Pedaleando en dos direcciones

Por Gary Gutiérrez

Bicijangueo copyPor más de dos años, todos los miércoles -entre 7:00 de la noche y 12:00 de la medianoche- cientos de ciclistas han tomado las calles para apoderarse del espacio público en Ponce y dar vida a una actividad que algunos llaman “bicijangueo”.Es decir, grupos organizados o espontáneos de ciclistas que ocupan las calles de la ciudad para disfrutar de ellas, junto a familiares y amigos.

Algunos de estos corillos salen con rutas definidas e, incluso, coordinando con las autoridades, mientras otros, que no están organizados formalmente, simplemente salen sin rumbo a ver dónde pueden hallar actividad social.

La mayoría de estos ponceños amantes del pedal, no obstante, elige a la avenida Hostos y la esquina de las calles Mayor y Cristina como sus parajes predilectos.

Obviamente, los ciclistas no se quedan en un solo lugar. Como el evento se extiende a todas las calles del centro urbano, los grupos pedalean de un punto a otro disfrutando de las cualidades que hacen de Ponce una ciudad idónea para el ciclismo urbano.

De hecho, la presencia cada miércoles de estas ciudadanas y ciudadanos ocupando las calles transforma a Ponce en una ciudad viva y vibrante. Igualmente, el que estas personas estén en la calle recreándose transforma el espacio público en uno más confiable y seguro.

Después de todo, un principio básico de la criminología es que los elementos desviados o criminales prefieren operar en espacios solitarios.

Algunos pudieran pensar que el éxito y popularidad de esta convocatoria ciudadana espontánea -sin una organización centralizada, sin costo para nadie y mucho menos sin el control de las autoridades municipales-  es el éxito de cuatro años de la política pública a favor del ciclismo urbano implantada por la actual alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri.

Sin embargo, esta actividad espontánea -donde prácticamente no se han registrado incidentes graves- parece crear molestia o incomodidad entre algunas de las autoridades municipales.

Por segundo mes consecutivo, so color de orientar a los ciclistas sobre las leyes y reglas de seguridad relacionadas al uso de las bicicletas, la Policía Municipal de Ponce ha ocupado el espacio de la intersección de la calle Mayor y Cristina para desplegar su fuerza.

Una intervención injustificada, casi hostigamiento diría yo, contra ciudadanos y ciudadanas que ejercen su libertad constitucional de reunión y su derecho a moverse libremente en la ciudad.

Solo unos minutos de observación de la interacción social que se produce como resultado de este espontáneo evento son más que suficientes para darse cuenta de que las únicas violaciones a la ley que allí se producen son la falta de luces de seguridad en las bicicletas, que se ocupen las aceras con las bicicletas estacionadas, el consumo de alcohol en la calle y el que la inmensa mayoría de los participantes no usan el casco protector.

Sobre el consumo de alcohol en la calle, el mismo está reglamentado y las autoridades tienen más que experiencia manejando el asunto. Claro, la realidad es que mientras la persona no esté intoxicada o creando problemas, la misma no representa un problema real para la sociedad.

En torno a los posibles conflictos que se pueden generar porque se estacionen las bicicletas en las áreas peatonales, es meritorio aclarar que esta alternativa es mejor que el detenerlas al costado de las calles, donde pueden terminar generando conflictos con los automovilistas, como ocurrió el pasado miércoles.

Además, el que no se permita estacionarlas en las plazas o aceras es interesante, por no decir contradictorio.

Primero, porque es en las plazas y ace-ras donde están ubicados los “racks” para amarrarlas y segundo, porque no se nota el mismo empeño policial a la hora de intervenir con los cientos de conductores que a diario estacionan sus autos sobre las aceras de espacios tan visibles y visi-tados como la avenida Fagot o el bulevar Miguel Pou.

Con relación al casco y las farolas, lo cierto es que aunque estos aparatos de seguridad son valiosos y pudieran ser de beneficio para el ciclista, su uso no es uno acostumbrado en Puerto Rico.

Incluso, a pesar de que lleva más de diez años en vigor la paternalista ley que regula el ciclismo y exige el uso de casco protector, no parece haber récord de que se haya radicado una sola querella al respecto.

Es decir que, con la anuencia del Gobierno, la ciudadanía revocó en su diario vivir la obligación de usar casco mientras se corre bicicleta.

