminal por la producción.

 

Es decir, como sacerdotes de la ley y el orden,  salieron a buscar un chivo expiatorio para ofrecer  a los “dioses” y así subsanar la ofrenda restableciendo el balance al sistema.

 

Lo otra respuesta, que se produjo un poco después, vino del Departamento de la Familia. 

 

Igualmente típica, estas funcionarias propusieron intervenir para “ayudar” a que estos jovencitos puedan  rescatar a tiempo y se rehabiliten antes de que se conviertan en “verdaderos delincuentes”.

 

Sin embargo, nadie aparenta detenerse y hacer un esfuerzo por entender que es lo que estos jóvenes realmente hicieron y que fue lo que comunicaron con su producción. 

 

Al contrario, en una acción que el criminólogo británico Jock Young llamaría “bulimia” social,  el sistema lo que trata de hacer es que expulsar a estos jóvenes para que regresen a la marginación y a la invisibilidad  social a las que se le condenó por nacimiento. 

 

Al mismo tiempo y para dar el ejemplo, el sistema  busca castigar la soberbia acción de perturbar el mundo de la “gente decente” exponiéndoles a esa otra realidad que se supone solo veamos cuidadosamente construida en los medios de comunicación “serios”.

 

Al mirar la respuesta estatal al incidente, no se puede llegar a otra conclusión que no sea que el sistema se siente agredido por estos jóvenes.

 

Nadie puede pensar que el gobierno y sus funcionarios no saben que esas situaciones son las que a diario se viven en los caseríos.  Así que eso no puede ser lo que les molesta.

 

De igual forma nadie puede decir que la producción comunitaria tiene más violencia que cualquier producción salida de las corporaciones, sean estas películas de cine, series de televisión o juegos de video.

 

Por tanto, la violencia tampoco puede ser lo que les molesta.

 

Ante esta situación cabe la pregunta,  ¿si en vez de exponer su realidad, el video de estos jóvenes fuera sobre el cañaveral, los jibaros, el capataz y la central, causaría la misma reacción?

 

Al fin y al cabo, la relación de poder y explotación en el cañaveral no era menos violenta que lo dramatizado en la rustica producción.

 

Lo que molesta del video no es la violencia, ni siquiera es la realidad que presenta.  Lo que molesta del video es que es un discurso contestario que “agrede” al sistema. 

 

Esta no es la interpretación de una blanquito que va ala caserío a filmar.  Es el mismo, “el otro” quien le deja saber al sistema como él se define.

 

Para entender mejor este incidente se puede ver el mismo al crisol de la criminología cultural, una de las nuevas  tendencias en el pensamiento criminológico.

 

Los expositores de esta teoría explican como ante la marginación, “el otro”, es decir el que no pertenece, el etiquetado como criminal, vago, inculto, etc.,  no solo adoptara la etiqueta impuesta socialmente, sino que exagerará la misma para agredir así a la sociedad que lo margina.

 

De esta forma, el rapero, el caco, el gótico, el joven del residencial adoptan los mismos íconos que la sociedad le define como negativo para “agredir”, aunque solo sea de forma visual, a la sociedad.

 

Mirando este video desde esta perspectiva es fácil de entender la reacción social y estatal.

 

Es la respuesta típica de un sistema que  tras mucho esfuerzo por mantener unos sectores invisibles, “se le escapa el gato de la canasta” como reza un dicho estadounidense.

 

En fin que el video no es otra cosa que el sonoro grito de un sector que se supone que no tenga voz.

 

Entiéndalo esta o no,  eso es lo que verdaderamente le molestó a la sociedad.

 

Triunfa la reforma policial…


Por Gary Gutiérrez
(fotos por: R Emmanuelli, Mari B. Robles López, Héctor Iván Arroyo Sierra (Pheto), Cheo el Feo)

 

 

 

Mientras escucho en la radio las felicitaciones por “el control” y la forma en que la Policía de Puerto Rico manejó las manifestaciones del 1ro de mayo mi mente viaja casi una década cuando, respondiendo a El Nuevo Día, expresaba mis preocupaciones por la designación de un “Técnico de Cumplimiento” para la “Reforma Policial”.

En aquel entonces me preguntaba si la presencia de un Técnico de Cumplimiento, y de la reforma en general, respondía a la necesidad de controlar la represión estatal o simplemente al desarrollo de un profesional represivo que pudiera hacer su trabajo sin tener que responder a los tribunales.

Hoy la pregunta parece retórica.

Este 1ro de mayo parece ser el punto de encuentro de varios procesos que culminaron el triunfo de “Reforma Policial”.

Hasta este 1ro de mayo, el proceso de “reforma” parecía no haber logrado mucho y, mientras los uniformados seguían campeando por su respeto en la calle, la transformación ordenada por la Corte del imperio proyectaba ser solo una costosa simulación burocrática productora de miles de páginas de reglamentaciones, ordenes generales y materiales didácticos para los y las uniformadas. Digo simulación, pues hasta donde sabemos, la Policía de Puerto Rico nunca aceptó ante el tribunal que estuviera cometiendo excesos o abusos, y solo se sometió al proceso de reforma para evitar penalidades por parte del gobierno imperial, verdadera autoridad política en la Isla.

Para poder entender cómo se desarrolló la eficiente y ordenada coreografía represiva y de censura desplegada el 1ro de mayo en Puerto Rico sepueden mirar dos procesos que se vienen desarrollando paralelo a la “reforma” policial en Puerto Rico.

El 2019 comenzó con el escenario perfecto para, reforma o no, afianzar la necesidad de un aumento en el cuerpo represivo de la isla.

El aumento en el dramatismo de la violencia social documentada y difundida por las redes sociales, por un lado, y la reducción de efectivos en la Policía de Puerto Rico parecen surgir como base, tal vez irreal pero efectiva, para implementar la “doctrina del shock”.

Digo irreal pues, por dramático que puede ser ver en el teléfono o en la computadora a sicarios batirse a tiros con armas automáticas, estos incidentes fueron por décadas parte de la cotidianidad callejera en los sectores marginados. Claro los ricos y los que se creen clase media nunca lo habían visto “en vivo”.

No estoy diciendo que Puerto Rico no tiene una crisis de violencia, lo que digo es que no hay una nueva crisis de violencia criminal. Cuando se mira el proceso histórico de la violencia en la Isla, con sus altas y sus bajas pues es un fenómeno cíclico, es la misma violencia experimentada por los pasados cincuentas años. Es decir, entre 14 a 17 muertes violentas por cien mil habitantes, con picos de 30 tragedias por 100 mil personas en años picos como en el 2011 cuando el estado insistió en imponer su violenta agenda neoliberal.

Claro que nadie puede negar que la violencia social constituye una crisis, no obstante, esa crisis es permanente y constituye la normalidad colonial.

El segundo discurso con que comienza el 2019 en Puerto rico es la fuga de efectivos policiacos. Ciertamente, la pérdida de beneficios de retiro, y sobre todo el deterioro en las condiciones laborales antes y después del huracán María, llevaron a un número de Policías a exiliarse de la Isla o a acelerar su proceso de retiro.

Ante esta situación, el pasado jefe del Departamento de Seguridad Pública, el charlatán Héctor Pesquera, aprovechaba cada oportunidad mediática para pedir más recursos, más chavos, más espacio legal para operar. Digo “charlatán” pues quien responde a una pregunta de la prensa con morisquetas es un charlatán.

Este discurso de que “la criminalidad” hace necesario una fuerza policiaca mayor y con más poder legal de acción no tiene ningún fundamento que no sea el fortalecimiento de la capacidad represiva del estado.

El número de efectivo policiacos en el país está dentro de los niveles aceptados por la Unión Europea y está un poco por debajo del promedio de efectivos en jurisdicciones de Estados Unidos. Esto sin contar con que, a esa data, se le tienen que sumar otros agentes con capacidad legal de arresto como policías municipales, vigilantes de recursos naturales, etc.

Por tanto, no es correcto catalogar de crítica el número de efectivos policiacos en la Isla. Claro sí puede haber una crisis en la utilización de estos recursos y en la disponibilidad de estos. La realidad es que las pobres condiciones laborales fomentan el ausentismo y la sobre reglamentación de actividades sin victimas como el consumo de sustancias como la marihuana, desvía y mal utiliza el recurso.

Para ejemplo con un botón basta, la realidad es que, en el 2011 cuando la Isla experimenta el más reciente pico de violencia, la uniformada contaba con tres veces más efectivos que ahora. Así que no se puede decir que se necesitan más policías para manejar la violencia criminal.

Contextualizado estos discursos y mirando la forma en que la uniformada manejó el 1ro de mayo, me surgen dos preguntas. ¿Por qué la insistencia en aumentar la fuerza policía y cuál es la necesidad de darle más espacio de acción?

Las respuestas a estas interrogantes se deben mirar desde la inesperada y súbita salida del burdo Héctor Pesquera como jefe del Departamento de Seguridad Pública y la llegada a ese puesto de Elmer Román, un ingeniero, militar de carrera cuyas funciones en el Departamento de la Defensa parece cualificarle más para oficial de una policía política que para dirigir un cuerpo civil encargado de mantener la paz y la convivencia social. Entre sus tareas en la mencionada agencia militar estaban establecer guías de política pública y supervisión además de dirigir Programas de Guerra Irregular y Desarrollo de Alianzas.

Es importante destacar que, según una foto distribuida, aparenta que la salida de Pesquera y la llegada de Román no es tan súbita como aparenta.  La imagen documenta una reunión a principio de año entre el administrador colonial, Ricardo Rosselló y Elmer Román. Por lo que se puede inferir que desde entonces la admiración colonial buscaba cambiar la fascista proyección de Pesquera por una más afectiva y menos gráfica.

En fin, que al mirar la suma de estos factores surgen múltiples preguntas:

  • ¿Tenemos una situación o crisis de criminalidad tan severa que amerite estados de excepción y disminución de las garantías legales de los ciudadanos?
  • ¿La reducción en el número de efectivos policiaco amerita que se le asignen más recursos a ese aparato represivo?
  • ¿Si se le asignan más recursos, se usarán para garantizar los derechos y fomentar la paz social desde la inclusión de todos y todas?
  • ¿Fracasa la reforma policial, o es una perfecta simulación para profesionalizar la uniformada en su función represiva del disenso?

Las respuestas a estas preguntas son complejas y difícil de precisar. Pero lo que si está claro es que este pasado 1ro de mayo el país vio una nueva Policía disciplinada y organizada para ejercer la función de regente del espacio público y reprimir el uso como zona para reclamar “la reparación de agravios”.  Una Policía “reformada” para ejercer sofisticadamente la represión y censura del derecho al disenso, al uso del espacio público y a las libertades individuales de los ciudadanos.

En resumen, que el tiempo me contestó la pregunta que surgió en mi hace casi una década. La Reforma de la Policía no está fracasando, pues su intención nunca fue generar un cuerpo civil para fomentar la paz social.

Al contrario, está funcionando perfectamente para lo que aparenta fue diseñada, profesionalizar un cuerpo castrense para que ejerza la represión de los ciudadanos y garantice el espacio para las reformas neoliberales que condenarán a la pobreza a las próximas tres generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas.

Salud y resistencia…

Militar o tecnócrata, pero agente de paz «no».


Militar o tecnócrata, pero agente de paz no.

Por Gary Gutiérrez

Reaccionando al nombramiento de la coronela del ejército estadounidense Michelle Hernández Fraley a la dirección de la Policía de Puerto Rico, esbocé en un escrito titulado “¿Militar o agente de paz?”  la disyuntiva en que, según mi visión al momento,  se encontraba la nueva superintendente.

Bajo la dirección de Hernández Fraley la Uniformada pudiera seguir siendo un cuerpo de “ley y orden”. Es decir de “disciplinados regentes que [al servicio de los poderosos y del capital] se crean con la autoridad para decidir cómo el pueblo puede o no expresarse, o dónde se pueda o no ejercer el derecho “de reunión pacífica” para “solicitar una compensación por agravios gubernamentales.”

O por el contrario, pudiera ser un cuerpo donde, siendo parte del pueblo y representando sus intereses, “en vez de verse como agentes de “ley y orden”, [los uniformados] se definan como “agentes de paz social”, respetuosos del derecho a disentir y manteniendo la paz entre los sectores en conflictos.”

Dos semanas tras la publicación de mi escrito, y durante una conversación en el programa Fuego Cruzado, la militar de carrera y ahora superintendente dejó claro que apuesta a lo primero.

Ante la pregunta del panel radial, Hernández Fraley dejó claro que para ella los problemas de la uniformada no son de carácter estructural o sistémico, sino falta de una cultura de disciplina donde “las acciones tengan consecuencias”.

Es decir que para Hernández Fraley, como para los pasados superintendentes, los abusos policiacos, el híper machismo, el racismo, la xenofobia y homofobia no son las características que definen la cultura del cuerpo. Son solo ejemplos aislados producto de “manzanas podridas” a ser identificadas y neutralizadas.

Así, la nueva titular de la uniformada, parece dejar claro cuál será su política pública durante los próximos cuatro años.

Periodo en el que, partiendo de la visión que la Metrópolis impone con su autoritaria Junta para el pago de la deuda, debe ser uno de confrontaciones y aumento tanto en la violencia política, protestas y manifestaciones de los sectores más vulnerables a quiénes se le impone el costo de la crisis, como en la violencia social derivada de las presiones económicas resultantes del proceso.

Así las cosas, la pregunta tiene que ser: ¿disciplina para qué, o disciplina ante quién?

Como si sus expresiones no fueran suficientemente elocuente, el Periódico La Perla del Sur reportó el 28 de diciembre 2016 que la novel administradora de la Policía visitó a Peñuelas para reunirse con las corporaciones que insisten en violar la ley municipal depositando cenizas en esa jurisdicción.

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Foto tomada del Periódico La Perla del Sur

Al salir de la reunión, y dejando claro al servicio de quién estará la uniformada que ella va a dirigir, negó reunirse con la comunidad mientras el vehículo en el que viajaba prácticamente arroyó los manifestantes que le rogaban unos minutos para explicar su postura en la controversia.

Por sus acciones les conocerás se dice que dijo aquel rabino que gran parte de la humanidad llama Dios, y para muestra con un botón basta.

Mirando desde afuera uno puede equivocarse, pero si tiene cuatro patas, rabo y ladra, uno debe preguntarse si es perro…

Tras su acciones, y sin ni siquiera haber tomado posesión del cargo, parece que Michelle Hernández Fraley es solo una tecnócrata que viene a dejar claro al servicio de quién estará la Policía bajo su dirección…

Ya el tiempo dirá… espero equivocarme.

 

 

Árbitros y no regentes: Policía y el espacio público


El pueblo que es refranero
canta con su propio rezo
aunque un rosario de penas
lleve guindando en su pecho.
Y hay que afinar el tiro
es decir la puntería
que aunque diga groserías
el pueblo tiene derecho.
Y no se me ponga arrecho
pero es la pura verdad
Alí Primera

 

Por Gary Gutiérrez

Como era de esperar, el nombramiento de una “Junta de Control Fiscal” junto a los conflictos de clase y la exclusión que caracterizan la sociedad puertorriqueña, ya comienzan a generar encontronazos en el espacio público.

Aparte de la violencia que usualmente sirven en la isla como válvula de escape, es decir la llamada violencia criminal y la social, lo que parece experimentar un alza es la confrontación entre el estado  y unos sectores del pueblo puertorriqueño quienes retan sus decisiones y sus políticas por entender que el primero no les representa.

En medio de este conflicto se encuentra la Policía de Puerto Rico. Cuerpo que en la Isla es de naturaleza civil, encarna el monopolio de la violencia que en su inmensa mayoría –por no decir totalidad- y que se compone por personas proveniente de los mismos sectores pobres y marginados de donde vienen aquellos etiquetados como revoltosos o criminales.

Partiendo del párrafo anterior, es importante entender entender que, al igual que con la violencia social y criminal, los protagonistas que derraman su sangre en medio de estos conflictos “políticos”, son los pobres.

Ese conflicto económico y político se da enmarcado en el llamado derecho constitucional que por virtud de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos rige en la isla caribeña. Esto a pesar de que Puerto Rico tiene una ley que llaman constitución, pero que lejos de ser el principal estatuto que rige la vida de los puertorriqueños, las más recientes decisiones de los tribunales estadounidenses la desenmascaran como una simulación productos de necesidades políticas de otras décadas.

