Luego de una tendencia a la baja durante meses, “la criminalidad” nuevamente acaparó la atención de los medios de comunicación social en Puerto Rico durante las pasadas semanas. La muerte en las calles de sobre una decena de puertorriqueños en un fin de semana no solo ocupó predominantemente los espacios noticiosos, sino que monopolizó la opinión pública y creó preocupación en el clima de opinión de la Isla caribeña.

Por opinión pública se entiende lo que se discute en los medios de comunicación, mientras que el clima de opinión se refiere a la construcción mental que la ciudadanía crea sobre los temas discutidos en esos medios. Cuando los medios de comunicación en Puerto Rico hablan de “criminalidad”, en realidad se refieren al número de muertes violentas en comparación con los datos del pasado año para la misma fecha. Lo que de por sí es una forma muy simplista de medir una situaciones tan complejas como la desviación, la criminalidad o la violencia social.

Este discurso de las cifras de incidentes atendidos por la Policía como indicador de la criminalidad en la Isla tiende a dar un aire de certeza científica para justificar políticas públicas, estrategias y sobre todo, efectividad, por parte de los administradores gubernamentales de turno. Sin embargo, como cualquier estudio estadístico, estas cifras solo tienen algún grado de pertinencia como fuente de estudio si las mismas se miran y se comparan durante largos periodos de tiempo.

Aun en el caso de estudios a largo plazo, este “datasauro”, como Jock Young llama a esta sobreutilización de los estudios estadísticos en la criminología estadounidense y británica, es solo una especie de retrato numérico de unos instantes y lugares específicos que poco aportan al entendimiento real de los complejos fenómenos criminológicos.1 Esto no quiere decir que esos datos no tengan valor o utilidad. Los mismos son una invaluable herramienta para el trabajo diario de los funcionarios para la toma de decisiones y para la asignación de recursos. Por ejemplo, al mirar los datos policiacos del segundo fin de semana de agosto, se puede ver cómo gran parte de la violencia se reportó en municipios de la ruralía, lo que puede ser valioso para asignar recursos y para observar los procesos sociales que pudieran estar produciendo la violencia en esas áreas.

No obstante, el resultado de utilizar estos datos como herramienta de evaluación del trabajo o la labor de los policías o de los políticos, termina convirtiendo la recopilación de información en un fin en sí mismo y no en un medio. Así lo comprueba el premiado trabajo sobre la manipulación de los datos en la Policía de Puerto Rico del periodista puertorriqueño Ricardo Cortés Chico en el 2011.

Sin embargo, partiendo de esa medida arbitraria y tomándola como válida, el análisis puede ser que durante la segunda mitad del 2013, Puerto Rico experimenta una tendencia al alza en la violencia criminal. Los números oficiales en este mes de agosto indican que la otrora amplia brecha que apuntaba a una reducción de la violencia durante el 2013, en comparación con el pasado año, se va cerrando. Es decir, al mes de agosto del 2013 se reportan 548 muertes violentas, esto es, 55 menos que las 603 reportadas en la misma fecha del 2012.

Hace solo dos meses el virus mediático era que las muertes violentas reflejaron una baja de 395 tragedias menos que en el 2012 para finales del mes de mayo. Incluso, a mediados de mayo del 2013, el que se reportara un fin de semana sin muertes violentas, homicidios o asesinatos acaparó las portadas y titulares de los medios boricuas.

Tan simplista es decir que la baja en los crímenes violentos durante la primera parte del año era resultado de las estrategias desarrolladas por la Policía de Puerto Rico o de los “planes anticrimen” del actual administrador colonial, como apuntar a esas políticas públicas como causa del alza registrada en esos indicadores durante las pasadas semanas. Mirando más allá de las estadísticas y usando como punto de partida el pensamiento de los y las criminólogas que entienden que la desviación, criminal o no, es el resultado lógico de las estructuras sociales excluyentes, es posible otra lectura del fenómeno de la criminalidad en Puerto Rico.

En múltiples ocasiones señalamos las políticas públicas neoliberales y al bulímico orden social resultante de las mismas, como la razón principal para el aumento en la violencia, social y criminal, durante el pasado cuatrienio. “Bulímico” es el término que Young utiliza para describir la anomia social que termina incluyendo a todos en la falsa necesidad de consumo como mecanismo de validación, mientras excluye a la mayoría de la población de trabajos dignos y bien remunerados que permitan dicho consumo. ((Young, Jock. 2003. La Sociedad Excluyente. Madrid: Marcial Pons.))

Es decir, mientras más personas se sientan impedidas de alcanzar las metas sociales impuestas por la ideología dominante, mayor será el número de aquellos que miren a la criminalidad como una forma de alcanzar las mismas. De igual manera, bajo esa sociedad bulímica mayor será el número de los que recurran a la violencia como una forma de manejar las frustraciones producto del sentimiento de exclusión e incapacidad económica.

Así las cosas, y mirando el clima de opinión que durante los pasados meses construyó como real la baja en la violencia social y la criminalidad, se puede apuntar a dos procesos como posible explicación para esa conclusión. Primero, las elecciones. Es decir, el proceso electoral que crea en la mente de las grandes mayorías excluidas la ilusión de participación y de ser tomados en cuenta. Ese carnavalesco proceso levanta las expectativas de un futuro con mayor participación y una mejor vida económica. Esta percepción de participar y “ser contado”, tiende a bajar los niveles de frustración social que a su vez pueden producir violencia. Es fácil pensar entonces que la inauguración de una nueva administración gubernamental, escogida por voto popular, abone y fomente las expectativas de una sociedad más justa e inclusiva.

Lo anterior nos lleva al segundo factor para explicar la baja en la violencia criminal registrada durante la primera mitad del 2013, es decir, el estilo del actual administrador colonial, Alejandro García Padilla. Si la violencia es producto de la percepción de exclusión que sufren las mayorías en la Isla, parece lógico pensar entonces que el estilo más suave y elegante de García Padilla, comparado con las grotescas y burdas formas que caracterizaron a la administración de Luis Fortuño, puede ser un factor esperanzador para una población mental y emocionalmente dependiente del aparato gubernamental como herramienta para la solución de los problemas.

La realidad es que la sábana, como decía el jíbaro, se estira hasta donde llegue. Por tanto, también es lógico pensar que según va pasando el tiempo y las soluciones a los problemas económicos y sociales no se materializan, o se producen a un paso muy lento, disminuya proporcionalmente el efecto de los rituales de revitalización antes mencionados. De esta manera, se puede entonces especular que la súbita alza en la violencia criminal reportada por los medios de comunicación en estas semanas pudiera ser un síntoma de una creciente frustración entre las grandes masas que poco a poco se vuelven a ver como excluidas. Sectores que poco a poco van despertando a la realidad excluyente de unas políticas económicas que, aunque se proyecten más suaves y compasivas, siguen basadas en la visión del mundo financiero y no en las necesidades del pueblo.

En resumen, que al parecer se sostiene lo que al comienzo del pasado mes de junio adelantáramos durante una conversación con Daniel Rivera Vargas de El Nuevo Día sobre la entonces merma en la violencia criminal: “si no hay un repunte económico en los próximos meses, esa brecha se seguirá cerrando”.

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Young, Jock. 2011. The Criminological Imagination. Londres: Sage. [↩]

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