Por Gary Gutiérrez para la asmablea anual de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte 2012

La segunda mitad del siglo XXI aparenta ser una caracterizada por un alza en la violencia social y criminal, así como en la represión estatal.

Como bien explico el profesor Cepeda hace unos instantes,  procesos sociales excluyentes como el coloniaje, cuyas expresiones incluyen el racismo y el machismo, así como la violencia económica que implica el capitalismo pueden ser vistos como las bases para una violencia que en los pasados tres años parece exacerbada por la implementación en Puerto Rico de un nuevo capitalismo llamado neoliberal (Gutiérrez, 2012).

Cuando viene a ofrecer alternativas y posibles soluciones a esta violencia que vive el País, es interesante como los políticos profesiones ignoran todo el saber criminológico de los pasadas décadas en incluso el conocimiento producido por los sociólogos de la desviación y se refugian en nociones de castigo desacreditadas hace más de cien años, entre ella la pena de muerte.

Por ejemplo el discurso del primer ejecutivo colonial de turno en Puerto Rico propone como alternativas las mismas estrategias de control y vigilancia que se vienen implementando sin éxito en la isla por los pasados cuarenta años como poco.  Es decir más castigos, penas más altas, la rendición de por parte de la ciudadanía de los derechos civiles y la entrega a los fedéreles de la jurisdicción sobre la violencia en la isla.  Esta federalización, claro está, con el propósito de evadir las protecciones constitucionales locales y abrir la posibilidad a la imposición de la pena de muerte.

Al tomar este acercamiento, el inquilino de La Fortaleza  cumple con las características típicas de los políticos estadounidenses de las pasadas cinco décadas, quienes según Jonathan Simon en su libro Governing Through Crime (2007) buscan ganar el favor del electorado conservador creando un ambiente de miedo en torno a la criminalidad y ofreciendo como alternativas las medidas de castigo que hacen resonancia en la mente de ese poderoso sector electoral.

Pena de muerte: Herramienta de gobernanza.

Bajo esta visión, el Estado en Puerto Rico, específicamente algunas de sus agencias,  exigen el  “derecho” a monopolizar el uso legítimo de la violencia como herramienta para “proteger” el “orden” social e imponer el respeto a la Ley.  Lo más triste es que esa violenta respuesta estatal para atacar la violencia social o criminal, aparenta contar en la segunda década del siglo XXI con el aval de crecientes sectores de la ciudadanía, sobre todo de la población que  participa de los procesos electorales que para fines de los políticos es la que cuenta. Observando este fenómeno, parecería que durante  los pasados años en Puerto Rico se reproduce un fenómeno que se desarrolló en Estados Unidos después del 1980, cuando se estructuró un nuevo orden político y social en torno al control de la criminalidad violenta.

Bajo este nuevo orden, en nombre de controlar esa violencia criminal producto de las mismas medidas neoliberales que hoy se imponen en la isla, la sociedad permite el desarrollo de un poder institucionalizado, una especie de “barbarismo organizado” como alternativa a esa violencia criminal (Simon, 2007; Young, 2003)

La administración colonial actual, dirigida por un gobernador autodenominado como republicano, conservador y heredero de las medidas impuestas en Estados Unidos en la década del 1980, se dejar ver como un ejemplo típico de la llamada gobernanza mediante el crimen que describe Simon (2007).  El uso de medidas “anticrimen” con el fin de adelantar otras agendas, el desarrollo de sistemas de control y vigilancia, los discursos y metáforas del crimen y la justicia criminal en otras áreas del quehacer social como son las escuelas y edificios públicos; así como el convertir la criminalidad en un asunto estratégico que  justifique cualquier acción , no importa lo injusta o anticonstitucional que sea después que la misma se proyecte como un intento de proteger a las “personas decentes”; es parte desde está estrategia que Simon (2007) cataloga como gobernanza mediante el crimen.

Durante las pasadas décadas por ejemplo, los informes de situación del Estado en Puerto Rico, dedican gran parte de sus contenidos a denunciar, explicar y proponer llamadas  soluciones contra el crimen.  Si bien el asunto aparentó ser prioritario en las propuestas presentadas por los pasados tres gobernadores coloniales, no es menos cierto que el tema de la criminalidad tuvo un papel estelar en los informes sobre la situación del País que el actual administrador colonial presentó a las cámaras entre el 2009 al 2012. En algunos casos, como en el informe del 2012, el tema de la criminalidad constituyó más del veinte y cinco por ciento (25%) del contenido de la alocución ante la legislatura colonial y donde el propio gobernador admite el fracaso de su administración cuando viene a manejar la llamada criminalidad.