Así pues, tanto las acciones de los que protestan, como las de quienes exigen su derecho a reunirse en un espacio -privado o público-, en Puerto Rico están protegidas por la primera enmienda de la constitución estadounidense que lee, “[e]l Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.” 

Cuando ese derecho a reunión y la libertad de expresión de quienes usan el espacio público para protestar, choca con el derecho de otros que pretenden acceder a una instalación para reunirse o consumir, es el trabajo de la Policía intervenir para mantener la paz social y evitar la violencia.

Es decir, el rol de los ciudadanos uniformados que ejercen la autoridad que el estado se abrogó para monopolizar la violencia, no es de ser jueces para otorgar la controversia, es de ser árbitros que aseguren que el conflicto no se salga de proporción y evitar así las agresiones físicas.

Igualmente, la presencia de la uniformada debe incluir que no se viole ninguna ley. Por supuesto, se puede discutir la legitimidad o legalidad de eso que llaman «ley», pero eso requiere una discusión aparte.

Ante el conflicto de dos sectores sociales encontrados en la calle, como vimos cuando  grupos opuestos a la política socioeconómica del estado que ocuparon el espacio público para dramatizar sus pedidos, chocaron con los sectores que respondieron a la convocatoria de la Cámara de Comercio para discutir como manejar la llegada de la llamada Junta de Control Fiscal, el trabajo de la Policía de Puerto Rico no es decidir qué derecho debe imperar y mucho menos usar la fuerza para ayudar a prevalecer a uno de los dos sectores encontrados 

Al contrario, al igual que cuando hay una situación especial como un funeral, un desfile o una caravana política, la función de la uniformada debe ser buscar otras alternativas de acceso, pero siempre evitando que se desate la violencia entre los actores sociales que ejercen su derecho al uso del espacio público.

El armarse de escudos y batones, emulando las legiones romanas en formación de «testudo» o «tortuga», con el propósito de arremeter contra ciudadanos que ejercen su derecho a exigirle cuentas al estado, no solo es agresión, es una clara violación al derecho constitucional que los policías juraron defender.

En caso de que en ese ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a reunión se viole  alguna ley o estatuto, la única acción legítima sería, salvaguardado el debido proceso establecido en la ley, el arresto o citación de esa persona o personas.

Permitir el uso de los efectivos policíacos como avanzada para abrirle paso por la fuerza a uno de los grupo en conflictos, es faltar el respeto de ese cuerpo, reduciéndolos al gansteril rol de  guapetones de barrio al servicio de los poderosos.

Los derecho son garantías que tienen los ciudadanos frente al estado.

Por lo que se puede preguntar a  juristas o a sociólogos del derecho, si existe tal cosa como derecho a pasar por un espacio público ya ocupado legítimamente por otro. Igualmente cabe preguntarles si el estado tiene autoridad legítima de remover del espacio público a una persona que lo ocupa para protestar, solo porque ese ejercicio de expresión le causa contratiempos a otros.

Finalmente, y tal vez más importante, se pudiera preguntar si una sociedad que aspira a ser democrática debe permitir que sean sus aparatos represivos en la calle quiénes determinen, qué derecho tiene más valor y cuál debe prevalecer cuando surja el conflicto.

 

Reacción a la reacción ante la criminalidad


Por Gary Gutiérrez

«Las noticias relacionadas a la situación económica del país no son muy halagadoras. Mientras los políticos buscan ganar elecciones nuestra realidad como pueblo nos lleva rumbo al abismo. La crisis social que ya está en nuestra puerta amenaza con trastocar todo el orden social y económico de nuestro país

Con ese párrafo, y bajo el título «¿El bajo mundo le habrá declarado la guerra al Estado?«, una agencia de seguridad privada distribuyó un comunicado de prensa donde llama a que «cada ciudadano se atempere al nuevo Puerto Rico».

El comunicado, que se produce en medio del virus mediático generado por el asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán, da por hecho el fracaso del Estado ante la supuesta «crisis social» que vive el país.  Claro «crisis social» es más que un eufemismo para no decir la respuesta de los sectores excluidos por la crisis económica que vive la Isla.

«El Estado no puede ni va a poder cumplir con las expectativas de seguridad que requiere el país. La falta de recursos humanos y económicos en el sector de seguridad pública es el mayor impedimento para que se puedan establecer procesos adecuados de prevención y reacción contra el crimen. La Policía está dando su mayor esfuerzo pero la realidad es que el personal no da abasto para poder cubrir todas las necesidades del país»

Según la diatriba, al partir del mencionado colapso gubernamental, los ciudadanos y las empresas comerciales deben buscar alternativas construyendo grupos de «seguridad preventiva» y «redes» que colaboren con las agencias gubernamentales -¿las mismas que no pueden cumplir con las expectativas de seguridad?

Más allá de su lenguaje  cortes y lógico, el comunicado me parece poco menos que aterrador.

Aun cuando la retórica de la comunicación se presenta como discurso crítico que busca resolver las problemáticas sociales, su entrelineas termina reafirmando el excluyente orden social productor de los problemas.

En realidad es una apología que presenta los problemas de violencia y criminalidad del país como fenómenos independientes productos de individuos indisciplinados quienes por razones patológicas o de herencia social, se niegan a cumplir con la ley y a respetar el orden. Claro, en ningún sitio el comunicado explica que el orden no es otra cosa que los designios de las élites plutocráticas que controlan la sociedad mediante las estructuras políticas y la ley.

De esta manera la violencia se presenta como la expresión de elementos del bajo mundo que le declararon «la guerra al Estado».

Ni pensar en que los desafueros que se ve en el país puedan ser vistos como una respuesta, correcta o no, de quiénes el sistema económico y el orden social condena a la marginación.  Además, acaso no fue el propio Estado quién desde su surgimiento libra una guerra contra quienes osen cuestionar su racionalidad.

Tal vez sea porque durante los pasados días estuve leyendo la historia de la Guerra Civil española, pero el lenguaje del mencionado comunicado que románticamente evoca conceptos de ley, orden social, estilos de vidas y seguridad, me recuerda la narrativa fascista que en esa Europa del 1930, no solo llevó a España al sangriento conflicto, también llevó a la humanidad al borde de la destrucción global.

Un discurso que como papagayos, tanto en aquella época como en la actualidad, repiten los que se creen clase media sin entender que es una narrativa que termina permitiendo a las oligarquías plutocráticas controlar al resto de la sociedad.

Así el documento demoniza al Estado por «fracasar» en su obligación de proteger a todos en la sociedad. Entendiendo por «todos» aquellos ciudadanos «disciplinados»  a los componentes de la clase media que son los que trabajan y pagan impuestos.

Ante la mencionada falla gubernamental, el comunicado llama a las comunidades a crear «grupos de seguridad preventiva y redes de enlaces con los gobiernos municipales».

«¿En serio?» como dicen los jóvenes.

Por mi mente pasan las legiones de camisas, azules, negras o brown que en aquella Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial correteaban por las calles imponiendo la ley y el orden.

De igual manera, el escrito insta a los individuos y negocios a recurrir a las policías privadas para protegerse de esos del  «bajo mundo» que atentan contra las buenas costumbres.

Lamentablemente el escrito que nos ocupa no es más que reflejo de cientos de miles de puertorriqueños que culpan a las clases más vulnerables por los problemas que el poderoso sector financiero le causa al país. Sector que como explica la teoría del «shock» utilizará tragedias como la muerte de una funcionaria pública para empujar sus agendas de control social y económico.

Por suerte, todavía quedan Juanes que claman en el desierto. Bueno en este caso Juanas.

En sendas columnas las amigas y maestras Wilda Rodríguez y Mari Mari Narvaéz surgen como voces de civismo y balance,  explicando que la crisis de violencia social que vivimos es mucho más compleja que la macharrana medición de fuerzas que nos vende el comunicado que da pie a este escrito.

Wilda desenmascarando los que se aprovechan del miedo para vendernos la desacreditada hipótesis que apunta a la pena de muerte como forma de controlar la violencia social y Mari apuntando a la violencia como producto de históricos procesos de explotación y recordando cómo estas crisis se puede vincular a la fracasada prohibición contra las drogas.

En fin que al leer el comunicado de la no mencionada agencia privada de seguridad y al escuchar los tambores de guerra que surgen desde Fortaleza y el Departamento de Justicia, me doy cuenta que  este es uno de esos momentos  cuando las reacciones son tan preocupantes y peligrosas como la misma criminalidad.

Ya el tiempo dirá…

 

No, no tiene que ver con la policía…


Por: Gary Gutiérrez

El trágico incidente en el que un oficial policiaco ultimó a tiros a tres de sus compañeros, incluyendo dos mujeres policías, silenció los gritos triunfalistas sobre la baja en la criminalidad por parte del gobierno de Puerto Rico.

Días antes de la tragedia, que se reportó en una oficina de la Comandancia de la Policía en Ponce, los reportes mediáticos sobre la baja en el número de asesinatos parecerían aguinaldos navideños para una administración que tiene poco que celebrar cuando de la vida diaria de los puertorriqueños se trata.

La celebración de estos datos, desvinculado de la realidad diaria que vive el país, no es de extrañar pues para los tecnócratas del estado tato la violencia y criminalidad, como el resto de las realidades sociales parece ser un asunto numérico y no de seres que sufren en lo concreto.

Hablo de esos que dicen que el actual administrador es mal entendido, pues la inmensa mayoría de “los indicadores” apunta a que el país está en la ruta correcta al fututo.

Viene a la mente las expresiones de Mark Twain; “mentiras, grandes mentiras y estadísticas”.

 

Policia 1

No obstante la realidad es que el número de asesinatos bajó durante los pasados doce meses en comparación con el año anterior, pero al igual que cuando estos números suben, no tiene nada que ver con las políticas y los inexistentes planes anticrimen.

Si leyó bien, inexistentes. Pues en realidad, durante ya casi cincuenta años, desde Nixon”, los llamados planes anticrimen no son otra cosas que más efectivos policiales, más tecnología, y más vigilancia sobre los pobres del país.

Pero volviendo al triunfalista anuncio sobre la baja en la criminalidad.

Primero, la merma en los asesinatos durante un periodo específico no es la merma en la criminalidad. Hay que romper con esa conclusión “espuria” que, como mantra, repiten los medios de comunicación.

La violencia se debe medir en casos por 100 mil habitantes. Ecuación que todavía pone a Puerto Rico en el doble de lo «normal» que es 7 X 100 mil.

Policia 2

Al mirar los delitos reportados frente a la población, y no en comparación con el pasado año se revela que la merma de un 15 por ciento en los indicadores de los delitos graves o tipo 1, es decir asesinatos, robos, escalamientos, etc., es muy comparable con el número de puertorriqueños y puertorriqueñas que abandonaron el País. Incluso se puede especular que si ese 15 por cien se compara solo con el número de jóvenes, edad en la que regularmente se delinque, no hay tal baja en los delitos.

Los gubernamentales cantos de sirena van más lejos vinculando la supuesta baja en los números de delitos al índice de esclarecimiento que según la uniformada aumento en casi 10 por ciento.

Sin embargo el argumento sucumbe ante el hecho de que dentro de las bajas en las muertes violentas, se reporta un aumento en las víctimas de violencia intrafamiliar, doméstica, y vecinal.

Como el incidente en la comandancia de la Policía sureña, estas muertes son delitos que regularmente “se resuelven” por sí mismo, pues él o la victimaria se entrega o se quita la vida. Es decir, son casos que requieren muy poca investigación.

Finalmente, la variación en el número de asesinatos reportados durante el 2015, se tienen que mirar en el contexto de que por los pasados 115 años la violencia en Puerto Rico apunta a procesos cíclicos con picadas en las incidencias luego de años pico como el 2011.

Lo funesto del triunfalista anuncio del gobierno, es que la administración colonial de turno, no admite su verdadera aportación a estas mermas, e insiste en vincular la misma al trillado discurso de mano dura y cero tolerancias.

La realidad es que la actual dirección gubernamental es sumamente efectiva en mantener, no importa la crisis, un discurso que suena inclusivo, conciliatorio y democrático.

Por tanto, si en el pasado se vinculó la creciente violencia social que vivió el país con la guerrerista arenga de tratar a los desviados “a patadas”, es lógico entender que un discurso que suene más conciliatorio e inclusivo debe incidir en el resultado opuesto.

Esta es la verdadera tragedia, que la administración colonial insista en vendernos el costoso y fracasado discurso de más policías, más equipo y más vigilancia como estrategia a la criminalidad, cuando su propia experiencia demuestra lo contrario.

Sí, el 2015 demuestra una baja en las incidencias reportadas, pero definitivamente no tiene nada que ver con planes anticrimen o con el número de efectivos.

Mire si no tiene que relación, que no solo hoy la isla cuenta con un 40 por ciento Policías menos que en el 2011 –año pico- , sino que durante este año el país experimentó un movimiento de brazos caídos entre muchos de esos efectivos.

…llegue usted a su conclusión.

 

 

 

 

La prohibición ¿Seguimos durmiendo o despertamos a ver la profundidad de la madriguera?


Photo 3-19-15 11 17 54 AMLa prohibición

¿Seguimos durmiendo o despertamos a ver la profundidad de la madriguera?

Gary Gutiérrez
Presentado ante los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
24 de Marzo 2015

En el magistral clásico de ciencia ficción “The Matrix”, el personaje principal Neo se enfrenta al dilema de escoger qué “verdad” quiere vivir. Para el la disyuntiva se presenta en la forma de dos pastillas. Una azul que le hará olvidar que existe otra forma de ver el mundo y una roja que le abrirá las puertas a la verdadera realidad.

Como académicos del siglo XXI, cuando viene a las leyes antidrogas, ustedes enfrentan el mismo dilema.

Para escuchar la ponencia en I-Voox
Para escuchar la conferencia

Escoger la ignorancia, encarnada en la pastilla azul, para seguir pensando que las políticas prohibicionistas funcionan protegiendo la sociedad de terribles males que nos esclavizan porque somos espíritus débiles y pecaminosos. Que estas oscurantistas leyes son estatutos erigidos como muro de contención que mantiene a raya al demonio que se encarnan en unas sustancias psicoativadoras que por su naturaleza llevaran a humanidad a la depravación y la decadencia. Por otro lado, como académicos y académicas en formación, pueden elegir tomar la pastilla roja y mirar como la absurda prohibición provoca más problemas y muertes que las causadas por las sustancias que por más de cuarenta años ha intentado fallidamente controlar.

Por más de cuarenta años y a un costo de miles de millardos de dólares, como sociedad hemos tomado la pastilla azul que nos lleva a la absurda lógica que apunta a que el llamado problema de las drogas es uno moral y médico cuya solución está en las cárceles y el castigo y no en la medicina. Es hora de considerar tomar la pastilla roja que nos permita ver que los problemas sociales que vinculamos a las drogas, son el producto esperado de su absurda prohibición y no el resultado del consumo de una u otra sustancia.

Por tanto, tras decidirme por la pastilla roja, me presento ante ustedes para invitarles y colaborar en un ejercicio de análisis que surja de la anárquica aspiración de un pensamiento crítico alejado de viejos referentes que todavía hoy simulan manejar esa llamada problemática de la droga. Partiendo de lo anterior, me niego entonces a enfocar esta alocución desde perspectivas médicas, terapéuticas y morales que regularmente dominan este debate. El yo entrar en la discusión médica o terapéutica sería faltarle el respeto a los salubristas que pasan su vida manejando ese fenómeno llamado “droga”. Mientras que, hablar desde la dimensión moral de esta discusión definitivamente sería un acto de cinismo, pues admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.

Ahora bien, académicamente hablando, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde las perspectivas médico o moral, es que estas dimensiones realmente son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en nuestro país equivalente a una guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012.

Con esto no digo que esos aspectos médicos y morales del consumo de psicoativadoras no son importante. Lo que quiero dejar claro es que lo que debemos estar discutiendo los criminólogos y criminólogas, es si las fracasadas políticas que criminalizan las sustancias son la mejor alternativa para controlar la violencia y para crear las condiciones que permitan que los salubristas hagan su trabajo. Le que si debemos discutir es si meter gente presa por ejercer su derecho a consumir lo que ellos escojan es una política a adecuada o no. Igualmente obligado es preguntarnos si el botar miles de billones de dólares encarcelando a ciudadanos por vender o facilitar los productos que unos adultos consintientes quieren comprar es realmente adecuado.

