Por Gary Gutiérrez / Foto tomada del Periódico La Perla del Sur

La imagen es familiar.

Vecinos de las comunidades de Peñuelas, entre los que se cuentan muchos ancianos y mujeres, siendo empujadas, atropellados, reprimidos y arrestados por militarizados agentes policiacos que se supone cobran para proteger la ciudadanía.

El delito parece ser utilizar el espacio público para exigir reparación de los agravios que entienden el estado comete contra ellos. Es decir, ejercer el derecho que les es garantizado en la primera enmienda de la Constitución del país del cual son ciudadanos.

Paralelamente al ejercicio de este derecho, los y las ciudadanas que ocupan el espacio público de su comunidad están exigiendo el derecho a autogobernarse, como se supone que pase en una democracia. Después de todo, la institución básica que se supone represente a esta comunidad, el Municipio de Peñuelas, prohíbe por ley que en esa jurisdicción se deposite cenizas producto de la quema industrial de carbón.

¿Cuáles son los agravios?

Hace más de dos décadas, tras negociaciones secretas los -supuestos- representantes electos del pueblo de Puerto Rico, firmaron un acuerdo que obligaba a la compra de la energía que se produciría en una planta de generaría energía quemando carbón. Tecnología que desde aquel entonces está siendo descartada por sucia en la mayoría de los países avanzados del mundo, incluyendo Estados Unidos.

En ese acuerdo inicial, la compañía productora quemadora del carbón se comprometía a sacar de la Isla el residuo de su operación. Es decir, las cenizas resultantes de la quema.

Cenizas que según a quién usted le pregunte pueden o no ser dañinas a la salud y pueden o no ser material para uso en construcción o relleno. Pero esa es otra discusión, pues, después de todo si algo tiene la industria carbonera internacional, es dinero para comprar “la ciencia” que necesiten.

Como la lucha en Peñuelas, este escrito no es una discusión científica. Es una discusión política en torno a si las comunidades tienen o no derecho al autogobierno.

Basado en el mencionado acuerdo firmado “en confidencialidad” y que obligaba a la quemadora de carbón a llevarse las cenizas, se construyó y eventualmente comenzó a operar la planta de generar electricidad quemando carbón.

Tras varios años operando y sacando de la isla las cenizas resultantes, la quemadora enfrentó problemas en la disposición fuera de Puerto Rico de los residuos de su operación. Otros países cancelaron, por las razones que fueran, los acuerdos para recibir estos despojos. Por esta razón que se alegó entonces que estaba en peligro la operación de la férvida industria en Puerto Rico.

Ante la situación, nuevamente en secreto, el gobierno de turno asume como suyo el problema del manejo de estos residuos y enmienda el contrato permitiendo el depósito en la Isla de los residuos industriales.

Ante este nuevo escenario, y ejerciendo su derecho al auto gobierno, decenas de municipios aprobaron leyes que prohíbe el manejo, transporte, uso o disposición en sus jurisdicciones de los residuos de la quema de carbón. Esto sin importar si los mismos son beneficiosos o peligrosos.

La controversia en torno a estas medidas llegó ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, tribunal que tiene injerencias en Puerto Rico por virtud de la relación colonial entre ese país y Puerto Rico. Contrario a lo que parece ser la tradición estadounidense, donde se le reconoce a las autoridades locales la capacidad de aumentar las protecciones mínimas impuestas por los estados o el gobernó federal, la Corte invalidó las ordenanzas. Es una decisión que para los legos como yo no se entiende, pues partiendo de la lógica usada por el tribunal, los condados y municipios no tienen autoridad para reglamentar o prohibir, como lo hacen, la pornografía, el consumo de alcohol o las horas de comercio, por ejemplo.

Claro, esta decisión en contra de los municipios no es de extrañar si se parte de la premisa de que la principal tarea de la Corte Federal en Estados Unidos es la viabilidad del libre comercio interestatal.

Decisión o no de la corte, los vecinos de Peñuelas no se amedrentaron y continuaron en pie de lucha, protegiendo su derecho a decidir sobre su comunidad.

Ante esta situación y por el apoyo que los y las peñolanas recibieron de otros sectores del país, en aparente intento de lavar su imagen frente a los y las peñolanas, los políticos electos de la región, incluyendo a los de acumulación radicaron proyectos de ley que se vendieron ante la opinión pública como para la protección de la comunidad pero, que terminaron validando las posturas y definiciones que sobre las cenizas tiene la quemadora de carbón.

Es así como estos políticos profesionales, representantes, senadores y el propio gobernador colonial, son los responsables de lo que pase o pueda pasar en Peñuelas. Los primeros por permitir que le aguaran el proyecto que terminó validando el cambio de contrato que firmara la anterior administración y que permite que los residuos se queden en la Isla. Ni siquiera le votaron en contra como protesta a los cambios.


Igualmente, responsable es el gobernador colonial por firmar la ley y tratar de venderlo como una solución salomónica.

En resumen, con esta medida la actual administración se hace cómplice de la anterior y demuestran al servicio de quien están,  socializando los costos del manejo del material residual de la quema del carbón mientras mantiene privatizadas las ganancias de esa operación.

Nada que nuevamente el sistema parece estar funcionado a la perfección, dejándonos en la situación que se describen en las coplas del viejo Atahualpa Yupanqui cuando dice:

“Las penas y las vaquitas se van por la misma senda;

Las penas y las vaquitas se van por la misma senda;

las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas;

las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.”

 

 

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