Por Gary Gutiérrez
(fotos por: R Emmanuelli, Mari B. Robles López, Héctor Iván Arroyo Sierra (Pheto), Cheo el Feo)

 

 

 

Mientras escucho en la radio las felicitaciones por “el control” y la forma en que la Policía de Puerto Rico manejó las manifestaciones del 1ro de mayo mi mente viaja casi una década cuando, respondiendo a El Nuevo Día, expresaba mis preocupaciones por la designación de un “Técnico de Cumplimiento” para la “Reforma Policial”.

En aquel entonces me preguntaba si la presencia de un Técnico de Cumplimiento, y de la reforma en general, respondía a la necesidad de controlar la represión estatal o simplemente al desarrollo de un profesional represivo que pudiera hacer su trabajo sin tener que responder a los tribunales.

Hoy la pregunta parece retórica.

Este 1ro de mayo parece ser el punto de encuentro de varios procesos que culminaron el triunfo de “Reforma Policial”.

Hasta este 1ro de mayo, el proceso de “reforma” parecía no haber logrado mucho y, mientras los uniformados seguían campeando por su respeto en la calle, la transformación ordenada por la Corte del imperio proyectaba ser solo una costosa simulación burocrática productora de miles de páginas de reglamentaciones, ordenes generales y materiales didácticos para los y las uniformadas. Digo simulación, pues hasta donde sabemos, la Policía de Puerto Rico nunca aceptó ante el tribunal que estuviera cometiendo excesos o abusos, y solo se sometió al proceso de reforma para evitar penalidades por parte del gobierno imperial, verdadera autoridad política en la Isla.

Para poder entender cómo se desarrolló la eficiente y ordenada coreografía represiva y de censura desplegada el 1ro de mayo en Puerto Rico sepueden mirar dos procesos que se vienen desarrollando paralelo a la “reforma” policial en Puerto Rico.

El 2019 comenzó con el escenario perfecto para, reforma o no, afianzar la necesidad de un aumento en el cuerpo represivo de la isla.

El aumento en el dramatismo de la violencia social documentada y difundida por las redes sociales, por un lado, y la reducción de efectivos en la Policía de Puerto Rico parecen surgir como base, tal vez irreal pero efectiva, para implementar la “doctrina del shock”.

Digo irreal pues, por dramático que puede ser ver en el teléfono o en la computadora a sicarios batirse a tiros con armas automáticas, estos incidentes fueron por décadas parte de la cotidianidad callejera en los sectores marginados. Claro los ricos y los que se creen clase media nunca lo habían visto “en vivo”.

No estoy diciendo que Puerto Rico no tiene una crisis de violencia, lo que digo es que no hay una nueva crisis de violencia criminal. Cuando se mira el proceso histórico de la violencia en la Isla, con sus altas y sus bajas pues es un fenómeno cíclico, es la misma violencia experimentada por los pasados cincuentas años. Es decir, entre 14 a 17 muertes violentas por cien mil habitantes, con picos de 30 tragedias por 100 mil personas en años picos como en el 2011 cuando el estado insistió en imponer su violenta agenda neoliberal.

Claro que nadie puede negar que la violencia social constituye una crisis, no obstante, esa crisis es permanente y constituye la normalidad colonial.

El segundo discurso con que comienza el 2019 en Puerto rico es la fuga de efectivos policiacos. Ciertamente, la pérdida de beneficios de retiro, y sobre todo el deterioro en las condiciones laborales antes y después del huracán María, llevaron a un número de Policías a exiliarse de la Isla o a acelerar su proceso de retiro.

Ante esta situación, el pasado jefe del Departamento de Seguridad Pública, el charlatán Héctor Pesquera, aprovechaba cada oportunidad mediática para pedir más recursos, más chavos, más espacio legal para operar. Digo “charlatán” pues quien responde a una pregunta de la prensa con morisquetas es un charlatán.