¡DE ESO ES QUE SE TRATA! ¿Le vamos a reconocer al Estado autoridad legítima para decidir sobre lo que nosotros como seres libres decidimos consumir?

Por tanto lo que hoy propongo es tomar la píldora roja y romper con los viejos discursos entendiendo que son las propias leyes que criminalizan la posesión y el mercado de sustancias la causa de la violencia social que arropa al país y que al mismo tiempo son el mayor impedimento para manejar el problema de abusos de sustancias desde una perspectiva salubrista (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012).

Pero por supuesto entender que eso es lo que debemos discutir no es tarea fácil. En un país como el nuestro, donde el simplismo domina los medios de comunicación y donde el trabajo de los políticos es servir a quienes les pagan las campañas y le buscan los votos, se termina siempre discutiendo lo que no es (Fonseca, 2013).

Por ejemplo, la radicación hace dos años de sendos proyectos de ley encaminados a liberalizar las leyes prohibicionistas despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de marihuana por un lado, y permitiendo el uso de esta planta como tratamiento médico por el otro, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de “empresarios morales” conservadores que insisten en tomar la píldora azur y mantener el tributo de sangre que la actual ley antidrogas impone a los puertorriqueños(Goode y Ben-Yehuda 2009). Por lo visto en la prensa y en las redes sociales, inmediatamente tras la radicación de los proyectos salieron los sospechosos habituales montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, asegurando que liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña.

¿Cómo si la prohibición lograra mantener fibra alguna?

Digo los sospechosos habituales, porque por un lado están algunos sectores terapista que viven de la adicción (Riggs 2012), y por otro, los sectores conservadores cristianos de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que eliminen la separación de iglesia y estado, mientras pretenden usar la propia ley para imponer su moralidad al resto (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, desde finales del siglo diecinueve estos grupos conservadores y religiosos vienen empujando legislación para que las leyes reflejen e impongan a todos y todas, un estilo de vida cristiano, puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. Por supuesto, este pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso.

Ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública estadounidense. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, ven el uso de hierbas y plantas como la marihuana, la coca y el opio, como costumbres de razas inferiores que dañan las “buenas costumbres de la cultura civilizada” que para ellos es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad. Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve, de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Escohotado, 2003; Ferrell, Hayward y Joung 2008, Foster, Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999; Villa y Gutiérrez, 2013). Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos. A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos que pudiéramos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Por tanto, el que todavía hoy veamos a los mencionados sectores conservadores funcionado como una especie de mafia moralista tratando de imponer al resto sus valores y empujando el control de los individuos por parte del Estado, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos los que verdaderamente se benefician de las ganancias económicas del mercado negro, del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete como superiores a los intereses y al estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013).

Además de los factores ya detallados, hay quienes miran otras perspectivas y complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue solo un peón más en el tablero por el control social entre dos facciones del poder económico en un Estados Unidos que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató de liberar los esclavos, sino que fue un enfrentamiento de dos visiones de ordenamiento económico; la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina.

Partiendo de autores como Courtwright (2002), Escohotado (2003), Foster (2002), Gusfield (1983) Manjó-Cabeza (2012), Musto (1999) queda más que claro que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los usos, efectos o peligro de las mismas, sino que fue un intento para que el desvalorizado capital agrícola conservador mantuviera un poco de prestigio social frente al impulso arrollador de los capitales industriales libertinos y corruptos que construían una nueva nación en la que Dios y lo viejos valores agrícolas no tenía un espacio prominente

En resumen y partiendo de la llamada criminología crítica entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación (Baratta, 2002), se puede entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder social u económico en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial y no por la preocupación de los efectos o peligros de las sustancias prohibidas. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y evaluar críticamente cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas, o para controlar la violencia producto del trasiego ilegalizado, estos grupos respondan con una cruzada mediática simplista sobre los peligros o daños que dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las drogas.

Por tanto la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana, o el resto de las sustancias, son buenas o malas, si hacen daño o no, si son adictivas o no. Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir es cómo esa prohibición lleva casi cien años fracasando en la empresa de controlar el uso de unas sustancias independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminaliza a millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce su derecho a buscar la felicidad como ellos o ellas la entiendan. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir las ayudas médicas necesarias sin el peligro de ir a la cárcel. Esa conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo estas fracasadas prohibiciones alimentan económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años, Estados Unidos viene regalando al complejo industrial correccional casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ). Más urgente aún, se debe discutir cómo las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las mismas, sirven de excusa para la intervención y control en las comunidades marginales en Estados Unidos y Puerto Rico. De Igual manera es imprescindible analizar cómo estas prohibiciones se convirtieron además, en licencia de corzo que permiten a Estados Unidos intervenir como nación imperial en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012).

Eso es lo que tiene que estar discutiendo independientemente de lo que usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana y otras drogas.

Desde esta perspectiva, la pregunta es si los y las puertorriqueñas debemos seguir tomando la pastilla azul y mantener unas leyes que, no solo vienen fracasando desde el siglo pasado a pesar de su costo multibillonario, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, la militarización de las fuerzas policíacas, así como el deterioro de las libertades constitucionales (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;).

Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerles el juego a los mercaderes del templo. Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de tomar la pastilla roja y comenzar a discutir el verdadero problema: es decir “la prohibición”.

 

Referencias:

Baratta, A (2002) Criminología Crítica y Crítica al Derecho Penal. Buenos Aires, Siglo XXI

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A.(2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

Fonseca, J (2013) Banquete Total: Cuando la corrupción dejó de ser ilegal. San Juan, Sinónimo

Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Riggs M (2012) 4 Industries Getting Rich Off the Drug War Reason.com Acedido el 24 de febrero de 2014 en http://reason.com/archives/2012/04/22/4-industries-getting-rich-off-the-drug-w/singlepage

Szasz T. (1992) Our Right to drugs, Syracuse, Syracuse University Press

Szasz T. (2003) Ceremonial Chemistry, Syracuse, Syracuse University Press

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.

Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012)  Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico

 

 

Publicado en Claridad: Criminalidad, estadísticas y realidades


Para escuchar la ponencia en I-Voox
Para escuchar conversación radial con Norma Colón Daleccio sobre artículo publicado en la Claridad Puerto Rico; Sobre Criminalidad, estadísitcas y realidades.

Criminalidad, estadísticas y realidades

Por Gary Gutiérrez

Publicado: martes, 13 de enero de 2015

El comienzo de cada nuevo año surge como una oportunidad para evaluar el pasado ciclo solar, reconocer logros y evaluar los errores. Por supuesto, ese proceso no excluye la criminalidad.

Por tanto, se pudiera presumir que ese espíritu de aparente introspección inspirada en el ritual de nuevo año fue la razón por la que uno de los periódicos de la capital publicó hace unos días una evaluación sobre la criminalidad y la violencia social que se vive en el País.

Así, y en momento en que los medios en línea reportaban la muerte violenta de tres adolescentes en menos de 12 horas, el titular en la portada en papel de este rotativo leía: “Baja en asesinatos; La Policía en Guerra contra la impunidad. [E]l jefe policiaco y los expertos atribuyen el histórico descenso en las muertes violentas al aumento en el esclarecimiento de casos”.

Así, el titular y no necesariamente el contenido de la nota en el interior del periódico, surge como una apología a la gestión de la administración colonial de turno sentenciando que la “dramática baja” en las muertes violentas reportadas en Puerto Rico “responde a que muchos de los asesinos ya no andan impunes en las calles”.

Los enunciados del escrito tienen de base las expresiones del actual superintendente de la Uniformada, José Caldero, quien explicó al rotativo que durante los pasado 12 meses se reportaron 202 muertes violentas menos que durante el 2013. El jefe policiaco destacó además que durante el mismo periodo se resolvió el 59 por ciento de los casos.

Con este desfile de cifras, el funcionario trata de crear una realidad en la que los planes que fallaron por décadas para controlar la criminalidad y la violencia ahora, por alguna razón, están funcionando.

De esa manera este discurso simplista reafirma y convierte en la “realidad mediática” la conservadora visón que define la criminalidad y la violencia social como problemas de eficiencia administrativa y no como el resultado esperado del “bulímico” orden social que impera en el País, así como del fascismo social que sostiene ese orden.

Se define como orden social “bulímico” una estructura que incluye a todos los sectores en las necesidades creadas por la economía y promovida por los medios, mientras excluye a la inmensa mayoría de la población de los procesos legítimos de producción y de generación de ingresos económicos para poder pagar esas necesidades creadas.

A su vez, “fascismo social” destaca la forma en que se usan sofisticadas formas de represión ideológica para trivializar las democracias y sus garantías en favor del poder que tienen el capital y sus instituciones.

El simplismo tanto de las declaraciones del Superintendente de la Policía, como de la visión que limita la criminalidad a un problema de eficiencia gubernamental, comienza a trascender cuando en el propio artículo, los observadores como José Raúl Cepeda y Víctor García Toro aclaran que la realidad social es una muy compleja, que requiere explicaciones más profundas y soluciones sociales que van más allá que aumentos en la cantidad policías, incrementos en el número de arrestos o en ensanchamientos en la cantidad de dinero gastado en tecnología. Políticas que, de paso, son las mismas que se llevan implementando sin éxitos por décadas.

Como parte de sus explicaciones, los estudiosos expusieron el hecho de que la violencia en Puerto Rico tiene ciclos sociales históricos por lo que un alza o una subida no se pueden estudiar fuera de contexto.

Igualmente dejaron claro que al analizar los patrones de violencia actual y la criminalidad se tiene que tomar en cuentas las alternativas no gubernamentales de diálogo entre los sectores y las comunidades donde ellos operan y desarrollan sus actividades ilícitas.

Además, estos estudiosos expusieron que antes de decir que las costosas y trilladas políticas represivas y punitivas funcionan, el gobierno debiera hablar de lo que aparenta ser una política gubernamental para el manejo de los puntos de drogas.

Una mirada a los medios de comunicación deja claro que atrás quedó la época donde semanalmente se realizaban arrestos masivos, operativos o redadas antidrogas en algún lugar del País. Como ejemplo, según el archivo personal de un veterano reportero policial, hace más de tres décadas, en 1983 por ejemplo cerró con unas 52 redadas, para un total de 9686 arrestos diligenciados por la Policía de Puerto Rico.

Si se miran, a la luz de estos datos, la cantidad de operativos antidrogas realizados en Puerto Rico durante el 2014, es muy válido preguntar si en realidad, aun cuando se mantiene como pantalla de política de mano dura y cero tolerancia, la política de la actual administración es la de no desestabilizar los puntos de drogas, cosa que evita la violencia callejera.

De paso, aunque lo anterior puede sonar descabellado para muchos, sobre todo los conservadores, estos planes de tolerancia al mercado callejero de sustancias como alternativa para controlar la violencia, se vienen implementando exitosamente hace décadas en decenas de jurisdicciones estadounidenses bajo la supervisión y el financiamiento del Departamento de Justicia Federal.

Sin embargo, en vez de analizar el fenómeno criminal y de violencia desde estas perspectivas, o desde los cambios demográficos, económicos y sociales en la sociedad, la administración de turno prefiere sacar de contexto los datos para congraciarse con el conservador electorado del País que le encanta hablar de meter gente presa y botar la llave.

Por esta razón, el Superintendente habla de esclarecimientos y no de casos radicados o convicciones. Para la uniformada, esclarecer un caso es tomar conocimiento de quién fue el autor, cosa que no significa que se tenga la prueba para radicar el caso ante un tribunal.

De igual manera, el dirigente policiaco compara acríticamente la cantidad de muertes y la cantidad de casos esclarecidos durante un periodo de 12 meses, pero no explica que los casos sometidos este año pueden haberse cometido hace varios años. Por lo tanto, es un error estadístico hablar de que el número de “esclarecimientos” es un por ciento de los incidentes durante el mismo periodo.

Finalmente, al mirar los números presentados por las autoridades, es importante preguntarse, qué casos son los que se están resolviendo.

Si se mira la prensa de los pasados meses, es notable el aumento en la cantidad de asesinatos y muertes violentas productos de problemas familiares o por conflictos entre vecinos.

Crímenes que prácticamente se resuelven solos y sin necesidad de mucha investigación. Incluso, crímenes donde el arresto se logra porque una de las víctimas identifica a su atacante o donde el victimario termina quitándose la vida.

Por lo tanto, es válido preguntarse si éstos son los casos que aumentan el por ciento de “esclarecimiento” de la Uniformada. Igualmente válido es preguntar si no son precisamente este tipo de muertes por conflictos cotidianos los que están en alzas a pesar de que los niveles de esclarecimiento.

En resumen que, lejos de ser un análisis serio de la criminalidad y la violencia que experimenta el País, el análisis del Superintendente parece corresponder más a la necesidad de logros y buenas noticias que tiene la actual administración y no a una evaluación seria de planes de trabajo.

Por supuesto, la realidad es que para la madre de cualquiera de esos adolescentes que ahora forman parte de las estadísticas, toda esta discusión no tiene ninguna importancia.

Y de eso es de lo realmente se trata cuando se habla de criminalidad y violencia.

 

* El autor es profesor universitario de Justicia Criminal y observador social. garygutierrezpr@aol.com

 

Citado por NotiCel: en Masacre de Guaynabo cuestiona la desigualdad y el control mediante el miedo


Masacre de Guaynabo cuestiona la desigualdad y el control mediante el miedo

Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 20/11/2014 05:04 am

noticel

La séptima masacre registrada este año en Puerto Rico confronta al país con problemáticas como la desigualdad, el miedo, la falta de educación sobre manejo de conflictos, y la búsqueda de una válvula que permita a los ciudadanos escapar de ser los próximos protagonistas de la violencia.

Aunque el criminólogo Gary Gutiérrez reconoce que han ido en alzada crímenes temerarios no relacionados con el narcotráfico, también presentó sus dudas de que el enfrentamiento a un proceso de desahucio hubiese llevado a Christopher Sánchez Asencio a planificar el asesinato del dueño de la vivienda que alquilaba en Bayamón, llevándose de por medio a otros tres miembros de la familia e hiriendo a otro menor.

En entrevista con NotiCel, Gutiérrez, expuso que “el nivel de violencia desatada en este incidente no parece concordar con el móvil que se le atribuye. Y el nivel de organización de esta masacre tampoco parece concordar con un hecho aislado de una persona que pierde sus cabales, arremete y saca la violencia contra otro. No me cuadra que esto sea simplemente la respuesta a una situación económica. Así que yo no descartaría que se sepa a largo plazo que habían otros elementos detrás”.

Sin embargo, al evaluar la información que ha trascendido hasta el momento, Gutiérrez opinó que este caso sigue resaltando aquellos sectores en el país que sufren las peores situaciones económicas, que podrían canalizar sus frustraciones a través de la violencia.

Gutiérrez se mostró preocupado que este tipo de incidente provoque lo que la periodista Naomi Klein describe como “La Doctrina del Shock”, que ocurre cuando hay sectores que se aprovechan de estos incidentes que paralizan momentáneamente la sociedad para imponer a los ciudadanos medidas basadas en el miedo, la fuerza y la represión. La consternación de Gutiérrez es que hay sectores que ya están trayendo de nuevo a la discusión el tema de la pena de muerte y el aumento en las penas por la comisión de ciertos delitos para castigar a Sánchez Asencio y a su compinche, José Bosch Mulero.

En el documental “La Doctrina del Shock”, Klein sostiene que “un estado de shock no es solo lo que nos sucede cuando algo malo pasa. Es lo que nos pasa cuando perdemos nuestra narrativa, cuando perdemos nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alertas y sin shock es nuestra historia. Así que un periodo de crisis, como en el que estamos, es un muy buen momento para pensar en nuestra historia. Para pensar en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para colocarnos en la larga historia de la lucha humana”.

Partiendo de esto Gutiérrez tronó contra algunos sectores que han utilizado esta masacre para adelantar agendas en favor o en contra de las enmiendas que se pretendía incluir al Código Penal, algunas eliminadas durante el proceso de aprobación en la Legislatura.

“En términos criminológicos no hay relación entre mayores pena y la disminución de la criminalidad, porque si fuera por castigo la inquisición hubiese sido exitosa eliminando la Reforma Protestante… La historia ha estado llena de ejemplos de cómo la violencia y la represión no ha logrado controlar los comportamientos desviados, al contrario, regularmente lo que hace es que generan un estado de violencia social que termina generando más violencia”, puntualizó Gutierrez.

