Conferencia

Del régimen colonial a la sociedad de “ley y orden”;

historia de resistencia social.

Por Gary Gutiérrez

Presentada ante estudiantes del curso de práctica del programa de Justicia Criminal en el Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Una mirada rápida a la historia puertorriqu??????????eña de los pasados años es suficiente para notar que la afirmación del neo-liberalismo y el crecimiento de la violencia social son los dos aspectos que definen ese periodo histórico en nuestro país.

Los periódicos publicados durante la primera década del siglo XXI dan cuenta de alrededor de mil muertes violentas al año. Al mismo tiempo, esas publicaciones dan cuenta de la imposición en la Isla de las ideas económicas y sociales del economista estadounidense Milton Friedman. Es decir una política económica donde el gobierno sede su poder regulador de la economía ante la “invisible mano” reguladora del mercado. Donde los servicios inherentes al estado moderno se canalizan mediante la empresa privada en acelerados procesos de privatización. Por último, estas ideas incluyen las visiones conservadoras de control social mediante una política publica empaquetadas en discursos de “cero tolerancia” y de sociedades de “ley y orden”.

A manera de trasfondo, les recuerdo que como resultado del Tratado de París, Puerto Rico pasa a ser una colonia estadounidense o territorio, como le llama el poder metropolitano. Como parte del ordenamiento jurídico político estadounidense, todos los poderes, así como la soberanía política de la Isla pasaron al Congreso estadounidense, institución política que todavía figura como máximo organismo rector de la vida de los puertorriqueños. Como parte de las decisiones de ese cuerpo rector, desde el 1917, se le impone a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, razón por la que los naturales del archipiélago boricua tienen las garantías obligaciones de esa ciudadanía.

Unas décadas más tarde, en 1942, en medio de un creciente nacionalismo, el Congreso de Estados Unidos reforma la relación con el territorio, permitiéndose a los puertorriqueños algunos espacios de auto gobierno, la elección de los oficiales del gobierno local y autonomía en asuntos locales. Claro, este nuevo espacio de auto-gobierno está limitado a que las decisiones locales no contradigan o desmerezcan los intereses políticos y económicos estadounidenses en la isla o la región. Es así que los puertorriqueños desarrollan un sistema de justicia criminal para manejar e intervenir con la desviación criminal local y los asuntos de seguridad producto de la interacción social de la vida diaria.

Partiendo de estos procesos económicos y sociales, es mi hipótesis, que la violencia que hoy se vive en el País no solo es el producto no intencionado del ordenamiento socio-económico antes detallado, sino que esta violencia se pudiera mirar como un discurso contestatario de los sectores excluidos por ese proceso colonial y neo-liberal

Como expusiera durante la reunión de la Asociación de Criminología de Estados Unidos en Chicago hace solo unos meses el compañero profesor José Raúl Cepeda, podemos estipular que la cultura puertorriqueña del siglo XXI es el producto de tres procesos violentos productores de exclusión. Estos procesos son: el coloniaje que es violencia política, el machismo que es violencia de género y el capitalismo que es violencia económica. Catalogo estos tres procesos como violentos pues los tres pudieran verse como darwinistas en el sentido de que los tres implican la imposición de los más fuertes sobre los más débiles.

En el aspecto económico, durante los pasados cuatro años el gobierno encabezado por Luis Fortuño, un nuevoprogresista que pretendió proyectarse como la nueva cara latina en el Partido Republicano estadounidense, impuso en la isla una de las versiones más excluyentes del mencionado capitalismo, el neo-liberalismo conservador. Ese tipo de capitalismo, que el británico Jock Young cataloga como “bulímico”, exacerba la exclusión social al prácticamente eliminar o reducir enormemente la llamada clase media trabajadora, mientras aumenta el sector sub-proletario o lumpen de la sociedad.

Con el término “bulimia social”, Young pretende explicar la forma en que las sociedades que abrazan ese capitalismo salvaje o neo-liberal como forma de organización socio-económica terminan incluyendo a todos los sectores económicos en falsas y creadas necesidades de consumo, mientras expulsa a la gran mayoría de la población de los empleos dignos con remuneración que les permita el mencionado consumo. Es decir la sociedad es incluyente para que la gente gaste y excluyente para que produzcan ingresos legales.

La crítica a este sistema capitalista por parte de Young, se complementa con los trabajos del intelectual puertorriqueño Carlos Rivera Lugo.

En su magistral ensayo, Ni Una Vida Más Para La Toga, Rivera Lugo cataloga como “Guerra Social” el resultado del ordenamiento impuesto por ideologías excluyentes como la neo-liberal conservadora. Según esta visión, cuando el Estado se proyecta como ilegítimo para grandes sectores de la población, como es el caso de estas sociedades neo-liberales, parte de la población que compone los sectores más desventajados de la sociedad terminan cuestionando, consciente o inconscientemente, el ordenamiento social que los excluye. Ese cuestionamiento pudiera incluir la necesidad o no de respetar las leyes de ese Estado que es visto como no representativo. De esta manera esos sectores marginado pudieran recurrir a lo que en Puerto Rico se le conoce como “bregar”. Es decir buscárselas como se pueda, incluyendo las actividades ilegalizadas. Lejos de reconocer la actitud de esos sectores marginados como un reclamo de espacio, el Estado responde con una mentalidad que Rivera Lugo cataloga de “racionalidad adversativa”, entiéndase represión y violencia sistemática. Esa respuesta estatal termina produciendo más exclusión, la que a su vez produce más “brega” que, nuevamente aumentará la represión en un proceso de espiral infinito.

