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El Blog de Gary Gutiérrez

Observador social, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, comantenedor del programa @tempranopr de http://www.pab550.com, y barbicuero de patio

Categoría

Criminología

Sobre violencia, prohibiciones, desviación y criminalidad.

Citado por Noticel en: «El Manco» puede dejar cojo y mudo al Caso Lorenzo


«El Manco» puede dejar cojo y mudo al Caso Lorenzo

María de los Milagros Colón para NotiCel
08/03/2016 06:21 am

Largos periodos de paralización, y la posibilidad de que nunca desfile la evidencia completa en sala, es en lo que puede quedar el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho, tras la decisión del Departamento de Justicia de acusar por la muerte del niño a un hombre que ya ha sido declarado improcesable por enfermedad mental en un caso previo.

Noticel
Noticel.com

En casos donde un acusado es declarado no procesable por insanidad mental “lo mandan a examen, a tratamiento” por un término para que el acusado regrese y el juez determine si es imputable, explicó a NotiCel el licenciado Pedro Malavé Vega.

Y este puede ser el escenario que le toque a Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como “El Manco”, si se prosigue con el proceso que comienza hoy, martes, cuando el Departamento de Justicia le presente cargos por el asesinato del niño González Cacho.

El año pasado Rivera Seijo fue declarado no procesable en otro caso de asesinato contra un deambulante pues fue diagnosticado con esquizofrenia.

Si esto se repite, el caso de Lorenzo podría quedar paralizado hasta que un perito demuestre que el acusado tiene la capacidad de entender el proceso judicial y colaborar con su abogado, dijo por su parte el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet Maldonado.

Aún si se determina que el acusado tiene capacidad para entender el proceso y colaborar con su abogado, al final del juicio podría pasar como el caso del deambulante, que Rivera Seijo fue declarado inimputable por sanidad mental. También, si el acusado entra en un acuerdo con fiscalía, la prueba del caso quedaría sin desfilar.

Para el criminólogo Gary Gutiérrez, acusar a una persona que ya ha sido declarada no procesable representa una falta de seriedad de parte de Justicia.

“Si se acusa a una persona bajo una circunstancia como esa, ¿cuál es la razón de mover todo el aparato judicial? ¿Cuán serio puede ser un sistema que hace eso? Sobre todo cuando es un caso que lleva seis años. ¿Cuál es el apuro que no sea ganarse los titulares?”, cuestionó.

Había trascendido que Rivera Seijo admitió haber asesinado al niño pero después se retractó. En el controversial caso, la madre del menor, Ana Cacho, perfiló como sospechosa durante la primera fase de la investigación a cargo del entonces jefe de los fiscales Obdulio Meléndez.

“Así puede seguir per secula, pero con hacer la acusación Justicia se lo saca de encima”, sostuvo Malavé. “Este es un sistema que realmente garantiza que no se puede enjuiciar a una persona incapaz mental, porque lo establece el procedimiento criminal. Se va pasando la responsabilidad en el último a cargo, que es el juez”, agregó.

El secretario de Justicia, César Miranda, oficializó el lunes que radicaría cargos contra el hombre de 37 años.

 

Simulación y reforma policiaca en el Puerto Rico del siglo XXI


Por Gary Gutiérrez

Presentado el 29 de enero de 2016 ante estudiantes de internado en el Recinto de Ponce Universidad Interamericana de Puerto Rico

La llegada del 2016 marca en el calendario una fecha de múltiples problemas para Puerto Rico, territorio colonial de mayor extensión y población bajo la bandera del imperio estadounidense.

Tanto la crisis económica producto de sobre cien años de políticas en servicio al imperio, como el desastre educativo productor, tanto a nivel escolar como universitario, de un burocratizado sistema cuyas políticas pedagógicas son pautadas por los requisitos para cualificar para fondos federales y no por las necesidades sociales; son solo dos ejemplos del colapso y la ingobernabilidad que vive el y la puertorriqueña promedio en la segunda década del siglo XXI.

Digo ingobernabilidad pues a pesar de que simulamos ser una sociedad organizada, y de que parecemos un colectivo funcional en comparación con otras regiones del mundo; la realidad aparente es que la mayoría de los habitantes de este pequeño archipiélago en el Caribe no podemos alcanzar el nivel de vida que nos prometieron como resultado normal de aquella falsa economía subvencionada a mediado del Siglo XX por Estados Unidos.

Nuestro actual orden social es en realidad un espejismo de progreso que creó a mediados del siglo XX Estados Unidos con la intención de venderse como una potencia caritativa, bondadosa y distribuidora de bienandanzas y democracia frente a los avances en las Américas de las simpatías y el apoyo al comunismo autoritario que impuso en la desaparecida Unión Soviética y en sus países satélites que eufemísticamente llamaban “socialismo”.

Es en medio de todo ese proceso económico, social y políticamente imperial que se desarrolla desde la mentalidad del colonizado que nos ilustraron Fanon (2005) y Memmi (2005), un aparato represivo estatal, ese que usted conoce como “sistema de justicia estatal”, que no es otra cosa que la herramienta para que fuéramos los propios puertorriqueños los que veláramos por los intereses económico, políticos e ideológicos del imperio. Esto no debe sorprender a nadie, pues es el mismo rol de vigilancia a las minorías y a los pobres que ocupan esas agencias en los propios Estados Unidos (Alexander 2010) (Balko 2013) (William, 2015).

Tomando lo anterior como punto de partida, parecería lógico entonces que para adentrarse en el análisis de la mal llamada Reforma de la Policía en Puerto Rico respondamos primero al llamado que nos hace John Muncie en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología burguesa, supuesta ciencia desarrollada durante la modernidad y que se limita a estudiar lo criminal desde los desviados o criminales, así como desde las alternativas para controlar el comportamiento de estos.

Es así que les invito a que se adentren al tema de la supuesta reforma de la policía desde esa nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudia críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues como ya se dijo fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual puesta en entredicho Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).

En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).

Para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos. En realidad, desde el comienzo de estás agencias, estas acciones son la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y la función de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la policía funcione diferente (Malavet, 2014).

Según el trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para la paz y la prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden”, según definidos estos conceptos por el sistema político colonial estadounidense. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define los cuerpos policiacos, desde su principio, como instituciones represivas subordinados directa o indirectamente al servicio y a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).

Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas, por no usar el término gangas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos”. Estos escuadrones con licencia de corso recorrían los estados durante la primera parte del siclo XIX, cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y ejecutaban o deportaban a las haciendas que les pagaban por cabeza reclamada (Alexander, 2010) (William, 2015). De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsteres que fungían de guardias, jueces y verdugos campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013).  Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015). En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron también compañías como la todavía existente «Pinkerton Detective Agency” notorios por abrir fuego y asesinar obreros durante una protesta organizada como respuesta a los abusos de magnates capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones sumada a la forma en que los policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).

Acortado el largo cuento, más tarde para hacer frente a los nuevos retos ante la imposición de la prohibición del alcohol y sus resultados no intencionados, se difunde en Estados Unidos la necesidad, tanto a nivel local como federal,   de una fuerza represiva profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Balko, 2013) (Manjón-Cabeza, 2012).

Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que en Puerto Rico se crean, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos represivos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de los agentes del Estado de aquellos que no acepten su rol como engranaje desechable en la máquina de producción capitalista (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009).

Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como cínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente cínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como cruzados regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena y los arma y los tiene allí.

Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.

Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar.

Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que nosotros, todos y todas, el pueblo aceptamos el rol represivo y normalizador que ejerce la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitan cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.

A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social. En esa sociedad, tal vez idealizada y fantasiosa, no hay cabida para policías de ley y orden, solo para agentes de paz social.

 

 

 

Referencias

 

Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.

Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.

Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.

Fanon F. (2005). The Wretched of the Earth. New York City, Grove Press; Reprint edition

Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.

Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.

Memmi A. (2005) Retrato del colonizado. ,Argentina, De La Flor; edición reimpresa

Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.

Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.

William, K. (2015). Our Enemy in Blue: Police and Power in America. New York: Ak Press.

 

 

 

Simulación y reforma policiaca en el Puerto Rico del siglo XXI


Presentado por Gary Gutiérrez el 29 de enero de 2016 ante estudiantes de internado en el Recinto de Ponce Universidad Interamericana de Puerto Rico

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La llegada del 2016 marca en el calendario una fecha de múltiples problemas para Puerto Rico, territorio colonial de mayor extensión y población bajo la bandera del imperio estadounidense.

Tanto la crisis económica producto de sobre cien años de políticas en servicio al imperio, como el desastre educativo productor, tanto a nivel escolar como universitario, de un burocratizado sistema cuyas políticas pedagógicas son pautadas por los requisitos para cualificar para fondos federales y no por las necesidades sociales; son solo dos ejemplos del colapso y la ingobernabilidad que vive el y la puertorriqueña promedio en la segunda década del siglo XXI.

Digo ingobernabilidad pues a pesar de que simulamos ser una sociedad organizada, y de que parecemos un colectivo funcional en comparación con otras regiones del mundo; la realidad aparente es que la mayoría de los habitantes de este pequeño archipiélago en el Caribe no podemos alcanzar el nivel de vida que nos prometieron como resultado normal de aquella falsa economía subvencionada a mediado del Siglo XX por Estados Unidos.

Nuestro actual orden social es en realidad un espejismo de progreso que creó a mediados del siglo XX Estados Unidos con la intención de venderse como una potencia caritativa, bondadosa y distribuidora de bienandanzas y democracia frente a los avances en las Américas de las simpatías y el apoyo al comunismo autoritario que impuso en la desaparecida Unión Soviética y en sus países satélites que eufemísticamente llamaban “socialismo”.

Es en medio de todo ese proceso económico, social y políticamente imperial que se desarrolla desde la mentalidad del colonizado que nos ilustraron Fanon (2005) y Memmi (2005), un aparato represivo estatal, ese que usted conoce como “sistema de justicia estatal”, que no es otra cosa que la herramienta para que fuéramos los propios puertorriqueños los que veláramos por los intereses económico, políticos e ideológicos del imperio. Esto no debe sorprender a nadie, pues es el mismo espacio de vigilancia a las minorías y a los pobres que ocupan esas agencias en los propios Estados Unidos (Alexander 2010) (Balko 2013) (William, 2015).

Tomando lo anterior como punto de partida, parecería lógico entonces que para adentrarse en el análisis de la mal llamada Reforma de la Policía en Puerto Rico respondamos primero al llamado que nos hace John Muncie en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología burguesa, supuesta ciencia desarrollada durante la modernidad y que se limita a estudiar lo criminal desde los desviados o criminales, así como desde las alternativas para controlar el comportamiento de estos.

