Originalmente publicado en La Pupula.

Convocado tanto por el amigo Ángel Comas como por esta organización Todos Somos Pueblo para que hable o reflexione sobre la criminalización de la protesta, comparezco ante ustedes, para intentar provocar o forzar una discusión en torno a ese “metarrelato” que nos sostiene que eso de “protestar es un derecho”

Mi acercamiento a este tema de la protesta y su criminalización solo lo puedo hacer desde un limitado saber dónde me siento más cómodo, la criminología. Digo limitado pues es un saber que, desde su surgimiento, lejos de intentar resolver el crimen como nos han hecho creer, lo que ha sido es una herramienta del sistema hegemónico para legitimar el reprimir y castigar “al otro”, es decir a quién no se someta. No obstante, esa realidad ideológica, gracias al surgimiento durante las pasadas décadas de una rama de la criminología que se hace llamar “crítica”, el saber criminológico sí nos permite adentrarnos en las formas en que el poder en una sociedad construye la ley y el orden para beneficio propio, y no para la protección de todos los sectores sociales.

Si partimos entonces desde ese saber llamado criminología crítica para reflexionar sobre la criminalización de la protesta, lo primero que debemos entender entonces es cómo el poder define eso de protestar y para quiénes lo definió. En el caso nuestro, en Puerto Rico, ese poder no solo es uno colonial, es caracterizado por ser blanco, varón, propietario y de apariencia heterosexual y cristiana.

Así y partiendo de lo anterior, antes de adentrarnos a cómo se criminaliza la protesta, me parece lógico echar un vistazo al llamado “derecho a protestar”. Pues cuando uno mira tanto los documentos fundacionales de Estados Unidos como estado-nación, así como sus leyes, ese derecho no aparece detallado en ninguna parte. Más bien parecería que la protesta es una actividad tolerada por los poderes hegemónicos y sus herramientas, y no una verdadera garantía.

Movido por lo anterior recurro entonces a mis amigos abogados y juristas para que me expliquen el origen de esa narrativa que apunta a que todos y todas tenemos “el derecho a protestar”. Según los letrados y doctores consultados, al parecer eso que llamamos “derecho a protestar” es en realidad producto de las interpretaciones que los juristas, jueces y académicos hacen de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, donde se “garantizan” la libertad de expresión, de asociación y del derecho a exigirle al estado la reparación de agravios. Esta explicación me levanta más interrogantes que las que me aclara pues, al fin y al cabo, ese “derecho a protestar” parecería que siempre está definido por una elite social que en muy pocas ocasiones tiene necesidad de levantarse y pararse frente al sistema. Pero claro, ¿acaso esa no es una característica de todo ese saber que llamamos “el Derecho”?

Así y partiendo de lo anterior, al hablar de criminalizar la protesta me parece que la primera pregunta debiera ser si en la práctica, esta actividad realmente es un derecho de todos y todas o es solo un privilegio, que siempre y cuando se mantenga domesticado, es permitido como válvula de escape para que no reviente el sistema. Al decir domesticado, me refiero a lo que explica el amigo nicaragüense y académico residente en Arizona, Luis Fernández cuando habla de los que protestan ordenadamente, solo dónde y cuándo las autoridades lo permiten.

Digo, en la práctica, pues al mirar la historia vemos que las verdaderas protestas, esas que buscaban cambios reales, siempre fueron contestadas con la violencia del estamento privado o público.  Para constatar lo anterior, solo hay que mirar la forma en que los aparatos represivos, privado primero y luego los estatales, contestaron los reclamos que, ilegalizada la esclavitud, surgieron sobre todo en los estados industrializados del norte de Estados Unidos. De eso pueden dan fe los anarquistas mártires de Chicago, los obreros masacrados por la Carnegie Steel Company y hasta los veteranos de la Primera Guerra Mundial que en la década del 1920 ocuparon el frente de la Casa Blanca para exigir sus beneficios como excombatientes. Los primeros muertos a manos de la policía y el sistema de justicia, los segundos acribillados por los hampones contratados por uno de los “filántropos” que ayudo a forjar la capitalista cosmovisión estadounidense y los últimos atropellados por sus excompañeros de armas que obedeciendo las órdenes de un joven oficial llamado MacArthur, no dejaron estaca en pared del contestario campamento.

De hecho, la propia historia de Estados Unidos da fe que, desde su creación, la función primaria de eso que llamamos “la policía” era mantener un orden social para garantizar el espacio de producción al naciente capital industrial. Esos cuerpos que hoy llamamos “policías” no son otra cosa que el desarrollo de gangas de hampones contratadas por los poderosos para velar por los ganados que viajaban caminando desde las grandes planicies hasta Chicago, para buscar cimarrones que escapaban el horror de la esclavitud, o para poner en su sitio a los obreros que se integraban a los nuevos sindicatos de trabajadores. Gangas o compañías de seguridad privada que, si bien al principio eran costeadas por el capital privado, al entrar el siglo veinte fueron socializadas dejando que fuera el dinero público quien sufragar el costo de mantener “el orden”. Claro el orden que como dije antes, en el contexto estadounidense de la época, se traduce como la organización social necesaria para el desarrollo y crecimiento del capitalismo industrial.

