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El gobierno de  Estados Unidos se propone liberar próximamente  a  seis mil confinados de delitos de  drogas, de los cuales más de 500 fueron sentenciados en el tribunal federal en Puerto Rico.

IMG_6620A estos reos condenados en la Isla  se acordó que les  aplica  una reducción de sentencia, siempre que un juez lo avale.

Esos presos comenzarían a salir de prisión a partir del 1 de noviembre próximo, cuando hayan cumplido la sentencia  que les corresponde.

La fiscal federal auxiliar Myriam Fernández explicó que esta  reducción de penas se basa en las enmiendas que se le hicieron el  año pasado  a las  guías de sentencias que se les recomiendan a los jueces.

No se trata de las sentencias  mínimas mandatorias de ley, aunque las primeras también pasaron el crisol del Congreso.

El número de excarcelados, tanto aquí como en el resto de EE.UU., debe ir aumentado en la  medida de que más confinados soliciten su libertad.

El año pasado, se mencionó que unos 1,500 confinados convictos en Puerto Rico podrían beneficiarse del ajuste.

La reducción promedio de la sentencia es de dos años.

El martes, el  Departamento de Justicia federal anunció que la primera liberación masiva de reos se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

La intención es descongestionar las cárceles norteamericanas en la medida que se reducen las penas para los casos de drogas que no involucran violencia.

Estados Unidos dio otro paso la semana pasada  cuando  senadores  de mucha influencia -tanto republicanos como demócratas- presentaron un  proyecto de ley  que sí  rebaja las  sentencias mínimas mandatorias de ciertos delitos.

Si se aprueba el proyecto, esas enmiendas también tendrán repercusión en la Isla.

La fiscal Fernández explicó que en los casos de drogas, la corte federal de San Juan utiliza el mínimo mandatorio de diez años de cárcel, atado a  determinada cantidad de sustancias controladas.

Por ejemplo, aplica a  cinco kilos de cocaína o a un kilo de heroína

La sentencia mínima mandatoria de cinco años se fija para el manejo  de entre 500 gramos y cinco kilos de cocaína o para entre 100 gramos y menos de un kilo de heroína.

“Nosotros tendemos a tener casos que se ven con los diez años (de cárcel)”, informó la funcionaria, quien aclaró que en el tribunal en San Juan también se atienden  casos menos severos, incluso sin mínimo mandatario de sentencia.

De aprobarse, la legislación del Senado federal reduciría la reclusión  de diez años a cinco años en varios delitos cualificados en el caso de las sentencias mínimas mandatorias.

Esto aplicaría si la persona no tiene convicciones anteriores de delitos serios de drogas  ni de violencia y  no es exportador ni importador de drogas, entre otros requisitos.

La medida le rebaja además las sentencias  a reincidentes de delitos de sustancias controladas  y le elimina la cárcel de por vida a los que llegan al extremo de “tres faltas y estás fuera”; en este caso, el término de reclusión bajaría a 25 años.

Para otros casos criminales,  inclusive de armas, las sentencias  se reducen  de 20 a 15 años y de 15 a 10  años;  entre otros cambios.

Muchas de las reglas aplicarían  retroactivamente y se estima que  podrían beneficiar a  6,500 presos.

Otro aspecto importantísimo de la legislación es que prohibe el  confinamiento en solitaria de los reos juveniles  en casi todos los casos.

Los que ingresaron en prisión como menores tampoco estarían sujetos a que se divulgue su expediente criminal en determinadas circunstancias.

¿Por qué tantos?

El criminalista puertorriqueño Gary Gutiérrez dijo que muchos confinados boricuas están cumpliendo “ condenas excesivas” en las cárceles de EE.UU. porque el Gobierno de Puerto Rico  los  entregó al foro federal ya que,  estatalmente, tenían derecho a  fianza.

Mencionó el caso de un muchacho que participó de un asalto en un negocio de comida rápida con un arma de juguete;  lo “enviaron a la federal” y  está cumpliendo una sentencia de diez años.

Gutiérrez destacó  que la injusticia llega al extremo de que terceros que no son protagonistas de la actividad primaria de un delito  también culminan con “penas desproporcionadas”.

Otro  ejemplo que dio fue el  de una mujer que le velaba las armas al tirador de drogas, la arrestan y ella termina pagando una condena más prolongada de lo que su acción ameritaba.

Los senadores que presentaron el proyecto S 2123  calificaron la reforma como la  más importante de la justicia criminal estadounidense en una generación.

Para los más liberales,  la medida se queda corta  en el sentido de que no cubre todas las sentencias mínimas mandatorias, pero aún así la consideran un avance importante.

Se espera que el Senado federal considere la pieza legislativa este mes y que la Cámara haga lo propio en 2016.

Aunque la medida es bipartita, no hay certeza de que sea aprobada.

Los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano están haciendo campaña con un discurso de mano dura contra el crimen y se teme que eso aborte la iniciativa.

En varias ciudades estadounidenses se  evidencia  un alza en la criminalidad, pero eso -dijo Gutiérrez- lo que revela es que llenar las cárceles no ha servido para detener los delitos de drogas.

Las sentencias mínimas mandatorias, que corresponden a las década de 1980 y 1990,  han provocado que las cárceles de EE.UU.  estén entre  las más atestadas del mundo.

El país  tiene 2.3 millones de reos, o uno por cada 100 habitantes, y el costo de mantener a un prisionero   federal es de unos $29 mil al año.

Gutiérrez destacó que otro  problema con  las sentencias  es que en la vida real  lo que pasa es que    la  discreción de los jueces se le transfiere  a los fiscales, quienes  son los que están negociado con los acusados qué delitos imputarles.

Por su lado, el presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Miguel Pereira, dijo que a nivel estatal hay que entender que la única consecuencia  que tiene una sentencia de larga duración  es destruir al ser humano al que se le impone.

Mencionó las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico que él impulsó y recordó que se lograron unos cambios, pero ninguno tan consecuente como los que el quería.

“De otra manera no se hubiese podido aprobar nada”, dijo a tenor con los cambios que se lograron.

Pereria afirmó que el paso que se está dando en el ámbito federal debe ser imitado aquí.

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