“Puerto Rico Sociedad de Ley y Orden”; neoliberalismo conservador a la criolla

Gary Gutiérrez

“La más absurda apología de la autoridad y el orden,

Es decir que las mismas sirven para que disminuya el crimen.”

(Goldman, 1969)

Puerto Rico hoy parece tener tres características principales: una política pública basada en el pensamiento neoliberal desarrollado por Milton Friedman al final del siglo XX, el endurecimiento de la ideología  conservadora, sobre todo entre los religiosos; y por último un incremento en  los índices de  violencia social y callejera.

Diariamente  los medios de comunicación puertorriqueños documentan sobre tres asesinatos o muertes violentas al día, así como un sinfín de agresiones vinculadas tanto al narcotráfico como a incidentes de violencia en el hogar,  o simplemente a la  violencia como respuesta a los conflictos típicos de la convivencia y el quehacer cotidiano.  De igual manera, diariamente se reportan incrementos en otros indicadores del deterioro social, como las cifras de suicidios, que son motivo de alarmas entre los salubristas y estudiosos de la salud mental.

Ante el desarrollo de esta violencia, la respuesta del gobierno colonial de turno en  Puerto Rico aparenta ser una constante afirmación y reproducción de las visiones represivas y de control social características, tanto de las teorías positivistas de finales del siglo XIX, como del pensamiento conservador desarrollado por los movimientos de temperancia religiosa estadounidense durante el mismo periodo.

Estas políticas punitivas son las mismas que se utilizaron sin éxito durante todo el siglo XX, pero que se incrementaron durante sus últimas décadas y la primera del XXI cuando las administraciones coloniales en la isla basaron sus estrategias “anti-crimen” en aumentar el número de policías, la compra de más armas y más equipo bélico para las fuerzas de control social, así como en el control de los sectores urbanos marginados (Nevares-Muñiz, 2008; Villa-Rodríguez, 2008)

En la década del 1980 se desarrolla en Puerto Rico una visión penal que incluyó el ya mencionado aumento en las medidas punitivas,  pero también contó con una retórica beligerante contra los llamados elementos desviados o criminales. A este punto de vista se le sumó,  durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, una especial preocupación e interés por parte de los administradores coloniales en Puerto Rico,  con la forma en que la situación se define y se proyecta en los medios de comunicación del País (Nevares-Muñiz, 2008; Villa-Rodríguez, 2008). De esta manera, el discurso oficial del gobierno de Puerto Rico, así como su política pública,  se fue alejando cada vez más del conocimiento desarrollado tanto por la criminología como por la sociología de la desviación durante todo el siglo XX. (Baratta, 2002; Nevares-Muñiz, 2008; Villa-Rodríguez, 2008).

La llegada a la gobernación de la isla de Luis Fortuño en enero del 2009, aparenta crear un nuevo paradigma y elevar el discurso punitivo contra la criminalidad  a nuevos niveles.  Partiendo de lo que se publica en los medios de información masiva, se pudiera decir que Fortuño, llegó a la administración colonial convencido de que la isla debía implementar un sistema administrativo basado en las políticas administrativas y económicas desarrolladas en los Estados Unidos por Milton Friedman. De igual forma aparenta que las ideologías encarnadas por los sectores más conservadores del Partido Republicano estadounidense también sirven de norte a su agenda, sobre todo cuando viene a “lo criminal”. Una agenda que incluye la criminalización de todo aquel que no se acomode o someta a la cultura y cosmovisión de los poderosos blancos, varones, ricos, heterosexuales y cristianos que domina la sociedad estadounidense. (West, 2001; Young J. , 2003)

Esta agenda  comienza con declarar un estado de excepción basado en una alegada “mala” situación de las finanzas del Estado que permite la implementación de leyes y política pública sin cumplir con los procesos legales establecidos por el Estado de Derecho legítimo (Agamben, 2005; Klein, 2008). Esta declaración de un estado de excepción, es el primer paso de los que algunos llaman “capitalismo del desastre” y el mismo se basa en aprovecharse de las crisis, reales, creadas o ilusorias, para dejar a un lado el estado de derecho establecido y abrir el camino para  imponer políticas públicas que permitan a los sectores más poderosos tomar control y beneficiarse de una economía que elimina las restricciones al movimiento del capital, aumentando las medidas de represión y control a la población general del país (Fernández, 2008; Klein, 2008; Wacquant, 2009).

Para hacer frente a ese “estado de emergencia”, definido y proclamado arbitrariamente por el propio jefe de estado, se impone el segundo paso de la estrategia del capitalismo del desastre. Bajar los impuestos, cosa que nuevamente beneficia al capital,  y despedir empleados públicos alegando que el aparato gubernamental es muy grande y costoso.