Partiendo de las definiciones de Carlos Rivera Lugo, es mi impresión que ante esta “racionalidad adversativa” del Estado se pueden dar varias respuestas.

Por un lado, los sectores más conscientes y capacitados en el sentido social y político, se organizaran o buscarán fortalecer organizaciones existente. De esta manera, y como se vio en las pasadas elecciones, surgirán nuevos partidos, movimientos u organizaciones políticas. De igual forma, el liderato comunal se organizará para hacer frente a proyectos que puedan afectar negativamente a su comunidad. El movimiento en contra del gasoducto que se propuso para partir la Isla con una sicatriz de sur a norte es un ejemplo de este tipo de respuesta.

Sin embargo, no todo el mundo cuenta con el desarrollo de una conciencia y unas capacidades organizativas que les permita tomar control de sus procesos y responder con acertividad. Para decenas o tal vez cientos de miles de puertorriqueños, la respuesta a este excluyente proceso parecería ser una inconsciente. Como se mencionó anteriormente, ante un bulímico sistema económico que no provee espacios para producir los ingresos necesarios, aquellos que no cuentan con las destrezas o la conciencia política para organizarse legalmente recurrirán a “bregar”. Durante la pasada reunión de la Asociación Americana de Criminología en Chicago, Jock Young explicaba como la resistencia social a la marginación está en todas partes, solo tenemos que aprender a verla. Mirando la sociedad puertorriqueña en el crisol de la invitación del viejo Young, podemos teorizar que esa “brega”, legal o ilegal, mediante la cual sobreviven enormes sectores de la población, no es otra cosa que un discurso contestatario inconsciente que materializa una resistencia económica a la exclusión resultante de un sistema que no da empleos pero que define el éxito según la capacidad de consumo que tenga cada quien.

Por supuesto no toda esa “brega” es criminal. Miles recurren a actividades que pueden constituir violaciones a leyes y reglamentos, pero que no se ven realmente como criminales. Entre esto, proveer servicio de peluquería o mecánica sin las licencias o permisos y sin reportar los ingresos a las agencias recolectoras de impuestos. De igual forma, otras personas pueden desarrollar una actividad de venta al detal informal, sin respetar los reglamentos de impuestos o reportar sus ingresos. Es decir, vender películas en DVD, perfumes, cosméticos, carteras o zapatos en la casa, desde el baúl del carro, o en las oficinas.

No obstante, entre esos que bregan se tiene que incluir a los que se internan en el prohibido e ilegalizado negocio del narcotráfico. Se estima, dependiendo de las fuentes que se utilicen, que este ilegalidado negocio es el tercer sector económico del país y el segundo en la creación de empleos. Incluso se pudiera especular que ese ilegalizado narcotráfico es la única institución que funciona en muchas de las comunidades en la isla. Es de conocimiento público, que en muchas instancia, es el “bichote”, término degenerado de la expresión anglo “big shot”, el que subsidia la vida comunal en muchas de nuestros sectores marginados. Es este “bichote” el que provee empleos a los muchachos jóvenes, mantiene la seguridad en la comunidad, sufraga los costos de las fiestas o torneos deportivos en las comunidades y subsidia las necesidades de los envejecidos.

En palabras de un estudiantes que valientemente admitió durante una de mis clases que en ocasiones él ha incursionado en el mundo del narcotráfico; ¿qué otra cosa se puede hacer?

“Si necesito el dinero para ayudar la vieja a pagar la luz o si tengo que poner al día la pensión, solo tengo dos opciones. ¿Tirarme a tratar de buscar trabajo? Para eso tengo que hacer mil tramites y gastar un montón de chavos en ir buscar la carta de buena conducta, los análisis médico, comprar una ropa que aparente y tener la suerte de que me toque una solicitud, pues hay veces que hay dos o tres espacios para trabajar y solo dan cien solicitudes. O puedo ir donde el “bichote” que me conoce del barrio y me deja bregar un par de horas o me fía un poco de material para que me defienda vendiéndolo. Por supuesto no se trata de glorificar al narcotraficante. El de él es un negocio violento que genera una cultura de violenta en las comunidades que ocupa o controla. Sobre todo cuando la cultura de la sociedad en que se instala es ya una violenta, como en el caso de Puerto Rico que, como se expuso anteriormente, se caracteriza por la violencia colonial, machista y neo-liberal. Así las cosas y tomando prestadas las ideas de Franz Fanon y de Albert Memmi, podemos partir del concepto “carnavalización del crimen” del británico Mike Presdee y preguntarnos cómo el insertarse en el narcotráfico para muchos no es un problema, sino la solución a sus problema de exclusión y marginación socio-económica.

