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El Blog de Gary Gutiérrez

“Barbiquero” de patio en formación, iconoclasta aspirante a ácrata, apóstata, y comantenedor del programa Temprano en la Tarde de http://www.pab550.com

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"violencia social"

Sobre la violencia social, conversación con el colectivo FRECUENCIA SOCIALISTA


Conversación radial con el colectivo radial Frecuencia socialista sobre violencia social y pena de muerte:

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Para escuchar la conversación
Para escuchar la conversación

La violencia social en Puerto Rico: Del ‘jíbaro bueno’ al ‘derecho al celular’


 

Del ‘jíbaro bueno’ al ‘derecho al celular’

Por Gary Gutiérrez
Publicado orginalmente en la Perla Del Sur http://bit.ly/cWyaMT

 

“En momentos históricos difíciles para la fe, el jíbaro bueno de esta tierra llevaba, y lleva aún colgado de su cuello, el rosario de la Virgen María. Era la identificación de su fe”.

Con esas palabras pronunciadas por Juan Pablo II durante su visita a Puerto Rico en 1984, el fallecido obispo de Roma enfatizaba indirectamente la ilusoria imagen de un campesino dócil, respetuoso y humilde.

Esa misma es la imagen que de nuestros antepasados nos construyen y nos venden las escuelas, las campañas turísticas y los medios de comunicación.

Sin embargo, al escuchar ese discurso de “jíbaro bueno” me tengo que preguntar cómo es posible que una sociedad que tiene esos cimientos, tenga los niveles de violencia, soberbia y agresividad que hoy experimenta la Isla.

Partiendo de esa interrogante, lo lógico es preguntar también si ese “jíbaro bueno” realmente existió. Si como sociedad somos producto de la humildad y docilidad de las clases campesinas o si lo que somos es el producto de la frustración resultante del látigo del mayoral, de la explotación económica por parte de compañías extranjeras y locales o del más sofisticado sistema colonial visto en la historia.

Cuando se mira a las nuevas tendencias criminológicas, algunos estudiosos apuntan a que parte de la desviación social y la violencia pueden ser el resultado de la toma de conciencia por parte de los sectores explotados de la marginación a que son sometidos.

En las sociedades capitalistas de la modernidad tardía como la nuestra, explican estos académicos, se da un proceso de inclusión y exclusión social que no experimentó el llamado “jíbaro bueno”. Aquel mítico campesino que se sabía explotado y punto.

Su construcción social no incluía, como ahora se le impone a los sectores marginados, la necesidad de tener símbolos de opulencia y riquezas.

Tal vez por esta razón, a ese “jíbaro bueno” le fue más fácil refugiarse en la religión, la botella y en el propio trabajo como forma de reprimir la frustración producto de su marginación.

Justificaba y sobrellevaba así su infortunio que definía como parte de la vida que le tocó vivir.

Sin embargo en la actualidad la realidad es otra y para el joven o la joven que hoy se crían en una de esas comunidades marginadas, que eufemísticamente llamamos “especiales”, la realidad es diferente.

Su existencia, a diferencia de la del “jibaro bueno”, es producto de una forma de exclusión social que -además de castrarlo económicamente y condenarlo a una vida entre el desempleo y los empleos chatarra si tiene “suerte”- le impone otras cargas.

A diferencia de sus antepasados, a estos jóvenes se les “vendió” y “compraron” la idea de que no son explotados y que tienen derecho a los símbolos de la opulencia y éxitos del sistema.

Así las cosas, enormes sectores populares en nuestra Isla aparentan definir su vida en una lucha constante entre la realidad de su exclusión económica y la ilusión de su inclusión en el consumo de los símbolos de validez y poder.

A diferencia del “jibaro bueno”, estos seres compran el cuento de que “tienes derecho a un celular”, como decía una campaña publicitaria años atrás.

Ese proceso de inclusión y exclusión social que define a los sectores marginados en el Puerto Rico del Siglo XXI, se complementa con un proceso político paralelo para dar vida a una cultura de sobrevivencia del más fuerte o violento.

El sistema colonial que impera en la Isla se organiza para dar la impresión de inclusión mediante la participación electoral, mientras la verdadera toma de decisiones se produce entre los sectores de poder económico y financieros, de los cuales el pueblo está excluido.

El resultado es también una sociedad donde la inclusión electoral cumple con la apariencia democrática, mientras excluye al pueblo de los procesos en los que verdaderamente se decide el futuro económico y político del país.

Partiendo de esta “bulimia social”, como los sociólogos llaman a este proceso de “inclusión” y “exclusión” característico de nuestra sociedad, es fácil ver la diferencia entre el “jíbaro bueno” y los actuales sectores marginados, compuestos de guerrilleros urbanos que buscan la manera de alcanzar los símbolos sociales de riqueza.

El “jíbaro bueno” se sabía oprimido, estaba claro que no pertenecía y que no iba a pertenecer a los sectores más acomodados de la sociedad.

Tal vez por eso reprimía su violencia en espera de mejores tiempos o de la justicia divina prometida por los representantes de aquel carpintero que dijo, “bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”.

Para los marginados en el Puerto Rico de hoy el “reino de los cielos” es un concepto lejano e impertinente de su existencia que no les ayuda a comprar la ilusoria inclusión social que venden las megatiendas y los centros comerciales.

Una inclusión social que define con la tenencia de la más reciente tecnología celular, el más poderoso de los carros, la última moda en ropa o calzado de la marca adecuada o con el osito original o copiado.

Símbolos que requieren y proyectan una capacidad económica que para mucho sólo es alcanzable mediante actividades criminalizadas como la venta de drogas.

Ya que, según los criminólogos, la desviación, la violencia social y la criminalidad son herramientas utilizadas por los sectores marginados para ilusoriamente hacer frente al sistema que los oprime.

Digo ilusoriamente, pues lo que hacen realmente cuando se criminalizan es cumplir con la etiqueta que el sistema les impone para controlarlos socialmente.

Por tanto, a nadie debe sorprender que se registre un aumento en la violencia social y en la criminalidad como resultado de la polarización social, producto de las nuevas medidas neoliberales impuestas por los políticos de turno.

Dos más dos son cuatro. De igual forma, la exclusión económica sumada a la inclusión consumista produce una cultura de violencia y criminalidad.

Aquellos que impulsan y defienden las medidas económicas neoliberales en Puerto Rico refuerzan ese binomio de inclusión y exclusión, por lo que no pueden esperar que merme la criminalidad.

Tan simple como eso.

(El autor es criminólogo y profesor universitario. Para preguntas o comentarios puede escribir a garygutierrez@aol.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla )

Sobre libro Exclusión y Violencia por el estudiante del RUM, Michael G. Carmona Soto


Curso SOCI 4101 Criminología
Recinto Universitario de Mayagüez

Profesor: Dr. Michael González-Cruz

Introducción

EL libro “Exclusión y Violencia” es escrito por un profesor criminólogo llamado Gary Gutiérrez. Citando el libro, el mismo reúne en tres secciones la propuesta del autor para mirar la violencia y la criminalidad presente en Puerto Rico a partir de la segunda década del siglo veintiuno desde la mirada alternativa que posibilita la ‘nueva criminología’, entiéndase la criminología critica, que pretende cuestionar a la criminología tradicional desde la manera de ver al delincuente, hasta los mecanismos de control social (Gutiérrez-Renta, 2014). Como parte del curso de criminología SOCI 4101 el lector de este ensayo podrá apreciar algunos puntos importantes que Gary Gutiérrez presenta en su libro. El ensayo se estará estructurando por unas preguntas que los estudiantes, al igual que el profesor escogieron para llevar a cabo el ensayo. Las preguntas de referencia que se escogieron para este ensayo son las siguientes:

  • ¿Qué premisas se tomaron en consideración para elaborar la sociología del conflicto? P. 32
    ¿Cuáles son los propósitos principales de la ley según Kropotkin? Explica. P. 23
  • Según Máximo Pavarini, ¿en que día empiezan las angustias serias para el criminólogo?
  • ¿Cuál era el pensamiento o la visión de los conservadores y de qué manera consideraban la solución al acto criminal? Explique de qué manera los mismo veían a los humanos.

 

Ensayo

Gary Gutiérrez nos muestra un libro fascinante que nos permite entender desde un punto de vista social cómo es la criminología. Cada detalle del libro nos hace reflexionar acerca de la criminalidad, y en momento nos brinda la oportunidad de tener en mente una solución hacia este comportamiento. Por tanto, me gustaría empezar con una frase de Gary escrita en el libro; “Al fin y al cabo, se debe asumir que, como en la naturaleza, en la sociedad todo lo que se mantiene es porque para alguien le funcion”. Esta frase se repetía varias veces en mi mente cada vez que pasaba las páginas del libro, porque me hizo ver lo injusto y el abuso que tiene el gobierno con nosotros, manipulándonos mediante la criminalización. Por tanto, es increíble que el estado que tiene un poder incalculable puede utilizar este comportamiento como una ventaja para obtener más poder. Poder que se convierte en un conflicto social que parten de tres premisas que apuntan a que; la sociedad no es estática y siempre está en cambio y que en toda sociedad habrá sectores que promuevan ese cambio, la segunda premisa; que el conflicto, la falta de consenso, es intrínseco a todos los sistemas sociales, (no hay sociedades, o relaciones personales que no experimenten conflictos). Finalmente, y probablemente lo más importante para efectos de este trabajo, la coerción resultante de que unos individuos tengan más poder social que otros es un elemento siempre presente.

Tomando como referencia la última premisa, en donde el poder social tiene la oportunidad de obtener más que otros individuos, me refiero a la clase pobre. Ayuda a entender por qué la criminalidad verdaderamente funciona. Cuando tuve la oportunidad de ir a la conferencia de Gary en el RUM, acerca del libro “Exclusión y Violencia” aclaré esta gran pregunta escuchándolo con una mente abierta. Una de las partes de la conferencia él menciona y abunda más sobre los que son los propósitos principales de Kropotkin, lo mencionó de una manera diferente. El primer propósito es proteger la propiedad privada, y hago un alto este primer propósito porque Gary nos menciona que es el propósito más importante y el que empezó la implementación de un proceso de seguridad. Hace mucho tiempo atrás los policías no eran parte de un gobierno, los famosos policías solamente protegían los bienes de los ricos. Al ver el estado esto tan importante ellos optan por hacerlo parte de un plan gubernamental. Aquí es donde llega el segundo propósito de Kropotkin, proteger el estado y al rico. “Las leyes del estado lo que protegen son las estructuras que legitimen -no criminalizado- las acciones de quienes se benefician del trabajo y la producción de otros”. Pero como había mencionado anteriormente el estado no solo tiene una protección, sino que también crea una manipulación. El estado muestra el tercer propósito como modelo de voto, y es “proteger a la persona”, hacerla sentirse segura porque andamos con miedo de que la criminalidad nos arrope.

Abarcando más sobre los oficiales de seguridad (policías) me impresiono mucho como Gary los describe con una Visión Conservadora Cristiana en donde el individuo es un ser pasional que “no tiene control por herencia del pecado original”. La alternativa ante el crimen es la vigilancia, la mano dura, y el castigo severo y humillante para que se controle. Esta visión se basa en el respeto a los valores, la autoridad y la religión. (Jimenez, 2015) Después de Gary describirme a los oficiales de esta manera pude entender porque algunos policías tratan a las personas marginadas con arrogancia y comportamiento agresivo.

Durante todo este estudio de la criminología con el estado, los criminólogos entendieron que la sociedad no es producto de consensos o procesos democráticos. Aquí fue el día en que el criminólogo tuvo que rendirse a la evidencia de que las definiciones legales de criminalidad y de desviación no coinciden con la opinión mayoritaria de los que debe ser justo y de lo que debe entenderse injusto. (Pavarini, 2003) Es de aquí que Pavarini entiende que la criminología comienza a cuestionarse en su rol en la sociedad burguesa productora de la modernidad, así como la forma en la legitima el estatus quo. Este proceso llevo a estos criminólogos a un dilema.

Gary mostró tener un conocimiento invaluable que habla desde un punto de vista bien estudiado socialmente. Leer su libro es una manera de entender el mundo represivo en que vivimos hoy en día. Puerto Rico más que todo debería tener este tipo de lectura a la mano para así entender muchas cosas que a veces somos ciegos y no nos damos cuenta. “Exclusión y Violencia”, abrió mis ojos vendados de cosas que uno pensaría como correctas o normales.

Citas

Gutierrez-Renta, G. (2014). Exclusión y Violencia. Ponce, PR: Marian Editores

Jimenez, R. E. (2015, Enero 31). Presentacion del libro Exclusión y Violencia. Retrieved from Scrib: https://www.scribd.com/document/254356443/Presentacion-del-Libro-Exclusion-y-Violencia

Pavarini, M. (2003). Control y Dominación: Teorias criminológicas bruguesas y el proyecto hegemónico. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Austeridad puede desembocar en violencia


Laura M. Quintero, EL VOCERO
Originalmente publicado en el periódico El Vocero de Puerto Rico
por: Laura Quintero, EL VOCERO

 

Un criminólogo y un trabajador social condenaron ayer las declaraciones del presidente de la Junta Federal de Control Fiscal, José Carrión III, por considerar que la afirmación que hizo el miembro del organismo federal de que el pueblo está preparado para más medidas de austeridad, es clasista y está completamente disociada del sufrimiento de la clase trabajadora.

“Curiosamente, las personas que nunca experimentan la austeridad dicen que los que la tenemos que experimentar, vamos a entender. Estas personas, por su posición privilegiada, no han tenido que enfrentarse a la necesidad que experimenta la clase trabajadora. Son expresiones disociadas del pueblo”, comentó el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Larry Emil Alicea.

“El pueblo no está preparado para sufrir un recorte en un salario mínimo, que ya está por debajo del nivel de pobreza”, coincidió el criminólogo Gary Gutiérrez, al nombrar el ejemplo de una jefa de familia con dos trabajos, quien tiene que vivir con sus padres porque el salario mínimo no le da. “Es una visión clasista de este señor”, criticó.

