20130809-222437.jpgPresentado por Gary Gutiérrez

ante la Universidad el Pueblo

Caguas, Puerto Rico

7 de agosto 2013

Al igual que es irracional debatir si mañana saldrá el sol por el este o por el oeste, discutir la necesidad de descriminalizar y legalizar la marihuana, así como debatir la eficacia de la prohibición como mecanismo para reducir o eliminar el consumo de sustancias psicoativadoras es un ejercicio en futilidad. Sobre cien años de prohibición demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de violencia y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano. Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920. Tras más de diez años de prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera.

Para comenzar no resolvió los problemas relacionados al abuso y la dependencia que son situaciones para ser atendidas por médicos y no por policías. Contrario a su propósito, la mencionada prohibición del alcohol terminó produciendo males peores que los que se proponía combatir. Entre ellos la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado trasiego. De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera.

Como si lo anterior no es suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la prohibición, así como el desarrollo de sindicatos o carteles criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde (Manjón-Cabeza 2012; Villa, Gutiérrez 2013).

Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que la misma dejó en nuestra memoria colectiva una cultura política que no tiene problemas aceptando que el Estado ejerza un “poder legítimo” de controlar lo que cada persona, como ser libre, decide o no consumir. Después de todo, eso fue lo que el pueblo estadounidense avaló con su voto cuando cambió su constitución votando en favor de la enmienda XVIII conocida como la Ley Volstead (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012).

Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unido en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo con el narcotráfico, no es producto del uso de una u otra sustancia, sino de la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivan. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol o las drogas eran “minúsculos” sí se comparan con los creados tras ilegalizar su consumo y su comercio (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Villa, Gutiérrez, 2013) .

La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que aun aquellos que de buena fe la apoyan y la defienden, no encuentran argumentos serios o ejemplos históricos para sustentar sus posturas.

Recientemente, participé de un conversatorio sobre este tema auspiciado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Allí me di cuenta que esos que defiende la política prohibicionista terminan siempre hablando de los daños físicos que provocan estas sustancias, los efectos que tienen las mismas en los humanos o del impacto moral que algunos vinculan con su uso. Ante la falta de pruebas sobre la eficiencia de la política prohibicionista, sus abanderados terminan usando argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización, política que claramente no facilita el manejo salubrista de los problemas que ellos mismos detallan como resultado del uso de las sustancias. Es decir, insisten en defender la ilegalización a pesar de que está claro que la misma no fue, ni es efectiva controlando o evitando el uso de las sustancias prohibidas.

La realidad es que lo que debe estar en discusión, tras cien años de políticas prohibicionistas es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar o usar una sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminas el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma. Así las cosas, se revela entonces como peligroso el intento de los que quieren desviar la atención en torno a los problemas causados por la prohibición, discutiendo los posibles peligros del uso o abuso de las llamadas drogas.

Al fin y al cabo, esa es una discusión para los salubrista y no para la criminología o para la policía.

Otra razón para no desviar la atención de los resultados de la prohibición discutiendo si las drogas pueden hacer o no daño a los humanos, es el hecho de que ese argumento del daño” nunca fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo. ¿Si fuera por causar daño, no sería más lógico que en Estados Unidos se prohibieran las comidas industrializadas, esas que llamamos “fast food”? Después de todo las enfermedades cardiovasculares y la diabetes relacionadas a la obesidad son las principales causas de muerte en ese país.

Para buen entendedor, con pocas palabras bastan.

Las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio, todas productos de Dios o la naturaleza, fueran ilegalizadas en la primera parte del siglo XX fueron religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza).

Nuevamente mirando la historia, todo parece que comenzó durante la primera parte del siglo XIX con el surgimientos en Estados Unidos de los movimientos de revivamiento cristiano conservador. Estos se desarrollaron como respuesta al orden secular y la división de Iglesia y Estado que medio siglo antes sirvieron de base para formalizar como país independiente a Estados Unidos. Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, estos grupos religiosos comenzaron a empujar, ya para fines de ese siglo XIX, el que las leyes de Estados Unidos como país cristiano, reflejaran e impusieran un estilo de vida virtuoso, de temperancia y fuerte control frente los placeres de la vida. De hay surge el “Movimiento de Temperancia” que a principio del siglo XX logra la prohibición del alcohol y mas tarde la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Ese discurso prohibicionista logró el respaldo de los poderosos en Estados Unidos pues resultó muy cónsono con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestan-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la cultura “civilizada”. Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano que surge durante la modernidad como el ideal y representante de la naciente civilización americana (Villa, Gutiérrez, 2013). De esta manera, la prohibición de las drogas surgió como una excelente forma de legitimar el control y la represión de las minorías mediante la criminalización de sus costumbres (Courtwright, 2002; Davis, 2005; Ferrell, Hayward, Joung 2008; Escohotado, 2003; Foster, 2002).