Mirando desde estas perspectivas la organización social en Puerto Rico, se pudiera inferir que la misma es una receta para el desastre. Por un lado, un sistema colonial, machista y capitalista excluyente que produce frustración que llevan a la violencia, y un sistema que crea mediante leyes draconianas que criminalizan el narcotráfico un espacio económico ilegal pero sumamente productivos donde se refugian decenas de miles de jóvenes varones.

Mientras esto ocurre, desde su “racionalidad adversativa”, el gobierno responde afirmando y ampliando las mismas respuestas punitivas y represivas que vienen fallando por décadas. Una medidas que solo logran encarcelar a miles de jóvenes, quienes tras ser procesados por el sistema salen unos años más tardes con mayor prestigio callejero y más conocimiento del negocio. A estas fallidas respuestas punitivas, la pasada administración le añadió la conservadora visión republicana de una “sociedad de ley y orden” basada en los valores del blanco, varón, propietario, alargadamente heterosexual y cristiano que se construyó en la década del 1950 como el “sueño americano”. Una visión que basado en el pensamiento que dio forma a los grupos de temperancia al principio del siglo pasado en los Estados Unidos, y que de paso, fueron la base del fascismo español, parten de la premisa que mantener el orden en una sociedad está por sobre todas las cosas. Es decir una visión para la que el desviado, sea por usar o vender drogas o sea porque protesta en la universidad, tienen que ser reprimidos a la obediencia a como de lugar. Acaso no recuerda aquello de “sacarlos a patadas”.

Esa fue la mentalidad que generó leyes que, bajo amenaza de tres años de cárcel, reducen la libertad de expresión en los espacios públicos a que no molesten a la gente decentes. De paso, leyes que el actual gobierno no ha derogado.

Por supuesto, como prueban las décadas de prohibición, esta conservadora visión punitiva no logro reducir el narcotráfico y mucho menos la violencia. Al contrario, al momento, la droga es más abundante, más barata, deja más ganancia y los carteles que la mueven son mas poderosos y ricos. De la violencia no es necesario abundar mucho, con solo mirar un periódico se sabe cual es el resultado. A todas luces, esta visión punitiva no logra controlar la violencia ni el narcotráfico. Lo que si logra esta visión, impuesta por Fortuño y mantenida por Alejandro García Padilla, es llenar las arcas del complejo industrial correccional, metiendo gente presa, comprando cámaras y tecnología de vigilancia, así como gastando en equipos especializados y tácticos para las fuerzas represivas del Estado.

El otro resultado de estas iniciativas punitivas es que las mismas, no controlan la criminalidad, pero ganan elecciones.

Si miramos las pasadas elecciones, las mismas aparentan haber sido un concurso de simpatías para con los sectores conservadores. Después de todos, esos son los sectores que todavía se mueven a votar en masa. Por un lado, el linea dura de Luis Fortuño con su discurso de mano dura y valores de ley y orden, y por el otro, el moderado Alejandro García Padilla cuya propuesta “moderada” era la mano inteligente que incluyen mantener la ley y orden mediante la movilización de los militares del país. Este cuadro electoral antes descrito, aparenta haber salido de los trabajos del estadounidense Jonathan Simon. En su libro: Governing through Crime, Simon explica que desde la década del 1960 en los Estados Unidos la llamada clase media se siente amenazada, pero no por los poderosos que cada día le imponen más responsabilidad fiscal, sino amenazada por los sectores sub-proletarios a quienes construyen como viciosos, vividores y criminales. Es por esta razón, que para ganarse el voto de esa clase media que es la que más participa en las elecciones, los políticos tienen que proyectarse como intolerantes frente a ese lumpen que se niega a vivir como las “personas decentes” y que no trabaja porque no quiere.

Al traer la teoría de Simon a la realidad puertorriqueña aquí descrita, es fácil explicar porque los políticos buscan mediante la criminalización de la pobreza sub-proletaria, congraciarse con esa masa de trabajadores pobres que en Puerto Rico se ven a sí mismos como clase media. Es decir que la mayoría de las propuestas políticas en torno a la criminalidad y al narcotráfico, sobre todo por parte de los dos partidos de masas que controlan el proceso electoral, no van dirigidas a controlar la violencia, el narcotráfico y mucho menos la criminalidad, sino va dirigido a ganar el juego de sillas musicales que parece ser la política puertorriqueña.

Así las cosas, mi hipótesis se pudiera ampliar para incluir, no solo que la violencia que hoy se vive en el País es el producto no intencionado del ordenamiento socio-económico antes detallado, y que esta violencia y criminalidad se pudiera mirar como un discurso contestatario de los sectores excluidos por ese proceso colonial y neo-liberal; sino que los puertorriqueños reafirmamos electoralmente el excluyente proceso.

En ese sentido parecería que todos, unos por acción y otros por omisión, somos responsables por la insanidad que vivimos.

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