Exclusión y no criminalidad:

Realidad social del Puerto Rico neoliberal del siglo XXI

Por Gary Gutiérrez

1er Coloquio Sur al Norte: Arte, Letras y Sociología [Jurídica]

Ateneo de Puerto Rico

Ateneo de Ponce

 

Conferencia Magistral en Coloquio de Sur al Norte
Conferencia Magistral en Coloquio de Sur al Norte

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La criminalidad es el principal problema que acosa a los puertorriqueños en la segunda década del siglo XXI.

Esta sería la conclusión lógica a que llegaría cualquier persona que siga de cerca la discusión pública en la Isla caribeña y territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1899. Tanto la administración colonial, así como los partidos políticos,  la opinión pública y el clima de  opinión en el País, repiten y reproducen el discurso de que los niveles de la criminalidad son el principal problema de esta Isla Nación.

Durante las pasadas décadas por ejemplo, los informes de situación del Estado en Puerto Rico, dedican gran parte de sus contenidos a denunciar, explicar y proponer llamadas  soluciones contra el crimen.  Si bien el asunto aparentó ser prioritario en las propuestas presentadas por los pasados tres gobernadores coloniales, no es menos cierto que el tema de la criminalidad tuvo un papel estelar en los informes sobre la situación del País que Luís Fortuño presentó a las cámaras entre el 2009 al 2012. En algunos casos, como en el informe del 2012, el tema de la criminalidad constituyó más del veinte y cinco por ciento (25%) del contenido de esa alocución ante la legislatura colonial. En esa ocasión el discurso, empacado en una retorica emocional donde las palabras pobreza, exclusión y desarrollo sustentable de las comunidades no aparece, destaca y admite el fracaso de su administración cuando viene a manejar la llamada criminalidad.

“…nadie—y menos yo—puede estar satisfecho con los niveles de violencia e inseguridad que siguen azotando a nuestras familias y nuestras comunidades, y en particular el número de asesinatos.” (Fortuño, 2012, p. 11)

 Es interesante destacar que en ese mismo discurso, el administrador colonial puertorriqueño asegura que, a pesar de la percepción pública los indicadores apuntan a una disminución de los delitos tipo 1, es decir los delitos más graves contemplados por el Código Penal de la Isla.  Celebrando esa alegada reducción y destacando la labor de los y las agentes de la Policía en ese proceso dijo Fortuño:

Estos son los héroes que por tres años corridos han logrado reducir en 10% la incidencia de los crímenes Tipo I, como asesinatos, violaciones, robos, agresiones agravadas, escalamientos, apropiaciones ilegales y hurtos de vehículos. Y tengo que añadir… este mes de febrero es el cuarto mes corrido en que estamos viendo una baja en el número de asesinatos en comparación con el año anterior. (Fortuño, 2012, p. 12)

 Partiendo de estas expresiones se va revelando un cuadro que apunta a que el Puerto Rico de la segunda década del siglo XXI no necesariamente enfrenta un problema de criminalidad como tal, sino que encara una situación  más compleja caracterizada por la  violencia. Claro está que las estadísticas utilizadas por las autoridades están altamente desacreditadas (Cortes-Chico, 2012). No obstante y en primer lugar, esa estadística es la fuente oficial de información y en segundo lugar, probablemente siempre fueron sujeto de algún tipo de manipulación. No obstante la percepción generalizada en el País, como demuestran las palabras del gobernador, la percepción general,  es que la criminalidad arropa al País. 

Cuando viene a ofrecer alternativas y posibles soluciones a este problema, el discurso del primer ejecutivo colonial propone como alternativas las mismas estrategias de control y vigilancia que se vienen implementando sin éxito en la isla por los pasados cuarenta años como poco. Es decir más castigos, penas más altas y la rendición de por parte de la ciudadanía de los derechos civiles que en este momento cobijan a los a los puertorriqueños.  De esta manera Fortuño cumple con todas las características típicas de los administradores políticos estadounidenses, quienes según Jonathan Simon en su libro Governing Through Crime (2007) buscan ganar el favor del electorado conservador creando un ambiente de miedo en torno a la criminalidad y ofreciendo como alternativas las medidas de castigo que hacen resonancia en la mente de ese poderoso sector electoral.

