Presentado por Gary Gutiérrez el 29 de enero de 2016 ante estudiantes de internado en el Recinto de Ponce Universidad Interamericana de Puerto Rico

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La llegada del 2016 marca en el calendario una fecha de múltiples problemas para Puerto Rico, territorio colonial de mayor extensión y población bajo la bandera del imperio estadounidense.

Tanto la crisis económica producto de sobre cien años de políticas en servicio al imperio, como el desastre educativo productor, tanto a nivel escolar como universitario, de un burocratizado sistema cuyas políticas pedagógicas son pautadas por los requisitos para cualificar para fondos federales y no por las necesidades sociales; son solo dos ejemplos del colapso y la ingobernabilidad que vive el y la puertorriqueña promedio en la segunda década del siglo XXI.

Digo ingobernabilidad pues a pesar de que simulamos ser una sociedad organizada, y de que parecemos un colectivo funcional en comparación con otras regiones del mundo; la realidad aparente es que la mayoría de los habitantes de este pequeño archipiélago en el Caribe no podemos alcanzar el nivel de vida que nos prometieron como resultado normal de aquella falsa economía subvencionada a mediado del Siglo XX por Estados Unidos.

Nuestro actual orden social es en realidad un espejismo de progreso que creó a mediados del siglo XX Estados Unidos con la intención de venderse como una potencia caritativa, bondadosa y distribuidora de bienandanzas y democracia frente a los avances en las Américas de las simpatías y el apoyo al comunismo autoritario que impuso en la desaparecida Unión Soviética y en sus países satélites que eufemísticamente llamaban “socialismo”.

Es en medio de todo ese proceso económico, social y políticamente imperial que se desarrolla desde la mentalidad del colonizado que nos ilustraron Fanon (2005) y Memmi (2005), un aparato represivo estatal, ese que usted conoce como “sistema de justicia estatal”, que no es otra cosa que la herramienta para que fuéramos los propios puertorriqueños los que veláramos por los intereses económico, políticos e ideológicos del imperio. Esto no debe sorprender a nadie, pues es el mismo espacio de vigilancia a las minorías y a los pobres que ocupan esas agencias en los propios Estados Unidos (Alexander 2010) (Balko 2013) (William, 2015).

Tomando lo anterior como punto de partida, parecería lógico entonces que para adentrarse en el análisis de la mal llamada Reforma de la Policía en Puerto Rico respondamos primero al llamado que nos hace John Muncie en su genial ensayo, Decriminalising Criminology (2000). Es decir la invitación para acercarnos a lo criminológico desde otros saberes y no desde la restringida visión de la vieja criminología burguesa, supuesta ciencia desarrollada durante la modernidad y que se limita a estudiar lo criminal desde los desviados o criminales, así como desde las alternativas para controlar el comportamiento de estos.

Es así que les invito a que se adentren al tema de la supuesta reforma de la policía desde esa nueva criminología que utilizando la historia y sobre todo la política, estudia críticamente el orden social que produce la desviación y la criminalidad. Es decir una invitación a mirar desde las luchas de poder y control social, los supuestos cambios que por orden de la corte imperial estadounidense, tiene que hacer el cuerpo policiaco puertorriqueño. Es interesante e irónico que sea esa Corte la que ordene los reajustes en la agencia represiva de Puerto Rico, pues como ya se dijo fue el propio Estados Unidos, cuyos intereses son representados por eso jueces, quien creó y por década maneja, entrena y establece los estándares seguidos por la actual puesta en entredicho Policía de Puerto Rico. (Malavet, 2014).

En realidad lejos de ser un fracaso o una desviación, los problemas de corrupción, la forma prepotente en que los policías se manejan en la calle, el gansteril espíritu de cuerpo y el imaginario que lleva a los policías a mirarse como guerreros plenipotenciarios y regentes del espacio público, es el resultado lógico de la forma en que históricamente Estados Unidos construyó a los llamados “agentes del orden público” (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (Malavet, 2014) (William, 2015).

Es decir para tenerlo claro, si se parte de los trabajos de Michel Alexander (2010), Radley Balko (2013) y Krisitan William (2015) entre otros, se puede decir que la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos civiles y el uso excesivo de la fuerza no son ejemplos de la desviación en estos cuerpos policiacos. En realidad, desde el comienzo de estás agencias, estas acciones son la norma sostenida, producida y reproducida por el mismo gobierno estadounidense que hoy se yergue como juzgador. Al mirar desde los autores anteriormente citados el desarrollo histórico de los cuerpos policiacos de Estados Unidos, no puede caber duda alguna sobre el carácter represivo y la función de control social que desempeñan las policías en esa nación. Por ende en Puerto rico, donde por derecho colonial se impone las mismas reglas y visión de mundo de Estados Unidos, no se puede esperar que la policía funcione diferente (Malavet, 2014).

Según el trabajo de Pedro Malavet (2014), lejos de los policías ser agentes para la paz y la prevención del crimen, desde el comienzo la función de la Policía en Puerto Rico fue la de velar por la “ley y el orden”, según definidos estos conceptos por el sistema político colonial estadounidense. Esto, porque en Puerto Rico se reprodujo la visión que en Estados unidos define los cuerpos policiacos, desde su principio, como instituciones represivas subordinados directa o indirectamente al servicio y a los poderes de los grandes capitales tanto agrícolas como industriales (Balko, 2013) (William, 2015).

