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 Policía con contratista “Superintendente”

El gobernador Alejandro García Padilla anunció que Héctor Pesquera seguirá al frente de la Policía, como contratista de Fortaleza en función de “Asesor en Seguridad adscrito a la Superintendencia de la Policía”.

Por Cándida Cotto
Publicado: martes, 3 de septiembre de 2013

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), licenciado William Ramírez Hernández, le exigió al gobernador Alejandro García Padilla que cumpla con su responsabilidad de nombrar a un Superintendente de la Policía en propiedad.

“Puerto Rico necesita y merece la seguridad de saber que cuenta con un Superintendente de la Policía en propiedad”, reaccionó Ramírez Hernández al anuncio que el Gobernador hizo el jueves 29 en Fortaleza de que Héctor Pesquera permanecerá como superintendente de la Policía pero en capacidad de contratista. El anuncio tomó por sorpresa a periodistas y otros sectores del país, porque se había adelantado que Pesquera cesaría en sus funciones a fines de agosto y ese mismo día se citó a Fortaleza al coronel Héctor Agosto, director regional del Sur del cuerpo policiaco, quien se pensó que sería el designado a la Superintendencia.

“La pregunta obligada es ¿Quién ocupará en propiedad el puesto de Superintendente de la Policía de Puerto Rico? El gobierno debe hablar con claridad y transparencia. Anunciar la permanencia del ‘Superintendente’ actual de la Policía para luego aclarar que se queda con un contrato de ‘Asesor de Seguridad de la Fortaleza’ aporta a la desconfianza que el pueblo tiene en el gobierno y a la propia Policía de Puerto Rico. No se puede subestimar la desconfianza y ansiedad que vive el pueblo ante una reforma policial e incesante ola de violencia que no se puede continuar minimizando”, declaró el Director Ejecutivo de ACLU, capítulo en Puerto Rico.

ACLU, organización que originó la investigación sobre las violaciones de derechos civiles y otras deficiencias del funcionamiento del cuerpo policiaco que provocó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le radicara una demanda en el tribunal federal, cuestionó que la posición de Superintendente pueda descansar en un contratista para echar adelante la reforma policial que se aproxima, cuando constantemente dice que puede irse en cualquier momento.

“¿Quién se encargará de echar hacia adelante el plan para combatir la rampante criminalidad con las garantías constitucionales que procuramos? Dicho sea de paso, ¿cuenta el gobierno con un plan anticrimen lo suficientemente elaborado? Eso el pueblo no lo sabe porque Puerto Rico no cuenta con un gobierno lo suficientemente transparente para poner en conocimiento a su gente de las labores o planes que se elaboran”.

A pregunta de este semanario sobre la reforma de la Policía, el Director Ejecutivo de ACLU afirmó que todavía no se ha comenzado a hacer nada, lo que se ha hecho es “hablar”. A su vez llamó la atención de que independientemente de Pesquera, el plan de reforma de la Policía depende del gobierno de Puerto Rico y que la actual administración como las siguientes le dé continuidad.

Respecto a los rumores de que la permanencia de Pesquera se debió al deseo e imposición del gobierno federal, Ramírez Hernández criticó que el Gobernador haya respondido a esas recomendaciones e insistió en que la responsabilidad de nombrar a miembros del gabinete recae sobre el Gobernador, “quien no debe escudar su decisión de continuar en la incertidumbre con referencia a recomendaciones externas, vengan de donde vengan”.

“El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, debe nombrar un Superintendente en propiedad y lanzar la reforma de la Policía que espera y merece el pueblo de Puerto Rico. Si Héctor Pesquera es el candidato idóneo, pues que así sea. La necesidad de reformar la Policía y combatir la criminalidad rampante ha creado una incertidumbre agobiante que debe ser atendida”.

Al pedirle su parecer sobre el trabajo de Pesquera hasta el presente, el abogado experto en Derechos Civiles cuestionó su efectividad y trajo a la atención la cifra de los 30 asesinatos ocurridos durante este mes de agosto.

