Por: Gary Gutiérrez / 7 dic 2016

“¿A que seguir amontonando ejemplos para dejar demostrada cosa tan sabida? Y si esto es así, ¿no cometemos una tremenda inconsecuencia al quejarnos de uno de la policía porque machacó en San Juan la cabeza de un caballero, siendo así que hemos sido nosotros los que hemos puesto al guardia la macana en la mano, haciéndole por fuerza contraer el feo hábito de triturar cabezas.

 

Se me dirá que le hemos dado la macana, no para atropellar a nadie, sino para que la use discretamente, cuando sea absolutamente necesario para conservar el orden; pero ¿quién puede negar que del uso nace el abuso, y que quien tiene por oficio romper cráneos acaba fatalmente, aunque sea un santo por familiarizarse poco a poco con la vil tarea hasta llegar a romperlos al menor pretexto? queda, pues, la cuestión reducida a un dilema bien claro: o se hunden las macanas para que se salven las cabezas, o se hunden las cabezas para que se salven las macanas.”

Nemesio Canales,  1913

 

pr-policia2El nombramiento por parte del gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares de  Michelle Hernández Fraley a la dirección de la Policía de Puerto Rico marca hitos importantes en la historia de dicho cuerpo.

Con este nombramiento 64 años después de que se les permitiera a las mujeres trabajar como policías en la Isla, a sus 52 años de edad Michelle Hernández Fraley se convirtió en la primera fémina en ocupar el puesto de Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

Hernández Fraley es también  la segunda persona militar en dirigir el cuerpo policiaco puertorriqueño desde la creación del puesto de Superintendente de la Policía en la década del 1950.  El primero, de corta duración y triste recordación, fue Emilio Díaz Colón, militar que dirigió la Guardia Nacional de Puerto Rico antes de que el gobernador Luis Fortuño lo nombrara Superintendente.

Según el periódico El Nuevo Día “En la milicia “Hernández de Fraley, llegó a estar a cargo de seis comandos, recorrió el mundo en misiones y por dos años formó parte del equipo que estuvo encargado de la informática y las telecomunicaciones en la Casa Blanca. Además, fue la primera militar puertorriqueña graduada de la academia para oficiales del Ejército en West Point, Nueva York.”

La experiencia castrense es solo parte de su impresionante resumé que incluye un doctorado en Liderato Organizacional, una maestría en Relación y Asuntos Internacionales y un bachillerato en Lenguas Extranjeras

Los estudios y su experiencia laboral colocan a Michelle Hernández Fraley como la persona mejor preparada que ocupa la dirección de la Policía de Puerto Rico.

Hernández de Fraley llegó a la Policía de Puerto Rico en 2014, cuando el entonces superintendente James Tuller Cintrón, quién tuvo que abandonar el cargo en medio de cuestionamientos por su labor como jefe de la  división de vivienda pública de la Policía de Nueva York, la trajo para manejar la organización estratégica de la agencia. Más Tarde Hernández pasó a dirigir la Academia de la Policía.

No obstantes las cualificaciones antes detalladas, el nombramiento de una militar a dirigir la principal fuerza represiva del Estado, tiene que levantar serias preocupaciones. Después de todo en una sociedad capitalista como la que se vive en Puerto Rico, el rol de la policía siempre ha sido el control social y el manejo de las poblaciones excedentes que componen el necesario ejercito de desempleados que ayuda a mantener bajos los salarios de quienes tienen la suerte de estar empleados.

Hay que recordar que la Policía de Puerto Rico fue creada al comienzo del siglo XX por Estados Unidos para mantener control de los nativos tras invadir y tomar posesión de la isla como botín de la Guerra Hispanoamericana.

La creación de la policía  local en Puerto Rico siguió así el mismo patrón que durante el siglo XIX se desarrolló para que los pueblos originarios se vigilaran ellos mismos tras la invasión e usurpación de sus tierras por parte de descendientes de los blancos europeos que colonizaron sus territorios.

Por otro lado y regresando al nombramiento de Hernández de Fraley, se debe entender que esta llega a la superintendencia en medio de una política de militarización de las uniformadas por parte del gobierno estadounidense que comenzó durante la presidencia de Ronald Reagan y que se masificó bajo la del presidente Bill Clinton.

La inquietud en torno al asentamiento de la visión marcial en las policías llega al punto de que para algunos juristas estadounidenses, la militarización de las policías termina violando el espíritu de la tercera enmienda de la constitución estadounidense que prohíbe la presencia de ejércitos armados dentro del territorio doméstico en tiempos de paz. Es decir algunos ven los departamentos de policías armados y equipados con armamento militar como un ejército que termina respondiendo al Departamento de Justicia y por ende a la presidencia de Estados Unidos.

