Publicado en el Periódico La Perla del Sur bajo el Título:

El Pueblo: ¿preparado para el reto?

Por: Gary Gutiérrez

 poder popular

“Si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias”. Así reza uno de los principios de la sociología moderna que se conoce como el “Teorema de Thomas”, en honor a William I. Thomas, quien lo formuló allá para el año 1928.

Este lapidario enunciado se revela hoy, casi 100 años más tarde, como un excelente punto de partida para analizar o tratar de entender cómo los y las puertorriqueñas conciben la crisis económica en que vivimos.

Una crisis que, como magistralmente explicó el economista Luis Rey Quiñones Soto en varias columnas publicadas en La Perla del Sur, es entendida por la mayoría de la población desde los parámetros definidos como reales por la clase financiera y económicamente poderosa del país.

Es decir, que la mayoría terminó definiendo la crisis como una de carácter fiscal o de mal uso de los recursos, y no como el resultado esperado de una estructura neocapitalista que pone la sociedad, sobre todo los procesos de producción, al servicio del mundo financiero.

Esa mayoría tampoco ve cómo ese mercado de valores dejó de ser una herramienta al servicio de financiar fábricas y comercios que generaran movimiento económico y, dentro de los parámetros capitalistas, distribuyen algo de las riquezas producidas.

No entiende que tras esta transformación, producto del llamado neoliberalismo, lo importante termina siendo que las ganancias producidas en la sociedad terminen en los bolsillos de los accionistas, bonistas y prestamistas, aun cuando eso implique el cierre de fábricas, las quiebras de los comercios más pequeños, la pérdida de pensiones para los retirados, la reducción de los sueldos y beneficios laborales o el sinfín de problemas sociales que de estos procesos se derivan.

Otras de las realidades definidas por los poderosos, y comprada como ciertas por el resto, es que la llamada crisis fiscal del sector gubernamental es producto de la ineficiencia y corrupción endémica de esta entidad y de los sindicatos que agrupan los obreros que en ella trabajan.

Esto a pesar de que la verdadera corrupción en la Autoridad de Energía Eléctrica, por tomar un ejemplo, parece estar en las actividades privatizadas de la misma.

Nadie habla de fijar responsabilidades o tratar de recobrar los cientos de millones de dólares que se robaron los proponentes de los dos gasoductos y se arrastran los pies para eliminar los pagos millonarios que todavía se hacen a los intermediaros privados en la compra de petróleo.

Por lo menos, sobre el segundo ejemplo ya se nombró un Fiscal Especial Independiente, lo que -siguiendo la trayectoria histórica- significa que en un futuro, no muy cercano y a un costo millonario para el Estado, se le radicarán cargos al empleado que facilitó “el tumbe”, mientras los que verdaderamente lo dieron recibirán inmunidad para que declaren contra el “coconspirador” menos importante del esquema.

Pero sí se discute cómo los y las trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica son culpables de los problemas económicos de la misma por los injustos salarios “exorbitantes” que devengan.

Esto a pesar de que la nómina de esa agencia es una partida mínima de su presupuesto, de que esos salarios se los otorgaron los administradores que cobran muchísimo más que los obreros y de que el salario básico de estos empleados es el ingreso que bajo la economía de Estados Unidos se considera justo para que una persona viva sobre los índices de pobreza.

Sobre la forma en que la opinión pública y el clima de opinión compra y reproduce esta definición del obrero sindicalizado como el sujeto abusador y causante de todos los males, la psicóloga social Carmen Inés Rivera Lugo explicó cómo en Puerto Rico la mayoría de la población, aun cuando vive por debajo de los niveles de pobreza delimitados por el gobierno federal, se ve a sí misma como parte de una “clase media” producto de las bienandanzas que ellos ven como inherentes al sistema.

No entienden que no son una clase media, sino una clase endeudada que se creó artificialmente, producto del artificial proceso de industrialización de la isla, que fue diseñado para generar ganancias al sector financiero, como explicó Quiñones Soto en sus escritos.

Este sector, explicó Rivera Lugo, se frustra y encoleriza cuando ve sus ingresos y su capacidad de consumo reducirse, a pesar de que ellos son los obedientes, los que estudiaron, los que se portan bien, respetan la ley y el orden, trabajan duro y sobre todo no crean problemas. Como muestra, basta recordar a la ahora infame doctora bayamonesa.

Una clase que siendo producto de esa mentalidad del colonizado que explican Frantz Fanon y Albert Memmi, no puede siquiera concebir que el sistema sea el culpable de sus infortunios, por lo que necesita un chivo expiatorio a quien culpar.

Qué más fácil entonces que comprar el discurso que apunta a “esos obreros revoltosos como unos abusadores insaciables causantes de la crisis”.

Este distanciamiento entre la mayoría de los trabajadores y los sindicatos toma un carácter casi de tragedia si se toma como acertada la necesidad, expuesta por el economista Quiñones Soto, de que surja un movimiento que dirija al país en un proceso para redefinir la crisis y buscar las posibles soluciones desde los intereses del pueblo y no de los capitales financieros.

Sin embargo, las condiciones actuales de los sindicatos aparentan estar en contra de esa alternativa.

Radamés Quiñones Aponte, portavoz de la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud, explicó que el trabajo diario para mantener y hacer valer los convenios colectivos, la realidad financiera de los sindicatos, la politización, las divisiones entre los sindicatos del sector público cobijado por la Ley 130 unos y por la 45 otros, las diversas visiones estratégicas, el protagonismo de los dirigentes, la corrupción sindical y las camisas de fuerza legales hacen sumamente difícil el surgimiento, crecimiento y mantenimiento de un movimiento obrero capaz de asumir el rol de vanguardia que el momento amerita.

Con o sin el liderato obrero, no parece haber otra alternativa que no sea el surgimiento de un movimiento basado en el “poder popular”, a juicio del sociólogo y profesor universitario César José Pérez Lizasuain.

Por poder popular se entiende la capacidad de los diversos sectores para superar la negación de la realidad impuesta por la lógica del poder y suplantarla por una afirmación de una nueva realidad más allá del Estado y sus instituciones.

Según Pérez Lizasuain, se necesita entonces que ese “poder popular” se encarne en un movimiento fuerte que sirva como avanzada, proponiendo nuevas alternativas y educando a los sectores populares para que rompan con “el fetiche de una economía separada del resto de las relaciones sociales”.

Para que surja este poder popular, según Pérez Lizasuain, por un lado el pueblo tiene que dejar de ver a los sindicatos como su enemigo y por otro los sindicatos “tienen que superar su propia forma”.

Esto implicaría -como en Argentina con el Movimiento de Empresas Recuperadas, en México con el Movimiento Zapatista y en Puerto Rico con los movimientos estudiantiles y por el rescate de Vieques- la posibilidad de romper con el marco legal que los limita y el enfrentamiento directo con el sistema y su racionalidad, explicó.

La pregunta entonces tiene que ser si el país está preparado para asumir el reto de crear su nueva historia o si prefiere seguir viviendo en la realidad que le construyeron, donde solo importa cómo va a pagar el soñado viaje a Disney.

(El autor es criminólogo y columnista de La Perla del Sur)

27 de agosto de 2014

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