Por Cándida Cotto

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Publicado: martes, 14 de octubre de 2014

ClaridadHabiéndose comprobado que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado, cada país debería generar una política independiente para atender su problema de las drogas. Pero en Puerto Rico, el Gobierno sigue la política de “guerra contra las drogas” y criminalización del usuario.

Para el profesor de criminología, Gary Gutiérrez, la admisión del fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de políticas independientes son dos de los señalamientos sobresalientes del estudio “Asumiendo el Control: Caminos Hacia Políticas de Drogas Eficaces”, de la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), organismo independiente integrado por figuras de calibre mundial.

“Este llamado es importante porque es un llamado a otra visión del problema, a otro paradigma del problema, a que construyamos el problema desde otra perspectiva”, indicó Gutiérrez. Aclaró que la Comisión no es un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino un ente independiente que intenta que se le escuche en la próxima sesión especial sobre las drogas que tendrá la Asamblea General de la ONU en el 2016. Se supone que la ONU escuche tanto las posiciones de organizaciones como de los diversos estados.

El profesor Gutiérrez expuso que la CGPD es una de otras organizaciones que quiere que se replantee la situación del narcotráfico y las drogas desde una perspectiva no penal, “porque, como es obvio para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cien años de prohibición ha probado que lo único que se ha logrado es llenar cárceles con los sectores marginados de los países; crear enormes carteles del crimen organizado y de lavado de dinero sumamente poderosos; crear capitales negros, y que aun en el momento de la legalización de la droga, se va a tener que pensar qué se va a hacer con ese capital”.

Otro aspecto que ha logrado la política de guerra contra las drogas, denunció, es reafirmar el poderío del norte global, específicamente Estados Unidos, en la política interna de los países, ya que sus políticas antidrogas le dan “licencia de corso” a Estados Unidos, a su agencia DEA (Drug Enforcement Administration) de “intervenir, básicamente como le dé la gana, en los asuntos internos de los países, en las comunidades internas, una excusa para militarizar su fuerza policíaca y mantener bajo control a poblaciones excedentes que no tienen oportunidad de empleo y que encuentran en el narcotráfico la forma de ganarse la vida.”

El profesor Gutiérrez destacó, además, que el informe es producto de un grupo que analiza la situación desde la perspectiva del sur global, de los países productores de la droga y de los que la transportan. “También es importante porque es un grupo que está compuesto, además, de políticos e intelectuales, por gente de mucho poder económico y eso pudiera apuntar a que ya el capital se está dando cuenta de que el negocio de la ilegalización ya no es un buen negocio para ellos y que la legalización puede ser un buen negocio para ellos”.

En ese aspecto, observó que el negocio de las tabacaleras tiene ya la estructura para procesar y distribuir material de drogas. Comentó que los activistas a favor de la legalización en Estados Unidos (EEUU) ya han advertido sobre este peligro y han destacado que los procesos de legalización se deben dar desde abajo hacia arriba y no como se dio la legalización del alcohol, que el gobierno cedió unas licencias a unos grandes productores tradicionales en el sur de EEUU.

Gutiérrez señaló que para que la droga no se convierta en una mercancía de mercado, lo que están buscando los sectores más progresistas en Estados Unidos es que la legalización se dé mediante licencia a cooperativas y grupos de usuarios para que produzcan la droga que van a consumir y así mantener un control y evitar que se genere un negocio igual de lucrativo y explotador como ocurre ahora con el alcohol.

El escenario en Puerto Rico

Aun cuando se reconoce que en el País hay un severo problema de drogadicción, Gutiérrez denunció que las estadísticas sobre el número de usuarios se estiman basado en las intercepciones policíacas, es decir, que si aumenta el por ciento de incautación es que ha aumentado el número de usuarios. Anotó que los números que se tienen los ofrece la DEA por lo que llamó la atención de que “hay que tomarlos con pinza”, ya que siempre se dan en el contexto de pedir recursos monetarios para la militarización.