“…nadie—y menos yo—puede estar satisfecho con los niveles de violencia e inseguridad que siguen azotando a nuestras familias y nuestras comunidades, y en particular el número de asesinatos.” (Fortuño, 2012, p. 11)

Interesantemente en esas cinco páginas, el político no incluye conceptos como pobreza, exclusión o desarrollo sostenido de las comunidades,

Lo que aparenta ser más interesante, es que las contestaciones y críticas a este discurso por parte de los partidos de oposición, terminan inconscientemente reproduciendo la misma gobernanza mediante el crimen al usar la misma arenga  electoral que critican al incúmbete y proponiendo como alternativa su mismo discurso de miedo, control y vigilancias.

Por ejemplo en el caso de Puerto Rico, el principal partido de oposición demostró  la importancia que para ellos tiene el tema de la “criminalidad” cuando  abrió su campaña en vía a las elecciones de noviembre de este año con la presentación de un documento que llamó “Plan Anticrimen”.  Si bien el documento comienza admitiendo que la criminalidad no es un fenómeno aislado de los problemas de educación, economía y salud y haciendo un llamado a  que “…para ganar la batalla contra la delincuencia, hay que transformar la cultura, la economía, la salud, el andamiaje completo que ordena nuestra vida pública” (García-Padilla, 2012, p. 2); no es menos cierto que la palabras pobreza y exclusión tampoco está en ninguna parte del documento. De igual manera es notable que, aun cuando habla de crear empleos como alternativas al narcotráfico,  la ausencia de conceptos que apunten al desarrollo sustentable de las comunidades y de empresas comunales o familiares deja ver la reproducción acrítica del mismo discurso conservador que permea en la isla por los pasados cuarenta años.

En nuestro gobierno todos los esfuerzos estarán dirigidos a promover una cultura de responsabilidad cívica, apoyada en los principios de la Responsabilidad, el Orden, la  Disciplina, y la Solidaridad. (García-Padilla, 2012, p. 3)

Con sólo mirar la aspiración estipulada en la cita anterior, se nota el discurso conservador que termina construyendo el problema de violencia social, que tiene su origen en otros aspectos socioculturales,  como mera criminalidad y proponiendo más control, represión y castigo como alternativa para hacer respetar el orden social. De esta forma termina imponiendo y no cuestionando el orden social existente que al fin y a la postre, como todo orden excluyente,  termina produciendo violencia social (Simon, 2007; Young, 2003).

Como si hasta aquí el alegado discurso crítico de la oposición política  no fuera lo suficientemente conservador, al mirar las soluciones propuestas por estos, es decir el uso de la fuerza represiva para “detener el flujo de armas ilegales y drogas, combatir la violencia contra la persona, reducir la delincuencia en las comunidades y mejorar las instituciones de seguridad las mismas”,  el mismo se revelan como un discurso simplista para sacar ganancia del miedo que según Simon (2007) mueven electoralmente a la conservadora clase electoral.  Un discurso tan conservador que como alternativa al narcotráfico propone  “activar inteligentemente la Guardia Nacional para mejorar sustancialmente la deficiencia de seguridad en los puertos y los muelles de la isla.” (García-Padilla, 2012, p. 11)

En fin que uno con la llamada “mano dura” y el otro con la supuesta  “mano inteligente”, los políticos profesionales perecen que terminan construyendo una imagen de la violencia como una de criminalidad producto de individuos endemoniados, desajustados o sin valores que deben ser reprimidos a cualquier costo pues terminaran destruyendo la fibra moral de la sociedad.  Un discurso que es recogido y reproducido acríticamente por los medios de comunicación de la Isla y por la opinión pública que tiene acceso a esos medios.  De esta manera los criminales no son vistos como lo que realmente son en mayoría. Individuos producto de una sociedad capitalista, donde la marginación y la  falta de empleos adecuadamente remunerados les niega el acceso a un nivel de vida cómodo en el mundo capitalista y al principal valor social que es el lucro y la búsqueda de riqueza material (Young, 2003).