Es así que les invito a que se adentren al tema de la supuesta reforma de la policía desde esa nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudia críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues como ya se dijo fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual puesta en entredicho Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).

En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).

Es decir para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos. En realidad, desde el comienzo de estás agencias, estas acciones son la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y la función de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la policía funcione diferente (Malavet, 2014).

Según el trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para la paz y la prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden”, según definidos estos conceptos por el sistema político colonial estadounidense. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define los cuerpos policiacos, desde su principio, como instituciones represivas subordinados directa o indirectamente al servicio y a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).

Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas, por no usar el término gangas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos”. Estos escuadrones con licencia de corso recorrían los estados durante la primera parte del siclo XIX, cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y ejecutaban o deportaban a las haciendas que les pagaban por cabeza reclamada (Alexander, 2010) (William, 2015). De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsteres que fungían de guardias, jueces y verdugos campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013). Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015). En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron también compañías como la todavía existente «Pinkerton Detective Agency” notorios por abrir fuego y asesinar obreros durante una protesta organizada como respuesta a los abusos de magnates capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones sumada a la forma en que los policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).

Acortado el largo cuento, más tarde para hacer frente a los nuevos retos ante la imposición de la prohibición del alcohol y sus resultados no intencionados, se difunde en Estados Unidos la necesidad, tanto a nivel local como federal, de una fuerza represiva profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Balko, 2013) (Manjón-Cabeza, 2012).

Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que en Puerto Rico se crean, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos represivos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que a los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de los agentes del Estado de aquellos que no acepten su rol como engranaje desechable en la máquina de producción capitalista (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009).

Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como cínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente cínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como cruzados regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena, los arma, y los tiene allí.

Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.

Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar.

Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que nosotros, todos y todas, el pueblo aceptamos el rol represivo y normalizador que ejerce la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitan cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.

A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social. En esa sociedad, tal vez idealizada y fantasiosa, no hay cabida para policías de ley y orden, solo para agentes de paz social.

 

 

 

Referencias

 

Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.

Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.

Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.

Fanon F. (2005). The Wretched of the Earth. New York City, Grove Press; Reprint edition

Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.

Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.

Memmi A. (2005) Retrato del colonizado. ,Argentina, De La Flor; edición reimpresa

Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.

Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.

William, K. (2015). Our Enemy in Blue: Police and Power in America. New York: Ak Press.

 

 

 

Hipócrita el doble discurso con la marihuana


weed-leaf-canstock6309696Por Gary Gutiérrez

Poco me duró la alegría.

El domingo 24 de enero de 2016, me entero por twitter que el administrador colonial, Alejandro García Padilla, había indultado a Jeremy Ruiz Tomassini quien cumplía una condena por posesión y consumo de marihuana en una zona escolar.

Sin embargo, la alegría del anuncio fue opacada unos minutos más tardes, cuando los medios tradicionales explicaron en sus páginas electrónicas que el indulto incluía unas nueves restricciones o condiciones.

Como parte de las nueve condiciones, Ruiz Tomassini no debe cometer otros delitos, deberá someterse a pruebas toxicológicas supervisadas por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), deberá completar la escuela superior, no podrá relacionarse con personas vinculadas al mundo de las sustancias controladas. De igual manera deberá someterse a supervisión médica y al tratamiento aprobado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Como si lo anterior no fuera suficiente, el indultado deberá permanecer en su casa de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., a menos que no tenga autorización de la JLBP. De igual forma deberá cumplir con citas periódicas a la mencionada Junta. Todo lo anterior unido a que Ruiz Tomassini estará obligado a donar dinero al Fondo de Becas para Hijos de Policías Caídos en el Cumplimiento del Deber.

Lo único que no le exigen es que cuando esté en público use un cartel que diga: “soy mafutero, no se acerque”

El arresto y eventual convicción de Ruiz Tomassini se produjo cuando los agentes del Estado intervinieron con él mientras –admitido por el acusado- consumió y compartió con unos amigos un cigarrillo de marihuana en las cercanías de un área educativa.

La pocesión y uso de marihuana bajo las dracónicas leyes de Estados Unidos y Puerto Rico se consideran delito grave, sobre todo en las cercanías de una zona escolar, ya que la marihuana y sus derivados son vistos como sustancias peligrosas, sin valor médico y cuya distribución se considera narcotráfico.

He aquí donde radica la hipocresía y probablemente la busconearía política del actual regente de la Isla.

Mientras la administración de García Padilla sigue persiguiendo el consumo callejero de marihuana, y mientra insistes en tratar a los marihuaneros como criminales aun después de indultarles, su administración emite una orden que permite la privatización de la planta para que las corporaciones privadas puedan experimentar y comercializar la misma.

No sea hipócrita y deje de hablar por dos bocas Señor Administrador Colonial. Claramente el indulto a Jeremy Ruiz Tomassini es un intento para ganar simpatías entre los sectores liberales que cuestiona su política corporativa sobre la marihuana.

Pero igualmente claro también está que al imponer tan ridículas condiciones ante la poca severidad de la falta y al tratar usted a este joven como un peligroso criminal que atenta contra la fibra moral de la juventud, usted intenta mantener el endoso de los sectores conservadores que tienen terror ante la posibilidad de que se liberen las leyes antidrogas.

No, esto no es palo si boga y palo si no boga. Lo que pasa es que según su política pública, la marihuana que estaba fumando Jeremy es un narcótico de nivel uno -es decir que no tiene ningún valor médico-, pero si esa misma hierba la crecen en la universidad para beneficio de la industria farmacéutica, mágicamente la misma se convierte en una sustancia de nivel dos que sí tienes propiedades curativas.

Pido excusa por el tono de este escrito, pero es que no puedo menos que indignarme ante la simulación de sus posturas.

Hasta cuándo vamos a seguir pagando como pueblo el tributo de sangre y libertad impuesto por las clasistas, racistas y sobre todo fracasadas leyes antidrogas. Hasta cuándo vamos a seguir tratando como criminales a los adultos, que en claro ejercicio de sus libertades decidan consumir las sustancias que ellos quieran. Hasta cuándo vamos a permitir que los sectores religiosos y conservadores utilicen el Estado para seguir imponiendo a los demás sus códigos morales de la edad media.

Y sobre todo, hasta cuándo usted seguirá metiendo a la cárcel a nuestros hijos por utilizar la misma sustancia que usted permite que las compañías privadas monopolicen.

Señor Administrador Colonial, por favor déjese de hipocresías, es hora de legalizar sin entrelineas…

 

 

stic02
http://descriminalizacion.org/

Reacción a la reacción ante la criminalidad


Por Gary Gutiérrez

«Las noticias relacionadas a la situación económica del país no son muy halagadoras. Mientras los políticos buscan ganar elecciones nuestra realidad como pueblo nos lleva rumbo al abismo. La crisis social que ya está en nuestra puerta amenaza con trastocar todo el orden social y económico de nuestro país

Con ese párrafo, y bajo el título «¿El bajo mundo le habrá declarado la guerra al Estado?«, una agencia de seguridad privada distribuyó un comunicado de prensa donde llama a que «cada ciudadano se atempere al nuevo Puerto Rico».

El comunicado, que se produce en medio del virus mediático generado por el asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán, da por hecho el fracaso del Estado ante la supuesta «crisis social» que vive el país.  Claro «crisis social» es más que un eufemismo para no decir la respuesta de los sectores excluidos por la crisis económica que vive la Isla.

«El Estado no puede ni va a poder cumplir con las expectativas de seguridad que requiere el país. La falta de recursos humanos y económicos en el sector de seguridad pública es el mayor impedimento para que se puedan establecer procesos adecuados de prevención y reacción contra el crimen. La Policía está dando su mayor esfuerzo pero la realidad es que el personal no da abasto para poder cubrir todas las necesidades del país»

Según la diatriba, al partir del mencionado colapso gubernamental, los ciudadanos y las empresas comerciales deben buscar alternativas construyendo grupos de «seguridad preventiva» y «redes» que colaboren con las agencias gubernamentales -¿las mismas que no pueden cumplir con las expectativas de seguridad?

Más allá de su lenguaje  cortes y lógico, el comunicado me parece poco menos que aterrador.

Aun cuando la retórica de la comunicación se presenta como discurso crítico que busca resolver las problemáticas sociales, su entrelineas termina reafirmando el excluyente orden social productor de los problemas.

En realidad es una apología que presenta los problemas de violencia y criminalidad del país como fenómenos independientes productos de individuos indisciplinados quienes por razones patológicas o de herencia social, se niegan a cumplir con la ley y a respetar el orden. Claro, en ningún sitio el comunicado explica que el orden no es otra cosa que los designios de las élites plutocráticas que controlan la sociedad mediante las estructuras políticas y la ley.

De esta manera la violencia se presenta como la expresión de elementos del bajo mundo que le declararon «la guerra al Estado».

Ni pensar en que los desafueros que se ve en el país puedan ser vistos como una respuesta, correcta o no, de quiénes el sistema económico y el orden social condena a la marginación.  Además, acaso no fue el propio Estado quién desde su surgimiento libra una guerra contra quienes osen cuestionar su racionalidad.

Tal vez sea porque durante los pasados días estuve leyendo la historia de la Guerra Civil española, pero el lenguaje del mencionado comunicado que románticamente evoca conceptos de ley, orden social, estilos de vidas y seguridad, me recuerda la narrativa fascista que en esa Europa del 1930, no solo llevó a España al sangriento conflicto, también llevó a la humanidad al borde de la destrucción global.

Un discurso que como papagayos, tanto en aquella época como en la actualidad, repiten los que se creen clase media sin entender que es una narrativa que termina permitiendo a las oligarquías plutocráticas controlar al resto de la sociedad.

Así el documento demoniza al Estado por «fracasar» en su obligación de proteger a todos en la sociedad. Entendiendo por «todos» aquellos ciudadanos «disciplinados»  a los componentes de la clase media que son los que trabajan y pagan impuestos.

Ante la mencionada falla gubernamental, el comunicado llama a las comunidades a crear «grupos de seguridad preventiva y redes de enlaces con los gobiernos municipales».

«¿En serio?» como dicen los jóvenes.

Por mi mente pasan las legiones de camisas, azules, negras o brown que en aquella Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial correteaban por las calles imponiendo la ley y el orden.

De igual manera, el escrito insta a los individuos y negocios a recurrir a las policías privadas para protegerse de esos del  «bajo mundo» que atentan contra las buenas costumbres.

