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Presentado por escrito a la Comisión de lo Juridico del Senado de Puerto Rico.

Por: Prof. Gary Gutiérrez Renta, Prof. Vivien Mattei Colón, Dr. Joel Villa Rodríguez, Prof. José Raúl Cepeda Borrero

Sobre cien años de prohibición de sustancias demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de la violencia, criminalidad y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano.

Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920.

Tras más de diez años, la prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera; aunque no resolvió los inconvenientes relacionados al abuso y la dependencia que son situaciones para ser atendidas por médicos y no por aparato represivo estatal.

Contrario a su propósito, la mencionada prohibición del alcohol terminó produciendo males peores que los que se proponía combatir. Entre ellos la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir lo ilegalizado. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la misma, así como el desarrollo de empresas criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Escohotado, 2003; Manjón-Cabeza 2012; Villa y Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que “el Estado” ejerza un “poder legítimo” para controlar lo que cada persona, como ser libre, decida o no consumir. Después de todo, eso fue lo que el pueblo estadounidense avaló cuando cambió su constitución votando en favor de la enmienda XVIII conocida como la Ley Volstead (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unidos en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo por el narcotráfico, no fue producto del uso de una u otra sustancia. La raíz del problema ha sido la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivaron. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol, o las drogas eran “mínimos” sí se comparan con los que surgieron tras ilegalizar su comercio (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013).

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas. Los que defiende la política prohibicionista regularmente terminan hablando de forma acrítica de los daños físicos, psicológicos y sociales que provocan las sustancias psicoactivas. Tienen una creencia que gobierna su psique y reproducen de forma incondicional. Los prohibicionistas, quienes han demostrado tener poder para hacer política pública, han partido de sus tabúes para trabajar con asuntos que merecen ser analizados de forma objetiva. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de las políticas prohibicionista, sus abanderados usan argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización de las mismas. Una contradicción, pues si algo hace la prohibición es desincentivar el manejo salubrista de los posibles problemas vinculados al uso de las sustancias.

La realidad es que lo que debe estar en discusión, tras cien años de fracasadas políticas prohibicionistas, es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar, o poseer una u otra sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del “daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food”? Después de todo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

¿Si los peligros de su uso no son el factor real que provocó para la prohibición de las llamadas drogas, cuál entonces es la razón para su ilegalidad?

Para contestar esta pregunta, se puede partir de la llamada “criminología crítica” desarrollada al final del siglo XX. Desde esa óptica, lo primero que se debe entender es que a diferencia del “Derecho Positivo”, la también llamada “nueva criminología” no acepta eso de que la ley es instrumento de balance o protección social. Para estos criminólogos críticos, la ley es solo una herramienta para que unos grupos sociales poderosos impongan su discurso ideológico hegemónico. Desde este crisol, las prácticas prohibicionistas y las leyes que las imponen, son resultado de las relaciones de poder entre los grupos sociales. Es decir, cómo se imponen unos sobre otros (Ferrell y Sanders, 1995).

Tomando entonces la criminología crítica como punto de partida, se pudiera decir que las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio fueran ilegalizadas en la primera mitad del siglo XX, fueron de índole religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político. Es decir, las sustancias, no se ilegalizaron por razones salubristas o médicas como se reproduce de la vieja práctica discursiva. Por tanto estos estatutos en realidad son herramientas para controlar y no para proteger a los ciudadanos (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza 2012).

Mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimiento en Estados Unidos de movimientos de avivamiento en el sector cristiano conservador. Ese resurgimiento se desarrolló como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como un país independiente a Estados Unidos.

Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos reflejaran e impusieran un estilo de vida cristiano desde le punto de vista puritano, virtuoso, de temperancia y de fuerte control frente a los placeres. De ahí surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX, logra la prohibición del alcohol y más tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista logró fácilmente el respaldo de los poderosos en Estados Unidos, pues resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como ideal y representante de la naciente civilización industrial y posindustrial (Villa y Gutiérrez, 2013). Para ese poder, la prohibición de “las drogas” surgió como una excelente excusa que les permitía el control y la represión de las minorías mediante la prohibición y criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Estas visiones de intolerancia religiosa y racismo, disparó un proceso que terminó demonizado y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. A este tipo de proceso que termina creando esos “demonios sociales” se le conoce como “pánico moral”. Aprovechándose del mencionado pánico encarnado en los prejuicios contra el uso de estas sustancias, algunas empresas vieron la oportunidad de adelantar sus intereses comerciales, por lo que se montaron en el discurso prohibicionista y lo apoyaron con recursos económicos (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar cómo, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, así como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. La lógica fue que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararon y se dividieron el lucrativo mercado de los textiles, que por siglos dominaron los productores de cáñamo. Es así como ambas industrias invirtieron recursos para empujar la ilegalización de la marihuana (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediados de la década del 1930, hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la mencionada prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol, por lo que ambos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia unos y sus ganancias económicas los otros. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Además de los factores ya detallados, hay quienes ven otra dimensión y entienden que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertina.

El punto es que el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola”, que se veía a sí mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas, y que perdía influencias en las esferas económicas del país frente a la nueva clase alta industrial, a quienes describían como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de “las drogas” fue solo un intento por parte del capital agrícola para mantener un prestigio social que desaparecía por la pérdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen, todo apunta a que la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. Partiendo de la criminología crítica, se entinde que estas leyes se aprobaron como parte de luchas de poder en medio del cambio social. Igualmente tales estatutos se pueden ver como una intromisión ilegítima del Estado en la vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Desde la perspectiva política, estas prohibiciones se mantienen, pues las mismas todavía funcionan como justificación legal para intervenir, controlar y criminalizar las minorías raciales y económicas en Estados Unidos. De igual forma, esa mentalidad prohibicionista es una excelente excusa para que ese país mantenga una política intervencionista que permite desplegar agentes y fuerzas militares estadounidenses en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global” (Davis, 2005; Manjón-Cabeza, 2012).

Es apremiante no permitir que la revisión de esta absurda y fallida política pública no se desvíe a discusiones sobre el daño, los efectos o el peligro: tabúes. Lo que se tiene que discutir es si mantener la prohibición del cannabis, o de la sustancia que sea, no hace más difícil el manejo, control o tratamiento de aquellos usuarios para quienes el consumo se torne en problema.

Partiendo de lo anterior, y tras cien años de la fallida prohibición, no hay otra alternativa que estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas que en la práctica no solo terminan haciendo más difícil el manejo salubrista las mismas, sino que acaban costándonos la sangre de nuestros hijos en su edad más productiva.

Ya es hora de dejar de manejar consecuencias y de enfocar la política pública al verdadero problema que es la prohibición.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.

Davis, A. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press

Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.

Ferrell, J y Sanders C. R. (1995) Cultural Criminology. Boston, Northeastern University Press

Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.

Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.

Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.

Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell

Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.

Manjó-Cabeza A. (2012) La Solución. Barcelona, Debate.

Musto, D. (1999) The American Disease: Origins of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.

Villa-Rodríguez, J.A. y Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.

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