En otras jurisdicciones, la gente se ha lanzado a protestar a la calle ante la reducción de jornada, el recorte de beneficios, de pensiones y de los servicios de salud, recordó. “Lo que ha resultado de este tipo de movidas es las protestas en la calle y la respuesta violenta del Estado en la calle”, alertó Gutiérrez.

Aunque comentó que en Puerto Rico no se dan las condiciones para aumentar los choques violentos en la calle, eso no quiere decir que no aumenten los conflictos, pues siempre que suben los niveles de ansiedad, aumenta la violencia; ya sea la violencia de género, intrafamiliar o entre vecinos.

La posición del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico es que cualquier plan fiscal que vaya a certificar la junta tome en consideración los derechos humanos, por lo cual están a favor de auditar el crédito público, descartar el pago de la deuda ilegal y preparar un presupuesto cuya prioridad sea la gente, comentó Alicea.

De lo contrario, dijo que redundará en la precarización del empleo, la privatización del patrimonio público y la reducción de servicios sociales. “Las transformaciones sociales siempre se basan en torno a la resistencia”, comentó Alicea al llamar a la desobediencia.

Por su parte, el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán, destacó la ironía de que mientras siguen imponiendo medidas de austeridad a la clase trabajadora, han aumentado las exenciones contributivas a los sectores más pudientes.

“Esas medidas no han funcionado desde 2007. No van a funcionar ahora. Nuestro pueblo no aguanta ni una medida de austeridad más. Corroboramos con esas expresiones que la junta va a imponer más sufrimiento al pueblo para pagar una deuda que ha sido adquirida con una irresponsabilidad de múltiples sectores”, comentó el también presidente de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.

Apagón y violencia


Por Gary Gutiérrez

Hay veces que una pregunta abre la puerta a la respuesta que no era.

Me refiero a que en medio de la situación de emergencia que sufrió la isla tras el colapso de su sistema eléctrico, una estación de radio de la Florida central me llama para preguntarme cómo se comportó la ciudadanía.

La interrogante surge de la experiencia con situaciones similares en Estados Unidos, donde en más de una vez, el colapso de sistema eléctrico resulta en el despliegue represivo del Estado ante la violencia, los motines, las reyertas y los saqueos que se producen.

Después de todo, la inmensa mayoría de los pobres en esa nación, como en otras industrializadas, utilizan cualquier anomalía que demuestre vulnerabilidad sistémica para desatar un frenesí carnavalesco que les haga sentir ilusoriamente poderosos y en control de su vida y su derredor social o físico.

Ante la inesperada y publica interrogante, contesté en medio de un torbellino de ideas que surgen en mi cabeza.

“No, el pueblo dio ejemplo de civismo, auto control y solidaridad” digo dándole más valor a los hechos positivos que al “despelote” vehicular que se reportó durante las primeras horas de la emergencia.

Cuando viene al comportamiento observado durante esa emergencia, el balance tiene que ser positivo. En términos generales, y comparado con lo que ocurre en Estados Unidos durante situaciones semejantes, el país se portó bien.

Sin embargo, y en la mejor tradición de la llamada criminología crítica, mientras trataba de contestar la interrogante periodística, lo que salió de mi boca fue: “la gente se portó bien, a diferencia del establishment que lleva décadas desatando la violencia económica con el país. Violencia económica de la cual este apagón es solo otro ejemplo.

Digo en la tradición de la criminología crítica, pues es una visión académica que estudia la desviación y lo criminal desde el orden social donde se produce.

Es interesante el interés que los medios de comunicación muestran en las expresiones burdas de la violencia callejera o doméstica, mientras ignoran, invisibilidan o redefinen la sutil violencia económica que diariamente afecta a un número mucho mayor de personas.

El que la clase política, unos por acción y otros por omisión, saquearan por décadas el país mediante esquemas de inversionismo político, eso no se define como violencia.

Los medios de comunicación no construyen como violencia que, mediante la privatización, se pongan al servicio de la ganancia privada los servicios primarios que se supone el Estado moderno brinde a sus ciudadanos.

Mucho menos es violencia para los medios, el que esa misma clase política tomara prestado para obras que no se necesitaban, o que podrían realizarse de forma menos pomposas o extravagantes. Dinero prestado que terminó, como forma de repago mediante contratos privados, en los bolsillos de los inversionistas político.

Es decir, nos enseñan a no ver como violencia que la clase política tomara prestado en nombre del pueblo mucho más de lo que se necesitaba, sabiendo que no podíamos pagarlo y sabiendo que, de forma legalizada, terminaría siendo robado por ellos para pagar a sus inversores.

Al contrario, como acólitos del orden, los medios venden ecomo la solución sos procesos de repago al inversionista político mediante la privatización como la solución a la actual crisis económica, que recordemos  fue creada por los excesos resultantes de los mismos procesos de privatización antes detallados.

Si definimos libremente la palabra violencia como el uso de fuerza física o emocional “para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo”[i]; entonces podemos decir que violencia no solo es lo que se pude ver en las calles cuando el pueblo se levanta en un frenesís de empoderamiento carnavalesco.

Violencia también es ese orden social a beneficio del capital que nos han normalizado al punto de que ya no la vemos como causa de daño sino como solución a los mismos.

[i] https://www.google.com.pr/search?q=indice+desigualdad+mundial&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=hnDqV6rWO8at-QHvjo2ABw#q=violencia+definici%C3%B3n

Promesa o moratoria, vendrá violencia…


Foto tomada de Juventud Trabajadora
Por Gary Gutiérrez

Sea con una Junta Federal de Control Fiscal o con la Ley de Moratoria aprobada en la Isla, el manejo de la deuda gubernamental en Puerto Rico tiene altas posibilidades de terminar en violencia.

Al hablar de violencia, no necesariamente se trata de la violencia política producto de protestas, marchas, acciones directas, o confrontaciones callejeras con el Estado, como las que algunos sectores ya han adelantado o convocado. Después de todo, la violencia “consciente” no es un rasgo prominente en la cultura política de las pasadas generaciones de puertorriqueños. 

La violencia de la que se habla en el párrafo que abre este escrito es de un aumento en la agresividad social “inconsciente”, la violencia difusa, como, la agresión intrafamiliar, las disputas vecinales o las controversias criminales relacionadas, por ejemplo, al narcotráfico.

Si la criminalidad y la violencia social se analiza desde el ensayo ” Exclusión y Violencia”, publicado por Mariana Editores en el 2014, ambas se verán como el resultado esperado de las políticas neoliberales impuestas en Puerto Rico por las pasadas administraciones de ambos Partidos principales.

Regresando a las propuestas, es decir la “Junta” o la ” moratoria”, es lógico pensar que el proceso que ambas proponen para “enderezar” las finanzas será el resultado de la misma visión neoliberal, lógica de protección al sector financiero y capitalista que domina el orden social tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Por lo que se debe entender que serán los sectores más vulnerables y pobres los que, bajo esa lógica, tendrán que cargar el peso económico y social de la llamada recuperación. Sectores que, de paso, son los que menos responsabilidad deberían tener sobre la deuda, pues son sectores que ni tomaron, ni entendieron las decisiones de hacer los préstamos.

Desde esta perspectiva se puede concluir que las políticas públicas que se impondrán bajo cualquiera de estas leyes, tanto la que a nivel federal crea la “Junta”, como la que a nivel local autoriza la “Moratoria”, son medidas de protección al capital que a su vez terminarán produciendo las condiciones de exclusión social para que explote la violencia social y criminal. 

Es difícil que sea de otra manera, pues tanto la “Junta”, como la “Moratoria”, básicamente son leyes de excepción que terminan concentrando el poder en unas pocas manos, so color de la urgencia para que se tomen medidas económicas dolorosas que serían imposibles siguiendo el proceso marcado por la legalidad que regularmente ordena la sociedad.

Para comenzar, ninguna de las propuestas deja meridianamente claro quiénes serán los “más que humanos” que tomarán las decisiones. Tampoco dejan claro, cuál es la prioridad para determinar quiénes cargarán el peso de ese proceso. Pero sobre todo, no definen qué se entiende con eso de “ordenar” las finanzas del País. No obstante, es lógico pensar que el proceso de ” enderezar” las finanzas se hará desde la neoliberal lógica, que como se explicó, es de protección al sector financiero y capitalista, que en este momento caracteriza al sector burócrata y financiero de donde saldrán esos “más que humanos”.

Asimismo parece correcto pensar que ambas medidas crean unas figuras jurídicas que, como el Jesús bíblico, no vienen a cambiar la ley, vienen a cumplirla. Es decir, no vienen a cambiar la sociedad para una más productiva desde la inclusión y la justicia social y económica. 

Vienen a reafirmar y hacer cumplir la excluyente lógica neoliberal que, no tan solo creó la crisis fiscal y propició la deuda, es el caldo de cultivo para que la criminalización y el narcotráfico sean unas de las principales opciones de trabajo en Puerto Rico. Igualmente vienen a reafirmar las condiciones económicas que crean ciudadanos desvalorizados y frustrados que pueden ver en la violencia social la manera de canalizar o manejar su percibido fracaso.

En resumen, que si el sendero que marque cualquiera de estas alternativas, la “Junta” o la “Moratoria”, no es uno que asigne responsabilidades, tanto a la clase política por la corrupción y el desarrollo del clientelismo político, como al sector financiero por manipular esa clase política en función de explotar el patrimonio económico del país, el resultado será la reafirmación del orden social excluyente que, como se explicó, termina produciendo criminalidad y la violencia.

Columna de Hiram Guadalupe: Violencia y sociedad


Esta semana, en la sala de un juez de la corte federal en Puerto Rico, un exponente de música rap de poca monta sintió sobre sus hombros un veredicto que, más allá de condenarle por el delito de poseer un arma mutilada, consideró el contenido lírico de una de sus canciones.

Contrario a la guía de sentencias sugeridas en casos como este, y lejos de la recomendación del fiscal a cargo, el juez José A. Fusté le impuso a este desconocido intérprete una pena máxima que llegó antecedida de una arenga moralista en torno al problema de la violencia en el país.

El juez aprovechó la ocasión para aderezar el dictamen con su opinión sobre la ráfaga de tiros que la noche antes paralizó un tramo de la avenida 65 de Infantería en Río Piedras, resultado de una pugna entre los puntos de drogas que operan en los residenciales aledaños.

“Puerto Rico se ha convertido en un país violento tercermundista, peor que México y Guatemala. Es un país tercermundista con código postal”, dijo el juez, quien vinculó su fallo al impacto que, alega, provocan en la sociedad las canciones con letras fuertes que aluden a la violencia.

Son repudiables las canciones que incitan a cualquier actividad violenta, desde las que fomentan la agresión y el terror callejero, las que provocan la violencia machista y las que se nutren de versos que inducen a prácticas sexistas, xenófobas y homofóbicas.

Todas son condenables, mas no creo que sean agravantes para establecer sentencias judiciales. En el caso aludido, el acusado debe pagar por el delito cometido y no por lo que ha decidido cantar.

Pero más allá del dictamen, llamó la atención la simpleza con la que el juez se aproximó a editorializar el problema criminal que nos azota, con un sesgo de prejuicio social contra quienes menos posibilidades de ascenso social han tenido. Cierto es que el crimen nos ha secuestrado.

A cualquier hora y en cualquier lugar nos exponemos a presenciar una actividad violenta. Para los incrédulos, sepan que lo sucedido esta semana en Río Piedras no es una experiencia novel en esa ni en otras comunidades de la Isla.

Estamos ante un fenómeno complejo que por más campañas que clamen por la mesura y prudencia ciudadana no asoma atisbos de desaparecer mientras no resolvamos las raíces de los problemas que lo generan.

Ahí está el desafío: atender la violencia explorando las bases económicas, políticas e ideológicas que han causado el deterioro de nuestra estructura social.

Destaca el criminólogo Gary Gutiérrez: “Señalamos las políticas públicas neoliberales, y el bulímico orden social resultante de las mismas, como la razón principal para el aumento en la violencia, social y criminal. Mientras más personas se sientan impedidas de alcanzar las metas sociales impuestas por la ideología dominante, mayor será el número de aquellos que miren a la criminalidad como una forma de alcanzar las mismas… mayor será el número de los que recurran a la violencia como una forma de manejar las frustraciones producto del sentimiento de exclusión e incapacidad económica”.

Se trata de abordar la violencia enfrentando la pobreza económica y cultural; la falta de viviendas y espacios productivos para el ocio; la ausencia de estrategias para la sana convivencia; el desempleo y la precarización laboral; los problemas de acceso a servicios de salud; y el cierre arbitrario de escuelas.

Tenemos, además, que erradicar los efectos indeseados del culto a la violencia del que somos víctimas, y eso incluye desde la violencia social inducida por el Estado, la glorificación al ataque físico y verbal que promueven producciones radiales y televisivas y la distribución entre nuestros infantes y jóvenes de artefactos altamente violentos disfrazados de material recreativo, como armas ficticias y juegos electrónicos que hacen loas al crimen y la delincuencia.

Es un problema complejo. Su atención requiere alterar muchos paradigmas de nuestro orden social y económico, mas falla el gobierno en su indisposición y falta de voluntad.

Hiram Guadalupe @hiramgp

Palabras de Néstor R. Duprey Salgado en la presentación del libro: Exclusión y violencia: breve mirada a la criminalidad contestataria en el Puerto Rico del Siglo XXI


Foto: Reinaldo Millán Quiñones
Foto: Reinaldo Millán Quiñones

Buenas noches a todas y a todos.