Lamentablemente el escrito que nos ocupa no es más que reflejo de cientos de miles de puertorriqueños que culpan a las clases más vulnerables por los problemas que el poderoso sector financiero le causa al país. Sector que como explica la teoría del «shock» utilizará tragedias como la muerte de una funcionaria pública para empujar sus agendas de control social y económico.

Por suerte, todavía quedan Juanes que claman en el desierto. Bueno en este caso Juanas.

En sendas columnas las amigas y maestras Wilda Rodríguez y Mari Mari Narvaéz surgen como voces de civismo y balance,  explicando que la crisis de violencia social que vivimos es mucho más compleja que la macharrana medición de fuerzas que nos vende el comunicado que da pie a este escrito.

Wilda desenmascarando los que se aprovechan del miedo para vendernos la desacreditada hipótesis que apunta a la pena de muerte como forma de controlar la violencia social y Mari apuntando a la violencia como producto de históricos procesos de explotación y recordando cómo estas crisis se puede vincular a la fracasada prohibición contra las drogas.

En fin que al leer el comunicado de la no mencionada agencia privada de seguridad y al escuchar los tambores de guerra que surgen desde Fortaleza y el Departamento de Justicia, me doy cuenta que  este es uno de esos momentos  cuando las reacciones son tan preocupantes y peligrosas como la misma criminalidad.

Ya el tiempo dirá…

 

No, no tiene que ver con la policía…


Por: Gary Gutiérrez

El trágico incidente en el que un oficial policiaco ultimó a tiros a tres de sus compañeros, incluyendo dos mujeres policías, silenció los gritos triunfalistas sobre la baja en la criminalidad por parte del gobierno de Puerto Rico.

Días antes de la tragedia, que se reportó en una oficina de la Comandancia de la Policía en Ponce, los reportes mediáticos sobre la baja en el número de asesinatos parecerían aguinaldos navideños para una administración que tiene poco que celebrar cuando de la vida diaria de los puertorriqueños se trata.

La celebración de estos datos, desvinculado de la realidad diaria que vive el país, no es de extrañar pues para los tecnócratas del estado tato la violencia y criminalidad, como el resto de las realidades sociales parece ser un asunto numérico y no de seres que sufren en lo concreto.

Hablo de esos que dicen que el actual administrador es mal entendido, pues la inmensa mayoría de “los indicadores” apunta a que el país está en la ruta correcta al fututo.

Viene a la mente las expresiones de Mark Twain; “mentiras, grandes mentiras y estadísticas”.

 

Policia 1

No obstante la realidad es que el número de asesinatos bajó durante los pasados doce meses en comparación con el año anterior, pero al igual que cuando estos números suben, no tiene nada que ver con las políticas y los inexistentes planes anticrimen.

Si leyó bien, inexistentes. Pues en realidad, durante ya casi cincuenta años, desde Nixon”, los llamados planes anticrimen no son otra cosas que más efectivos policiales, más tecnología, y más vigilancia sobre los pobres del país.

Pero volviendo al triunfalista anuncio sobre la baja en la criminalidad.

Primero, la merma en los asesinatos durante un periodo específico no es la merma en la criminalidad. Hay que romper con esa conclusión “espuria” que, como mantra, repiten los medios de comunicación.

La violencia se debe medir en casos por 100 mil habitantes. Ecuación que todavía pone a Puerto Rico en el doble de lo «normal» que es 7 X 100 mil.

Policia 2

Al mirar los delitos reportados frente a la población, y no en comparación con el pasado año se revela que la merma de un 15 por ciento en los indicadores de los delitos graves o tipo 1, es decir asesinatos, robos, escalamientos, etc., es muy comparable con el número de puertorriqueños y puertorriqueñas que abandonaron el País. Incluso se puede especular que si ese 15 por cien se compara solo con el número de jóvenes, edad en la que regularmente se delinque, no hay tal baja en los delitos.

Los gubernamentales cantos de sirena van más lejos vinculando la supuesta baja en los números de delitos al índice de esclarecimiento que según la uniformada aumento en casi 10 por ciento.

Sin embargo el argumento sucumbe ante el hecho de que dentro de las bajas en las muertes violentas, se reporta un aumento en las víctimas de violencia intrafamiliar, doméstica, y vecinal.

Como el incidente en la comandancia de la Policía sureña, estas muertes son delitos que regularmente “se resuelven” por sí mismo, pues él o la victimaria se entrega o se quita la vida. Es decir, son casos que requieren muy poca investigación.

Finalmente, la variación en el número de asesinatos reportados durante el 2015, se tienen que mirar en el contexto de que por los pasados 115 años la violencia en Puerto Rico apunta a procesos cíclicos con picadas en las incidencias luego de años pico como el 2011.

Lo funesto del triunfalista anuncio del gobierno, es que la administración colonial de turno, no admite su verdadera aportación a estas mermas, e insiste en vincular la misma al trillado discurso de mano dura y cero tolerancias.

La realidad es que la actual dirección gubernamental es sumamente efectiva en mantener, no importa la crisis, un discurso que suena inclusivo, conciliatorio y democrático.

Por tanto, si en el pasado se vinculó la creciente violencia social que vivió el país con la guerrerista arenga de tratar a los desviados “a patadas”, es lógico entender que un discurso que suene más conciliatorio e inclusivo debe incidir en el resultado opuesto.

Esta es la verdadera tragedia, que la administración colonial insista en vendernos el costoso y fracasado discurso de más policías, más equipo y más vigilancia como estrategia a la criminalidad, cuando su propia experiencia demuestra lo contrario.

Sí, el 2015 demuestra una baja en las incidencias reportadas, pero definitivamente no tiene nada que ver con planes anticrimen o con el número de efectivos.

Mire si no tiene que relación, que no solo hoy la isla cuenta con un 40 por ciento Policías menos que en el 2011 –año pico- , sino que durante este año el país experimentó un movimiento de brazos caídos entre muchos de esos efectivos.

…llegue usted a su conclusión.

 

 

 

 

Citado por Indice en: Receptivos a la reforma policial


Consideran académicas las audiencias
29 de octubre de 2015 05:00 am / Reinaldo Millán | reinaldo.millan@gfrmedia.com

Mientras integrantes de los comités de seguridad ciudadana se mostraron receptivos a las audiencias sobre la reforma policial en Ponce, estudiosos de la justicia criminal consideran que estas son académicas.

Gerardo Barbosa, integrante de un comité de seguridad, indicó que para ellos el proceso es positivo y pedagógico, ya que representa una oportunidad para mejorar la participación ciudadana.

“Me parece importante que estas vistas se hayan hecho en Ponce, ya que son parte de un proceso que debe mejorar su funcionamiento”, indicó Barbosa.

Por su parte, Luis Matos, del comité del sector Los Ausubos, comentó que “es un proceso que nos interesa a todos porque de ese modo se benefician las comunidades”.

Sin embargo, para el profesor de Justicia Criminal Gary Gutiérrez, las audiencias no son participativas ni democráticas, sino un formato que no va a producir ningún cambio.

“Me preocupa toda esta simulación que a un costo millonario llaman la reforma de la Policía. Los problemas de abuso de poder y violación de los derechos civiles por parte de la Policía de Puerto Rico no son un problemas de unos o dos manzanas podridas”, manifestó Gutiérrez para significar que los excesos son un problema estructural resultado lógico de un cuerpo paramilitar, cuya principal razón histórica para existir es el control de las poblaciones marginales en las calles.

De hecho, cuestionó que se haya nombrado al militar retirado Arnaldo Claudio como el monitor del proceso.

Gutiérrez no participó de las vistas por entender que esa gestión la debe realizar la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.

El juez Gustavo Gelpí presidió la histórica audiencia en Ponce como parte de los procesos para la Reforma Policial que inició hace tres años luego de denuncias sobre la violación de derechos civiles y humanos.

Gelpí indicó que por ser Ponce el municipio de mayor población fuera del área metropolitana decidió que fuera la segunda ciudad en llevar a cabo las vistas sobre la reforma.

El juez permitió que los procesos se llevaran en español en la sala de la Corte de Quiebras en Ponce. En las vistas, también dijo que los superintendentes deberían salir de la propia policía y recordó la politización del cuerpo tras el Cerro Maravilla.

Aunque no se trató de un juicio controvertible no se permitieron cámaras ni grabadoras a los periodistas. Solo un fotógrafo del municipio de Ponce tuvo acceso a la intervención de la alcaldesa de Ponce, María Meléndez, segunda ponente detrás del exgobernador Rafael Hernández Colón.

Hernández Colón, por su parte, comentó que la politización no debe seguir en la Policía

Presentado en el RUM: Reforma policíaca, es pretender que el tigre que no tenga rayas


Reforma policíaca, pretender que el tigre que no tenga rayas

Por Gary Gutiérrez

Antes que todo quiero agradecer la invitación a ocupar un espacio en esta mesa. Como reportero de provincia que he sido toda la vida, confieso que estar aquí sentado me intimida y que me sentiría más cómodo solo escuchando. No obstante, como no le podía decir que no a mi antiguo profesor de política, Aníbal Aponte me presento ante ustedes para compartir unas reflexiones sobre el supuesto proceso de “reforma” en que nos dicen se encuentra la Policía de Puerto Rico.

Como me ubicaron en este panel: “Disciplina sin Fronteras”, pienso que lo mejor es comenzar respondiendo al llamado de que John Muncie nos hace en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología, supuesta ciencia que se limita a estudiar a los desviados o criminales, así como las alternativas para controlar sus comportamientos.

Es así que decido invitarles a entrar al tema de la supuesta reforma de la policía desde una nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudie críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).

En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).

Es decir para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos, es desde el comienzo de estás agencias la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la función policiaca se diferente (Malavet, 2014).

Según los trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para le prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden” según definido por el nuevo sistema político colonial. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define las policías como cuerpos represivos al servicio y subordinados directa o indirectamente a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).

Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos” que recorrían los estados sureños cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y deportaban a las haciendas que les pagaban su sueldo (Alexander, 2010) (William, 2015).

De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsters que fungían de guardias, jueces y verdugos, campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013).

Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital, e imponiendo su versión de la “ley y el Orden”,  se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015).

En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron compañías como la Pinkerton Detective Agency’, quienes fallaron en garantizarle la vida al presidente Abraham Lincoln, pero quienes fueron muy afectivos abriendo fuego y asesinando a los obreros que se organizaron frente a los abusos de capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones juntos a la forma en que policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).

Acortado el largo cuento, más tarde con la prohibición del alcohol, se difunde en Estados Unidos, la necesidad de una fuerza represiva estatal profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Manjón-Cabeza, 2012).

Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que se crea, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos policiacos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”, en Puerto Rico. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de la Policía de aquellos que no acepten su rol de engranaje desechable en la máquina de producción (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009)

Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como sínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente sínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no deshumanicen las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena y los arma y los tiene allí.

Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.

Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar. Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que el pueblo ve el rol de la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitas cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”. A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social.

Referencias

Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.

Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.

Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.

Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.

Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.

Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.

Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.

William, K. (2015). Our Enemy in Blue: Police and Power in America. New York: Ak Press.

Conversaciones sobre la Policía en Puerto Rico


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El rol de la Policía en Puerto Rico, así como el proceso de supuesta reforma de esa agencia de represión social son temas tratados por Gary Gutiérrez, José Raúl Cepeda y Norma Colón Daleccio en estas dos ediciones de La Gente Está Hablando, programa transmitido por WPAB-550 Am de Ponce Puerto Rico:

Para acceder al primer programa

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Para acceder al segundo programa

03/23/00 FOTO GARY GUTIERREZ OPERATIVO1:COMO PARTE DEL OPERATIVO REALIZADO POR LA POLICICA DEL AREA DE GUAYAMA, AGENTES DE SATURACION LLEVARON ALLANAMIENTOS EN VARIOS RECIDENCIALES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRABA BRISAS DEL MAR EN SALINAS. ALLI DETUVIERON DOS MUJERES NO IDENTIFICADAS A QUIEN ALEGADAMENTE LE OCUPARON 40 SOBRES DE COCAINA

Para leer el Palíque de Nemecio Canales titulado Policía y Macanas de 1913

Citado por Primera Hora en: Más de 500 reos en la lista para salir de la prisión federal


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El gobierno de  Estados Unidos se propone liberar próximamente  a  seis mil confinados de delitos de  drogas, de los cuales más de 500 fueron sentenciados en el tribunal federal en Puerto Rico.

IMG_6620A estos reos condenados en la Isla  se acordó que les  aplica  una reducción de sentencia, siempre que un juez lo avale.

Esos presos comenzarían a salir de prisión a partir del 1 de noviembre próximo, cuando hayan cumplido la sentencia  que les corresponde.

La fiscal federal auxiliar Myriam Fernández explicó que esta  reducción de penas se basa en las enmiendas que se le hicieron el  año pasado  a las  guías de sentencias que se les recomiendan a los jueces.

No se trata de las sentencias  mínimas mandatorias de ley, aunque las primeras también pasaron el crisol del Congreso.

El número de excarcelados, tanto aquí como en el resto de EE.UU., debe ir aumentado en la  medida de que más confinados soliciten su libertad.

El año pasado, se mencionó que unos 1,500 confinados convictos en Puerto Rico podrían beneficiarse del ajuste.

La reducción promedio de la sentencia es de dos años.

El martes, el  Departamento de Justicia federal anunció que la primera liberación masiva de reos se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

La intención es descongestionar las cárceles norteamericanas en la medida que se reducen las penas para los casos de drogas que no involucran violencia.

Estados Unidos dio otro paso la semana pasada  cuando  senadores  de mucha influencia -tanto republicanos como demócratas- presentaron un  proyecto de ley  que sí  rebaja las  sentencias mínimas mandatorias de ciertos delitos.

Si se aprueba el proyecto, esas enmiendas también tendrán repercusión en la Isla.

La fiscal Fernández explicó que en los casos de drogas, la corte federal de San Juan utiliza el mínimo mandatorio de diez años de cárcel, atado a  determinada cantidad de sustancias controladas.

Por ejemplo, aplica a  cinco kilos de cocaína o a un kilo de heroína

La sentencia mínima mandatoria de cinco años se fija para el manejo  de entre 500 gramos y cinco kilos de cocaína o para entre 100 gramos y menos de un kilo de heroína.

“Nosotros tendemos a tener casos que se ven con los diez años (de cárcel)”, informó la funcionaria, quien aclaró que en el tribunal en San Juan también se atienden  casos menos severos, incluso sin mínimo mandatario de sentencia.

De aprobarse, la legislación del Senado federal reduciría la reclusión  de diez años a cinco años en varios delitos cualificados en el caso de las sentencias mínimas mandatorias.

Esto aplicaría si la persona no tiene convicciones anteriores de delitos serios de drogas  ni de violencia y  no es exportador ni importador de drogas, entre otros requisitos.

La medida le rebaja además las sentencias  a reincidentes de delitos de sustancias controladas  y le elimina la cárcel de por vida a los que llegan al extremo de “tres faltas y estás fuera”; en este caso, el término de reclusión bajaría a 25 años.

Para otros casos criminales,  inclusive de armas, las sentencias  se reducen  de 20 a 15 años y de 15 a 10  años;  entre otros cambios.

Muchas de las reglas aplicarían  retroactivamente y se estima que  podrían beneficiar a  6,500 presos.

Otro aspecto importantísimo de la legislación es que prohibe el  confinamiento en solitaria de los reos juveniles  en casi todos los casos.

Los que ingresaron en prisión como menores tampoco estarían sujetos a que se divulgue su expediente criminal en determinadas circunstancias.

¿Por qué tantos?

El criminalista puertorriqueño Gary Gutiérrez dijo que muchos confinados boricuas están cumpliendo “ condenas excesivas” en las cárceles de EE.UU. porque el Gobierno de Puerto Rico  los  entregó al foro federal ya que,  estatalmente, tenían derecho a  fianza.

Mencionó el caso de un muchacho que participó de un asalto en un negocio de comida rápida con un arma de juguete;  lo “enviaron a la federal” y  está cumpliendo una sentencia de diez años.

Gutiérrez destacó  que la injusticia llega al extremo de que terceros que no son protagonistas de la actividad primaria de un delito  también culminan con “penas desproporcionadas”.

Otro  ejemplo que dio fue el  de una mujer que le velaba las armas al tirador de drogas, la arrestan y ella termina pagando una condena más prolongada de lo que su acción ameritaba.

Los senadores que presentaron el proyecto S 2123  calificaron la reforma como la  más importante de la justicia criminal estadounidense en una generación.

Para los más liberales,  la medida se queda corta  en el sentido de que no cubre todas las sentencias mínimas mandatorias, pero aún así la consideran un avance importante.

Se espera que el Senado federal considere la pieza legislativa este mes y que la Cámara haga lo propio en 2016.

Aunque la medida es bipartita, no hay certeza de que sea aprobada.

Los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano están haciendo campaña con un discurso de mano dura contra el crimen y se teme que eso aborte la iniciativa.

En varias ciudades estadounidenses se  evidencia  un alza en la criminalidad, pero eso -dijo Gutiérrez- lo que revela es que llenar las cárceles no ha servido para detener los delitos de drogas.

Las sentencias mínimas mandatorias, que corresponden a las década de 1980 y 1990,  han provocado que las cárceles de EE.UU.  estén entre  las más atestadas del mundo.

El país  tiene 2.3 millones de reos, o uno por cada 100 habitantes, y el costo de mantener a un prisionero   federal es de unos $29 mil al año.

Gutiérrez destacó que otro  problema con  las sentencias  es que en la vida real  lo que pasa es que    la  discreción de los jueces se le transfiere  a los fiscales, quienes  son los que están negociado con los acusados qué delitos imputarles.

Por su lado, el presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Miguel Pereira, dijo que a nivel estatal hay que entender que la única consecuencia  que tiene una sentencia de larga duración  es destruir al ser humano al que se le impone.

Mencionó las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico que él impulsó y recordó que se lograron unos cambios, pero ninguno tan consecuente como los que el quería.

“De otra manera no se hubiese podido aprobar nada”, dijo a tenor con los cambios que se lograron.

Pereria afirmó que el paso que se está dando en el ámbito federal debe ser imitado aquí.

Reforma policiaca y el tigre que no tiene rayas


OPERATIVO3

Por Gary Gutiérrez[i]

Contesto el teléfono y tras saludar, la familiar voz de la periodista identificada por el “caller id” me pregunta, sobre el uso de pruebas de polígrafo -otrora detector de mentiras- que José Caldero López, superintendente de la Policía, propone para los agentes antidrogas del País.

La propuesta es la supuesta respuesta ante el más reciente operativo donde agentes de Estados Unidos arrestan efectivos de la Policía de Puerto Rico acusados por corrupción vinculada al mundo del ilegalizado narcotráfico.[ii]

Tras tratar de contestar las interrogantes y explicar a la periodista que la corrupción policiaca no es manejable mientras se mantenga la fracasada ilegalización de las drogas, termino la llamada y mi cerebro, maltratado por el exceso de cafeína, rehúsa dejar ir el tema.

Es así que llegó al tema de la supuesta reforma policía. Es decir los supuestos cambios que, por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco boricua para poner su casa en orden y cumplir con la visión que de esos cuerpos “vende” al mundo y el ideario “democrático” desarrollado por Estados Unidos.

Es interesante que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues es el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por los jueces de ese tribunal, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la Policía de Puerto Rico.

Es decir que lejos de ser un fracaso, el discurso que justifica la forma en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que les crea como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos se construyó los llamados “agentes del orden público”.

Por ende, la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no es la desviación en estos cuerpos, es la norma sostenida producida y reproducida por los que hoy se yerguen como juzgadores.

Si se mira el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos en Estados Unidos, no puede caber duda sobre cuál es la función de las policías en esa nación que por derecho colonial impone sus reglas en Puerto Rico.

Lejos de ser agentes que velaban por la seguridad de los ciudadanos, su función siempre fue y es controlar a “el otro”.

Los siniestros comienzos de esos cuerpos represivos que hoy en Estados Unidos se llaman “policías” se remontan al siglo XIX.

Uno de esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía son las bandas de gatilleros a sueldo llamados la “Patrulla de Esclavos” que recorrían los estados sureños cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenía y deportaban a las haciendas que pagaban su sueldo.

Mientras, en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos, mercenarios al servicio del capital ganadero campeaban por su respeto con licencia de corso para controlar “las perdidas” que les ocasionaban los cuatreros que robaban de los rebaños en camino a Chicago.

En esa tradición de mercenarios al servicio del capital luego surgieron compañías como la Pinkerton Detective Agency’, quienes fallaron en garantizarle la vida al presidente Abraham Lincoln, pero quienes fueron muy afectivos abriendo fuego y asesinando a los obreros que se organizaron frente a los abusos de Andrew Carnegie.

Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales le pasan al Estado la responsabilidad de mantener los espacios libres para el comercio.

Así surgen cuerpos policiacos estatales encargados de mantener tanto el “orden” necesario para el libre comercio y como la “moral necesaria” para el desarrollo de una sociedad de bien, es decir la sociedad del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano.