Al mirar este discurso de miedo del gobierno colonial en Puerto Rico, el mismo aparenta dominar toda la visión o construcción de lo criminal en esa isla caribeña, siendo cónsono con la forma en que según Simon (2007) se maneja el asunto de lo “criminal” en Estados Unidos después de la década del 1960.

Lo que aparenta ser más interesante, es que las contestaciones y críticas a este discurso por parte de los partidos de oposición, terminan inconscientemente reproduciendo la misma arenga  electoral que critica al incúmbete proponiendo como alternativa su mismo discurso de miedo, control y vigilancias.

Por ejemplo en el caso de Puerto Rico, el opositor Partido Popular Democrático demostró  la importancia que para ellos tiene el tema de la “criminalidad” cuando  abrió su campaña en vía a las elecciones de noviembre de este año con la presentación de un documento que llamó “Plan Anticrimen” (García-Padilla, 2012).  Si bien el documento comienza admitiendo que la criminalidad no es un fenómeno aislado de los problemas de educación, economía y salud y haciendo un llamado a  que “…para ganar la batalla contra la delincuencia, hay que transformar la cultura, la economía, la salud, el andamiaje completo que ordena nuestra vida pública” (García-Padilla, 2012, p. 2); no es menos cierto que la palabras pobreza y exclusión tampoco está en ninguna parte del documento. De igual manera es notable que, aun cuando habla de crear empleos como alternativas al narcotráfico,  la ausencia de conceptos que apunten al desarrollo sustentable de las comunidades y de empresas comunales o familiares deja ver la reproducción acrítica del mismo discurso que permea en la isla por los pasados cuarenta años.

En nuestro gobierno todos los esfuerzos estarán dirigidos a promover una cultura de responsabilidad cívica, apoyada en los principios de la Responsabilidad, el Orden, la  Disciplina, y la Solidaridad. (García-Padilla, 2012, p. 3)

Con sólo mirar la aspiración estipulada en la cita anterior, se nota el discurso conservador que termina construyendo el problema de violencia social, que tiene su origen en otros aspectos socioculturales,  como mera criminalidad y proponiendo más  control, represión y castigo como alternativa. De esta forma termina imponiendo y no cuestionando el orden social existente que al fin y a la postre, como todo orden excluyente,  termina produciendo violencia social.  (Young, 2003)

 Como si hasta aquí el alegado discurso crítico de la oposición política  no fuera lo suficientemente conservador, al mirar las soluciones propuestas por estos, es decir el uso de la fuerza represiva para “detener el flujo de armas ilegales y drogas, combatir la violencia contra la persona, reducir la delincuencia en las comunidades y mejorar las instituciones de seguridad las mismas”,  el mismo se revelan como un discurso simplista para sacar ganancia del miedo que según Simon (2007) mueven electoralmente a la conservadora clase electoral.  Un discurso tan conservador que como alternativa al narcotráfico propone  “activar inteligentemente la Guardia Nacional para mejorar sustancialmente la deficiencia de seguridad en los puertos y los muelles de la isla.” (García-Padilla, 2012, p. 11)

En fin que uno con la llamada “mano dura” y el otro con la supuesta  “mano inteligente”, los políticos profesionales perecen que terminan construyendo una imagen de la violencia como una de criminalidad producto de individuos endemoniados, desajustados o sin valores que deben ser reprimidos a cualquier costo pues terminaran destruyendo la fibra moral de la sociedad.  Un discurso que es recogido y reproducido acríticamente por los medios de comunicación de la Isla y por la opinión pública que tiene acceso a esos medios.  De esta manera los criminales no son vistos como lo que realmente son en mayoría. Individuos producto de una sociedad capitalista, donde la marginación y la  falta de empleos adecuadamente remunerados les niega el acceso a un nivel de vida cómodo en el mundo capitalista y al principal valor social que es el lucro y la búsqueda de riqueza material  (Young, 2003).

