por  | 22 de Junio de 2012 | 2:55 am – 3 Comments

Al mismo tiempo que en Puerto Rico comienza una campaña política definida por el miedo a la violencia, la criminalidad y la narco-cultura, el administrador colonial de la isla, Luis Fortuño, viaja al Congreso para pedir que Estados Unidos mediante sus agencias aumente su injerencia en estos asuntos

Al leer la alocución del administrador colonial frente a un subcomité del Congreso estadounidense quedan claro cuatro cosas.

Primero: la incapacidad para manejar el problema del narcotráfico por parte de la administración que él dirige. El documento comienza creando un retrato muy emotivo pero poco certero y académico de la situación de violencia que sufre el país.

Si bien es cierto que parte de la violencia que se vive está relacionada con el narcotráfico, no es menos cierto que muchas veces las autoridades reducen la importancia de los incidentes violentos vinculando los hechos con el ilegalizado negocio, sólo porque a sus protagonistas se les identifiquen como vendedores o usuarios de sustancias.

Esta fórmula simplista excluye el hecho constatado de que muchos de los actos de violencia, aun cuando sean perpetrados por personas vinculadas al narcotráfico, pueden tener otros móviles, como son los celos, el machismo, disputas entre vecinos etc. Claro está, el decir que la violencia es mayormente culpa del narcotráfico evita al administrador colonial tener que admitir que las políticas socio-económicas implementadas por su administración están generando, como pasó en otros países, parte de esa violencia social que se sufre.

Igualmente inexacto es la versión incluida en el documento de que los homicidios en la isla van en descenso desde hace varias décadas. Las propias estadísticas del Estado apuntan a que ese renglón de delitos experimenta fluctuaciones de altas y bajas que no se relacionan con las políticas punitivas.

El segundo punto que nos ocupa es la visión conservadora. Para el administrador colonial como para los conservadores de derecha estadounidenses, el narcotráfico es un problema de falta de valores, de gente débil, faltos de carácter o malvada y no una respuesta a las situaciones de exclusión social generada por las medidas económicas que su propia administración empuja. Mientras pide dinero para aumentar más la militarización de la lucha contra el crimen y las drogas con más agentes y más intervención, Fortuño no habla de pobreza, de falta de empleos y de la exclusión económica que cada día condena a más sectores a la ilegalización como alternativa económica.

La presentación ante los congresistas describe el proyecto “CeaseFire” que su administración desarrolla en Loíza. Lo hace sin dar mucho detalle y sin explicar que él rara vez menciona ese proyecto cuando habla en la isla sobre el tema de la criminalidad.

Proyectos como “CeaseFire” promueven una apertura y una conversación con los elementos criminalizados y son altamente efectivos en reducir la violencia a corto plazo, pero si no se desarrollan alternativas socio-económicas paralelas que suplante la venta de drogas como forma de ganarse la vida, los mismos se revelan como insostenibles a largo plazo.

Cuando aquí se habla de alternativas socio-económicas no se está hablando de los subempleos o empleos chatarra que el gobierno celebra en las cadenas multinacionales de venta al detal, sino de verdaderas alternativas económicas. Téngase en cuenta que si un muchacho sin educación puede correr un punto de droga, se le puede ayudar y entrenar para que maneje un negocio legal como se hizo en el proyecto que David Kennedy propuso para High Point, en Carolina del Norte.

Tercero, según el documento, el papel que Puerto Rico juega en el narcotráfico es muy parecido al de México pero no es igual. La isla es un centro de trasbordo, no como el caso de México que es un centro de distribución. México no solo sirve de puerto de paso para las sustancias, en mayor o menor grado produce, almacena y distribuye, por lo que es un rol mucho más complejo que el de Puerto Rico. Sin embargo, aplicar, como pide el administrador colonial, las políticas de aumentar la militarización para hacer frente al narcotráfico, seguramente resultará en la misma ingobernabilidad y violencia que sufre el norte de México como resultado de políticas punitivas impuestas en las pasadas décadas.

El propio documento presenta cómo estas medidas punitivas y prohibicionistas fracasan a diario en la isla. A pesar de los “logros” que reclaman las autoridades, el trasiego de drogas sigue a tal nivel que Fortuño tiene que ir a Washington a pedir “más intervención”. De paso, el administrador colonial no incluye en su alocución que parte de la violencia detallada al comienzo del documento es precisamente producto o secuela de esas intervenciones en los puntos de drogas, situación que muchas veces explicara el pasado superintendente José Figueroa Sancha

Finalmente, de la lectura del documento se desprende la estrategia política con la que pretende correr en las elecciones ante el asunto de la criminalidad.

Obviamente, el administrador colonial sabe que para el electorado de la isla el tema de la criminalidad es medular. Así que aquí tiene el discurso electoral: si no le dan los fondos explicará que no podemos hacer frente a este grave problema, pues no recibimos por parte del gobierno federal los recursos que son necesarios y que ellos asignan a otras “fronteras” como la mexicana, por lo que hay que seguir luchando para la “’ igualdad”. Si le dieran los fondos, proclamará una victoria y reclamará que por ella merece la reelección porque ahora si podrán hacer frente al dragón de mil cabezas que nos atemoriza.

La tragedia es que no importa lo que pase, el resultado será el mismo que por los pasados cuarenta años. Seguiremos llenando las cárceles del país, nuestros jóvenes seguirán pagando su tributo de sangre, los centros de rehabilitación, muchos de ellos de base de fe, seguirán hartándose de dinero, los bancos seguirán generando ganancias lavando el dinero y los negocios extranjeros de venta al detal seguirán llevándose las ganancias producto de toda esta violencia.

Mientras eso pasa en nuestra Isla, el resto del mundo busca una forma de cómo coexistir con estas sustancias con estrategias de tolerancia y descriminalización que son más económicas y eficientes que la solicitada militarización.

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