Esta semana, en la sala de un juez de la corte federal en Puerto Rico, un exponente de música rap de poca monta sintió sobre sus hombros un veredicto que, más allá de condenarle por el delito de poseer un arma mutilada, consideró el contenido lírico de una de sus canciones.

Contrario a la guía de sentencias sugeridas en casos como este, y lejos de la recomendación del fiscal a cargo, el juez José A. Fusté le impuso a este desconocido intérprete una pena máxima que llegó antecedida de una arenga moralista en torno al problema de la violencia en el país.

El juez aprovechó la ocasión para aderezar el dictamen con su opinión sobre la ráfaga de tiros que la noche antes paralizó un tramo de la avenida 65 de Infantería en Río Piedras, resultado de una pugna entre los puntos de drogas que operan en los residenciales aledaños.

“Puerto Rico se ha convertido en un país violento tercermundista, peor que México y Guatemala. Es un país tercermundista con código postal”, dijo el juez, quien vinculó su fallo al impacto que, alega, provocan en la sociedad las canciones con letras fuertes que aluden a la violencia.

Son repudiables las canciones que incitan a cualquier actividad violenta, desde las que fomentan la agresión y el terror callejero, las que provocan la violencia machista y las que se nutren de versos que inducen a prácticas sexistas, xenófobas y homofóbicas.

Todas son condenables, mas no creo que sean agravantes para establecer sentencias judiciales. En el caso aludido, el acusado debe pagar por el delito cometido y no por lo que ha decidido cantar.

Pero más allá del dictamen, llamó la atención la simpleza con la que el juez se aproximó a editorializar el problema criminal que nos azota, con un sesgo de prejuicio social contra quienes menos posibilidades de ascenso social han tenido. Cierto es que el crimen nos ha secuestrado.

A cualquier hora y en cualquier lugar nos exponemos a presenciar una actividad violenta. Para los incrédulos, sepan que lo sucedido esta semana en Río Piedras no es una experiencia novel en esa ni en otras comunidades de la Isla.

Estamos ante un fenómeno complejo que por más campañas que clamen por la mesura y prudencia ciudadana no asoma atisbos de desaparecer mientras no resolvamos las raíces de los problemas que lo generan.

Ahí está el desafío: atender la violencia explorando las bases económicas, políticas e ideológicas que han causado el deterioro de nuestra estructura social.

Destaca el criminólogo Gary Gutiérrez: “Señalamos las políticas públicas neoliberales, y el bulímico orden social resultante de las mismas, como la razón principal para el aumento en la violencia, social y criminal. Mientras más personas se sientan impedidas de alcanzar las metas sociales impuestas por la ideología dominante, mayor será el número de aquellos que miren a la criminalidad como una forma de alcanzar las mismas… mayor será el número de los que recurran a la violencia como una forma de manejar las frustraciones producto del sentimiento de exclusión e incapacidad económica”.

Se trata de abordar la violencia enfrentando la pobreza económica y cultural; la falta de viviendas y espacios productivos para el ocio; la ausencia de estrategias para la sana convivencia; el desempleo y la precarización laboral; los problemas de acceso a servicios de salud; y el cierre arbitrario de escuelas.

Tenemos, además, que erradicar los efectos indeseados del culto a la violencia del que somos víctimas, y eso incluye desde la violencia social inducida por el Estado, la glorificación al ataque físico y verbal que promueven producciones radiales y televisivas y la distribución entre nuestros infantes y jóvenes de artefactos altamente violentos disfrazados de material recreativo, como armas ficticias y juegos electrónicos que hacen loas al crimen y la delincuencia.

Es un problema complejo. Su atención requiere alterar muchos paradigmas de nuestro orden social y económico, mas falla el gobierno en su indisposición y falta de voluntad.

Hiram Guadalupe @hiramgp