Finalmente y como tercer paso del mapa delineado por el plan de Friedman, el ejecutivo gubernamental anuncia un agresivo plan de privatización de todo el quehacer gubernamental,  desarrollando una especie de bazar de “todo a peso”, el cual gracias al estado de excepción,  no tiene que pasar por los procesos de fiscalización típicos de las democracias (Agamben, 2005; Wacquant, 2009)

Como forma de facilitar, garantizar  y proteger este proceso de implantación de medidas que regularmente no son bien vista por los sectores sociales más pobres,  ya que sobre ellos es que recae el peso económico y social de todo el plan, se desarrollan políticas represivas que criminalizan la protesta y reduce los espacios para las expresiones de desagrado contra el plan de desmantelamiento gubernamental (Fernández, 2008; Wacquant, 2009)

El resultado de ese proceso económico que algunos califican como actos que rayan en la ilegalidad por lo que los ubican bajo el término “crímenes de globalización” (Rothe, 2009), termina produciendo un Estado excluyente y generador de lo que el sociólogo británico Jock Joung (2003) llama “Bulimia Social”.  De acuerdo con Young (2007), esta visión de la economía desarrollada por Friedman,  que se conoce como neoliberal y que Fortuño implementa en Puerto Rico a partir del 2008, produce una sociedad donde las corporaciones supranacionales aumentan sus ganancias tomando ventaja de las desregulaciones, mientras las clases media y baja ven disminuir los mecanismos sociales que les garantizan un nivel de vida adecuado. De igual forma, estos sectores socio económicos, ven como sus niveles de vida van menguando. Como resultado de ese proceso, se van produciendo enormes sectores de pobres excluidos de toda posibilidad de movilidad social y sin opciones legales de acceso a un nivel básico de sobrevivencia (Young J. , 2003; Wacquant, 2009)

Paralelamente, las clases beneficiadas por esta organización neoliberal construyen e imponen a todos los sectores sociales las mismas falsas necesidades de consumo como vehículo para alcanzar la realización individual y colectiva. Así se  produce y reproduce una ideología que valoriza al los seres humanos basándose solamente en su capacidad de consumo, independientemente de que estén excluidos de las formas legítimas de producción. El resultado de este proceso de socialización, que por un lado incluye a todos en las falsas necesidades de consumo como forma de valorizarse mientras excluye a gran parte de la población de formas legítimas de producción de recursos para lograr ese consumo, es lo que Young llama: “bulimia Social”.  Este bulímico proceso de exclusión e inclusión en el que la sociedad neoliberal enreda a estos sectores sociales más bajos, tiene como resultado unos seres humanos devaluados y de poca autoestima, para quienes el crimen pudiera constituir una forma de alcanzar esas metas impuestas por la bulímica sociedad neoliberal (Young J. , 2003)

Esa utilización del crimen como forma ilusoria de empoderamiento es lo que el criminólogo Mike Presdee (2001) llamó la “carnavalización del crimen”. Presdee expone que en la sociedad del siglo XXI, muchos puede ven el crimen como un proceso carnavalesco de inversión mediante el cual, al menos por un periodo de tiempo limitado, logran sentirse en control de una existencia que ellos saben que no controlan (Katz, 1990; Presdee, 2001; Young J. , 2007).

En este punto ya aparenta  revelarse la posible relación causa y efecto que tiene la sociedad neoliberal producto del pensamiento de Friedman e implementada en Puerto Rico por Luis Fortuño,  con el aumento en los índices de violencia y criminalidad registrados en el Puerto Rico del 2011. Violencia y criminalidad que de igual forma se produjo en los demás países donde ese tipo de capitalismo, también calificado por algunos como “capitalismo salvaje”,  se estableció (Klein, 2008; Young J. , 2003; Wacquant, 2009).

A casi 3 años de la implantación en Puerto rico del plan económico basado en esa ideología neoliberal antes explicada, los efectos lógicos y esperados comienzan a sentirse en la isla reportándose números de violencia, comparados a los niveles más altos documentados en la historia de la Isla.   La repuesta a este aumento en la violencia social y callejera por parte de la administración colonial dirigida por Luis Fortuño e implementada por el superintendente de la Policía de turno, es el mismo discurso punitivo impulsado por los sectores más conservadores del Partido Republicano estadounidense. Una arenga punitiva utilizada en Chile, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña para responder a la violencia social que esas políticas provocaron en esos países. Es decir aumento de represión y de violencia institucional (Klein, 2008; Fernández, 2008).

