Por Gary Gutiérrez

Las noticias relacionadas a la situación económica del país no son muy halagadoras. Mientras los políticos buscan ganar elecciones nuestra realidad como pueblo nos lleva rumbo al abismo. La crisis social que ya está en nuestra puerta amenaza con trastocar todo el orden social y económico de nuestro país.”

Con ese párrafo, y bajo el título “¿El bajo mundo le habrá declarado la guerra al Estado?“, una agencia de seguridad privada distribuyó un comunicado de prensa donde llama a que “cada ciudadano se atempere al nuevo Puerto Rico”.

El comunicado, que se produce en medio del virus mediático generado por el asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán, da por hecho el fracaso del Estado ante la supuesta “crisis social” que vive el país.  Claro “crisis social” es más que un eufemismo para no decir la respuesta de los sectores excluidos por la crisis económica que vive la Isla.

El Estado no puede ni va a poder cumplir con las expectativas de seguridad que requiere el país. La falta de recursos humanos y económicos en el sector de seguridad pública es el mayor impedimento para que se puedan establecer procesos adecuados de prevención y reacción contra el crimen. La Policía está dando su mayor esfuerzo pero la realidad es que el personal no da abasto para poder cubrir todas las necesidades del país

Según la diatriba, al partir del mencionado colapso gubernamental, los ciudadanos y las empresas comerciales deben buscar alternativas construyendo grupos de “seguridad preventiva” y “redes” que colaboren con las agencias gubernamentales -¿las mismas que no pueden cumplir con las expectativas de seguridad?

Más allá de su lenguaje  cortes y lógico, el comunicado me parece poco menos que aterrador.

Aun cuando la retórica de la comunicación se presenta como discurso crítico que busca resolver las problemáticas sociales, su entrelineas termina reafirmando el excluyente orden social productor de los problemas.

En realidad es una apología que presenta los problemas de violencia y criminalidad del país como fenómenos independientes productos de individuos indisciplinados quienes por razones patológicas o de herencia social, se niegan a cumplir con la ley y a respetar el orden. Claro, en ningún sitio el comunicado explica que el orden no es otra cosa que los designios de las élites plutocráticas que controlan la sociedad mediante las estructuras políticas y la ley.

De esta manera la violencia se presenta como la expresión de elementos del bajo mundo que le declararon “la guerra al Estado”.

Ni pensar en que los desafueros que se ve en el país puedan ser vistos como una respuesta, correcta o no, de quiénes el sistema económico y el orden social condena a la marginación.  Además, acaso no fue el propio Estado quién desde su surgimiento libra una guerra contra quienes osen cuestionar su racionalidad.

Tal vez sea porque durante los pasados días estuve leyendo la historia de la Guerra Civil española, pero el lenguaje del mencionado comunicado que románticamente evoca conceptos de ley, orden social, estilos de vidas y seguridad, me recuerda la narrativa fascista que en esa Europa del 1930, no solo llevó a España al sangriento conflicto, también llevó a la humanidad al borde de la destrucción global.

Un discurso que como papagayos, tanto en aquella época como en la actualidad, repiten los que se creen clase media sin entender que es una narrativa que termina permitiendo a las oligarquías plutocráticas controlar al resto de la sociedad.

Así el documento demoniza al Estado por “fracasar” en su obligación de proteger a todos en la sociedad. Entendiendo por “todos” aquellos ciudadanos “disciplinados”  a los componentes de la clase media que son los que trabajan y pagan impuestos.

Ante la mencionada falla gubernamental, el comunicado llama a las comunidades a crear “grupos de seguridad preventiva y redes de enlaces con los gobiernos municipales”.

“¿En serio?” como dicen los jóvenes.

Por mi mente pasan las legiones de camisas, azules, negras o brown que en aquella Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial correteaban por las calles imponiendo la ley y el orden.

De igual manera, el escrito insta a los individuos y negocios a recurrir a las policías privadas para protegerse de esos del  “bajo mundo” que atentan contra las buenas costumbres.

Lamentablemente el escrito que nos ocupa no es más que reflejo de cientos de miles de puertorriqueños que culpan a las clases más vulnerables por los problemas que el poderoso sector financiero le causa al país. Sector que como explica la teoría del “shock” utilizará tragedias como la muerte de una funcionaria pública para empujar sus agendas de control social y económico.

Por suerte, todavía quedan Juanes que claman en el desierto. Bueno en este caso Juanas.

En sendas columnas las amigas y maestras Wilda Rodríguez y Mari Mari Narvaéz surgen como voces de civismo y balance,  explicando que la crisis de violencia social que vivimos es mucho más compleja que la macharrana medición de fuerzas que nos vende el comunicado que da pie a este escrito.

Wilda desenmascarando los que se aprovechan del miedo para vendernos la desacreditada hipótesis que apunta a la pena de muerte como forma de controlar la violencia social y Mari apuntando a la violencia como producto de históricos procesos de explotación y recordando cómo estas crisis se puede vincular a la fracasada prohibición contra las drogas.

En fin que al leer el comunicado de la no mencionada agencia privada de seguridad y al escuchar los tambores de guerra que surgen desde Fortaleza y el Departamento de Justicia, me doy cuenta que  este es uno de esos momentos  cuando las reacciones son tan preocupantes y peligrosas como la misma criminalidad.

Ya el tiempo dirá…

 

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