En la conversación nacional son muy pocas las voces que desde una mirada crítica pretenden romper con el discurso establecido y rutinario sobre los asentados problemas del País en búsqueda no de discutirlos sino de entenderlos como paso previo para intentar resolverlos. En esa ruptura con lo que un amigo, ponceño como el autor del libro que me honro en comentar hoy, bautizó como “infotainment”, las intervenciones del amigo criminólogo, periodista, notorio sibarita y bueno en el sentido bíblico de la palabra, Gary Gutiérrez en la “plaza pública virtual” de los medios tradicionales y las redes sociales son una parada en medio de la inmediatez, la banalidad y la superficialidad entretenida pero inútil para intentar comprender un problema complejo que apunta a una realidad dolorosa sobre nuestra condición social.

PFile 8-19-15 1 47 14 PMor eso me honra el poder compartir con ustedes unos comentarios a manera de provocación sobre el libro Exclusión y violencia: breve mirada a la criminalidad “contestataria” en el Puerto Rico del siglo XXI. Al hacerlo, confieso de entrada que no soy ni de lejos un experto en los temas que aborda Gary en su libro. Por lo tanto no esperen de mi un análisis científico y todológico, de todólogo, del texto. Mi mirada y acercamiento al trabajo del profesor Gutiérrez es uno desde la periferia de la vivencia y la observación como método de comprensión y motivador de la acción que asumo desde mi condición de analista y actor en nuestro drama colectivo.

Luego de noviembre del 2011 visite por primera vez como sujeto de un proceso judicial una sala del Tribunal Superior de San Juan, en Hato Rey. Allí, dentro de una situación muy particular pude observar y analizar el espacio sociológico en que se mueve la interacción de los sujetos de un particular proceso judicial. Un grupo de profesionales, médicos, abogados, universitarios, todos residentes de sectores identificados como habitados por personas de afluencia económica, habían sido objeto de escalamientos en sus residencias en los cuales sus vidas habían estado en peligro. Los asaltantes, dos jóvenes entre las edades de 21 y 30 años, eran residentes de un sector rural del área metropolitana en su mayoría habitada por personas de escasos recursos económicos. Los asaltantes habían escalado estas residencias porque “sabían aquí hay chavos”. Lo curioso es que con el producto de sus escalamientos habían decidido alquilar una lujosa suite en un hotel del área de Isla Verde que habían convertido en almacén de su botín y centro de sus vidas paralelas. Sin embargo, al observar a su familia, estos representaban el perfil paradigmático de las comunidades pobres del País: madre que apenas debía tener entre 35 a 40 años, abuela que no debía tener más de 50 años, esposa que no debía tener más de 21 años y un grupo de niños que aparentaban tener poca o ninguna escolaridad, al igual que sus padres y parientes. Los perjudicados, no ocultaban su mezcla de desprecio y rabia al verse envueltos en un proceso “con esa gente”, cuando ya el haberse visto con un revolver empuñado por una mano nerviosa apuntando a la sien por más de veinte minutos y luego tener que revivir una y otra vez ese drama para luego de numerosas suspensiones judiciales finalmente pudiese verse su caso entendían ellos era esfuerzo suficiente que los perpetradores de los escalamientos debían pagar “pudriéndose en la cárcel”.

Este retrato de una situación ejemplificadora del drama individual tras el fenómeno social de la criminalidad puedo hacerlo con cierto nivel de detalle porque yo fui una de esas personas que sufrió la privación de su libertad y vio amenazada su vida.

Solo desde una comprensión de la dimensión social del fenómeno de la criminalidad, sus raíces y sus consecuencias más allá de las estadísticas podemos entender el fenómeno social de la conducta definida como delictiva más allá del resentimiento y la venganza, más allá de la atomización social y la adopción de los códigos de la guerra traducidos a la cotidianidad que desde el estado y desde la conversación social se pretenden entronizar como “análisis del crimen”.

El libro de Gary Gutiérrez, que consta de 108 páginas de texto divididas en un prólogo y tres partes acompañadas de una bibliografía sobre el tema, se enmarca dentro de la escuela de pensamiento y análisis de la “criminología crítica”. La misma es definida en la primera parte del libro por el autor como una nueva perspectiva desde donde mirar la desviación, lo criminal, la criminalidad, los desviados o los criminales, entendiendo estos no como un fenómeno de conducta antisocial del hombre y la mujer, sino como producto y productor cultural de la sociedad en que se produce. Por eso el enfoque de este trabajo es centrase en el entendimiento y discusión del orden social que produce la desviación criminal.

Derivado de esta visión es el entendido de que la definición del concepto del delito es producto de las estructuras de poder en una sociedad para garantizar sus intereses, surgiendo a partir de esa definición un discurso sobre los criminales, el crimen y la criminalidad que responderá más a consideraciones ideológicas entendiendo ideología como la construcción de una mirada justificadora de un orden social más que como una interpretación sociológica, donde el origen del delito se ubica en la estructura social y no en el individuo. En este capítulo, como en el resto de la obra, resulta refrescante la lectura en clave ácrata del autor de la realidad puertorriqueña, ubicándose en la antigua tradición anarquista que está presente en la historia de las reivindicaciones sociales en Puerto Rico desde finales del Siglo XIX.

Echando mano de la discusión realizada tanto por el anarquismo como por el marxismo originario sobre la relación clase, estado, producción e individuo como sujeto social, el autor deconstruye el discurso socialmente prevaleciente en la conversación sobre el tema de la criminalidad y su proyección desde el aparato ideológico estatal, identificando sus tendencias más significativas:

Photo 8-27-15 6 34 56 PMSi usted no se centra, se ajusta, o incluso “se cura”, e insiste en no comportarse como blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano, y en ese proceso, viola o se proyecta como posible violador de esos valores o normas que el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano ha elevado a nivel de ley penal escrita, a usted se le etiqueta como delincuente o criminal y con usted trabaja el aparato represivo estatal.[1]

Dentro de las colindancias que estas distinciones establecen, el autor sostiene que la sociedad es una en permanente conflicto dentro del orden capitalista, donde la subordinación y explotación genera una respuesta “contestataria” de los sectores desplazados de la riqueza y el poder.

A partir de la definición del marco teórico en que se inscribe el análisis, el autor pasa a discutir las particularidades de la sociedad puertorriqueña y el acercamiento desde el estado al problema. Para Gutiérrez, la implementación en Puerto Rico a partir de la segunda década del siglo XXI del modelo neoliberal, entendido como el estado visto como un ente al servicio de la política económica en beneficio del sector bancario-financiero, así como el deterioro del orden colonial han llevado a un recrudecimiento de las políticas de exclusión y castigo de la conducta definida desde el estado y el discurso oficial como criminal, siendo el estado el instrumento de coerción social y garantía de la eficacia de las políticas de preservación del orden social capitalista-neoliberal-colonial:

…tanto la violencia como la criminalidad son parte esencial para el mantenimiento del estado colonial neoliberal imperante en Puerto Rico. Aplicando los principios de esa criminología (critica), se pudiera preguntar entonces si el Estado, representando los intereses del capital y las clases poderosas, utiliza el violento discurso sobre la criminalidad como una herramienta para justificar el control social y el mantenimiento de un orden basado en la subyugación económica.[2]

Para el autor, el desarrollo de esta política desarrollada desde este sistema que define como colonial, machista y capitalista, es una fórmula para el desastre que produce un clima de frustración que conduce a la violencia a los sectores excluidos y un sistema de leyes que terminan criminalizando esos sectores, produciendo a su vez un proceso de criminalización que lleva al estado a gastar miles de millones de dólares en el sistema penal y criminal, en medio de un proceso pendular de implementación de políticas que difieren de grados, oscilando entre la “mano dura” y el “castigo seguro”.[3]

La segunda parte del libro discute lo que el autor define como la “tripolaridad sistémica” donde discute los discursos provenientes de tres corrientes que permean la visión dominante sobre el tema de la criminalidad en Puerto Rico: el enfoque clásico, asociado a los orígenes del capitalismo y el surgir de la burguesía como clase dominante, el enfoque cristiano conservador y la influencia que esa corriente en el entorno norteamericano ha tenido en Puerto Rico y el enfoque del positivismo científico, en donde el autor entiende se pretende barnizar con “objetividad” lo que es, desde la ciencia y el derecho, un soporte ideológico del orden capitalista y los intereses de la clase dominante.

Tomo aquí distancia del análisis del autor en cuanto al carácter “conservador” de cierto discurso de origen cristiano. Aunque es innegable el hecho de que bajo la ancha cúpula de la Iglesia se han ubicado posturas y justificado acciones claramente retardatarias, no debe desconocerse que junto a este discurso han coexistido a través de los tiempos visiones alternativas que partiendo del mismo cristianismo proponen una visión humanista de raíz cristiana y reivindicadora de la dignidad de la persona frente a la desvalorización y cosificación a la que es reducida por el orden capitalista. Desde los originarios demócrata cristianos del Siglo XVIII que sufrieron la persecución de la Iglesia por su defensa de la democracia frente al matrimonio del trono y el altar, hasta los filósofos personalistas franceses de la década del ’30 del Siglo XX, particularmente Emmanuel Mounier y Jacques Maritain, hasta los mártires y defensores de los derechos humanos en Latinoamérica y África afirmados en una lectura liberadora del Evangelio. Es en esa colindancia del humanismo secular y el humanismo cristiano en defensa de la dignidad de la persona frente a la cosificación capitalista que se ancla a mi modo de ver la futura convergencia social superadora de siglos de explotación y enajenación.

Por otro lado, el análisis del profesor Gutiérrez llega en un buen momento, al menos para los que quieren informarse antes de decidir de cara al próximo proceso electoral y no acuden seducidos por el hipnotismo publicitario a emitir su voto. ¿Servirá el repaso del fracaso de la política de castigo y represión como amarga advertencia del camino trillado que no debe volver a recorrerse? El fracaso de la actual administración en implementar un enfoque salubrista al problema de la adicción a drogas y el combate a la industria del narcotráfico, que son dos cosas diferentes, es un prólogo cruel de lo que es capaz el complejo económico-religioso-mediático en su afán de mantener el status quo y el negocio derivado de la industria del narcotráfico, la venta y tráfico de armas, el lavado de dinero y la venta de influencias así como la industria de la falsa rehabilitación.

La lectura de este segundo capítulo del libro debería ser lectura más que obligada para todos los que desean enfrentar el reto de la transformación social del país, que comienza por entender que junto con la crisis política y económica vivimos una crisis social cuyas raíces se encuentran en un modelo económico y social que perpetua la desigualdad, la dependencia, la enajenación y sobre todo la despersonalización en aras de la individualización mercantilista y consumista de la persona humana, despojándolo de su inherente dignidad y convirtiéndolo en un mero objeto del mercado y una estadística, sin hablar de los que van quedando a la vera del camino en eso que el Papa Francisco ha llamado con sabiduría y dureza “la cultura del descarte”.

En la tercera parte del libro, titulada sugestivamente “Mirada desde adentro”, Gutiérrez se transforma de criminólogo a cronista de guerra, discutiendo desde la perspectiva de la criminología critica el clima de guerra social que entiende se vive en Puerto Rico, donde vemos el choque de dos violencias: la violencia represiva y protectora del orden social que proviene del estado y la violencia contestataria y alternativa de los sectores marginados, que buscan medios de inserción en la economía capitalista adoptando sus propios códigos en el mundo de la llamada economía informal y a la vez contestando con igual o mayor violencia lo que entiende es la represión y reacción del estado. Ahí el autor, mostrando trazos de su “vida anterior” como acucioso periodista criado en las comandancias de policía de la región sur, discute la representación del discurso sobre la violencia, la criminalidad, los pobres, la ley y el orden desde los medios de comunicación. Ya en el plano de la sociología, recomiendo la lectura de la discusión sobre el proceso de “bulimia social”, y como la sociedad ingiere, vomita y produce como residuo de su propia ignominia un ser desvalorizado frustrado y fracasado en ambas puntas de la guerra entendida como cambo de batalla de los desechos del deterioro social.

Luego de la impactante lectura por lo real y por lo proféticamente crítica de su mirada a la sociedad que nos ha tocado vivir, el libro de Gary Gutiérrez es un llamado a, parafraseando al evangelista favorito de este comentarista, conocer la verdad de forma tal que la verdad nos haga libres. Libres de un discurso y una política que solo conduce al fracaso y el ahondamiento de las causas de la pobreza estructural que es cardo de cultivo para el deterioro que nos ha llevado hasta aquí.

Le agradezco a Gary la oportunidad que me dio de leer su libro, y recomiendo con entusiasmo su lectura, de forma tal que comencemos el proceso de poder entender que los rostros que desfilan en el drama colectivo de nuestra guerra social etiquetada como “criminalidad”, no son más que reflejo de una sociedad descompuesta por exceso de injusticia en su seno y que la “cura” está en una dosis de justicia y equidad sin adulterar ni endulzar artificialmente con falsas nociones de bienestar.

Gracias Gary, en fin, por ayudarme a entender que en aquella sala del Tribunal de Hato Rey, todos éramos víctimas. Buenas noches.

[1] Gutiérrez, p. 31.

[2] Ibid. p. 41.

[3] Ibid. p. 41-46.

Sobre Exclusión y Violencia @ Conocimiento y Acción Solidaria, 7 de febrero de 2015


Economista Luis Rey Quiñones Soto Y Rolando Emmanuelli Jiménez
Published on Feb 7, 2015

Grabación del programa:

#36 Programa de Radio Conocimiento y Acción Solidaria 7 de febrero 2015

El libro Exclusión y Violencia del Profesor Gary Gutiérrez Renta

 

Para escuchar la ponencia en YouTube
Para ver el programa en YouTube

Anfitrión Rolando Emmanuelli Jiménez con el Economista Luis Rey Quiñones Soto

Programa de Radio Conocimiento y Acción Solidaria
Todos los sábados a las 7 de la mañana, y los domingos a las 4 de la tarde por WPAB 550 en el cuadrante de su radio en Puerto Rico.

