IMG_0430Reflexión sobre la actual política anticrimen

Publicado: martes, 28 de octubre de 2014

A dos años de su elección, y con la vista puesta en la reelección, la administración de Alejandro García Padilla reclama una mejoría en la calidad de vida en Puerto Rico y una merma en la criminalidad que experimenta la Isla.

Esto, tras comparar el número de delitos graves reportados durante los años del 2013 y lo que va del 2014 con los registrados en el 2011, año en que la violencia alcanzó cifras comparables a las peores de nuestra historia contemporánea.

No empece a que la Policía de Puerto Rico está bajo la supervisión de una sindicatura federal que le cuesta una millonada al pueblo, y de que en sólo diecisiete meses por esa agencia pasaron tres Superintendentes, la actual administración reclama el éxito de su llamado “plan anticrimen”.

Por lo que se infiere de documentos y conferencias de prensa, pues nadie lo ha visto, este supuesto plan anticrimen está basado, por un lado, en la política de cero tolerancias, en la maximización de los recursos de la Policía y la fiscalía, en el aumento de efectivos mediante el uso de guardias nacionales que vigilen las costas, y en el aumento en el uso de tecnología millonaria, como la red para detectar disparos.

Es decir, que el llamado plan anticrimen de la presente administración no es otra cosa que el desacreditado “evangelio criminológico” diseñado y vendido al mundo por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani. La misma cosa que viene fracasando en la Isla por las décadas.

De igual forma, y también basado en un estudio simplista del 1993 preparado por Albert Reiss Jr. y Jeffrey A. Roth, el discurso oficialista de esta administración vincula la reportada baja en los delitos con el supuesto aumento en las posibilidades de detención y aprehensión de los delincuentes.

Entonces, cuando la administración de Alejandro García Padilla reclama como exitoso el mismo plan anticrimen que, por décadas, no sólo falló para controlar la violencia sino que, según algunos, en muchos casos la provocó, está estipulando que dos más dos suma cinco.

Es decir, la lógica gubernamental es que haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores ellos alcanzaron resultados diferentes.

Claro, el que se ponga en duda la explicación oficialista no implica negar que las estadísticas oficiales apuntan a una merma en los índices del delito y la violencia.

No obstante, antes de continuar se tiene que entender también que, a diferencia de lo que aparentan los medios de comunicación, medir la violencia social y la criminalidad que experimenta una sociedad va más allá del número de muertes violentas o de los delitos graves.

Ahora, si para fines del análisis se toma como correcto que entre el 2012 y la actualidad se registraron bajas en la violencia y en la criminalidad, también hay que tomar como ciertos, por ejemplo, el aumento de crímenes como el feminicidio y la violación.

De igual manera, quien mire la prensa de ese periodo puede afirmar, que aun cuando haya una disminución en la violencia, el nivel de temeridad que caracteriza la misma es mucho más dramático.

El punto es que estos números también apuntan a que, independiente de cuál es la política pública, desde el 2011 –uno de esos años donde el índice de asesinatos alcanzó un “nivel pico”–, la Isla viene registrando una tendencia a la baja de un diez por ciento al año en sus indicadores de violencia.

De paso, según informes de prensa, el 2011 es sólo la última de las siete ocasiones en que durante el siglo veinte y lo que va del veintiuno se registra violencia de sobre 25 muertes por cada cien mil habitantes. Interesantemente, todos esos “años picos” aparentan tener dos características principales.

Primero, son años relacionados con periodos de dificultades económicas, políticas o sociales. Y segundo, aunque no están claras las razones, después de los mismos se registra una merma constante en la violencia que puede durar varios años.

Así que, lejos de aceptar la retórica simplista que vincula la merma de la violencia a políticas públicas que en el pasado fracasaron, parece importante tratar de explicar la misma con relación a otros fenómenos sociales que también experimenta la Isla.

Después de todo, la criminalidad no es una burbuja que se da al margen del resto de las dinámicas sociales.

Por tanto, parecería más lógico estudiar esta baja en los índices de violencia y criminalidad con relación al envejecimiento de la población en la Isla o con relación al aumento en los niveles de una migración caracterizada por la salida del País de varones jóvenes y pobres, sector que tradicionalmente es el que más delinque.

De igual manera, si la supuesta baja en la criminalidad se mira desde la hipótesis que apunta a que parte de la violencia y criminalidad que experimenta Puerto Rico es producto de la percepción de exclusión que producen los regímenes neocapitalistas y el coloniaje, entonces se puede apuntar en otra dirección para tratar de explicar la reclamada merma de los índices de criminalidad y violencia.

Mirando el fenómeno desde esta perspectiva, pudiera ser que la actual administración sí sea la responsable por la reclamada baja en la criminalidad.

Aunque impone las mismas medidas económicas neoliberales que caracterizaron a la administración anterior, García Padilla mantiene un elegante discurso que se proyecta como conciliatorio e inclusivo, dando la impresión, cierta o no, de que está dispuesto a escuchar y trabajar con todos los sectores.

Es decir, un discurso que se distancia de la arenga guerrerista que caracterizó a los pichones de fascistas que en el pasado buscaban la menor excusa para sacar “a patadas” a cualquiera que osara criticarles. Perorata que llevó a muchos Policías a pensar que tenían licencia de corso para agredir al pueblo.

De esta manera, parece válido preguntar si ese discurso suave, elegante y conciliatorio con el que García Padilla crea esta percepción de inclusión, cierta o no, sirve de válvula de escape dándole esperanza a la población que sufre la crisis económica y disminuyendo así la violencia que regularmente acompaña esas dificultades.

Quién sabrá, pero si esa hipótesis resulta correcta, la pregunta entonces es cuánto tiempo puede durar ese espejismo.

 

* El autor es profesor universitario de Justicia Criminal y observador social. garygutierrezpr@aol.com

 

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