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POR GARY GUTIÉRREZ | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |

La imagen no pudo ser más colonial. Un representante del Departamento de Justicia Federal enviado desde Estados Unidos, con acento inglés pero en español, regañó públicamente a los que se supone velen y representen el orden y los intereses imperiales en la Isla. El regaño giró en torno a los excesos, crímenes y violaciones civiles que han protagonizado agentes del Estado durante los pasados años. Por supuesto, la reprimenda no incluyó ni explicó el hecho de que esos agentes estatales son producto del entrenamiento y dirección del Buró Federal de Investigaciones, dependencia adscrita al propio Departamento que hoy se erige como inquisidor. A la diestra del emisario, el administrador colonial se presentó listo para ofrecer en sacrifico a los hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico, tal y como si se fueran chivos expiatorios ante la hoguera de la opinión pública.

Al escuchar al procónsul de la administración demócrata que dirige Barack Obama y mirando al administrador colonial, que de paso lo venden como el latin poster boy del Partido Republicano, mi mente se llenó de interrogantes: ¿A quién van dirigidos estos señalamientos? ¿De quién realmente fueron los excesos que se denuncian? ¿Acaso esas acciones hoy señaladas no fueron defendidas por políticos y ciudadanos alegando que la protección del “orden” es prioritario al derecho de unos cuantos revoltosos? ¿Por qué enviaron a uno que habla español? ¿Con qué cara ese administrador colonial viene ahora a decir que ya su gobierno tomó medidas para corregir lo hoy señalado?

Si bien los señalamientos de abuso y violación de derechos, parecen apuntar hacia la Policía, en realidad acusan al propio administrador colonial quien, por “el poder que le confirieron los votos” y con la soberbia típica de los moralistas, implementó en Puerto Rico la política pública de “cero tolerancia” que dio paso a los señalados abusos y que fue copiada de la derecha conservadora estadounidense. Una política pública que parte de la premisa de que el orden social y su mantenimiento está sobre cualquier consideración de derecho o de justicia.

No es importante para esos conservadores, mucho menos para el administrador colonial, que ese “orden” es uno excluyente, que mientras permite libertinaje al capital, utiliza las herramientas del Estado para controlar a la población que carga el peso de esas impudicias. ¿Acaso ese administrador, que hoy funge de sacerdote sacramental y quien quema en la hoguera de la opinión pública a sus subalternos policiacos, no fue el mismo que defendió a su principal ayudante y delegado del capital en su gabinete, cuando dijo que a los que protesten en el País “hay que sacarlos a patadas”?

No se trata de que los policías no tengan responsabilidad. Ni mucho menos que se les reconozca a los uniformados el derecho a la infame defensa de “obediencia jerárquica” esbozada por los lacayos de Hitler hace más de 60 años. De lo que se trata es que ese administrador colonial es el principal responsable por imponer en Puerto Rico una política pública de seguridad que en todos los lugares donde se implementó terminó de la misma forma: con excesos policiacos muy parecidos a los que hoy se denuncian en la Isla. Cínica.

Como si la negación a tomar responsabilidad no fuera suficiente desvergüenza, más cínicas son las supuestas soluciones a los excesos que, según el administrador colonial, ya se pusieron en marcha por parte de su administración.

La principal de estás es la creación de un organismo evaluador dirigido por su ayudante y representante del capital en su gabinete, quien de paso es el promotor de la política de “sacarlos a patadas”. Es importante reseñar que el gobierno colonial cuenta con la Comisión de Derechos Civiles, agencia que por su definición debiera ser quién tome jurisdicción sobre el asunto.

La segunda solución es la importación, a costo de miles de dólares, de técnicos del New York City Police Deparment (NYPD) para que entrenen a los policías locales. ¿La Policía de Nueva York? Si por algo se distingue ese NYPD es por su sofisticado sistema de abusos, excesos de fuerza represiva y de control social, no por su tolerancia y civismo. El abuso contra las minorías, el maltrato a los sectores más pobres, la persecución selectiva por razones raciales o étnicas, son sólo parte de la lista de violaciones de ese departamento, que va desde arrestos ilegales hasta agresiones físicas. Todavía se habla de la sodomización de un residente haitiano que estaba bajo la custodia de ese departamento policiaco.

Al igual que en Puerto Rico, los abusos y agresiones que se le imputa a la Policía neoyorquina no son excesos o imprudencias individuales, sino el resultado de unos agentes que se sienten protegidos por las políticas de cero tolerancia impuestas por el Estado. Lo que sí se puede decir del NYPD es que en la pasada década se desarrollaron y sofisticaron sus técnicas represivas para escapar el juicio de los tribunales. Precisamente, la sofisticación de esas prácticas represivas para evitar el escrutinio judicial es el estudiado en el libro “Crime Of Dissent” del académico Jarret S. Lovell.1

Dichas técnicas represivas se encuentran bajo investigación por múltiples agencias incluyendo la Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. Hace unos días la CIA confirmó que colabora en una pesquisa que examina el esquema de carpeteo que luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001, la NYPD montó contra organizaciones legítimas árabes de índole culturales o religiosas.

Para entender esas sofisticadas políticas represivas sólo se tiene que mirar la forma en que el NYPD manejó las protestas contra la convención republicana del 2004. Según el libro de Lovell, la forma en que se manejaron las mismas no se diferencia mucho de la forma en que los uniformados locales manejaron las manifestaciones estudiantiles en Puerto Rico. Esas técnicas represivas de la Policía neoyorquina también se documentan de manera parecida en el libro “Policing Dissent” del nicaragüense radicado en Arizona, Luís A. Fernández. Esta publicación fue presentada a comienzos de este año en Ponce como parte del Primer Encuentro para la Nueva Criminología en la Universidad Interamericana.2

Por tanto, al escuchar decir al administrador colonial que su administración mira al NYPD como fuente de asesoramiento, la pregunta obligada es: ¿Asesoramiento para evitar la represión o para aprender a cómo reprimir y controlar sin ser señalado?

Terminada la conferencia de prensa y reflexionando sobre la misma con un esperesso, viene a mi mente el magistral libro The Shock Doctrine de Naomi Klein.3El sólo pensarlo me enfría el alma. Me pregunto si los discípulos de Milton Friedman que forman parte de la administración de turno la isla no usaran el informe del Departamento de Justicia Federal para imponernos otro ejercicio de “terapia de shock” o como ellos lo llaman, de “medicina amarga”.

Primero implementarán o dirán que implementaron medidas que de seguro ellos saben que fallarán en evitar los excesos pero que sofisticaran la represión mientras le deja muchísimo dinero a los asesores en seguridad. Luego, cuando el pueblo reclame que no hay resultados y acepten el fracaso de las medidas, presentarán la privatización de la seguridad pública o de gran parte de sus componentes, como la única alternativa a seguir. Después de todo, puede que en Puerto Rico la idea de privatización policiaca nos parezca una idea absurda o incomprensible, pero la misma se lleva implementando por los gobiernos neoliberales en Estados Unidos, Canadá y Europa desde hace años.

La verdad que espero equivocarme y que sólo sean los efectos del espresso y la paranoia que me causan los conservadores…
G

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