Mediante análisis y entrevistas a personalidades y expertos en los temas, impulsaremos proyectos alternativos socio-económicos que fomenten el crecimiento y bienestar del país. Esto lo lograremos mediante la identificación y asesoramiento de la inversión interna, externa, pública y privada, desde la perspectiva de la solidaridad, que pueda responder a las necesidades sociales de Puerto Rico.

Por WPAB 550 en el cuadrante de su radio en Puerto Rico.
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

 

http://youtu.be/gBFtI9DUciA

Publicado en el Post Antillano: Nueva visita al libro “Exclusión y Violencia” de Gary Gutiérrez


Para leer en El Post Antillano

Cepe
José Raúl Cepeda Profesor de Justicia Criminal

Por JOSÉ R. CEPEDA BORRERO

“Exclusión y Violencia”, la reciente publicación del veterano periodista, fotógrafo, comunicador y, como el mismo se define, observador social, Gary Gutiérrez, propone una mirada diferente al reto que representa el crimen y la violencia en la sociedad puertorriqueña contemporánea.

En su característico estilo, entre periodístico y didáctico, Gary Gutiérrez nos plantea que la sociedad capitalista en que vivimos es una excluyente, y que la violencia que a diario experimenta el País es producto o consecuencia de esa exclusión.

Por décadas, quizás a partir de la implantación en la década de los años setenta de la política prohibicionista contra las drogas en Estados Unidos, Puerto Rico ha experimentado lo que muchos perciben como un espiral ascendente de violencia.

Los medios de comunicación corporativos se hacen eco de esa percepción y las administraciones gubernamentales se suceden apostando a los mismos métodos como alternativas sin alternativas para atender la creciente preocupación pública por la violencia.

En este libro de apenas 108 páginas, Gary Gutiérrez nos propone una hipótesis diferente que deja de lado las estrategias de la prohibicionista guerra contra las drogas y se adentra en el contexto económico, social y político para entender el problema de la violencia como resultado de un sistema que consistentemente segrega grandes sectores de la sociedad de las posibilidades de participar de los beneficios a los que solo unos pocos tienen acceso.

Esto, según Gutiérrez, provoca que muchos en esos sectores marginados recurran a participar de actividades criminalizadas como una forma de sentirse en control de su entorno social y económico.

Ya como parte de una industria criminalizada o como resultado de la frustración ante la incapacidad de participar, la violencia se convierte en una válvula de escape.

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Gary Gutiérrez Autor de Exclusión y Violencia

Esta mirada de Gutiérrez, está sólidamente fundada en las corrientes más contemporáneas de la criminología, particularmente en la criminología cultural, parte de la corriente crítica que incluye miradas regionales, de raza y de género al problema del crimen.

La criminología cultural surge en la década de los años noventa dentro de los movimientos de criminología crítica y es encabezada por los eruditos británicos Jock Young, recientemente fallecido, Keith Hayward y John Muncie, y por el norteamericano Jeff Ferrell. Esta corriente aunque aún joven ya encuentra eco en las voces latinoamericanas del nicaragüense Luis Fernández y el argentino Damián Zaitch.

A la criminología cultural fácilmente se le podría apodar la “criminología de los excluidos” porque su tesis central es precisamente que el crimen es producto de la criminalización de aquellas conductas que los sectores poderosos de la sociedad consideran “peligrosas” para sus intereses.

Es una visión ecléctica que combina conceptos posmarxistas sobre el poder, así como toma del positivismo científico del siglo XIX la “anomía” de Durkheim y los reformula ante el ciclo de crisis económicas, sociales y políticas mejor discutidas por intelectuales de la talla de Fannon, Negri y Hart.

No requiere la mención de sectores sociales por sus nombres porque asume que todo aquel que no sea hombre, blanco, rico, y se proyecte como heterosexual y cristiano, está excluido.

El resultado, como podemos comprobar de la lectura cuidadosa del texto de Gary, es un análisis que, lejos de ser simplista, reta todo el andamiaje en que se fundan los sistemas de justicia criminal occidentales contemporáneos, de leyes, policías, jueces y cárceles. Por el contrario, nos propone que la mejor estrategia para el manejo de la desviación violenta es la formulación de políticas sociales y económicas que promuevan una menor desigualdad y una mayor participación en todos los órdenes.

Gary Gutiérrez propone una hipótesis fresca y una importante contribución al debate público de un tema tan complejo como la violencia social. Quedan tod@s los puertorriqueñ@s, sin discrimen alguno, convocad@s a la mesa de discusión.

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Conversando con Frecuencia Socialista


Sábado a las 9am por WQBS 870am

Converso con l@s compas de Frecuencia Socialista sobre las raíces y las alternativas a la violencia

Raíces y Alternativas a la Violencia

Para escuchar WQBS 870am

Publicado en 80grados.net: Sobre viernes negros y otras violencias


Por: Gary Gutiérrez

Mientras escribo estas líneas, decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, algunos que esperaron en fila durante más de 24 horas, se disputan a trompicones por un televisor, tableta o la consola de juego que este año está de moda. Reportes de agresiones, accidentes, quejas y peleas inundan las redes sociales, mientras los compañeros y compañeras del periódico El Vocero despiertan a un verdadero y muy personal “viernes negro”.

Si se mira críticamente, estos incidentes que no tienen relación aparente se revelan como piezas de un rompecabezas que al conectarse nos permiten ver claramente “el orden” en que sobrevivimos los y las puertorriqueñas en la segunda década del siglo XXI. Es un “orden” que los conservadores se jactan de defender a nombre de aquel rabino rebelde que dicen vivió hace dos mil años y que se supone solo poseía la túnica que vestía y las sandalias que protegían sus pies. Un “orden” que al fin y al cabo produce, tal vez como resultado no intencionado pero predecible, la violencia que los medios construyen como criminalidad y que hoy abruma al País. Después de todo, si esperar que el azúcar no endulce es absurdo, más ilógico es esperar que un “orden” violento, no genere agresividad.

Ese sistema que nos enseña orgullosamente a esperar cercados como ganado bajo agua, sol y sereno por horas para lograr el privilegio de comprar a precio de ganga esas baratijas de moda, desechables y producidas al otro lado del planeta en condiciones prácticamente de esclavitud. Gracia que incluye, por supuesto, el derecho a fanfarronear por lo comprado y por la experiencia de haber sobrevivido.
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Publicado en 80grados.net: Criminalidad y violencia


Luego de una tendencia a la baja durante meses, “la criminalidad” nuevamente acaparó la atención de los medios de comunicación social en Puerto Rico durante las pasadas semanas. La muerte en las calles de sobre una decena de puertorriqueños en un fin de semana no solo ocupó predominantemente los espacios noticiosos, sino que monopolizó la opinión pública y creó preocupación en el clima de opinión de la Isla caribeña.

Por opinión pública se entiende lo que se discute en los medios de comunicación, mientras que el clima de opinión se refiere a la construcción mental que la ciudadanía crea sobre los temas discutidos en esos medios. Cuando los medios de comunicación en Puerto Rico hablan de “criminalidad”, en realidad se refieren al número de muertes violentas en comparación con los datos del pasado año para la misma fecha. Lo que de por sí es una forma muy simplista de medir una situaciones tan complejas como la desviación, la criminalidad o la violencia social.

Este discurso de las cifras de incidentes atendidos por la Policía como indicador de la criminalidad en la Isla tiende a dar un aire de certeza científica para justificar políticas públicas, estrategias y sobre todo, efectividad, por parte de los administradores gubernamentales de turno. Sin embargo, como cualquier estudio estadístico, estas cifras solo tienen algún grado de pertinencia como fuente de estudio si las mismas se miran y se comparan durante largos periodos de tiempo.

Aun en el caso de estudios a largo plazo, este “datasauro”, como Jock Young llama a esta sobreutilización de los estudios estadísticos en la criminología estadounidense y británica, es solo una especie de retrato numérico de unos instantes y lugares específicos que poco aportan al entendimiento real de los complejos fenómenos criminológicos.1 Esto no quiere decir que esos datos no tengan valor o utilidad. Los mismos son una invaluable herramienta para el trabajo diario de los funcionarios para la toma de decisiones y para la asignación de recursos. Por ejemplo, al mirar los datos policiacos del segundo fin de semana de agosto, se puede ver cómo gran parte de la violencia se reportó en municipios de la ruralía, lo que puede ser valioso para asignar recursos y para observar los procesos sociales que pudieran estar produciendo la violencia en esas áreas.

No obstante, el resultado de utilizar estos datos como herramienta de evaluación del trabajo o la labor de los policías o de los políticos, termina convirtiendo la recopilación de información en un fin en sí mismo y no en un medio. Así lo comprueba el premiado trabajo sobre la manipulación de los datos en la Policía de Puerto Rico del periodista puertorriqueño Ricardo Cortés Chico en el 2011.

Sin embargo, partiendo de esa medida arbitraria y tomándola como válida, el análisis puede ser que durante la segunda mitad del 2013, Puerto Rico experimenta una tendencia al alza en la violencia criminal. Los números oficiales en este mes de agosto indican que la otrora amplia brecha que apuntaba a una reducción de la violencia durante el 2013, en comparación con el pasado año, se va cerrando. Es decir, al mes de agosto del 2013 se reportan 548 muertes violentas, esto es, 55 menos que las 603 reportadas en la misma fecha del 2012.

Hace solo dos meses el virus mediático era que las muertes violentas reflejaron una baja de 395 tragedias menos que en el 2012 para finales del mes de mayo. Incluso, a mediados de mayo del 2013, el que se reportara un fin de semana sin muertes violentas, homicidios o asesinatos acaparó las portadas y titulares de los medios boricuas.

Tan simplista es decir que la baja en los crímenes violentos durante la primera parte del año era resultado de las estrategias desarrolladas por la Policía de Puerto Rico o de los “planes anticrimen” del actual administrador colonial, como apuntar a esas políticas públicas como causa del alza registrada en esos indicadores durante las pasadas semanas. Mirando más allá de las estadísticas y usando como punto de partida el pensamiento de los y las criminólogas que entienden que la desviación, criminal o no, es el resultado lógico de las estructuras sociales excluyentes, es posible otra lectura del fenómeno de la criminalidad en Puerto Rico.

En múltiples ocasiones señalamos las políticas públicas neoliberales y al bulímico orden social resultante de las mismas, como la razón principal para el aumento en la violencia, social y criminal, durante el pasado cuatrienio. “Bulímico” es el término que Young utiliza para describir la anomia social que termina incluyendo a todos en la falsa necesidad de consumo como mecanismo de validación, mientras excluye a la mayoría de la población de trabajos dignos y bien remunerados que permitan dicho consumo. ((Young, Jock. 2003. La Sociedad Excluyente. Madrid: Marcial Pons.))

Es decir, mientras más personas se sientan impedidas de alcanzar las metas sociales impuestas por la ideología dominante, mayor será el número de aquellos que miren a la criminalidad como una forma de alcanzar las mismas. De igual manera, bajo esa sociedad bulímica mayor será el número de los que recurran a la violencia como una forma de manejar las frustraciones producto del sentimiento de exclusión e incapacidad económica.

Así las cosas, y mirando el clima de opinión que durante los pasados meses construyó como real la baja en la violencia social y la criminalidad, se puede apuntar a dos procesos como posible explicación para esa conclusión. Primero, las elecciones. Es decir, el proceso electoral que crea en la mente de las grandes mayorías excluidas la ilusión de participación y de ser tomados en cuenta. Ese carnavalesco proceso levanta las expectativas de un futuro con mayor participación y una mejor vida económica. Esta percepción de participar y “ser contado”, tiende a bajar los niveles de frustración social que a su vez pueden producir violencia. Es fácil pensar entonces que la inauguración de una nueva administración gubernamental, escogida por voto popular, abone y fomente las expectativas de una sociedad más justa e inclusiva.

Lo anterior nos lleva al segundo factor para explicar la baja en la violencia criminal registrada durante la primera mitad del 2013, es decir, el estilo del actual administrador colonial, Alejandro García Padilla. Si la violencia es producto de la percepción de exclusión que sufren las mayorías en la Isla, parece lógico pensar entonces que el estilo más suave y elegante de García Padilla, comparado con las grotescas y burdas formas que caracterizaron a la administración de Luis Fortuño, puede ser un factor esperanzador para una población mental y emocionalmente dependiente del aparato gubernamental como herramienta para la solución de los problemas.

La realidad es que la sábana, como decía el jíbaro, se estira hasta donde llegue. Por tanto, también es lógico pensar que según va pasando el tiempo y las soluciones a los problemas económicos y sociales no se materializan, o se producen a un paso muy lento, disminuya proporcionalmente el efecto de los rituales de revitalización antes mencionados. De esta manera, se puede entonces especular que la súbita alza en la violencia criminal reportada por los medios de comunicación en estas semanas pudiera ser un síntoma de una creciente frustración entre las grandes masas que poco a poco se vuelven a ver como excluidas. Sectores que poco a poco van despertando a la realidad excluyente de unas políticas económicas que, aunque se proyecten más suaves y compasivas, siguen basadas en la visión del mundo financiero y no en las necesidades del pueblo.

En resumen, que al parecer se sostiene lo que al comienzo del pasado mes de junio adelantáramos durante una conversación con Daniel Rivera Vargas de El Nuevo Día sobre la entonces merma en la violencia criminal: “si no hay un repunte económico en los próximos meses, esa brecha se seguirá cerrando”.

————-
Young, Jock. 2011. The Criminological Imagination. Londres: Sage. [↩]

Resolución de estudiosas y estudiosos de la violencia y la criminalidad en Puerto Rico en contra de la pena de muerte


muerteEste documento, lo suscribe un grupo de personas vinculadas a las disciplinas de criminología, penología, sociología, derecho, psicología, sistemas de justicia, antropología, trabajo social, ciencias sociales y otras ciencias humanas en Puerto Rico así como de la academia.