En cuanto al perfil que debiera tener la persona que ocupe el puesto de Superintendente, Ramírez Hernández describió que la Policía necesita un jefe que no sea partidista, tiene que saber cómo manejar una agencia de gobierno, tiene que saber de relaciones públicas y estar abierto a la comunicación con la comunidad. También rechazó que el único criterio que se considere para nombrar a alguien como Superintendente sea que provenga de una agencia federal. Defendió que en la misma Policía hay personas que pueden ocupar ese puesto y reiteró la denuncia de que siempre el nombramiento ha estado matizado por el aspecto partidista.

Por su parte, el profesor de Justicia Criminal, Gary Gutiérrez, reaccionó a Claridad sobre el trabajo de Pesquera que entendía que éste hizo unos cambios administrativos y trató de modernizar la cuestión burocrática de la Policía.
“Aparentemente, por lo que he visto, aumentó en unos por cientos la tasa de convicciones. Hay que admitir, aunque no sé si por el aumento de la tasa de convicciones, hubo una mayor eficiencia. Ahora, eso no quiere decir que se controló la criminalidad, porque como hemos dicho antes, la criminalidad no es un problema policíaco, un problema policíaco es el crimen, son dos cosas diferentes. Pero esa criminalidad abstracta a nivel de cómo el pueblo se siente, creo que es indiferente de quién sea el Superintendente”, expuso.

Gutiérrez atribuyó que en última instancia lo que se supone que haga el Superintendente de la Policía es implementar la política pública de los funcionarios electos, que son el Gobernador y la Legislatura. “Realmente entiendo que hubo una mejoría administrativa, es lo que puedo ver mirando desde fuera de la agencia. Pero eso no va a tener mucho impacto en la totalidad de la criminalidad que es un producto no deseado de la organización social que nosotros tenemos. Ahora, la pregunta es si ese proceso de organización que se dio y ese aumento en los niveles de convicción valen $300 mil dólares, ésa es la pregunta. Yo estoy claro que es una falta de respeto a todos los policías, que muchos arriesgan sus vidas por dos mil mensuales, que se haya despilfarrado $300 mil en un funcionario de un año”, denunció enfático.

Con el mismo ahínco criticó que se considere a personas que están en la esfera federal para el puesto. Gutiérrez describió el sistema policíaco federal como uno fracasado “Si alguien no ha controlado el crimen es a nivel federal, un nivel federal que se militarizó en la década del ‘70 con (el presidente Richard) Nixon y se hizo más represivo durante la época de (Ronald) Reagan y que básicamente se mantiene como un aparato de control social más que un aparato anticrimen”.

Gutiérrez citó a uno de los más destacados estudiosos de la criminología, el italiano Alessandro Baratta, quien señala que los servicios policíacos en occidente están retrasados por lo menos 100 años.

Para Gutiérrez, el sistema de justicia criminal, el aparato represivo en Puerto Rico, es uno bipolar. “La Policía tiene una visión conservadora casi religiosa del malo y el bueno que hay que controlar. Por un lado, el aparato de justicia tiene una visión clásica del Derecho y el debido proceso de ley, una decisión racional de que hay que castigar para que el individuo tome la decisión racional de no delinquir Y por otro lado, Corrección vuelve a mutar a un sujeto enfermo. Es decir, cada pata del aparato represivo tiene una definición diferente de lo que es el criminal o lo que es un desviado. Entonces, incluso los que para unos son desviados y peligrosos, como serían los disidentes políticos, dentro del sistema de justicia se le ve como a una persona ejerciendo su derecho. O sea, que no hay una visión acordada de cómo el sistema define lo que es un criminal. Es obvio que no se puede esperar que haya unas políticas coherentes”.

Gutiérrez coincidió en que en la Policía de Puerto Rico hay investigadores que de tener los recursos económicos y materiales pertinentes son tan o mejores que los que pueda haber en las agencias federales y que en la Policía de Puerto Rico hay personas con la preparación académica y otras destrezas necesarias para poder ocupar el cargo de jefe policial.

 

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