Como se dijo antes, este discurso aparenta ser comprado acríticamente por la población en general, creando un clima de opinión que aparenta mal definir el problema de violencia social, que sufre Puerto Rico producto de la exclusión, como un problema de criminalidad producto de individuos depredadores de los ciudadanos de bien, contra quienes sólo funcionan medidas “punitivas” o “correctivas” mayores.  Es decir que la mayoría de la población, aún los propios sectores marginados, parecen  no reconocer su propia problemática y reproducen la definición y las soluciones de los problemas que les llegan desde el poder de la sociedad. Un poder que en el caso de Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico, es varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano conservador que ve con suspicacia e incluso criminaliza lo que sea femenino, negro, pobre, homosexual y no cristiano (Young, 2003; West, 2001). De esta manera queda fuera de ese discurso del poder,  y de la supuesta crítica que le hacen a ese poder,  el hecho de que la violencia que se experimenta socialmente es inherente al propio orden social excluyente que se  impone desde un régimen político colonial, así como de la construcción machista de la sociedad y sobre todo de la organización capitalista de la economía.  Es un orden social basado en la violencia como bien exclusivo de unos pocos que criminalizan cuando el pueblo echa mano de la misma (Gutiérrez, 2012). Después de todo el “poder” del Estado para criminalizar acciones  es constitucionalmente casi infinito (Simon, 2007).

A pesar de la amplia documentación que vincula la violencia social y los procesos de exclusión a la violencia y la criminalidad, tanto los políticos, como muchos académicos de la Isla, todavía prefieren comprar las definiciones positivistas que apuntan a que el problema de la desviación, la criminalidad y la violencia están en individuos o individuas que por razones fisiológicas, sicológicas o sociales no aprendieron a comportarse adecuadamente y por eso tiene que ser reprimidos y rehabilitados para que “se centren” y ocupen el espacio asignados para ellos en la sociedad y en el sistema de producción (Villa, 2008; Wacquan, 2009; Young, 2003). O peor aún, algunos políticos locales compran la absurda aberración que los sectores más conservadores de la derecha estadounidense  hacen del pensamiento clásico y alegan que la criminalidad y violencia que sufre el país es producto de individuos que no pueden controlar su naturaleza pecaminosa, débil y hedonista. Estos sectores apuntan a que el criminal lo que necesita es castigo severo y público para que aprenda a controlarse (Joung, 2003).  Aun cuando se admitiera que estas explicaciones positivistas o conservadoras pudieran explicar una pequeña porción de la llamada criminalidad, sería absurdo pensar que la gran mayoría de los sectores marginados y excluidos en una sociedad delinquen porque son inadaptados sociales o porque son “malos por naturaleza” (Gutiérrez, 2012).

La realidad aparenta ser entonces que los políticos reproducen estos discursos de castigo, mano dura e incluso sobre la pena de muerte,  pues el no hacerlo es por un lado, admitir que el país no tiene un problema de criminalidad, sino que sufre de un problema de violencia social, criminal o no, que es una respuesta por parte de la población marginada a los violentos problemas de exclusión que se derivan del bulímico proceso neoliberal que ellos mismo imponen, muchas veces sin ni siquiera entenderlo (Joung, 2003; Villa, 2008; Wacquan, 2009).  Es decir que estos políticos tendrían que admitir que eso que llamamos crímenes es una forma contestaria en la que algunos excluidos se revelan negándose a ocupar el espacio de pobreza que el capitalismo le asigna. Mientras que por otro lado, como bien ilustra Simon (2007), cada vez son más los políticos que asumen el discurso punitivo que incluye la pena de muerte, pues creen que este tiene mucha resonancia en la llamada clase media que es la que más participa de los procesos electorales y que se autoconstruye como víctima indefensas ante  las demonizadas clases subproletarias. El resultado es una especie de simbiosis donde si bien las clases más bajas son las principales víctimas de este proceso, no es menos cierto que las llamadas clases medias se transforman, no por el crimen, sino por el miedo al crimen. Un pánico que influye en decisiones diarias de donde vive, como vive, donde educa sus hijos, donde y como consume, donde se recrean, pero sobre todo como vota en las elecciones. Un miedo que es a su vez utilizado, manipulado y acervado por los políticos.

Si partimos de que en el Puerto Rico del siglo XXI se dan las condiciones que Simon vincula con en la sociedad estadounidense de las pasada décadas, es decir que la clase media se autoconstruye como una víctima a ser protegida a cualquier costo social o legal por el Estado, esto, como explica Simon (2007), representa entonces un peligro para la democracia pues esa visión de “víctima” contiene una carga emocional desde donde se analizan las situaciones, y en muchos casos va socavando la solidaridad y responsabilidades necesarias en una sociedad democrática.  En ese tipo de sociedad el político se tiene que  proyectar como “fiscal “, un modelo de autoridad política sin importar la falta de responsabilidad democrática que eso implique.  Es en este contexto que la retorica electoral se redirige a una identificada con las víctimas del crimen y más peligroso aun con la “sed de venganza” de estas. Una de las herramientas más comunes de ese proceso en Estados Unidos es la pena de muerte, pues regularmente este castigo se dirige contra “monstruos” productos de pánicos morales que son fáciles de demonizar  y a quien la clase media y alta que votan ve como plagas de cuya exterminación depende la sobrevivencia de la sociedad.