En múltiples ocasiones el pueblo de Puerto Rico se ha pronunciado en contra de la pena de muerte. Ello desde 1952, al rechazarle expresamente en el texto constitucional, y desde entonces en reiteradas ocasiones por parte de jurados que se han negado a imponerla, en casos procesados en la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos, en Puerto Rico. Sin embargo, actualmente hay tres (3) personas certificadas para pena de muerte en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico y once (11) casos pendientes de certificación.

Como criminólogas, criminólogos, victimólogos/as, psicólogos/as, juristas, científicos/as sociales y académicos/os nos oponemos a la pena de muerte por las siguientes razones:

1.La pena de muerte constituye un retroceso en nuestro sistema social y de derecho. La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia y no una solución a la misma.

2. En 2007, la ONU adoptó una resolución impulsada por la Unión Europea que insta a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte con miras a abolirla. Esto después de muchos años de investigación, ponderación y evaluación por parte de la comunidad científica particularmente, procedente del campo de la Criminología y Penología contemporáneas.

3. La pena de muerte no previene la reiteración del delito ni constituye un disuasivo para la comisión de crímenes violentos. Las investigaciones criminológicas revelan que la pena de muerte no previene la reiteración del delito, ni constituye un disuasivo para la comisión de crímenes violentos. Al contrario, muchas veces, multiplica los asesinatos para acallar posibles testigos.

4. La pena de muerte tiene efectos deshumanizantes. Esto significa que la misma se convierte en un espectáculo cotidiano generador de más violencia que además, estimula la satisfacción de sentimientos sádicos.

5. Los argumentos basados en la defensa de los derechos humanos constituyen otra forma de demostrar que la pena capital es un mal innecesario. Como ya ha sido señalado por reconocidos criminólogos “si la prisión se desarrolló en parte para sustituir la pena capital, sería absurdo y retrógrado proponerla nuevamente”.

6. La pena de muerte no solo es contraria al derecho a la vida, sino también al principio de la rehabilitación que anima la filosofía de la ley que crea la Administración de Corrección en Puerto Rico.

7. Existe amplia evidencia criminológica de que en la aplicación de sentencias de muerte entran en juego posturas discriminatorias y prejuicios por razones de raza y de clase social. La pena de muerte ha sido aplicada de manera selectiva y discriminatoria contra minorías raciales, étnicas y disidentes políticos y religiosos.Se ha constatado que más de un 90% de las personas sentenciadas a la pena de muerte en Estados Unidos es impuesta a personas pobres que no pueden costear una buena defensa.

8. Estados Unidos es la única potencia industrial occidental donde todavía existe la pena de muerte. Recientemente, el senador demócrata Russ Feingold presentó al Senado estadounidense un proyecto de ley para suprimir la pena en la jurisdicción federal. Feingold recalcó que la pena capital ha sido abolida en ciento veintitrés (123) Estados Naciones del mundo; criticó la discriminación racial que domina su aplicación y el alarmante costo que caracteriza su imposición. Feingold urgió a suprimirla en nombre de los principios de justicia, libertad e igualdad que se supone son los pilares fundacionales de la nación estadounidense.

9. La implantación de la pena de muerte trae implícita la posibilidad de error judicial. La pena de muerte se ha aplicado a personas inocentes y a otras con discapacidad intelectual o mental. Sabemos además que un sistema de justicia penal, es incapaz de decidir siempre con equidad, coherencia e infalibilidad, quién debe vivir y quién debe morir. Sabido es que en los Estados Unidos, entre los años 1900 y 1985, alrededor de 350 personas fueronsentenciadas a muerte y posteriormente se comprobó su inocencia. Está claro que la pena de muerte constituye una pena inhumana, irreparable e irreversible.

En el error judicial intervienen diversidad de factores: representación legal inadecuada; el rol del juez o jurado, quienes determinan la culpabilidad o inocencia de las personas, la pena a imponer, los prejuicios que pueden influir en tales decisiones; las investigaciones policíacas inadecuadas, los casos fabricados y las evaluaciones forenses imprecisas, entre otros.

Lo que se defina como peligroso, estará sujeto a los estigmas y a los prejuicios de los jurados que tengan en su poder la decisión de imponer o no la pena de muerte.

En 1989 la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo que “el fenómeno de la antesala a la pena de muerte constituye un castigo cruel e inhumano”. Se menciona lo doloroso de la espera de la muerte no sólo para la persona condenada, sino también para los familiares y amigos de ésta.

10. Víctimas del crimen también se han pronunciado en contra de esta medida punitiva. Diversas entidades u organizaciones de familiares de víctimas del crimen en contra de la pena de muerte, como Familias de Víctimas de Asesinato pro Derechos Humanos (MVFHR, por sus siglas en inglés de “Murder Victims’ Families for Human Rights”), una organización sin fines de lucro formada en los Estados Unidos por personas que han perdido algún familiar por asesinato o ejecución judicial y quienes se oponen a la pena de muerte en todos los casos. Esta organización sostiene que:

En cualquier parte del mundo, comúnmente, se asume que los familiares de las víctimas de la violencia están a favor de la pena capital. Se presume que las ejecuciones satisfacen las necesidades de justicia en las víctimas del crimen. Ser un oponente a la pena de muerte es visto como estar en contra de la víctima. A través de sus declaraciones, testimonio y material educativo, los miembros de MVFHR demuestran a quienes tienen el cargo de hacer las leyes políticas y al público en general, que sí es posible estar en pro de la víctima e ir en contra de la pena de muerte a la vez. La respuesta a una violación a los derechos humanos no debe ser otra violación. Honramos el dolor de la víctima previniendo la violencia, no perpetuándola (INP, 2008).

La Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS) es otra organización que ofrece apoyo a familiares de víctimas del crimen en Puerto Rico y que está opuesta a la pena de muerte (ALAPAS, 2011). Así lo ratificó en una resolución y es una de las organizaciones que forma parte de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte (CPCPM, 2010).

En Puerto Rico, vale destacar lo reseñado recientemente en uno de los principales rotativos del País sobre la masacre de “La Tómbola”, en Sabana Seca, ocurrida el 17 de octubre de 2009. Se reseñó el padre de una de las víctimas manifestó: “Solo quiero y necesito que se haga justicia. No creo en la pena de muerte. No quiero que la familia sufra como sufrimos nosotros…” (Suárez, 23 de febrero de 2013, p. 34-35).

Estos sectores víctimas del crimen se unen al reclamo de que se haga justicia pero le dicen “no” a la pena de muerte.

11. La pena de muerte resulta más costosa que tener a una persona en prisión 50 años o más. Aún considerando que diversas investigaciones indican lo costosa de esta medida, se afirma que “parece inmoral y deshumanizante discutir la privación de la vida en términos de dólares y centavos”. En promedio una persona sentenciada a pena capital puede estar en el corredor de la muerte de 7 a 8 años. Esto debido a la posibilidad de error judicial y que existe un sistema de apelación que involucra tres niveles de cortes estatales, tres federales y la posibilidad de ofrecer nueva evidencia y empezar una nueva ronda de apelaciones. Pensando en abaratar los costos que conlleva la aplicación de la pena capital, algunos sugieren reducir y limitar el tiempo que tomen las apelaciones. Pero “cuando ese sistema sea apresurado habrá más personas ejecutadas dentro de una nube de dudas”.

12. La implantación de la pena de muerte afecta a los sectores menos aventajados en Puerto Rico, que son además el objetivo ordinario del procesamiento penal en nuestro sistema, que criminaliza la pobreza.

Por estas razones, rechazamos la pena de muerte en Puerto Rico.

Profa. Sylvia M. Álvarez Ramos, Psicóloga Social

Dr. Juan L. Bonilla González, Sociólogo y profesor universitario

Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, Abogado y Profesor universitario

Lcdo. Carmelo Campos Cruz, profesor universitario y doctorando en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales

Prof. Alfredo Carrasquillo Ramírez, Psicoanalista y profesor universitario

Sr. Eduardo Cartagena Figueroa, Presidente de la Fundación Libre de Géneros 

Prof. José R. Cepeda, JD y profesor universitario

Lcda. Carmen Cintrón Ferrer, LL.M y profesora universitaria

Lcdo. José Javier Colón, Abogado y profesor universitario

Dr. José F. Córdova Iturregui, profesor universitario

Sr. Alexis Feliciado González, BA en Sistemas de Justicia y estudiante de Derecho

Dr. Víctor I. García Toro, Sociólogo, Trabajador Social y Criminólogo

Dra. Teresa Gracia Agenjo, Psicóloga Social y profesora universitaria

Prof. Gary Gutiérrez, Criminólogo y profesor universitario

Profa. Mayra Hernández, MA en Justicia Criminal y profesora universitaria

Lcdo. José Irizarry Yordán, expresidente Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico

Profa. Zulma Latorre, JD y Profesora universitaria

Profa. Rosalie López Castellanos, M.Ed. EE y JD

Dr. Héctor López Sierra, Psicólogo de las religiones y profesor universitario

Dr. José Luis Marttínez Fernández, Médico Internista y escritor

Dr. Manuel E. Muñiz Fernández, Científico Social y profesor universitario

Dra. Yvette Piovanetti Keelan, Pediatra

Profa. Anuchka Ramos Ruíz, profesora universitaria

Lcdo. Jesús Rivera Delgado, JD y profesor universitario

Sa. Myra Rivera Torres, presidenta de ALAPÁS

Sa. Mercedes Rodríguez, Psicóloga Social

Lcdo. Alexis Rodríguez Ramos, JD, Psicólogo social y profesor universitario

Dra. Madeline Román, Criminóloga y Socióloga y profesora universitaria

Lcdo. Luis E. Romero Nieves, LL.M y profesor universitario

Dra. María E. Santana Grandone, Psicóloga social y profesora universitaria

Profa. Jelitza Soto Román, Trabajo Social y profesora universitaria

Dra. Lina M. Torres Rivera, Criminóloga -Socióloga y profesora universitaria

Profa. Nina Torres Vidal, profesora universitaria

Dra. Sonia Serrano Rivera, Socióloga y Doctora en Derecho y profesora universitaria

Profa. Arelis Veintidós, Mediadora

Contactos:

Dra. Sonia Serraro Rivera -787-448-1285 – soniamserrano@hotmail.com

Dra. Lina M. Torres Rivera- 787-728-1515 Ext.2143 linatorres21@gmail.com

 

Del régimen colonial a la sociedad de “ley y orden”; historia de resistencia y complacencia social.


Conferencia

Del régimen colonial a la sociedad de “ley y orden”;

historia de resistencia social.

Por Gary Gutiérrez

Presentada ante estudiantes del curso de práctica del programa de Justicia Criminal en el Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Una mirada rápida a la historia puertorriqu??????????eña de los pasados años es suficiente para notar que la afirmación del neo-liberalismo y el crecimiento de la violencia social son los dos aspectos que definen ese periodo histórico en nuestro país.

Los periódicos publicados durante la primera década del siglo XXI dan cuenta de alrededor de mil muertes violentas al año. Al mismo tiempo, esas publicaciones dan cuenta de la imposición en la Isla de las ideas económicas y sociales del economista estadounidense Milton Friedman. Es decir una política económica donde el gobierno sede su poder regulador de la economía ante la “invisible mano” reguladora del mercado. Donde los servicios inherentes al estado moderno se canalizan mediante la empresa privada en acelerados procesos de privatización. Por último, estas ideas incluyen las visiones conservadoras de control social mediante una política publica empaquetadas en discursos de “cero tolerancia” y de sociedades de “ley y orden”.

A manera de trasfondo, les recuerdo que como resultado del Tratado de París, Puerto Rico pasa a ser una colonia estadounidense o territorio, como le llama el poder metropolitano. Como parte del ordenamiento jurídico político estadounidense, todos los poderes, así como la soberanía política de la Isla pasaron al Congreso estadounidense, institución política que todavía figura como máximo organismo rector de la vida de los puertorriqueños. Como parte de las decisiones de ese cuerpo rector, desde el 1917, se le impone a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, razón por la que los naturales del archipiélago boricua tienen las garantías obligaciones de esa ciudadanía.

Unas décadas más tarde, en 1942, en medio de un creciente nacionalismo, el Congreso de Estados Unidos reforma la relación con el territorio, permitiéndose a los puertorriqueños algunos espacios de auto gobierno, la elección de los oficiales del gobierno local y autonomía en asuntos locales. Claro, este nuevo espacio de auto-gobierno está limitado a que las decisiones locales no contradigan o desmerezcan los intereses políticos y económicos estadounidenses en la isla o la región. Es así que los puertorriqueños desarrollan un sistema de justicia criminal para manejar e intervenir con la desviación criminal local y los asuntos de seguridad producto de la interacción social de la vida diaria.

Partiendo de estos procesos económicos y sociales, es mi hipótesis, que la violencia que hoy se vive en el País no solo es el producto no intencionado del ordenamiento socio-económico antes detallado, sino que esta violencia se pudiera mirar como un discurso contestatario de los sectores excluidos por ese proceso colonial y neo-liberal

Como expusiera durante la reunión de la Asociación de Criminología de Estados Unidos en Chicago hace solo unos meses el compañero profesor José Raúl Cepeda, podemos estipular que la cultura puertorriqueña del siglo XXI es el producto de tres procesos violentos productores de exclusión. Estos procesos son: el coloniaje que es violencia política, el machismo que es violencia de género y el capitalismo que es violencia económica. Catalogo estos tres procesos como violentos pues los tres pudieran verse como darwinistas en el sentido de que los tres implican la imposición de los más fuertes sobre los más débiles.

En el aspecto económico, durante los pasados cuatro años el gobierno encabezado por Luis Fortuño, un nuevoprogresista que pretendió proyectarse como la nueva cara latina en el Partido Republicano estadounidense, impuso en la isla una de las versiones más excluyentes del mencionado capitalismo, el neo-liberalismo conservador. Ese tipo de capitalismo, que el británico Jock Young cataloga como “bulímico”, exacerba la exclusión social al prácticamente eliminar o reducir enormemente la llamada clase media trabajadora, mientras aumenta el sector sub-proletario o lumpen de la sociedad.