Acortado el largo cuento, más tarde con la prohibición del alcohol, se difunde en todos Estados Unidos la idea de una fuerza represiva estatal profesionalizada y fuertemente armada.

Es un proceso que alcanza el nivel de militarización al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan la “guerra contra las drogas y el crimen”, léase guerra contra los negros y pobres, como excusa para desarrollar este nuevo policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador del espacio público y de la vida de los pobres.

Es desde esta historia entonces desde donde se debe analizar tanto la supuesta respuesta a la corrupción policiaca anunciada por el superintendente Caldero, como la presunta reforma policial que no solo fue impuesta por un juez cuya legitimidad surge de una ilegal invasión militar, sino que es supervisada por un militar cuya carrera se desarrolló al servicio del ejército que llevó a cabo esa invasión.

Desde esta perspectiva se revela como cínico el discurso que termina echándole arena en los ojos al pueblo y sobre todo los pobres para que no acabe de ver que los policías no están en sus barrios para velar por esas comunidades, están allí para velar a esas comunidades.

Igualmente cínico es pretender que esos oficiales, quienes irónicamente de paso vienen de los mismos sectores pobres en el País y a quienes en nombre de la “ley y el orden” se les construyen como regentes de lo público, cambien, no caigan en excesos y terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Para eso los entrenan y los arman.

Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.

Lo que hay que reformar no es a la Policía, lo que necesita cambiar es el pueblo y su visión de la sociedad.

Una sociedad de tolerancia y respeto a la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no necesita un cuerpo policiaco cuya función sea imponer por la fuerza la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.’

Más aún, una sociedad verdaderamente inclusiva puede aspirar a no necesitar de la policía. A lo sumo, solo necesita que sus propios ciudadanos, todos y todas, estén pendiente y vigilen los espacios de inclusión desde el respeto de la diversidad y la paz social.

[i] Se permite y estimula toda reproducción o distribución de este escrito. Agradecemos que al reproducirlo se le de crédito a garygutierrrezpr.com

[ii] Para accede al escrito: ¿Polígrafo para combatir la corrupción en la Policía?

Citado en ¿Polígrafo para combatir la corrupción en la Policía?


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/LogoPH.jpg

¿Polígrafo para combatir la corrupción en la Policía?

Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com 10/01/2015 |00:00 a.m.

 

La utilización del polígrafo como una herramienta para combatir la corrupción dentro de las filas de la Policía genera escepticismo por parte de algunos que consideran que el negocio de la droga es tan beneficioso que sus tentáculos van a  persistir y los mensajitos a los oficiales van a continuar.

Otros consideran que si se buscan las mismas soluciones para los mismos problemas, se van a obtener los mismos resultados.

“La realidad es que los planes de reestructuración que siguen modelando soluciones dentro de una estrategia punitiva, para continuar la guerra contra las drogas, van en su momento final a tener el resultado que han tenido hasta ahora”, expresó el senador popular Miguel Pereira.

“Si la  Policía se siente bien dando el polígrafo a  los policías de la División de Drogas  pues bien, dale el polígrafo. Pero esto va a necesitar no sé cuánto tiempo. Una prueba de polígrafo bien dado toma un día, si hay mil agentes tomará mil días. Nos va a tomar 30 años llegar a esto”, agregó.

Pereira indicó que no es que las medidas “sean tan malas, sino cuán  efectivas van  a ser”.

“El polígrafo no es un talismán”, apuntó.

“La droga genera tanto beneficio económico  para los que trabajan en esa industria que van a seguir enviando mensajitos. Van a seguir saludando gente y hasta que  logren su objetivo”, apuntó el también ex superintendente de la Policía.

¿Por qué caen los policías? 

La seducción del narcotráfico ataca todos los niveles de la sociedad. Ataca a los políticos, legisladores,  a todo el mundo.  No hay una particularidad con el policía ni a qué nivel.

“Si tienes que tener una División de Drogas, tienes que  tener una serie de rotaciones internas y determinar cuánto  tiempo debe estar un agente asignado a Drogas. Yo preferiría desarrollar un programa que me ayude más  a integrar  al policía. Que se  sienta parte de un esfuerzo”, expuso Pereira.

El problema es la prohibición

Para el criminólogo Gary Gutiérrez, la prohibición de la droga es lo que crea la corrupción. Por lo tanto, habría que eliminar la prohibición.

“El superintendente (de la Policía) nos ha dicho que vamos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora.  Lo mismo que se ha hecho siempre, esperando resultados diferentes”, dijo el también profesor de justicia criminal.

“Va a sacar unos agentes. Va a traer otros que van a hacer los mismos comportamientos porque la corrupción es un resultado endémico o esperado de prohibiciones innecesarias”, puntualizó.

Toda prohibición innecesaria, como la del narcotráfico, va a generar un mercado negro y  la historia de la prohibición del licor corrobora ese dato, comentó.

“Ese mercado negro, por su naturaleza social, termina generando excesos de violencia y corrupción para protegerse. Cuando tú prohíbes cigarrillos en las cárceles, disparas el precio del cigarrillo. Se convierte en un mercado lucrativo. La gente lo va a comprar y si alguien lo va a comprar, alguien lo va a vender y si alguien lo va a vender,  otro lo va a proteger”, describió.

Gutiérrez expuso que el estudioso del fenómeno de la droga, Antonio Escohotado,  señala  que cuando la prohibición del alcohol  el 40% de los agentes de alcohol fue investigado e intervenido por corrupción y el 11% fue encontrado convicto.

“Yo me atrevería a asegurar que esos son los por cientos que  se producen a través de las fuerzas policíacas”, dijo Gutiérrez.

Recordó también a un viceministro de una república cercana que le dijo “que no es posible que exista el narcotráfico sin la corrupción”.

“Es un simplismo del superintendente decir que  la corrupción del narcotráfico  se limita solo a la División de Drogas. Me parece a mí que  estos 10 agentes (arrestados el martes), culpables o no, son meros chivos expiatorios para justificar  que estamos haciendo algo”, acotó.

“Son  40 años de prohibición  y casi mil millardos  de dólares, lo que es un trillón de dólares, y no tienen un solo logro que no sea arrestos, confiscaciones y control social”, sentenció Gutiérrez.

Arrestan a 10 policías por corrupción

Pena de Muerte y el Estado gansteril


¿Tiene un Estado gansteril neoliberal, comprometido solo con los intereses financieros que dominan la sociedad, legitimidad para imponer la pena de muerte?

Gary Gutiérrez desarrolla el tema como parte de la asamblea del 2015 de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

Para acceder la conferencia

Citado por PH en: Incrementa la ratería


Incrementa la ratería

Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com 08/10/2015 |00:00 a.m.

Cuando los pueblos tienen conciencia política, dijo, se levantan políticamente; pero cuando no la tienen, se levantan criminalmente. (Archivo)
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Aseguran, «el crimen y la violencia es un resultado económico».

Tal como han venido vaticinando los sociólogos y criminólogos, a medida que la situación económica del País se agrava, va a ir disminuyendo el crimen violento porque los criminales también dejan la isla desatándose en vez  una ola de robos y delitos menos graves, tipificados como ratería.

Ayer, en un centro comercial de Juana Díaz, una pareja se robó 26 piezas de ropa de niño, valorada en cerca de $500. En tanto, en la tienda Walmart,  de Santurce, detuvieron el sábado a una mujer y su hija de ocho años, presuntamente hurtando mercancía por un valor de $71. La pasada semana, una madre, acompañada de sus sus tres hijos, se llevó un paquete de chuletas de un supermercado. Semanas antes, un matrimonio, acompañado por sus hijos se robó unos tubos de pastas dentales, alegando que era para venderlos y comprar leche para sus hijos.

“Es ratería de subsistencia”, dijo el  criminólogo y profesor de justicia criminal, Gary Gutiérrez.

“Ese es el capitalismo funcionando como debe funcionar. Es una ratería de subsistencia, si se quiere llamar. Aparentemente estamos entrando en un periodo especial. El Gobierno se niega a pasarle la carga a los que más producen y ganan, so color de crear empleos y no es cierto. Le sumas un pueblo que está acostumbrado a unas comodidades, como el papel higiénico y es la receta para el robo”, dramatizó el también sociólogo refiriéndose al hurto de un cargamento de papel higiénico ocurrido ayer.

Buscándoselas 

Gutiérrez  comentó que lo que parece ser un caos no es anarquía, sino el capitalismo funcionando.

“El capitalismo está hecho para que unos acaparen a costa del trabajo de otros y de la vida de otros. Entonces si el orden te lleva a un nivel.  Si no te da para vivir, ¿qué vas a hacer? Buscártelas.

Cuando los pueblos tienen conciencia política, dijo, se levantan políticamente; pero cuando no la tienen, se levantan criminalmente.

“Nuestro sistema nos está llevando a unos niveles de vida de la época de 1930, con expectativas de consumo del 2015. Tenemos un salario mínimo que es una tercera parte de lo que se supone que sea, para equipararse a lo que era el salario mínimo cuando se creó. En Estados Unidos, los obreros de restaurantes de comidas rápidas, están pidiendo en la calle $15 dólares de salario mínimo. Hay académicos que están hablando de que debiera ser de $21.25.

Expuso que si se tiene un salario mínimo de $10.00, lo que sobra son $900, si trabajas 40 horas. Pero si el carro se cae en un hoyo y se rompe el tren delantero, estamos hablando de $300.

“Solamente puedes comer y arreglar el carro para seguir trabajando y todo lo demás se quedó sin pagar”, acotó.

¿Y esto justifica?

«No es que esté diciendo que está bien, lo que digo es que el crimen y  la violencia es un resultado económico. En Puerto Rico, una gran parte de la criminalidad  es una respuesta a las situaciones económicas,  que es más terrible, porque aparenta ir generando  una cultura  delictiva».

Gutiérrez aludió a una portada publicada por Primera Hora que hacía alusión a los buscones que pirateaban CD’s y se robaban el cable.

“Hace unos años era la norma. Ya eso ha ido escalando. Cuando se tienen en una semana tres o cuatro incidentes similares, ¿qué más tienes que buscar?»

Citado en: Madre del agente asesinado: “Me has quitado mi vida”


Por Sandra Caquías Cruz

  Sandra Ríos Pagán apenas se podía poner de pie cuando ayer, flanqueada por dos policías, llegó al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a reconocer el cadáver de su único hijo: el agente Miguel Pérez Ríos, quien en vida fue distinguido en tres ocasiones como Policía del Año.

