Lucha contra el crimen: Nueva cara, la misma insanidad…

Publicado: martes, 26 de julio de 2011

Por Gary Gutiérrez*/Especial para Claridad

http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=67A40A180FE343D5B8EC8AD6AB6A599E

Puerto Rico es un país violento.

La vida cotidiana de los casi cuatro millones de puertorriqueños incluye de tres a cinco muertes violentas al día.

Según los medios de comunicación, durante los pasados meses se reportaron en la isla sobre 25 muertes violentas por cien mil habitantes.

De igual forma esos números apuntan a que la violencia callejera del país aumenta a un ritmo de sobre un 10 por ciento de un año a otro, lo que ubica a Puerto Rico entre las sociedades más violentas en el mundo.

Estos datos no son de extrañar, pues la violencia social que hoy sufre Puerto Rico, es comparable a la violencia social desarrollada en otros países donde se implementaron las medidas económicas que la actual administración colonial impone en la isla.

Tanto los Estados Unidos durante Ronald Reagan como la Inglaterra de Margaret Thatcher y la Rusia de Vladimir Putin, experimentaron alzas en la violencia social cuando implementaron las medidas económicas neoliberales promovidas por Milton Friedman.

Por supuesto, los administradores de la isla no quieren o pueden admitir esta relación y prefieren mirar la criminalidad como una burbuja desvinculada del orden social que ellos construyen y promueven.

Estos administradores se basan en un saber desarrollado al final del siglo XIX que en la criminología se le conoce como el pensamiento conservador de la temperancia.

Ellos definen el crimen y la violencia social como productos de individuos enajenados a quienes hay que reprender y reorientar o endemoniados a quienes se tiene que reprimir a cualquier costo.
Enajenado o endemoniado, para estos conservadores, el criminal tiene que ser tratado con una mano dura que los obligue a someterse a la ley y al orden.

Claro está, ellos no cuestionan si el orden es injusto y explotador o si la ley solo sirva para mantener ese orden de injusticia.

Aun cuando este pensamiento conservador siempre estuvo presente en el sistema de justicia criminal puertorriqueño, el mismo tomó un carácter casi de evangelio durante la administración de Pedro Rosselló González.

Basado en la teoría de “cero tolerancia” desarrollada en los Estados Unidos por el Instituto Manhattan y por el Instituto de Asuntos Extranjeros, cuyo principal promotor es el ex-alcalde neoyorquino, Rudolph Giuliani, los administradores coloniales desarrollaron durante la década de 1990 una política pública basada en tres principios: reducción a toda costa de estadísticas del crimen, fuerte inversión en tecnología y equipo represivo y una gran presencia policiaca en la calle, sobre todo en las comunidades pobres, como manera de control social.

A pesar de que la historia demostró que esta política no sólo no funcionó, sino que produjo la violencia social que hoy se experimenta en Puerto Rico, los aspirantes a Republicanos que hoy administran la isla se siguen amarrando a ellas con un fervor cuasi religioso.

Por supuesto, aún cuando estas medidas no funcionaron, las mismas sí son efectivas en ganar el favor de la gran mayoría conservadora que en Puerto Rico, como en los Estados Unidos, participan y controlan el resultado electoral.

Si bien la política de cero tolerancias no resuelve la criminalidad, la misma gana elecciones pues es resonante con la mentalidad de la clase media votante en la isla a quienes le da un falso sentimiento de seguridad personal.

Es ese mismo sector votante de clase media, para quien la administración de turno sacrificó en el altar de la política electoral al pasado jefe de la Policía, José Figueroa Sancha.

Con la salida de la superintendencia, los administradores de turno envían el mensaje de que la criminalidad y violencia que sufre el país no son producto de sus políticas económicas y que no es la política de mano dura la que fracasó en controlar la criminalidad. Al contrario, el entrelíneas de la salida de Figueroa Sancha para esos sectores votantes es que estas medidas de mano dura sí funcionan, el problema es que él no supo implementarlas. Es decir, la salida de Figueroa Sancha fue el precio a pagar por algún tiempo más de apoyo electoral.

Por eso no es de sorprender que, con el apoyo de la también conservadora oposición parlamentaria, se corteje a los votantes nombrando a un militar al puesto de Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

Menos es de sorprender que este militar llegara reafirmando la misma política pública que viene fracasando desde hace 20 años, pero que lleva el mismo tiempo ganando elecciones.

De esta manera, no hay que discutir las alternativas que sí funcionaron para controlar el crimen en otras jurisdicciones, pero que asustan a esos amantes de la “ley y el orden” que controlan el proceso electoral del país.