Con el término “bulimia social”, Young pretende explicar la forma en que las sociedades que abrazan ese capitalismo salvaje o neo-liberal como forma de organización socio-económica terminan incluyendo a todos los sectores económicos en falsas y creadas necesidades de consumo, mientras expulsa a la gran mayoría de la población de los empleos dignos con remuneración que les permita el mencionado consumo. Es decir la sociedad es incluyente para que la gente gaste y excluyente para que produzcan ingresos legales.

La crítica a este sistema capitalista por parte de Young, se complementa con los trabajos del intelectual puertorriqueño Carlos Rivera Lugo.

En su magistral ensayo, Ni Una Vida Más Para La Toga, Rivera Lugo cataloga como “Guerra Social” el resultado del ordenamiento impuesto por ideologías excluyentes como la neo-liberal conservadora. Según esta visión, cuando el Estado se proyecta como ilegítimo para grandes sectores de la población, como es el caso de estas sociedades neo-liberales, parte de la población que compone los sectores más desventajados de la sociedad terminan cuestionando, consciente o inconscientemente, el ordenamiento social que los excluye. Ese cuestionamiento pudiera incluir la necesidad o no de respetar las leyes de ese Estado que es visto como no representativo. De esta manera esos sectores marginado pudieran recurrir a lo que en Puerto Rico se le conoce como “bregar”. Es decir buscárselas como se pueda, incluyendo las actividades ilegalizadas. Lejos de reconocer la actitud de esos sectores marginados como un reclamo de espacio, el Estado responde con una mentalidad que Rivera Lugo cataloga de “racionalidad adversativa”, entiéndase represión y violencia sistemática. Esa respuesta estatal termina produciendo más exclusión, la que a su vez produce más “brega” que, nuevamente aumentará la represión en un proceso de espiral infinito.

Partiendo de las definiciones de Carlos Rivera Lugo, es mi impresión que ante esta “racionalidad adversativa” del Estado se pueden dar varias respuestas.

Por un lado, los sectores más conscientes y capacitados en el sentido social y político, se organizaran o buscarán fortalecer organizaciones existente. De esta manera, y como se vio en las pasadas elecciones, surgirán nuevos partidos, movimientos u organizaciones políticas. De igual forma, el liderato comunal se organizará para hacer frente a proyectos que puedan afectar negativamente a su comunidad. El movimiento en contra del gasoducto que se propuso para partir la Isla con una sicatriz de sur a norte es un ejemplo de este tipo de respuesta.

Sin embargo, no todo el mundo cuenta con el desarrollo de una conciencia y unas capacidades organizativas que les permita tomar control de sus procesos y responder con acertividad. Para decenas o tal vez cientos de miles de puertorriqueños, la respuesta a este excluyente proceso parecería ser una inconsciente. Como se mencionó anteriormente, ante un bulímico sistema económico que no provee espacios para producir los ingresos necesarios, aquellos que no cuentan con las destrezas o la conciencia política para organizarse legalmente recurrirán a “bregar”. Durante la pasada reunión de la Asociación Americana de Criminología en Chicago, Jock Young explicaba como la resistencia social a la marginación está en todas partes, solo tenemos que aprender a verla. Mirando la sociedad puertorriqueña en el crisol de la invitación del viejo Young, podemos teorizar que esa “brega”, legal o ilegal, mediante la cual sobreviven enormes sectores de la población, no es otra cosa que un discurso contestatario inconsciente que materializa una resistencia económica a la exclusión resultante de un sistema que no da empleos pero que define el éxito según la capacidad de consumo que tenga cada quien.

Por supuesto no toda esa “brega” es criminal. Miles recurren a actividades que pueden constituir violaciones a leyes y reglamentos, pero que no se ven realmente como criminales. Entre esto, proveer servicio de peluquería o mecánica sin las licencias o permisos y sin reportar los ingresos a las agencias recolectoras de impuestos. De igual forma, otras personas pueden desarrollar una actividad de venta al detal informal, sin respetar los reglamentos de impuestos o reportar sus ingresos. Es decir, vender películas en DVD, perfumes, cosméticos, carteras o zapatos en la casa, desde el baúl del carro, o en las oficinas.

No obstante, entre esos que bregan se tiene que incluir a los que se internan en el prohibido e ilegalizado negocio del narcotráfico. Se estima, dependiendo de las fuentes que se utilicen, que este ilegalidado negocio es el tercer sector económico del país y el segundo en la creación de empleos. Incluso se pudiera especular que ese ilegalizado narcotráfico es la única institución que funciona en muchas de las comunidades en la isla. Es de conocimiento público, que en muchas instancia, es el “bichote”, término degenerado de la expresión anglo “big shot”, el que subsidia la vida comunal en muchas de nuestros sectores marginados. Es este “bichote” el que provee empleos a los muchachos jóvenes, mantiene la seguridad en la comunidad, sufraga los costos de las fiestas o torneos deportivos en las comunidades y subsidia las necesidades de los envejecidos.

En palabras de un estudiantes que valientemente admitió durante una de mis clases que en ocasiones él ha incursionado en el mundo del narcotráfico; ¿qué otra cosa se puede hacer?

“Si necesito el dinero para ayudar la vieja a pagar la luz o si tengo que poner al día la pensión, solo tengo dos opciones. ¿Tirarme a tratar de buscar trabajo? Para eso tengo que hacer mil tramites y gastar un montón de chavos en ir buscar la carta de buena conducta, los análisis médico, comprar una ropa que aparente y tener la suerte de que me toque una solicitud, pues hay veces que hay dos o tres espacios para trabajar y solo dan cien solicitudes. O puedo ir donde el “bichote” que me conoce del barrio y me deja bregar un par de horas o me fía un poco de material para que me defienda vendiéndolo. Por supuesto no se trata de glorificar al narcotraficante. El de él es un negocio violento que genera una cultura de violenta en las comunidades que ocupa o controla. Sobre todo cuando la cultura de la sociedad en que se instala es ya una violenta, como en el caso de Puerto Rico que, como se expuso anteriormente, se caracteriza por la violencia colonial, machista y neo-liberal. Así las cosas y tomando prestadas las ideas de Franz Fanon y de Albert Memmi, podemos partir del concepto “carnavalización del crimen” del británico Mike Presdee y preguntarnos cómo el insertarse en el narcotráfico para muchos no es un problema, sino la solución a sus problema de exclusión y marginación socio-económica.

Mirando desde estas perspectivas la organización social en Puerto Rico, se pudiera inferir que la misma es una receta para el desastre. Por un lado, un sistema colonial, machista y capitalista excluyente que produce frustración que llevan a la violencia, y un sistema que crea mediante leyes draconianas que criminalizan el narcotráfico un espacio económico ilegal pero sumamente productivos donde se refugian decenas de miles de jóvenes varones.

Mientras esto ocurre, desde su “racionalidad adversativa”, el gobierno responde afirmando y ampliando las mismas respuestas punitivas y represivas que vienen fallando por décadas. Una medidas que solo logran encarcelar a miles de jóvenes, quienes tras ser procesados por el sistema salen unos años más tardes con mayor prestigio callejero y más conocimiento del negocio. A estas fallidas respuestas punitivas, la pasada administración le añadió la conservadora visión republicana de una “sociedad de ley y orden” basada en los valores del blanco, varón, propietario, alargadamente heterosexual y cristiano que se construyó en la década del 1950 como el “sueño americano”. Una visión que basado en el pensamiento que dio forma a los grupos de temperancia al principio del siglo pasado en los Estados Unidos, y que de paso, fueron la base del fascismo español, parten de la premisa que mantener el orden en una sociedad está por sobre todas las cosas. Es decir una visión para la que el desviado, sea por usar o vender drogas o sea porque protesta en la universidad, tienen que ser reprimidos a la obediencia a como de lugar. Acaso no recuerda aquello de “sacarlos a patadas”.

Esa fue la mentalidad que generó leyes que, bajo amenaza de tres años de cárcel, reducen la libertad de expresión en los espacios públicos a que no molesten a la gente decentes. De paso, leyes que el actual gobierno no ha derogado.

Por supuesto, como prueban las décadas de prohibición, esta conservadora visión punitiva no logro reducir el narcotráfico y mucho menos la violencia. Al contrario, al momento, la droga es más abundante, más barata, deja más ganancia y los carteles que la mueven son mas poderosos y ricos. De la violencia no es necesario abundar mucho, con solo mirar un periódico se sabe cual es el resultado. A todas luces, esta visión punitiva no logra controlar la violencia ni el narcotráfico. Lo que si logra esta visión, impuesta por Fortuño y mantenida por Alejandro García Padilla, es llenar las arcas del complejo industrial correccional, metiendo gente presa, comprando cámaras y tecnología de vigilancia, así como gastando en equipos especializados y tácticos para las fuerzas represivas del Estado.

El otro resultado de estas iniciativas punitivas es que las mismas, no controlan la criminalidad, pero ganan elecciones.

Si miramos las pasadas elecciones, las mismas aparentan haber sido un concurso de simpatías para con los sectores conservadores. Después de todos, esos son los sectores que todavía se mueven a votar en masa. Por un lado, el linea dura de Luis Fortuño con su discurso de mano dura y valores de ley y orden, y por el otro, el moderado Alejandro García Padilla cuya propuesta “moderada” era la mano inteligente que incluyen mantener la ley y orden mediante la movilización de los militares del país. Este cuadro electoral antes descrito, aparenta haber salido de los trabajos del estadounidense Jonathan Simon. En su libro: Governing through Crime, Simon explica que desde la década del 1960 en los Estados Unidos la llamada clase media se siente amenazada, pero no por los poderosos que cada día le imponen más responsabilidad fiscal, sino amenazada por los sectores sub-proletarios a quienes construyen como viciosos, vividores y criminales. Es por esta razón, que para ganarse el voto de esa clase media que es la que más participa en las elecciones, los políticos tienen que proyectarse como intolerantes frente a ese lumpen que se niega a vivir como las “personas decentes” y que no trabaja porque no quiere.

Al traer la teoría de Simon a la realidad puertorriqueña aquí descrita, es fácil explicar porque los políticos buscan mediante la criminalización de la pobreza sub-proletaria, congraciarse con esa masa de trabajadores pobres que en Puerto Rico se ven a sí mismos como clase media. Es decir que la mayoría de las propuestas políticas en torno a la criminalidad y al narcotráfico, sobre todo por parte de los dos partidos de masas que controlan el proceso electoral, no van dirigidas a controlar la violencia, el narcotráfico y mucho menos la criminalidad, sino va dirigido a ganar el juego de sillas musicales que parece ser la política puertorriqueña.

Así las cosas, mi hipótesis se pudiera ampliar para incluir, no solo que la violencia que hoy se vive en el País es el producto no intencionado del ordenamiento socio-económico antes detallado, y que esta violencia y criminalidad se pudiera mirar como un discurso contestatario de los sectores excluidos por ese proceso colonial y neo-liberal; sino que los puertorriqueños reafirmamos electoralmente el excluyente proceso.

En ese sentido parecería que todos, unos por acción y otros por omisión, somos responsables por la insanidad que vivimos.

Publicado en El Post Antillano Neoliberalismo criollo, viviendo el fascismo social…


PEDALEANDO POR LA ORILLA

Viernes 03 de Agosto de 2012
Gary Gutiérrez

Neoliberalismo criollo, viviendo el fascismo social…

Loïc Wacquant

A finales del año 2009, se publicó en Estados Unidos la segunda edición de unos de los libros clásicos de la criminología crítica: Prison of Poverty de Loïc Wacquant.

En el mismo, el académico francés residente en California, explica como el pensamiento conservador y neoliberal imperante en Estados Unidos utiliza el sistema de justicia criminal para disciplinar y controlar las poblaciones excedentes que se producen como resultado de las políticas económicas excluyentes que estos mismos neoliberales y conservadores imponen.

El libro detalla cómo estos grupos neoliberales y conservadores vinculan la criminalidad a los sectores sub-proletarios de la sociedad, así como a cualquier otro sector que se proyecte diferente y que sirva para generar miedo en la llamada clase medias.

La idea según Wacquant es que esos que se ven a sí mismos como clase media, endosen electoralmente las posturas conservadoras de las clases dominantes, y permitan recortar derechos a la población en general mientras se le garantiza el libre espacio de movimiento al capital.

De esta manera, esa llamada clase media que en Puerto Rico realmente está compuesta por trabajadores pobres cuyos ingresos son de subsistencias en el mejor de los casos, construye a tanto los subproletarios como o a los demás grupos vistos como diferentes, como los culpables de los problemas sociales y de exclusión que en realidad son causado por las políticas económicas de los propios sectores poderosos económicamente.

El resultado es que cualquier grupo que no corresponda o se someta a la definición del poder, es decir que no sea o se comporte como decida el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano será etiquetado como peligroso, desviado, delincuente o criminal, por lo que debe ser controlado, reprimido o encarcelado so color de preservar ‘la ley y el orden”.

Para estos neoliberales conservadores, en nombre de “la ley y el orden” todo es válido sin importar derechos o justicia.

Es desde este contexto que la aprobación sin mucha oposición pública del un nuevo Código Penal que criminaliza la libertad de expresión en Puerto Rico, impone penas absurdamente severas, así como la intención de que el pueblo renuncie a derechos constitucionales como el de la fianza, hacen sentido.

Durante los pasados años, los políticos al servicio de esta agenda neoliberal y conservadora fueron creando las condiciones para que la ciudadanía, movida por el miedo, apoyara su proyecto social de represión ciudadana y libertinaje económico.

Instituyendo un estado de acepción basado en el tamaño del gobierno, en la crisis económica y la violencia social, estos aspirantes a neo-conservadores estadounidense que administran la Isla imponen su agenda, criminalizando o desacreditando como amigo de los criminales a todo el que se les oponga.

Por supuesto, parte esencial de este proceso, es el controlar el poder judicial, cosa que la administración de turno logro mediante al aumento de integrantes en el Tribunal Supremo en la Isla.