Por otro lado, apuntó que la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU dice que el uso de sustancias tradicionales como la coca, la heroína y la marihuana, ha ido cayendo en desuso en muchos sitios, para darles paso a drogas de diseño, las llamadas sintéticas, que no requieren todo el proceso y andamiaje de distribución que requieren las drogas de uso de plantas naturales. En el caso de las llamadas drogas sintéticas -explicó- el suplidor las produce cuando le hacen el pedido, lo que elimina el riesgo de incautación, almacenaje, etc.

El problema de las drogas

Más allá de la violencia que genera el tráfico de la droga, el profesor de Criminología planteó que su experiencia académica y el estudio de este fenómeno le permiten afirmar que en los sectores marginados, donde hay muy pocas oportunidades de empleo, sobre todo para los varones jóvenes, éstos ven en la droga una forma de resolver sus problemas económicos. Puso como ejemplo el hecho de un joven de 22 a 24 años, que tiene que pagar una pensión, no tiene trabajo y el narcotráfico se convierte en la forma de buscarse el dinero de la pensión. “En realidad, eso que nosotros llamamos problemas de las drogas, en muchos sectores se ha convertido en la solución del problema, que es terrible, porque el que vende no sólo hace daño sino que es una estructura tan capitalista como cualquier otra”.

Incluso agregó, “el punto ya no está pagando como antes. Según me dicen los muchachos en la calle, regularmente la droga es a concesión, te dan la droga y tú eres responsable del dinero. Otra estudiante me dijo que ella quedó embarazada a los 16 años, el padre la botó de la casa. Vivía con un familiar y le pagaban para que guardara tres kilos de droga. Se la robaron –no sabe quién- y estuvo trabajando en el punto tres años para pagar la cantidad. Así que, en ese sentido, es una empresa comercial. Lo que nos lleva entonces a la pregunta, y llevo años diciéndolo: tenemos estos muchachos de 26 años que no tienen educación, su educación formal es de noveno grado, está corriendo un punto de drogas, que es una empresa probablemente millonaria, cerca de un millón, que tiene que bregar con personal, tiene que bregar con almacenamiento, tiene que bregar con inventario, tiene que bregar con contabilidad, tiene que bregar con relaciones públicas en el barrio, tiene que bregar con el problema de la Policía… ¿qué hemos hecho como sociedad para que ese muchacho, en vez de estar haciendo eso, no tenga un negocio legal? La moral es chévere si se tiene la nevera llena”.

La legalización

Aun con sus profundas reservas de que en la Isla pueda llegarse en estos momentos a una legalización, Gutiérrez favoreció legalizar el uso medicinal de la marihuana, lo que parece ser la postura del gobernador Alejandro García Padilla. Argumentó que el uso médico tiene dos ventajas políticas, ayuda a desmitificar la sustancia en la comunidad y, sobre todo, va creando el espacio de producción a nivel legal para que cuando se autorice a nivel recreativo, ya haya unas estructuras legales que puedan hacer el proceso más fácil. Destacó que en los estados donde se ha legalizado la marihuana no han ocurrido mayores problemas, no ha aumentado el consumo y se ha generado un ingreso en impuestos mayor a lo esperado.

“Creo que los documentos de la Comisión Global, como los documentos de la Comisión Latinoamericana para la Democracia, son los más claros, más sensatos y los más coherentes que se han hecho a nivel internacional en los últimos años. La única oposición a que se legalicen las sustancias viene de los sectores de la industria del complejo industrial militar ligado al sistema correccional, que viven de tener gente presa. Cerca del 70% de los confinados en Estados Unidos es por drogas no violentas”, manifestó.

Los otros sectores que se oponen a la legalización, además de los sectores religiosos, son los programas de rehabilitación, las agencias policíacas que viven de la criminalización y los propios sectores criminalizados que viven de vender la droga cinco veces más cara de lo que se vendería en la cadena de distribución legal de las farmacias, denunció. Según Gutiérrez, de cada diez dólares que se invierten en la “guerra contra las drogas”, siete van a las fuerzas policíacas y tres a tratamiento y prevención.

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