Por su parte, el exadministrador de la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Salvador Santiago, argumenta que se desconocen todos los elementos del caso, que pueden permitir analizar los detonantes y factores de riesgo que incidieron en que estos dos jóvenes cometieran los asesinatos.

A juicio de Santiago, en este tipo de casos la autopsia psicológica juega un papel fundamental para trazar un perfil tanto de los atacantes como de sus víctimas.

El portal psicologiajuridicia.org expone que la autopsia psicológica, “es un proceso de recolección de datos del occiso que permiten reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del deceso”.  Usualmente, es un mecanismo usado cuando se tienen dudas sobre si es un asesinato o un suicidio, o que la información que se tiene es ambigua y no permite ver todo el contexto en que se da el caso.

En este caso, la base principal de la autopsia psicológica, es lo que pueda aportar el menor de 13 años, único sobreviviente de la masacre.

De igual modo, Santiago reiteró la necesidad de desarrollar modelos de prevención de conflictos en Puerto Rico y que los ciudadanos puedan lograr liberar estresores como el apoyo de su círculo de personas más cercanas.

“El ser humano cuando los estresores están a nivel de que te rompen el alma somos capaces de cualquier cosa… Estos estresores acumulativos llevan a intoxicar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tu mente, que te hacen tomar opciones desesperadas”, sentenció.
A su vez, el psicólogo clínico José Gandía, entiende que más que tratar de explicar qué pudo haber llevado a Sánchez Asencio y a Bosch Mulero a cometer los crímenes, lo que este caso lleva a reflexionar sobre otras realidades subyacentes, como el ordenamiento social de la Isla estructurado de manera que las personas con mayor poder adquisitivo tengan más posibilidades de que el aparato gubernamental centre sus esfuerzos en esclarecer sus casos lo antes posible.

Gandía contrasta el caso de esta familia de la urbanización Los Frailes de Guaynabo con el de Lorenis Mejías Contreras, quien en el 2011 se encontraba en su octavo mes de embarazo, y fue asesinada junto a sus hijos de 10 y 8 años en el residencial San Juan Park 1.

“Después que tú estableces una sociedad con esa inequidad social tienes unos pocos que se apropian de los partidos políticos, que se apropian de los espacios económicos del país, y entonces operan encima de la gente que está debajo de ellos, que no tienen posibilidades”, observó.

Igualmente, Gandía afirmó que el hecho de que el militar jubilado del Ejército y profesor en la American Military Academy, Miguel Ortiz Díaz, haya iniciado un proceso de desahucio contra Sánchez Asencio marca también esa diferencia en las condiciones sociales en el acceso a ciertos mecanismos legales.

En esa línea, resume que el caso hay que verlo desde el espectro de la complejidad de la violencia, que muestra el asunto de los valores, toma en cuenta el contexto socioeconómico en que se desarrolla estas dos personas, y las dimensiones individuales de cómo se maneja las emociones y sus pensamientos.

En cuanto al manejo de este experiencia de violencia con menores de edad, Gandía entiende que, “Yo como adulto no puedo explicar lo que no puedo entender, y yo creo que los padres y las madres que deben estar consternados con lo que sucedió, en lugar de nosotros los adultos querer montar un discurso de la voz del experto, lo que hay que hacer es escuchar a nuestros niños cómo ellos se sienten en nuestras relaciones. Yo creo que la familia debe aprovechar esta coyuntura para escuchar los miedos y las preocupaciones de nuestros niños con relación a las cosas que están sucediendo en nuestro país“, concluyó.

Publicado en Claridad Puerto Rico: Dos más dos no suma cinco


IMG_0430Reflexión sobre la actual política anticrimen

Publicado: martes, 28 de octubre de 2014

A dos años de su elección, y con la vista puesta en la reelección, la administración de Alejandro García Padilla reclama una mejoría en la calidad de vida en Puerto Rico y una merma en la criminalidad que experimenta la Isla.

Esto, tras comparar el número de delitos graves reportados durante los años del 2013 y lo que va del 2014 con los registrados en el 2011, año en que la violencia alcanzó cifras comparables a las peores de nuestra historia contemporánea.

No empece a que la Policía de Puerto Rico está bajo la supervisión de una sindicatura federal que le cuesta una millonada al pueblo, y de que en sólo diecisiete meses por esa agencia pasaron tres Superintendentes, la actual administración reclama el éxito de su llamado “plan anticrimen”.

Por lo que se infiere de documentos y conferencias de prensa, pues nadie lo ha visto, este supuesto plan anticrimen está basado, por un lado, en la política de cero tolerancias, en la maximización de los recursos de la Policía y la fiscalía, en el aumento de efectivos mediante el uso de guardias nacionales que vigilen las costas, y en el aumento en el uso de tecnología millonaria, como la red para detectar disparos.

Es decir, que el llamado plan anticrimen de la presente administración no es otra cosa que el desacreditado “evangelio criminológico” diseñado y vendido al mundo por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani. La misma cosa que viene fracasando en la Isla por las décadas.

De igual forma, y también basado en un estudio simplista del 1993 preparado por Albert Reiss Jr. y Jeffrey A. Roth, el discurso oficialista de esta administración vincula la reportada baja en los delitos con el supuesto aumento en las posibilidades de detención y aprehensión de los delincuentes.

Entonces, cuando la administración de Alejandro García Padilla reclama como exitoso el mismo plan anticrimen que, por décadas, no sólo falló para controlar la violencia sino que, según algunos, en muchos casos la provocó, está estipulando que dos más dos suma cinco.

Es decir, la lógica gubernamental es que haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores ellos alcanzaron resultados diferentes.

Claro, el que se ponga en duda la explicación oficialista no implica negar que las estadísticas oficiales apuntan a una merma en los índices del delito y la violencia.

No obstante, antes de continuar se tiene que entender también que, a diferencia de lo que aparentan los medios de comunicación, medir la violencia social y la criminalidad que experimenta una sociedad va más allá del número de muertes violentas o de los delitos graves.

Ahora, si para fines del análisis se toma como correcto que entre el 2012 y la actualidad se registraron bajas en la violencia y en la criminalidad, también hay que tomar como ciertos, por ejemplo, el aumento de crímenes como el feminicidio y la violación.

De igual manera, quien mire la prensa de ese periodo puede afirmar, que aun cuando haya una disminución en la violencia, el nivel de temeridad que caracteriza la misma es mucho más dramático.

El punto es que estos números también apuntan a que, independiente de cuál es la política pública, desde el 2011 –uno de esos años donde el índice de asesinatos alcanzó un “nivel pico”–, la Isla viene registrando una tendencia a la baja de un diez por ciento al año en sus indicadores de violencia.

De paso, según informes de prensa, el 2011 es sólo la última de las siete ocasiones en que durante el siglo veinte y lo que va del veintiuno se registra violencia de sobre 25 muertes por cada cien mil habitantes. Interesantemente, todos esos “años picos” aparentan tener dos características principales.

Primero, son años relacionados con periodos de dificultades económicas, políticas o sociales. Y segundo, aunque no están claras las razones, después de los mismos se registra una merma constante en la violencia que puede durar varios años.

Así que, lejos de aceptar la retórica simplista que vincula la merma de la violencia a políticas públicas que en el pasado fracasaron, parece importante tratar de explicar la misma con relación a otros fenómenos sociales que también experimenta la Isla.

Después de todo, la criminalidad no es una burbuja que se da al margen del resto de las dinámicas sociales.

Por tanto, parecería más lógico estudiar esta baja en los índices de violencia y criminalidad con relación al envejecimiento de la población en la Isla o con relación al aumento en los niveles de una migración caracterizada por la salida del País de varones jóvenes y pobres, sector que tradicionalmente es el que más delinque.

De igual manera, si la supuesta baja en la criminalidad se mira desde la hipótesis que apunta a que parte de la violencia y criminalidad que experimenta Puerto Rico es producto de la percepción de exclusión que producen los regímenes neocapitalistas y el coloniaje, entonces se puede apuntar en otra dirección para tratar de explicar la reclamada merma de los índices de criminalidad y violencia.

Mirando el fenómeno desde esta perspectiva, pudiera ser que la actual administración sí sea la responsable por la reclamada baja en la criminalidad.

Aunque impone las mismas medidas económicas neoliberales que caracterizaron a la administración anterior, García Padilla mantiene un elegante discurso que se proyecta como conciliatorio e inclusivo, dando la impresión, cierta o no, de que está dispuesto a escuchar y trabajar con todos los sectores.

Es decir, un discurso que se distancia de la arenga guerrerista que caracterizó a los pichones de fascistas que en el pasado buscaban la menor excusa para sacar “a patadas” a cualquiera que osara criticarles. Perorata que llevó a muchos Policías a pensar que tenían licencia de corso para agredir al pueblo.

De esta manera, parece válido preguntar si ese discurso suave, elegante y conciliatorio con el que García Padilla crea esta percepción de inclusión, cierta o no, sirve de válvula de escape dándole esperanza a la población que sufre la crisis económica y disminuyendo así la violencia que regularmente acompaña esas dificultades.

Quién sabrá, pero si esa hipótesis resulta correcta, la pregunta entonces es cuánto tiempo puede durar ese espejismo.

 

* El autor es profesor universitario de Justicia Criminal y observador social. garygutierrezpr@aol.com

 

Citado en el 2012 por Entre Paréntesis: El crimen ligado a la pobreza


Entre Paréntesis

El crimen ligado a la pobreza

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En las noticias y las imágenes que recibimos de los medios de comunicación cotidianamente, pareciera haber una correspondencia irremediable entre criminalidad y pobreza en Puerto Rico. Si bien ambas comparten vínculos, éstas poseen una lógica intrínseca en la Isla sobre la cual pocos se cuestionan o hacen alusión.

Una vez el ex superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, anunció a la prensa el pasado 3 de febrero la asignación de 67 nuevos agentes como “Agentes de la Comunidad” para fomentar una relación más cercana entre Policías y comunidades. Cinco días después estudiantes de la Escuela Fernández Callejo, en Manatí, fueron  esposados, vestidos como reclusos y trasladados a una cárcel en Bayamón como parte de un programa del Gobierno, “Amando la Libertad”. Este proyecto, que buscaba escarmentar a los niños sobre lo que es la experiencia de la cárcel, fue censurado por el Colegio de Abogados. ¿Qué relación podrían tener estos ejemplos?

Gary Gutiérrez, criminólogo y profesor universitario en el área de justicia criminal,  en entrevista con EntreParéntesis habla de la sociedad puertorriqueña del siglo XXI como una que remite culturalmente a la violencia. Se trata de un país producto de la violencia política y de la violencia de género, así como de la violencia económica. Los puertorriqueños desde la exclusión padecen los procesos “bulímicos” propios de los países capitalistas. Es decir, que bombardeados por necesidades de consumo que son de “primer mundo”, los ciudadanos son incluidos al sistema económico como consumidores, pero expulsados a menudo como trabajadores del mismo.

Entonces, la violencia desde la imposición física o emocional sirve para los sectores marginados de nuestra sociedad como una manera aparente de empoderarse, de sentirse incluidos. Para muchos, la criminalidad en Puerto Rico es su modo de inserción y participación en la economía del país.

“El orden social y económico en Puerto Rico es la principal causa de la criminalización de la mayoría de nuestros jóvenes”, afirmó Gutiérrez.

La estructura de la sociedad puertorriqueña impulsa a algunos sectores a la violencia y se beneficia de su criminalización, pues el dinero que se genera en el narcotráfico y demás prácticas ilegales regresa a nuestro sistema económico.  “Si miramos la pobreza no como la falta de recursos, sino como la exclusión de los procesos socio-económicos vamos dándonos cuenta de quiénes son los pobres”, señaló Gutiérrez. El criminólogo planteó la pobreza como una etiqueta que diferencia a las personas que no cumplen con las características del rico en la Isla: hombre, blanco, propietario, cristiano y heterosexual.

Por lo tanto, ¿porqué continuar la práctica de iniciativas como las mencionadas? Gutiérrez anotó que la presencia continua de la Policía en los residenciales públicos o el llevar de visita a jóvenes de la escuela pública al sistema penal de Puerto Rico constituye una regulación y acondicionamiento de determinados sectores y no una iniciativa comunitaria bona fide. Como resultado de estas medidas el crimen traza un discurso contestatario.

Las comunidades, según Gutiérrez, deben entender que ni el gobierno ni el punto de drogas resolverá sus problemas. Los líderes comunitarios fungen como los únicos agentes de cambio posibles para las comunidades del país. Movilizar a los vecinos en cooperativas que brinden servicios que surtan necesidades de la propia comunidad y sus alrededores se presenta como opción, así como el organizar y dirigir las diversas habilidades de los jóvenes en algún centro de producción.“Si tú tienes gente que es capaz de correr un punto de drogas, que es un negocio millonario, esa gente tiene que ser capaz de correr un negocio legal, si son las mismas habilidades”, manifestó el profesor.

Los países de baja incidencia criminal tienen una vinculación más reducida de violencia y pobreza que los países con alta incidencia criminal. También, los países capitalistas donde se implantan reformas que facilitan la incorporación de los sectores pobres son lugares que exhiben menos separación entre los ricos y los pobres por lo que presentan menos violencia social. Está en los líderes comunitarios el apuntar la dirección por la cual quieren reformar sus comunidades al gobierno.

La prohibición, más allá de las sustancias


 Gary Gutiérrez

Presentado ante los estudiantes de la Universidad del Turabo

10 de octubre 2014

Foro de la Asociación de Criminología y las escuelas de Ciencias Sociales y Comunicaciones, así como de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Turabo, (Foto: Mabel Pola)
Foro de la Asociación de Criminología y las escuelas de Ciencias Sociales y Comunicaciones, así como de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Turabo, (Foto: Mabel Pola)

Para leer la resaña de Sara del Valle para FRG Media

Para escuchar la ponencia en I-Voox
Para escuchar la ponencia en I-Voox

Para estar claro, no me presento ante ustedes para decirle cómo manejar la situación de las drogas en Puerto Rico. Prefiero pensar que estoy aquí para invitarles y colaborar en un ejercicio de análisis que, partiendo de la anárquica aspiración de cualquier pensador crítico, se aleje de esos viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon el llamado problema de las drogas, y de paso los que todavía hoy simulan manejarlo.

Partiendo de lo anterior, me niego entonces a enfocar esta alocución desde perspectivas médicas, terapéuticas y morales. El yo entrar en la discusión médica o terapéutica sería faltarle el respeto a los salubristas quienes pasan su vida manejando ese fenómeno llamado “droga”. Mientras que, hablar desde la dimensión moral de esta discusión definitivamente sería un acto de cinismo, pues admito que no creo ser la mejor persona para hablar sobre la moralidad de nada.

Ahora bien, académicamente hablando, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde las perspectivas médico o moral, es que estas dimensiones realmente son irrelevante al verdadero problema generador de una violencia que en nuestro país equivalente a una guerra civil (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M 2012).

Con esto no digo que esos aspectos médicos y morales del consumo de psicoativadoras no son importante. Lo que quiero dejar claro es que lo que debemos estar discutiendo como criminólogos y criminólogas es si las fracasadas políticas que criminalizan las sustancias son la mejor alternativa para controlar la violencia y para crear las condiciones que permitan que los salubristas hagan su trabajo. Le que si debemos discutir es si meter gente presa por ejercer su derecho a consumir lo que ellos escojan es una política a adecuada o no. Igualmente obligado es preguntarnos si el botar miles de millones de dólares encarcelando a ciudadanos por vender o facilitar los productos que unos adultos consintientes quieren comprar es realmente adecuado.

¡DE ESO ES QUE SE TRATA! ¿Le vamos a reconocer al Estado autoridad legítima para decidir sobre lo que nosotros como seres libres decidimos consumir?

Por tanto lo que hoy propongo es romper con los viejos discursos entendiendo que son las propias leyes que criminalizan la posesión y el mercado de sustancias la causa de la violencia social que arropa al país y que al mismo tiempo son el mayor impedimento para manejar el problema de abusos de sustancias desde una perspectiva salubrista (Villa-Rodriguez y Gutiérrez-Rentas 2013; Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M (2012). Pero por supuesto entender que eso es lo que debemos discutir no es tarea fácil. Sobre todo en un país dominad0 por medios de comunicación simplistas, así como por partidos políticos cuya función es servir a eso que le pagan y que le buscan los votos. (Fonseca, 2013).