Esa mentalidad antes descrita  aparenta entonces ser clave para poder analizar  el respaldo electoral que tienen en Estados Unidos, y que en Puerto Rico pudiera estar ganando,  la pena de muerte.  Según Simon (Simon, 2007) una vez centro de controversia entre los políticos de la derecha o la izquierda, desde la década del 1990, la pena de muerte es vista como agente aglutinador entre estas dos  facciones política. A pesar de la opinión de juristas en torno a lo cruel y bárbaro que puede ser la pena capital, el miedo entre la población que se auto define como víctimas del crimen sigue siendo citado en sus discursos por los políticos. Esto porque aun cuando la percepción es que la mayoría de los electores o están a favor de la misma o aun cuando no estén a favor de la misma, tampoco tendrían  problema con que el estado elimine a un “criminal”, más aun si a este se le imputa una “aberración” como la pedofilia. Es decir, que no importa pues al fin y al cabo a quien van a ejecutar es “al otro”.

En conclusión, este trabajo sólo pretende ser un llamado a ustedes para que tomen conciencia de que en los tiempos que vivimos, probablemente son una de las pocas líneas de defensa entre la democracia y el fascismo social que representa el neoliberalismo. Son ustedes una de esas fisuras sociales que según John Holloway (2010) mantienen el sentido de dignidad en la excluyente sociedad neocapitalista.

Una sociedad que va eliminando para muchos sectores sociales las alternativas legítimas para ganarse la vida mientras bulímicamente les incluye en las falsas necesidades de consumo. Una sociedad que una vez margina a esos sectores, les facilita el criminalizarse prohibiendo acciones sin víctimas como el consumo de sustancias. Una hipócrita sociedad que una vez te criminalizas desata contra ti la violencia del estado, incluyendo su poder de matarte para usarte como chivo expiatorio y como slogan de campaña electoral para generarle miedo a los que se creen mejor que tu y que participan en las elecciones.

Amigos y amigas, al mirar la batalla que como grupo les toca enfrentar en el futuro próximo viene a mi mente aquella única mujer que mantuvo su visión mientras el resto se quedo ciego en la novela del Nobel  portugués.  Espero que puedan crecerse ante el reto, y que como aquella mujer sepan dirigir la cruzada. Porque aquí nos puede ir la vida constitucional del País. La ceguera social que implica la imposición de la pena de muerte en pleno siglo XXI cada vez  más es definida como la visión a seguir para que la masa se sienta segura y para que los políticos sigan viviendo de ella.

Paz y Anarquía, abajo todas las jerarquías. Muchas gracias.

Referencias:

Fortuño, L. A. (21 de 02 de 2012). MENSAJE SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO. Recuperado el 05 de 03 de 2012, de http://www.fortaleza.pr.gov: http://www.fortaleza.pr.gov/2011/pdf/Mensaje_sobre_la_Situacion_del_Estado.pdf

García-Padilla, A. (enero de 2012). Plan Anticrimen. Recuperado el 05 de 03 de 2012, de http://www.alejandrogarciapadilla.com: http://www.alejandrogarciapadilla.com/anticrimen/alejandro2012_plan_anticrimen.pdf

Gutiérrez, G. (19 de abril de 2012). Exclusión y no criminalidad:Realidad social del Puerto Rico neoliberal del siglo XXI. 1er Coloquio Sur al Norte: Arte, Letras y Sociología Jurídica . Ponce, Puerto Rico: Unpublish paper presented on a meetin.

Holloway, J. (2010). Crack Capitalism. New York: PlutoPress.

Joung, Y. (2003). THINKING SERIOUSLY ABOUT CRIME:. Recuperado el 18 de 4 de 2012, de malcolm.read.co.uk : http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/tsac_v_2003.pdf

Simon, J. (2007). Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear. New York: Oxford University Press.

Villa, J. (2008). El Sujeto Criminal, Crimen y Criminalidad. Hoboken: Wiley.

Wacquan, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press.

West, C. (2001). Race Mater. Boston : Beacon Press.

Young, J. (2003). Sociedad “Excluyente”: Excluisón Social y diferencia en la Modernidad Tardía. Madrid: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales , S.A.

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