Rechazan teoría de que crimen ha bajado gracias a los federales

Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 29/11/2014 01:34 pm

noticel

Tanto el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, William Ramírez Hernández, como el criminólogo Gary Gutiérrez, rebatieron las aseveraciones hechas por el gobernador Alejandro García Padilla y la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, de que la baja en los crímenes violentos en la Isla se debe al memorándum de entendimiento firmado entre las autoridades federales y las estatales.

Al mismo tiempo, abogaron por que se atienda el problema de la criminalidad desde su raíz, y afirmaron que para ello es necesario diseñar un plan anticrimen a largo plazo y replicar iniciativas como el “Acuerdo de Paz” que hay en Loíza.

De un lado, Ramírez Hernández, indicó a NotiCel que existe falta de confianza en las estadísticas que ofrece el Gobierno sobre las reducciones en las comisiones de ciertos delitos porque, en más de una ocasión y bajo distintas administraciones y Superintendentes de la Policía, los números han sido manipulados.

De hecho, destacó que en, estos momentos, se ha visto con mayor frecuencia las perpetraciones de delitos como lo son los hurtos de automóviles (carjacking) y los escalamientos, y ya han ocurrido siete masacres durante este año.

Para Ramírez Hernández, aún si hubiera una disminución en la comisión de algunos delitos, no ha variado la percepción que se tiene sobre los crímenes que se cometen en la Isla.

Las personas que están migrando del País no necesariamente es porque en la Isla estaban desempleadas, sino que están buscando fuera de Puerto Rico una mejor calidad de vida, debido a la percepción que se tiene de que aquí se cometen muchos delitos y que sus vidas estaban en peligro, apuntó.

En ese sentido, resaltó que Puerto Rico sigue siendo considerado uno de los países del mundo y jurisdicciones de los Estados Unidos más violentos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), estableció que en el 2013, Puerto Rico estaba entre los países más violentos del mundo.

Y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. de México, expuso que en el 2013, el Municipio de San Juan ocupaba la posición número 38 en el listado de las ciudades más violentas en el mundo.

Ante esto, Ramírez Hernández, entiende que con este memorándum de entendimiento las administraciones del Gobierno de Puerto Rico siguen mostrando su inclinación hacerse el trabajo más fácil para atender el problema de la criminalidad, delegándole a las autoridades federales ciertas funciones que le competen a la Policía de Puerto Rico. En esa línea, afirmó que también esta es una forma de darle la vuelta a la Constitución de Puerto Rico, que todos los gobernadores del País juraron proteger.

La idea es que, bajo las autoridades federales, se pueden utilizar mecanismos, que a nivel estatal no son permitidos, como lo es las intercepciones de llamadas telefónicas o la búsqueda de la pena de muerte para castigar a los autores de ciertos asesinatos.

“Puerto Rico tiene el segundo cuerpo policial más grande dentro de las jurisdicciones de Estados Unidos y, con todo y eso, no ha podido elevar el nivel de la calidad del trabajo policial en Puerto Rico. Y yo creo que parte de eso, es que siempre se le ha delegado ese trabajo a los federales, en lugar de poner a la Policía de Puerto Rico a hacer lo que se supone que hagan”, puntualizó.

“Estas ampliaciones de los acuerdos que hay con los federales no es otra cosa que la federalización del trabajo policial en Puerto Rico. Y lo que se está haciendo es delegando en los federales la investigación y la persecución de delitos que bajo la Constitución de Puerto Rico tendrían ciertas garantías y bajo la federal no. Nosotros hemos estado siempre en contra y vamos a seguir estando en contra de la federalización y la militarización de la Policía de Puerto Rico”, sentenció Ramírez Hernández.

Este observó que el Gobierno nunca ha querido atender el problema de la criminalidad desde la raíz, y han optado por buscar soluciones inmediatas a situaciones violentas, y nunca se han sentado a planificar una estrategia contra el crimen para el futuro.

Si el Gobierno diera más seguimiento y apoyo a iniciativas como “Acuerdo de Paz”, un programa implementado por la organización, Taller Salud, en el área de Loíza, y en establecer programas educativos en las escuelas sobre la violencia, dando un primer paso en lo que tiene que ver con la violencia de género, “yo creo que a largo plazo tendríamos una sociedad menos violenta, porque esto no es algo que se va a resolver de un día para otro”.

De paso cuestionó cuál es el plan contra el crimen en Puerto Rico, que cada administración de turno asegura que le ha dado resultados.
Por su parte, el criminólogo, Gary Gutiérrez, planteó que durante la extensión y ampliación del memorándum de entendimiento, el Primer Mandatario se contradijo al asentir “que él está haciendo esto porque ese mecanismo ha logrado la disminución de la violencia en los sectores que se ha implementado pero, por otro lado, dice que esto se va extender a unas regiones (Aibonito, Arecibo, Utuado y Mayagüez) donde también se ha registrado una disminución de la violencia, aun cuando esa medida no estaba impuesta”.

“Lo que nos dice, es un poco el mito del plan de (Rudolph) Giuliani, que cuando se implementó se registraron bajas en la criminalidad en otras áreas donde no se estaba implementando el plan. Así que no se puede decir que la baja es consecuencia del acuerdo”, determinó.

Mientras Giuliani fue alcalde de la ciudad de Nueva York, estableció una política de “Cero Tolerancia”, que iba enfocada en desalentar la comisión de delitos menores, entre ellos el practicar la prostitución y hacer grafitis, para supuestamente restablecer el orden en la Gran Manzana y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. El foco era que si se atendían estos delitos menores, se evitaba la actividad criminal a mayor escala.

Giuliani defendía la teoría de “Ventana Rota”, que se caracterizaba por mantener la ciudad limpia y en orden.

De otro lado, Gutiérrez se reafirmó en su hipótesis, de que la disminución en el número de asesinatos en Puerto Rico corresponde a otros procesos sociodemográficos que se están dando en el País, como lo es el envejecimiento de la población, y la reducción en la cantidad de hombres jóvenes no profesionales (que son más propensos a caer en la actividad delictiva) que hay en la Isla, debido a la migración. De igual forma, argumentó que la violencia en el País tiende a subir de forma cíclica.

“En última instancia, las medidas del señor Gobernador, a pesar de que se implementan de forma más elegante, son exactamente las mismas que se implementaron en pasadas administraciones”, puntualizó Gutiérrez.

Al adentrarnos a evaluar alternativas distintas para desalentar la criminalidad, como lo es el “Acuerdo de Paz” en Loíza, Gutiérrez, argumentó que estas Iniciativas de Dialogo, resultan “mucho más efectiva que cualquier otra cosa represiva. La raíz de la criminalidad, es la desigualdad en la violencia y la desigualdad social, y la exclusión”.

Acuerdo de Paz está inspirado en el programa Cese al Fuego, adoptado en algunas ciudades de los Estados Unidos, como Chicago, Baltimore y Kansas. Este proyecto promueve un modelo de intervención directa, en la que ciudadanos que residen en el pueblo de Loíza y son identificados como “interruptores de violencia”, buscan detener a criminales que están involucrados en las guerras entre gangas y utilizan la violencia como mecanismo para resolver conflictos.

Este Programa contó con el apoyo del exgobernador Luis Fortuño, pero afrontó escollos por parte del exsuperintendente de la Policía, Héctor Pesquera.

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