Por ejemplo, la radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos encaminados a liberalizar las leyes prohibicionistas despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de marihuana por un lado, y permitiendo el uso de esta planta como tratamiento médico por el otro, desató una cruzada tipo “guerra santa” por parte de “empresarios morales” conservadores que insisten en mantener el tributo de sangre que la actual ley antidrogas impone a los puertorriqueños (Goode y Ben-Yehuda 2009). Guerra Santa a al cual originalmente se unió el gobernador Alejandro García Padilla, aun cuando ahora después de ir a Washington, dice haber reconsiderado. Por lo visto en la prensa y en las redes sociales, inmediatamente tras la radicación de los proyectos salieron los sospechosos habituales montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, asegurando que liberar las leyes que controlan el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad puertorriqueña.  ¿Cómo si la prohibición lograra mantener fibra alguna?

Digo los sospechosos habituales, porque por un lado están algunos sectores terapista que viven de la adicción (Riggs 2012), y por otro, los sectores conservadores cristianos de derecha que desde el siglo diecinueve vienen usando el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que eliminen la separación de iglesia y estado, mientras pretenden usar la propia ley para imponer su moralidad al resto (Foster, 2002; Goldbert 2007; Hedges, 2006; Manjó-Cabeza, 2012).

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, desde finales del siglo diecinueve estos grupos conservadores y religiosos vienen empujando legislación para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan a todos y todas, un estilo de vida cristiano, puritano, virtuoso y de fuerte control frente a los placeres. Por supuesto, este pensamiento religioso fue solo el comienzo del proceso.

Ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban y controlan la vida pública estadounidense. Estos grupos de base racistas y xenofóbica, ven el uso de hierbas y plantas como la marihuana, la coca y el opio, como costumbres de razas inferiores que dañan las “buenas costumbres de la cultura civilizada” que para ellos es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad. Para ese grupo, la prohibición de “las drogas” resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve de excusa para legalmente controlar y reprimir las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Escohotado, 2003; Ferrell, Hayward y Joung 2008, Foster, Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999; Villa y Gutiérrez, 2013).

Este empuje prohibicionistas de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPS, tomo más fuerza cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos.

A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en aquel momento histórico. Es así como ambas industrias se montaron en el discurso e invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999). Además de estos intereses económicos que podemos ver como “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el consumo de licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de otras sustancias una manera de mantener su pertinencia unos, y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Por tanto, el que todavía hoy veamos a los mencionados sectores conservadores funcionado como una especie de mafia moralista tratando de imponer al resto sus valores y empujando el control de los individuos por parte del Estado, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete como superior a los intereses y estilo de vida del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana (Villa y Gutiérrez, 2013).

Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis entendiendo que la prohibición de las drogas fue solo un peón más en el tablero por el control social entre dos facciones del poder económico en un Estados Unidos que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató de liberar los esclavos, sino que fue un enfrentamiento de dos visiones de ordenamiento económico encontrados; la lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina (Alexander 2012).

Partiendo de autores como Courtwright (2002), Escohotado (2003), Foster (2002), Gusfield (1983) Manjó-Cabeza (2012), Musto (1999) queda más que claro que la prohibición de “las drogas” no tuvo nada que ver con los usos, efectos o peligro de las mismas, sino que fue un intento para que el desvalorizado capital agrícola conservador mantuviera un poco de prestigio social frente al impulso arrollador de los capitales industriales libertinos y corruptos que construían una nueva nación en la que Dios y lo viejos valores agrícolas no tenía un espacio prominente

En resumen y partiendo de la llamada criminología crítica, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación (Baratta, 2002), se puede entiende que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder social u económico en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo veinte cuando mutó de un país agrícola a una potencia industrial y no por la preocupación de los efectos o peligros de las sustancias prohibidas. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Partiendo de lo antes expuesto entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir y evaluar críticamente cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de una u otras sustancias, para evitar que los niños tengan acceso a las mismas, o para controlar la violencia producto del trasiego ilegalizado, estos grupos respondan con una cruzada mediática simplista sobre los peligros o daños que dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las drogas.

Por tanto la discusión pública no puede seguir siendo si la marihuana, o el resto de las sustancias, son buenas o malas, si hacen daño o no, si son adictivas o no. Esos supuestos daños y peligros se pudieran estipular, pues al fin y a la postre, lo que se tiene que discutir es cómo esa prohibición lleva casi cien años fracasando en la empresa de controlar el uso de unas sustancias independiente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede honestamente decir que la prohibición es exitosa. Lo único que estas leyes logran tras casi un siglo de prohibición es criminalizar a millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejerce su derecho a buscar la felicidad como ellos o ellas lo entiendan adecuado. Igualmente, la discusión pública debe girar críticamente en torno a cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud, puedan recibir las ayudas médicas necesarias sin el peligro de ir a la cárcel. Esa conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo estas fracasadas prohibiciones alimentan económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados cuarenta años, Estados Unidos viene regalando al complejo industrial correcional casi mil millardos de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ). Más urgente aún, se debe discutir cómo las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando pues, a pesar de no controlar el uso y trasiego de las mismas, sirven de excusa para la intervención y control en las comunidades marginales en Estados Unidos y Puerto Rico. De Igual manera es imprescindible analizar cómo estas prohibiciones se convirtieron además, en licencia de corzo que permiten a Estados Unidos intervenir como nación imperial en otros países so color de la llamada guerra contra la droga (Manjón-Cabeza 2012).

Eso es lo que tiene que estar discutiendo y legislando, independientemente de lo que usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana y otras drogas.

Desde esta perspectiva, la pregunta es si los y las puertorriqueñas debemos mantener unas leyes que, no solo vienen fracasando desde el siglo pasado a pesar de su costo multimillonario, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos mayormente jóvenes pobres en su edad más productiva, y como vimos hace unos días en Ferguson, Missouri, la militarización de las fuerzas policíacas, así como el deterioro de las libertades constitucionales (Alexander, 2012; Balko, 2013; Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012;).

Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerles el juego a los mercaderes del templo. Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo las sustancias, ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema: es decir la prohibición.

 

Referencias:

Alexander M. (2012) The New JimCrow: Mass Incarceration in the Age of Color Blindness. New York, New Press

Baratta, A (2002) Criminología Crítica y Crítica al Derecho Penal. Buenos Aires, Siglo XXI

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A.(2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

Fonseca, J (2013) Banquete Total: Cuando la corrupción dejó de ser ilegal. San Juan, Sinónimo

Grandin G, (2006) Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York, Metropolitan Books

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Riggs M (2012) 4 Industries Getting Rich Off the Drug War Reason.com Acedido el 24 de febrero de 2014 en http://reason.com/archives/2012/04/22/4-industries-getting-rich-off-the-drug-w/singlepage

Szasz T. (1992) Our Right to drugs, Syracuse, Syracuse University Press

Szasz T. (2003) Ceremonial Chemistry, Syracuse, Syracuse University Press

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicada. Ponce, Piano di Sorrento.

Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte- Miller M. (2012)  Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico

 

 

La fiebre no está en la sábana… ni en la Superintendencia


Por Gary Gutiérrez

A primera vista, la llegada a la superintendencia de la Policía de Puerto Rico de José Caldero López aparenta ser el comienzo de una nueva etapa para la agencia que se supone tenga a cargo mantener la ley y el orden social en la Isla.

Su nombramiento parece dar al traste con décapr127das de jefes policiacos ligados directamente o provenientes del aparato represivo federal.

Hay que recordar que desde la década del 1990, todos los superintendentes policiacos en Puerto Rico fueron agentes retirados del Negociado Federal de Investigaciones, o fiscales federales.

De igual forma la  llegada de Caldero López a la dirección de la Policía aparenta ser un regreso a los tiempos cuando los jefes salían de la propia uniformada. Fenómeno que no se daba en Puerto Rico, desde el funesto “Caso del Cerro Maravilla”.

No obstante este nombramiento aparenta ser bien acogido tanto por los políticos, como por el pueblo y los efectivos policiales,  pues al parecer Caldero López encarnan los dos idearios que para muchos definen lo que debe ser un jefe de Policía.

Por un lado para los más conservadores y probablemente mayores, la llegada de Caldero López al máximo puesto de la Policía recuerda el nombramiento de Astor Calero, primer policía que llega a ese puesto luego del Estado Libre Asociado.

Un hombre conservador, defensor del sistema y de los uniformados, pero claramente comprometido con el aparato político y económico que lo nombró.

Por otro lado, José Caldero López también parece encarnar el referente de lo que es “un buen” superintendente para las nuevas generaciones, es decir Pedro Toledo Dávila. Un jefe de la policía que, en medio de operativos policiacos, era recibido como “superstar” por residentes de los residenciales públicos del País.

Un individuo, hábil en las relaciones humanas y públicas que, sin importar la realidad,  se proyectaba como un funcionario conciliador, dispuesto al diálogo y comprometido con los más nobles ideales que se supone se encarnan en el aparato federal de donde venía. Es decir, por lo menos en la apariencia,  con la equidad y el debido proceso de ley.

Por supuesto, en el caso de Caldero López, se le suma como parte de su imagen mercadeable toda la conservadora  iconografía  cristiana y moralista que acompaña su retórica en contra de la legalización de las drogas y la diversidad social.

De esta manera es fácil ver como el nombramiento de José Caldero López, salvo por algunos sectores disidentes en el País, fue recibido sin mayor oposición.

Contra Él solo se levantan las preocupaciones en torno a su lealtad política al Partido Popular Democrático y el manejo de algunos sectores disidentes políticamente hablando.

pr125Dejando claro lo anterior, al analizar teórica e históricamente este nombramiento, surgen preocupaciones más profundas.

Sobre todo si las mismas se miran partiendo de que durante los pasados años, la Policía de Puerto Rico está bajo la lupa acusatoria de grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y la del propio Departamento de Justicia Federal.

Cuando las imputaciones que esos organismos le hacen a la Uniformada del País, se miran desde una perspectiva más crítica e histórica, las mismas se revelan como el resultado, no de las políticas públicas del gobierno colonial local, sino de las estructuras represivas del propio gobierno federal estadounidense.

Al mirar la historia reciente de los departamentos de policías locales en Estados Unidos es fácil entender que el proceso de politización, federalización, militarización y el aumento de  violaciones a los derechos civiles de grupos marginados, lejos de ser la desviación, son la política pública del gobierno federal y por ende la de la administración colonial local.

Es decir que, cuando viene a militarización y abusos policíacos,  en la Policía de Puerto Rico solo se sigue el patrón impuesto por la metrópolis.

Un patrón que en el caso de la politización, que en este caso se refiere a la imposición de idearios políticos de control social y  no a la pelea pequeña entre partidos locales, el proceso está claro y no es de ahora.

Los cuerpos policíacos surgen en Estados Unidos a mediados del siglo diecinueve como organismo de control tanto para el sector proletario blanco como para el compuesto por negros libertos, quienes  siguiendo las ideas marxistas y anarquistas de la época, buscaban organizarse para lograr un proyecto político que le permitiera hacer frente al orden social y político creado por el capital.

Casi dos siglos más tardes, esta visión política no solo sigue imperando en el  aparato represivo estatal estadounidense, sino que luego de la década del 1980 se afianza cuando los neo-conservadores toman el poder en Estados Unidos con Ronald Reagan.

De esta manera la presidencia de este actor de segunda categoría primero, y luego la de William Jefferson «Bill» Clinton, comienzan mediante fondos y programas federales a militarizar y federalizar de facto las policías locales.

Esto para lograr proyectarse frente a los ciudadanos que se entienden como gente de bien, en su mayoría votantes activos, que ellos como  políticos están allí para defenderles. Claro, como demostró la respuesta represiva al movimiento “ocupa”, a quienes el aparato represivo realmente defiende es al gran capital.

pr124El resultado es que desde hace varias décadas, las uniformadas locales tienen cada día menos independencia de acción y están más militarizadas. Nuevamente no para proteger al pueblo, sino para proteger el orden social necesario para que el capitalismo financiero siga ganando dinero.

Es dentro de este ambiente, que en Puerto Rico tuvo su manifestación más burda con el gobierno de Luis Fortuño pero que se mantiene hoy día vigente aunque de forma más sutil, desde el cual el nombramiento de José Caldero López, quién se formó como policía bajo este proceso,  se revela como totalmente inconsecuente.

Sobre todo si se toman como cierto los rumores de  que esta designación es una pantalla mediática representada por un funcionario que encarna a los referentes de un buen superintendente, pues la política pública en torno a la “seguridad”, entiéndase control social, se seguirá estableciendo y ejecutando  desde la Fortaleza.  No solo para el beneficio de ellos como políticos, sino para mantener el espacio seguro al capital que nos controla mediante la impagable deuda nacional.

Ya la historia dirá si este comentario es cierto o no, pero si madura como pinta, el tiempo dejará claro que la fiebre, entiéndase la  corrupción policíaca, los abusos de poder, la persecución del disenso y las minorías,  así como el pobre manejo de la violencia social en la Isla, no está en la superintendencia.

En realidad esa fiebre es la verdadera naturaleza del sistema.

Exclusión y criminalidad contestaria


Presentado ante el Movimiento Unión Soberanista de Puerto Rico.

4 de diciembre 2013

Por Gary Gutiérrez

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Foro Crimen y Castigo organizado por Movimiento Unión Soberanista de Puerto Rico. Foto cortesía Michelle Estrada

Para acceder el video del foro completo

Salud a todos y todas, es un privilegio estar en este, el honroso Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y sobre todo un honor dirigirme a ustedes.

Cuando se habla de crimen y castigo, regularmente en Puerto Rico partimos de tres puntos de vista.

Por un lado el concepto del Derecho y la construcción de “lo criminal” desarrollado durante el siglo 18. Es decir, el crimen es producto de una decisión racional en busca del lucro y para controlarlo lo que se necesita es hacer que las acciones criminales no sea costo efectivas. Para esto lo que se tiene que hacer es aumentar las posibilidades de que los que deciden delinquir sean arrestados para que tengan que enfrentar penas severas. Esta es la base teórica del llamado Derecho Positivo, del Departamento de Justicia y del Tribunal en Puerto Rico. (Gutierrez, 2012; Young, SF)

Para acceder al video del foro

La segunda visión desde la que regularmente se habla de criminalidad es el positivismo científico que también surgió en el siglo 19 y que se desarrolló en el 20. Para estos, el delito y lo criminal son productos de procesos de socialización defectuosos, por lo que al criminal no se le debe castigar sino corregir. De ahí el discurso de la rehabilitación que la constitución del Estados Libre Asociado impone como base al Sistema de Corrección en la Isla. (Gutierrez, 2012; Young, SF).

La otra visión usualmente citada en el discurso sobre lo criminal se desarrolló en el siglo 19 por los conservadores cristianos estadounidense y británicos quienes partían y parten de que el ser humano no es racional, sino pasional y que es malo por herencia del “pecado original”.  Así que, para ellos, la solución a lo criminal radica en el castigo severo y humillante, por lo que se necesita vigilancia constante y mano dura. En muchas instancias este pensamiento domina inconscientemente la visión que la policía tiene del asunto y que los lleva a construirse así mismo como guerreros del bien frente al mal. (Gutierrez, 2003; Joung, SF)

Es desde estas la mezcolanza que surge la política publica “bipolar”, desde donde el gobierno de Puerto Rico busca como manejar eso que llamamos “lo criminal”.

Sin embargo, siguiendo la visión de la llamada criminología cultural (Ferrell, J., Hayward, K & Young, J., 2008), prefiero adentrarme en “lo criminal” desde quienes realmente conocen el asunto. Es decir desde sus actores.

Hace un tiempo en mi clase de Delincuencia Juvenil un estudiantes me entrego un ensayo en el que se suponía contestara la pregunta: ¿Cómo usted ve al menor delincuente en Puerto Rico?.

En su trabajo el estudiante de nombre Emmanuel comienza diciendo: “Aun recuerdo cuando tenía 17 años y anhelaba cumplir los 18 para trabajar e irme de mi casa. El pensamiento de irme de mi casa era provocado por la rebeldía de esta etapa. Tenía claro que quería trabajar para costearme mis necesidades materiales y no depender de mi madre.