Esa militarización preocupa a pensadores y académicos como Noam Chomsky, Cornell West, Michelle Alexander, Kristian Williams, Radley Balko y otros que apuntan a esta política como parte de las causas de los excesos y del alto grado de violencia y violaciones a los derechos humanos y civiles de las minorías raciales y de los pobres que a diario se reportan en los Estados Unidos y Puerto Rico.

No se debe olvidar entonces que esos mismo excesos son la causa de que la Policía de Puerto Rico este en una sindicatura de facto, supervisada por un monitor nombrado por la Corte de Estados Unidos en San Juan.

Ante las preocupaciones que válidamente se pueden levantar por el nombramiento de una oficial militar para dirigir un cuerpo que está señalados por su mentalidad castrense, Hernández de Fraley apuesta a la disciplina y al establecimiento de estrictos protocolos para convertir a la uniformada en un cuerpo que sirva a la sociedad y respete los derechos civiles y humanos.

Partiendo del historial de servicio de la nombrada Superintendente, no debe caber duda sobre sus intenciones y su capacidad para producir dichos protocolos.

No obstante partiendo tanto de ese mismo “curriculum vitae”, como de sus declaraciones en torno a la disciplina necesaria,  se pudiera pensar que Hernández encarna lo que algunos criminólogos y criminólogas críticas llaman la mentalidad de “Ley y Orden”.

Es decir una forma de  ver “lo criminal” que apunta a que el crimen es un acto individual y que es mediante la vigilancia, la represión y el castigo que se logra controlar a los individuos que tienen tendencias criminales. Igualmente esa visión genera la visión de que el policía está en la calle como primer contingente de protección contra “esos” que no quieren comportarse como se debo. Es decir el policía surge así como regente, administrador o rector del espacio público, por lo que tiene autoridad para imponer la misma disciplina que le exigen a él sobre los ciudadanos que ocupan el espacio público.

¿Qué hay de malo con eso?

Simple, es desde esa mentalidad de regente del espacio público que surgen los excesos y los abusos de poder que según la página “killedbypolice” durante el 2015 dejó en Estados Unidos un saldo de 1210 ejecuciones extrajudiciales, es decir 3 muertes a manos de agentes del Estado cada 24 horas. La misma fuente asegura que al 6 de diciembre del 2016 los oficiales de “ley y orden” en esa nación han ejecutado extrajudicialmente a  1074 personas.

Esta debe ser la preocupación.

En momentos en que el país se mueve a un doloroso proceso de “reconstrucción económica” dirigido por tecnócratas que entienden que es el pueblo quien debe llevar la carga y pagar los excesos que la clase política cometió al servicio del capital, es lógico pensar que se suscitarán encontronazos sociales en las que la Policía será llamada como defensora de estamento y de la “ley y Orden”.

Orden que al fin y al cabo es el creado por los políticos para defender los intereses de los poderosos y la ley que legitima la imposición del mencionado orden.

¿Es deseado que los efectivos policiacos que intervengan en esos conflictos sean disciplinados regentes que se crean con la autoridad para decidir cómo el pueblo puede o no expresarse, o dónde se pueda o no ejercer el derecho “de reunión pacífica”  para “solicitar una compensación por agravios gubernamentales?

¿O la aspiración de una sociedad realmente democrática debiera ser que los efectivos policiacos, en vez de verse como agentes de “ley y orden”, se definan como “agentes de paz social”  y que lejos de otorgar controversias en la calle se limiten a respetar el derecho a disentir y mantengan la paz entre los sectores en conflictos?

La bola está en la cancha de la nueva superintendente Michelle Hernández Fraley.

A ella le toca escoger si pasará a la historia como una ciudadana que logró, o por lo menos trató, dominar la cultura hipermasculina y violenta que caracteriza la policía,  para poner ese aparato al servicio de la paz social y el respeto a los derechos civiles y humanos. O  si será recordada como aquella primera mujer superintendente que a fuerza de golpe y fuego mantuvo la ley y el orden a costa de arrestos, golpes y tragedias.

Ya el tiempo dirá, pues si en una dirrección apunta el “curriculum vitae” de Hernández Fraley es que tiene la capacidad para implementar cualquiera de las visones anteriores.

Pero por supuesto, igualmente la historia deja claro que pretender que las Policías no caigan en excesos represivos y abusos es pretender que la cebra no tenga rayas.

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