Esta visiones de intolerancia religiosa y de racismo, disparó un proceso que terminó demonizando y culpando a las minoritarias sociales por los males inherentes a la naciente sociedad capitalista industrial. A ese proceso se le conoce como “pánico moral” y en este caso fue producto del miedo racial y cultural generado en torno a las drogas . Aprovechándose del mencionado pánico, algunos intereses económicos vieron la oportunidad de destruir sus competencias y adelantar sus ganancias, por lo que se montaron en el discurso prohibicionista y lo apoyaron con recursos económicos (Escohotado, 2003; Goode, Ben-Yehuda, 2009; Manjó-Cabeza, 2012).

A modo de ejemplo se puede mencionar como, tanto los intereses del sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. La lógica era que con la destrucción del cáñamo, el algodón por un lado, y la novel fibra sintética desarrollada por Dupont y llamada “nilón” por el otro, acapararían y se dividirían el lucrativo mercado del los textiles que por siglos dominaron los productores de cáñamo. De esta manera, ambas industrias aportaron recursos a los movimientos prohibicionistas para empujar la ilegalización de la marihuana. No por los supuestos peligro relacionados a la planta, sino por la ganancia que les generaría. (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que a mediado de la década del 1930 hubo otros intereses un poco más siniestros o solapados que también empujaron y apoyaron la ilegalización de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró del Alcohol y segundo, los tres principales carteles o sindicatos de crimen organizados que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidores y perseguidos, se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el alcohol. Así ambos grupos vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener su pertinencia y sus ganancias económicas (Escohotado, 2003; Manjó-Cabeza, 2012 ).

Además de los factores ya detallados, hay quienes ven otra dimensión y entienden que la prohibición de las drogas fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial. Al igual que con la Guerra Civil estadounidense, que no se trató meramente de liberar los esclavos sino de dos visiones de ordenamiento económico encontrados, el sur agrícola y el norte industrial, la prohibición de las drogas y el Movimiento de Temperancia que la impulsó se pueden analizar como otro campo de batalla para el control social entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora, y el capital industrial con una mirada citadina, cosmopolita y libertina.

El punto es que el proceso de ilegalización que nos ocupa, aparenta ser parte de una lucha por el prestigio social que se desató entre el arquetipo del “ideal agrícola” que se veía a si mismo como pilar de las buenas costumbres cristianas y que perdía influencias en las esferas económica del país frente al surgimiento de una nueva clase poderosa producto de la industria y que era vista como hedonista, decadente o depravada. De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de las drogas fue solo un arma para que el viejo poder agrícola pudiera mantener cierto grado de prestigio social construyéndose como defensor de la virtud y las buenas costumbres. Es decir, un intento de mantener un prestigio social que sucumbía por la perdida de poder económico ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente. (Courtwright, 2002; Escohotado, 2003; Foster, 2002; Gusfield, 1983; Manjó-Cabeza, 2012; Musto, 1999).

En resumen: la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. En realidad estas leyes se aprobaron como parte luchas por el poder social, político y económico en una nación mutando. Por tanto no es de extrañar que a pesar de que la historia demuestra que estas leyes nunca fueron exitosas en controlar el uso y disfrute de las sustancias que prohibieron, todavía hay quienes que buscando mantener sus influencias, utilizan esta prohibición como herramienta para mantener el prestigio de virtud piadosa, o como excusa para legitimar el control de las poblaciones. Por eso insisten en mantener vigente las mismas.

El ejemplo de como estas leyes se utilizan para controlo las minorías está dramatizada por las población carcelaria de Estados Unidos. Durante las pasadas cuatro décadas, la data oficial demuestra que los delitos relacionados al narcotráfico son los de mas crecimiento en ese País, aun cuando estas violaciones son las que más encarcelamiento producen. Cosa que no solo da al traste con la teoría de que la cárcel y el castigo reduce el crimen sino que deja claro que la prohibición es una alternativa inefectiva para manejar las drogas. Por otro lado y partiendo de lo dicho sobre el uso de las leyes de drogas como herramientas para el control social, se debe recordar que en Estados Unidos, los indices de ventas y usos de drogas entre los afroamericanos y los blancos son muy similares. No obstante, los afroamericanos son acusados y condenados a prisión por estos delitos en mucha mayor proporción que los blancos. Peor aún, los delitos relacionados al uso de las sustancias preferidas por los blancos -cocaína- conllevan sentencias hasta siete veces menores a las impuestas por el uso de las drogas más usadas por los afroamericanos -crack-. (Davis 2005; Manjó-Cabeza, 2012) . Es interesante hacer un paréntesis y preguntar si esa misma relación se da en la forma en que el sistema trata a “los blanquitos” y “los de caserío” en Puerto Rico. Por supuesto no hay que estudiar mucho para saber cual de estos dos grupos esta más representado en allá en Complejo Correccional de Las Cucharas en Ponce.