Este discurso de que “la criminalidad” hace necesario una fuerza policiaca mayor y con más poder legal de acción no tiene ningún fundamento que no sea el fortalecimiento de la capacidad represiva del estado.

El número de efectivo policiacos en el país está dentro de los niveles aceptados por la Unión Europea y está un poco por debajo del promedio de efectivos en jurisdicciones de Estados Unidos. Esto sin contar con que, a esa data, se le tienen que sumar otros agentes con capacidad legal de arresto como policías municipales, vigilantes de recursos naturales, etc.

Por tanto, no es correcto catalogar de crítica el número de efectivos policiacos en la Isla. Claro sí puede haber una crisis en la utilización de estos recursos y en la disponibilidad de estos. La realidad es que las pobres condiciones laborales fomentan el ausentismo y la sobre reglamentación de actividades sin victimas como el consumo de sustancias como la marihuana, desvía y mal utiliza el recurso.

Para ejemplo con un botón basta, la realidad es que, en el 2011 cuando la Isla experimenta el más reciente pico de violencia, la uniformada contaba con tres veces más efectivos que ahora. Así que no se puede decir que se necesitan más policías para manejar la violencia criminal.

Contextualizado estos discursos y mirando la forma en que la uniformada manejó el 1ro de mayo, me surgen dos preguntas. ¿Por qué la insistencia en aumentar la fuerza policía y cuál es la necesidad de darle más espacio de acción?

Las respuestas a estas interrogantes se deben mirar desde la inesperada y súbita salida del burdo Héctor Pesquera como jefe del Departamento de Seguridad Pública y la llegada a ese puesto de Elmer Román, un ingeniero, militar de carrera cuyas funciones en el Departamento de la Defensa parece cualificarle más para oficial de una policía política que para dirigir un cuerpo civil encargado de mantener la paz y la convivencia social. Entre sus tareas en la mencionada agencia militar estaban establecer guías de política pública y supervisión además de dirigir Programas de Guerra Irregular y Desarrollo de Alianzas.

Es importante destacar que, según una foto distribuida, aparenta que la salida de Pesquera y la llegada de Román no es tan súbita como aparenta.  La imagen documenta una reunión a principio de año entre el administrador colonial, Ricardo Rosselló y Elmer Román. Por lo que se puede inferir que desde entonces la admiración colonial buscaba cambiar la fascista proyección de Pesquera por una más afectiva y menos gráfica.

En fin, que al mirar la suma de estos factores surgen múltiples preguntas:

  • ¿Tenemos una situación o crisis de criminalidad tan severa que amerite estados de excepción y disminución de las garantías legales de los ciudadanos?
  • ¿La reducción en el número de efectivos policiaco amerita que se le asignen más recursos a ese aparato represivo?
  • ¿Si se le asignan más recursos, se usarán para garantizar los derechos y fomentar la paz social desde la inclusión de todos y todas?
  • ¿Fracasa la reforma policial, o es una perfecta simulación para profesionalizar la uniformada en su función represiva del disenso?

Las respuestas a estas preguntas son complejas y difícil de precisar. Pero lo que si está claro es que este pasado 1ro de mayo el país vio una nueva Policía disciplinada y organizada para ejercer la función de regente del espacio público y reprimir el uso como zona para reclamar “la reparación de agravios”.  Una Policía “reformada” para ejercer sofisticadamente la represión y censura del derecho al disenso, al uso del espacio público y a las libertades individuales de los ciudadanos.

En resumen, que el tiempo me contestó la pregunta que surgió en mi hace casi una década. La Reforma de la Policía no está fracasando, pues su intención nunca fue generar un cuerpo civil para fomentar la paz social.

Al contrario, está funcionando perfectamente para lo que aparenta fue diseñada, profesionalizar un cuerpo castrense para que ejerza la represión de los ciudadanos y garantice el espacio para las reformas neoliberales que condenarán a la pobreza a las próximas tres generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas.

Salud y resistencia…

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