Este discurso aparenta ser comprado acríticamente por la población en general, creando un clima de opinión que aparenta mal definir el problema de violencia social, que sufre Puerto Rico producto de la exclusión, como un problema de criminalidad producto de individuos inmorales.  Es decir que la mayoría de la población, aún los propios sectores marginados, parecen  no reconocer su propia problemática y reproducen la definición de los problemas que les llega desde el poder de la sociedad. Un poder que en el caso de Estados Unidos, y por ende en Puerto Rico, es varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano que ve con suspicacia e incluso criminaliza lo que sea femenino, negro, pobre, homosexual y no cristiano (Young, 2003; West, 2001). De esta manera queda fuera de ese discurso del poder,  y de la supuesta crítica que le hacen a ese poder,  el hecho de que la violencia que se experimenta socialmente es inherente al propio orden social excluyente que se  impone desde un régimen político colonial, así como de la construcción machista de la sociedad y sobre todo de la organización capitalista de la economía.  Es decir que el orden social puertorriqueño, aparenta ser uno basado en la violencia como bien exclusivo de unos pocos que criminalizan cuando el pueblo echa mano de la misma.

Si bien estos violentos factores culturales no son nada nuevo en el orden y  la sociedad puertorriqueña, la llegada en los últimos años de un nuevo capitalismo llamado neoliberal o salvaje, aparenta incrementar esa exclusión que el británico Jock Young (2003) señala como productora de violencia. Según Young este capitalismo no solo impone a los sectores marginados la carga económica negandoles trabajos dignos y de suficiente remuneración para asegurar su supervivencia como ocurre tradicionalmente en ese orden económico. Esta nueva versión de las ideas capitalistas, incluye la creación de necesidades artificiales impuestas mediante la publicidad y la ideología que construye el consumo como el principal símbolo de éxito.  Este nuevo capitalismo produce entonces un orden social que Young catalogó como ¨bulímico”. Es decir que tiene un componente de  inclusión cuando viene a ostentar los símbolos de poder y riqueza, pero que termina excluyendo a la mayoría de las oportunidades legales de adquirir esos íconos. Ese violento y bulímico proceso, termina según Young, produciendo enormes sectores sociales desvalorizados pues no tienen forma legal de alcanzar esos símbolos que la sociedad define como necesario para tener valor. Por supuesto que de ese grupo de seres devaluados, habrá algunos que verán en la violencia, criminal o no, una forma sentirse poderosos e incluidos socialmente hablando (Young, 2003).

Esta visión de la violencia como producto lógico del estado capitalista también es trabajado por Carlos Rivera Lugo en su ensayo Ni Una Vida Más Para La Toga. En este escrito se explica como el estado neoliberal, que se proyecta ilegítimo pues no atiende las necesidades de la mayoría, va a generar respuestas desviadas por parte de esa población excluida quienes buscaran fuera del estado y la legalidad las soluciones a los problemas que es estado no atiende. Ante la desviación contestaria de la población, el estado neoliberal responderá con lo que el académico llana “racionalidad adversativa” desatando la represión y la violencia institucional. Esa represiva respuesta estatal, aumenta la imagen de ilegitimidad del gobierno ante la población y termina desatando así un espiral de violencia en contestación una de la otra (Rivera-Lugo, 2004).

