Retórico y peligrosamente simplista el mensaje de Fortuño sobre la violencia

Publicado: martes, 28 de febrero de 2012

Gary Gutiérrez*/Especial para CLARIDAD

Como en los pasados tres años, el administrador colonial en Puerto Rico, Luis Fortuño presentó el llamado “Mensaje Sobre la Situación del Estado”.

En el mismo y bajo el tema de “Seguridad Pública”, Fortuño dedicó cinco de las veintiuna páginas que tiene el informe al tema de la violencia social que vive la Isla.

En su alocución y empacado en una retórica emocional, el ejecutivo colonial destaca y admite el fracaso de su administración cuando viene a manejar la violencia.

“…nadie—y menos yo—puede estar satisfecho con los niveles de violencia e inseguridad que siguen azotando a nuestras familias y nuestras comunidades, y en particular el número de asesinatos”, estipula el discurso al comenzar a tratar el tema.

Tras la admisión del fracaso y matizado por la retórica emocional ya señalada, el político apuntó a que parte de la culpa de la violencia la tiene el propio pueblo, pues por una parte se limita a “mirar para otro lado o guardar silencio” ante los actos delictivos y por otra “desmoraliza” con su falta de apoyo a los oficiales de la uniformada.

Sin embargo, aun cuando admitió la violencia intolerable que sufre la Isla y tras señalar al pueblo como cómplice de la misma, el ejecutivo colonial detalla supuestos logros estadísticos de su administración respecto a la criminalidad en el País.

Adornados con “eslóganes” publicitarios y estribillos politiqueros, detalla arrestos, intervenciones y confiscaciones como prueba del esfuerzo que se hace.

De igual manera señala como un logro que, debido a la incapacidad de las autoridades locales, tuvo que entregarles a las agencias federales la jurisdicción sobre la situación de violencia que su administración no supo manejar. Cómo si los organismos federales fueran tan exitosos manejando la violencia en las ciudades de Estados Unidos.

Ante el tétrico cuadro y la admisión del fracaso, Fortuño propone continuar haciendo lo mismo que hasta ahora se hace sin éxito. Es decir aumentar las penas y castigos.

Sin embargo, y aquí es donde está el peligro de este simplista discurso electoral sobre la “seguridad”, el administrador colonial recurre a tratar de reducir derechos y libertades so color de poder enfrentar la mencionada violencia social.

Es decir, la administración que hace menos de un año fue acusada por Justicia Federal de abusos y violaciones a los derechos civiles, hoy le pide al pueblo del cual abusó que le rinda las pocas protecciones que tiene contra esos excesos.

Entre estas peligrosas medidas que terminan tratando a todo el pueblo como “criminal” está la obligación de registrarse para comprar un teléfono celular prepagado. Lo que presume que los pobres que usan esos servicios por no poder acogerse a planes costosos de telefonía son criminales y deben ser vigilados.

De igual forma, entre las propuestas punitivas que esbozó el conservador dirigente asimilista, se incluyen leyes que prohíban comportamientos como disparar desde un vehículo en marcha.
¿Acaso disparar un arma de fuego sin razón en Puerto Rico no es un delito? ¿Se necesita prohibirlo dos veces?

Más peligrosas e igualmente inefectivas, aun, son las propuestas que terminan reduciendo las prerrogativas y el criterio independiente de la Judicatura, rama de gobierno que erróneamente el Gobernador cree que está para combatir el crimen y no para dirimir controversias velando por las libertades de los ciudadanos.

La iniciativas pretenden obligar a los y las jueces a imponer requisitos específicos en caso de violencia intrafamiliar, crear nuevas salas especializadas con jueces especializados, establecer guías específicas para poner fianzas basándose sólo en el delito imputado y no en las circunstancias específicas de los casos o los acusados y establecer procesos más ágiles para la revocación de fianza en casos específicos, son sólo algunas de las iniciativas que pretenden que el juez se convierta en un funcionario más de la Fiscalía o la Policía.

En nuestro sistema republicano de gobierno, el juez es un árbitro que dirime las controversias, incluyendo las que surgen cuando un ciudadano enfrenta una acusación por parte del Estado. Su función, la del o la juez, no es combatir la criminalidad; al contrario, su función es velar porque las acusaciones del Estado se ciñan al debido proceso.

A nivel federal, medidas similares a éstas son las responsables del enorme poder que ostentan en sus cortes los fiscales y de los abusos que contra los pobres y las minorías se les imputan a estos funcionarios.

Peor aún, organizaciones de derechos humanos apuntan a que como resultado de estas medidas que limitan la discreción judicial, Estados Unidos es el país con mayor población penal en el mundo industrializado, aún cuando los delitos y la violencia relacionada con el trasiego de drogas continúan en aumento. De paso, una población penal desproporcionalmente compuesta por minorías raciales, étnicas y económicas.

Finalmente y ante su incapacidad para manejar la violencia, el administrador colonial apunta a los derechos civiles como chivo expiatorio a ser sacrificado.
Sin presentar ningún dato, experiencia o estudio, el dirigente asegura que eliminar el derecho absoluto a la fianza es necesario y que con eso se resolverá la situación de violencia que se vive.

Es decir, el jefe de un gobierno señalado por los federales como fabricador de casos, pide a sus víctimas que cedan una de las protecciones que tiene contra esos abusos.

En su retórica simplista, Fortuño explica que esa limitación sólo afectará a los asesinos violentos. ¿Olvida el Gobernador que nadie es asesino hasta no ser culpable? Que imponer trato diferencial solo por la naturaleza de las implicaciones pudiera violar principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.

De igual forma olvida que por virtud de haber rendido a los federales la jurisdicción sobre esos delitos de violencia, a los imputados de los mismos se les puede encarcelar sin fianza en el tribunal estadounidense.

Pero lo más importante que olvida el Gobernador, es que ni las penas ni los castigos evitan la violencia.

El saber criminológico apunta a que la violencia extrema de que nos habla el Gobernador es producto de enajenados que no razonan sus acciones, o de personas que en medio de un coraje o frustración agreden como respuesta a una situación, o las acciones de profesionales para quienes ir preso es parte del negocio.

En ninguna de estas instancias, por tanto, la posibilidad de castigo es un disuasivo para las acciones desviadas o violentas.

Tras leer críticamente el discurso del administrador colonial ante la legislatura colonial, el mismo se revela como uno simplista dirigido a reproducir las fracasadas políticas anticrimen de los conservadores Republicanos estadounidenses.

En conclusión, medidas como las que hoy sugiere el ejecutivo colonial terminan produciendo más violencia que la que intentan manejar y alejan el análisis y la discusión pública de las verdaderas causas de la violencia social que se vive.

Ése es el verdadero propósito de estas medidas, lograr que los electores, en su mayoría conservadores, apoyen electoralmente al Gobernador, mientras se pone al candidato opositor en la difícil postura de aparecer apoyando a los delincuentes si opta por defender los derechos civiles.

No importa el político que sea, si al hablar de soluciones a la violencia y criminalidad no menciona el desempleo, la pobreza, la exclusión y la marginación social, no está hablando de remedios verdaderos.

Cuando demagógicamente el Gobernador habla de que el crimen es producto de los derechos civiles le está ocultando al pueblo que las verdaderas razones para la violencia que vive el país son sus propias políticas económicas y sociales y el orden injusto que se empeñan en mantener.

El verdadero problema con los discursos retóricos y simplistas del administrador colonial de turno es que mientras él habla para ganar elecciones, nuestros jóvenes se nos desangran en las calles.
 


*El autor es profesor universitario y estudioso en el área de Justicia Criminal.

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