Para hacer frente a la criminalidad y a la violencia social en el País lo primero que se necesita es el desarrollo de un nuevo orden social menos excluyente que le permita a los grandes sectores marginados del país a reintegrase remunerada y dignamente a los procesos de producción.
Es necesario un orden basado en una economía que le permita a todo trabajador o trabajadora disponible acceso a un trabajo donde pueda devengar suficiente para pagar por una vivienda digna, transportación y una cesta básica para él o ella y su familia.

Igualmente es imprescindible un orden que también garantice a todo el mundo el acceso a la salud y la educación.

En segundo lugar, para lograr manejar de forma más efectiva la criminalidad y la violencia se requiere una redefinición de la forma en que la sociedad define el ilegalizado negocio de sustancias psicoactivadoras, es decir las drogas.

Gran parte de la violencia que experimenta la Isla es producto de la ridícula política prohibicionista que no funciona para controlar el uso de las sustancias y que a la misma vez produce un mercado negro que requiere de corrupción y violencia para sostenerse.

Los países donde se redefinen las formas de control de estas sustancias experimentan hoy día reducciones en el comportamiento desviado y criminal, incluso reportan disminución en el consumo de las mismas.

Lugares como Holanda, Canadá y Portugal son sólo ejemplo de lugares donde las medidas salubristas son mucho más exitosas que el discurso punitivo cuando viene al control de las drogas.

En estas naciones las autoridades se hacen de la vista larga al uso de marihuana, mientras utilizan su plan nacional de salud para desarrollar exitosos programas de medicación con las propias sustancias fuertes y no con los costosos sustitutos productos de conglomerados farmacéuticos.

Estas políticas de tolerancia, no sólo son exitosas reduciendo los daños colaterales del mercado negro como lo son la violencia callejera, las enfermedades, el deterioro de los espacios públicos, sino que las mismas lograron reducir el consumo de las sustancias, pues eliminan el factor de placer de lo prohibido o lo que algunos criminólogos llaman “la fascinación del crimen”.

Estas nuevas visiones no sólo se ven en países fuera de los Estados Unidos. Algunas jurisdicciones estadounidenses también experimentan con nuevas perspectivas para manejar las llamadas drogas.

Iniciativas como las propuestas por el profesor de la Universidad de Stanford David Kennedy, demuestran que si se miran las drogas y su trasiego desde otra perspectiva se tiene más éxito manejando las mismas y sobre todo reduciendo la violencia que su ilegalizado negocio produce.

Uno de estos esfuerzos es el llamado experimento de High Point, Carolina del Norte en el 2004, donde Kennedy logró que la Policía local, en coordinación con los sectores más progresistas de las iglesias afroamericanas, desarrollaran un programa para dar una segunda oportunidad a los vendedores callejeros de sustancias controladas.

Según el plan, una vez la Policía recoge suficiente evidencia contra un joven vendedor de droga le “hacen una oferta difícil de resistir”: “te quitas” y con la ayuda de la comunidad aprendes un oficio o te metemos preso por un periodo largo de tiempo.

Esta iniciativa logró una disminución de un 57% en las cifras de violencia callejera en High Point. Una reducción de la violencia callejera de 57% en Puerto Rico significa sobre 570 muertes menos al año.

La otra iniciativa de Kennedy se conoce como el Boston Strategy To Prevent Youth Violence y se basa en un diálogo con las organizaciones callejeras de venta de sustancias.
Usando los líderes de las comunidades como intermediarios y complementando con medidas de intervención efectivas contra los que no participaron del proceso, se logró que las propias organizaciones criminalizadas disminuyeran la violencia.

Así las cosas, el Boston Strategy To Prevent Youth Violence logró que durante un periodo de ocho años bajaran las muertes violentas en el sector “impactado” en casi un 85%, de 152 asesinatos a 23. En Puerto Rico, este por ciento significaría sobre 850 muertes violentas menos al año.

Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de evidencia a favor de otras maneras de manejar el comportamiento desviado, cuando viene al crimen y a la violencia social los puertorriqueños seguimos apostando al pasado y continuamos tratando de que los círculos sean cuadrados.
Si es correcta la frase que se atribuye a Albert Einstein y que reza: “insanidad es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes”, sólo queda una pregunta por hacer.

¿Hasta cuando los puertorriqueños seguiremos cambiando las caras y apostando a la insanidad?


* El autor es criminólogo y profesor universitario.

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