Genial la limitación al derecho a la fianza

por  | 2 de Marzo de 2012 |

Aun cuando fuera opacada por los problemas de pareja de un político, la medida sobre la limitación del derecho constitucional a la fianza no dejó de ser una magistral, electoralmente hablando.

Durante su más reciente mensaje ante la legislatura colonial, el administrador Luis Fortuño aceptó su incapacidad para manejar la violencia social que experimenta la Isla y planteó como única alternativa que los ciudadanos le den más herramientas y cedan partes de sus derechos y protecciones.

De esta manera, el administrador colonial expuso, sin datos ni mayor explicación, que era  necesario que el pueblo limite su derecho absoluto a la fianza, de tal manera que aquellos a quienes se les imputen unos crímenes específicos, tengan menos garantías constitucionales que los que son objeto de otras imputaciones.

Al hacer el anuncio, Fortuño olvidó que hace unos meses, él cedió a los federales la jurisdicción de esos delitos y que en las cortes de Estados Unidos, esos imputados no tienen el derecho a fianza. Así que la medida, es innecesaria, demagógica e ineficiente pues todavía buscamos solución al problema.

De cualquier manera, los aplausos por parte de los alzacolas y acólitos políticos de gobierno ante la propuesta, recuerdan una escena de una las películas de la saga de ciencia ficción Guerra en las Galaxias. En el filme, mientras la asamblea aplaude delirantemente ante una medida donde La República cede sus derechos al nuevo Canciller, la senadora Amidala dice “observa como con un aplauso se entierra la democracia”.

Esta propuesta del ejecutivo, como tantas otras llamas anticrimen, no surge acompañada por información en torno a cómo la reducción de garantías constitucionales va a reducir la ola de violencia que sufre el País. Esa violencia que va desde balaceras carro a carro, hasta discusiones entre un legislador y su compañera sentimental.

Junto a su propuesta, el administrador colonial no presenta datos  ni pruebas que apunten a que en otras jurisdicciones estas medidas hayan tenido efecto alguno. Después de todo, en la jurisdicción federal los crímenes sin derecho a la fianza como el narcotráfico llevan cuatro décadas en crecimiento.

La medida es absurda pues parte de una premisa incorrecta.  La violencia que sufre el país no es producto de un análisis calculador de personas sin valores. Al contrario, la violencia es producto de enajenados que no razonan sus acciones, de personas que en medio de un coraje o frustración agreden como respuesta a una situación o de profesionales para quiénes ir preso es parte del negocio. En ninguna de estas instancias, la posibilidad de castigo es un disuasivo para las acciones desviadas o violentas.

Sin embargo, las gradas y las huestes electorales de la Isla aplaudieron como inspiración divina la propuesta y eso es lo importante.

En el libro Governing through crime: how the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear, Jonathan Simon explica cómo, para ganar las elecciones en Estados Unidos -y se pudiera decir que en Puerto Rico-, los candidatos y gobernantes tienen que proyectarse como fiscales protectores de las victimas a cualquier costo, pues gran parte del electorado estadounidense se ve a sí mismo como atormentados por los elementos criminales.  Es decir, estos electores jamás piensan en que un día, como hoy le pasa a varios políticos,  pudieran enfrentar con razón o sin ella, una acusación criminal.

De esta manera se va revelando la genialidad electoral de la propuesta que busca  la limitación al derecho a la fianza.

Primero, la propuesta reafirma la errónea visión de que el crimen es producto de los excesos de unos pocos que abusan de sus libertades constitucionales y que “lo criminal” no es el producto esperado de las excluyentes medidas neoliberales impuestas por los mismos políticos conservadores que hoy  proponen la limitación de los derechos civiles.

Segundo, la medida proyecta un falso sentido de que no se tolerará el crimen, postura que tiene resonancia en el  conservador electorado puertorriqueño.

Tercero, la medida abre la puerta para aumentar los tipos de delitos a cuyos imputados se le puede restringir el derecho a la fianza, pues una vez aprobada la enmienda, constitucionalmente ya la protección no es absoluta.

Finalmente y más importante, la propia medida construye como amigo de los criminales  y enemigo del pueblo “decente” a todo aquel candidato que critique la misma. Este es el “coup de grâce” de la propuesta de Fortuño. Obligar al contrincante popular, Alejandro García Padilla, a apoyar la gestión del gobernador o tomar una postura lógica y correcta, oponiéndose al proyecto, que luego sirva para construirlo como que está a favor de los criminales.

De esta forma, si bien es cierto que con esta medida el gobernador y la irracionalidad del pensamiento conservador gana como quiera, no es menos cierto que perdemos todos.

Mientras todos perdemos el preciado derecho absoluto a no ser encarcelados hasta haber tenido un día en el tribunal, se refuerza la visión de que la violencia social que vive el país es un fenómeno individual y no el producto de las medidas económicas excluyentes como las impuestas por los jefes de Luis Fortuño.

Ante esta situación, algo tiene que quedar claro: “No señor Gobernador, los derechos civiles no son la causa de la violencia. La causa de la violencia radica en la sociedad excluyente que usted promueve . . . su discurso simplista debiera darle vergüenza”.

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