Por Gary Gutiérrez

Los imprecisos comentarios de Alejandro García Padilla sobre la “reforma policial” ante la Corte estadounidense en San Juan, demuestra que no tiene idea, o que es cómplice de la falta de propósito de enmienda en la Policía de Puerto Rico.

Es insultantemente simplista decir, como la prensa le atribuye al gobernador haber dicho ante las preguntas de la Corte, que el mayor logro del “simulado” proceso de reforma en la Policía es que las personas han comenzado a confiar nuevamente en la Policía.

¿Qué base tienen estas expresiones? ¿Quiénes constituye ese grupo que el administrador colonial “empaqueta” en el genérico término de “las personas”?

Porque basado en mi experiencia en clase, los jóvenes universitarios no parecen ser “las personas”. Semestre tras semestres mis estudiantes discuten cómo para las comunidades marginadas donde viven la mayoría, la Policía es una fuerza foránea que, armada y en actitud militar ocupa el espacio público como si fueran regentes plenipotenciarios.

Al parecer “las personas” a las que el gobernador se refiere tampoco incluyen los ciudadanos que en Peñuelas defiende el derecho a la salud y a determinar qué se hace en sus comunidades. En las pasadas semanas la prensa reseñó como la Policía, en claro menosprecio de la vida de quienes protestan,  sirvió de alcahuete abriendo paso  y escoltando los camiones que, en violación de la ley municipal de Peñuelas, depositan cenizas venenosas en un vertedero de ese municipio.

Por lo visto, los que compones los sectores más pobres de comunidades,  como la  LGBTT o  la Dominicana tampoco componen el indefinido término “las personas”.

Lo más terrible es que, mientras el Gobernador expresa su desenfocada y desafortunada visón ante la Corte estadounidense, omite el verdadero problema que enfrenta el País con su Policía, la prepotencia.

La percepción que tienen los uniformados de que el policía es un regente plenipotenciario del espacio público. La visión de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que responder y dar explicaciones sin cuestionar la autoridad del uniformado. El que el efectivo policíaco tiene derecho ante la ciudadanía, cuando como representante del Estado, lo que tiene es una autoridad limitada por la legitimidad de sus acciones. Que la agencia y el Estado se sientan que no tienen que rendir cuentas claras y rápidas por las acciones de sus cuerpos represivos.

Las premisas anteriores son solo ejemplos de las cosas que verdaderamente se tienen que examinar en la Policía de Puerto Rico.  Pero si ni siquiera están dispuesto a discutir abiertamente ante el pueblo su mal llamado proceso de reforma, qué se puede esperar.

Para que se de un verdadero proceso de “reforma policial”, la agencia  primero tiene que  reconocer las faltas o errores, tener que tener arrepentimiento, aceptar la responsabilidad de eso actos, y finalmente asumir un verdadero propósito de no volver a comerlos.

Hasta ahora, de la Policía solo hemos visto, excusas y justificaciones, simulación burocrática, secretos e intento de controlar el proceso y la información.

Así no puede haber redención…..

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