Una explicación similar sobre la violencia que experimenta Puerto Rico se  pudiera encontrar  en el clásico libro republicado en el 2009, Prisons of Poverty, donde el europeo Loïc Wacquan (2009) explica como, siguiendo el discurso que vende de Rudolph Giuliani y que aquí aparentan haber comprado todos los políticos,  el estado neoliberal utiliza el violento discurso de mano dura y cero tolerancia para reprimir las poblaciones disidentes y dejar libre el espacio al capital.  De esta manera dice Wacquan, por una parte el estado se convierte en un espacio de anarquía económica donde el capital tiene total libertad de acción y por otro en un aparato que reprime tanto a los que conscientemente se revelan políticamente, como a los que buscan alternativas económica en sectores ilegalizados como el narcotráfico.

Al mirar la sociedad puertorriqueña desde estas teorías, se puede preguntar entonces si eso que el poder llama criminalidad no es otra cosa que la contestación de esos sectores marginados que, comprando los valores sociales del capitalismo,  optan por utilizar eso que llaman desviación como forma de alcanzar un crecimiento o poder económico que le permita la inserción a los niveles privilegiados de esa sociedad capitalista que le condena a la marginación.  De igual forma se pudiera preguntar cuanta de la violencia social que experimenta el país, no es otra cosa que el producto de individuos que buscan sentirse poderosos e incluidos mediante la agresión de uno más débil.

Desde estas perspectivas entonces, el llamado problema de criminalidad que se percibe en la isla aparenta ser verdaderamente un  problema de violencia contestaria, consciente o no, producto de la frustración de la exclusión tanto de los sectores marginados y pobres, como de aquellos que en un momento desfrutaron de los beneficios de pertenecer a la clase media y que gracias a las medidas neoliberales hoy también sufren la exclusión de un sistema donde el valor del ser humano se mide en su capacidad de consumo y el despliegue de opulencias, (García-Canclini, S/F; Wacquan, 2009; Young, 2003). 

A pesarde la amplia documentación que vincula la violencia social y los procesos de exclusión a la violencia y la criminalidad, como se estableció al comienzo de este trabajo, tanto los políticos cómo e muchos académicos de la Isla, todavía prefieren comprar las definiciones positivistas que apuntan a que el problema de la desviación, la criminalidad y la violencia están en individuos o individuas que por razones fisiológicas, sicológicas o sociales no aprendieron a comportarse adecuadamente y por eso tiene que ser reprimidos y rehabilitados para que “se centren” y ocupen el espacio asignados para ellos en la sociedad y en el sistema de producción (Villa, 2008; Wacquan, 2009; Young, 2003). O peor aún, algunos políticos locales compran la absurda aberración que los sectores más conservadores de la derecha estadounidense  hacen del pensamiento clásico y alegan que la criminalidad y violencia que sufre el país es producto de individuos que no pueden controlar su naturaleza pecaminosa, débil y hedonista. Estos sectores apuntan a que el criminal lo que necesita es castigo severo y público para que aprenda a controlarse (Joung, 2003).  Aun cuando se admitiera que estas explicaciones positivistas o conservadoras pudieran explicar una pequeña porción de la llamada criminalidad, sería absurdo pensar que la gran mayoría de los sectores marginados y excluidos en una sociedad delinquen porque son inadaptados sociales o porque son “malos por naturaleza”.

La realidad aparenta ser que los políticos reproducen estos discursos pues el no hacerlo es admitir por un lado que el país no tiene un problema de criminalidad, sino que sufre de un problema de violencia social, criminal o no, que es una respuesta por parte de la población marginada a los violentos problemas de exclusión que se derivan del bulímico proceso neoliberal que ellos mismo imponen, muchas veces sin ni siquiera entenderlo. Es decir que estos políticos tendrían que admitir que eso que llamamos crímenes es una forma contestaria en la que algunos excluidos se revelan negándose a ocupar el espacio de pobreza que el capitalismo le asigna. Por ejemplo, los jóvenes que se niegan a insertarse en la economía formal ocupando subempleos que les condenan a una casi servidumbre pos-moderna, por lo que deciden entrar al lucrativo pero ilegalizado mundo del narcotráfico.

