Por Gary Gutiérrez

El intercambio que sobre el llamado Proyecto de la Cámara 2844 desarrollaron varios comunicadores en Twitter me despertó la curiosidad y me movió a buscar información sobre el mismo. 

La medida pretende reglamentar el flujo de información gubernamental estableciendo “la política pública de acceso a la información y documentación gubernativa; ordenar, organizar y pautar los mecanismos de acceso real; consignar principios e instrumentos de garantía al acceso; establecer la obligación gubernativa de informar y de educar sobre el principio y la práctica de la transparencia gubernativa, el acceso a la información y documentación y a los mecanismos de cómo conseguirla; organizar y reglamentar los mecanismos de creación de expedientes; ordenar la designación de un Oficial de Información en cada ente gubernativo; crear el cargo de Defensor de la Información Pública; crear una Junta Administrativa Revisora de controversias sobre violaciones a esta ley; pautar un procedimiento de Apelación Judicial final a las resoluciones de esta Junta y para otros fines.” 

Confieso que me aterrorizo cada vez que el Estado viene con eso de reglamentar la información para que fluya mejor. 

No obstante entiendo, y estoy de acuerdo con el proyecto cuando plantea que se necesita dejar claro en la ley el derecho que tienen los pueblos a toda la información relacionada con el gobierno y administración de lo público.

Ahora, al entrar al detalle de la medida, me surgen algunas interrogante. 

Después de todo, soy de los que piensan que ni las burocracias, ni las estructuras gubernamentales son efectivas para garantizar los Derechos de nadie.

Partiendo de lo antes explicado y para dejarlo claro, no puedo decir que me opongo al proyecto. 

Sin embargo, entiendo que la medida se revela como una costosa y generadora de burocracia y figuras legales que no parecen del todo necesarias.

Si bien es positivo que el proyecto establezca procedimientos y parámetros de tiempo específicos para que el Estado responda al pedido de información que haga cualquier ciudadano o ciudadana, parece totalmente innecesario el nombramiento de un oficial que tenga a su cargo responder a esos pedidos. Esa obligación ministerial puede caer en los directores de oficinas o dependencias, sin que cueste un centavo más al erario público.  

De igual manera se revela como innecesaria la propuesta Junta Administrativa Revisora de controversias sobre violaciones a esta ley. Las funciones que el proyecto le asigna a la propuesta y probablemente costosa estructura, pudieran ser manejadas por los tribunales si se establecen en la ley los parámetros legales claros y adecuados. 

Por otro lado, una figura que si parece ser necesaria y adecuada es la del “Defensor de la Información Pública”. Según lo propuesto este procurador o procuradora sería representante legal de quienes no tengan los recursos para apelar las negaciones de información por parte del Estado.

No obstante, este puesto pudiera ser canalizado usando la Comisión de Derechos Civiles, dependencia encarga de velar por nuestras garantías frente al Estado. Claro está, asignando los recursos necesarios, que serían mucho menos que los necesarios para crear una estructura nueva.

Me parece que, aunque necesario y bien intencionado, lo desdichado del Proyecto de la Cámara 2844 es que quiere abarcar demasiado. Cosa que le convierte en uno oneroso en momentos de crisis fiscal para el país. 

El momento histórico que vive el Pais es uno de vigilancia para que, so color de las crisis, ni el Estado ni la empresa privada nos apliquen la Doctrina de Shock. Es en este sentido que el Proyecto de la Cámara 2844 parece necesario.

Sin embargo, es igualmente necesario que las garantías que busca esta medida, se logren al menor costo, económico y burocrático, posible. 

Ese es el reto que tiene ante sí todo el país.

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