Letras y foto por Gary Gutiérrez

No bien terminaba el intercambio de regalos del Día de los Reyes y desaparecían los últimos pasteles de la temporada navideña, los políticos profesionales en Puerto Rico declaraban abierta la lucha electoral.

La primera batalla de esta guerra por el control de la mente y los corazones del electorado boricua parece ser el área de la criminalidad, que ellos llaman seguridad.

Mientras el país lloraba la muerte causada por una “bala perdida” en la despedida de año, enterraba con honores a quién dio la vida “en cumplimiento del deber” y mientras se experimentaban días de 7 muertes violentas, los políticos creaban eventos mediáticos para dar a conocer sus “propuestas” ante esa violencia social que ellos llaman criminalidad.

El candidato del opositor Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, cargando un documento de cientos de páginas y acompañado de su séquito político, vinculó la criminalidad al “desempleo, la calidad de vida, la salud mental y la educación pública”. De esta forma García Padilla intenta diferenciar su visión del discurso de “ley y orden” que en torno al crimen impone la actual administración dirigida por Luis Fortuño.

Lo que de primera intención aparenta ser un discurso crítico y contestario, se disuelve en lo criticado cuando el aspirante a la gobernación detalla como alternativas las mismas medidas punitivas, de castigo y de control social que hasta ahora fracasaron en hacer frente a la criminalidad por las pasadas décadas.

Si bien el candidato vincula la criminalidad a la situación de “desempleo, la calidad de vida, la salud mental y la educación pública” que vive el país, no es menos cierto que deja fuera el hecho de que esos males no necesariamente son la causa de la criminalidad, sino que tienen el mismo origen de esta. Es decir el orden social excluyente que impone metas sociales sin abrir oportunidades para alcanzarlas.

El aspirante deja fuera de su discurso como piensa acabar con el desempleo, mejorar la calidad de vida y qué tipo de educación es la que propone como alternativa al crimen. Después de todo, los educados también comenten crímenes y la creación de empleos chatarras no evita que los jóvenes opten por empresas criminales que les permitan ingresos adecuados.

Lo que sí detalla el aspirante popular es la continuación solapada de las mismas medidas de mano dura que caracterizan la política pública desde los tiempos de Rafael Hernández Colón. Entres ellas más recursos tecnológicos y más entrenamientos para la policía, así como la incorporación de los militares en la lucha contra el contrabando de sustancias controladas. Según Garcia Padilla, esa movilización castrense, no es para intervenir con los ciudadanos, es para inspeccionar los puertos. Cómo si para ese trabajo se necesitara gente entrenada para matar y usar la fuerza como forma de resolver los problemas. Acaso no sería más económico contratar y entrenar inspectores de puertos civiles que pudieran hacer ese trabajo sin la carga ideológica que implica el despliegue de uniformes y armas militares.

Para acabar de completar el discurso mediático de García Padilla pretende encuadrar sus respuestas en el discurso de “emergencia nacional”, un antidemocrático y peligroso concepto que se utiliza para obviar el estado de derecho y los debidos procesos so color de proteger la misma ciudadanía a quien se le quitan los derechos.

Mientras la estrategia roja y blanca se concentró en el “media tour” de su candidato, el gobernador aprovechó el juramento de nuevos fiscales y su visita a una institución penal para reafirmarse en el ignorante discurso de la falta de valores como origen del crimen y en la necesidad de imponer la ley y el orden a cualquier costo.

Por supuesto, el gobernador nunca explica cuál es el orden y los valores a que hace referencia.

Porque si el orden al que se refiere el gobernador es la organización social que mantiene los niveles de ingreso de la mayoría de los puertorriqueños por debajo de los niveles de pobreza, donde la juventud está condenada a escoger entre el crimen y los empleos chatarras o el mantengo, y donde las ayudas son para los ricos en espera de que estos produzcan empleos, no hay razón para que la mayoría del país le respalde.

Igualmente confuso es ese discurso de “tus valores cuentan”. ¿Qué valores son esos que hace referencia el gobernador? Acaso el gobernador se refiere a los valores de la idealizada sociedad estadounidense de la post segunda guerra mundial donde los negros, las mujeres, los pobres y los homosexuales “sabían cuál era su lugar en la sociedad” y “humildemente” respetaban las buenas costumbres del explotador varón blanco, propietarios, heterosexual y cristiano. Porqué si esos son los valores y el orden a que hace referencia el señor gobernador, la realidad es que precisamente de esos valores y de ese orden es que surge la violencia que sufre el país y que ellos pretenden reducir llamándola criminalidad.

En resumen que al ver las propuestas electorales que los políticos profesionales llaman planes anticrimen, vemos dos alas de un mismo pájaro.

Ninguno de los dos propone la restructuración social a un orden más justo o hablan de crear un orden más inclusivo política y económicamente hablando. Ninguno propone medidas de protección para que los trabajadores puedan vivir dignamente trabajando las cuarenta horas que reconocemos como razonables.

De igual forma, ninguno propone la organización comunal desde alternativas económicas como el cooperativismo o las microempresas comunitarias que sirvan para que los jóvenes tengan alternativas económicas reales que les permita ganarse la vida y levantarse como generación.

En fin que los llamados planes anticrimen se revelan como meros discursos electorales dirigido a vendernos como soluciones las propias causas de esos problemas. Acríticos discursos que pretenden criticar los resultados de un sistema sin criticar o cuestionar lo que sostiene ese sistema.

Mientras el país siga votando por planes anticrimen y por promesas que proponen solucionar el crimen sin atacar la pobreza mediante verdaderos cambios sociales y estructurales, seguirá enterrando a víctimas de “balas perdidas” y héroes que dan la vida en cumplimento del deber, pero no se resolverán las condiciones que producen esas tragedias. De igual forma seguirá enterrando cientos de invisibles que solo se ven como datos estadísticos, pero que para sus familiares implican el mismo dolor y pérdida.

Muertes que, tanto en el caso de los invisibles como en de la víctima de balas perdidas y del héroe que dio la vida en cumplimento del deber, aparentan levantarse como un tributo de sangre para mantener un sistema de injusticia y exclusión que obliga el sacrificio de muchos para el beneficio de unos pocos.

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