El sistema resultante de este proceso es uno que el portugués Boaventura de Sousa Santos llama “fascismo social”.

Es decir, una nueva versión del fascismo que no se basa en un régimen político que alcanza el poder mediante la fuerza bruta como lo hizo el fascismo tradicional en las décadas del 1920 y 30.

En cambio, el fascismo social se apoya en un control social y económico de las instituciones nacionales, las que poco a poco van cediendo y sometiéndose “voluntariamente” a la ideología de darle rienda suelta al capital en espera de que este sea el que construya una mejor sociedad.

Es decir un sistema donde “la ley y el orden”, que se mencionó antes, estén al servicio del capital y no de los seres humanos.

Boaventura de Sousa Santo

Para Boaventura de Sousa Santos, este nuevo fascismo se puede dar en tres modalidades, todas presentes en el Puerto Rico del siglo XXI: “fascismo del apartheid social”, “fascismo contractual” y “fascismo de la inseguridad”.

En Puerto Rico, las urbanizaciones cerradas, los Códigos de Orden Público, la privatización temporera o permanente de los espacios públicos, la imposición de códigos de vestimenta o la prohibición de actividades legítimas como usar patines o bicicletas en los parques, así como el tocar música en las plazas públicas o protestar en lugares públicos sin permiso, son ejemplos de ese “fascismo del apartheid social”, donde el espacio físico se divide mediante reglamentación que reserva unas áreas para la gente de bien y otras para los salvajes sociales.

De igual forma vemos presente el “fascismo contractual”, es decir cuando las relaciones de explotación se validan mediante contratos civiles que los débiles tienes que aceptar por falta de capacidad para enfrentarlos legalmente; el mismo también está presente en las nuevas leyes que flexibilizan las relaciones obrero-patronales a favor de los últimos, ilegalizan las protestas no coordinadas y las que restringen el legítimo derecho a la huelga, confinando las mismas a espacios y horarios “que no perturben el orden”.

Finalmente el “fascismo de la inseguridad”, que en Puerto Rico inspira el nuevo Código Penal, y el intento de reducirle el derecho absoluto a la fianza, se produce manipulando el temor que las clases vulnerables, entiéndase como ya se explicó la clase media. En lo que claramente es una relación paternalista, la clase media temerosas de la violencia y criminalidad que aparenta arropar el país ceden sus espacios, garantías y derechos a cambio de falsa sensación de “seguridad” y de “la protección” que prometen los poderosos.

Aun cuando la presente administración ha sido más burda y honesta en la instauración de este “fascismo social”, no es menos cierto que en mayor o menor grado desde la década del 1980, los administradores anteriores también sirvieron de herramienta a esta ideología capitalista.

Más triste aún, si como se perfila la próxima administración colonial en Puerto Rico estará dirigida por uno de los candidatos de los dos partidos tradicionales, el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático, al pueblo le esperan por lo menos cuatro años más de reafirmación de este fascismo social.

Eso quiere decir que, de ser ciertas estas observaciones, los próximos cuatro años serán uno de mayor represión social, de más recortes económicos y a los derechos de la población en nombre de las necesidades de seguridad al capital.

En resumen, que no importa quién de estos dos sea el próximo administrador colonial, parece que la Isla seguirá está condenada, con el apoyo electoral, al aumento de la exclusión social tanto para de los y las pobres, como para los sectores sub-proletarios y para todos y todas que exijan espacios para expresar sus visiones culturales.

Téngase claro que si aumenta la exclusión, de seguro aumentará la violencia y la criminalidad que azota al país, lo que aumentará a su vez la represión estatal generando así un espiral de violencia cuyo costo lo pagarán en sangre los más pobres.

Espero equivocarme.

Publicado originalmente en Claridad: Retórico y peligrosamente simplista el mensaje de Fortuño sobre la violencia


Retórico y peligrosamente simplista el mensaje de Fortuño sobre la violencia

Publicado: martes, 28 de febrero de 2012

Gary Gutiérrez*/Especial para CLARIDAD

Como en los pasados tres años, el administrador colonial en Puerto Rico, Luis Fortuño presentó el llamado “Mensaje Sobre la Situación del Estado”.

En el mismo y bajo el tema de “Seguridad Pública”, Fortuño dedicó cinco de las veintiuna páginas que tiene el informe al tema de la violencia social que vive la Isla.

En su alocución y empacado en una retórica emocional, el ejecutivo colonial destaca y admite el fracaso de su administración cuando viene a manejar la violencia.

“…nadie—y menos yo—puede estar satisfecho con los niveles de violencia e inseguridad que siguen azotando a nuestras familias y nuestras comunidades, y en particular el número de asesinatos”, estipula el discurso al comenzar a tratar el tema.

Tras la admisión del fracaso y matizado por la retórica emocional ya señalada, el político apuntó a que parte de la culpa de la violencia la tiene el propio pueblo, pues por una parte se limita a “mirar para otro lado o guardar silencio” ante los actos delictivos y por otra “desmoraliza” con su falta de apoyo a los oficiales de la uniformada.

Sin embargo, aun cuando admitió la violencia intolerable que sufre la Isla y tras señalar al pueblo como cómplice de la misma, el ejecutivo colonial detalla supuestos logros estadísticos de su administración respecto a la criminalidad en el País.

Adornados con “eslóganes” publicitarios y estribillos politiqueros, detalla arrestos, intervenciones y confiscaciones como prueba del esfuerzo que se hace.

De igual manera señala como un logro que, debido a la incapacidad de las autoridades locales, tuvo que entregarles a las agencias federales la jurisdicción sobre la situación de violencia que su administración no supo manejar. Cómo si los organismos federales fueran tan exitosos manejando la violencia en las ciudades de Estados Unidos.

Ante el tétrico cuadro y la admisión del fracaso, Fortuño propone continuar haciendo lo mismo que hasta ahora se hace sin éxito. Es decir aumentar las penas y castigos.

Sin embargo, y aquí es donde está el peligro de este simplista discurso electoral sobre la “seguridad”, el administrador colonial recurre a tratar de reducir derechos y libertades so color de poder enfrentar la mencionada violencia social.

Es decir, la administración que hace menos de un año fue acusada por Justicia Federal de abusos y violaciones a los derechos civiles, hoy le pide al pueblo del cual abusó que le rinda las pocas protecciones que tiene contra esos excesos.

Entre estas peligrosas medidas que terminan tratando a todo el pueblo como “criminal” está la obligación de registrarse para comprar un teléfono celular prepagado. Lo que presume que los pobres que usan esos servicios por no poder acogerse a planes costosos de telefonía son criminales y deben ser vigilados.

De igual forma, entre las propuestas punitivas que esbozó el conservador dirigente asimilista, se incluyen leyes que prohíban comportamientos como disparar desde un vehículo en marcha.
¿Acaso disparar un arma de fuego sin razón en Puerto Rico no es un delito? ¿Se necesita prohibirlo dos veces?

Más peligrosas e igualmente inefectivas, aun, son las propuestas que terminan reduciendo las prerrogativas y el criterio independiente de la Judicatura, rama de gobierno que erróneamente el Gobernador cree que está para combatir el crimen y no para dirimir controversias velando por las libertades de los ciudadanos.

La iniciativas pretenden obligar a los y las jueces a imponer requisitos específicos en caso de violencia intrafamiliar, crear nuevas salas especializadas con jueces especializados, establecer guías específicas para poner fianzas basándose sólo en el delito imputado y no en las circunstancias específicas de los casos o los acusados y establecer procesos más ágiles para la revocación de fianza en casos específicos, son sólo algunas de las iniciativas que pretenden que el juez se convierta en un funcionario más de la Fiscalía o la Policía.

En nuestro sistema republicano de gobierno, el juez es un árbitro que dirime las controversias, incluyendo las que surgen cuando un ciudadano enfrenta una acusación por parte del Estado. Su función, la del o la juez, no es combatir la criminalidad; al contrario, su función es velar porque las acusaciones del Estado se ciñan al debido proceso.

A nivel federal, medidas similares a éstas son las responsables del enorme poder que ostentan en sus cortes los fiscales y de los abusos que contra los pobres y las minorías se les imputan a estos funcionarios.

Peor aún, organizaciones de derechos humanos apuntan a que como resultado de estas medidas que limitan la discreción judicial, Estados Unidos es el país con mayor población penal en el mundo industrializado, aún cuando los delitos y la violencia relacionada con el trasiego de drogas continúan en aumento. De paso, una población penal desproporcionalmente compuesta por minorías raciales, étnicas y económicas.

Finalmente y ante su incapacidad para manejar la violencia, el administrador colonial apunta a los derechos civiles como chivo expiatorio a ser sacrificado.
Sin presentar ningún dato, experiencia o estudio, el dirigente asegura que eliminar el derecho absoluto a la fianza es necesario y que con eso se resolverá la situación de violencia que se vive.

Es decir, el jefe de un gobierno señalado por los federales como fabricador de casos, pide a sus víctimas que cedan una de las protecciones que tiene contra esos abusos.

En su retórica simplista, Fortuño explica que esa limitación sólo afectará a los asesinos violentos. ¿Olvida el Gobernador que nadie es asesino hasta no ser culpable? Que imponer trato diferencial solo por la naturaleza de las implicaciones pudiera violar principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.

De igual forma olvida que por virtud de haber rendido a los federales la jurisdicción sobre esos delitos de violencia, a los imputados de los mismos se les puede encarcelar sin fianza en el tribunal estadounidense.

Pero lo más importante que olvida el Gobernador, es que ni las penas ni los castigos evitan la violencia.

El saber criminológico apunta a que la violencia extrema de que nos habla el Gobernador es producto de enajenados que no razonan sus acciones, o de personas que en medio de un coraje o frustración agreden como respuesta a una situación, o las acciones de profesionales para quienes ir preso es parte del negocio.

En ninguna de estas instancias, por tanto, la posibilidad de castigo es un disuasivo para las acciones desviadas o violentas.

Tras leer críticamente el discurso del administrador colonial ante la legislatura colonial, el mismo se revela como uno simplista dirigido a reproducir las fracasadas políticas anticrimen de los conservadores Republicanos estadounidenses.

En conclusión, medidas como las que hoy sugiere el ejecutivo colonial terminan produciendo más violencia que la que intentan manejar y alejan el análisis y la discusión pública de las verdaderas causas de la violencia social que se vive.

Ése es el verdadero propósito de estas medidas, lograr que los electores, en su mayoría conservadores, apoyen electoralmente al Gobernador, mientras se pone al candidato opositor en la difícil postura de aparecer apoyando a los delincuentes si opta por defender los derechos civiles.

No importa el político que sea, si al hablar de soluciones a la violencia y criminalidad no menciona el desempleo, la pobreza, la exclusión y la marginación social, no está hablando de remedios verdaderos.

Cuando demagógicamente el Gobernador habla de que el crimen es producto de los derechos civiles le está ocultando al pueblo que las verdaderas razones para la violencia que vive el país son sus propias políticas económicas y sociales y el orden injusto que se empeñan en mantener.

El verdadero problema con los discursos retóricos y simplistas del administrador colonial de turno es que mientras él habla para ganar elecciones, nuestros jóvenes se nos desangran en las calles.
 


*El autor es profesor universitario y estudioso en el área de Justicia Criminal.

Violencia Callejera: Resultado esperado del “orden”


Publicado originalmente en el Dialogo de Mayo-Junio 2011

http://www.dialogodigital.com/index.php/Violencia-callejera-resultado-esperado-del-orden.html
http://www.dialogodigital.com/index.php/Dialogo-mayo-junio-2011-/-Abatidos-por-la-criminalidad.html

No es para menos, el puertorriqueño de la segunda década del siglo XXI convive en una sociedad de menos de cuatro millones de habitantes donde diariamente mueren violentamente más de tres personas.

Datos recientemente publicados por la prensa apuntan a que durante los pasados años, la Isla alcanzó números que rondan sobre 25 muertes violentas por cada cien mil habitantes.

De igual forma, estipulan que la violencia callejera del país aumenta a un ritmo de sobre un 10 por ciento de un año a otro, lo que ubica a Puerto Rico entre los países con más violencia social en el mundo. Ante esta situación, la respuesta de la administración de turno en la Isla parece ser incrementar y fortalecer las mismas medidas que vienen fallando desde la década de 1980.

Es decir, aumentar el número de efectivos policíacos, incrementar el presupuesto de las agencias represivas, así como legislar aumentos en las penas y el tiempo de encarcelamiento para los que resulten convictos de delitos.

Estas medidas construyen la criminalidad como una burbuja alejada del resto de la realidad socioeconómica del País y como un fenómeno producto de individuos que, por debilidad moral, no tienen capacidad de contener su comportamiento.

Esta forma de mirar al crimen está basada en los trabajos de tanques de pensamiento conservador como el de Manhattan Institute y el del Institute for Economic Affairs, que por las pasadas décadas Venden como verdad empírica al mundo la estrategia de “cero tolerancia” ante el crimen.

Según importantes pensadores tanto locales como internacionales, esta teoría cuyo principal portavoz a nivel mundial es el republicano ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, termina promoviendo más criminalidad que la que resuelve.

Tanto los trabajos de la Dra. Dora Nevares Muñiz, como los de los doctores Joel Villa y Carlos Rivera Lugo apuntan a que estas medidas de “cero tolerancia”, que en la Isla se implementan bajo consignas publicitarias como “mano dura contra el crimen”, “castigo seguro” y el más reciente embeleco “Puerto Rico de ley y orden”, terminaron generando más violencia callejera.

Violencia que no sólo aumentó en áreas de alta incidencia criminal, sino que se expande y dispara en zonas rurales donde tradicionalmente este comportamiento no era un problema. A pesar de que el saber criminológico en el siglo XXI apunta a que la criminalidad no es un problema policíaco, los administradores en Puerto Rico insisten en la insanidad de seguir reproduciendo las mismas y fracasadas respuestas.