Partiendo de lo anterior, el mundo de la ilegalidad termina presentándose como una de esas fisuras en el capitalismo de las que nos John Holloway en su libro Crack Capitalism (2010). Una fisura mediante la cual los jóvenes de los sectores marginados ilusoriamente sienten que rechazan y vencen el sistema, aun cuando terminen reproduciendo el propio orden capitalista que los condena a la explotación y exclusión como poblaciones excedentes.  Al fin y al cabo, como bien explica Holloway (2010) el que las revoluciones marxistas del siglo XX no terminaron reproduciendo un sistema igualmente basado en la producción y control del capital, no quiere decir que no lograron algunos cambios de visión. Lo importante aquí es que aun cuando reproducen el orden, estos jóvenes reclaman o toman para si las riquezas que el sistema le niega.  

Lo importante aquí es que el orden social empuja o condena a muchos jóvenes a la ilegalidad haciéndoles la inclusión social mediante forma legítimas una sumamente difícil, sino imposible.  Por tanto, cuando la alternativa de inclusión más fácil que tiene un joven para insertarse en la sociedad es la ilegalización, esta sociedad se está auto condenando a la violencia que lógicamente se produce como parte de la solución de conflictos asociados al ese negocio ilegalizado por un lado y por otro a la violencia que usará el estado para tratar de mantener a raya es mismo negocio.

En fin y en resumen, partiendo de los autores antes señalados, no sería lógico preguntarnos si la violencia, legal o ilegal que hoy sufre Puerto Rico no es más que el síntoma de una sociedad bulímica que condena a grandes sectores de la sociedad a la criminalización imponiendo el consumo y la ostentación como valores primarios, mientras al mismo tiempo excluye a esos sectores de las formas legítimas de alcanzar ese consumo. Una criminalización que a su vez es facilitada por las anacrónicas y absurdas prohibiciones de las sustancias psicoactivadoras.   Aquí dejo la pregunta…

Referencias:

Cortes-Chico, R. (2012, 2 15). Impune la manipulación de estadísticas en la Policía. Retrieved 4 2, 2012, from elnuevodia.com: http://www.elnuevodia.com/impunelamanipulaciondeestadisticasenlapolicia-1190902.html

Fortuño, L. A. (2012, 02 21). MENSAJE SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO. Retrieved 03 05, 2012, from http://www.fortaleza.pr.gov: http://www.fortaleza.pr.gov/2011/pdf/Mensaje_sobre_la_Situacion_del_Estado.pdf

García-Canclini, N. (S/F). Consumidores y Ciudadanos. Retrieved 4 2, 2012, from http://coleccion.educ.ar: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos/informacion/marco/pdf/canclini_introduccion.pdf

García-Padilla, A. (2012, enero). Plan Anticrimen. Retrieved 03 05, 2012, from http://www.alejandrogarciapadilla.com: http://www.alejandrogarciapadilla.com/anticrimen/alejandro2012_plan_anticrimen.pdf

Holloway, J. (2010). Crack Capitalism. New York: PlutoPress.

Joung, Y. (2003). THINKING SERIOUSLY ABOUT CRIME:. Retrieved 4 18, 2012, from malcolm.read.co.uk : http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/tsac_v_2003.pdf

Rivera-Lugo, C. (2004). Ni una vida más para la toga. In C. Rivera-Lugo, La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas (pp. 137-154). San Juan: Edicióens Callejón.

Simon, J. (2007). Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear. New York: Oxford University Press.

Villa, J. (2008). El Sujeto Criminal, Crimen y Criminalidad. Hoboken: Wiley.

Wacquan, L. (2009). Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press.

West, C. (2001). Race Mater. Boston : Beacon Press.

Young, J. (2003). Sociedad “Excluyente”: Excluisón Social y diferencia en la Modernidad Tardía. Madrid: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales , S.A.

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