Publicado en El Post Antillano el febrero 7, 2012  

Por: Gary Gutierrez

La ola de violencia social que vive el país continúa en un espiral de aumento incontrolable.  Lo que ya aparenta ser una verdadera guerra social, cobra la vida diariamente a 5 puertorriqueños y mantiene en un jaque emocional al resto de la población.

Para muchos de los entendidos en ese saber que llaman criminología, esa violencia era de esperarse, pues es el resultado lógico de un Estado que para muchos se proyecta como ilegítimo o irrelevante, ya que no atiende los problemas de la mayoría de la población.

Un estado cuyas únicas soluciones se basan en políticas públicas de exclusión que benefician a los poderes económicos del país esperando que sean éstos los que manejen o resuelvan las situaciones sociales como la marginación, el desempleo o la pobre remuneración al trabajo de la mayoría.

Mientras ese Estado liberaliza el movimiento de capital proveyendo un espacio para el libertinaje financiero, maneja las quejas y la disidencia consciente o inconsciente  con la fuerza bruta característica de  los regímenes fascistas y autoritarios.

Fruto de esa contradicción, surge entonces  la imagen de un estado ilegítimo ante los ojos de los marginados o excluidos que se cuestionan por qué someterse a las leyes que este orden impone.

Ante esa ilegitimad proyectada por el Estado, los excluidos recurren a la ilegalidad para sobrevivir y resolver sus problemas. Es decir, asumen por su cuenta los mismos espacios de libertinajeque el sistema le reconoce al capital.

La respuesta gubernamental es entonces el uso de la represión política y social como forma de manejar a esos sectores que no se someten a su visión de mundo.  Esta represión a su vez es vista como acciones que aumentan la percepción de ilegitimidad del Estado, por lo que generan más violencia social contestataria.

Al igual que en la década del 1990, cuando medidas represivas parecidas generaron la misma respuesta social, la muerte de agentes de la Policía en servicio registra aumentos preocupantes.

Tras varios incidentes en que uniformados perdieron la vida en servicio, el Estado altera las directrices en torno a cómo sus efectivos pueden usar la  fuerza letal en defensa propia.

De esta forma cambiaron la norma vigente que partía de la premisa de que un agente “no” podía usar fuerza letal a menos que se dieran unas condiciones específicas.

El nuevo estatuto administrativo cambia totalmente el espíritu de la regla estipulando que  los agentes ahora podrán usar la fuerza cuando perciban que sus vidas o las de otros pueden estar en peligro.  Aquí radica el problema, en el “perciban”.

Si se miran los datos de ejecuciones extrajudiciales en Puerto Rico y en Estados Unidos, de donde se copia y se traduce la nueva directriz, la inmensa mayoría de los que mueren frente a un arma del estado son varones, jóvenes, pobres, no blancos y residentes de sectores etiquetados como problemática.

Precisamente las características que en la sociedad estadounidenses definen a  los “peligrosos”.

Por lógica se debe entender entonces,  que las situaciones que los uniformados “percibirán” como más peligrosas serán esas intervenciones con aquellos que son varones, jóvenes, pobres, no blancos y residentes de sectores etiquetados como problemáticos.

Es decir, que la nueva reglamentación se descubre como una “licencia de corso” que otorga aparente inmunidad a los que usan un uniforme al servicio del poder del varón, blanco, propietario, heterosexual y cristiano y de su libertinaje financiero.

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