Para quienes se preguntan por qué estoy abordando este tema desde Estados Unidos, les contesto que, para mí, la cultura del manejo del disenso y la protesta en Puerto Rico pasada la invasión estadunidense son reflejos de esos procesos. ¿Acaso las protestas de los y las obreras en la isla durante el siglo veinte no corrieron la misma suerte que las de sus proletarios hermanos del norte?

Entonces, si al mirar la historia nos damos cuentas de que en la práctica, tanto en nuestro país y sobre todo en el país que nos ocupa militarmente desde el 1898, la protesta nunca ha sido vista realmente como legal, tenemos que preguntarnos de que se está hablando al decir “criminalización de la protesta”.

Bueno como nos ilustra Chomsky, durante el siglo veinte el estamento del sistema evolucionó a uno que, para legitimarse como poder hegemónico, trata de no usar la represión directa y prefiere, usando lo que los posmarxistas llaman el aparato ideológico, convencernos de hacer lo que ellos necesitan pensando que es una decisión propia. Así que la necesidad del látigo del mayoral, o la macana del oficial, son menos necesarias. Por otro lado, los procesos de organización, educación alterna y las luchas de esos sectores vistos como “el otro”, junto al surgimiento de nuevos medios de comunicación que trajeron a nuestros hogares la brutalidad con que el estamento puede responder, desarrollaron grados de sensibilidad que hace más difícil justificar esas brutalidades.

Ante esta situación, el estado como herramienta del poder económico se ve obligado a justificar y legitimar de alguna manera que dos hampones de doscientas libras empujen y golpeen a una estudiante que “protesta de una forma no aceptable”. Y para eso el concepto de “protestar en forma aceptable” o “domesticada” es medular.  Como ilustra el ya mencionado amigo, Luis Fernández, ante la imposibilidad de suprimir o prohibir abiertamente la protesta, pues como ya vimos el desarrollo de la sensibilidad y la evolución del derecho obligan a ser tolerante a la misma, el estamento genera el discurso de que “el protestar es legítimo” siempre y cuando siga las instrucciones y no cree demasiadas molestias a los demás, al resto de la sociedad y sobre todo al capital. Entiéndase, que el ruido no moleste los actos oficiales, que no se interrumpa el tránsito, o la entrada a un centro comercial. De que pasa cuando no se cumple con esos requisitos nos pueden dar cátedra los héroes y las heroínas de Peñuelas, Salinas y la UPR entre otros tantos.

De esa lógica de protestar ordenada o domesticadamente surgen dos subjetividades. Es decir, dos tipos de protestantes o disidentes. Los que son ordenados y siguen las reglas protestando cómo, dónde y cuándo el orden mande o permita; y por otro lado los y las pelúas revoltosas que no negocian o reconocen a las autoridades que les quieren ayudar a protestar de forma civilizada. Esto es importante pues esta lógica de “reglamentar las protestas” y de que hay “unos irresponsables” que no entienden cómo es que se debe protestar ordenadamente, sirve de base para legitimar medidas que se presentan, y se nos venden, como una forma de “organizar” adecuadamente las manifestaciones y las protestas. Es decir, espacios designados, el no uso de caretas, el nivel del ruido adecuado, la reducción de las molestias que esas actividades produzcan a otros. Si fuera por eso parámetros el estado debiera prohibir un sinfín de actividades religiosas y culturales, pero eso es harina de otro costal. En la realidad lo que buscan estas medidas es ser base legal para que, cuando el estado lo decida, se desate legítimamente la represión directa sobre el disenso.

De ese proceso de reglamentación y represión del disenso surgirán, nuevamente a mi juicio, dos resultados claros. Por un lado, la prohibición de facto de la protesta pues llega el momento en que la única forma de cumplir con todos los requisitos es quedándote en casa y protestar por Facebook, cosa que también puede funcionar, pero eso es tema de otra conversación. El otro resultado de esas medidas que buscan “organizar” las protestas y de la represión que con ella se legitima, es el llamado efecto de congelamiento o “chilling effect”.  Es decir que las protestas y los grupos que las organizan sean vistos como revoltosos, restándole credibilidad y apoyo entre “la gente decente”. Ambos procesos terminarán así en la desmovilización de la protesta y el disenso, pero más importante aún, en la despolitización de las posibles respuestas ciudadanas a los abusos del estado y la industria privada. Es decir, el proceso termina evitando que la protesta tenga como objetivo el cambio político real, cosa que es lo que el estamento le interesa.

En resumen, que la discusión no debiera ser cómo este gobierno o el anterior quieren criminalizar la protesta. La pregunta debiera ser ¿cuándo fue que la protesta fue legal? De ahí entonces, me parece que el verdadero reto es discutir esa autoridad o ese poder “de policía” que en la práctica le hemos reconocido casi incuestionadamente al estado.

Un verdadero derecho a protestar no puede emanar, de libertades, derechos e igualdad pensada para las elites estadounidenses compuestas por los varones, blancos, ricos, heterosexuales y cristianos.  En un sistema verdaderamente democrático, el derecho verdadero a protestar debe partir del poder real de los gobernados sobre sus gobernantes. Lo contrario es la simulación en que vivimos, donde se termina legitimando el uso de la fuerza para garantizar el orden de opresión de unos pocos sobre el resto de nosotros y nosotras.

Salud y resistencia.


*Ponencia presentada en el marco de la vigilia convocada por la organización Todos Somos Pueblo en la Plaza de las Delicias de Ponce, 29 de junio 2017.

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