Al utilizar los eslóganes  publicitarios “Cero tolerancia” y “Golpe al Punto”, la administración del Puerto Rico del 2011 parece regresar a los discursos de temperancia desarrollado por los conservadores de principio del siglo XX en los Estados Unidos de América y Gran Bretaña.  Pensamiento que todavía hoy sirve de base a las propuestas que la derecha cristiana conservadora de esos países proponen como estrategia para enfrentar la criminalidad  o lo que ellos definen como “crisis moral”.  Es decir, construir el crimen como una burbuja producto de individuos desviados que no tienen moral y que no tienen la capacidad de auto regular sus inclinaciones criminales y sus bajas pasiones, por lo que es indispensable que la sociedad les reprima y controle. (Young J. , SF). Según estos conservadores, todo en la sociedad incluso la justicia debe estar sometido, subordinado y en función del mantenimiento del orden establecido por la divinidad. Para este sector, por tanto, es una obligación religiosa que la sociedad utilice las medidas que sean necesarias para controlar a los que se desvían del orden establecido y por tanto de dios (Hedges, 2007; Young J. , SF). Son esos  mismos sectores los que a comienzos del siglo XX diseñaron la simpleza de la “promesa de hombre” como una forma de combatir el uso de alcohol y que el gobernador Fortuño rescató en Puerto Rico como alternativa a la violencia de género en hogar. (Foster, 2002; Goldberg, 2006; Hedges, 2007; Fortuño, Promesa de Hombre, s/f).

De esta manera,  tanto la violencia social y la delincuencia, como la disidencia y la protesta generada por la implementación de políticas neoliberales causantes de bulimia social, son contestadas por el gobierno en el Puerto Rico del 2011 con violencia institucional y represión.  Esta respuesta violenta del Estado ante la criminalidad, desviación o la disidencia resultantes de sus propias políticas públicas neoliberales termina generando más  criminalidad.

En su ensayo, Ni Una Vida Más Para la Toga, Carlos Rivera Lugo (2004) explica que cuando el Estado neoliberal deja de proyectarse como representante legitimo de la mayoría de la sociedad y se ve a sí mismo como un mero facilitador para que sea el capital quien llene y ocupe el espacio de organizador social, termina generando violencia y criminalidad. Según explica, en este proceso se produce un ciudadano que no se siente representado por el gobierno ni por sus funcionarios, por lo que buscará las formas legales o ilegales de resolver las necesidades que entiende ese Estado no resuelve.  Si esta respuesta desviada, criminal o disidente de la población es contestada por el Estado con la actitud que  Rivera Lugo llama “racionalidad adversativa”, es decir con más violencia y represión, el Estado terminará perdiendo todavía más legitimidad ante esas poblaciones. De esta forma se genera un ciclo de crecimiento espiral entre la represión y la violencia social que parecerá no tener fin y que Rivera Lugo (2004) define como “guerra social”.

En este punto parece valido preguntar cómo, a pesar de toda la información teórica expuesta y de que todos los días los medios de comunicación documentan el patrón de crecimiento en violencia que sufre el país, el gobierno de Puerto Rico insiste en continuar reproduciendo una política pública obviamente fallida.

La respuesta a esta interrogante no parece encontrarse en el Palacio de Santa Catalina, residencia del Gobernador colonial en Puerto Rico, y sí en los pasillos del neoyorquino Manhattan Institute. A mediados de la década del 1980, esta organización creada por Anthony Fischer y William Casey, el primero mentor de Margaret Thatcher  y el segundo, directo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense durante la presidencia de Ronald Reagan, publica el libro “Losing Ground” en el que Charles Murray construye la idea de que la pobreza en los Estados Unidos no es el producto lógico y esperado del sistema capitalista, sino que es el resultado de las políticas de “mantengo” por parte del Estado benefactor que terminan fomentando que la gente escoja no trabajar, cosa que conduce a una vida de inmoralidad. La lógica del libro de Murray concluye que el desorden social es producto de gente mantenida cuyo deterioro moral los lleva a delinquir. (Wacquant, 2009).

Precisamente es el Manhattan Institute el principal promotor de esta “teoría de las ventanas rotas”, que según Loïc Wacquant, (2009) fue formulada por Goerge Kellling en el 1982 y que establece que cuando se combate severamente los comportamientos desviados simples como el grafiti y el desorden callejero se evitará que se desarrollen problemas de desviaciones mayores o criminales.  Wacquant (2009) por su parte, cataloga la teoría de las “ventanas rotas” como invalida empíricamente hablando y  explica que para lo que si sirve esta teoría es para generar confianza en la clase media, que regularmente es conservadora, desconfía de los pobres y marginados, además de tener altos niveles de participación electoral.