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Gary Gutiérrez:
Foto cortesía de http://descrimanalizacion.com

Durante esos tres años en que no me llamaron de ningún trabajo, creció en mi la rebeldía, los pensamientos negativos. Aprendí a recortar y de esa manera me buscaba el peso recortando en mi casa a los muchachos del barrio. Cuando llegaba la temporada de quenepas,vaciaba el árbol de mi casa y las vendía en las luces o en algún punto estratégico del casco urbano. Obviamente esas chiripas no me daban para lo que yo quería, que era comprarme un carrito, la ropa de moda, los tenis del momento, etc.

Pero en la comunidad donde me crié, cerca hay un barrio donde los jóvenes varones tenían otra forma de buscarse el peso, “vendían drogas”. Crecí viendo como los muchachos del barrio que bregaban en el punto. tenían los carritos mas bonitos, los ‘bling bling”, los tenis más caros y las nenas más lindas.

Luego de tres años, finalmente me llamaron y me preguntaron si todavía me interesaba un trabajo solicitado meses atrás. Contesté que si y lo primero que me dijo el individuo fue: “mañana tienes entrevista en las oficinas generales en el pueblo de Carolina”. Como tenía los recursos pude llegar y me dieron el empleo. Luego me requirieron documentos como carta de buena conducta, prueba de dopaje, certificado médico entre los que recuerdo. Yo tuve los recursos para obtener todo lo que el empleo requería, pero y ¿los que no corren la misma suerte que yo?, concluyo el estudiante en su escrito.

La Asignación de Emmanuel, surge como un pliego acusatorio contra el sistema neoliberal que se viene desarrollando en la isla por las pasadas décadas y que, si bien vio su máxima expresión durante el cuatrienio pasado (Gutiérrez 2012), de forma más sutil y elegante continuará vigente en este.

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Dr. Rafael Torruella compartió el foro hablando sobre la necesidad de descrimanlizar las drogas.
Foto cortesía de http://descrimalizacion.com

A pesar de que de primera intención, el proceso descrito anteriormente aparenta ser uno de exclusión solamente económica, la realidad es más compleja que eso. Algunos sociólogos como Presdee (2001) y Young (2007) explican que este sentimiento de exclusión descrito por Emmanuel está basado en el sentimiento de no poder experimentar las emociones y la intensidad que según los medios de comunicación masiva deben caracterizar una vida que valga la pena vivir.

Esta forma de verse o construirse como marginado, la explicó magistralmente en su charla “Breaking Good”, el compañero profesor de la Universidad Interamericana en Ponce, Ángel Pagán (2013).

El ahora profesor de filosofía compartió con mis estudiantes las experiencias que en su juventud le llevaron a terminar frente a un juez, de espalda a un padre que aun cuando nunca lo rechazó, con su llanto le dejó claro que se sentía defraudado. La charla de Pagan explica como en la década de 1970, siendo parte de una familia trabajadora, de esas que en el país se definen como clase media, Él se sentía excluido. Tenía lo que necesitaba, casa, ropa y hasta tenía un padre que lo amaba tanto que ni siquiera le rechazó al verlo esposado en aquel tribunal. Sin embargo Pagan cuenta como entonces se sentía que no tenía ningún valor, pues su vida era aburrida y lejana de lo que se supone era la “verdadera vida” según se veía en la televisión y el cine. Compartiendo sus experiencias, cuenta como desde el aburrimiento de su cotidianidad, sentía la necesidad de usar la ropa que vestían los de “Miami Vice”. El quería sentir el “rush” de vivir esa vida excitante de las noches en NYPD Blues.

Sin embargo una tarde todo cambió. Según contó Pagan, ya había tenidos sus corridas en la ilegalidad y conocía eso que Katz (1988) llamó el erótico placer de jugar con lo prohibido. Ese día, tirando “guiritas” solo en la cacha, se acercó un carro y desde su interior escucho una voz que gritó ¡Angelo!. Cuando miró, solo vio el brillo de un 357 “aniquela’o” que lo”alumbraba”… “¿Te cagaste, pendejo?”, grito riendo desde detrás del revolver su pana Julio. Minutos más tarde, recordó Pagán, cuando Julio le dejó empuñar aquel revolver, sintió lo que el tanto había buscado.

“Mientras giraba apuntando a todo lo que se movía a mi alrededor me sentía poderoso, valioso, listo para hacerme respetar como en las películas” narró Pagán con la pausada voz de aquellos que bajaron y regresaron de los infiernos. El profesor Pagán no contó los detalles de como llegó a estar parado ante aquel juez. Asumo que el 357 “aniquela’o” tuvo algo que ver en ese asunto. Pero lo que sí dejó claro Ángel, es que el orgasmo de poder experimentado cuando empuño aquella arma, es de lo que realmente se trata el crimen, la criminalidad y lo criminal. (Pagan, 2013)

Partiendo de la elocución de Ángel podemos entender que la bulimia social de la que nos habla Young (2007) no se trata solamente de exclusión económica. Los chavos son solo un medio para alcanzar las emociones y el poder que los medios nos venden como lo normal y lo necesario. Es decir cuando los vecinos de Emmanuel venden droga, no lo hacen solo para llenar sus necesidades económicas, las reales o las creadas. También se trata de reclamar esas cosas a la que nos dijeron tenemos derechos. Dignidad, respeto, igualdad, oportunidades y todo lo demás que el discurso de la modernidad nos define como los “derechos humanos” y que se supone todos y todas tengamos acceso.

Es de aquí que surge mi hipótesis que apunta a que la violencia social y la criminalidad que sufre el País puede ser el resultado del orden neoliberal que surgió a mediado del siglo pasado y que se convirtió en dogma para el sector más conservador de la política tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Como en todos sitios donde se implementó este neoliberalismo, el resultado es que grandes sectores de la población no se sienten representado o incluidos en el Estado (Klein 2008; Rivera Lugo 2004), por lo que debemos entender, no sienten que tienen esos Derechos de los que nos hablan los pensadores de la modernidad.

Ante esta percibida ilegitimidad de un Estado no representativo, en el caso de Puerto Rico parece que se pueden identificar tres respuestas por parte de los que se sienten excluidos.

La mayoría de la gente no hará nada y comprando el discurso electoral esperará el espacio para escoger entre dos partidos similares que, como explica el español Miguel Amorós (2012), representan los mismos intereses, mientras dan la impresión de que el sistema es democrático. Esta mayoría son los que el sistema vé como buenos ciudadanos, respetuosos de la ley y sobre todo como “pobres humildes”.

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Dr. Gazir Sued participó de este foro hablando sobre como las leyes antidrogas violan los derechos básicos a la ciudadanía.
Foto cortesía de http://descrimalizacion.com

Sin embargo, no todos tiene los recursos para responder, organizarse y exigir legalmente un espacio donde sentirse incluidos. Es mi hipótesis que en Puerto Rico, enormes sectores marginados se las tienen que buscar para sobrevivir, para sentirse incluidos consumiendo o para experimentar las emociones que en nuestra sociedad definen la felicidad y el éxito (Presdee, 2001; Rivera Lugo, 2004; Wackant 2009).

Otros, sobre todo aquellos que encarnan las características que en el capitalismo llevan al éxito, pero que por su condición de excluidos económicos se les dificulta el desarrollo de empresas legales, terminan integrándose a la ilegalizada y lucrativa empresa capitalista del narcotráfico. De está forma generarán los ingresos no solo para sobrevivir económicamente, sino también para sentirse poderosos embriagados en el erotismo de lo prohibido (Pagan, 2013; Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. 2008, Wackant 2009).

Es en este sentido que me parece que, lejos de ser el problema, en muchas de nuestras comunidades el ilegalizado narcotráfico se construye como la solución al problema de marginación, aburrimiento y exclusión, tanto económica y social como emocional. Es decir, para muchos el mercado negro producto de la absurda ilegalización no es necesariamente un problema, sino mas bien es una solución a su exclusión antes descrita.

Por tanto, y repito es mi hipótesis, la inserción al narcotráfico y la criminalidad pueden ser vistos como un discurso contestatario de aquellos que sin tener la consciencia política responden “bregando” como pueden ante una sociedad que los excluye y los condena a mirar desde afuera las emociones de una vida excitante. Así, el narcotráfico y la ilegalidad puede verse entonces como la respuesta de quienes se niegan a ocupar humildemente los espacios de pobreza y aburrida sumisión social a que el sistema les condena. Así estos sectores, probablemente de manera inconscientemente, le hacen frente a un sistema que les condena a ser un pobre que espera estoica y humildemente por años, para ver cuando le toque su turno en un trabajo precario que ni siquiera debiera llamarse empleo.

Si se toma esta hipótesis como correcta, se puede inferir entonces que cualquier iniciativa que no incluya la reorganización social desde el verdadero reconocimiento de los Derechos Humanos para todos y todas, una mejor distribución de los recursos económicos y la integración de todos y todas a procesos, sociales, políticos y económicos verdaderamente democráticos, solo será un parcho y no una alternativa a la violencia y criminalidad que hoy en nuestro País termina cobrando unas mil vidas al año y que el sistema define, de forma simplista, como un mero problema de individuos sin valores.

Muchas Gracias….

El panel fue moderado por le periodista Daisy sanchez. (foto Reinaldo millán)


Referencias:

Amorós, J. (2012) Salida de Emergencia. Logroño: Pepitas de Calabaza Ed..

Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. (2008) Cultural Criminology: an invitation. London: Sage.

Gutiérrez, G. (2013) “Del Coloniage a la Sociedad de Ley y Orden: violencia sistemática en Puerto Rico” en Sonia M. Serrano Rivera, Registros Criminológicos contemporáneos (pp. 51 – 81) San Juan: Situm.

Katz L (1988) Seductions Of Crime. New York: Basic Books

Klein, N. The Shock Doctrine, New York City: Picador.

Pagán, A. (2013) Breaking Good. Charla presentada el 1 de octubre ante estudiantes y facultad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce.

Pesdee, M. (2001) Cultural Criminology and the Caranval of Crime. New York City: Routledge.

Rivera Lugo, C. (2004) “Ni Una Vida Más para la Toga” en La Rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas(pp. 137-154). San Juan, Ediciones Callejón.

Young, J. (SF). Thinking Seriosly Abaut Crime: Some models of criminology. Retrieved 04 28, 2011, from Challenge Liberty: http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_jock_young.pdf

Young, J. (2007) The Vertigo of Late Modernity. London: Sage.

Wackant, L. (2009) Prison of Poverty. Boston: Beacon.

Criminalidad y Exclusión: La Resistencia está en todas partes


Por Gary Gutiérrez: presentado ante el capítulo de Amnistía Internacional de UPR-Cayey

 

CayeyA diferencia de otras conversaciones, no voy a girar esta en torno al pensamiento de gigantes como; Young, Wacqant, Ferrell, Simon, Chomsky, West, Carlos Rivera Lugo, Dora Nevares, Villa,u otros. Hoy quiero partir del pensamiento de uno de los suyos, un estudiante universitario como ustedes. Después de todo, quién mejor que ustedes para conocer y explicar lo que realmente pasa en las calles.

Su nombre Emmanuel, y era un estudiante subgraduado de Trabajo Social en la Caribbean University de Ponce, que sin saber dónde se metía, se matriculó en mi clase de Delincuencia Juvenil porque no encontró otra electiva en su concentración. Así que a manera de tributo académico al “copy & paste”, me atrevo leer ante ustedes una versión, editada por cuestión de tiempo, de la introducción del ensayo con que el joven contestó la pregunta: ¿Cómo usted ve al menor delincuente en Puerto Rico?,

En su trabajo Emmanuel comienza diciendo: “Aun recuerdo cuando tenía 17 años y anhelaba cumplir los 18 para trabajar e irme de mi casa. El pensamiento de irme de mi casa era provocado por la rebeldía de esta etapa. Tenía claro que quería trabajar para costearme mis necesidades materiales y no depender de mi madre.

Cuando cumplía le edad comencé a buscar trabajo, aquí, allá, por todas partes. Recuerdo que llevé resumé hasta los pueblos limítrofes, desesperado por conseguir ese trabajo. Durante tres años continué en las mismas, llevando resumé todas las semanas a diferentes establecimientos, tiendas, restaurantes de comida rápida, supermercados, entre otros.

Durante esos tres años en que no me llamaron de ningún trabajo, creció en mi la rebeldía, los pensamientos negativos, y la frustración, que no es otra cosa que ese sentimiento provocado por la incapacidad de no poder realizar algo por algún factor externo que te lo impide. Aprendí a recortar y de esa manera me buscaba el peso recortando en mi casa a los muchachos del barrio. Cuando llegaba la temporada de quenepas, vaciaba el árbol de mi casa y las vendía en las luces o en algún punto estratégico del casco urbano. Obviamente esas chiripas no me daban para lo que yo quería, que era comprarme un carrito, la ropa de moda, los tenis del momento, etc.

Pero en la comunidad donde me crie, cerca hay un barrio con alta incidencia criminal conocido como La Cantera. Allí los jóvenes varones tenían otra forma de buscarse el peso, “vendían drogas”. Crecí viendo como los muchachos del barrio que bregaban en el punto. tenían los carritos más bonitos, los ‘bling bling”, los tenis más caros y las nenas más lindas.

Luego de tres años, finalmente me llamaron y me preguntaron si todavía me interesaba un trabajo solicitado meses atrás. Contesté que si y lo primero que me dijo el individuo fue: “mañana tienes entrevista en las oficinas generales en el pueblo de Carolina”. Como tenía los recursos pude llegar y me dieron el empleo. Luego me requirieron documentos como carta de buena conducta, prueba de dopaje, certificado médico entre los que recuerdo. Yo tuve los recursos para obtener todo lo que el empleo requería. Aunque me vi tentado, en mi hogar tuve el ejemplo, la enseñanza y la educación que junto a mi determinación y fuerza de voluntad evitaron que me involucrara en el narcotráfico.

Ahora, yo tuve los recursos y un hogar ejemplar para no caer en este negocio, pero y los que no corren la misma suerte que yo.

Muchos recurren a la venta de drogas, a velar el punto o hacer “mandaos”. De la boca de ellos se escucha que en ningún lado le dan trabajo y que la única opción es vender droga. A esta situación hay que sumarle el discrimen si tienes tatuajes o pircings. Incluso conozco algunos que viven en un residencial público y en sus resumé anotan una dirección diferente, usan la de algún familiar o amigo. Recuerdo cuando el profesor dijo que la cultura dominante va a criminalizar a la subculturas porque desconfía de ellas.”

Si se leen con atención el ensayo de Emmanuel, el mismo surge como un pliego acusatorio contra el sistema neoliberal que se viene desarrollando en la isla por las pasadas décadas y que, si bien vio su máxima expresión durante el cuatrienio pasado (Gutiérrez 2012), sí madura como pinta, parece que de forma más sutil y elegante continuará vigente por lo menos durante lo que queda de este.

Es ese neoliberalismo salvaje, el que utilizado sus aparatos ideológicos produce el orden social en que se desarrolla la historia de Emmanuel. Un orden que condena a miles de jóvenes a que, desde la pobreza y el subdesarrollo del sur global, aspiren a comprar los símbolos de éxitos impuesto desde el norte por la cultura del varón, blanco, propietario, alegadamente heterosexual y cristiano (Gutiérrez 2012) . Es decir, es un orden bulímico, como lo llama Jock Joung (2007), que incluye a todos por igual en el consumo de los símbolos materiales y emocionales construidos como exitoso, mientras excluye a gran parte de la población de los medios legales y los empleos dignos para que pueda costearse ese consumo. Como bien ilustra la historia de este estudiante, este proceso es uno que termina produciendo un ser humano frustrado o desvalorizado que pudiera ver en la violencia una forma de empoderarse ilusoriamente o construir la ilegalidad, sobre todo al ilegalizado narcotráfico, como el único medio para integrarse al mundo de consumo capitalista que se le impone desde el poder (Presdee 2001).

A pesar de que de primera intención, el proceso descrito anteriormente aparenta ser uno de exclusión solamente económica, la realidad es más compleja que eso. Algunos sociólogos como Presdee (2001) y Young (2007) explican que este sentimiento de exclusión está basado en el sentimiento de no poder experimentar las emociones y la intensidad que según los medios de comunicación masiva, incluyendo tanto la televisión, los video juegos como el cine, le dan valor a la vida de los seres humanos.

