Foto tomada de Juventud Trabajadora
Por Gary Gutiérrez

Sea con una Junta Federal de Control Fiscal o con la Ley de Moratoria aprobada en la Isla, el manejo de la deuda gubernamental en Puerto Rico tiene altas posibilidades de terminar en violencia.

Al hablar de violencia, no necesariamente se trata de la violencia política producto de protestas, marchas, acciones directas, o confrontaciones callejeras con el Estado, como las que algunos sectores ya han adelantado o convocado. Después de todo, la violencia “consciente” no es un rasgo prominente en la cultura política de las pasadas generaciones de puertorriqueños. 

La violencia de la que se habla en el párrafo que abre este escrito es de un aumento en la agresividad social “inconsciente”, la violencia difusa, como, la agresión intrafamiliar, las disputas vecinales o las controversias criminales relacionadas, por ejemplo, al narcotráfico.

Si la criminalidad y la violencia social se analiza desde el ensayo ” Exclusión y Violencia”, publicado por Mariana Editores en el 2014, ambas se verán como el resultado esperado de las políticas neoliberales impuestas en Puerto Rico por las pasadas administraciones de ambos Partidos principales.

Regresando a las propuestas, es decir la “Junta” o la ” moratoria”, es lógico pensar que el proceso que ambas proponen para “enderezar” las finanzas será el resultado de la misma visión neoliberal, lógica de protección al sector financiero y capitalista que domina el orden social tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Por lo que se debe entender que serán los sectores más vulnerables y pobres los que, bajo esa lógica, tendrán que cargar el peso económico y social de la llamada recuperación. Sectores que, de paso, son los que menos responsabilidad deberían tener sobre la deuda, pues son sectores que ni tomaron, ni entendieron las decisiones de hacer los préstamos.

Desde esta perspectiva se puede concluir que las políticas públicas que se impondrán bajo cualquiera de estas leyes, tanto la que a nivel federal crea la “Junta”, como la que a nivel local autoriza la “Moratoria”, son medidas de protección al capital que a su vez terminarán produciendo las condiciones de exclusión social para que explote la violencia social y criminal. 

Es difícil que sea de otra manera, pues tanto la “Junta”, como la “Moratoria”, básicamente son leyes de excepción que terminan concentrando el poder en unas pocas manos, so color de la urgencia para que se tomen medidas económicas dolorosas que serían imposibles siguiendo el proceso marcado por la legalidad que regularmente ordena la sociedad.

Para comenzar, ninguna de las propuestas deja meridianamente claro quiénes serán los “más que humanos” que tomarán las decisiones. Tampoco dejan claro, cuál es la prioridad para determinar quiénes cargarán el peso de ese proceso. Pero sobre todo, no definen qué se entiende con eso de “ordenar” las finanzas del País. No obstante, es lógico pensar que el proceso de ” enderezar” las finanzas se hará desde la neoliberal lógica, que como se explicó, es de protección al sector financiero y capitalista, que en este momento caracteriza al sector burócrata y financiero de donde saldrán esos “más que humanos”.

Asimismo parece correcto pensar que ambas medidas crean unas figuras jurídicas que, como el Jesús bíblico, no vienen a cambiar la ley, vienen a cumplirla. Es decir, no vienen a cambiar la sociedad para una más productiva desde la inclusión y la justicia social y económica. 

Vienen a reafirmar y hacer cumplir la excluyente lógica neoliberal que, no tan solo creó la crisis fiscal y propició la deuda, es el caldo de cultivo para que la criminalización y el narcotráfico sean unas de las principales opciones de trabajo en Puerto Rico. Igualmente vienen a reafirmar las condiciones económicas que crean ciudadanos desvalorizados y frustrados que pueden ver en la violencia social la manera de canalizar o manejar su percibido fracaso.

En resumen, que si el sendero que marque cualquiera de estas alternativas, la “Junta” o la “Moratoria”, no es uno que asigne responsabilidades, tanto a la clase política por la corrupción y el desarrollo del clientelismo político, como al sector financiero por manipular esa clase política en función de explotar el patrimonio económico del país, el resultado será la reafirmación del orden social excluyente que, como se explicó, termina produciendo criminalidad y la violencia.

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