Mirando el asunto desde otra perspectiva, ademas de que busca reafirmar las virtudes de la vida piadosa y de ser un instrumento para el manejo y control de las poblaciones excedentes, la prohibición de las drogas también parece ser exitosa creando un espacio para el desarrollo económico de aquellos que son condenados por herencia a la exclusión social. Para quién tiene destrezas empresariales o quién encarnas los valores de competencia que hacen a un buen capitalista, pero es el hijo de pobres, muchas veces el narcotráfico parece ser el único negocio viable para salir de la pobreza o para sobrevivir económicamente. ¿A cuantos hijos del residencial los bancos le prestaran cincuenta mil dólares para que monte un negocio? ¿Cuanto hijos del caserío pueden cumplir con los requisitos para aspirar a las ayudas del Banco Gubernamental de Fomento?

En una sociedad “bulímica” como la nuestra, donde la sociedad le impone a todos los sectores por igual las falsas y creadas necesidades de consumo como forma de validarse, mientras excluye a la inmensa mayoría de los procesos legítimos de producir el capital que puede pagar ese consumo (Yock Joung, 2003), es fácil pensar que el narcotráfico puede constituir en una forma, ilegal y peligrosa pero efectiva, de integración económica y hasta social. Así, en muchos casos el narcotráfico puede verse como un discurso contestario ante una sociedad neoliberal que condena a muchos a una especie de servidumbre posmoderna caracterizada por los empleos chatarras (Villa, Gutiérrez 2013).

En fin y para terminar, estas leyes se pueden ver como una intromisión ilegítima del Estado en las vida de personas que se supone sean ciudadanos y ciudadanas libres con derecho a la búsqueda de la felicidad como ellos o ellas la definan. Partiendo de lo anterior, no hay otra alternativa que estar en favor de la derogación de estas leyes draconianas. En una sociedad libre y verdaderamente democrática no solo se deben eliminar las prohibiciones de conductas sin víctimas, como lo es fumar marihuana, debieran eliminarse toda ley que limite el derecho de los ciudadanos y ciudadanas adultas para actuar libremente mientras no se le haga daños a otros.

Por otro lado, si se mira la experiencia en otras partes del mundo, queda claro que la legalización o tolerancia de la marihuana, o de cualquier otra sustancia para todos efectos, terminan bajando la violencia callejera y criminal, así como reduciendo otros males colaterales como son las enfermedades contagiosas, el deterioro de los espacios públicos, etc.

No obstante, también se tiene que estar claro que la derogación de estás leyes antidrogas no es una solución mágica, por lo que no se puede esperar que termine con la violencia social y el crimen que azota la Isla. Si no se cambia el “bulímico” ordenamiento socio económico que en Puerto Rico condenan a grandes sectores de la población a soñar desde la exclusión y pobreza del sur global con las riquezas que desde el norte nos imponen la cultura de consumo del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristianos; la violencia social y el crimen seguirán surgiendo como discurso contestario en busca de inclusión y de poder económico.

Porque la fin y al cabo el principal problema del país no es la violencia, la criminalidad o las drogas, su uso o su trasiego. Ni siquiera el problema real de la isla es la prohibición de estas sustancias como pudiera dar la impresión el discurso abolicionista. El verdadero problema en Puerto Rico es la exclusión y la pobreza a la que se condena a la mayoría de nuestros hermanos y hermanas.

Referencias:

Courtwrght, D. (2012) Las Drogas y la Formación del Mundo Moderno: breve historia de las sustancias adictivas. Buenos Aires, Paidos Contextos.
Davis, A. (2005) Abolition Democracy: beyond empire, prisons and torture. New York, Seven Stories Press
Ferrell, J.; Hayward K.; Joung Y. (2008) Cultural Criminology: An Invitation. London, SAGE Publications Ltd.
Escohotado, A. (2003) Historia Elemental de las Drogas. Barcelona, Compactos Anagrama.
Foster, G. M. (2002) Moral Reconstruction: Christian lobbyists and the Federal Legislation of Morality. Chapel Hill, The University os North Carolina Press.
Gray, J. P. (2001) Why Or Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It. Philadelphia, Temple University Press.
Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral Panics: The Social Construcion of Deviance. Oxford, Wiley-Blackwell
Gusfield J. R. (1983) Symbolic Crusade, Urbana, Univeristy of Illinois Press.
Joung, Y (2003) La Sociedad Excluyente: Exclusión, delito, y difernecias en la modernidad tardía. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
Kennedy, D. (2011) Don’t Shoot: One Man, A Street Fellowship, and the End of Violence in Inner-City America. New York, Bloomsbury USA
Manjó-Cabeza A.(2012) La Solución. Barcelona, Debate.
Musto, D. (1999) The American Disease: Origens of Narcotic Control. New York, Oxford University Press.
Villa-Rodríguez, J.A.; Gutiérrez-Renta G. (2013) Criminología Crítica y Aplicadad. Ponce, Piano di Sorrento.
 
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