07 Noviembre 2011
1:21 p.m.

Política de mano dura no disminuirá los crímenes en Puerto Rico

Los crímenes no bajarán mientras la estrategia del gobierno siga centrada exclusivamente en la persecución de las actividades delictivas

Por Tania Polanco (INS)

La criminalidad y violencia no disminuirán en Puerto Rico mientras la estrategia del gobierno siga centrada exclusivamente en la persecución de las actividades delictivas, sin atender de manera efectiva problemas sociales como el desempleo, deterioro de la calidad de vida, la salud mental y la exclusión social en que se encuentran amplios segmentos de la población, a juicio de los criminólogos Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda.

En momentos en que  el saldo de asesinatos supera los 960 y promete romper el record histórico en las estadísticas de criminalidad de Puerto Rico, ambos especialistas coincidieron en que la alta incidencia delictiva y otras manifestaciones de violencia no pueden ser analizadas al margen de la agudización de los problemas sociales y económicos que afectan a la población puertorriqueña.

Sobre el particular, Gutiérrez señaló que mucha gente subsiste con ayudas sociales, empleos chatarra o endeudándose con tarjetas de crédito, mientras otra gran parte de la población vive marginada y sin ninguna posibilidad de progreso social.

Esa falta de inclusión, sostuvo, genera frustraciones y problemas de salud mental que pueden estar contribuyendo al incremento de la violencia que se registra en la Isla, la que no podrá ser contenida con “mano dura” de la Policía, pues se trata de un asunto social y económico que escapa al manejo punitivo.

“La criminalidad es un síntoma de los problemas económicos y sociales en la Isla (Puerto Rico) y debe atenderse con políticas económicas de inclusión. La Policía está para investigar los hechos delictivos, hacer arrestos y punto. Esa actuación no va a frenar la incidencia criminal”, explicó Gutiérrez.

Para este experto en el tema de la delincuencia y sus implicaciones sociales, la discusión en torno a la falta de efectividad del superintendente policial de turno  –críticas que le costaron el puesto a Luis Figueroa Sancha y mantienen en salmuera a Emilio Díaz Colón– no reviste especial importancia a la hora de evaluar soluciones reales para la criminalidad.

“Para mi es inconsecuente el tema de quien sea el superintendente, pues no se trata de un problema de dirección en la Policía. La criminalidad se maneja con política economía, programas sociales e inclusión”, reiteró.

Gutiérrez explicó que la política económica neoliberal implementada por el gobierno de Luis Fortuño a partir de 2008, promueve una dinámica donde las multinacionales aumentan sus ganancias, mientras la población ve disminuir sus niveles de vida.

Dijo que a casi tres años de la implantación de un modelo económico que beneficia al capital y no atiende eficazmente el embate de la pérdida de ingresos en la población, “los efectos lógicos y esperados comienzan a sentirse, al reportarse un alza en los niveles de violencia en Puerto Rico”.

Gutiérrez criticó que pese al evidente patrón de aumento en la violencia que sufre Puerto Rico, el gobierno insista en continuar con una política pública fallida, “que se sustenta en el discurso punitivo impulsado por los sectores más conservadores del Partido Republicano estadounidense”, recalcó.

Por su lado, el criminólogo José Raúl Cepeda expresó que el plan anticrimen de Puerto Rico es el mismo que ha venido fracasando en Estados Unidos durante las  últimas cuatro décadas.

“Si algo ha probado el plan anticrimen es que la política de criminalización y mano dura no funciona. Y en Puerto Rico el fracaso queda en evidencia en las altas tasas de criminalidad, violencia, asesinatos y en la consolidación del narcotráfico como actividad económica boyante”.

Cepeda restó méritos al plan anunciado en septiembre pasado por el gobernador Fortuno, mediante el cual se integró un nuevo Strike Force para procesar en el tribunal federal los delitos cometidos con armas de fuego ilegales.

“En Puerto Rico se han realizado cientos de operativos de Strike Force con participación de la Policía y de las agencias federales de control de drogas, sin embargo seguimos con cifras enormes de usuarios, el mismo acceso al mercado negro de ventas de drogas y las mismas debilidades en la política anticrimen”.

Subrayó que en el panorama actual de Puerto Rico el narcotráfico es una válvula de escape para la población marginal.

“Los ‘Angelo Millones’ y ‘Junior Capsula’ se reproducen todos los días en Puerto Rico, especialmente en los sectores desventajados económicamente, donde las drogas prometen ser el gran salto económico”, dijo.

Advirtió que la política pública basada en la represión y la mano dura del Estado termina generando más criminalidad.

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