La escena fue más desgarradora cuando Ríos Pagán salió de aquella fría oficina. Lloviznaba en San Juan. La mujer, vestida de negro, caminó hasta una patrulla de la Policía ahogada en llanto, pero antes de subir a la guagua envió un mensaje al que le produjo tanto dolor y, como describió, le quitó la vida a ella.

“El que le hizo eso a mi hijo no tiene corazón. Donde quiera que estés busca de Dios mijo, porque tú no tienes corazón… Me has quitado a mi hijo”, expresó tras reconocer el cadáver de su hijo. El esposo de la mujer y padre del agente murió hace cinco años de un infarto masivo, se informó.

La amenaza de muerte que le habían hecho al agente Pérez Ríos fue concretada en la madrugada de ayer cuando cuatro individuos lo asesinaron de múltiples disparos. El cadáver de Pérez Ríos quedó tendido en el suelo de la gasolinera Shell, ubicada en la carretera PR-838, Camino Alejandrino, en Caimito, donde el agente trabajaba a tiempo parcial, según informó un familiar. El policía, cuyo asesinato quedó grabado por cámaras de seguridad, era oriundo de Arecibo, pero pernoctaba cerca del Cuartel de Caimito, en San Juan, donde fue asignado hace alrededor de tres años.

Antes, laboró para la División de Drogas de la Policía. Pérez Ríos tenía 32 años de edad. Dejó huérfanos a dos niñas y a un niño y uno por nacer. La compañera sentimental, residente en la región de Arecibo, estaría dando a luz al cuarto hijo o hija del agente en noviembre. Juan J. Núñez, tío político y quien crió a Pérez Ríos hasta que cumplió siete años, destacó que desde niño su sobrino siempre expresó su deseo de ser policía.

“Él era loco con su trabajo. Él amaba su trabajo, desde chiquito quería ser policía”, subrayó mientras esperaba que concluyera el proceso del ICF. La madre del agente, durante las breves expresiones que hizo ahogada en llanto, dijo que su hijo “se daba a su trabajo”.

“Los policías se matan. Los policías sufren mucho. Deben darle ayuda a la Policía. Mi hijo era un policía que decía: ‘mami, hay que sacar a esos delincuentes de la calle porque pueden matar a los niños, a las madres’.

Por favor, den ayuda a la Policía, es lo que les pido”, agregó. Pérez Ríos fue distinguido en tres ocasiones como Policía del Año, la más reciente, en febrero pasado. El jefe del cuartel de Caimito, el teniente Rubén Gómez Sanabria, atribuyó esa distinción a la cantidad de arrestos que hizo de personas con armas de fuego ilegales. Señaló que el año pasado, este agente intervino con siete de esos casos.

“Eso (asesinato) le pasó por ser bien trabajador”, subrayó el teniente Gómez Sanabria, quien acompañó a la madre del agente al ICF. “Era un policía trabajador”, subrayó sobre el agente Pérez Ríos, quien recién había tomado el examen para ascender a sargento. La familia de Pérez Ríos vinculó el asesinato con el trabajo que este realizaba en la Policía y al que no le temiera al momento de actuar.

Conocía de la amenaza 

La amenaza de muerte era conocida en la familia, según el tío político. “No es de ahora”, aseguró. “Como él metía tantas personas presas, por droga y eso, lo habían amenazado de que lo iban a matar”, indicó el tío político, quien señaló que el cambio de la Unidad de Drogas al Cuartel de Caimito estuvo relacionado a la amenaza.

Explicó que la familia siempre le aconsejó que se cuidara, pero la respuesta de él siempre fue que “era policía y lo que va a pasar, va a pasar”. “No sé si se lo esperaba”, comentó.

El teniente Gómez Sanabria, supervisor del agente asesinado, aseguró que no tenía conocimiento de esa amenaza y que ayer escuchó que esta fue a través de redes sociales, pero que si fue escrita no la había visto. “A mí, como supervisor, nunca esa información me había llegado”, dijo.

“Nos extraña, en el día de hoy, sobre esa posible amenaza”, indicó. El teniente explicó que no tomó medidas especiales en este caso por no tener conocimiento de una amenaza contra el agente Pérez Ríos u otro de sus policías. El superintendente de la Policía, José Caldero López, dijo que se trató de un crimen de acecho.

“Vinieron aquí y lo velaron. Cuando salió, hay un individuo que le hace los primeros disparos”, dijo el jefe de la Policía, quien acudió a la escena del crimen.

Entrada la tarde, la Policía hizo un arresto en el residencial Alejandrino por supuesta posesión de drogas y preliminarmente se informó que la persona sería interrogada con relación a este crimen.

Violencia versus autoridad 

La agresión contra la Policía, según expertos en el tema, es la respuesta a actuaciones violentas por parte de la “autoridad gubernamental” contra ciertos sectores de la población.

El criminólogo Gary Gutiérrez destacó que la gestión de “tratar de controlar sectores populares mediante fuerza policiaca para ganarse el favor de los más conservadores de la sociedad, que son los que votan, va generando una visión de la Policía como fuerza agresora y de ocupación” con el resultado de más violencia.

Mientras, el sociólogo del derecho, César J. Pérez Lizasuain, señaló que en Puerto Rico “no veo una crisis de autoridad, lo que sí puedo ver es una crisis de legitimidad (desfase entre lo que debe hacer y lo que hacen) que sufren las instituciones públicas como lo es la Policía

Columna de Hiram Guadalupe: Violencia y sociedad


Esta semana, en la sala de un juez de la corte federal en Puerto Rico, un exponente de música rap de poca monta sintió sobre sus hombros un veredicto que, más allá de condenarle por el delito de poseer un arma mutilada, consideró el contenido lírico de una de sus canciones.

Contrario a la guía de sentencias sugeridas en casos como este, y lejos de la recomendación del fiscal a cargo, el juez José A. Fusté le impuso a este desconocido intérprete una pena máxima que llegó antecedida de una arenga moralista en torno al problema de la violencia en el país.

El juez aprovechó la ocasión para aderezar el dictamen con su opinión sobre la ráfaga de tiros que la noche antes paralizó un tramo de la avenida 65 de Infantería en Río Piedras, resultado de una pugna entre los puntos de drogas que operan en los residenciales aledaños.

“Puerto Rico se ha convertido en un país violento tercermundista, peor que México y Guatemala. Es un país tercermundista con código postal”, dijo el juez, quien vinculó su fallo al impacto que, alega, provocan en la sociedad las canciones con letras fuertes que aluden a la violencia.

Son repudiables las canciones que incitan a cualquier actividad violenta, desde las que fomentan la agresión y el terror callejero, las que provocan la violencia machista y las que se nutren de versos que inducen a prácticas sexistas, xenófobas y homofóbicas.

Todas son condenables, mas no creo que sean agravantes para establecer sentencias judiciales. En el caso aludido, el acusado debe pagar por el delito cometido y no por lo que ha decidido cantar.

Pero más allá del dictamen, llamó la atención la simpleza con la que el juez se aproximó a editorializar el problema criminal que nos azota, con un sesgo de prejuicio social contra quienes menos posibilidades de ascenso social han tenido. Cierto es que el crimen nos ha secuestrado.

A cualquier hora y en cualquier lugar nos exponemos a presenciar una actividad violenta. Para los incrédulos, sepan que lo sucedido esta semana en Río Piedras no es una experiencia novel en esa ni en otras comunidades de la Isla.

Estamos ante un fenómeno complejo que por más campañas que clamen por la mesura y prudencia ciudadana no asoma atisbos de desaparecer mientras no resolvamos las raíces de los problemas que lo generan.

Ahí está el desafío: atender la violencia explorando las bases económicas, políticas e ideológicas que han causado el deterioro de nuestra estructura social.

Destaca el criminólogo Gary Gutiérrez: “Señalamos las políticas públicas neoliberales, y el bulímico orden social resultante de las mismas, como la razón principal para el aumento en la violencia, social y criminal. Mientras más personas se sientan impedidas de alcanzar las metas sociales impuestas por la ideología dominante, mayor será el número de aquellos que miren a la criminalidad como una forma de alcanzar las mismas… mayor será el número de los que recurran a la violencia como una forma de manejar las frustraciones producto del sentimiento de exclusión e incapacidad económica”.

Se trata de abordar la violencia enfrentando la pobreza económica y cultural; la falta de viviendas y espacios productivos para el ocio; la ausencia de estrategias para la sana convivencia; el desempleo y la precarización laboral; los problemas de acceso a servicios de salud; y el cierre arbitrario de escuelas.

Tenemos, además, que erradicar los efectos indeseados del culto a la violencia del que somos víctimas, y eso incluye desde la violencia social inducida por el Estado, la glorificación al ataque físico y verbal que promueven producciones radiales y televisivas y la distribución entre nuestros infantes y jóvenes de artefactos altamente violentos disfrazados de material recreativo, como armas ficticias y juegos electrónicos que hacen loas al crimen y la delincuencia.

Es un problema complejo. Su atención requiere alterar muchos paradigmas de nuestro orden social y económico, mas falla el gobierno en su indisposición y falta de voluntad.

Hiram Guadalupe @hiramgp

Palabras de Néstor R. Duprey Salgado en la presentación del libro: Exclusión y violencia: breve mirada a la criminalidad contestataria en el Puerto Rico del Siglo XXI


Foto: Reinaldo Millán Quiñones
Foto: Reinaldo Millán Quiñones

Buenas noches a todas y a todos.

En la conversación nacional son muy pocas las voces que desde una mirada crítica pretenden romper con el discurso establecido y rutinario sobre los asentados problemas del País en búsqueda no de discutirlos sino de entenderlos como paso previo para intentar resolverlos. En esa ruptura con lo que un amigo, ponceño como el autor del libro que me honro en comentar hoy, bautizó como “infotainment”, las intervenciones del amigo criminólogo, periodista, notorio sibarita y bueno en el sentido bíblico de la palabra, Gary Gutiérrez en la “plaza pública virtual” de los medios tradicionales y las redes sociales son una parada en medio de la inmediatez, la banalidad y la superficialidad entretenida pero inútil para intentar comprender un problema complejo que apunta a una realidad dolorosa sobre nuestra condición social.

PFile 8-19-15 1 47 14 PMor eso me honra el poder compartir con ustedes unos comentarios a manera de provocación sobre el libro Exclusión y violencia: breve mirada a la criminalidad “contestataria” en el Puerto Rico del siglo XXI. Al hacerlo, confieso de entrada que no soy ni de lejos un experto en los temas que aborda Gary en su libro. Por lo tanto no esperen de mi un análisis científico y todológico, de todólogo, del texto. Mi mirada y acercamiento al trabajo del profesor Gutiérrez es uno desde la periferia de la vivencia y la observación como método de comprensión y motivador de la acción que asumo desde mi condición de analista y actor en nuestro drama colectivo.

