3 de enero de 2015
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Disciplina fiscal a la seguridad municipal

El derroche o el uso desproporcionado de fondos públicos en muchos municipios que operan con déficit contribuye en buena medida a la crisis fiscal del País pero, además, hace que muchos alcaldes den un mal ejemplo a los ciudadanos en cuanto a la fijación de las prioridades gubernamentales.

Se trata, mayormente, de municipios que dependen de préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para operar, lo que, a su vez, ha tenido consecuencias nefastas para el BGF, que ha visto amenazada seriamente su liquidez y que ha tenido que negarse a seguir prestándoles.

Así, resulta altamente reprochable que algunos municipios gasten en sus policías locales cantidades desproporcionadas de fondos que no guardan relación con el estado de su seguridad ni el número de delitos que se registran.

Según lo presentó recientemente El Nuevo Día, municipios como Yauco, que ha confrontado serios problemas fiscales al punto de poner en riesgo los salarios de sus empleados, gasta casi $2.7 millones en su policía. Con una población de alrededor de 42,000 personas y un registro de 272 delitos Tipo I en el 2013, el gasto por delito asciende a la astronómica cifra de $9,905.

En contraposición, Aguada, con una población similar, gastó el año pasado poco menos de $500,000 en su policía municipal y registró un total de 318 delitos Tipo I, para un gasto promedio por delito de $1,563, un 84% menos que el de Yauco.

Expertos señalan que el beneficio mayor de estos grandes presupuestos para seguridad que tienen algunos municipios es el de mejorar la imagen del alcalde y no necesariamente disminuir la criminalidad.

Resulta convincente el argumento del criminólogo Gary Gutiérrez, quien sostiene que el gasto excesivo en policías municipales grandes y costosas en los municipios solo busca “vender la apariencia de seguridad”, ya que no existe evidencia de que contribuya a reducir la incidencia de delitos.

Guaynabo es un ejemplo de ello, según las estadísticas recopiladas por El Nuevo Día. Con un presupuesto de cerca de $14 millones, la policía municipal de Guaynabo tiene 3.81 agentes por cada mil habitantes, gasta un promedio de $10,034 por delito Tipo I pero, según Gutiérrez, no hay una relación entre presupuesto y la cantidad de delitos.

El municipio de Lajas, mientras tanto, parece demostrar la teoría de que no se necesita gastar tanto para operar una policía municipal eficiente. Con un presupuesto de cerca de $525,000 para atender una población municipal de 25,753 habitantes, Lajas reportó el año pasado 198 delitos graves, para un gasto por delito de $2,651.

Pero, la desproporción no tiene que ver solamente con el gasto versus el número de delitos, sino que, según destaca la demógrafa Judith Rodríguez, en muchos casos son los municipios que operan con déficit los que más presupuesto asignan a sus policías municipales. Lo cierto es que, a juzgar por las diferencias sustanciales en los números de unos y otros municipios, no existe relación proporcional entre población, presupuesto de policía municipal, número de delitos graves y gasto por delito. Una variable seguramente tiene que ver con el salario de un policía municipal, que no es uniforme, sino que lo determina cada legislatura municipal.

Mayagüez, por ejemplo, tiene una policía municipal de 158 miembros a la que asigna poco más de $3 millones al año, mientras que Bayamón, con 141 policías municipales, gasta $10.7 millones anuales. La tasa de delitos del municipio del oeste es de dos por cada 100 habitantes, mientras que la de Bayamón asciende a 2.75 por 100 habitantes.

Es obvio que, con una crisis fiscal como la que enfrentan, los alcaldes deberían buscar fórmulas uniformes para manejar sus policías municipales a un costo razonable, poniendo el énfasis en disminuir la incidencia criminal.

Nada mejor que la eficiencia para dar una buena imagen y provocar cambios con el ejemplo.

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