Las similitudes entre el discurso de Fortuño en Puerto Rico y las fracasadas ideas difundidas por el Manhattan Institute no terminan aquí. Según Wacquant (2009), este plan de “cero Tolerancia” tiene tres componentes básicos.  Primero un incremento en las fuerzas represivas del estado como la policía y la fiscalía, así como en los recursos fiscales que se le asignan a esas dependencias. Segundo la restructuración del aparato policíaco, imponiendo la responsabilidad a nivel local o de áreas policíacas. Tercero el desarrollo de una red de inteligencia computarizada que permita una cuantificación de la efectividad y que de acceso rápido a la “inteligencia” recaudada en el proceso.

Esta descripción parece haber sido citada directamente por el gobernador Fortuño en sus mensajes del durante el 2009 y 2010. Además de la similitud con el plan de “cero tolerancia” empujado por el Manhattan Institute, el discurso del gobernador aparenta ser uno igualmente dirigido a esa clase media que en Puerto Rico muchos definen también como conservadora y que de igual forma aparenta desconfiar de los sectores pobres y marginados.   Al igual que el discurso conservador de ‘Cero tolerancia” implementado en la ciudad de Nueva York, el entrelínea del mensaje del gobernador aparenta ser una retórica clasista que despoja a los “elementos desordenados” de su condición de ciudadanos y los construye como “el enemigo” del orden público. Para Wacquant, el resultado de la implementación de este plan de “cero tolerancia”, y por tanto del discurso conservador implementado en la isla,  es que la definición de “desordenados” o “de enemigo del orden”  se le aplica a los sectores sub-proletarios que estropean, afean o molestan el espacio social y físico del consumo. (Wacquant, 2009, p. 16).

De primera intensión y partiendo de una mirada acrítica, se pudiera decir que “cero tolerancia” es una buena estrategia para la isla. Después de todo, la misma funcionó en la ciudad de Nueva York.  Sin embargo tanto el propio Wacquant (2009), así como el británico Jock Young (2003) apuntan a un análisis diferente. Ambos sociólogos de la desviación llaman la atención a que si bien es cierto que la política de “cero tolerancia” y de “ventanas rotas” registró disminuciones en los índices de la criminalidad, no es menos cierto que ciudades como San Diego, donde se enfatizo en el patrullaje comunitario y la no criminalización de la pobreza en la calle, experimentaron las mismas bajas en incidencia delictiva a un costo mucho menor y sin las consecuencias que pudiéramos llamar “no intencionadas” que se ven en la implementación de cualquier política de “mano dura”.  No obstante estos datos, los tanques de pensamiento conservadores, como el ya mencionado Manhattan Institute y el Institute fot Economic Affaires, se ocuparon de “venderle” al mundo el “Milagro de New York” como producto de la política de “cero tolerancia” y la estrategia de “ventanas rotas” (Wacquant, 2009; Young J. , 2003).

En resumen, al mirar desde la perspectiva de los sociólogos, sociólogas,  criminólogas, criminólogos citados en este trabajo, la imagen de panacea criminológica de las políticas de “ventanas rotas”, “mano dura” y “cero tolerancia” copiadas por el gobernador Luis Fortuño de sus correligionarios republicanos de los Estados Unidos e impuesta en Puerto Rico, parece derrumbarse revelando solo un discurso mediático politiquero  que termina generando más problemas de criminalidad que los que resuelve.

Desde esta perspectiva, lo que el discurso de “mano dura” y “cero tolerancia” aparenta ser, es una retórica simplista dirigida a crear confianza en la conservadora clase media, que “blanquea” y “americaniza” los espacios públicos imponiendo los estándares estéticos desarrolladas en los Estados Unidos a mediado del siglo XX.

Si esta hipótesis es correcta, las políticas punitivas que el gobernador Fortuño implementa como supuesta respuesta al crimen, terminarán triunfando con su fracaso. Pues si bien estas políticas no lograrán controlar la criminalidad y la violencia, sí puede que funcionen para conseguir el apoyo electoral y político de los sectores que en Puerto Rico se visualizan a si mismo como clase media aspirante  y que de igual forma definen a los sectores sub-proletarios como un problema que tiene que ser reprimido, controlado y neutralizado a cualquier costo. Sectores que al igual que en Estados Unidos de América, son la espina dorsal de proceso político y electoral.

Por último, no se pude dejar fuera del análisis que un Puerto Rico cuyo espacio público es “blanqueado’ y “americanizado”, probablemente le sería mucho más fácil proyectarse como candidato a entrar como estado a la federación americana.  Dice el jíbaro puertorriqueño que cuando tiene cuatro patas, rabo y además ladra; no será perro, pero se le parece.

Ya el tiempo dirá…

Referencias:

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