Plan anticrimen García Padilla evade el verdadero problema

Perla Franco/CLARIDAD

Alejandro García Padilla / Foto Alina Luciano para Claridad Puerto Rico

Cuando la pasada semana el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) anunció su plan anticrimen, lo presentó como uno “distinto a los que hayan escuchado antes”. Dijo haber “escuchado todos los programas desde 1972 al presente” y declaró que el problema del crimen en la Isla era uno de “emergencia nacional”. Como tal, propuso una agenda de “tres pilares fundamentales: intervención, prevención y rehabilitación”.

Pero lo que en realidad podríamos llamar novedoso de ese plan es la intención de convertir las cárceles en universidades, inspeccionar el 100 por ciento de la carga que entra y sale del país (de la que ahora se inspecciona sólo el 20 por ciento), y militarizar las costas, playas y muelles con la Guardia Nacional. Todo para supuestamente evitar la entrada y salida de drogas y armas, alegadamente causantes de la alta ola criminal.

Pero para el estudioso en criminología, Gary Gutiérrez, el plan de García Padilla es apenas “una retórica publicitaria para ganar las elecciones” que a su vez “refuerza la retórica del control y la vigilancia”, asuntos que no han funcionado por años y evaden la verdadera causa de tales males: la exclusión social y la pobreza.

El hecho de que el candidato a la gobernación por el PPD pretenda declarar un estado de emergencia nacional, según Gutiérrez, es para poder tomar “acciones que no requieran el debido proceso de ley”; ya que decretada una “emergencia nacional” el Estado tiene la facultad de “atender” la “emergencia” fuera de los requisitos que impongan las leyes o procedimientos establecidos.

Al preguntarle a Gutiérrez si encontraba parecido entre el plan anticrimen de García Padilla con vigilancia de la Guardia Nacional y el que se está aplicando en la frontera de México, éste respondió que “es el mismo modelo que ha empujado Estados Unidos en México y otros países. Esas medidas son más excluyentes y van creando más violencia.” Explicó que se debe a que la visión criminológica en Estados Unidos apunta a que la mayoría de la gente es conservadora y por lo tanto se les busca un discurso que haga sentir a esa gente “segura”.

Para ejemplificar que la vigilancia no es garantía para reducir la criminalidad, Gutiérrez se refirió a los asesinatos que ha habido en centros comerciales, lugares que son sumamente vigilados, concurridos, con restricciones de ciertas actividades (como piquetes), con cámaras de vigilancia, con compañías de seguridad dentro y fuera… “y eso no ha podido evitar asesinatos en esos lugares”.

El problema, enfatizó, es que la raíz del problema de la criminalidad está vinculada con la falta de trabajo de la gente a la que cada vez más se le ofrecen trabajos “chatarra” y menos que sean opciones para vivir y mejorar su calidad de vida. El problema está, añadió, en que “vivimos en una sociedad que no le ofrece a la gente trabajos dignos, bien remunerados, que le permitan salir de la pobreza”. Y de esa exclusión económica, argumentó, surge “el discurso contestatario que es la violencia”, como respuesta de algunos al ver que el sistema no les responde como ellos quieren. “De cierta forma, ese es un discurso político también”, acotó Gutiérrez. “Claro, un discurso contestatario que repite lo que quiere condenar”.

Por su parte, el sociólogo y abogado, José Raúl Cepeda Borrero, quien se ha dedicado los últimos 15 años al área de Justicia Criminal, descartó de plano que el Plan de García Padilla tenga algo novedoso. Recordó que la propuesta de militarizar con la Guardia Nacional se remonta al año 1996 cuando la Comisión de Derechos Civiles, -de la que Cepeda formó parte-, realizó un congreso en el que se discutió la militarización para la lucha contra las drogas. “En otras palabras, llevamos más de 15 años en ese proceso de militarización y no ha resuelto nada”. Pero más aún, Cepeda cuestionó que la Guardia Nacional “que yo sepa son unidades o de infantería o de ingeniería, que lo que hacen es servicio de apoyo”. Y preguntó, ¿tiene la Guardia Nacional el equipo necesario para la vigilancia marítima y aérea alrededor de la Isla? “Yo creo que no”, afirmó. De ahí que concluyera que la utilización de la Guardia Nacional sería “más de lo mismo”.

Para Cepeda, lo único bueno del concepto de “emergencia nacional” es que deja ver que “el problema es más profundo que una burbuja”.

Cepeda dijo que uno de los “problemas” del “discurso oficial histórico” es que tiende a entender el crimen como “una cosa aparte de la sociedad, y sobre todo, aparte de la cultura”. Alegó que las altas y bajas del crimen están sujetas a “otros patrones”. Hay que distinguir entre el crimen, la criminalidad y violencia. La violencia “es un problema cultural que está metido en la fibra de nuestra forma de comportarnos”. Se refirió a que “somos un pueblo resentido, agresivo, que se desquita la frustración, no contra el que nos oprime, sino contra el que vemos diferente o con menos poder”. Por eso alegó que los niveles de violencia bajan cuando la frustración general baja. Por ejemplo, cuando hay empleo, el costo de vida es razonable, la gene puede pagar la factura del agua y la luz y tiene dinero para salir de vez en cuando. “Entonces bajan esos niveles de estrés y de frustración y con ello los niveles de violencia. Pero cuando los niveles, como ahora, están en los puntos más altos, porque la economía no provee para grandes sectores e incluso para sectores que hace tan poco como cinco años atrás estaban participando y ya no pueden participar porque se quedaron sin trabajo y los costos de vida han aumentado exorbitantemente, entonces vamos a tener un aumento en la violencia”.

Cepeda aseguró que ningún plan anticrimen que no atiende esas condiciones de vida resuelve nada. Y mientras tanto, el narcotráfico y otras industrias ilegales seguirán siendo la única alternativa viable para grandes sectores. “Si no atendemos ese problema de inequidad, de desigualdad y exclusión, lo demás sigue siendo cosmético”, afirmó Cepeda.

Con relación a convertir las cárceles en universidades, Cepeda indicó que “la realidad es que si no eliminas el requisito del certificado de buena conducta (para solicitar empleo) no importa (la educación que reciba el confinado en prisión) nadie lo va a querer contratar luego de haber cumplido una sentencia en prisión”. De ahí que lo único que Cepeda ve como posible para un confinado en esas circunstancias es que logre prepararse en “profesiones de autoempleo”, porque en un país con los niveles de desempleo como el nuestro, en cualquier lugar que un confinado vaya a solicitar que lo contraten “el patrono se puede dar el lujo de escoger a una persona que no tenga antecedentes penales por encima de uno que los tenga”.

Anuncios