Luego de noviembre del 2011 visite por primera vez como sujeto de un proceso judicial una sala del Tribunal Superior de San Juan, en Hato Rey. Allí, dentro de una situación muy particular pude observar y analizar el espacio sociológico en que se mueve la interacción de los sujetos de un particular proceso judicial. Un grupo de profesionales, médicos, abogados, universitarios, todos residentes de sectores identificados como habitados por personas de afluencia económica, habían sido objeto de escalamientos en sus residencias en los cuales sus vidas habían estado en peligro. Los asaltantes, dos jóvenes entre las edades de 21 y 30 años, eran residentes de un sector rural del área metropolitana en su mayoría habitada por personas de escasos recursos económicos. Los asaltantes habían escalado estas residencias porque “sabían aquí hay chavos”. Lo curioso es que con el producto de sus escalamientos habían decidido alquilar una lujosa suite en un hotel del área de Isla Verde que habían convertido en almacén de su botín y centro de sus vidas paralelas. Sin embargo, al observar a su familia, estos representaban el perfil paradigmático de las comunidades pobres del País: madre que apenas debía tener entre 35 a 40 años, abuela que no debía tener más de 50 años, esposa que no debía tener más de 21 años y un grupo de niños que aparentaban tener poca o ninguna escolaridad, al igual que sus padres y parientes. Los perjudicados, no ocultaban su mezcla de desprecio y rabia al verse envueltos en un proceso “con esa gente”, cuando ya el haberse visto con un revolver empuñado por una mano nerviosa apuntando a la sien por más de veinte minutos y luego tener que revivir una y otra vez ese drama para luego de numerosas suspensiones judiciales finalmente pudiese verse su caso entendían ellos era esfuerzo suficiente que los perpetradores de los escalamientos debían pagar “pudriéndose en la cárcel”.

Este retrato de una situación ejemplificadora del drama individual tras el fenómeno social de la criminalidad puedo hacerlo con cierto nivel de detalle porque yo fui una de esas personas que sufrió la privación de su libertad y vio amenazada su vida.

Solo desde una comprensión de la dimensión social del fenómeno de la criminalidad, sus raíces y sus consecuencias más allá de las estadísticas podemos entender el fenómeno social de la conducta definida como delictiva más allá del resentimiento y la venganza, más allá de la atomización social y la adopción de los códigos de la guerra traducidos a la cotidianidad que desde el estado y desde la conversación social se pretenden entronizar como “análisis del crimen”.

El libro de Gary Gutiérrez, que consta de 108 páginas de texto divididas en un prólogo y tres partes acompañadas de una bibliografía sobre el tema, se enmarca dentro de la escuela de pensamiento y análisis de la “criminología crítica”. La misma es definida en la primera parte del libro por el autor como una nueva perspectiva desde donde mirar la desviación, lo criminal, la criminalidad, los desviados o los criminales, entendiendo estos no como un fenómeno de conducta antisocial del hombre y la mujer, sino como producto y productor cultural de la sociedad en que se produce. Por eso el enfoque de este trabajo es centrase en el entendimiento y discusión del orden social que produce la desviación criminal.

Derivado de esta visión es el entendido de que la definición del concepto del delito es producto de las estructuras de poder en una sociedad para garantizar sus intereses, surgiendo a partir de esa definición un discurso sobre los criminales, el crimen y la criminalidad que responderá más a consideraciones ideológicas entendiendo ideología como la construcción de una mirada justificadora de un orden social más que como una interpretación sociológica, donde el origen del delito se ubica en la estructura social y no en el individuo. En este capítulo, como en el resto de la obra, resulta refrescante la lectura en clave ácrata del autor de la realidad puertorriqueña, ubicándose en la antigua tradición anarquista que está presente en la historia de las reivindicaciones sociales en Puerto Rico desde finales del Siglo XIX.

Echando mano de la discusión realizada tanto por el anarquismo como por el marxismo originario sobre la relación clase, estado, producción e individuo como sujeto social, el autor deconstruye el discurso socialmente prevaleciente en la conversación sobre el tema de la criminalidad y su proyección desde el aparato ideológico estatal, identificando sus tendencias más significativas:

Photo 8-27-15 6 34 56 PMSi usted no se centra, se ajusta, o incluso “se cura”, e insiste en no comportarse como blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano, y en ese proceso, viola o se proyecta como posible violador de esos valores o normas que el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano ha elevado a nivel de ley penal escrita, a usted se le etiqueta como delincuente o criminal y con usted trabaja el aparato represivo estatal.[1]

Dentro de las colindancias que estas distinciones establecen, el autor sostiene que la sociedad es una en permanente conflicto dentro del orden capitalista, donde la subordinación y explotación genera una respuesta “contestataria” de los sectores desplazados de la riqueza y el poder.

A partir de la definición del marco teórico en que se inscribe el análisis, el autor pasa a discutir las particularidades de la sociedad puertorriqueña y el acercamiento desde el estado al problema. Para Gutiérrez, la implementación en Puerto Rico a partir de la segunda década del siglo XXI del modelo neoliberal, entendido como el estado visto como un ente al servicio de la política económica en beneficio del sector bancario-financiero, así como el deterioro del orden colonial han llevado a un recrudecimiento de las políticas de exclusión y castigo de la conducta definida desde el estado y el discurso oficial como criminal, siendo el estado el instrumento de coerción social y garantía de la eficacia de las políticas de preservación del orden social capitalista-neoliberal-colonial:

…tanto la violencia como la criminalidad son parte esencial para el mantenimiento del estado colonial neoliberal imperante en Puerto Rico. Aplicando los principios de esa criminología (critica), se pudiera preguntar entonces si el Estado, representando los intereses del capital y las clases poderosas, utiliza el violento discurso sobre la criminalidad como una herramienta para justificar el control social y el mantenimiento de un orden basado en la subyugación económica.[2]

Para el autor, el desarrollo de esta política desarrollada desde este sistema que define como colonial, machista y capitalista, es una fórmula para el desastre que produce un clima de frustración que conduce a la violencia a los sectores excluidos y un sistema de leyes que terminan criminalizando esos sectores, produciendo a su vez un proceso de criminalización que lleva al estado a gastar miles de millones de dólares en el sistema penal y criminal, en medio de un proceso pendular de implementación de políticas que difieren de grados, oscilando entre la “mano dura” y el “castigo seguro”.[3]

La segunda parte del libro discute lo que el autor define como la “tripolaridad sistémica” donde discute los discursos provenientes de tres corrientes que permean la visión dominante sobre el tema de la criminalidad en Puerto Rico: el enfoque clásico, asociado a los orígenes del capitalismo y el surgir de la burguesía como clase dominante, el enfoque cristiano conservador y la influencia que esa corriente en el entorno norteamericano ha tenido en Puerto Rico y el enfoque del positivismo científico, en donde el autor entiende se pretende barnizar con “objetividad” lo que es, desde la ciencia y el derecho, un soporte ideológico del orden capitalista y los intereses de la clase dominante.

Tomo aquí distancia del análisis del autor en cuanto al carácter “conservador” de cierto discurso de origen cristiano. Aunque es innegable el hecho de que bajo la ancha cúpula de la Iglesia se han ubicado posturas y justificado acciones claramente retardatarias, no debe desconocerse que junto a este discurso han coexistido a través de los tiempos visiones alternativas que partiendo del mismo cristianismo proponen una visión humanista de raíz cristiana y reivindicadora de la dignidad de la persona frente a la desvalorización y cosificación a la que es reducida por el orden capitalista. Desde los originarios demócrata cristianos del Siglo XVIII que sufrieron la persecución de la Iglesia por su defensa de la democracia frente al matrimonio del trono y el altar, hasta los filósofos personalistas franceses de la década del ’30 del Siglo XX, particularmente Emmanuel Mounier y Jacques Maritain, hasta los mártires y defensores de los derechos humanos en Latinoamérica y África afirmados en una lectura liberadora del Evangelio. Es en esa colindancia del humanismo secular y el humanismo cristiano en defensa de la dignidad de la persona frente a la cosificación capitalista que se ancla a mi modo de ver la futura convergencia social superadora de siglos de explotación y enajenación.

Por otro lado, el análisis del profesor Gutiérrez llega en un buen momento, al menos para los que quieren informarse antes de decidir de cara al próximo proceso electoral y no acuden seducidos por el hipnotismo publicitario a emitir su voto. ¿Servirá el repaso del fracaso de la política de castigo y represión como amarga advertencia del camino trillado que no debe volver a recorrerse? El fracaso de la actual administración en implementar un enfoque salubrista al problema de la adicción a drogas y el combate a la industria del narcotráfico, que son dos cosas diferentes, es un prólogo cruel de lo que es capaz el complejo económico-religioso-mediático en su afán de mantener el status quo y el negocio derivado de la industria del narcotráfico, la venta y tráfico de armas, el lavado de dinero y la venta de influencias así como la industria de la falsa rehabilitación.

La lectura de este segundo capítulo del libro debería ser lectura más que obligada para todos los que desean enfrentar el reto de la transformación social del país, que comienza por entender que junto con la crisis política y económica vivimos una crisis social cuyas raíces se encuentran en un modelo económico y social que perpetua la desigualdad, la dependencia, la enajenación y sobre todo la despersonalización en aras de la individualización mercantilista y consumista de la persona humana, despojándolo de su inherente dignidad y convirtiéndolo en un mero objeto del mercado y una estadística, sin hablar de los que van quedando a la vera del camino en eso que el Papa Francisco ha llamado con sabiduría y dureza “la cultura del descarte”.

En la tercera parte del libro, titulada sugestivamente “Mirada desde adentro”, Gutiérrez se transforma de criminólogo a cronista de guerra, discutiendo desde la perspectiva de la criminología critica el clima de guerra social que entiende se vive en Puerto Rico, donde vemos el choque de dos violencias: la violencia represiva y protectora del orden social que proviene del estado y la violencia contestataria y alternativa de los sectores marginados, que buscan medios de inserción en la economía capitalista adoptando sus propios códigos en el mundo de la llamada economía informal y a la vez contestando con igual o mayor violencia lo que entiende es la represión y reacción del estado. Ahí el autor, mostrando trazos de su “vida anterior” como acucioso periodista criado en las comandancias de policía de la región sur, discute la representación del discurso sobre la violencia, la criminalidad, los pobres, la ley y el orden desde los medios de comunicación. Ya en el plano de la sociología, recomiendo la lectura de la discusión sobre el proceso de “bulimia social”, y como la sociedad ingiere, vomita y produce como residuo de su propia ignominia un ser desvalorizado frustrado y fracasado en ambas puntas de la guerra entendida como cambo de batalla de los desechos del deterioro social.