Entre esos cuerpos precursores de lo que hoy llamamos policía se destacan las bandas, por no usar el término gangas de gatilleros a sueldo llamadas “Patrulla de Esclavos”. Estos escuadrones con licencia de corso recorrían los estados durante la primera parte del siclo XIX, cazando negros –cimarrones o no- a quienes, sin ningún proceso legal detenían y ejecutaban o deportaban a las haciendas que les pagaban por cabeza reclamada (Alexander, 2010) (William, 2015). De igual manera sirvieron de base y modelo a lo que hoy son los policías en Estados Unidos, los servicios de mercenarios que en las planicies que componen el norte central de Estados Unidos servían al capital ganadero velando a los cuatreros que ocasionaban perdidas en los rebaños que viajaban camino a Chicago. Es decir gánsteres que fungían de guardias, jueces y verdugos campeando por su respeto como corsos con licencia (Balko, 2013). Esa visión de los cuerpos policiacos al servicio del capital e imponiendo sus versión de la “ley y el Orden” se encarna también en los primeros cuerpos estatales de policías que se producen cuando en una movida de socializar costos y privatizar ganancias, los grandes capitales industriales al comienzo del siglo XX en Estados Unidos le pasaron al Estado la responsabilidad de mantenerles los espacios para el libre comercio (William, 2015). En esa tradición de mercenarios al servicio del capital surgieron también compañías como la todavía existente “Pinkerton Detective Agency” notorios por abrir fuego y asesinar obreros durante una protesta organizada como respuesta a los abusos de magnates capitalistas como Andrew Carnegie entre otros. Al mirar estas acciones sumada a la forma en que los policías públicos o privados se infiltraban en la reuniones para servir como agentes provocadores, incitar actos de violencia, o promover rumores para dividir las filas de los obreros organizados, no hay forma de no recordar las acciones que décadas después realizarían otras fuerzas policiacas bajo la supervisión de la infame COINTELPRO (Alexander, 2010) (Balko, 2013) (William, 2015).

Acortado el largo cuento, más tarde para hacer frente a los nuevos retos ante la imposición de la prohibición del alcohol y sus resultados no intencionados, se difunde en Estados Unidos la necesidad, tanto a nivel local como federal, de una fuerza represiva profesionalizada y fuertemente armada, pero no necesariamente despojada de la mentalidad racista y clasista que le dio origen a estos cuerpos. De igual manera, al final del siglo XX cuando republicanos y demócratas utilizan el pretexto de la “guerra contra las drogas y el crimen” para lanzar una guerra contra los negros y pobres en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo de policía que vestido como RoboCop y sudando testosterona, se levanta hoy como administrador regente del espacio público y de la vida de los pobres (Balko, 2013) (Manjón-Cabeza, 2012).

Es mi hipótesis que es desde esta historia y desde esa visión ideológica que en Puerto Rico se crean, mantienen y se reproducen por Estados Unidos los cuerpos represivos estatales que en el siglo XXI están encargados de mantener la “ley y el orden”. Claro entendiéndose por un lado el “orden” como la organización social neoliberal que garantiza más libertad de movimiento al capital que a los ciudadanos. Y por el otro la ley como los estatutos que permiten el control por parte de los agentes del Estado de aquellos que no acepten su rol como engranaje desechable en la máquina de producción capitalista (Fernandez, 2008) (Wacquant, 2009).

Desde esta perspectiva entonces, el millonario montaje que pretende reformar la Policía se revela como cínico discurso para evitar que los pobres y excluidos en Puerto Rico se den cuenta que los policías no están en sus barrios para velar o proteger a sus comunidades, sino que están allí para velar y controlar a esas comunidades. Igualmente cínico sería entonces pretender que esos oficiales policiacos, quienes irónicamente vienen de esos mismos sectores pobres y excluidos, no terminen construyéndose como cruzados regentes de lo público, que no caigan en excesos o que no terminen deshumanizando las poblaciones que les toca vigilar. Si precisamente para eso el estado neoliberal los entrena, los arma, y los tiene allí.

Hablar de reformar la policía y pretender que esos cuerpos no terminen siendo caldo de cultivo para la corrupción y los abusos de poder que hoy reseñan y denuncian los medios de comunicación en Puerto Rico es tan absurdo como pretender que los tigres no tengan rayas.

Por esto es mi conclusión que en Puerto Rico no es la Policía la que se tiene que reformar.

Lo que se necesita cambiar en Puerto Rico es la forma en que nosotros, todos y todas, el pueblo aceptamos el rol represivo y normalizador que ejerce la Policía. Porque en una sociedad verdaderamente tolerante y respetuosa de la diversidad, donde la distribución de las riquezas producidas por todos y todas estén al servicio de todos y todas, no se necesitan cuerpos policiacos cuya función sea imponer por la fuerza y la represión la llamada “seguridad” o el discurso de “ley y orden”.

A lo sumo, una sociedad así solo necesitaría que sus ciudadanos, todos y todas, aspiren a cuidarse unos a otros desde la inclusión, el respeto a la diversidad y la aspiración de paz social. En esa sociedad, tal vez idealizada y fantasiosa, no hay cabida para policías de ley y orden, solo para agentes de paz social.

 

 

 

Referencias

 

Alexander, M. (2010). The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.

Balko, R. (2013). Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. New York: Public Affairs.

Fernandez, L. A. (2008). Policing Dissent: Social Control and the Anti-globalization Movement. New Brunswick: Rutgers University Press.

Fanon F. (2005). The Wretched of the Earth. New York City, Grove Press; Reprint edition

Malavet, P. (2014). El sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico . Ponce: Ediciones Omar.

Manjón-Cabeza, A. (2012). La Solución. Barcelona: DEBATE.

Memmi A. (2005) Retrato del colonizado. ,Argentina, De La Flor; edición reimpresa

Munie, J. (2000). Descriminalising Criminology. British Criminology Conference: Selected Proceedings. The British Society of Criminolog.

Wacquant, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press;.

William, K. (2015). Our Enemy in Blue: Police and Power in America. New York: Ak Press.

 

 

 

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