Esta forma de verse marginado, la explicó magistralmente en su charla “Breaking Good”, el compañero profesor de la Universidad Interamericana en Ponce, Ángel Pagán (2013). Hace unos días, el ahora profesor de filosofía compartió con mis estudiantes las experiencias que le llevaron a terminar frente a un juez, de espalda a un padre que nunca lo rechazó, pero que con su llanto le dejó saber claramente que se sentía defraudado. La charla de Pagan explica como en la década de 1970, siendo parte de una familia trabajadora, de esas que en el país definimos como clase media, el se sentía excluido. Tenía lo que necesitaba, casa, ropa y hasta tenía un padre que lo amaba tanto que ni siquiera le rechazó al verlo esposado en aquel tribunal. Sin embargo cuenta como sentía que no tenía ningún valor, pues su vida era aburrida y lejana de lo que se supone era la vida según se veía en la televisión y el cine. Compartiendo sus experiencias, cuenta como desde el aburrimiento de su cotidianidad, sentía la necesidad de usar la ropa que vestían los de “Miami Vice”. Él quería sentir el “rush” de vivir esa vida excitante de noches en discotecas, bebidas, mujeres que veía en NYPD Blues. Cosas que su realidad de clase trabajadora solo le permitía soñar.

Sin embargo una tarde se le dio, todo cambió según contó Pagan.

Ya había tenidos sus corridas en la ilegalidad y conocía el erótico placer de jugar con lo prohibido. Ese día, tirando “guiritas” solo en la cacha, se acercó un carro y desde su interior escucho una voz que gritó ¡Angelo!. Cuando miró, solo vió el brillo de un 357 aniquela’o que lo alumbraba, como se decía en aquel entonces cuando alguien apuntaba con un arma. “¿Te cagaste, pendejo?”, le grito riendo desde detrás del revolver su pana Julio. Minutos más tarde, detalló Pagán, cuando Julio le dejó empuñar aquel arma, sintió lo que el tanto había buscado.

“Mientras giraba apuntando a todo lo que se movía a mi alrededor me sentía poderoso, valioso, listo para hacerme respetar como en las películas” narró Pagán con la pausada voz de aquellos que ya bajaron y regresaron de los infiernos. El profesor Pagán no contó los detalles de como llegó a estar parado ante aquel juez. Asumo que aquel 357, tuvo algo que ver en ese asunto. Pero lo que sí dejó claro Ángel, es que el orgasmo de poder experimentado cuando empuño aquella arma, es de lo que realmente se trata el crimen, la criminalidad y lo criminal. (Pagan, 2013)

Partiendo de la elocución de Ángel podemos entender entonces que la bulimia social de la que nos habla Young (2007) no se trata necesariamente de exclusión económica. Los chavos son solo un medio para alcanzar las emociones y el poder que los medios nos venden como lo normal y lo necesario. Es decir cuando los vecinos de Emmanuel venden droga, no es solo para llenar sus necesidades económicas, las reales o las creadas. También se trata de reclamar esas cosas a la que nos dijeron tenemos derechos. Dignidad, respeto, igualdad, oportunidades y todo lo demás que el discurso de la modernidad nos define como los “derechos humanos” y que, según ese discurso moderno, se supone todos y todas tengamos, aun cuando para muchos solo son alcanzable mediante la violencia social o política.

Es de aquí que surge mi hipótesis que apunta a que la violencia social y la criminalidad que sufre el País puede ser el resultado del orden neoliberal excluyente que a mediado del siglo pasado desarrolló Milton Friedman y que luego se convertiría en dogma del sector más conservador de la política estadounidense y puertorriqueña. Como en todos sitios donde se implementó este neoliberalismo, el resultado es que grandes sectores de la población no se sienten representado o incluidos en el Estado (Klein 2008; Rivera Lugo 2004), por lo que debemos entender, no sienten que tienen esos Derechos de los que hablan aquellos pensadores de la modernidad Que, de paso, no debemos olvidar que eran varones, blancos, propietarios y alegadamente heterosexuales cristianos.

Ante esta percibida ilegitimidad de un Estado no representativo, en el caso de Puerto Rico parece que se pueden identificar tres respuestas por parte de los que se sienten excluidos.

La mayoría de la gente no hará nada y comprando el discurso electoral esperará el espacio para escoger entre dos partidos similares que, como explica el español Miguel Amorós (2012), representan los mismos intereses, mientras dan la impresión de que el sistema es democrático. Esta mayoría son los que el sistema vé como buenos ciudadanos, respetuosos de la ley y sobre todo “humildes”.

Por otro lado, los sectores más conscientes de la sociedad responden al excluyente proceso, organizando estructuras políticas, comunales o económicas (Rivera Lugo, 2004; Wackant 2009). De esta manera vimos cómo durante el cuatrienio pasado, las comunidades se organizaron para hacer frente a proyectos que las sacrificaban como parte del proceso de crear espacios de ganancia económica para los sectores más rico del País. Igualmente vimos a los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico, casi todos de clase media y media alta educados, organizarse para defender sus espacios ante la posibilidad de que los mismos se pusieran directamente al servicio del poder económico. Otro ejemplo de cómo estos sectores más conscientes canalizan las frustraciones que el sistema les produce, es el surgimiento de los nuevos partidos políticos que durante las pasadas elecciones trataron de romper el bipartidismo que parece castrar el proceso electoral en la Isla .

Sin embargo, no todos tiene los recursos para responder, organizarse y exigir legalmente un espacio donde ganarse la vida dignamente. Es mi hipótesis que en Puerto Rico, enormes sectores marginados se las tienen que buscar, como bien describe Emmanuel, para sobrevivir y sentirse incluidos consumiendo o para experimentar las emociones que definen la felicidad y el exito, como lo habló Pagán. Es decir tiene que “bregar” en trabajos marginales o precarios como recortar en sus casas, mecanear en el patio, hacer uñas o trenzas, vender quenepas o piratear DVD. Labores que pueden rayar en la ilegalidad al no cumplir con los reglamentos y permisos impuestos por el Estado (Presdee, 2001; Rivera Lugo, 2004; Wackant 2009).

Otros, sobre todo aquellos que encarnan las características que en el capitalismo llevan al éxito, pero que por su condición de excluidos económicos se les dificulta el desarrollo de empresas legales, terminan integrándose a la ilegalizada empresa capitalista que es el narcotráfico. De está forma generarán los ingresos no solo para sobrevivir económicamente, sino también para embriagarse en el erotismo de lo prohibido y de sentirse poderoso (Pagan, 2013; Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. 2008, Wackant 2009).

Es en este sentido que me parece que, lejos de ser el problema, en muchas de nuestras comunidades el ilegalizado narcotráfico se construye como la solución al problema de marginación, aburrimiento y exclusión, tanto económica y social como emocional. Es decir, para muchos el mercado negro producto de la absurda ilegalización no es necesariamente un problema, sino más bien es una solución a su exclusión antes descrita.

Por tanto, y repito es mi hipótesis, la inserción al narcotráfico y la criminalidad pueden ser vistos como un discurso contestatario de aquellos que sin tener la consciencia política responden “bregando” como pueden ante la sociedad que los excluye, los condena a mirar desde afuera las emociones de una vida excitante, mientras les niega las promesas del discurso ese de que todos tenemos los mismos Derechos. Así, el narcotráfico y la ilegalidad puede verse entonces como la respuesta de aquellos quienes se niegan a ocupar humildemente los espacios de pobreza y aburrida sumisión a que el sistema les condena. Así estos sectores, probablemente de manera inconscientemente, le hacen frente a un sistema, que como describió Emmanuel, les condena a ser un pobre que espera estoicamente y humildemente por años para ver cuando le toque un trabajo precario que ni siquiera debiera llamarse empleo. Más importante, un sistema que les condena a un estatus social de subciudadano o subciudadana para quienes eso de “los derechos” es solo un discurso de panfleto o algo que le leen a los detenidos en la televisión.

Si se toma esta hipótesis como correcta, se puede inferir entonces que cualquier iniciativa que no incluya la reorganización social desde el verdadero reconocimiento de los Derechos Humanos para todos y todas, una mejor distribución de los recursos económicos y la integración de todos y todas a procesos, sociales, políticos y económicos verdaderamente democráticos, solo será un parcho y no una alternativa a la violencia y criminalidad que hoy en nuestro País termina cobrando unas mil vidas al año y que el sistema define como un mero problema de individuos sin valores.

 

Referencias:

 

Amorós, J. (2012) Salida de Emergencia. Logroño: Pepitas de Calabaza Ed..

Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. (2008) Cultural Criminology: an invitation. London: Sage.

Gutiérrez, G. (2013) “Del Coloniage a la Sociedad de Ley y Orden: violencia sistemática en Puerto Rico” en Sonia M. Serrano Rivera, Registros Criminológicos contemporáneos (pp. 51 – 81) San Juan: Situm.

Klein, N. The Shock Doctrine, New York City: Picador.

Pagán, A. (2013) Breaking Good. Charla presentada el 1 de octubre ante estudiantes y facultad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce.

Pesdee, M. (2001) Cultural Criminology and the Caranval of Crime. New York City: Routledge.

Rivera Lugo, C. (2004) “Ni Una Vida Más para la Toga” en La Rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas(pp. 137-154). San Juan, Ediciones Callejón

Young, J. (2007) The Vertigo of Late Modernity. London: Sage.

Wackant, L. (2009) Prison of Poverty. Boston: Beacon.

No es solo cuestión de legalizar las drogas


20130809-222437.jpgPresentado por Gary Gutiérrez

ante la Universidad el Pueblo

Caguas, Puerto Rico

7 de agosto 2013

Al igual que es irracional debatir si mañana saldrá el sol por el este o por el oeste, discutir la necesidad de descriminalizar y legalizar la marihuana, así como debatir la eficacia de la prohibición como mecanismo para reducir o eliminar el consumo de sustancias psicoativadoras es un ejercicio en futilidad. Sobre cien años de prohibición demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de violencia y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano. Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920. Tras más de diez años de prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera.

Para comenzar no resolvió los problemas relacionados al abuso y la dependencia que son situaciones para ser atendidas por médicos y no por policías. Contrario a su propósito, la mencionada prohibición del alcohol terminó produciendo males peores que los que se proponía combatir. Entre ellos la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado trasiego. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera.

Como si lo anterior no es suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la prohibición, así como el desarrollo de sindicatos o carteles criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Manjón-Cabeza 2012; Villa, Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que el Estado ejerza un “poder legítimo” de controlar lo que cada persona, como ser libre, decide o no consumir. Después de todo, eso fue lo que el pueblo estadounidense avaló con su voto cuando cambió su constitución votando en favor de la enmienda XVIII conocida como la Ley Volstead (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unido en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo con el narcotráfico, no es producto del uso de una u otra sustancia, sino de la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivan. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol o las drogas eran “minúsculos” sí se comparan con los creados tras ilegalizar su consumo y su comercio (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013) .

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y la defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas.

Recientemente, participé de un conversatorio sobre este tema auspiciado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Allí me di cuenta que esos que defiende la política prohibicionista terminan siempre hablando de los daños físicos que provocan estas sustancias, los efectos que tienen las mismas en los humanos o del impacto moral que algunos vinculan con su uso. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de la política prohibicionista, sus abanderados terminan usando argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización, política que claramente no facilita el manejo salubrista de los problemas que ellos mismos detallan como resultado del uso de las sustancias. Es decir, insisten en defender la ilegalización a pesar de que está claro que la misma no fue, ni es efectiva controlando o evitando el uso de las sustancias prohibidas.

La realidad es que lo que debe estar en discusión, tras cien años de políticas prohibicionistas es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar o usar una sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma. Así las cosas, se revela entonces como peligroso el intento de los que quieren desviar la atención en torno a los problemas causados por la prohibición, discutiendo los posibles peligros del uso o abuso de las llamadas drogas.

Al fin y al cabo, esa es una discusión para los salubrista y no para la criminología o para la policía.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food”? Después de todo las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

Para buen entendedor, con pocas palabras bastan.

Las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio, todas productos de Dios o la naturaleza, fueran ilegalizadas en la primera parte del siglo XX fueron religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza).

Nuevamente mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimientos en Estados Unidos de los movimientos de revivamiento cristiano conservador. Estos se desarrollaron como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como país independiente a Estados Unidos. Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos como país cristiano, reflejaran e impusieran un estilo de vida virtuoso, de temperancia y fuerte control frente los placeres de la vida. De hay surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX logra la prohibición del alcohol y mas tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista logró el respaldo de los poderosos en Estados Unidos pues resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como el ideal y representante de la naciente civilización americana (Villa, Gutiérrez, 2013). De esta manera, la prohibición de las drogas surgió como una excelente forma de legitimar el control y la represión de las minorías mediante la criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Esta visiones de intolerancia religiosa y de racismo, disparó un proceso que terminó demonizando y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. A ese proceso se le conoce como “pánico moral” y en este caso fue producto del miedo racial y cultural generado en torno a las drogas . Aprovechándose del mencionado pánico, algunos intereses económicos vieron la oportunidad de destruir sus competencias y adelantar sus ganancias, por lo que se montaron en el discurso prohibicionista y lo apoyaron con recursos económicos (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar como, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. La lógica era que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararían y se dividirían el lucrativo mercado del los textiles que por siglos dominaron los productores de cáñamo. De esta manera, ambas industrias aportaron recursos a los movimientos prohibicionistas para empujar la ilegalización de la marihuana. No por los supuestos peligro relacionados a la planta, sino por la ganancia que les generaría. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediado de la década del 1930 hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró del Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos de crimen organizados que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidores y perseguidos, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol. Así ambos grupos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia y sus ganancias económicas (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Además de los factores ya detallados, hay quienes ven otra dimensión y entienden que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas y el Movimiento de Temperancia que la impulsó se pueden analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada citadina, cosmopolita y libertina.

El punto es que el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola” que se veía a si mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas y que perdía influencias en las esferas económica del país frente al surgimiento de una nueva clase poderosa producto de la industria y que era vista como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de las drogas fue solo un arma para que el viejo poder agrícola pudiera mantener cierto grado de prestigio social construyéndose como defensor de la virtud y las buenas costumbres. Es decir, un intento de mantener un prestigio social que sucumbía por la perdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen: la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. En realidad estas leyes se aprobaron como parte luchas por el poder social, político y económico en una nación mutando. Por tanto no es de extrañar que a pesar de que la historia demuestra que estas leyes nunca fueron exitosas en controlar el uso y disfrute de las sustancias que prohibieron, todavía hay quienes que buscando mantener sus influencias, utilizan esta prohibición como herramienta para mantener el prestigio de virtud piadosa, o como excusa para legitimar el control de las poblaciones. Por eso insisten en mantener vigente las mismas.

El ejemplo de como estas leyes se utilizan para controlo las minorías está dramatizada por las población carcelaria de Estados Unidos. Durante las pasadas cuatro décadas, la data oficial demuestra que los delitos relacionados al narcotráfico son los de mas crecimiento en ese País, aun cuando estas violaciones son las que más encarcelamiento producen. Cosa que no solo da al traste con la teoría de que la cárcel y el castigo reduce el crimen sino que deja claro que la prohibición es una alternativa inefectiva para manejar las drogas. Por otro lado y partiendo de lo dicho sobre el uso de las leyes de drogas como herramientas para el control social, se debe recordar que en Estados Unidos, los indices de ventas y usos de drogas entre los afroamericanos y los blancos son muy similares. No obstante, los afroamericanos son acusados y condenados a prisión por estos delitos en mucha mayor proporción que los blancos. Peor aún, los delitos relacionados al uso de las sustancias preferidas por los blancos -cocaína- conllevan sentencias hasta siete veces menores a las impuestas por el uso de las drogas más usadas por los afroamericanos -crack-. (Davis 2005; Manjó-Cabeza, 2012) . Es interesante hacer un paréntesis y preguntar si esa misma relación se da en la forma en que el sistema trata a “los blanquitos” y “los de caserío” en Puerto Rico. Por supuesto no hay que estudiar mucho para saber cual de estos dos grupos esta más representado en allá en Complejo Correccional de Las Cucharas en Ponce.