Además, si algo es un tema conflictivo en las comunidades ciclistas de todo el mundo es el que sea el Gobierno quien obligue al uso de estos protectores.

Para colmo, la prueba está disponible. En las jurisdicciones donde se impone el uso del casco, el resultado es que disminuye el uso de la bicicleta.

Y si repasamos algunas de las ciudades exitosas en el desarrollo de una cultura ciclista, comprobaremos que prácticamente nadie los usa mientras se traslada a velocidades relativamente lentas por la ciudad.

Pero ¿saben qué? Lo más interesante es que muy pocos efectivos de las unidades ciclistas de la Policía, estatal o municipal, los usan.

En torno a luces y farolas de seguridad, la educación de los grupos ciclistas y la reducción en su costo ha propiciado un ascenso en su uso. Es igualmente interesante que esa popularidad se logró sin la necesidad de la represión estatal. Bastó el sentido común.

De hecho, ya casi podemos decir que más de la mitad de quienes participan de esta convocatoria semanal cuentan con farolas y reflectores en sus bicicletas.

Finalmente, queda el tema de las bicicletas con motor. Su presencia y el hecho de que las autoridades no tienen poder en ley para intervenir con ellas crea una obvia frustración entre algunos funcionarios.

Al uno pedir explicación para la intervención policial con las reuniones de ciclistas los miércoles, siempre se termina en el tema de las bicicletas con motor y el molestoso ruido que provocan.

Aunque se puede entender la preocupación de las autoridades, la realidad es que los oficiales del orden público no tienen poder en ley para intervenir con estas bicicletas, pues no hay estatutos que las regulen y mucho menos las prohíban.

Claro está, eso se resuelve incluyendo estas bicicletas motorizadas en la Ley de Vehículos de Motor y reglamentarlas, como cualquier otro transporte motorizado.

En fin, tras observar el fenómeno del llamado bicijangueo es fácil y nada complicado concluir que se trata de una actividad legítima, que aun cuando pueda causar algunas tensiones inherentes a la aglomeración de personas, no tiene por qué ser perseguida u hostigada por el Estado.

Sobre todo, cuando hasta ahora, más allá de los inconvenientes típicos de cualquier aglomeración de personas en un lugar, no se han reportado mayores incidentes.

Es decir, no hay más problemas que cuando miles de vehículos se ataponan en las proximidades al Coliseo Pachín Vicens durante los juegos de baloncesto, cuan-do nos invaden las caravanas políticas o cuando se efectúan procesiones religiosas en el centro histórico de la ciudad.

Por tanto, no es fácil entender la estrategia de usar despliegues policíacos para intervenir con ciudadanas y ciudadanos porque decidieron ejercer su derecho a la libre asociación y movilidad. Su derecho a compartir y socializar.

La experiencia en otras jurisdicciones apunta a que cuando, en vez de educar, las autoridades insisten en intervenir o multar a los ciclistas por no usar el equipo de seguridad requerido por la ley, los resultado son dos. La disminución del uso de la bicicleta como transporte o el aumento en el uso temerario de estas por parte de jóvenes, quienes resienten la intervención gubernamental.

Igualmente, cuando las autoridades escogen la estrategia punitiva -desplegando policías para intervenir con grupos que ejercen el derecho a reunirse pacíficamente, solo porque se muevan en bicicletas o hagan ruido- el resultado es que, poco a poco, actividades como el “bicijangueo” van quedando en el pasado, mientras que en la mente del pueblo solo queda la imagen de que correr bicicleta es algo peligroso, desviado o criminal, pues tiene que ser supervisado y controlado por el Gobierno y su Policía.

Obviamente, el auge de las bicicletas está generando dolores de crecimiento. Le toca al Gobierno Municipal de Ponce establecer y dejar claro cuál será su política pública para manejar estas dolencias.

Las autoridades municipales tienen que definir y dejar claro si su política pública es en favor de la educación para aumentar la seguridad, fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y como agente de aglutinación social o, si en cambio, desalentará su uso, insistiendo en sobrerreglamentar, controlar u hostigar a quienes las utilizan para el disfrute.

No se puede pedalear en dos direcciones. Se educa o se reprime.

(El autor es profesor universitario en materia de Justicia Criminal y columnista de La Perla del Sur)

21 de agosto de 2013

 

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