En las noticias y las imágenes que recibimos de los medios de comunicación cotidianamente, pareciera haber una correspondencia irremediable entre criminalidad y pobreza en Puerto Rico. Si bien ambas comparten vínculos, éstas poseen una lógica intrínseca en la Isla sobre la cual pocos se cuestionan o hacen alusión.

Una vez el ex superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, anunció a la prensa el pasado 3 de febrero la asignación de 67 nuevos agentes como “Agentes de la Comunidad” para fomentar una relación más cercana entre Policías y comunidades. Cinco días después estudiantes de la Escuela Fernández Callejo, en Manatí, fueron  esposados, vestidos como reclusos y trasladados a una cárcel en Bayamón como parte de un programa del Gobierno, “Amando la Libertad”. Este proyecto, que buscaba escarmentar a los niños sobre lo que es la experiencia de la cárcel, fue censurado por el Colegio de Abogados. ¿Qué relación podrían tener estos ejemplos?

Gary Gutiérrez, criminólogo y profesor universitario en el área de justicia criminal,  en entrevista con EntreParéntesis habla de la sociedad puertorriqueña del siglo XXI como una que remite culturalmente a la violencia. Se trata de un país producto de la violencia política y de la violencia de género, así como de la violencia económica. Los puertorriqueños desde la exclusión padecen los procesos “bulímicos” propios de los países capitalistas. Es decir, que bombardeados por necesidades de consumo que son de “primer mundo”, los ciudadanos son incluidos al sistema económico como consumidores, pero expulsados a menudo como trabajadores del mismo.

Entonces, la violencia desde la imposición física o emocional sirve para los sectores marginados de nuestra sociedad como una manera aparente de empoderarse, de sentirse incluidos. Para muchos, la criminalidad en Puerto Rico es su modo de inserción y participación en la economía del país.

“El orden social y económico en Puerto Rico es la principal causa de la criminalización de la mayoría de nuestros jóvenes”, afirmó Gutiérrez.

La estructura de la sociedad puertorriqueña impulsa a algunos sectores a la violencia y se beneficia de su criminalización, pues el dinero que se genera en el narcotráfico y demás prácticas ilegales regresa a nuestro sistema económico.  “Si miramos la pobreza no como la falta de recursos, sino como la exclusión de los procesos socio-económicos vamos dándonos cuenta de quiénes son los pobres”, señaló Gutiérrez. El criminólogo planteó la pobreza como una etiqueta que diferencia a las personas que no cumplen con las características del rico en la Isla: hombre, blanco, propietario, cristiano y heterosexual.

Por lo tanto, ¿porqué continuar la práctica de iniciativas como las mencionadas? Gutiérrez anotó que la presencia continua de la Policía en los residenciales públicos o el llevar de visita a jóvenes de la escuela pública al sistema penal de Puerto Rico constituye una regulación y acondicionamiento de determinados sectores y no una iniciativa comunitaria bona fide. Como resultado de estas medidas el crimen traza un discurso contestatario.

Las comunidades, según Gutiérrez, deben entender que ni el gobierno ni el punto de drogas resolverá sus problemas. Los líderes comunitarios fungen como los únicos agentes de cambio posibles para las comunidades del país. Movilizar a los vecinos en cooperativas que brinden servicios que surtan necesidades de la propia comunidad y sus alrededores se presenta como opción, así como el organizar y dirigir las diversas habilidades de los jóvenes en algún centro de producción.“Si tú tienes gente que es capaz de correr un punto de drogas, que es un negocio millonario, esa gente tiene que ser capaz de correr un negocio legal, si son las mismas habilidades”, manifestó el profesor.

Los países de baja incidencia criminal tienen una vinculación más reducida de violencia y pobreza que los países con alta incidencia criminal. También, los países capitalistas donde se implantan reformas que facilitan la incorporación de los sectores pobres son lugares que exhiben menos separación entre los ricos y los pobres por lo que presentan menos violencia social. Está en los líderes comunitarios el apuntar la dirección por la cual quieren reformar sus comunidades al gobierno.