En realidad no les queda de otra. La alternativa es admitir que la criminalidad y la violencia que experimenta Puerto Rico es el producto lógico de las medidas neoliberales que ellos mismos imponen como evangelio económico al País.

Esta visión económica que liberaliza las relaciones económicas bajo la teoría de que el gobierno está sólo para facilitar que el capital se mueva como entienda, pero que de igual forma aumenta la intervención gubernamental para controlar las poblaciones que no se sometan al “orden” social desarrollado e impuesto por ese capital, termina produciendo una sociedad donde el uno o el dos por ciento de la población disfruta del “crecimiento económico” mientras el restante ve reducirse su capacidad de sustentarse.

En los lugares donde esta ideología se impuso, es decir en los Estados Unidos de Ronald Reagan, como en el Chile de Augusto Pinochet, en la Inglaterra de Margaret Thatcher o en la Rusia de Boris Yeltsin, los resultados fueron los mismos: la desaparición de la clase media y el surgimiento de enormes sectores de marginados y desempleados que constituyen un ejército de mano de obra barata para el capital.

Ante esta situación la respuesta de esos marginados no son muchas.

Por supuesto, unos se van a someter disciplinadamente “comprando” el cuento de que ellos o sus hijos podrán en algún momento ser de los pocos beneficiados del proceso. Los que no se sometan tendrán dos vías para responder.

Por una parte, los que tienen conciencia y desarrollo político tomarán las calles para protestar y exigir su espacio.

No obstante, habrá otros, probablemente la mayoría, que no teniendo esa conciencia, verán en el comportamiento criminal o desviado una forma de contestarle inconscientemente al sistema que los excluye “buscándoselas” y “resolviendo” como puedan.

Este proceso, que caracterizó varios periodos históricos en los Estados Unidos, se agrava en esta época con el fortalecimiento del rol que los medios de comunicación controlados por el capital tienen en la sociedad del siglo XXI.

Si bien este proceso neoliberal termina excluyendo de las formas dignas de producción económica a la mayoría en la sociedad, paralelamente, el aparato publicitario y los medios de comunicación de masa van creando falsas necesidades de consumo que terminan definiendo la capacidad de comprar como la forma de medir el éxito individual.

De esta manera se da un proceso de inclusión y exclusión que el británico Jock Young llama “Bulimia Social”.

Es decir, un proceso que incluye todos por igual en las falsas necesidades de consumo al tiempo que excluye a la gran mayoría de la capacidad de producir para costear ese consumo.

De esa mayoría que se verá excluida de poder consumir se contará un por ciento que, como se explicó antes, vislumbrará las empresas criminales como alternativa económica que viabilice el acceso a los símbolos de éxito.

En resumen, las administraciones en Puerto Rico no acaban de entender que la criminalidad no es producto de falta de valores o de individuos endemoniados que caen en delincuencia por falta de fortaleza de carácter.

Tampoco entienden que más de 30 años de “mano dura”, demostraron que la misma termina produciendo más violencia y criminalidad que la que pretenden resolver.

Todavía no han asimilado que el crimen no es un problema policíaco, sino el resultado lógico y esperado de la “bulímica” sociedad que se produce con la imposición del pensamiento neoliberal que ellos veneran con afán cuasi religioso.

En fin, no acaban de entender lo que hace cien años explicó la rusa radicada en los Estados Unidos, Emma Goldman: “La más absurda apología de la autoridad y el orden es decir que las mismas sirven para que disminuya el crimen”.

El autor es criminólogo y profesor universitario http://garygutierrezpr.com

“cuando las leyes son más represivas, esto tiene un efecto de marginación de los sectores sociales y esto, a su vez, crea una actitud entre los marginados de desafío”


01 Abril 2011

Historico azote de la violencia

Por primera vez, los asesinatos superan los 300 en tres meses

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com 

El promedio es 3.33 asesinatos por día. Si se examina la frecuencia, es alrededor de una muerte violenta cada 7 horas y 12 minutos. Los números más simples son igual de preocupantes. En los primeros tres meses del año, periodo de 92 días, se reportaron 301 asesinatos.

La última de las muertes violentas ocurrió anoche en Santa Isabel, y los detalles de la misma aún no se conocían al cierre de esta edición. Antes, la víctima 300 se reportó en el sector Cercadillo del barrio Sabana Hoyos en Arecibo. Un hombre, de 84 años, identificado por las autoridades como Francisco Padilla Díaz, fue asesinado en medio de un robo domiciliario. Una herida profunda de arma blanca en el cuello lo mató.

El caso se perfila como un robo porque no se pudo conseguir la billetera o el dinero del sujeto.

Los 301 asesinatos alcanzados para esta fecha implican una escalada récord en la incidencia criminal en el País. Según los reportes policiales nunca antes un año había comenzado tan sangriento como éste. El año pasado, el segundo más violento en la historia del País con 984 muertes violentas, tuvo 78 muertes menos en el mismo periodo de tiempo.

Si la tendencia en asesinatos diarios se mantiene por el resto del año, las muertes violentas en el 2011 podrían llegar a las 1,200.

El Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha en una conferencia de prensa en la que repasó las estadísticas oficiales de la Uniformada, indicó que el trabajo policial no puede basarse en proyecciones. Reiteró que a pesar del aumento evidente en los asesinatos, los delitos Tipo I en general han bajado en un 11.2 por ciento.

“Hay un impacto positivo en la calidad de vida”, aseguró Figueroa Sancha quien ayer informó que todas las semanas informará públicamente las estadísticas de la Policía. Volvió a recalcar que la mayor parte de las muertes violentas se deben a lo que llama “deterioro social”.

En la categoría de “deterioro social” Figueroa Sancha junta las peleas, la violencia doméstica, la venganza y “la pasión” como móviles de los asesinatos. Juntos, estos móviles superan a los homicidios que se relacionan con el narcotráfico, que siempre había sido señalada como la principal causa de las muertes violentas en la Isla.

La Policía considera que el narcotráfico está relacionado con 102 muertes violentas este año, el 34.23% del total.

Cuando se le preguntó por qué no promovían más las iniciativas preventivas en lugar de las represivas para atajar el crimen, Figueroa Sancha dijo que muchos de los delitos que se cometen están fuera del alcance preventivo de la Policía.

De ahí pasó a sostener que están trabajando para mejorar los métodos investigativos de la Uniformada.

Según el criminólogo José Raúl Cepeda, el problema son las políticas represivas y punitivas del estado junto a malas decisiones en asuntos económicos.

Igualmente, el profesor de criminología Gary Gutiérrez, dijo que las políticas de “mano dura” y las pocas oportunidades económicas acentúan la marginación de los sectores más desventajados, lo que crea un sentimiento de opresión y las personas responden con desafíos a las reglas impuestas.

“Que haya 300 asesinatos en tan poco tiempo lo que demuestra es que lo que se ha hecho es una moronería. La mano dura y penas más altas no son disuasivo”, dijo, por su parte, Cepeda.

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01 Abril 2011

Penas más severas para ladrones de fincas agrícolas

Enmiendas buscan atajar el hurto en las fincas agrícolas

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

A simple vista parecía un aumento en las penas por las apropiaciones ilegales en las fincas agrícolas. Y así el gobernador Luis Fortuño lo anunció frente decenas de agricultores, la mayoría preocupados por el aumento que se ha registrado en los hurtos en esta industria.

De hecho, el gobernador afirmó que se trataba de enmiendas que, por su rigurosidad, tendrán el efecto de disuadir estos crímenes.

“Esto es un delito que no se está tomando en serio pero ahora va a tener el efecto disuasivo de la pena”, dijo Fortuño al sostener que las enmiendas obligaban a los jueces a imponer sentencias más rigurosas. Una de las enmiendas podría tener ese efecto. Esta pone como delito grave la entrada de extraños sin autorización a estas fincas. Actualmente es un delito es menos grave y conlleva una pena de multa o reclusión por 90 días.

La otra enmienda es el establecimiento como un agravante cuando las apropiaciones ilegales ocurren dentro de una finca. Esto implicaría que las penas, en tercer grado fluctuarían entre cinco y ocho años de cárcel, y para cuarto grado entre 1.5 y 3 años. Pero esto es sólo si no existen atenuantes.

Según el criminólogo José Raúl Cepeda, estas enmiendas no tendrán ningún efecto práctico en combatir el crimen ya que, aún cuando de ahora en adelante las convicciones conlleven penas más severas, las posibles sentencias nunca son un disuasivo para los criminales.

“Históricamente el uso de la pena como disuasivo nunca ha funcionado. La evidencia científica en realidad lo que sugiere es lo contrario, aumentan los crímenes”, dijo Cepeda

El también criminólogo Gary Gutiérrez indicó que cuando las leyes son más represivas, esto tiene un efecto de marginación de los sectores sociales y esto, a su vez, crea una actitud entre los marginados de desafío.

Además, con un esclarecimiento de casos de 46% como el que se registró en el 2010 sería muy poco el impacto que tendría esto en los ladrones.

Fortuño aseguró que con la Ley su administración le dará más énfasis a los casos de robo de productos y maquinaria agrícola.

Según Fortuño, los hurtos en las fincas agrícolas causan anualmente pérdidas estimadas en alrededor de $20 millones. En promedio, una finca gasta alrededor de $40,000 anuales en servicios de seguridad, precisamente en un intento por detener los hurtos.

80grados.net » De la “bipolaridad sistémica” a la “bulimia social”


reflexiones sobre criminalidad y neoliberalismo
http://www.80grados.net/2010/10/de-la-%e2%80%9cbipolaridad-sistemica%e2%80%9d-a-la-%e2%80%9cbulimia-social%e2%80%9d/

November 1, 2010

Reflexiones sobre la criminalidad y el neoliberalismo

Mientras me siento a escribir esta colaboración, la lluvia cae sobre Ponce y la radio me trae las noticias de la tarde.

Como si fueran cronistas deportivos, los reporteros asignados a La Policía nos narran las incidencias y llevan una tabla de anotaciones donde a veces ganan los buenos –los policías-, pero donde también los malos –los criminales-  en ocasiones llevan la ventaja. Es un sistema simplista que aparenta ser más para entretener que para informar, que sirve para que el País construya la idea de que vive en una crisis criminal que, real o ilusoriamente, lo condena a sobrevivir en el miedo y al peligro.

La realidad construida por esos medios de comunicación, es la de una sociedad con una violencia callejera sin precedente donde cada quien campea por su respeto, mientras los administradores del País reproducen inefectivas y gastadas alternativas para supuestamente manejar la crisis. Por una parte, el gobernador Luis Fortuño y La Policía con su política de “valores”, abrazan el pensamiento conservador cristiano de principio del siglo XX en los Estados Unidos, y aseguran que solo la represión y el castigo lograrán imponer la llamada “ley y orden”. No se puede esperar otra cosa de un gobernador republicano que hace campaña junto a gente como Sara Palin.

Para esos conservadores, los sectores marginados del País son pobres y desviados porque ellos quieren. Es decir, que no tuvieron la fortaleza de espíritu para hacerle frente a su naturaleza pecaminosa, criminal. Por tanto el Estado, tiene la obligación de someter a ese desviado y obligarlo cumplir con las reglas sociales que definen el orden social.

Claro, no importa que estas leyes fueran construidas por las élites económicas y políticamente poderosas para mantenerse ellos en control de esa sociedad –y que otros pierdan derechos y libertades.

Esa simplista visión que reduce el crimen a una crisis de valores contrasta con el fundamento teórico que da vida a los tribunales de la Isla. La judicatura de Puerto Rico basa su visión del desviado en el pensamiento clasicista que define a esos “criminales” como seres racionales quienes deciden delinquir tras un análisis racional de costo efectividad de sus acciones. Por tanto, la teoría imperante en el sistema de justicia es que tiene que imponer fuertes penas para que a la gente no le haga costo efectivo delinquir.

Así que, tanto la Policía como los tribunales parten de la premisa, que ante lo criminal, “mano dura” y “castigo seguro”.

Finalmente, tras los debidos rituales legales, “el criminal” llega al sistema de corrección donde, basados en los principios teóricos del positivismos,  milagrosamente deja de ser un endemoniado, pecaminoso o frío calculador, y se convierte en una víctima de la sociedad que lo mal educó. El sistema de corrección cree que el criminal es producto de errores de socialización, razón por lo que merece ser rehabilitado y no castigado.

Estas fracasadas visiones no contemplan que en nuestro caso, el crimen es producto de la propia cultura donde la ganancia, la competencia y la acumulación de capital son los principales valores sociales. No ven que el sistema colonial, organizado en una economía neoliberal que necesita ejércitos de desempleados, es el caldo de cultivo para esa desviación social y criminal.

En sus trabajos más recientes, el británico Jock Young explica cómo la organización social neoliberal termina produciendo un sistema que condena a grandes sectores sociales a anhelar desde su pobreza los símbolos de éxito de las élites. Al mismo tiempo, esos sectores que el sistema incluye en las aspiraciones de consumo, son excluidos de espacios legales de trabajo que les permitan suficiente ingreso para llenar unas  expectativas básicas. A este proceso, Young le llama “bulimia social”.

Así las cosas, cabe preguntarse si los acólitos del neoliberalismo que hoy administran la colonia, realmente  quieren reducir la criminalidad.

Para cualquiera que estudie la dogmática implementación de estas políticas neoliberales en los Estados Unidos de América de Reagan, en el Chile de Pinochet, en la Inglaterra de Thatcher o en la Rusia de Yeltsin, notará que en todas esas instancias se disparó la criminalidad.

Por tanto, o son unos ignorantes de la historia o saben perfectamente que sus políticas van a generar altos niveles de criminalidad y no tienen problema con eso, pues una sociedad con altos niveles de criminalidad es más vulnerable al control y la manipulación por parte de los poderosos como bien explica Neomi Klein en su libro La Doctrina del shock.

En el caso de los que administran el Puerto Rico del siglo XXI, puede que haya de ambas.

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