Luego de la impactante lectura por lo real y por lo proféticamente crítica de su mirada a la sociedad que nos ha tocado vivir, el libro de Gary Gutiérrez es un llamado a, parafraseando al evangelista favorito de este comentarista, conocer la verdad de forma tal que la verdad nos haga libres. Libres de un discurso y una política que solo conduce al fracaso y el ahondamiento de las causas de la pobreza estructural que es cardo de cultivo para el deterioro que nos ha llevado hasta aquí.

Le agradezco a Gary la oportunidad que me dio de leer su libro, y recomiendo con entusiasmo su lectura, de forma tal que comencemos el proceso de poder entender que los rostros que desfilan en el drama colectivo de nuestra guerra social etiquetada como “criminalidad”, no son más que reflejo de una sociedad descompuesta por exceso de injusticia en su seno y que la “cura” está en una dosis de justicia y equidad sin adulterar ni endulzar artificialmente con falsas nociones de bienestar.

Gracias Gary, en fin, por ayudarme a entender que en aquella sala del Tribunal de Hato Rey, todos éramos víctimas. Buenas noches.

[1] Gutiérrez, p. 31.

[2] Ibid. p. 41.

[3] Ibid. p. 41-46.

El Nuevo Día reseña el libro Exclusión y Violencia


«Otra mirada a la criminalidad», dice José Borges sobre el libro Exclusión y Violencia, breve  mirada a la criminalidad «contestataria» en el Puerto Rico del Siglo XXI

Reseña Nuevo Dia

Citado en: Incrementa la ratería


Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com
08/10/2015 |00:00 a.m.


Tal como han venido vaticinando los sociólogos y criminólogos, a medida que la situación económica del País se agrava, va a ir disminuyendo el crimen violento porque los criminales también dejan la isla desatándose en vez una ola de robos y delitos menos graves, tipificados como ratería.
Ayer, en un centro comercial de Juana Díaz, una pareja se robó 26 piezas de ropa de niño, valorada en cerca de $500. En tanto, en la tienda Walmart, de Santurce, detuvieron el sábado a una mujer y su hija de ocho años, presuntamente hurtando mercancía por un valor de $71. La pasada semana, una madre, acompañada de sus sus tres hijos, se llevó un paquete de chuletas de un supermercado. Semanas antes, un matrimonio, acompañado por sus hijos se robó unos tubos de pastas dentales, alegando que era para venderlos y comprar leche para sus hijos.

“Es ratería de subsistencia”, dijo el criminólogo y profesor de justicia criminal, Gary Gutiérrez.

“Ese es el capitalismo funcionando como debe funcionar. Es una ratería de subsistencia, si se quiere llamar. Aparentemente estamos entrando en un periodo especial. El Gobierno se niega a pasarle la carga a los que más producen y ganan, so color de crear empleos y no es cierto. Le sumas un pueblo que está acostumbrado a unas comodidades, como el papel higiénico y es la receta para el robo”, dramatizó el también sociólogo refiriéndose al hurto de un cargamento de papel higiénico ocurrido ayer.

Buscándoselas

Gutiérrez comentó que lo que parece ser un caos no es anarquía, sino el capitalismo funcionando.

“El capitalismo está hecho para que unos acaparen a costa del trabajo de otros y de la vida de otros. Entonces si el orden te lleva a un nivel. Si no te da para vivir, ¿qué vas a hacer? Buscártelas.

Cuando los pueblos tienen conciencia política, dijo, se levantan políticamente; pero cuando no la tienen, se levantan criminalmente.

“Nuestro sistema nos está llevando a unos niveles de vida de la época de 1930, con expectativas de consumo del 2015. Tenemos un salario mínimo que es una tercera parte de lo que se supone que sea, para equipararse a lo que era el salario mínimo cuando se creó. En Estados Unidos, los obreros de restaurantes de comidas rápidas, están pidiendo en la calle $15 dólares de salario mínimo. Hay académicos que están hablando de que debiera ser de $21.25.

Expuso que si se tiene un salario mínimo de $10.00, lo que sobra son $900, si trabajas 40 horas. Pero si el carro se cae en un hoyo y se rompe el tren delantero, estamos hablando de $300.

“Solamente puedes comer y arreglar el carro para seguir trabajando y todo lo demás se quedó sin pagar”, acotó.

¿Y esto justifica?

«No es que esté diciendo que está bien, lo que digo es que el crimen y la violencia es un resultado económico. En Puerto Rico, una gran parte de la criminalidad es una respuesta a las situaciones económicas, que es más terrible, porque aparenta ir generando una cultura delictiva».

Gutiérrez aludió a una portada publicada por Primera Hora que hacía alusión a los buscones que pirateaban CD’s y se robaban el cable.

“Hace unos años era la norma. Ya eso ha ido escalando. Cuando se tienen en una semana tres o cuatro incidentes similares, ¿qué más tienes que buscar?»

Sobre la «Monocromática Cubana»


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Reseña de Sandra Torres para el Periódico La Perla del Sur.

«Es Cuba desde otro punto de vista»

El fotoperiodista ponceño Gary Gutiérrez Renta presenta esta semana la exposición “Monocromática cubana”, una treintena de fotografías en blanco y negro que plasman en forma díafana y directa su reciente encuentro con la cotidianidad de la sociedad obrera cubana.

La muestra será desvelada este jueves, 6 de agosto a las 6:00 de la tarde en la librería El Candil de Ponce.

“Lo que quise captar, un poco documentar, fue la cotidianidad de la vida cubana a pesar de los procesos exitosos o fracasados de la revolución. Cómo Cuba es una isla habitada por seres humanos que, a pesar de los procesos, se levantan a trabajar para buscar el sustento”, expresó el autor de la interesante viñeta.

“En ese sentido, es un poco humanizar a Cuba, que más allá de las  banderas, la retórica política, los conflictos militares, es un pueblo que se tiene que levantar a resolver sus problemas”, agregó el también profesor universitario.

Según adelantó, las imágenes incluidas en la muestra fueron captadas en La Habana y Pinar del Río.

“No son fotos espectaculares, son fotos muy cotidianas, muy de frente, de gente cotidiana, de gente trabajadora, de gente que estába haciendo sus cosas”, señaló.

“Las cuestiones políticas desde las cuales nosotros miramos a Cuba, allí parecen secundarias, como cuando visitas cualquier pueblo de la isla (Puerto Rico), pues eso mismo era lo que yo quería plasmar con las imágenes”, sostuvo.

La propuesta fotográfica está diseñada para que las personas tengan que acercarse a cada trabajo y establezcan un diálogo que los lleve a interpretarlo individualmente.

Es por eso que la ubicación de este trabajo llevará al espectador a querer ser parte de la colección.

Para detalles adicionales puede llamar al 787-242-6693.

5 de agosto de 2015

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Monocromática Cubana,  exposición fotográfica de Gary Gutiérrez

Por José Raúl Cepeda Borrero, Librería El Candil, Ponce, Puerto Rico
Jueves, 6 de agosto de 2015

¨De un pájaro las dos alas¨ verso del poema ¨A Cuba¨ de Lola Rodríguez de Tío es la frase obligada que tanto los boricuas como los cubanos repiten cuando se identifican unos a otros en los encuentros casuales que cada vez se harán más frecuentes dados los históricos cambios que se avecinan a paso vertiginoso en la cercana Antilla. Cambios que por históricos inexorablemente van a afectar las vidas de ambos pueblos.

VisitarCLwsPcOWsAAJDE7 a Cuba estos días es toda una experiencia. Tanto así que docenas de puertorriqueños alistaron sus maletas y emprendieron el vuelo hacia la mayor de las vecinas Antillas este verano.

La experiencia de visitar a Cuba nos permite confrontarnos con los numerosos mitos, la mayoría producto del periodo de la ¨Guerra Fría¨ que se extendió hasta la penúltima década del siglo pasado. Mi experiencia, junto a Gary [Gutiérrez], Rei[naldo Millán], Tamara [Yantín] y el resto de los Candileros con este viaje fue que nos permitió no solo confrontar los mitos por nosotros aprendidos, sino enfrentar los mitos que a su vez los cubanos tiene sobre nosotros.

IMG_6597Es por todo esto que Gary decidió titular esta exposición, “Monocromática Cubana”. Monocromática se define de acuerdo a la RAE como ¨de un solo color¨… y aunque las fotografías juegan entre dos colores opuestos, el blanco y el negro, son monocromáticas en el sentido de que toda la obra comparte los mismos colores.

De hecho en palabras del fotógrafo, una de las razones para seleccionar este tipo de fotografías es precisamente lograr que el espectador se enfoque en el contenido de la escena, en los rostros de las personas que pueblan las imágenes, sin la distracción que supondría la explosión de colores típica de nuestro Caribe Antillano.

En palabras del Maestro Jesús Ortiz, estamos frente a un ¨políptico¨, es decir una sola obra compuesta por varias piezas, en este caso treinta y seis (36) fotografías, todas representativas de la visión del fotógrafo de la vida diaria del hombre y la mujer cubanos.

gary B&NEl autor de esta muestra, Gary Gutiérrez Renta es un conocido fotoperiodista ponceño, heredero de una dinastía de fotógrafos, que tras una exitosa carrera en los medios de comunicación, que incluyen alrededor de 20 años en la prensa escrita; se dedica desde hace 8 años a la cátedra de ciencias sociales y criminología en varios centros de educación superior de su natal Ponce.

Gary se define a sí mismo como “observador social” condición natural que resulta de sus habilidades vocacionales como periodista, fotógrafo y profesor universitario.

Su intención con esta exposición, es ayudarnos a descubrir y construir la imagen de un pueblo que en su esencia no es diferente de nosotros. Es una visión de la gente desde su propia cotidianidad.

Notarán que las fotografías no llevan el tradicional calce individual típico de este tipo de exposición. En este caso las treinta y seis (36) fotografías componen una sola pieza, un “políptico”. Debemos asumirlas como una especie de mosaico de la vida diaria del hombre y la mujer cubanos.

IMG_6590Con esta exposición, Gary nos permite asomarnos a unas “ventanitas” para ver a la cara a nuestros hermanos y hermanas cubanos. Con la esperanza, quizás, de que nos identifiquemos y encontremos en ellos inspiración y nuevas fuerzas para salir adelante.

¡Gracias por acompañarnos!

 

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