Mirando el asunto desde otra perspectiva, ademas de que busca reafirmar las virtudes de la vida piadosa y de ser un instrumento para el manejo y control de las poblaciones excedentes, la prohibición de las drogas también parece ser exitosa creando un espacio para el desarrollo económico de aquellos que son condenados por herencia a la exclusión social. Para quién tiene destrezas empresariales o quién encarnas los valores de competencia que hacen a un buen capitalista, pero es el hijo de pobres, muchas veces el narcotráfico parece ser el único negocio viable para salir de la pobreza o para sobrevivir económicamente. ¿A cuantos hijos del residencial los bancos le prestaran cincuenta mil dólares para que monte un negocio? ¿Cuanto hijos del caserío pueden cumplir con los requisitos para aspirar a las ayudas del Banco Gubernamental de Fomento?

En una sociedad “bulímica” como la nuestra, donde la sociedad le impone a todos los sectores por igual las falsas y creadas necesidades de consumo como forma de validarse, mientras excluye a la inmensa mayoría de los procesos legítimos de producir el capital que puede pagar ese consumo (Yock Joung, 2003), es fácil pensar que el narcotráfico puede constituir en una forma, ilegal y peligrosa pero efectiva, de integración económica y hasta social. Así, en muchos casos el narcotráfico puede verse como un discurso contestario ante una sociedad neoliberal que condena a muchos a una especie de servidumbre posmoderna caracterizada por los empleos chatarras (Villa, Gutiérrez 2013).

En fin y para terminar, estas leyes se pueden ver como una intromisión ilegítima del Estado en las vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Partiendo de lo anterior, no hay otra alternativa que estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas. En una sociedad libre y verdaderamente democrática no solo se deben eliminar las prohibiciones de conductas sin víctimas, como lo es fumar marihuana, debieran eliminarse toda ley que limite el derecho de los ciudadanos y ciudadanas adultas para actuar libremente mientras no se le haga daños a otros.

Por otro lado, si se mira la experiencia en otras partes del mundo, queda claro que la legalización o tolerancia de la marihuana, o de cualquier otra sustancia para todos efectos, terminan bajando la violencia callejera y criminal, así como reduciendo otros males colaterales como son las enfermedades contagiosas, el deterioro de los espacios públicos, etc.

No obstante, también se tiene que estar claro que la derogación de estás leyes antidrogas no es una solución mágica, por lo que no se puede esperar que termine con la violencia social y el crimen que azota la Isla. Si no se cambia el “bulímico” ordenamiento socio económico que en Puerto Rico condenan a grandes sectores de la población a soñar desde la exclusión y pobreza del sur global con las riquezas que desde el norte nos imponen la cultura de consumo del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristianos; la violencia social y el crimen seguirán surgiendo como discurso contestario en busca de inclusión y de poder económico.

Porque la fin y al cabo el principal problema del país no es la violencia, la criminalidad o las drogas, su uso o su trasiego. Ni siquiera el problema real de la isla es la prohibición de estas sustancias como pudiera dar la impresión el discurso abolicionista. El verdadero problema en Puerto Rico es la exclusión y la pobreza a la que se condena a la mayoría de nuestros hermanos y hermanas.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.
Davis, A. (2005) Abolition Democracy: beyond empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press
Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.
Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.
Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.
Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.
Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell
Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.
Joung, Y (2003) La Sociedad Excluyente: Exclusión, delito, y difernecias en la modernidad tardía. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
Kennedy, D. (2011) Don’t Shoot: One Man, A Street Fellowship, and the End of Violence in Inner-City America. New York, Bloomsbury USA
Manjó-Cabeza A.(2012) La Solución. Barcelona, Debate.
Musto, D. (1999) The American Disease: Origens of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.
Villa-Rodríguez, J.A.; Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.
 

Sobre narcotráfico ante la asociación de Psicología de Puerto Rico


Por Gary Gutiérrez

Presentado ante la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

Lejos de pretender venir a bailar a la casa del trompo, no me presento ante ustedes para hablar de lo malas que son las drogas o los peligros que puede representar el uso de las mismas. Ni siquiera vengo a venderles mis ideas sobre como, en una sociedad democrática compuesta por hombres y mujeres libres, el uso y disfrute de cualquier cosa que no haga daño a otros, debe ser una decisión individual.

Prefiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una historia que dramatiza el costo real de la absurda ilegalización de las drogas que, como excusa para justificar la intervención militar e ideológica global, Estados Unidos impone a la humanidad (Manjón-Cabeza, 2012). Una ilegización que crea las condiciones materiales para que aquellos social y económicamente excluidos encuentren la manera de lograr las metas materiales impuestas por el sistema (Gutiérrez 2012)

Hace unas semanas, mientras me ocupaba de la tediosa tarea de corregir y cuadrar notas, mi mente insistía en pensar cuál sería el contenido de una presentación que junto a José Raúl Cepeda y la maestra Vivien Mattei se supone presentara ante la Latina & Latino Critical Legal, Theory Inc. reunida en Puerto Rico.

En mi cabeza, no solo daba vueltas mi hipótesis sobre la violencia y el narcotráfico como discurso contestario inconsciente por parte de los sectores excluidos del sistema capitalista neoliberal. Igualmente interrumpía mi concentración en los exámenes lo que gente como Young, Wacqant, Ferrell, Simon, Chomsky, West, Klein, Rivera Lugo, Dora Nevares, Villa, y otros plantean sobre el asunto.

De pronto en medio de aquel torbellino de ideas y de mi lucha por concentrarme, tome uno de los ensayos que se supone corrigiera y al comenzar a leer me di cuenta de quién debía ser mi fuente primaría para aquella presentación. Su nombre Emmanuel, y es un estudiante subgraduado de Trabajo Social en la Caribbean University de Ponce, que como no encontró una electiva en su concentración y sin saber donde se metía se matriculó en mi clase de Delincuencia Juvenil para complementar su matrícula.

Tras leer el trabajo del joven, decidí que eran las ideas de este y no las mías o la de los gigantes antes mencionados, las que debía compartir en el mencionado foro. Así que a manera de tributo académico al “copy & paste”, me atreví leer ante aquel foro una versión, editada por cuestión de tiempo y corrección, de la introducción al ensayo con el que aquel joven contestó la pregunta: ¿Cómo usted ve al menor delincuente en Puerto Rico?,

Emmanuel comenzó diciendo: “Aun recuerdo cuando tenía 17 años y anhelaba cumplir los 18 para trabajar e irme de mi casa. El pensamiento de irme de mi casa era provocado por la rebeldía de esta etapa. Tenía claro que quería trabajar para costearme mis necesidades materiales y no depender de mi madre.

Cuando cumplí la edad comencé a buscar trabajo, aquí allá por todas partes. Recuerdo que llevé resumé hasta los pueblos limítrofes como Juana Díaz desesperado por conseguir ese trabajo. Durante tres años continué en las mismas, llevando resumé a todas las semanas a diferentes establecimientos, tiendas, restaurantes de comida rápida, supermercados, entre otros. Durante esos tres años en que no me llamaron de ningún trabajo, creció en mi la rebeldía, los pensamientos negativos y la frustración que no es otra cosa que ese sentimiento provocado por la incapacidad de no poder realizar algo porque algún factor externo que lo impide.

Aprendí a recortar y de esa manera me buscaba el peso recortando en mi casa a los muchachos del barrio. Cuando llegaba la temporada de quenepas, vaciaba el árbol de mi casa y las vendía en algún punto estratégico del casco urbano de Ponce. Obviamente esas chiripas no me daban para lo que yo quería que era comprarme un carrito, la ropa de moda, los tenis del momento, etc.

Pero cerca de la comunidad donde me crié hay un barrio con alta incidencia criminal conocido como La Cantera. Allí los jóvenes varones tenían otra forma de buscarse el peso: vendiendo drogas. Crecí viendo como los muchachos del barrio que bregaban en el punto tenían los carritos mas bonitos, los ‘bling bling, los tenis más caros y las nenas más lindas.

Luego de tres años, finalmente me llamaron y me preguntaron si todavía me interesaba un trabajo solicitado meses atrás. Contesté que si y lo primero que me dijo el individuo fue: “mañana tienes entrevista en las oficinas generales en el pueblo de Carolina”. Como tenía los recursos pude llegar y me dieron el empleo. Luego me requirieron documentos como, carta de buena conducta, prueba de dopaje, certificado médico entre los que recuerdo. Yo tuve los recursos para obtener todo lo que el empleo requería.

Aunque me vi tentado, en mi hogar tuve el ejemplo, la enseñanza y la educación que junto a mi determinación y fuerza de voluntad evitaron que me involucrara en el narcotráfico. Ahora, yo tuve los recursos y un hogar ejemplar para no caer en ese negocio, pero y los que no corren la misma suerte que yo.

Muchos recurren a la venta de drogas, a velar el punto o hacer “mandaos”. De la boca de ellos se escucha que en ningún lado le dan trabajo y que la única opción es vender droga. A esta situación hay que sumarle el discrimen si tienes tatuajes o pircings. Incluso conozco algunos que viven en un residencial público y en sus resumé anotan una dirección diferente, usan la de algún familiar o amigo. Recuerdo cuando el profesor dijo que la cultura dominante va a criminalizar a la subculturas porque desconfía de ellas.”

Si se leen con atención el ensayo de Emmanuel, el mismo surge como un pliego acusatorio contra el sistema neoliberal que se viene desarrollando en la isla por las pasadas décadas, pero que vió su máxima expresión durante el cuatrienio pasado (Gutiérrez 2012). Es ese neoliberalismo salvaje, el que utilizado sus aparatos ideológicos produce el orden social en que se desarrolla la historia de Emmanuel. Un orden que condena a miles de jóvenes a que desde la pobreza y el subdesarrollo del sur global aspiren a comprar los símbolos de éxitos impuesto desde el norte por la cultura del varón, blanco, propietario, alegadamente homosexual y cristiano (Gutiérrez 2012) . Es decir, un orden bulímico, como lo llama Jock Joung (2007), que incluye a todos por igual en el consumo de los símbolos materiales construidos como exitosos, mientras excluye a gran parte de la población de los medios legales y los empleos dignos para que pueda costearse ese consumo.

Como bien ilustra la historia de este estudiante, este proceso es uno que termina produciendo un ser humano frustrado o desvalorizado que puede ver en la violencia una forma de empoderarce ilusoriamente o en la ilegalidad, sobre todo la del ilegalizado narcotráfico, el único medio para integrarse al mundo de consumo capitalista que se le impone desde el poder (Presdee 2001)

Es de aquí que surge mi hipótesis que apunta a que la violencia social y la criminalidad que sufre el País es el resultado esperado del orden neoliberal excluyente que a mediado del siglo pasado desarrolló Milton Friedman y que luego se convertiría en dogma del sector más conservador de la política Estadounidense. Como en todos sitios donde se implementó este neoliberalismo, el resultado es que grandes sectores de la población no se sienten representado por el Estado (Klein 2008; Rivera Lugo 2004).

Ante la aparente ilegitimidad del Estado producto de la falta de representatividad y del hecho, real o aparaente, de que para muchos el sistema solo le ofrece la ilegalización como alternativa económica, en el caso de Puerto Rico se pudieran identificar tres respuestas a saber.

La mayoría no hará nada y comprando el discurso electoral esperará el espacio electoral para escoger entre dos partidos similares que, como explica el español Miguel Amorós (2012), representan los mismos intereses y que el sistema usa para dar la impresión de que es democrático. Esta mayoría son los que el sistema verá como los buenos ciudadanos, respetuosos de la ley y sobre todo “humildes”.

Por otro lado, los sectores más conscientes de la sociedad responden al excluyente proceso del que nos hablo Emmanuel, organizando estructuras políticas, comunales o económicas. De esta manera vimos como durante el cuatrienio pasado, las comunidades se organizaron para hacer frente a proyectos que las sacrificaban para crear espacios de ganancia económica a los sectores más ricos del País. Igualmente vimos a los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico, casi todos educados, de clase media y media alta, organizarse para defender sus espacios ante la posibilidad que los mismos se pusieran directamente al servicio del poder económico. Otro ejemplo de como estos sectores más conscientes canalizan las frustraciones que el sistema les produce, es el surgimiento de los nuevos partidos políticos que durante las pasadas elecciones trataron de romper el bipartidismo que castra el proceso electoral de la Isla (Rivera Lugo, 2004; Wacquant, 2009).

Sin embargo, no todos tiene los recursos para responder y exigir legalmente un espacio donde ganarse la vida dignamente. Es mi hipótesis que en Puerto Rico, enormes sectores marginados, como bien describe Emmanuel , se las tienen que buscar como pueden para sobrevivir y sentirse incluidos consumiendo. Es decir tiene que “bregar” en trabajos marginales o precarios como recortar en sus casas, mecanear en el patio, hacer uñas o trenzas, vender quenepas o piratear DVD. Labores que pueden rayar en la ilegalidad al no cumplir con los reglamentos y permisos impuestos por el Estado (Barrero, 2008; Presdee, 2001; Rivera Lugo, 2004; Wackant 2009).

Otros, sobre todo aquellos que encarnan las características que en el capitalismo llevan al éxito, pero que por su condición de excluidos se les dificulta el desarrollo de empresas legales, terminan por integrarse a esa ilegalizada empresa capitalista que es el narcotráfico. De esta manera los puntos de drogas están administrados por jóvenes que, con una educación promedio de noveno grado, manejan inventarios millonarios, procesos de distribución, nóminas, relaciones publicas, solución de disputas, etc. Todo lo anterior complicado por la ilegalidad y lo que esa ilegalidad significa (Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. 2008) .

Es en este sentido que yo entiendo que el narcotráfico producido y fomentado por las draconianas leyes anti drogas, la violencia y la criminalidad que experimentamos en Puerto Rico, lejos de ser un problema, en muchas de nuestras comunidades se construye como la solución al problema de marginación y exclusión económica. Es decir, para muchos el mercado negro producto de la absurda ilegalización no es un problema, es una solución a su problema, el económico.

Por tanto, y repito es mi hipótesis, la inserción al narcotráfico y la criminalidad pueden ser vistos como un discurso contestatario de aquellos que sin tener la consciencia política responden “bregando” como pueden ante la sociedad que los excluye. El narcotraficante y la ilegalidad puede verse como la respuesta de aquellos quienes se niegan a ocupar humildemente los espacios de pobreza que el sistema les asigna. Así estos sectores, probablemente de manera inconscientemente, le hacen frente a un sistema que como describió Emmanuel, les condena a ser un pobre humilde que espera estoicamente por años un trabajo precario que no debiera llamarse empleo y que les condena a un estatus social de subciudadano o subciudadana.

Si se toma esta hipótesis como correcta, se puede inferir entonces que cualquier iniciativa para manejar el llamado problema de la droga, será solo un parcho y no una alternativa a la violencia que hoy cobra unas mil vidas cada año en nuestro País, a menos que que no incluya la legalización de esas sustancias. No obstante esa legalización no será tampoco solución sin una verdadera reorganización social, una mejor distribución de los recursos económicos y la integración de todos y todas a procesos políticos y económicos verdaderamente democráticos.

Porque el problema, ni son las drogas, ni es el narcotráfico. El problema es la pobreza y la marginación.

Referencias:

Amorós, J. (2012) Salida de Emergencia. Logroño: Pepitas de Calabaza Ed..

Barrero, E.C. (2008) De Macondo a mancuso: conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia. Bogotá Ediciones Catreda Libre y Fundación América Nuestra.

Ferrell, J., Hayward, K & Young, J. (2008) Cultural Criminology: an invitation. London: Sage.

Gutiérrez, G. (2013) “Del Coloniage a la Sociedad de Ley y Orden: violencia sistéica en Puerto Rico”en Sonia M. Serrano Rivera, Registros Criminológicos Contemporánios. (pp. 51 – 81) San Juan: Situm.

Klein, N. (2008) The Shock Doctrine, New York City: Picador.

Manjón-Cabeza, A. (2012) La Solución. Barcelona: Debate.

Pesdee, M. (2001) Cultural Criminology and the Caranval of Crime. New York City: Routledge.

Rivera Lugo, C. (2004) “Ni Una Vida Más para la Toga” en La Rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas(pp. 137-154). San Juan, Ediciones Callejón.

Young, J. (2007) The Vertigo of Late Modernity. London: Sage.

Wackant, L. (2009) Prison of Poverty. Boston: Beacon.

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