20120403-002112.jpg

80grados.net

Hace unos meses, sentado en medio de una veintena de líderes comunales de Ponce, les escuchaba definir “la criminalidad” como el principal problema de sus comunidades.

En medio de lo que parecía una letanía sobre lo malo que están las cosas, me atreví a interrumpir el diálogo preguntando: ¿Qué es lo que ustedes llaman criminalidad?

Para mi sorpresa, un incómodo silencio se apoderó del recinto donde nos encontrábamos. Se cruzaron miradas, surgieron caras de asombro ante la pregunta, pero no hubo respuestas.

Al paso de unos treinta o sesenta segundos que parecieron eternos, una joven mujer me dijo: “que mis hijos no puedan salir al patio a jugar por temor a que se encuentren en medio de una balacera”. Acto seguido pregunté, ¿en sus comunidades se reportan mucho robo, se roban carros o bicicletas?

Nuevamente el silencio fue la respuesta.

¿No creen que más que un problema de criminalidad, ustedes lo que tienen es un problema de violencia criminal y no criminal?; añadí.

Ante mis interrogantes, la mayoría de los presentes me admitieron que en realidad, el problema en sus comunidades es la violencia y que la misma es producto de dos situaciones interrelacionadas.

Primero la violencia producto de las presiones y frustraciones económicas, y segundo la agresividad que se usa para dirimir las controversias resultantes del ilegalizado narcotráfico.

Es así que esa “pobreza”, que genera tensiones económicas y que fomenta el narcotráfico como alternativa de empleo, se revela como el verdadero problema de la mayoría de las comunidades marginadas de la Isla.

Ante la explicación, la líder de uno de los sectores marginados más poblados de Ponce, se levantó y dijo: “en un sondeo informal que hicimos en mi barrio, el noventa y seis por ciento (96%) de los hogares no tienen un ingreso legal seguro”.

“El único trabajo viable es el punto de droga”, estipuló mientras explicó que los requisito de cartas de antecedentes penales, pruebas de sangre y orina y ahora historial crediticio hace prácticamente imposible que un varón joven encuentre un trabajo legal que le permita ganarse la vida.

“Si un muchacho de veinte y tantos años tiene una pensión, probablemente se tiene que ir al punto y trabajar un par de turnos para poder pagarla y evitar ir preso” continuó explicando.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de esta situación, al entrar en la búsqueda de alternativa, este llamado liderato comunal, retornaba al discurso oficial y plateaban la necesidad de más programas policiacos en su comunidad, de talleres de manualidades o deportivos y la intervención de profesionales de trabajo social que les ayude a navegar el sistema.

El desarrollo de empresas comunitarias o cooperativas de producción, así como el financiamiento a bajos intereses para empresas familiares son alternativas que nadie trajo a la discusión.

¿Cómo es posible que nuestros jóvenes puedan desde la ilegalidad desarrollar, administrar, y sostener un complejo negocio internacional que incluye, producción, distribución, transbordo entre países y hasta un sistema de dirimir controversias? ¿Por qué esos jóvenes no están administrando negocios legales?

Sin restar importancias a estas interrogantes, del proceso narrado surge otra pregunta.

¿Para esas comunidades marginadas el narcotráfico es un problema o es la solución a su verdadero problema, la pobreza?

Si se mira fríamente la situación, la realidad es que en muchos casos el narcotráfico es la única forma para que los jóvenes hijos de los pobres se inserten en el mundo capitalista. Es la forma de contestarle al sistema que les condena a trabajos chatarras y a una vida de neo-servidumbre sub-proletaria.

De esta manera el ilegalizado negocio del narcotráfico, que desde la comodidad de la llamada clase media llamamos problemas, se revela como la única forma de inclusión económica para un sector, cada vez mayor, de los jóvenes en el país.

De igual manera, desde esta perspectiva, el narcotráfico parece ser una de las pocas alternativas que tienen las comunidades marginadas para afrontar sus necesidades diarias.

Después de todo, es “el punto” la única institución que funciona en muchas de estas comunidades. Es “el bichote” quien emplea, provee la seguridad, ayuda a los viejos con sus necesidades y hasta financia los eventos deportivos culturales, deportivos y alguna que otra fiesta religiosa que desarrollen en la comunidad.

Por supuesto que eso viene con un precio, la violencia. Es decir que esas aportaciones que hace el punto son de alguna manera una forma de pagar el silencio y la ansiedad que impone vivir en la ilegalidad.

¿Pero qué otra opción queda? No es como que los poderes políticos y económicos les tienen alternativa.

Al definir como principal problema la criminalidad, y no la pobreza que enfrentan estas comunidades, tanto el administrador colonial como su principal contrincante, condenan a nuestros jóvenes marginados al círculo que hasta ahora les llevó a criminalizarse.

En su mensaje de situación de la colonia frente a la legislatura local, el administrador Luis Fortuño dedicó cinco (5) de las veintiuna paginas de su exposición al tema de la criminalidad. Sin embargo en todo el documento no aparece la palabra pobreza.

De igual forma, en ninguna parte del voluminoso documento llamado Plan Anticrimen de Alejandro García Padilla aparece el término.

En fin que cabe preguntar ¿El principal problema de Puerto Rico es la criminalidad o es la pobreza?
Si su respuesta es “la pobreza”, entonces tendrá que admitir que para muchos el narcotráfico se verá como solución.

 

Anuncios